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viernes, 22 de mayo de 2009

Ejercito dedica al general Prats un cuartel que fue centro de torturas

Defensores de derechos humanos consideran un agravio vincular el Regimiento de Artillería Tacna con la figura del general, debido a que el día del golpe de estado, el 11 de septiembre de 1973, 25 asesores y miembros de la guardia personal de Allende fueron llevados a ese cuartel, donde los torturaron y luego asesinaron.
Casi veinte años después del fin de la dictadura, el Ejército de Chile realizará el mayor acto de homenaje al general Carlos Prats, su comandante en jefe durante el gobierno de Salvador Allende y asesinado junto a su esposa por la policía política de Augusto Pinochet.Pero la forma en que se hará este reconocimiento ha provocado el malestar de los familiares de las víctimas de la dictadura y los activistas de derechos humanos.El próximo 5 de junio la Presidenta Michelle Bachelet, encabezará la ceremonia de homenaje, a la que también están invitadas las hijas de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, asesinados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 30 de septiembre de 1974 en el barrio bonaerense de Palermo.En ese acto se inaugurará el Campo Militar de San Bernardo, que albergará en un mismo espacio al Regimiento de Artillería Tacna y al Regimiento de Granaderos.El Ejército bautizará las instalaciones con el nombre del general leal a Salvador Allende y que fue vicepresidente de la República durante el gobierno socialista de la Unidad Popular.Según el proceso judicial desarrollado en Argentina y Chile, por el cual ya han sido condenadas nueve personas, el doble crimen se cometió con el beneplácito del dictador Augusto Pinochet, quien murió en diciembre de 2006 sin ser juzgado por este crimen.Las sentencias han sido recurridas ante la Corte Suprema de Chile, que en julio próximo decidirá sobre su ratificación.Pero las víctimas de la represión y los abogados defensores de derechos humanos consideran un agravio vincular el Regimiento de Artillería Tacna con la figura del general Prats.El motivo es que el día del golpe de estado, el 11 de septiembre de 1973, 25 asesores y miembros de la guardia personal de Allende fueron llevados a ese cuartel, donde los torturaron.Dos días después, los militares los sacaron de allí, los ametrallaron y escondieron sus cuerpos en una fosa clandestina en Peldehue, al norte de Santiago.En 1978, sus cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos junto a trozos de raíles ferroviarios y subidos a helicópteros militares, desde donde fueron arrojados al mar.Fue el inicio de la llamada "Operación Retiro de Televisores", durante la cual fueron exhumados y arrojados al océano Pacífico los cuerpos de los detenidos desaparecidos que permanecían escondidos en tumbas secretas diseminadas por todo el país.Pero además, el Regimiento de Artillería Tacna fue el lugar desde donde el día del golpe militar el comandante del Grupo de Artillería, el mayor Enrique Cruz Laugier, y sus hombres sacaron las piezas de artillería con las que atacaron La Moneda, donde Allende se resistía momentos antes de que los aviones Hawker Hunter bombardearan el palacio presidencial.El propio mayor Cruz lo reconoció en una declaración firmada con motivo de la investigación judicial que se sigue por los desaparecidos de La Moneda."Me parece un honor muy merecido por el general Prats, pero es un grave error vincular su nombre al del Regimiento Tacna, el cuartel donde se cometió la mayor cantidad de crímenes en Santiago después del golpe militar", comentó a EFE el abogado Nelson Caucoto.Caucoto, uno de los abogados que representa a los familiares de los desaparecidos de La Moneda, afirma que "el Tacna tiene una historia negra en la represión que los chilenos no olvidan".Para el diputado Tucapel Jiménez, hijo del líder sindical del mismo nombre asesinado en 1982, el gesto del Ejército "es muy positivo porque el general Prats se lo merece"."Prefiero quedarme con ese lado de la decisión militar, pero si esto se hizo para tratar de blanquear los crímenes ocurridos en el Tacna, creo que es gran error", agregó el parlamentario miembro de la Comisión de Derechos Humanos.Por su parte, el diputado socialista Sergio Aguiló, que también pertenece a esta comisión, declaró a EFE que "el general Prats se merece éste y más honores como figura de la historia democrática de Chile"."Pero el Ejército sigue en deuda con el país, porque no ha pedido perdón por los crímenes ni ha colaborado con la justicia", denunció Aguiló.Para Hernán Medina, ex miembro del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y coordinador de los familiares de las víctimas, "reactivar el Tacna es una falta de respeto a las 25 víctimas y a sus familiares"."Vincular su nombre con ese cuartel es un escupitajo a la memoria del general Prats", dice.También la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, considera que "reactivar el Tacna es reabrir un episodio horroroso de la historia y ponerle el nombre de Carlos Prats es ensuciar su imagen", asegura. EFE

sábado, 16 de mayo de 2009

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRESOS POLÍTICOS DE CHILE, REALIZA UNA PROTESTA SIMBÓLICA EN EL PALACIO DE LA MONEDA

Por: Marcos Rodríguez González, Reportero de Medios de Comunicación Independientes, ARI./ Fotos: Jorge Zúñiga San Martín.









Era medio día en Chile, de este jueves 14 de mayo 2009; pero algo pasaba en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una cantidad de ex presos políticos de diferentes regiones, se reunían, para desde allí marchar hasta el palacio de La Moneda, a dejar una carta; aburridos de no ser escuchados por los gobiernos de la Concertación.Justicia nada más pero nada menos y ARI, abordó a Héctor Cataldo Presidente Nacional de la Agrupación de ex Presos Políticos.





Cuéntenos, ¿a qué se debe esta manifestación, tan impactante de venir con la vista vendada; hasta el palacio de gobierno?, es así como trataban a los presos políticos en dictadura.“Efectivamente, y mucho más bueno nuestro malestar, es porque nuestras demandas no han sido escuchadas. Nosotros fuimos favorecidos entre comillas por una ley, que se llama ley Valech, esta ley comete una serie de injusticias, insuficiencias, es una mala ley reconocida, por todo el mundo; entonces hemos pedido que esa ley sea mejorada, con un nuevo proyecto de ley; y eso no se ha concretado lo que estamos pidiendo”.“Tenemos en ella problemas grandes, primero de ello que hay secreto por 50 años, más los 30 años que corrieron antes de la ley, por lo tanto, serían 80 años de secreto, sobre los nombres de los victimarios, queremos que eso desaparezca, también queremos nosotros pedir que se modifique el marco jurídico; porque con el actual, no podemos querellarnos, en contra de los que nos torturaron, queremos poder hacerlo; pero ellos son favorecidos o por prescripción, o por amnistía, entonces queremos que eso se modifique. Y además, también resulta muy oneroso, para nosotros querellarnos, hay una solicitud para que se nos apoye jurídicamente, también tenemos otras demandas que son de carácter económico, pero que se derivan de que el estado asuma su obligación, de cumplir con la normativa internacional, en materias de derechos humanos, o sea, está obligado a reconocer que existió tortura en Chile, está obligado a investigar lo que pasó, está obligado a ser justicia, está obligado a reparar; en consecuencia esos son los planteamientos principales que queremos entregarle a la presidenta, o queremos recordarle, porque en realidad; ya se lo hemos hecho llegar, y estamos solicitando que se pronuncie con un proyecto de ley en concreto, y con un dialogo con nosotros, que nos permita avanzar en la solución de estos problemas, que son herencia de la dictadura que todavía permanece”.




¿Cuánta gente se ve afectada?. “La ley Valech 19.992, calificó a 27 mil compañeros(as), de ellos, entre 5 y 7 mil ya han fallecido; y pensamos, que ya hay, un universo semejante que no calificó por diversas razones: porque fue poco tiempo lo que duró la calificación, porque no se enteraron y muchos todavía tenían miedo; y esperamos que una de las primeras medidas de la presidenta, sea reabrir la calificación, para que estos compañeros(as), tengan la oportunidad de hacerlo, aunque, por último sean reconocidos, como víctimas del terrorismo de estado; y por ultimo tenemos un ofrecimiento indirecto de la presidenta, a través, del Ministerio General de Gobierno, que a mediados del próximo mes, se presentaría un proyecto de ley al parlamento. Quisiéramos saber, de qué naturaleza va a ser ese proyecto, ojalá pudiéramos participar en la lectura; y en la discusión, como se redacta y cuales son los alcances que tiene ese proyecto, porque tampoco significa cualquier solución la ley Valech, pretendió ser una solución, que en la práctica, creó más problemas que soluciones”.

Sergio Muñoz queda a cargo de todas las causas pendientes en esta materia


Fuente: El Mostrador.


El zar de los Derechos Humanos


Con poco más de 50 años, el magistrado ha cultivado un perfil de "busquilla" y lo apodan "la hormiguita" por su capacidad de trabajo. Resolvió el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, siguió con el caso Spiniak y luego con las cuentas de Pinochet en el Banco Riggs. En el máximo tribunal, lo más complejo siempre cae en sus manos y según se comenta en los pasillos de tribunales, "está trabajando para ser presidente en algunos años más".
El viernes de la semana pasada el Pleno de la Corte Suprema resolvió que el ministro Sergio Muñoz se hará cargo de coordinar todas las causas de Derechos Humanos que se tramitan en las Cortes de Apelaciones y los juzgados del crimen del antiguo sistema.
La designación no fue mera casualidad, dicen en el máximo tribunal. Finalmente pesó la experiencia del magistrado en estas lides, pero también el perfil ejecutivo que ha ido desarrollando durante su gestión en distintas comisiones de modernización.
Muñoz es un ministro con un acento muy marcado en la investigación. Es inquieto, impetuoso, a veces díscolo, algo que le trajo más de algún problema al inicio de su trabajo cuando fue designado por Lagos en 2005. Y todo por su juventud -48 años- al momento de ascender.
Uno de sus compañeros de sala -consultado por este medio- reconoce esta situación, "pero la juventud es un problema que se pasa con el tiempo, y todo lo que emprende resulta en un 99 por ciento de las veces". Por esta razón los trabajos más complejos siempre se los asignan a él. De hecho, uno de sus apodos es "la hormiguita", no sólo por su estatura, sino por lo trabajador.
De fondo también existe una preocupación de la Suprema para terminar con un período de la historia chilena reciente. No es que Muñoz vaya a interferir en las decisiones de los magistrados que sustancian estas causas, pero lo cierto es que el próximo año se termina la vigencia del antiguo sistema y todas se radicarán en el Primer Juzgado Civil de Santiago. Por eso es que la Suprema solicitará al Parlamento un año más para poder terminar los procesos pendientes.
La historia reciente
Algo que ha caracterizado a Muñoz en estos años en la Suprema, es la construcción de poder dentro del tribunal. Si bien no es un hombre que logre fácilmente acuerdos, ha logrado imponerse a punta de logros y voluntad.
Es un ministro menos formal que sus colegas. Quienes le conocen aseguran que es posible hablar con él en confianza olvidando el cargo, pero en los pasillos prevalece su creencia firme en la "dignidad del cargo".
Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, ingresó al Poder Judicial en 1982; casado y con hijos, a sus 52 muchos creen que en pocos años será el presidente de la Suprema. "Está trabajando para ello. Es la renovación", reconocen en tribunales. Por eso que la actividad académica en la Universidad del Desarrollo le ha permitido crear redes en el mundo jurídico más conservador, ya que el decano, Pablo Rodríguez Grez -ex lìder del Frente Nacionalista Patria y Libertad- , es defensor de Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart.
Y aunque no se le identifica con ningún partido, algunos aseguran que es cercano a la Concertación, cuestión que no compromete su independencia. Algunos abogados aseguran que vota en las materias que le corresponde resolver siempre caso a caso, por lo que es imposible establecer una tendencia en sus fallos.
Rápido y furioso
La carrera de Muñoz ha sido meteórica y no exenta de problemas. En 1999 le fue entregada la causa por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez. Debutó con diligencias novedosas, como los careos múltiples, es decir más de una docena de agentes de la desaparecida CNI, entregando versiones y contra versiones. En este sentido y con una investigación que muchos consideran "un lujo", logró la confesión del autor material del crimen, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, hoy condenado a presidio perpetuo en el penal de Punta Peuco.
Le siguió el caso Spiniak, donde estableció cómo funcionaba la red de prostitución infantil en torno al empresario y sufrió un revés con la confesión de Gemita Bueno, quien reconoció que todas sus declaraciones fueron inventadas y mediadas por el ex sacerdote José Luis Artiagoitía, el Jolo.
En 2004 llegó a sus manos el proceso por las millonarias cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs y otras entidades de Europa. Su investigación, junto a las gestiones del Consejo de Defensa del Estado (CDE), permitieron armar el tinglado que el ex dictador montó en los paraísos fiscales para blanquear capitales obtenidos por el uso de gastos reservados y por las gestiones en la venta de armas. Fue en ese contexto que el gobierno de Lagos lo "ascendió" al máximo tribunal. Muchos leyeron en su designación una manera de sacarlo del caso, mientras otros consideraron que era la justa recompensa por su trabajo.
La vida profesional de Muñoz está llena de anécdotas. Abogados que litigan en la Corte recuerdan un caso que sustanció por tráfico de drogas cuando era el titular del Duodécimo Juzgado del Crimen de Santiago. "Por un pequeño dato de un vendedor de drogas, casi llega hasta Lima deteniendo a los narcos involucrados", recuerdan.
Declaración de patrimonio de Sergio Muñoz
Declaración de intereses de Sergio Muñoz
Currículum de Sergio muñoz

miércoles, 13 de mayo de 2009

POR ORDENAR QUE CIVILES SIN IDENTIFICAR FOTOGRAFIARAN EN CUARTEL A PRESOS DURANTE EL 1º DE MAYO

Por Jorge Escalante / La Nación
Demandan a fiscal y Carabineros
El recurso de protección en contra del fiscal del Ministerio Público, Andrés Montes Cruz, y los funcionarios de la policía uniformada que resulten responsables, será interpuesto mañana por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial.
Un grupo de civiles, que negaron identificarse, fotografió e interrogó en el gimnasio de la Tercera Comisaría de Carabineros en calle Moneda, ex sede del PS, que fue usurpada tras el golpe militar de 1973, a cerca de 60 detenidos por las manifestaciones el pasado 1 de mayo.
Cuando abogados del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial llegaron pasado el mediodía al cuartel, alertados por familiares de los arrestados de lo que sucedía, encontraron a estos civiles a cargo de todos los procedimientos en la comisaría.
Ya dentro del gimnasio para tratar de hablar con los detenidos, una oficial en uniforme de apellido Villarroel, obligó a salir a Rubén Jerez, uno de los dos abogados que concurrieron, para que los civiles continuaran el fichaje de los presos.

JUNTO A JEREZ ESTABA EL ABOGADO HUGO GUTIÉRREZ.

Cerca de las 17 horas, los abogados junto al coordinador de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, Julio Aránguiz, se entrevistaron con el comisario del cuartel, Claudio Rojas, para requerir la identidad de los civiles, conocer por qué fotografiaban ilegalmente a los detenidos, por orden de quién lo hacían, y el juez que lo ordenó.
El mayor les informó no conocer la identidad de los civiles, que el procedimiento estaba a cargo del general Raúl Arellano Delgado, y que todo se hacía por orden del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, Andrés Montes Cruz.
Estos hechos, considerados delitos graves por los abogados referidos y 15 ex detenidos demandantes, forman parte de un recurso de protección en contra del fiscal Montes y de los carabineros que resulten responsables, que se interpondrá mañana en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los abogados pedirán a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se investigue la recurrente presencia de civiles no identificados realizando procedimientos ilegales al interior de cuarteles.
Según dijo a La Nación el ex preso aquel día Iván Carrasco Mora, hijo del periodista asesinado por la dictadura José Carrasco, "los civiles nunca quisieron identificarse y nos empezaron a sacar uno por uno a un lugar apartado para fotografiarnos. Esto me ha ocurrido varias veces en el último tiempo".
Cerca de las 17 horas los abogados afirman en su presentación legal que los civiles abandonaron el cuartel a bordo del furgón policial Z-3553, sin que hasta entonces pudieran identificarlos.

PRECEPTOS VIOLADOS

El recurso indica que el fiscal violó la ley porque, según Carabineros, él habría ordenado realizar el acto ilegal, además sin orden judicial, y porque ni él ni la policía informaron de las detenciones a algún defensor, como lo requiere el nuevo proceso penal y los derechos de los detenidos.
También expresa que se transgredió el derecho a la integridad física y síquica, a la igualdad ante la ley al no requerirse la presencia de un defensor, y a la protección de la vida privada, todos establecidos en el artículo 19 de la Constitución.
La acción añade que se violó el artículo 161-A del Código Penal, que prohíbe fotografiar sin autorización del afectado "en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público", disposición por la que se condenó a periodistas que filmaron sin autorización al juez Daniel Calvo en su oficina durante el caso Spiniak.
Consultados por La Nación, el fiscal Montes y Carabineros no se refirieron al asunto.

sábado, 9 de mayo de 2009

Informe de situación acerca del Informe Valech


Gentileza: Pedro Ortiz


Estimadas y estimados compañeros, como es de su conocimiento, las conversaciones tendientes a lograr una nueva Ley de Reparación para los afectados por prisión política y tortura, se habían entrabado luego de la salida del Ministro Vidal de la Secretaria General de Gobierno.

Este Ministro nos había transmitido en diciembre el mensaje explicito de la Presidenta, de que en marzo se presentaría un Proyecto de Ley –distinto del INDH- que subsanara los vacíos y carencias de la ley 19.992 que en su mezquindad, hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva, y de las propias recomendaciones de la Comisión Valech.

En razón de la angustia y desesperación que afecta a nuestras bases, el Comando Unitario de Ex PP y Familiares, definió un Plan de Movilización para romper el estancamiento y obligar al Gobierno a honrar su palabra. Este contemplaba incluso medidas extremas de presión, que pusieran de relieve la deuda histórica del Estado de Chile con las víctimas sobrevivientes, en el marco del Informe que presenta Chile al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Felizmente, no hubo necesidad de poner en riesgo la salud e integridad física de los Ex PP, que reconocen el Comando el nivel más alto de organización de los ex presos políticos. El martes 5 de mayo, fuimos recibidos por el Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá en La Moneda.

A esta reunión concurrimos acompañados de Sergio Laurentis, Secretario Ejecutivo de Amnistía International, en representación de los organismos internacionales. Con mucha franqueza se le expuso a la Ministro, la gravedad de la situación que nos afecta y el cansancio con las promesas incumplidas de sucesivos Gobiernos de la Concertación.

La Ministro nos señalo que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, respecto a las demandas de los Ex presos políticos, reconocía dos cosas: Una, que existían compromisos que aun no se habían materializado, y dos, que los tiempos políticos se estaban agotando. En estas condiciones, el Ejecutivo se compromete a sacar los tres puntos contemplados en el INDH (Apertura de la Comisión Calificadora, heredabilidad de la pensión y traspaso del beneficio educacional) y los temas reparatorios que no estaban contemplados en ese Proyecto –y que deben ser acotados-, a mas tardar en el próximo mes de junio.

Los dirigentes presentes le pidieron a la Ministro un gesto concreto del Gobierno, en orden a asumir públicamente este compromiso. Se le propuso un formato, el que la Secretaria de Estado quedo de consultar y responder en las próximas horas.

Al día siguiente de acuerdo a lo planificado, nos reunimos con la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados. Se le informo a esta comisión del estado de las conversaciones y se solicito su apoyo para sacar adelante un nuevo Proyecto de Ley. Con mucha claridad, el Presidente de la Comisión, HD. Sergio Ojeda y los diputados Aguiló y Jiménez, nos reafirmaron su voluntad de sacar adelante una Ley de Reparación, que ni siquiera es tan complicada porque requiere un quórum simple.

Nos plantearon con mucha firmeza que existe sobradamente el “piso político” para sacar esta ley en el parlamento, como lo atestiguan las 50 firmas de parlamentarios de todas las bancadas. Que el Gobierno no debía escudarse en las dificultades que ha tenido con otros proyectos –que carecen de piso- y debía enviar el proyecto definitivo. A estas intervenciones, se sumo la diputada Karla Rubilar, con el respaldo de Lily Pérez, quien manifestó que no solo estaban disponibles los votos de la Concertación, sino también varios votos de su sector.

Como muestra concreta de su compromiso con el tema, decidieron convocar a la Ministro Tohá a una reunión con la Comisión, en que explique a los legisladores la demora en enviar el referido Proyecto.

Para culminar una semana, en que definitivamente rompimos el estancamiento, el jueves 7, nos reunimos con la Oficial de Enlace del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Margarita Uprimny, a quien expresamos nuestra molestia por el informe que presenta el Gobierno al Consejo de DD.HH de la ONU, en que pareciera que en materia de Verdad, Justicia y Reparación ya esta todo echo. Ello objetivamente no es así, existen enclaves de impunidad, el artículo 15 de la ley 19.992 oculta por 80 años las identidades de los victimarios, aun no se deroga la Ley de Amnistía y cada vez se criminaliza más la legítima Protesta Social.

Se le especifico que las organizaciones de Ex PP, no descansaremos hasta que todas las víctimas sobrevivientes sean reconocidas por el Estado, y reparadas debidamente. Se le solicito acompañarnos en las próximas actividades, en la idea de contar con testigos calificados de la justeza de nuestras luchas, de la seriedad de nuestras demandas y de la determinación de hacernos oír.

Fraternalmente,
Nelson Agustín Aramburu.


Valparaíso, 08 de mayo de 2009.


Nota.- Los próximos Informe, serán responsabilidad del compañero Miguel Retamal, quien luego del reposo debido a una intervención quirúrgica, asume por tres meses la Coordinación del Comando Unitario.

INFORME DE LA ONU ACUSA A CHILE DE DISCRIMINAR A LA MUJER


El Mostrador

El documento elaborado por la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos critica la situación que enfrentan las mujeres casadas a la hora de administrar sus bienes, la poca representación femenina en la política y la penalización del aborto, sobre todo porque su práctica clandestina es responsable de la mayoría de las muertes maternas.Chile debería mejorar de forma transversal la situación de las mujeres en el país, dado que padecen discriminación y están infrarepresentadas en amplios sectores de la sociedad, según un informe elaborado por la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.El estudio -realizado en base a informaciones aportadas por la sociedad civil y por el sistema de las Naciones Unidas- fue presentado este durante el Examen Periódico Universal del país latinoamericano, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.El documento destaca varios casos en los que las mujeres están discriminadas, como a la hora de administrar sus propiedades si se casan.El texto recomienda la modificación del reglamento que establece que, a menos que una mujer se haya casado bajo el régimen de separación de bienes, no podrá establecer una relación comercial con su propio dinero sin la autorización expresa del marido.Resalta que aunque ha habido progresos en el área de decisión política -la presidenta del país es una mujer, Michelle Bachelet- la representación femenina en los distintos ámbitos políticos es muy baja, por lo que promueve un cambio del sistema electoral que dificulta la misma."Notamos con preocupación que las mujeres tienen niveles de desempleo más altos que los hombres y que cobran salarios sensiblemente menores", señala el informe, según el cual la participación laboral femenina se mantiene entre las más bajas de Latinoamérica.Asimismo, hace hincapié en criticar la penalización del aborto -incluso en caso de violación, incesto o riesgo de vida para la madre- y recuerda que las interrupciones clandestinas del embarazo son las responsables de la mayoría de las muertes maternas.Por otra parte, muestra su preocupación por la discriminación que aún padecen los homosexuales, especialmente ante las cortes de justicia y en el acceso al sistema sanitario.En relación a los mapuches, el informe denuncia que "la mayoría de los indígenas sufre altos niveles de pobreza y bajos niveles de desarrollo humano, como resultado de una larga historia de discriminación y exclusión social".Con respecto a la dictadura militar (1973-1990), el documento recomienda que Chile aporte información actualizada de las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante los casos conocidos como "Caravana de la Muerte", "Operación Cóndor" y "Colonia Dignidad"."El Consejo de Derechos Humanos mostró en 2007 su preocupación por la falta de investigación oficial para determinar responsabilidades directas por serias violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura", agrega.Por otro lado, el texto rechaza la legislación que regula la incomunicación en caso de detención, dado que aquella puede durar hasta diez días.La ONU también expresa su preocupación por el reclutamiento de cientos de chilenos por parte de compañías privadas para que ejerzan como mercenarios en el extranjero.El informe critica que los tribunales militares aún tengan jurisdicción para juzgar a civiles relacionados con casos civiles y solicita que acabe esta práctica.Además, manifiesta su preocupación por el "alto número" de menores juzgados en el sistema judicial para adultos y el hecho de que adolescentes de entre 14 y 16 años puedan ser condenados a penas de privación de libertad de hasta cinco años.

Justicia nada más,pero nada menos


Les damos la bienvenida, a todo el público, que nos empezará a visitar en este blog, de Derechos Humanos, esperando, que sea un agrado y un aporte, para denunciar todas las injusticias que son pan de cada día hacia los trabajadores y/o organizaciones sociales en caso de cualquier duda, háganos sus consultas a través del siguiente mail: marcos.gonzalez20@gmail.com , donde se aceptará muy cordialmente, cada duda, pregunta o consulta de nuestros usuarios.
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