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jueves, 30 de julio de 2009

CÁMARA APRUEBA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH) 29 July, 2009 01:55:00 Editor

Con el compromiso del Ejecutivo de remitir al Congreso Nacional un veto aditivo que reafirmará la facultad del Instituto de presentar querellas por crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra, y delitos investigados y sancionados en virtud de tratados internacionales, la Cámara aprobó hoy el informe de comisión mixta del proyecto de ley que crea el INDH.
Veto


El veto aditivo, que se presentará una vez que el informe de mixta sea ratificado en el Senado, contendrá cuatro órdenes de materias, dijo el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

Estas serán una precisión en las causales de cesación en sus cargos de los consejeros del Instituto; el envío obligatorio a la ONU del informe anual que elabore el organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país; la explicitación de que los derechos humanos a que alude la ley son los preceptuados en los tratados internacionales; y la facultad específica de presentar querellas que poseerá el organismo en los delitos ya indicados.

Tras la votación, las tribunas del hemiciclo fueron desalojadas debido a protestas de familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.

Funciones

El Instituto será una corporación autónoma de derecho público que, entre sus funciones tendrá la misión de elaborar un Informe Anual, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema sobre sus actividades, sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto.

También deberá comunicar al Gobierno y a los distintos órganos de la administración del Estado que estime convenientes, su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del país. Para el ejercicio de esta función, podrá solicitar al organismo o servicio de que se trate un informe sobre las situaciones, prácticas o actuaciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, propondrá a los órganos de la Administración del Estado y al Congreso Nacional las medidas que estime deban adoptarse para la protección y la promoción de los derechos humanos, y promoverá que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva.

El Instituto promoverá acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquéllas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no hubieren sido ubicados.

En el cumplimiento de este objetivo, deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito; también podrá solicitar información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios, e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural y simbólico destinadas a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica.

Además, el organismo custodiará y guardará en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, y por la Comisión de Prisión Política y Tortura creada por el decreto supremo Nº 1.040, del Ministerio del Interior, del año 2003.

Reactiva Comisión Valech

Precisamente, en los artículos transitorios del proyecto de ley, se reactiva el trabajo de esta comisión por un plazo de seis meses, cuyo objeto exclusivo será calificar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten y para el solo efecto de esta ley, a las siguientes personas:

a) Aquéllas que, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas. En ningún caso la Comisión podrá calificar la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos. Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, del Ministerio del Interior, de 2003, que no hubieren sido calificadas favorablemente, podrán presentar su postulación nuevamente, si acompañan nuevos antecedentes.

b) Aquéllas que, en el período señalado precedentemente, hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Estas personas no podrán haber sido individualizadas en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo N° 355, del Ministerio del Interior, de 1990, ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123, a menos que acompañen nuevos antecedentes.

La Comisión estará conformada por los mismos integrantes señalados en el decreto supremo Nº 1.040, del Ministerio del Interior, de 2003. En caso que una de estas personas no quisiere o no pudiere asumir, su reemplazante será designado por el resto de los integrantes que hayan asumido sus funciones, con un quórum de dos tercios. Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a percibir una dieta de cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo por cada mes calendario de cinco sesiones mensuales.

Calificación de los afectados

El proceso de calificación se regirá por las siguientes normas:

a) Los interesados dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contado desde la conformación de la Comisión, para presentar a ésta los antecedentes que acrediten su pretensión, pudiendo la Comisión realizar todas las actuaciones que estime pertinentes para cumplir su cometido. Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.

b) La Comisión dispondrá del plazo de seis meses, contado desde el término del plazo a que se refiere la letra anterior, para calificar a quienes hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, conforme a lo señalado en la letra a) del inciso primero.

c) En el mismo plazo, deberá calificar a quienes hubiesen sufrido desaparición forzada o correspondiesen a ejecutados políticos, o de los secuestros y los atentados contra la vida, de acuerdo a lo señalado en la letra b) del inciso primero.

d) En lo no regulado por las normas precedentes, la Comisión se regirá por un reglamento interno, el que deberá ser aprobado mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del Interior, el que deberá contar, además, con la firma del Ministro de Hacienda.

Una vez completada la labor de calificación, la Comisión deberá elaborar una nómina con los nombres de las personas calificadas de acuerdo a las letras b) y c) del inciso anterior. Transcurrido el plazo indicado en la letra b) del inciso precedente, la Comisión se disolverá automáticamente.

Consejo

La Dirección Superior del Instituto corresponderá a un Consejo, que estará integrado por dos consejeros designados por el Presidente de la República; dos por el Senado; dos consejeros por la Cámara; uno por los decanos de las facultades de Derecho y dos por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará el Instituto.

Santiago de Chile, 29 de julio 2009
Crónica Digital / Agencias
La votación del informe de comisión mixta, que ahora será conocido por el Senado, fue de 57 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones.

Fasic y Codepu valoran aprobación del Instituto de Derechos Humanos

A través de una declaración pública ambas entidades estimaron que con ello el país cumple con la deuda de establecer "una institucionalidad estatal especializada en la promoción y defensa de todos los DD.HH."

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una "noticia positiva para el país", afirmaron este jueves la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC) y la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

A través de una declaración pública ambas entidades valoraron también el compromiso del Gobierno "de perfeccionar dicha iniciativa mediante un veto aditivo, de modo que dicho proyecto de ley se adecue plenamente a los requerimientos que hemos planteado tanto los organismos nacionales de DD.HH., como el Alto Comisionado de DDHH de la Organización de Naciones Unidas".

Finalmente, expresaron que "nuestras instituciones, de vasta trayectoria en la defensa de los DD.HH., están convencidas que la concreción de esta iniciativa legal será muy positiva para el país, por cuanto tiene por finalidad el cumplimiento de uno de los deberes en que el Estado de Chile se encuentra en deuda, cual es el de dotarse de una institucionalidad estatal especializada en la promoción y defensa de todos los DDHH, que cautele la Dignidad Humana de todos los habitantes".

Amnistía Internacional advierte al gobierno por lenta e inadecuada solución a conflicto Mapuche


El organismo resaltó "la importancia de mantener un diálogo abierto y de buena fe con las comunidades indígenas para buscar una resolución duradera a sus reclamos, mediante la aplicación de los principios de derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales ratificados por Chile". También hizo un llamado a evitar el uso de violencia excesiva y consideró "inaceptable" el ataque "a personas desarmadas, a la propiedad de particulares, y el libre tráfico".

Por El Mostrador


Amnistía Internacional expresó este jueves su preocupación por "las violaciones de derechos humanos reportadas en la región de la Araucanía durante los últimos días y por los informes que indican que la tensión entre algunas comunidades indígenas mapuche y las autoridades estaría agudizándose".

A través de un comunicado el organismo instó a las autoridades garantizar el orden público, "asegurándose en todo momento que cualquier uso de la fuerza sea proporcional y no excesivo, acatando sus obligaciones en materia de derechos humanos".

En ese sentido citó las versiones de dirigentes mapuche respecto a que "los agentes policiales han hecho utilización desmedida de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas y balas antimotines, realizando disparos desde helicópteros en movimiento, incluso con balines de plomo, para reprimir a quienes protestaban, afectando la integridad física y psíquica de personas en muchos casos ajenos a estos hechos, especialmente niños, mujeres y ancianos".

Llamado a manifestantes

Amnistía Internacional también hizo un enégico llamado a los manifestantes que han extremado sus acciones, como los ataques que han afectado a predios particulares y a un bus interprovincial.

"Amnistía Internacional hace un llamado a los que están protagonizando los hechos violentos para que envíen un claro mensaje a los manifestantes -integrantes de algunas de las comunidades mapuche- indicando que los ataques a la integridad física y psíquica de las personas desarmadas, a la propiedad de particulares, y el libre tráfico son acciones inaceptables".

"Resolución lenta e inadecuada"

La organización sostuvo además que "llama la atención el hecho que no es la primera vez en Chile que la resolución lenta e inadecuada de reivindicaciones sobre tierras ancestrales de los pueblos indígenas y el impacto de proyectos actuales y futuros de industria extractiva e ingeniería forestal han ocasionado tensiones que han desembocado en violencia".

"Por esta razón, Amnistía Internacional resalta otra vez la importancia de mantener un diálogo abierto y de buena fe con las comunidades indígenas para buscar una resolución duradera a sus reclamos, mediante la aplicación de los principios de derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales ratificados por Chile", agregó.

Recordó además que "durante la reciente visita de la Secretaría General de Amnistía Internacional en noviembre del 2008, Irene Khan advirtió que, de no resolverse los reclamos sobre las tierras de una manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, la marginalización y las tensiones existentes podían exacerbarse".

En ese sentido recordó que en junio pasado "Amnistía Internacional señaló su preocupación por la ausencia de mecanismos efectivos de consulta de los pueblos indígenas durante el largo y postergado proceso de reconocimiento constitucional. Además, Amnistía Internacional recibió información señalando que una solicitud de establecer diálogo con la Presidenta Bachelet, transmitida el 7 de julio por parte de un significativo número de autoridades tradicionales y espirituales Mapuche, no fue aceptada".

Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Chile que la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en Septiembre de 2008 le obliga a instituir procedimientos adecuados en el marco de su sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas. Además, Chile está obligado a consultar con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Información complementaria

Desde el 23 de julio grupos mapuche han ocupado (por lo menos) seis predios en las comunas de Ercilla, Collipulli, Cunco y Teodoro Schmidt en la región de la Araucanía. En la madrugada del 28 de julio un bus interprovincial que realizaba el trayecto Santiago-Puerto Montt fue apedreado por un grupo de unos 15 Mapuche encapuchados. El mismo día se anunció un refuerzo policial de efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros en Temucuicui, uno de los puntos más conflictivos.

En noviembre de 2008, Amnistía Internacional expresó su decepción por el escaso grado de cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado chileno por el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El Relator Especial fue invitado al país por el gobierno chileno en el 2003 para evaluar la situación indígena y formular sus recomendaciones, entre las cuales figura la de rescatar y reconstituir los tradicionales territorios comunales indígenas que contengan recursos para uso comunal.

Durante la revisión reciente de la situación de derechos humanos en el Estado chileno, bajo el proceso del Examen Periódico Universal, varios países expresaron su preocupación por la situación enfrentada por los pueblos indígenas en Chile. Se exhortó al estado a mejorar la consulta de los pueblos indígenas y reforzar las iniciativas tomadas para buscar una resolución de los reclamos de tierras de los mismos.

miércoles, 29 de julio de 2009

Instituto de DDHH aprobado en la Cámara: Desalojan a organizaciones

Con el desalojo de las tribunas que rechazaron con carteles y consignas la aprobación del proyecto, los diputados dieron luz verde a la creación del Instituto de Derechos Humanos, faltando ahora sólo la ratifica

Las organizaciones de Derechos Humanos no quedaron contentas con la creación del Instituto nacional especializado en la materia, el que quedó a un paso de convertirse en ley tras la aprobación del informe de comisión mixta en la Cámara de Diputados.

Así lo hicieron sentir desde las tribunas, donde sacaron carteles y gritaron consignas contra la Concertación, reclamando que la creación del Instituto de Derechos Humanos es una forma de impunidad, lo que hizo que fueran desalojados al término de la votación.

Fueron 57 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones, sumándose a la aprobación finalmente la gran mayoría de la Concertación, tras comprometer el gobierno un veto aditivo que corregirá los puntos en que planteó discrepancias las Naciones Unidas.

En el oficialismo, sólo los diputados PPD Jorge Insunza y Rodrigo González no se convencieron y optaron por rechazar, tal como lo hizo una parte de la derecha, mientras el resto de la oposición se abstuvo.

VIERA GALLO: SE LOGRÓ AVANZAR
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, comprometió enviar a la brevedad el veto aditivo, señalando que allí se recogen los 4 aspectos cuestionados por Naciones Unidas.

“Teniendo en cuenta las observaciones de Naciones Unidas, que van a ser válidas hoy, mañana y pasado mañana, cualquiera que sea el gobierno que asuma a partir de marzo próximo, el gobierno -en conversaciones con las bancadas de la Concertación e informando a las de la oposición- acordó enviar un veto aditivo”, indicó.

Destacó que también “se logró avanzar en materia de beneficios para las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta además que este proyecto reabre las comisiones Rettig y Valech y va a permitir que en un plazo de 6 meses las personas que no lograron calificación puedan presentar antecedentes para que la obtengan”.

El ministro subrayó la importancia que tiene para el gobierno de Michelle Bachelet “dejar no sólo el legado de que Chile queda adscrito a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos, sino que además tiene una institución permanente que se ocupe de este tema para hoy y para mañana”.

LA MOLESTIA DE LA AFDD
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que “lo que ha ocurrido es disfrazar con un veto la decisión política de terminar este gobierno lleno de símbolos, pero vacío finalmente en avanzar en verdad y justicia”.
Recalcó que “el problema no es si queremos o no Instituto de Derechos Humanos, no queremos este instituto de la impunidad y sí queremos el nunca más”. ción del Senado.

martes, 28 de julio de 2009

Clausuran la fundación y el galpón Victor Jara




Clausuran la fundación y el galpón Victor Jara Una reunión fijada para esta tarde en la municipalidad de Santiago resolverá la situación de ambos recintos, que ha sido definido como "conflictivo" por algunos vecinos.

Un conflicto con la Dirección de Obras Municipales mantiene cerrada la sede de la fundación que guarda el legado del cantante y maneja el galpón en el que patrocina actividades culturales. El alcalde de Santiago se comprometió a encontrar una solución este martes a partir de las 17:00. La fundación convoca a manifestarse frente a la Municipalidad.

A las 11 15 horas de hoy una pareja de inspectores municipales acompañados por efectivos de Carabineros llegó hasta Huérfanos 2136 donde mantiene su sede la Fundación Victor Jara, a un costado del galpón con el mismo nombre, donde habitualmente se realizan conciertos y otras actividades culturales.

Gloria Koning, encargada de la fundación explica: "En dos años, esta es la quinta vez que nos clausuran. La Dirección de Obras dice que no hemos avanzado en los arreglos que debemos hacer, lo que es falso porque presentamos un proyecto de mejoras a la seremi de Vivienda el 27 de enero de este año con copia a ellos".

"El problema es que para algunos vecinos este es un sector conflictivo, pero lo conflictivo es la Plaza Brasil,en el galpón nunca ha pasado nada que haga daño", dijo la dirigenta, quien convocó a la gente a manifstarse en la calle a la espera de ser recibidos por el alcalde a las 17:00 horas.



EL PROYECTO SOBRE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 26 July, 2009 06:12:00 Editor





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El gobierno de la Concertación, presidido por la presidenta Michelle Bachelet, ha insistido en la aprobación del proyecto de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pese a haber sido ya rechazado por los propios parlamentarios concertacionistas, por considerarlo un proyecto claramente en contraposición con el espíritu de cautela y respeto a los Derechos Humanos (DDHH) que debe primar en su fondo, forma y actuación.
Los defensores de los DDHH, que en primer lugar son las personas que sufrieron en carne propia el atropello a los derechos fundamentales, dejan en claro ante la opinión pública las razones de fondo de su oposición a este proyecto tramado, en los pasillos del Congreso Nacional, por los representantes del Gobierno y de la derecha ayer golpista y hoy día neoliberal en lo económico y conservadora y sin espíritu democrático ni republicano en lo político.

AUTONOMÍA

Uno de los puntos más importantes de los “Principios de París”, adoptados por la Resolución 48/134 de diciembre 20 de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, indica que los Institutos Nacionales de Derechos Humanos (INDH), deben ser autónomos del Estado. La razón es que los INDH deben velar por la vigencia y respeto de los Derechos Humanos sobre el territorio nacional del Estado signatario e impedir que puedan ser violados por los agentes del propio Estado.
Este proyecto de INDH desconoce la autonomía porque en el Consejo Directivo, constituido por once miembros, hay siete representantes designados por el Estado (Título II, Art. 6º) y tolera sólo cuatro representantes de las organizaciones civiles y de DDHH.

En segundo lugar, define la potestad del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, para revocar el mandato de todos los representantes incluidos los de las organizaciones sociales. Estas últimas ni siquiera pueden remover a sus propios representantes (Art. 7º).

Este cuestionamiento, sostenido desde el inicio de la discusión por la ANEXPP CHILE y por las principales organizaciones de DDHH, ha sido esgrimido también por la ONU en sus “Observaciones al proyecto de INDH”, entre otras críticas al mencionado proyecto, y sin embargo el gobierno lo ignora por completo.

IMPUNIDAD

Este proyecto de INDH presenta varias otras deficiencias que vale la pena recordar:

• El INDH tiene atribuciones pero no competencias para ejercerlas ya que se eliminó el artículo respectivo. (Art. 3º del proyecto original)
• Es el Estado a través del Ministerio del Interior quien acreditará las organizaciones con derecho a elegir representantes. Esto significa que se coopta los representantes del mundo civil y conlleva manipulación política para el gobierno de turno.
• El proyecto desconoce la validez de los Tratados y Convenciones aún no ratificados por el Estado de Chile, pese a que la Corte Suprema, en sus fallos, ya ha establecido su vigencia en el país por ser parte integrante del Derecho Humanitario Internacional.
• El INDH carece de mandato y capacidad para hacer reportes al Comité de DDHH de la ONU sobre el estado y vigencia de los DDHH en Chile.
• El INDH carece de mandato y capacidad para investigar y demandar ante las cortes penales a los criminales de lesa humanidad y a los violadores de los DDHH.
• El INDH, en clara contradicción con el Derecho Humanitario Internacional, puede calificar como sujeto de reparación a los victimarios y otros violadores de DDHH (Art. 3º transitorio, letra b).

CHANTAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS DDHH

El gobierno concertacionista, consciente de la inutilidad, impotencia política e inoperancia del proyecto acordado con la derecha, debió incorporar tres reivindicaciones de los ex Presos Políticos (Normas Transitorias, Arts. 3º, 6º y 7º) para darle un cierto barniz “popular” y darle apoyo social, presionando así a los parlamentarios más conscientes y consecuentes en materia de respeto a los DDHH.

El mensaje destinado a los ex prisioneros políticos ha sido meridianamente claro: si quieren reparación tienen que apoyar el proyecto INDH ya presentado. Los ex prisioneros políticos propusieron al Gobierno, en 2008, que los temas de reparación fueran presentados en un proyecto separado, lo que fue aceptado por éste y se comprometió a legislar en ese sentido.

Sin embargo ahora, lejos de asumir ese compromiso, el Gobierno insiste en la aprobación y agrega tres elementos más de chantaje, por la vía del veto presidencial aditivo, a saber: ampliar el universo PRAIS reconocido por ley; incluir a ex menores que acompañaron a sus padres en la prisión y subir la pensión de la viuda un poco sobre el 60 %.

Sólo la intransigencia obsesiva del Ejecutivo permite explicar esta absurda e inmoral situación, ya que de todos es sabido que hay “piso político” en el Parlamento, es decir, se cuenta con los votos necesarios para aprobar un proyecto de reparación.

LO QUE QUIEREN LOS EX PP

Una reparación justa, adecuada y proporcional al daño causado, tal como lo mandata el Derecho Internacional Humanitario. Pero que no se use para resolver otros temas.

El Gobierno debe cumplir su compromiso de enviar un proyecto de ley de reparación con los doce puntos que se le presentaron el año pasado. Este proyecto debe estar encabezado por la demanda de Reapertura de la Calificación para todos los sobrevivientes de tortura y prisión política que aún no han recibido reparación alguna.

Que el ejecutivo presente un nuevo proyecto para crear un INDH, en el que se recojan las observaciones hechas por el movimiento social y por las Naciones Unidas. Si el país ya ha esperado 36 años para enfrentar este tema puede esperar otro. Los grandes problemas de sociedad no se resuelven con cálculos políticos de corto plazo.

Finalmente, lamentamos que algunos dirigentes llamen a apoyar este INDH a cambio de algunas reparaciones insuficientes y poco dignas. Pensamos de buena fe que algunos lo hacen por ingenuidad, pero hay otros que lo hacen por encargo del propio gobierno y eso se llama traición al movimiento de DDHH.


SECRETARIADO NACIONAL DE
EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES

lunes, 27 de julio de 2009

La respuesta represiva de los Estados


Desde el 2008, los pueblos indígenas de la Amazonia venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por: Wilwer Vilca Quispe
::Alai-amlatina

El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la Amazonia peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.

¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la Amazonia venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.

Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.

Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.

Neoliberalismo

La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.

¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.

Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos ''de interés nacional'' para que nadie se oponga a tales inversiones.

A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.

Lacra continental

Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.

En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.

Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.

''Democracia'' chilena

En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.

En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.

Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.

Expropiaciones en Argentina

Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.

Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.

En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.

Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.

Respuesta global

Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.

Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.

Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.

Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.

Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.


Tomado de Rebelión.org

A la caza del Pinochet africano


A Hissène Habré se le responsabiliza de miles de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas. Hace tres años la Unión Africana mandató a Senegal -donde está refugiado- a juzgarlo. Pero, hasta la fecha, el juicio no se concretiza.

El jurista chileno Claudio Grossman, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) con sede en Ginebra, intentará la próxima semana convencer al gobierno de Senegal que juzgue al ex dictador del Chad, Hiss ne Habré -refugiado en ese país- sobre quien pesan graves denuncias por violaciones de derechos humanos.

Grossman, decano del Washington College of Law de la American University en Washington, investigó a petición de la Organización de Estados Americanos (OEA), la causa del atentado explosivo contra la mutual israelí AMIA, en Buenos Aires (1994).

Al abogado lo acompañará otro experto del CAT, el catedrático español Fernando Mariño Menéndez. Tienen prevista una visita de tres días a Dakar a partir del 5 de agosto para entrevistarse con sus autoridades. Es en la capital senegalesa donde Habré se refugia desde 1990.

"Vamos en misión de seguimiento, buenos oficios y cumplimiento de obligaciones, para recordar a Senegal que debe juzgar a Habré, acusado de torturas, un crimen de lesa humanidad", explicó Mariño Menéndez.

Integrado por diez expertos independientes, nombrados por los estados que han firmado la Convención contra la Tortura, el CAT resolvió el 17 de mayo de 2006 que, en virtud de las obligaciones de dicho documento, ratificado por Senegal en 1984, éste país debía extraditar o juzgar al ex dictador del Chad, ante las acusaciones de vulnerar gravemente los DDHH durante su mandato (1982-1990).

ORDEN INCUMPLIDA

La Convención Internacional contra la Tortura obliga a los países firmantes a perseguir crímenes de tortura perpetrados fuera de sus fronteras.

Desde 2005 existía un pedido de extradición contra Habré lanzado por Bélgica, que instruía penalmente una querella presentada en el 2001 por 21 víctimas que padecieron las atrocidades cometidas durante sus ocho años de gobierno, tres de las cuales eran de nacionalidad belga.

Dicho país, abrogó en 2003 el ejercicio de la jurisdicción universal para crímenes que hubieran sucedido en el exterior y con autonomía de la nacionalidad y el sitio de residencia de sus autores manteniendo, no obstante, abiertos los sumarios que involucraran a sus ciudadanos, lo que ocurría con tres víctimas que se querellaron en el 2001.

La decisión del CAT en 2006 estuvo motivada por el pedido de siete de los querellantes contra Habré en Bélgica, que en 2001 solicitaron a la ONU que se tomaran medidas cautelares para impedir que el ex gobernante escapara de Senegal.

Frente al dictamen del CAT, el Mandatario senegalés, Abdou-laye Wade, consultó a la Unión Africana (UA), que el 2 de julio de 2006 lo mandató para llevar a cabo el juicio en Dakar.

Pero, hasta la fecha, su realización no se concreta, por lo que Grossman y Mariño Menéndez viajan ahora a Senegal para esclarecer la situación.

El 19 de febrero pasado, Bélgica recurrió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ordenara a Senegal extraditar o juzgar a Habré, y no lo dejara abandonar el país mientras la causa siga pendiente.

El 28 de mayo, Senegal se comprometió ante la CIJ a no autorizar al ex dictador a dejar su territorio hasta tanto el asunto se solucionara.

Víctor Jara fue asesinado por la espalda


En los próximos días será entregado el documento que establece su causa de muerte. Trascendió que primeras conclusiones ratificarían versión de ex conscripto Paredes.

Sobre una mesa de trabajo, especialmente dispuesta en el Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, para estos casos, se encuentra reconstituido lo que queda del cantante Víctor Jara.

Los más de 200 huesos yacen formando un esqueleto con evidencias claras de golpes, fracturas y disparos de bala. De todos éstos, la lesión que presenta el cráneo del cantante parece ya no dejar dudas sobre la forma en que fue asesinado.

Muy por sobre el parietal derecho, a Víctor se le desprende un trozo, clara señal de que recibió un disparo que vino por la espalda.

Así al menos piensan algunas fuentes consultadas por La Nación, ante la inminente entrega esta semana del informe de autopsia realizada al autor de "Plegaria de un labrador", luego de que sus restos fueran exhumados, el 4 de junio, desde el Cementerio General.

Trascendió que los especialistas efectuaron un estudio de trayectoria de impactos que revelan la brutalidad a la que Víctor Jara fue sometido y que éstos, no sólo el de la cabeza, vienen desde la espalda.

La evidencia confirma de algún modo la versión del ex conscripto José Paredes Márquez, quien declaró que un subteniente, apodado "Loco" le disparó luego de jugar a la ruleta rusa con su revólver, la noche del 16 de septiembre de 1973, en uno de los camarines del Estadio Chile.

El 23 de junio, el SML entregó al ministro que investiga el caso, Juan Fuentes Belmar, un primer informe que consta de análisis arqueológicos, antropológicos y odontológicos.

Este documento revela detalles de los proyectiles encontrados entre los restos. Según las fuentes, sólo dos balas fueron encontradas. Ambas piezas se enviaron al Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Lo que no concuerda con el protocolo de autopsia realizado en 1973 es que de las 32 heridas sin salida de proyectil que se mencionaba en ese informe, no hay rastros de los proyectiles.

El informe confirmaría el número de lesiones. Sin embargo, de las balas encontradas, una estaba alojada en el interior del cráneo de Víctor Jara y la otra fue hallada en la base del ataúd, pero en la zona de la cabeza.

Las mismas fuentes indican que se trataría de balas de plomo, munición característica de un revólver.

ARMAMENTO DE GUERRA

Asimismo, la ausencia de otros proyectiles también confirmaría el uso de armamento de guerra, de mayor potencia, utilizado para acribillar al cantante. Lo anterior se deduce, entre otros, de la trayectoria de uno de los disparos atraviesa varias piezas óseas antes de salir.

El director del SML, Patricio Bustos se excusó de comentar información al respecto aduciendo que es materia de una investigación que está bajo el secreto del sumario.

Sin embargo, confirmó que a la fecha sólo falta entregar el informe de causa de muerte y de "materiales culturales asociados" (vestimentas).

Consultado por lo que resta para saber si Víctor Jara murió asesinado por los disparos en la cabeza o producto de un fusilamiento, el facultativo aclaró que "es necesario realizar una interpretación integrada de los hallazgos y no es posible lograr este objetivo sin que los expertos hayan llegado a una etapa final de análisis".

La pericia para determinar la identidad de Víctor Jara será enviada al extranjero, barajándose dos posibilidades: la Universidad de Escocia o el Instituto de Texas (EEUU).

Fiscalía española pide a juez Garzón detener a ex responsables de la DINA

Por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió al juez Baltasar Garzón que dicte una orden de detención internacional contra siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota hace la solicitud a Garzón en un escrito en el que aprueba la admisión a trámite de una querella de la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria, ocurrida en 1976 en plena dictadura militar.

González Mota cree que, por el momento, la querella sólo debe ser admitida con respecto a siete de los querellados, entre los que destaca Manuel Contreras Sepúlveda, ex director Delegado de la DINA y al que el fiscal considera "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" de Soria.

El resto son ex integrantes de la brigada Mulchen de la DINA: el capitán Juan Delmas, el general retirado y ex secretario del Ejército chileno Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Rios y los coroneles Guillermo Salinas, Pablo Belber y René Patricio Guilof Palma.

El fiscal cree que hay indicios de la participación de estos en el asesinato de Soria y además no consta que se les haya procesado por estos hechos, por lo que pide a Garzón que lo haga.

Del resto de los querellados, entre los que figura el ex ministro de Defensa Hernán Julio Brady Roche, González Mota no aprecia suficientes pruebas, aunque no descarta actuar contra ellos si "apareciera acreditada" su intervención en el crimen.

"Los hechos referidos a la tortura y muerte" de Carmelo Soria, según recuerda González Mota en su escrito, forman parte del sumario en el que Garzón investiga posibles crímenes contra la humanidad en las dictaduras chilena y argentina.

En el auto de procesamiento dictado en 1998 contra responsables de la dictadura chilena, entre ellos el ya fallecido Augusto Pinochet, Garzón explicaba que el asesinato de Soria "forma parte de la agresión sistemática constitutiva de delito" y lo atribuía a los integrantes de la brigada Mulchen.

Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue asesinado por agentes de la DINA, el 14 de julio de 1976 tras ser secuestrado.

En mayo de 2001, Garzón, quien en 1998 pidió la extradición de Pinochet, pidió la detención y dictó orden de extradición contra Brady Roche por estos hechos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la resolución del magistrado, por lo que ésta quedó en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto.

El llamado "caso Soria", se resolvió en marzo de 2004 cuando el alto tribunal acordó que los tribunales españoles tenían jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la querella interpuesta contra el ex ministro de Defensa chileno y que derivó en la petición de Garzón de que fuera detenido y entregado a España.

En Chile, el proceso por el asesinato de Soria fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, dejar sin efecto la ley de amnistía de 1978 y el pago de una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia.

EFE

Ernesto Cardenal critica “dictadura” en Nicaragua


"Lo que hay ahora ya no es la revolución. No es revolución, ni es izquierda ni es sandinismo", sostuvo el poeta nicaragüense.

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal calificó de "dictadura" al Gobierno de su país y se declaró partidario del presidente venezolano, Hugo Chávez, tras recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en Chile.

"Es un gran cambio. Lo que hay ahora ya no es la revolución. He escrito unas memorias que se llaman "La revolución perdida", porque lo que hay ahora no es revolución, ni es izquierda ni es sandinismo. Es una dictadura", dijo Cardenal.

"No puedo hablar más. Por lo mismo que es una dictadura, no tengo libertad para hablar más", remarcó el poeta, que exigió al presidente Daniel Ortega que descongele sus cuentas bancarias para poder emplear el dinero del premio en sus obras sociales.

El premio Neruda, la más alta distinción que concede el Estado de Chile a un poeta iberoamericano, está dotado de 30.000 dólares y le fue entregado a Cardenal por la presidenta Michelle Bachelet.

El poeta y sacerdote, que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1972 y 1974-1979) y tras su caída formó parte del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pretende emplear el dinero del premio para financiar el taller de poesía que realiza para niños con cáncer, así como otras obras sociales en Solentiname, la comunidad que fundó y de la que fue párroco.

Las cuentas bancarias de Cardenal están congeladas por haberse negado a pagar una multa que le impuso un juez por una demanda presentada contra él por empresario alemán por un problema de tierras, un pleito que el autor de "Epigramas" y "Oración por Marilyn Monroe" considera una "venganza" de Daniel Ortega.

Tras declarar su "admiración y gratitud" hacia la presidenta chilena, Cardenal se declaró partidario del mandatario venezolano, Hugo Chávez. "Yo estoy con Chávez. También soy chavista", afirmó.


domingo, 26 de julio de 2009

El FPMR ante la partida del Compañero Guillermo Ossandon del Lautaro

Compañeros Hermanos del indomable Lautaro, tengan en estos momentos de parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez un abrazo lleno de cariño y de fervor revolucionario.

Conocimos a Guillermo Ossandon en los umbrales de los 90 cuando los revolucionarios y subversivos del Lautaro y del Frente con todo el heroísmo de sus combatientes insistían en la lucha contra el capital y el neoliberalismo. Quedo regado el territorio nacional de sus luchas, de sus muertos, de sus héroes, de sus presos, de sus ejemplos, un trozo de la historia de las luchas de los pueblos que es necesario rescatar y mostrar a las futuras generaciones de combatientes.




En esos tiempos todos apretábamos el puño para que Diego Carvajal nombre político de Guillermo Ossandon, y otros tantos luchadores persistieran y no cayeran en las manos de los verdugos. La maquinaria comunicacional del sistema delineaba una imagen siniestra de nuestros combatientes, pero todos sabíamos y sabemos que son hombres y mujeres llenos de sueños e ideales que lo plasmaban y plasman en cada uno de sus actos.


Conocimos a Guillermo Ossandon nuevamente en este nuevo siglo, donde los revolucionarios y subversivos del Lautaro siguen buscando formulas y métodos para persistir en la lucha de nuestro pueblos en la construcción de la sociedad que necesitamos, que todos buscamos. Nos encontramos con un hermano metódico, juicioso, profundo en sus análisis y el mismo fervor de antaño, su semilla está regada en la nueva militancia y sabemos que nos encontraremos con ellos en estas nuevas luchas, que continúan siendo urgentes y necesarias, la de los dos gigantes como gustaba decir al compañero, la del pueblo chileno y la del pueblo mapuche.


Guillermo Ossandon hoy está cabalgando junto a Lautaro y Manuel Rodríguez y será con ellos que estará en las luchas, en las mejores luchas, las más decisivas que vendrán, sí vendrán sin lugar a dudas….Hasta la Victoria Siempre Hermano…



Fotos:Marcos Rodríguez G.





Dirección Nacional

Frente Patriótico Manuel Rodríguez FPMR

viernes, 24 de julio de 2009

En estado de maxima gravedad Guillermo Ossandón, cerebro del movimiento Lautaro

El ex subersivo permanece en el Hospital del Tórax luego de haber sido operado hace pocos días de un cáncer terminal. Hace cuatro años abandonó la Cárcel de Alta Seguridad donde cumplía una pena de 15 años por asociación ilícita, así como reclusión perpetua por el sangriento rescate de Marco Antonioletti. Al Mapu-Lautaro se le atribuye el asesinato de 15 carabineros y ocho efectivos de Investigaciones.

Por Jorge Molina Sanhueza
Por el Mostrador

Quien fuera la cabeza del movimiento Lautaro, Guillermo Ossandón, ingresó hace algunos días a la Asistencia Pública aquejado de un cáncer terminal, fue operado y se le auguran pocos días de vida, aseguran cercanos a su familia.
De hecho permanece internado en el Hospital del Tórax, en la comuna de Providencia, donde sus parientes mantienen en reserva la evolución de su estado de salud.
El ex subversivo fue liberado hace cuatro años de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) luego que se acogiera a beneficios otorgados por el Ministerio de Justicia.
La última vez que estuvo en libertad fue a principios de la década pasada, hasta que en 1994 fue detenido por la policía civil luego de una larga investigación hecha por la inteligencia de la institución en el balneario de Cartagena.
El movimiento que encabezó se caracterizó a fines de la década de 1980 por el asesinato de carabineros para robarles el armamento y acciones armadas en poblaciones, donde entregaban alimentos robados a camiones repartidores de empresas como Soprole.
De hecho, permanecía recluido cumpliendo una pena de 15 años que le aplicó el Segundo Juzgado Militar de Santiago como autor de asociación ilícita terrorista, infracción a la ley de armas y evasión.
Asimismo, enfrentaba una condena perpetua por el rescate del lautarista Marco Antonioletti, donde fueron asesinados cuatro gendarmes y un carabinero.
El prontuario del grupo Lautaro
Al grupo Lautaro se le atribuye el asesinato de 15 carabineros y ocho efectivos de Investigaciones. Entre estos últimos se cuentan el detective Héctor Sarmiento en Concepción y tres funcionarios que resultaron abatidos en un ataque al domicilio del ex intendente metropolitano Luis Pareto.
Asimismo, al grupo se adjudicó asaltos a bancos, a empresas, atentados explosivos y atentados incendiarios. Ossandón fue en un momento defendido por el abogado de derechos humanos y actual candidato a diputado, Hugo Gutiérrez.

“No creo que el Gobierno vote por un indulto que favorezca a asesinos”

Si bien el secretario de Estado calificó de 'respetable y noble' la opinión del capitán (r) Raúl Vergara, cree que es poco probable que La Moneda o el Parlamento se muestren proclives por votar “un indulto que favoreciera a personas que hubieran asesinado gente, porque habría que soltar asesinos de un lado y de otro, con motivo político y sin motivo”.

Por El Mostrador

El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, calificó de “respetable y noble” la opinión del subsecretario de Aviación, capitán (r) Raúl Vergara, quien dijo que "no debiera excluirse del indulto a ex uniformados por la sola razón de serlo"."Creo que es una posición muy respetable, nosotros estamos a la espera de la propuesta de la Iglesia y lo que hasta ahora sabemos es que no habría algo que incida en delitos de sangre o delitos graves. Entonces las opiniones que ha dado el subsecretario de Aviación que son muy nobles, no estarían comprendidas en la iniciativa", explicó el titular de la Segpres.Según Vergara, el indulto es una expresión institucional de compasión y perdón y recalcó que su parecer no es desde su cargo sino que muy personal por haber vivido la represión en sus formas más duras."Es una reflexión yo creo muy noble por todo lo que él vivió, el es un destacado oficial de la Fuerza Aérea que padeció la prisión, la tortura y tiene sentimientos muy nobles, creo que hay que agradecerle", agregó Viera-Gallo.Asimismo reiteró que el problema nace de que es improbable que el Gobierno, el Parlamento e incluso la ciudadanía llegue a respaldar un indulto a personas involucradas en hechos de sangre."El problema es exactamente al revés, no creo que el Gobierno ni siquiera el Parlamento pudiera votar un indulto que favoreciera a personas que hubieran asesinado gente, porque habría que soltar asesinos de un lado y de otro, con motivo político y sin motivo político y creo que eso el Gobierno no lo va a hacer y eso además la ciudadanía no lo aceptaría", precisó el ministro.
Piñera no indultaría a Manuel Contreras
Por su parte, el abanderado presidencial de la Derecha, Sebastián Piñera, dijo no ser partidario de un indulto al ex jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, pero que debiera analizarse la posibilidad para otros ex uniformados."Son 51, todos están condenados por delitos que merecen más que pena aflictiva, generalmente diez años, muchos de ellos tienen muchos procesos, no hay ninguno que esté por delitos de poca cuantía. Lo que vale para Contreras vale para el otro, lo que pasa es a lo mejor Sebastián Piñera conoce más a Contreras, pero los otros es más o menos lo mismo", recalcó Viera-Gallo.

jueves, 23 de julio de 2009

Indulto: Iglesia descarta al "Mamo" y Paul Schäfer

Monseñor Goic estimó que casos "emblemáticos" de violaciones a los derechos humanos no debieran considerarse en la idea de amnistía carcelaria por el Bicentenario.

Fuente:la Nacion.

Casos como los del ex director de la DINA, Manuel Contreras y del otrora jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, están fuera de la propuesta de indulto a presidiarios como motivo del bicentenario hecho por la Iglesia Católica como esperaba, por ejemplo, el presidente de RN, Carlos Larraín, que obligó la reacción desde La Moneda.
Así lo precisó el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goic, al ser consultado en entrevista con Canal 13 por estos encarcelados de alto impacto público y que por su avanzada edad lo más probable es que fallezcan en la cárcel.
"Las personas que usted cita son emblemáticas, una en la violación de los derechos humanos (Contreras) y otra en violación de la dignidad de los menores y la pedofilia (Schäfer). Son crímenes muy grandes", comentó.
En referencia a quien fue jefe de la primera policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, señaló que los delitos de Contreras son calificados como "de lesa humanidad, y eso, por todo lo que significa, (hace) muy difícil la actitud de la Iglesia hacia él".
"Supongo que si él es creyente habrá pedido perdón a Dios y Dios lo habrá perdonado, pero nosotros no nos estamos refiriendo en nuestra propuesta a esos casos emblemáticos, creemos que no nos corresponde", apuntó.
El prelado enfatizó anoche que "si hay personas que evidentemente han violentado los derechos humanos de manera muy fuerte, y tienen penas muy largas, y que son temas emblemáticos es muy difícil".
"Pero hay otros casos que quizás Yo, a priori no excluiría a nadie de la misericordia, yo soy el primero en asumir el dolor de los familiares de los detenidos desparecidos y todos quienes han sufrido", avanzó.
Sin embargo, consultado nuevamente sobre figuras como Contreras y Schäfer, insistió en que los deja fuera del debate. "¿No los descarta a priori?", recibió como pregunta. "A los grupos emblemáticos yo creo que si", respondió.
Aunque no ha presentado una propuesta concreta, Iglesia Católica planteó reeditar la ley de indulto general que se dictó en 2000 con ocasión del jubileo que benefició a personas que hubieran cometidos delitos menores, por tanto quedaban excluidos todos aquellos que hayan cometido asesinatos.
El debate en torno a ex uniformados surgió a partir de comentarios desde la derecha, incluso de su candidato presidencial, Sebastián Piñera, que los incluían en la iniciativa lo que generó preocupación en el sector de los familiares de víctimas de la dictadura obligando al Gobierno a aclarar que en ningún caso estaban considerados los violadores de los derechos humanos.

Caso Colonia Dignidad: condenan a encubridores de Paul Schäfer


El juez determinó penas de 819 días de cárcel en contra de Friedhelm Zeitner Bohnau y Matthias Gerlach Maschke, y de 541 días de presidio para Renate Freitag Hartmann.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González, dictó este jueves sentencia de primera instancia en la causa abierta para indagar los abusos sexuales a menores suscitados al interior de la ex Colonia Dignidad, emplazada en la región del Maule.

Por estos hechos, el magistrado determinó penas de 819 días de cárcel en contra de Friedhelm Zeitner Bohnau y Matthias Gerlach Maschke, y asimismo, dictó la pena de 541 días de presidio para Renate Freitag Hartmann, encausados como encubridores de los delitos atribuidos al otrota líder del enclave germano, Paul Schäfer Schneider.
Según los antecedentes de la causa los tres sentenciados se encontraban en Buenos Aires, Argentina, cuando Schäfer fue detenido en marzo de 2005, lo cual motivó su proceso de extradición para enfrentar a la justicia de nuestro país.

martes, 21 de julio de 2009

No queremos éste proyecto de ley que finalmente es impunidad.









Texto: Marcos Rodríguez González Asociación de reporteros independientes (ARI/AFDD)Entrevista a Lorena Pizarro Sierra (Presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos).







Señora Pizarro, ¿Cuál es su impresión por la reapertura del instituto de derechos humanos?
Una, el no escuchar la opinión de las organizaciones de derechos humanos ,es el claro reflejo de la forma en que se gobierna en este país, en todos los ámbitos, pero además yo quiero señalar que la oposición que tenemos, particularmente la agrupación nacional de ex presos políticos y la agrupación de familiares de ejecutados políticos y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, es un rechazo con contenido, a una iniciativa legislativa, que lamentablemente se transformaron en iniciativas de impunidad, el tema no esta en si, nosotros estamos de acuerdo en crear una institucionalidad de derechos humanos, Chile la necesita, porque cuando va al consejo de derechos humanos de naciones unidas le va muy mal, Chile la necesita porque tenemos muertos que fueron asesinados, en esta transición tenemos a Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo son solo un ejemplo de aquello.










El problema es que esta institucionalidad, que se esta creyendo precisamente no protege los derechos de las personas, precisamente no cumple un rol como el que demandan los principios de París, en relación a que debe tener la facultad de querellarse, querellarse significa perseguir a los violadores de derechos humanos y encarcelarlos, no tiene ninguna importancia en relación a jugar un rol activo en la promoción, que importante es la promoción y defensa de los derechos humanos, necesitamos un museo mas, necesitamos un instituto que no tenga mas que el nombre de derechos humanos y que a la larga siga siendo el engendro que se negocio por parte de José Antonio Viera-Gallo, por que este proyecto lo negocio Viera gallo con Alberto Espina y Andrés Chadwick, y cuando se negocia con la derecha temas como estos sale, todo a favor de la impunidad, entonces no nos digan que no queremos instituto de derechos humanos, nosotros no queremos éste proyecto de ley, que finalmente es impunidad, porque cuando se establece la institucionalidad de derechos humanos eso es lo grave aquí se esta estableciendo la institucionalidad de derechos humanos, se esta dando señales de cómo se debe vivir y convivir en un país, en base a los derechos humanos lo que se esta diciendo con este instituto, es que a quienes violaron los derechos humanos, no se les persigue, porque eso se esta estableciendo, que las víctimas del terrorismo de estado y las victimas de la violencia política, es lo mismo, por lo tanto, es lo mismo un delito común que un delito de terrorismo de estado, se esta diciendo que va a seguir entre 4 paredes la promoción, y el respeto a estos derechos y la gente va a ser ignorante de cuales son sus derechos, entonces cuando se establece una visión, a la medida de la derecha, lo que se esta estableciendo es la impunidad.
Como Presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ¿Qué le exige usted a la Presidenta Bachelet?
Nosotros le señalamos al gobierno, le dijimos con mucha fuerza hace cerca de 2 años, Presidenta no legisle este proyecto, no se siga gobernando en la medida de lo posible, cree una mesa de trabajo con las agrupaciones, con los abogados de derechos humanos y construyamos de verdad el nunca más, el nunca más es una frase de mucho contenido, y que en estos gobiernos sigue sonando hueca.
¿Usted cree que se estaría aprovechando la Presidenta Bachelet del 75% de adhesión que tiene?, ella como persona, no como gobernante.
Yo no me voy a pronunciar en eso, porque es finalmente lo que se va a establecer, lo que yo no le puedo, quizás aceptar a este gobierno, y ala presidenta, es que se siga gobernando como se gobernó todos estos años, en gobierno de transición cuando finalmente lo que se a hecho es mantener la impunidad, y nosotros y muchos esperaban, mas de ella, y nosotros quisiéramos que ella entienda, que aquí hay que construir un Chile distinto, y que ella con los pasos que esta dando, no esta asegurando un nunca más y el nunca mas es fundamental.