Páginas vistas en total

jueves, 31 de enero de 2013

El lobista que trajo a Pinochet de Londres cuando estuvo preso José Miguel Insulza, postulará al Senado tras dejar la Secretaría General de la OEA

José Miguel Insulza se inscribió como candidato al Senado por su partido, sin embargo lo hizo con circunscripción abierta. Enrique Inostroza, presidente regional del PS no descartó el arribo del secretario general de la OEA en el Bío Bío
Una eventual postulación senatorial por Bío Bío Costa de José Miguel Insulza, analiza el socialismo. Esto en controversia por el cupo PS que actualmente goza el senador Alejandro Navarro, ahora del MAS y que podría postular por fuera de la Concertación frente a la figura del secretario general de la OEA.

Nutrido y variado se presenta el escenario de postulaciones senatoriales por Bío Bío Costa. Por la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe y el diputado Jorge Ulloa disputan el cupo; en RN conquistan a Felipe Kast; y en la Concertación, Hosain Sabag se retira y Alejandro Navarro podría ser reemplazado en el cupo PS.

José Miguel Insulza se inscribió como candidato al Senado por su partido, sin embargo lo hizo con circunscripción abierta. Enrique Inostroza, presidente regional del PS no descartó el arribo del secretario general de la OEA en el Bío Bío, según informa radio Bío-Bío.

"Patrimonio del socialismo", es el título que le asignan a Insulza, pero que a su principal competidor no lo intimida. El senador Alejandro Navarro dio cuenta de su interés por conformar un frente amplio de oposición que lo incluya para la repostulación al Senado, y así no tener que ir "por fuera". Sin embargo, de ser Insulza quien lo reemplace en el cupo eleccionario, decretó que habrá dura competencia.

Navarro confirmó que prepara una lista parlamentaria del MAS, con candidaturas en el Bío Bío, Atacama, Magallanes y la Metropolitana, de no ser acogido por la Concertación, a la que acusó de "veto" en su contra, en particular desde la Democracia Cristiana.

Piden revelar 36 mil fichas sobre red de protección de la Colonia Dignidad

Los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (Independiente) y Hugo Gutiérrez (PC) coincidieron en considerar "insostenible" que el juez Jorge Zepeda continúe ocultando este dossier.
Un grupo de abogados y parlamentarios hicieron un llamado a la justicia a que levante el secreto en que ha mantenido durante siete años un archivo de la Colonia Dignidad que podría desvelar una red de protección que por décadas posibilitó los delitos cometidos por los jerarcas del enclave alemán.

Se trata de un informe de la Jefatura de Inteligencia de la PDI sobre 36.000 fichas incautadas en junio de 2005 en un búnker descubierto en Villa Baviera, en la Región del Maule.

El juicio está a cargo del juez Jorge Zepeda, que desde entonces ha mantenido el informe bajo secreto, debido a que el proceso es tramitado bajo el antiguo sistema procesal penal, el cual permitía "el secreto del sumario", es decir de la fase de investigación del caso.

"Me parece muy extraña la conducta que el juez ha mantenido respecto de esas fichas", dijo a Efe un ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que pidió reserva de su identidad.

"A los jueces no les corresponde decidir si un documento debe ser o no declarado secreto. Eso pertenece al ámbito de la Inteligencia Nacional", subrayó el experto, mientras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijeron que gestionarán ante la Corte Suprema que una copia del informe les sea entregado para analizarlo.

Los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (Independiente) y Hugo Gutiérrez (PC) coincidieron en considerar "insostenible" que el juez Zepeda continúe ocultando este dossier.

"Los chilenos necesitamos saber cuáles son los secretos que contienen estas fichas. Y si hay allí nombres de autoridades públicas que conformaron una red de protección a Colonia Dignidad, definitivamente queremos saber quiénes son", dijo a Efe Tucapel Jiménez.

Según Sergio Aguiló, en las fichas "puede existir información que permita aclarar crímenes de la dictadura, pero también antecedentes sobre otros delitos que deben ser investigados".

Según fuentes cercanas al caso que pidieron también reserva de identidad, algunas partes del fichero podrían convertirse en una "bomba política".

Se trata de una sección que dejaría al descubierto vínculos íntimos y favores obtenidos por políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, relacionados con los jerarcas del enclave.

También existe un apartado que contiene declaraciones de presos políticos obtenidas bajo tortura en Dignidad, donde junto con los alemanes operaron agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Hasta ahora, el juez ha negado el acceso al informe a las partes litigantes en los procesos contra el enclave alemán e incluso puso el documento bajo el amparo de la Ley de Inteligencia Nacional, considerándolo "secreto de Estado".

El informe ha sido negado incluso al Consejo de Defensa del Estado, querellante en los juicios contra los alemanes por crímenes de lesa humanidad, estafa, fraude al fisco, evasión tributaria, violación, tenencia ilegal de armas y productos químicos mortales, contratos simulados y contrabando.

Según las fuentes, una parte del archivo fue salvado del allanamiento de 2005. Se trata de cintas con filmaciones y fotografías de personalidades públicas manteniendo relaciones sexuales con menores.

Un sacerdote que pidió no ser identificado y que hace algunos años recibió esta información en confesión, dijo a Efe que el feligrés le reveló que esa era una de las formas en que los alemanes ejercían chantaje a cambio de protección.

Denuncian que funcionarios del gabinete de Primera Dama prohibieron visitas guiadas donde murió Salvador Allende en La Moneda

Por M.E.T.
En el año que se conmemoran 40 años del golpe de Estado, varias personas han hecho esta denuncia. La senadora Isabel Allende consideró la medida como lamentable y contradictoria. Dijo que espera que se trate de un error y que pronto se revierta para que la gente pueda conocer un lugar histórico de gran interés
Por orden de funcionarios del gabinete de la Primera Dama, Cecilia Morel, se habría eliminado del recorrido del tour del Palacio de La Moneda, el sitio donde murió el Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, lugar que permanecía abierto al público.

La denuncia la realizó el profesional chileno Pedro Matta Lemoine quien trabaja con programas internacionales de universidades norteamericanas en temas relativos a la memoria e historia contemporánea de chile.


En conversación con Cambio21 explicó que hasta el "año pasado no tuve problemas porque la visita contemplaba llegar al lugar de muerte del presidente Allende. Sin embargo el 9 de enero pasado cuando hacíamos el recorrido con un grupo de la Universidad de Connecticut el guía me manifestó que ya no es posible, porque está fuera de los límites autorizados en razón de que la primera dama había dado instrucciones a ese respecto."

Informó que envío cartas denunciando esta situación al diario El Mercurio y La Tercera, las que no fueron publicadas, por lo que hizo llegar copia de las cartas al presidente y la primera dama al portal de la moneda, por lo que está esperando una respuesta.

Consideró la situación como lamentable, por cuanto "ese lugar especifico de La Moneda era un lugar consultado habitualmente durante la administración de los presidentes Lagos y Bachelet y hasta el año pasado bajo la administración Piñera. Quiero poner el énfasis en que este problema se produce en un momento extraordinariamente simbólico porque se impide el acceso al lugar de muerte de Salvador Allende, en el año que se cumplen 40 años del golpe de estado".

Para la diputada Isabel Allende la situación es "más que lamentable" y "contradictoria". Entrevistada por
Cambio21 la hija del fallecido presidente Allende recordó que el lugar "despierta mucha motivación e interés".

Agregó que en el año que se cumplen 40 años del golpe de estado, son muchas las personalidades de otros países que destacan la figura de su padre. "En el marco de la actividades relacionadas con la Celac y otras visitas ilustres, siempre realizan homenajes al presidente, por lo que esta medida es una absoluta contradicción."

De igual modo se mostró confiada en que "sea sólo un error y que pronto se esté modificando". Agregó que "Yo espero que esto se arregle para bien, porque es un contrasentido, ya que es importantísimo que la gente tenga oportunidad de conocer un lugar que es histórico y eso es innegable".



El texto de la carta del denunciante señala:

"Frecuentemente llevo a estudiantes y profesores de universidades norteamericanas, que se encuentran de visita en Chile, a visitas guiadas en el Palacio de La Moneda.
Durante los últimos años y durante las presidencias del Sr. Lagos, Sra. Bachelet, y hasta hace poco tiempo atrás durante el período del Sr. Piñera, uno de los lugares a visitar, y que es de particular y permanente interés para los visitantes, es el sitio donde murió el Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, ubicado en el segundo piso del ala este del Palacio. Hay allí una placa conmemoratoria y otra alusiva al hecho mencionado. La muralla desnuda y sus ladrillos dañados atestiguan la violencia vivida ese día.

Sin embargo, en mi última visita realizada con un grupo como el descrito en el párrafo inicial, pocos días atrás y ante mi sorpresa, el guía que nos acompañaba me informó que dicho lugar está ahora fuera del recorrido aprobado por el Palacio Presidencial, agregando que la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel, habría dado instrucciones para no conducir nuevos grupos de visitantes a ese lugar, que corresponde a una de las antesalas a sus propias oficinas, por cuanto sería disruptivo de sus actividades.

Eliminar la visita a ese sitio preciso dentro de La Moneda, y justamente el año en que se cumplen los cuarenta años del golpe de estado, me parece algo insólito e inoportuno, más aún cuando este lugar centra el interés de los visitantes extranjeros. Difícil es darle una explicación coherente a una omisión que, a todas luces, sugiere una intención política.

Espero que se restituya, a la brevedad, el recorrido que ha sido tradicional del Palacio de La Moneda, que incluye el lugar de muerte del Presidente Allende".


Caso Bombas: Suprema rechaza recursos de queja y ordena el pago de US$ 1 millón en costas a defensores y acusados

Los ministros Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito y el abogado integrante Luis Bates desestimaron las presentaciones en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que habían declarado inadmisibles los reclamos por el alto monto a cancelar por el Fisco tras su fijación por el Tribunal Oral que había analizado el caso por más de seis meses entre fines de 2011 e inicios de 2012. El ministro Hugo Dolmestch y el abogado integrante Ricardo Peralta estuvieron por estimar los argumentos de los recursos de queja.
 por


La Sala Penal de la Corte Suprema rechazó los cinco recursos de queja presentados por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del Interior y dos querellantes particulares para tratar de rebajar el pago de U$ 1 millón a los defensores y ex acusados en el denominado “Caso Bombas”.
Los ministros Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito y el abogado integrante Luis Bates desestimaron las presentaciones en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que habían declarado inadmisibles los reclamos por el alto monto a cancelar por el Fisco tras su fijación por el Tribunal Oral que había analizado el caso por más de seis meses entre fines de 2011 e inicios de 2012.
El ministro Hugo Dolmestch y el abogado integrante Ricardo Peralta estuvieron por estimar los argumentos de los recursos de queja.
Con esto, la Corte Suprema ordena el pago de las costas como lo habían estimado los tribunales inferiores.
En noviembre, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones ratificó la resolución del Tercer Tribunal Oral en lo Penal para el pago de las costas del proceso y ordenó al Fisco y a los restantes acusadores cancelar cerca de un millón de dólares que serán destinados a los seis imputados en la causa que fueron absueltos.
En fallo dividido, el tribunal de alzada decretó que tanto Gustavo Fuentes como Francisco Solar recibirán $100 millones cada uno, mientras que Felipe Guerra, Omar Hermosilla, Carlos Rivero y Mónica Caballero serán beneficiados con 80 millones de la moneda nacional.
El pasado 26 de octubre, la instancia había emitido sentencia sobre el pago de costas, sin embargo, el Ministerio Público apeló a dicha resolución, lo que no fue acogido por la Corte, que estimó que dicho dictamen era inapelable, cuestión que ratificó la Corte Suprema.
El 10 de septiembre del año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó anular el juicio por colocación de artefactos explosivos y ratificó la absolución de los seis imputados.

miércoles, 30 de enero de 2013

Cena Solidaria El Ciudadano el jueves 21 de febrero


Al estar cruzando un momento difícil en lo financiero, el buscar distintas vías que nos permitan mantener en circulación El Ciudadano y que estas no pongan en riesgo nuestra linea editorial, hemos decidido llevar a cabo nuestra primera cena solidaria a realizarse el día jueves 21 de febrero desde las 21 hrs. en la cocinería cosmopiolita “Tren Unel”.
En la ocasión además de poder compartir con el equipo periodístico de El Ciudadano, contaremos con la música en vivo de Parker y un suculento menú que te sorprenderá.
Son tres las opciones de entrada que tienes para elegir y ellas son :
-Tarta de Salmón/piña/queso azul en masa de merquén + escarola
-Sopa fria! de aji verde + limón pica + crutón de oliva virgen
-Sandía carameralizada! + ricotta + pepino + rucula y vinagreta de mostaza/miel
Luego como fondo puedes optar por:
-Plateada en salsa aji puga ( picante suave) + guacomole de quinua
-Ñoquis de polenta & choclo + salsa de berenjenas/ tomate + parmesano
-Corvina con gratin de semillas cilantro + guiso de vegetales  & genigibre
La adhesión es de 10 mil pesos y para realizar tu reserva con anticipación llama al celular: 09 3207624
Te esperamos!
El Ciudadano

Corte Suprema autoriza pedir a EE.UU extradición de acusado por muerte de Víctor Jara

Pedro Pablo Barrientos Núñez, que reside en Estados Unidos, fue procesado el 28 de diciembre pasado junto a otros siete ex oficiales, por distintos grados de responsabilidad en el homicidio del cantautor, ejecutado el 16 de septiembre de 1973.
 por

La Corte Suprema autorizó este miércoles solicitar a Estados Unidos la extradición de Pedro Pablo Barrientos Núñez, procesado como autor del homicidio del cantautor Víctor Jara, ocurrido en 1973.
Según informaron fuentes judiciales, la Segunda Sala Penal del alto tribunal dio el visto bueno a la petición de extradición formulada a mediados de enero por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza.
Pedro Pablo Barrientos Núñez, que reside en Estados Unidos, fue procesado el 28 de diciembre pasado junto a otros siete ex oficiales, por distintos grados de responsabilidad en el homicidio del cantautor, ejecutado el 16 de septiembre de 1973.
En esa ocasión, el juez Vázquez abrió una solicitud de extradición y dictó también una orden de captura internacional contra Barrientos.
La Corte Suprema debe enviar ahora la solicitud de extradición a la Cancillería, que a su vez la hará llegar al Departamento de Estado para que la justicia estadounidense detenga al ex oficial.
El resto de los procesados son: Hugo Sánchez Marmonti, como autor de homicidio calificado, y Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf, Jorge Smith Gumucio y Roberto Souper Onfray, como cómplices de homicidio calificado.
La muerte de Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe con el que el general Augusto Pinochet derribó el gobierno de Salvador Allende, es uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en por la dictadura militar.
El cantautor murió de 44 balazos después de ser torturado durante varios días en el estadio Chile, de Santiago, que actualmente lleva el nombre del artista.

Condenan a seis miembros de la DINA por cinco crímenes en Tejas Verdes

Las víctimas de secuestro calificado por las que se emite este fallo son Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Andrés Heredia Velásquez, José Orellana Meza, José Pérez Hermosilla y Félix Marmaduke Vargas Fernandez, cuyo rastro se perdió entre 1973 y 1974.


 
El Mostrador
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencias condenatorias en procesos por violaciones a los derechos humanos, cometidas en el regimiento de Tejas Verdes, comuna de San Antonio, entre 1973 y 1974.
En fallos unánimes, la Tercera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Mauricio Silva, Gloria Solís (suplente) y la abogada integrante María Cristina Gajardo— confirmó en su totalidad las seis condenas que dictó el ministro en visita Alejandro Solís, entre 2008 y 2010; causas  que fueron acumuladas en un solo proceso por tratarse de hechos similares y los mismos involucrados.
Según el Informe Rettig sobre violaciones a los derechos humanos, elaborado en 1991, este centro llegó a tener en ciertas épocas más de un centenar de prisioneros, y funcionó desde el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, hasta mediados de 1974.
Las víctimas de secuestro calificado por las que se emite este fallo son Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Andrés Heredia Velásquez, José Orellana Meza, José Pérez Hermosilla y Félix Marmaduke Vargas Fernandez, cuyo rastro se perdió en esos años.
Por cada uno de esos crímenes se condenó a quince años de prisión a Manuel Contreras, antiguo jefe de la policía secreta de la dictadura (1973-1990), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
Contreras está recluido desde 2005 junto a otros antiguos exmilitares en una prisión especial cercana a Santiago, donde gozan de mayores comodidades que en las cárceles comunes, por numerosas condenas por violaciones a los derechos humanos que suman más de 350 años.
A otros cinco antiguos miembros de la DINA se les impuso cinco años y un día por cada uno de esos crímenes. Los condenados son Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Klaudio Kosiel Honing y Vittorio Orvietto Tiplitzky.
En tanto, otro exintegrante de la DINA, Patricio Carranca Saavedra, fue absuelto por falta de participación.
Además, Manuel Contreras fue condenado a cinco años y un día por los delitos de torturas a veinte prisioneros en el mismo regimiento de Tejas Verdes.
Por los mismos hechos fueron condenados a cinco años de prisión, pero con del beneficio de la libertad vigilada, Nelson Valdés, Raúl Quintana, Klaudio Kosiel y Vittorio Orvietto, y por tres años, también en libertad, a David Miranda y a Jaime Núñez Magallanes, también de la DINA.
En total, unos sesenta antiguos represores cumplen prisión por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en la que 3.200 personas fallecieron, de las que un millar siguen desaparecidas, y 38.000 sufrieron prisión política y tortura.

Contraloría ordena investigar millonaria cuenta de celular de la directora del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior

Rossi Lama Díaz gastó casi seis millones de pesos en llamados en sólo 23 días, cuando se encontraba en Estados Unidos participando, entre agosto y septiembre de 2012, en un curso sobre trata de personas. El ente fiscalizador sostiene que las deficiencias de control interno hicieron imposible determinar que la utilidad del teléfono móvil que le fue asignado correspondiera "efectivamente a fines institucionales" y que por lo anterior se deben investigar "las eventuales responsabilidades por falta de probidad en el desempeño de funciones". 
 por

Entre los días 24 de agosto y 16 de septiembre de 2012 la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rossi Lama Díaz, viajó a Estados Unidos para participar en un curso sobre trata de personas.
Pero lo peculiar de su estadía en el país nortamericano fue su cuenta de celular, ya que durante esos 23 días gastó en llamadas desde el extranjero la abultada suma que bordea los seis millones de pesos,
El hecho no pasó inadvertido para la Contraloría General de la República, que ordenó que se inicie una investigación sumaria por el millonario cobro.
En un dictamen conocido este miércoles, el ente fiscalizador repara en que “la señora Lama Díaz habría incurrido en gastos excesivos en telefonía móvil, durante su estadía en Estados Unidos, asistiendo a un curso de Trata de Personas. El valor de dicho gasto se refleja en la Factura N°33737687, de la empresa Telefónica Móviles de Chile S.A. Movistar por un total ascendente a $ 5.769.186, correspondiente al consumo efectuado desde el extranjero, entre los días 24 de agosto y 16 de septiembre de 2012″.
Asimismo, detalla que “de acuerdo a la información entregada por la Jefa del Área de Administración y Finanzas del Programa de Derechos Humanos, a la señora Lamas se le habrían asignado un total de 6 celulares entre marzo del 2010 y el 12 de septiembre de 2012, siendo el último un Iphone 4S sin tope de minutos, por cuanto los anteriores habrían sido inutilizados o robados”.
“Sobre el particular, se debe indicar que el Jefe de la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior mediante memorándum N° 345, de 27 de septiembre de 2012, le señaló a la funcionaria en cuestión, que la factura N° 33737687 de la Empresa Telefónica Móviles de Chile S.A. Movistar por un total de $ 5.769.186, no sería pagada por esa División por cuanto no recibió la solicitud anticipada para la activación del roaming respectivo, el cual habría sido en gran parte, lo que genera el cobro del monto de ese documento”, agrega.
Para la Contraloría “es dable señalar que producto de las deficiencias de control interno, la carencia de instructivos y la falta de actas de entrega de equipos móviles, en los cuales se establecieran las condiciones en las que se podría hacer uso de los celulares, tales como: minutos asignados, responsabilidad por el sobre consumo, hurto, robo o pérdida del equipo, no fue posible determinar que la utilidad dada al celular asignado a la señora Lama Díaz corresponde efectivamente a fines institucionales”.
Finalmente señala que “en virtud de lo anteriormente señalado, procede que la Subsecretaría del Interior instruya una investigación sumaria con el objeto de esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades por falta de probidad en el desempeño de funciones y de ser procedente se apliquen las medidas disciplinarias que correspondan”.

Temblor causó caída de muros y algunas fachadas

Conmoción en Vallenar y Copiapó por fuerte sismo de 6.7 grados Richter

El movimiento telúrico se registró a las 17:15 horas y se percibió entre las regiones de Atacama y de Valparaíso. Pese a que el SHOA informó que no existía riesgo de tsunami, fueron miles las personas que por temor abandonaron raudamente las playas. [Actualizada]
 
Un sismo que alcanzó una magnitud de 6.7 grados en la escala de Richter sacudió la tarde de este miércoles la región de Atacama, afectando principalmente a las ciudades de Vallenar, Copiapó y Huasco.
Según informó el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, el temblor se registró a las 17:15 horas y su epicentro de localizó 46 kilómetros al norteste de Huasco y a 52 kilómetros de profundidad.
En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el sismo no reunió las condiciones para producir un tsunami en las costas del país. Pese a ello, fueron miles los veraneantes los que se retiraron raudamente de las playas como medida de precaución.
Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) detalló que el movimiento telúrico se sintió entre las regiones de Atacama y Valparaíso, incluida la Región Metropolitana, percibiéndose con más fuerza en la ciudad de Copiapó y Tierra Amarilla, donde alcanzó VI grados en la escala de Mercalli.
La información preliminr del organismo que depende del Ministerio del Interior da cuenta que también se percibió con una fuerza de V grados en Coquimbo y La Serena; IV grados en Papudo; III grados en La Ligua, Quillota, Valparaíso y Zapallar; y II grados en Casablanca y Santiago.
Los reportes conocidos a través de redes sociales no dan cuenta de personas lesionadas, pero síla caída de muros y daños en algunos ventanales principalmente en Vallenar y Copiapó.


martes, 29 de enero de 2013

Colegio Médico se pronuncia por violencia contra pueblo mapuche


El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile expresa su preocupación por la creciente ola de hechos violentos que se han registrado en la Araucanía y que, hace pocos días costara la vida del matrimonio Luchsinger – Mac Iver, lo que lamentamos profundamente.  Anteriormente la acción policial había causado numerosas víctimas en las comunidades mapuches.

Chile tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche.  Durante la conquista y desde nuestra independencia se ha invadido su territorio. Cada guerra ha significado despojarlos más de sus tierras, dejarlos sin sus medios de subsistencia.  Hoy en día, los consorcios madereros limitan sus posibilidades de sobrevivir.  El Estado chileno, desde hace muchos años,  no ha sabido producir una estrategia que saque a nuestro mayor pueblo originario del abandono y la pobreza.

El objetivo primordial de nuestra profesión es proteger la vida de las personas.  Sabemos que la vida de aquellos que se encuentran en huelga de hambre está en peligro y se puede lograr un cambio de actitud entregándoles las garantías carcelarias mínimas que reclaman.

Apelamos a las autoridades de Gobierno a crear las condiciones para que cese la huelga de hambre, la violencia y se inicie un diálogo permanente con el pueblo mapuche.

En Cumbre de los Pueblos presentan Tercer Informe sobre Derechos Humanos en Chile

Elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil:

En Cumbre de los Pueblos presentan Tercer Informe sobre Derechos Humanos en Chile

  • Déficits institucionales, de representación y de participación política; discriminación de grupos vulnerables; grave afectación ambiental y del derecho al agua; incremento de la violencia policial y restricciones al derecho de manifestación, son algunos de los temas más sensibles abordados por el informe.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 27 de enero de 2013

Un negativo balance respecto de progresos en el reconocimiento jurídico y la vigencia efectiva de derechos individuales y colectivos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por estado chileno arrojó el Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, el que fue presentado en el marco de la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa, que se desarrolla en forma paralela a la reunión de presidentes de CELAC-UE.

José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comenta que “el informe este año da cuenta de una situación de desprotección en múltiples ámbitos y pone énfasis en los derechos de los sectores más discriminados, como son pueblos indígenas, migrantes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y la diversidad sexual, dada la incapacidad del estado chileno de avanzar hacia marcos jurídicos adecuados, por un lado, y hacia políticas públicas que los implementen, por el otro”.
La extrema vulnerabilidad en que encuentran los derechos económicos, sociales y culturales en Chile, fue también destacado como uno de los temas graves, lo resulta “incomprensible para un país que se presenta asimismo como próximo a alcanzar el desarrollo”, señala el informe en sus reflexiones finales.  Al respecto, Martín Pascual, miembro del directorio de Acción A.G. y CENDA, aclaró “que (este informe) es una forma de enfrentar esta marea exitista, todo este cinismo que se establece en torno a las cifras, como las del empleo, todos muy precarizados y que no obstante es planteado como una herramienta para acabar con la pobreza.  La importancia de este informe es mostrar estas realidades, hacer contraloría de lo que el estado plantea”, concluyó.

Por primera vez el informe incorpora un capítulo específico para analizar avances en torno al derecho a la educación, ello a la luz del debate que se ha abierto sobre la necesidad de garantizar su calidad y gratuidad, sin que se perciban mayores cambios.  René Varas, miembro del Foro Nacional por la Educación, aseguró que “este año, en términos generales, no ha habido modificación alguna al sistema educacional, el que sigue concebido como una mercancía, ajeno a toda noción de derecho, y caracterizado por prácticas discriminatorias institucionalizadas en todos los niveles.  Ello principalmente a través de las formas de selección de los estudiantes y el pago o cancelación que se hace por educación, lo que ha ido generando la segregación de los estudiantes en distintos tipos de instituciones”.&nb sp; 

Varas agregó que tampoco ha existido voluntad de diálogo, pues “el movimiento estudiantil ha plateado estos problemas y entregado propuestas concretas de superación, éstos no han sido escuchados, sino más bien criminalizados en su protesta”, denunció.

En cuanto a la implementación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la representante de ACHNU, Francis Valverde, recordó que “Chile es el único país en América Latina que no tiene una ley de protección de derechos -o códigos especiales, como ocurre otros países- para todos los niños, niñas y adolescentes”.  Ello, a pesar de que el Comité de Derechos del Niño de la ONU le ha planteado al estado en sus tres últimos informes la inconveniencia de que Chile no tenga una adecuación legislativa y judicial a la Convención”.  

Valverde argumenta que “por eso la sociedad decidió organizarse y armar una propuesta concreta de proyecto de ley de 35 páginas”, las que fueron trabajadas en reuniones semanales sucesivas entre autoridades de gobiernos, Unicef y organizaciones vinculadas a los derechos de la niñez y adolescencia.  Pero el ejecutivo incumplió su compromiso de presentar al Congreso esta propuesta consensuada, y en lugar de ello la “redujo a seis páginas, arguyendo que tenía muchos derechos y pocos deberes, lo que da cuenta que el estado entiende nada de derechos humanos”.

Por su parte Alejandro Reyes, del Programa de Personas Mayores de la ONG CEC, advirtió que la población chilena está envejeciendo rápidamente, lo que constituye un desafío para las políticas públicas, pero también para la forma en que el estado y la sociedad les reconoce.  “Hoy en día existe en el país un 16% de población mayor de 60 años”, a los que se suman cerca de cien mil personas que cada año ingresan a engrosar este grupo etáreo. Comenta además que “existen directrices internacionales, lo que se llama el derecho blando, emanadas de tres conferencias de América Latina y el Caribe en torno a lo que es asumir el envejecimiento de la región como un desafío programático de los gobiernos, ninguno de esos importantes derechos donde se instala los derechos humanos como prioridad ha si do asumido en nuestro país.

Finalmente, en las palabras de cierre de la presentación, José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, reiteró que “el gran desafío es modificar la institucionalidad y la Constitución de 1980, para cambiar las desigualdades existentes en el país.

Capítulos del informe y suscriptores

Un total de 16 capítulos forman parte del informe este año: Violaciones de DerechosHumanos cometidas bajo la dictadura militar; Derecho a la Justicia, Política criminal y Derechos Humanos; Derechos políticos y ciudadanos; Derechos de los Pueblos Indígenas; Derechos de las mujeres; Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Derechos de las Personas Mayores, Diversidad sexual y Derechos Humanos; Derechos de los y las migrantes; Derecho al MedioAmbiente; Derechos de Agua; Institucionalidad de Derechos Humanos; Derecho a la ProtestaSocial; Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos Laborales; Derecho a laEducación y Empresas y Derechos Humanos.

Suscriben el Informe y son responsables de su redacción: ACCIÓN A.G., ACHNU, Asesorías Ciudadanas, CENDA, Chile Sustentable, Centrode Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas, Foro Nacional por la Educación, Movilh, Observatorio Ciudadano, ONG CEC (Programa Personas Mayores) y Terram.

Texto de tema solicitado por los organizadores de la Cumbre de los Pueblos:



Derechos humanos y laborales frente a la privatización de los bienes comunes (Educación; Salud; Vivienda; Trabajo, Comunicaciones).

Uno de los logros más importantes que ha conseguido la humanidad en las últimas décadas lo constituye la gestación de una legislación internacional, que ha sido incorporada paulatinamente por los cuerpos legales internos de los diferentes países, para garantizar la protección y el cumplimiento del respeto a los derechos humanos.
En efecto, desde acontecimientos cruciales para la humanidad, como la Revolución Francesa, la emergencia de los llamados derechos civiles y políticos, esto es, los civiles (derechos que son otorgados a cada ser humano en su condición de persona humana, por el sólo hecho de nacer) y, están aquellos derechos políticos que tiene la persona de manera pública y que implican su participación como ciudadano en la vida política, para hacer valer su voluntad en su condición de miembro de un Estado.
Sin embargo, significativos cambios en el desarrollo de la industria y de las condiciones laborales, sumados a las revoluciones político-sociales que comenzaron a producirse a comienzos del siglo XX, como la revolución mexicana y la elaboración de la Constitución de 1917, así como la Constitución alemana de Weimar de 1919 y la soviética de 1918 (seguidas por Austria, 1920; Estonia, 1920; Polonia, 1921; Yugoeslavia, 1921 y España, 1931) fueron acontecimientos cruciales en la formación de los derechos sociales de los pueblos, que son los derechos que tienen determinados sectores de la población, en diversas áreas de la vida social (educación, salud, vivienda, trabajo, comunicaciones) y que deben ser garantizados por el Estado.
De allí que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), a propósito de las resoluciones contraidas por los países a partir de la Carta de las Naciones Unidas, fueron incorporadas estas demandas y conquistas sociales. Así, en los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de dicho documento se establecen el derecho a la seguridad social, al trabajo, al descanso, la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y a los cuidados especiales de la maternidad y la infancia.
Es precisamente en su artículo 22 donde se señala: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
De esta forma nacen los denominados derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de segunda generación. Los que posteriormente se incorporaran a acuerdos internacionales, como tratados obligatorios para los Estados, con la aprobación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) por parte de las Naciones Unidas, el que se suma al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de este organismo multinacional. También aparecen consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por la OEA en 1969.
Sin duda, la importancia de elaborar herramientas jurídicas que limiten el arbitrio de los Estados, que ejercen el monopolio de la fuerza para imponer su voluntad, ha posibilitado que este naciente Derecho Internacional de los Derechos Humanos preste especial importancia a este “carácter omnipotente” del Estado. Sin embargo, ciertos particulares, en el ejercicio de sus derechos económicos, han creado toda una maquinaria, muchas veces superior a los propios Estados con el único fin de obtener lucro y el consecuente poder que deriva en verdaderas entidades dictatoriales.
El poder indiscriminado de “privatizar”, por parte de particulares, cada día se transforma en el mundo en una amenaza más avasalladora. Los conocidos lobbies ejercidos por las empresas trasnacionales en el mundo han concentrado el poder en manos de menos personas, impidiendo el desarrollo de los derechos básicos para la gran mayoría.
Así, cuando los grandes oligopolios deciden en forma absolutamente mercantil realizar especulaciones financieras que han significado la producción de cesantía como un mecanismo de fijar los salarios en valores de cambio ínfimos, muy por debajo de la línea de subsistencia, se está provocando un atentado a los derechos humanos de la mayoría, en especial el derecho al trabajo y al salario justo, pero además a la alimentación, vivienda, transporte, etc.
De igual modo, cuando sabemos que las grandes cadenas informativas están controladas por los mismos grupos de poder económico, quienes controlan la mayor parte de los medios de comunicación e información del mundo, a su real conveniencia y antojo, somos testigos de la violación al derecho a comunicarse e informarse en forma libre y trasparente. La Constitución Política, habiendo incorporado los pactos internacionales señala en su artículo 19, n° 12° “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado. [...]”, restringiendo en lo que sigue el monopolio de los medios por parte del Estado: “La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”, no se pronuncia sobre este control privativo de las empresas privadas que maniobran las permisibilidad de la ley para controlar ideológica y arbitrariamente los medios de comunicación social.
La publicidad ejercida, por ejemplo, cuando se trata de “legitimar” un proyecto que afecta seriamente los intereses de la comunidad, los medios de comunicación terminan transformándose en la oficina de relaciones públicas de las grandes empresas, cuyos propietarios suelen ser los mismos o estar relacionados estrechamente con estas empresas periodísticas. Pero hay más ¿cuántas veces los Estados deciden transar los derechos básicos de las personas en aras de atraer las inversiones extranjeras para obtener dividendos políticos?
En todas estas materias la sociedad civil tiene un rol trascendente que cumplir, la de levantarse para exigir que sus derechos esenciales sean respetados.
Vivimos en un mundo donde la escasez de agua que afecta cada día más a la inmensa mayoría de la población, puede ser resuelta invirtiendo recursos que son menores a los que los estadounidenses gastan en un año en helados o lo que los europeos gastan en perfume.
En el siglo XIX, el gran pensador Valentín Letelier, creador de la consigna “gobernar es educar”, afirmó luminosamente: “Perseguir a los descontentos para restablecer la paz vale tanto como perseguir a los sedientos para calmar la sed.”
Cuando la represión impide el ejercicio de las manifestaciones públicas que reclaman por esos derechos esenciales, es entonces que los observadores y defensores de los derechos humanos nos levantamos para hacer que esos derechos sean respetados.


Fraternalmente



ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.


lunes, 28 de enero de 2013

CIDH admite caso contra Chile por ejecución extrajudicial de Alex Lemún

El uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y la incompatibilidad con el derecho internacional de la jurisdicción militar en el centro del debate.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Alex Lemún contra Chile. La presentación denuncia la ejecución extrajudicial del niño Lemún por parte de los Carabineros y la impunidad en que quedo en caso como consecuencia de su radicación en la jurisdicción militar. La notificación fue recibida el pasado viernes, 25 de enero por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la familia Lemún ante la CIDH.
El caso –presentado a la CIDH el 25 de abril de 2006– denuncia la ejecución del niño mapuche Alex Lemún como resultado del uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en favor del reclamo por los derechos del Pueblo Mapuche en la IX Región, así como la incompatibilidad de la jurisdicción militar vigente en Chile con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH admitió el caso evidenciando una posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la protección judicial.
A partir de esta notificación, se inicia un plazo de tres meses para que la familia de víctima presente sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos al Estado para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas.
Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso actualiza la deuda del Estado chileno con la adecuación de la justicia militar a las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”. Krsticevic recordó que en su Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia dictada el 1 de julio de 2011 en el caso Palamara, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado de Chile su obligación de adecuar “el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función”.
El Ciudadano

Ex presidente del Colegio de Periodistas y conductor de TV Alejandro Guillier confirmó su intención de postularse a senador por Antofagasta

El conductor y animador radial y televisivo antofagastino se mostró dispuesto a dejar los medios de comunicación y a enfrentarse en primarias con otro candidato de la oposición
El periodista de radio y televisión Alejandro Guillier confirmó que hace bastante tiempo está interesado en representar a la segunda región pero de manera independiente, para ser parte de la oposición, por lo que ha estado visitando sus tierras para interiorizarse de su realidad y las necesidades de la gente.

De este modo y con una mirada social apunta al desarrollo en base a la pujante economía que presenta la zona, enfocándose esencialmente al crecimiento por medio de la organización.

Asimismo precisó que es necesario generar estrategias que no sólo estén asociadas con las actuales líneas de producción de recursos "no nos podemos quedar sólo en cobre y mineral, debemos pensar en el futuro. Por ejemplo: energía solar, litio".

En relación a las elecciones que podría llegar a enfrentar, reconoció en Soy Antofagasta, que está dispuesto ir a primarias y que sólo se apegará a las reglas y dejaría los medios. "Si gano, gano, y si no, ayudamos a los demás. Si la ciudadanía prefiere a otro, seguiré colaborando en otras cosas".

El periodista iría en la lista de la oposición apoyando la idea de un "parlamento para Bachelet".


Actualmente el periodista trabaja en La Red y es oriundo de Antofagasta donde ha sido declarado Hijo Ilustre.

Consideran un avance en respeto a los derechos humanos decisión judicial de indemnizar a presos políticos que estuvieron confinados en Isla Dawson entre 1973-1974

Por María Elba Troncoso
Ex senador Sergio Bitar, quien fue prisionero político en el lugar, alabó decisión de la justicia que condenó al Estado de Chile a indemnizar con 150 millones de pesos a cada una de 31 personas que estuvieron detenidas en el campo de concentración de la isla magallánica.
Como una decisión tardía, pero que da luces de que en nuestro país se puede hacer justicia, fue calificada por el ex ministro y ex senador Sergio Bitar, instancia donde fue miembro de la comisión de Derechos Humanos, la resolución judicial que obliga al Estado chileno a pagar 150 millones de pesos a cada uno de una treintena de ex prisioneros de Isla Dawson, que entablaron una demanda el año 2008.

Para Bitar, quien compartió con muchos de ellos la nefasta reclusión en la isla magall´´anica, el fallo es un reconocimiento importante. "Para los que estuvimos en la isla es una gran alegría que este grupo de quienes eran jóvenes magallánicos, hayan alcanzado justicia para reparar el daño que les produjo la dictadura al tomarlos prisioneros en un campo de concentración, sin otra razón que no sea la fuerza, sin proceso alguno y con un daño a ellos y sus familias para toda la vida".


Si bien lamentó la tardanza en la resolución de casos de derechos humanos, dijo que "el balance es positivo, porque de los países que han tenido transición a la democracia, Chile ha tenido una política sostenida en el tiempo".


Al respecto, recordó los avances conseguidos por los gobiernos de la Concertación. "El balance de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Aylwin, la mesa de diálogo de Frei, la Comisión Valech de Lagos, el Museo de la Solidaridad de Bachelet, unidos a los cambios en el sistema de justicia y en la justicia militar y, especialmente la conciencia de los chilenos, ayuda a que creamos en una democracia que es capaz de proveer justicia. Tarda pero llega y yo espero que llegue".


En conversación con
Cambio21, Bitar se mostró confiado en que el caso termine favorablemente ante una eventual apelación y que pueda servir de aliciente a otras víctimas de la dictadura.

En esa línea el miembro de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Pablo Letelier, calificó como una "vergüenza" que el Consejo de Defensa del Estado siempre apele a estas decisiones, cuando el "Estado tuvo responsabilidad en la violación derechos humanos durante la dictadura".


Agregó que, "además de la verdad y la justicia, hay un principio básico que es que debe haber reparación", por lo que calificó el fallo de "muy positivo, pero me imagino que el Consejo de Defensa del Estado va a apelar en la medida que pueda como lo ha hecho siempre".


Entrevistado por
Cambio21, parlamentario, cuyo padre Orlando Letelier también estuvo recluido en la isla, dijo que en Chile la justicia "siempre ha sido lenta, pero lo que importa es que llegue. Más allá de la reparación material, lo valioso es que este fallo permite escribir la historia en forma correcta y es un buen precedente para que se imponga la convicción de que el Estado tiene la obligación de reparar los daños causados".

La reacción de los afectados

A través de un comunicado, los ex prisioneros favorecidos con el fallo, señalaron que "el 10 de enero del año 2008, 31 ex prisioneros políticos que fuimos torturados, sometidos a trabajos forzados y confinados en los campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes entre 1973-1974, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, demandamos por daños y perjuicios al Estado de Chile.

"Con satisfacción informamos, que después de cinco años nuestra demanda en juicio de hacienda de ex prisioneros políticos de Isla Dawson y Magallanes contra el Estado de Chile, presentada por Elie Valencia, Miguel Loguercio, Baldovino Gómez, Héctor Avilés y otros, patrocinada por el abogado Víctor Rosas Vergara, ha tenido un fallo favorable en la sentencia de primera instancia notificada el 15 de enero de 2013 por la Juez Titular del 18º Juzgado Civil de Santiago, señora Claudia Donoso Niemayer".


El documento agrega que la sentencia también establece la "imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad", y da "lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por los actores," el que "este juzgado estima prudencialmente en $150.000.000 para cada uno de los demandantes, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes".


La triste historia

Isla Dawson se ubica en el Estrecho de Magallanes, fue utilizada como un campo de concentración después del golpe militar hasta octubre de 1974. Ahí fueron trasladados cerca de 30 destacados políticos, junto con unos 200 prisioneros locales.

Orlando Letelier, José Tohá, Sergio Bitar, Benjamin Teplinsky, son algunos de lo políticos que pasaron por la isla. Eran obligados a realizar marchas, ejercicios y trabajos forzosos. Muchos fueron sometidos a simulacros de ejecuciones, además de torturas físicas y psicológicas.


Algunos de los presos no tenían si quiera frazadas, no se les permitía comunicación con sus familiares, se lavaban en un canal de aguas servidas. Las comidas y barracas de alojamiento eran muy deficitarias.


Cuando el campo fue clausurado en octubre de 1974, los prisioneros fueron trasladados a la Cárcel de Punta Arenas y algunos dejados en libertad.

domingo, 27 de enero de 2013

Presidente de Bolivia desayunó con dirigentes de organizaciones sociales que participan en la Cumbre de los Pueblos

Evo Morales se reunió en un hotel con directivos de la CUT, federaciones de estudiantes, entre otros, criticando la agenda cerrada que se trata en la reunión de la Celac.
Fuente Cambio 21
El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo la mañana de este domingo un desayuno con representantes de diversas organizaciones participantes en la Cumbre de los Pueblos 2013, además de dirigentes estudiantiles y miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Morales se refirió a la lucha de los movimientos sociales en estos últimos años y señaló que "por qué tenemos que debatir a puertas cerradas los problemas sociales, los problemas culturales, los problemas financieros cuando hay una crisis de carácter económico".

En la cita, abierta por la timonel de la CUT Bárbara Figueroa -quien dio palabras de bienvenida al mandatario- Morales pidió a los asistentes que comentaran los temas que para ellos deberían ser tratados en la cumbre de los presidentes.

Respecto a la cumbre de Celac-UE, el presidente boliviano añadió que "empezó el debate el día de ayer, hemos escuchado, como siempre, que la capitalización sería la solución a la crisis financiera, el libre mercado, la competencia, yo no creo en términos de competitividad. Esas son nuestras diferencias de presidentes y de gobiernos siempre hay un espacio para debatirlas".

Por su parte, la presidenta de la CUT valoró el gesto del mandatario boliviano, por lo que "nosotros creemos que es fundamental, es muy importante, creo que esta es una señal política muy clara respecto de la necesidad que existe en el marco de la realización de cumbres institucionales u oficiales, de escuchar también a los actores que no estamos considerados en esos espacios".

Figueroa señaló que es "muy valioso" el gesto de Morales, quien "probablemente es la representación de muchos otros presidentes que quisieran acompañarnos, que finalmente escuchan esta otra mirada, esta otra voz".

Seguidores