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miércoles, 30 de octubre de 2013

El prontuario oculto de Odlanier Mena, la CNI y el juicio final

El prontuario oculto de Odlanier Mena incluye al menos 6 secuestros y muertes  con desaparición en Arica (Chaca Sur y Chaca Norte; Putre);  y múltiples falsos enfrentamientos (ejecuciones ) en Santiago y Concepción, mientras estuvo al mando de la Central Nacional de Informaciones CNI, entre diciembre de 1977 y julio de 1980.
A ello se suma el encubrimiento en la Operación Retiro de Televisores,  donde uniformados hicieron desaparecer por segunda vez, lanzándolos al mar, los cuerpos de detenidos entre 1973 y 1978, para impedir hallazgos similares al de Lonquén. La primera demanda contra los responsables de la operación Retiro de Televisores ordenada por Pinochet fue presentada por Gladys Marín, ex secretaria General del Partido Comunista, en 2004. El ministro Cornelio Villarroel aplicó de inmediato la amnistía, pero ello fue  rechazado por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, cuando la justicia investigó uno de estos hallazgos de restos, en Peldehue, Odlanier Mena no estuvo entre los sentenciados con irrisorias penas por esos atroces crímenes.

Es lógico que el historial criminal de Odlanier Mena no sea revelado por sus cómplices, pero sorprende que luego del suicidio del ex director de la CNI, periodistas autores de premiadas obras sobre los años de la dictadura se hayan unido al coro que intentó canonizar –como señalara Alvaro Ramis en la revista Punto Final – a “San Odlanier Mena mártir” (1).

Desaparecidos por  la “unidad interna”
El ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas justificó en La Segunda, a fines del 2000 la Operación Retiro de Televisores: "El hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina…Se podía inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a dañar”. (2)

Un ex subalterno de Mena en la CNI, Enrique Sandoval Arancibia, ex mayor de ejército declaró en el proceso por los restos ubicados en Cuesta Barriga, investigado por el ministro Héctor Carreño y retomado por el juez Cristián Carvajal. Sandoval dijo que en 1978 el subdirector de la CNI, Jerónimo Pantoja, lo envió a chequear el lugar donde se rumoreaba que había restos de detenidos desaparecidos y le ordenó no dinamitar la mina sino usar ácido para demoler los cuerpos. Los restos, agregó, eran cerca de 20, y fueron puestos en 50 sacos de papas. Sandoval -hasta 2007 encargado de seguridad de la Municipalidad de Providencia, contratado por el ex alcalde Cristián Labbé – testimonió que pidió instrucciones a Mena sobre cómo proceder con el ácido. Mena suspendió sus vacaciones en Mehuin, llegando al día siguiente al aeródromo de Tobalaba en el helicóptero de la CNI y ordenando a Sandoval sacar los cuerpos y limpiar la mina. Detalló  Sandoval que bajo las órdenes “del general Mena” llevaron los restos a la parcela expropiada al MIR en Malloco, donde pasaron la noche para luego partir al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde subieron los sacos a un helicóptero y los arrojaron al mar,   atados a rieles. (3)

La Operación Retiro de Televisores se hizo en todo el territorio nacional, y la CNI no pudo estar ajena a su desarrollo. En 2009 sin embargo, respecto de los hallazgos en otro lugar,  Peldehue, la Corte Suprema confirmó condenas sólo para quienes participaron directamente en las exhumaciones de los héroes de La Moneda, y lanzaron al mar los restos de los desaparecidos enterrados en el recinto militar. Pese a que el hecho fue tipificado como delito de lesa humanidad, los 3 oficiales y 6 suboficiales culpables,no fueron a la cárcel. Sólo firmaron en libertad condicional por la pena de 270 días.


Crímenes en Arica
Mónica Cristina Benaroyo Pencu  fue descuartizada viva en 1973, mientras  Odlanier Mena era jefe de zona en Arica, en Estado de Sitio. Profesora uruguaya y traductora, Mónica (43 años) trabajaba en el departamento de cultura de la Municipalidad de Arica, cuya alcaldesa era María Elena Díaz, de militancia comunista. En entrevista al diario La Segunda, el 22 de septiembre de 2010, Mena señalaba que el 11 de septiembre, “preocupado de un eventual guerra con Perú”, la noticia del golpe “me llevó a tomar detenidos a todos los dirigentes comunistas, para que no me agitaran el problema interno”.  El cuerpo decapitado de la joven profesional fue hallado casualmente en 2008 por un soldado al interior de la Cuesta Chaca, un recinto del Ejército, 22 km al sur de Arica. Una bala de 9 mm completaba el hallazgo. Junto a los restos momificados, había un billete de un escudo  (la moneda de la época), vestigios de un jean, un poncho, y una cajetilla de cigarrillos Hilton. Mónica era rumana nacionalizada uruguaya, y en Chile sus datos estaban en el registro de extranjeros, lo cual permitió su identificación.

Figuraba como desaparecida en el Informe de la Comisión para la Paz de Uruguay, por denuncia de un familiar cercano.  Para encubrir  el crimen, se fabricó en septiembre de 1973 un decreto de expulsión de la ciudadana uruguaya. La traductora, además del rumano materno, hablaba inglés, italiano, francés, alemán y español. Su padre había sido embajador de Irán (Persia) en la capital rumana, antes de la segunda guerra mundial. Su identificación se logró ese mismo año, a través de un inédito procedimiento de rehidratación de los dedos de su piel momificada, realizado por la PDI (Policía de Investigaciones) pero sólo fue confirmada por el Instituto Médico Legal el año 2010,  por comparación con el ADN de su hermana Fernanda. Tras ello sus restos –menos la cabeza, que nunca apareció- fueron entregados en agosto de ese año  a  la secretaria de la Comisión para la Paz de Uruguay, Soledad Cibils Braga.

Sus amigos uruguayos la llamaban Monique.  A su regreso de una beca en la Universidad de La Habana, que premió su  monografía sobre la vida del Ché Guevara, Monique se había afiliado al Partido Comunista de Uruguay.  Soñaba con regresar a Cuba. Fue vista con vida por última vez el 11 de septiembre de 1973,  detenida por militares y trasladada a un recinto militar. (4)

Un testigo sobreviviente y una condena
La justicia chilena condenó sólo una vez, en 2009   al primer director de la CNI, como autor de tres homicidios que tuvieron lugar en Arica mientras él era la máxima autoridad del Regimiento Rancagua.  Los ejecutados iban a ser cuatro, pero uno, Waldo Sankan se salvó. Oscar Ripoll Codoceo (38 años) era ingeniero metalúrgico, funcionario del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Julio Valenzuela Bastías (28 años) era radiooperador del ferrocarril Arica  La Paz, y Manuel Donoso Dañobeitia (26 años) sociólogo, y profesor de la Universidad del Norte. Fueron  lanzados en un vehículo a la bajada de la Cuesta Chaca Norte y fusilados  el 20 de octubre de 1973,  a más o menos 35 Km. de Arica. La prensa local sindicó de inmediato a los jóvenes  militantes socialistas, como autores del Plan Zeta a ser ejecutado en Arica “por una organización para militar del ex Partido Socialista denominada AGP, Agitación y Propaganda”. El Plan Zeta fue un burdo montaje publicado en Chile a días del golpe para justificar la represión y convencer a la población que la izquierda planeaba el  asesinato de  miles de chilenos.
Con el testimonio –entre muchos otros - del ex preso sobreviviente, la Corte Suprema, en un fallo de mayoría emitido por los ministros Jaime Rodríguez,  Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller (con los votos en contra  de Nibaldo Segura, y Rubén Ballesteros), confirmó en 2009 la condena a Odlanier Mena como autor de los homicidios de los citados militantes socialistas. La investigación la inició el juez Juan Guzmán el año 2004 como un episodio de la Caravana de la Muerte ocurrido al fin de la estadía del criminal General ® Arellano Stark en el norte. Mena fue amnistiado en primera instancia por el fallecido juez Víctor Montiglio, en 2006. Pero los ministros de la Corte de Apelaciones, Dobra Lusic y Raúl Rocha, y el abogado integrante Benito Mauritz, establecieron posteriormente que los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarse ni prescriben. Curiosamente, Sergio Arellano Stark fue absuelto en la causa, porque no se pudo probar su paso por Arica en esa fecha.
La pena de 10 años impuesta por la Corte de Apelaciones a Mena fue rebajada por la Corte Suprema a 6 años, que también recibieron los suboficiales René Bravo Llanos y Luis Carrera Bravo, integrantes del Departamento II de Inteligencia,  autores materiales del crimen.  En el proceso, Mena se negó a confesar  afirmando que otros mandos dieron las órdenes, y él sólo conoció  del “accidente” ocurrido en el camino Arica-Pisagua, en el que se habría desbarrancado un vehículo y muerto tanto prisioneros como personal del ejército. En realidad nunca hubo uniformados muertos. El certificado de defunción del radio operador Julio Valenzuela indica como causa de muerte "herida a bala con estallido pulmonar". Ripoll tenía la columna quebrada por las torturas infligidas en el regimiento, según declaró el testigo Benjamín Arriagada en el proceso, y todos presentaron heridas a bala.
Según el informe Rettig, el 9 de octubre de 1973 los tres fueron llevados al Regimiento "Rancagua" de la ciudad de Arica, uno de los centros de detención y tortura en dictadura,  detenidos e incomunicados hasta el 18 de octubre.  De allí fueron trasladados al cuartel de Investigaciones, y sacados en la madrugada del 20 de octubre por personal militar  en tenida de combate –según un testigo - para ser trasladados a Pisagua. El informe Rettig estableció que fueron llevados con la vista vendada y las manos amarradas. El vehículo recorrió 40 kilómetros hasta un punto –Cuesta Chacra- en que los conductores descendieron y empujaron al rodado a un barranco.
Waldo Sankan sobrevivió porque una puerta del vehículo se abrió expulsándolo. Llegó a pie a Arica y temiendo por su vida, se presentó ante Mena acompañado del capellán militar Mario Ruiz, quien ratificó estos dichos en el proceso. Declaró inculpando a Mena y el personal a su cargo. Sankan fue relegado a Codpa en 1973 bajo la condición de seguir manteniendo la versión oficial sobre el crimen.
Mena incumple su deber”
El juez Montiglio sostuvo en su fallo (5) que  “el propósito permanente de ocultar la verdad de lo ocurrido que se advierte en el proceder del Comandante Mena constituye un fuerte indicio del obrar doloso de éste, con la gravedad de que traslada su responsabilidad a sus subordinados, incumpliendo de ese modo el deber de todo comandante  de jamás hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de una resolución que a él ha correspondido. Se tiene presente además el hecho que el coronel Mena no dispuso medida alguna en contra de los supuestos insubordinados, lo que reafirma la convicción del tribunal en cuanto a que no es efectivo que los miembros del Departamento II de Inteligencia que intervinieron en los hechos hayan actuado de propia iniciativa, descolgándose de la línea de mando y que, por el contrario, el actuar de dichos subordinados fue en cumplimiento de una orden suya.”
 En el proceso,   el entonces mayor Mario Carrasco González, entonces fiscal militar en Arica, había declarado que en su regimiento “era el comandante Mena quien ordenaba todas las misiones secretas, reservadas y ordinarias que se realizaban, por tanto debía tener conocimiento de los hechos”.
Dos conscriptos desaparecidos
Entre los crímenes por los que Mena jamás fue enjuiciado está el secuestro y desaparición en octubre de 1974 de dos conscriptos del regimiento Rancagua de Arica, del cual  él era su comandante. El juez Daniel Calvo entregó los restos de los soldados Juan Francisco Peña Fuenzalida 21 años, y Sergio Amador Pantoja Rivera (19 años) a su familia en 2002. Ambas osamentas, plenamente identificadas por el Instituto Médico Legal,  fueron encontradas en 1999 por el juez Juan Guzmán luego de remover terrenos en la localidad de Putre. El juez constató que la mayor parte de los restos ya habían sido removidos previamente.
El 27 de mayo de 1975 Odlanier Mena firmó la siguiente  orden del día reservada que consideraba desertores a los desaparecidos: "Conforme lo dispone el Art.314 del Código de Justicia militar, dése de baja con fecha 31 de octubre de 1974, a los SL (C) Juan Peña Fuenzalida y Sergio Pantoja Rivera, de la 2a. Compañía de Cazadores, por haberse cumplido el delito de deserción". Sin embargo en 1978, la Dirección General de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, extendió un certificado señalando que "Pantoja Rivera, Sergio Amador tiene su situación militar al día con valer militar".
La verdad, relatada por un ex conscripto del mismo regimiento, es que el 24 de octubre de 1974, luego de ser interrogados  por el Servicio de Inteligencia Militar de Arica, Juan Peña Fuenzalida –recapturado luego de un intento de fuga  del campamento militar- y Sergio Pantoja Rivera, fueron sacados con las manos atadas y vendados desde el campamento de Putre al que habían sido trasladados,  y subidos en un jeep que emprendió la marcha por el camino hacia Arica.(6)
Juan Peña y Sergio Pantoja, no fueron vistos nunca más y sus familias, de Rancagua,  iniciaron la larga búsqueda meses después, recibiendo contradictorias versiones. En diciembre de 2012, la Corte Suprema condenó a 3 años y un día (prisión remitida) a los dos oficiales que estaban a cargo del cuartel en Putre, como culpables del secuestro y desaparición de los dos conscriptos del regimiento comandado por Odlanier Mena, quien una vez más –oh justicia! – no fue encausado en el proceso, investigado por el ministro Mario Carroza. Muy poco después de estos crímenes, desempeñándose en la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) fue ascendido a general.

CNI: Debut con asesinato
Odlanier Mena, posteriormente acogido a retiro, permaneció en el exterior, cumpliendo funciones diplomáticas en Panamá y Uruguay. Regresó a Chile en 1977 a pedido de Pinochet, para encabezar la Central Nacional de Inteligencia, CNI que sucedió a la DINA de Manuel Contreras. Su primer acto de servicio –venía llegando de Montevideo-  fue el asesinato del periodista Augusto Carmona Acevedo (33 años) el 7 de diciembre de 1977. Lo encubrió como un “enfrentamiento” instaurando un libreto que la CNI repetiría por décadas. La línea de los montajes ya le era familiar y los impuso en la institución que buscaba mejorar la imagen de la dictadura, en su peor momento tras el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington.
La principal “innovación” introducida por Mena consistió en no desaparecer los cuerpos de sus víctimas. El llevó a cabo una selectiva labor de aniquilamiento de miembros de la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, que intentaba retomar la iniciativa de resistencia activa contra la dictadura. El trabajo de inteligencia desplegado por la CNI descansaba fundamentalmente en el uso de la tortura, tanto  en el Cuartel Borgoño  como en decenas de instalaciones clandestinas a lo largo del país, en la huella de la DINA.
El ministro Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, procesó el 4 de abril 2013 a Mena como autor de este crimen de lesa humanidad. El procedimiento de la CNI incluyó montar una “ratonera” en el barrio, copando la zona y el domicilio del dirigente mirista. Vecinos del lugar, entre ellos el escritor Reinaldo Marchant,  atestiguaron que Carmona  fue acribillado al ingresar a su casa y arrastrado hacia el interior. Esa noche  el director de la CNI, llegó al lugar de los hechos, calle Barcelona en la comuna de San Miguel, en un automóvil Volvo del año, según declaró en el proceso Juan Arancibia López, uno de sus choferes.
Carmona en 1977 había dejado atrás el periodismo tradicional, y desde la dirección máxima del MIR impulsaba  la lucha de resistencia y la prensa clandestina. Por sus amplios vínculos con la izquierda e incluso con sectores progresistas de la democracia cristiana, desarrollaba conversaciones orientadas a la unidad antidictatorial.  El periodista, en democracia fue redactor político del tele-noticiero “NueveDiario” en el entonces Canal 9 de TV de la U de Chile,  presidente  del sindicato de trabajadores de ese Canal, y redactor de la revista Punto Final desde su fundación en 1965.  En 1970, con la estación ocupada  por sus trabajadores en apoyo al proceso que se vivía en el país, Augusto Carmona había sido elegido jefe de prensa de esa estación televisiva, hoy  Canal 11, Chilevisión, del  grupo Time Warner-CNN. 
En abril de 2013, al conocerse los procesamientos por el homicidio del periodista, la querellante Lucía Sepúlveda, que junto a su  hija Eva María Carmona interpuso la demanda, había hecho notar que algunos de los procesados en prisión por crímenes similares, disfrutaban de beneficios carcelarios como salidas de fin de semana  y otros se paseaban libremente, “condenados” sólo a firmar mensualmente. Mena a esa fecha hacía uso de salida semanal de viernes a domingo. Pero el nuevo procesamiento no alteró su beneficio ya que el juez le concedió la libertad bajo fianza.
En 1993 se había aplicado la amnistía por este homicidio, y la causa sólo se logró reabrir el año 2003. “La encargatoria de reo es apenas el primer paso hacia una sentencia que marque el fin de la impunidad”, dijo entonces Lucía Sepúlveda quien hoy considera que Odlanier Mena eludió la justicia  mediante el suicidio, siguiendo el modelo de Pinochet que se declaró loco.  
Valoramos que la investigación califique el crimen como de lesa humanidad e incluya al máximo responsable de la CNI, Odlanier MENA, como autor del delito, junto a los miembros de la Brigada Azul, encargada de la represión al MIR”, manifestó entonces la abogada Alejandra Arriaza. Los agentes que declararon en el proceso llevado adelante inicialmente por el ministro de fuero Alejandro Solís, sostuvieron que desde el reemplazo de la DINA por la CNI, todos los operativos de exterminio debían tener su autorización previa.
Procesados de la Brigada Azul
Mena reorganizó los antiguos grupos Halcón de la DINA denominando “Brigada Azul” a una de las nuevas bandas, con casi  los mismos secuaces, lo que muestra que sus discrepancias con Contreras eran parte de las luchas de poder. La ejecución de Augusto Carmona fue supervisada por Miguel Krassnoff bajo el probable mando operativo del ex mayor de ejército Manuel Provis Carrasco. Krassnoff, procesado como autor de este homicidio, cumple condenas efectivas de cárcel por 103 años por decenas de crímenes, sin beneficios hasta ahora. Encabezó la represión al MIR,  mediante la tortura, desaparición forzada y técnicas de guerra sicológica y gozó hasta octubre de una cárcel dorada en el Penal Cordillera, con toda clase de privilegios, no demasiado diferentes de los que tiene ahora en Punta Peuco.
En diciembre de 2012 la Corte Suprema confirmó la pena impuesta en otra causa al  procesado Sandoval Arancibia, cuyas declaraciones sobre Cuesta Barriga ya citamos en esta investigación. El criminal  fue condenado  a 10 años y 1 día como autor de la muerte de Luis Pantaleón Pincheira Llanos, Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, Luis Nelson Araneda Loayza, todos ellos militantes del MIR, y Juan Ramón Soto Cerda, socialista, en Las Vizcachas (1981). Cumplió en libertad la pena de 5 años por el crimen del niño Carlos Fariña Oyarce, de 13 años, y está procesado además como autor del asesinato de Germán Cortés (1978).
Un cuarto procesado por el asesinato del periodista Augusto Carmona, Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, fue condenado en segunda instancia a 5 años y un día por los delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en Uruguay (1995) del químico Eugenio Berríos, ex agente de la DINA. Cumple una “condena” en  libertad vigilada,  a 4 años por homicidio y cuatro por asociación ilícita, por  el asesinato del mayor Gerardo Huber (en 1992).
El quinto reo, José Fuentes Torres, “El cara de santo” o “Marco Cruzat” también cumplía en libertad condena a tres años como autor del secuestro de Mireya Pérez Vargas y está procesado por su participación en la Operación Colombo (caso de Los 119 desaparecidos).
El sexto reo Luis René Torres Méndez alias “Negro Mario”, estaba en libertad condicional, procesado por su participación en secuestros en la Operación Colombo, Operación Cóndor y las detenciones de dirigentes comunistas en calle Conferencia.
El séptimo reo, Basclay Zapata Reyes, “El Troglo”, cumple condena en Punta Peuco por once secuestros y el homicidio de Lumi Videla. Procesado por Operación Colombo.
La octava encargatoria de reo como autora del asesinato de Augusto Carmona fue para Teresa Osorio Navarro, “Chica Tere”, quien está acusada por Operación Colombo y por calle Conferencia. Libre al momento del procesamiento.
La causa judicial continúa respecto de estos criminales. El ministro Llanos prepara la acusación contra ellos, ya que los procesamientos  fueron ratificados por la Corte de Apelaciones.

Otros falsos enfrentamientos
Odlanier Mena  continuó  en el camino de los falsos enfrentamientos, cuando el 18 de enero de 1978, la CNI asesinó a Germán Cortés Rodríguez (29 años),  también dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),  detenido dos días antes. El montaje publicado por la prensa sostenía que  luego de su detención fue conducido a su domicilio para entregar documentación y  “estando allí en un momento trató de sorprender a los funcionarios de seguridad, disparándoles un arma que extrajo debajo de una cama, no logrando herirlos y siendo muerto por ellos,” lo que es refutado por ex detenidos. Germán Cortés fue conducido al lugar en muy mal estado debido a las torturas recibidas y abatido allí por la CNI. 
En agosto de 2013 el ministro de fuero Jorge Zepeda encargó reos por el asesinato de Germán Cortés, a tres miembros de la citada Brigada Azul: Krassnoff ,  Sandoval Arancibia y Basclay Zapata. No alcanzó a dictarse el procesamiento contra Odlanier Mena aunque dos testigos sobrevivientes, ex detenidas políticas junto a Germán Cortés lo inculpaban: Haydée Palma y Bernarda Santelices.
El mismo día de la ejecución de Germán Cortés (18 de enero) fue asesinado por la CNI Gabriel Octavio Riveros Ravelo (29 años) ingeniero y militante del MIR. Agentes del organismo dirigido por Mena  irrumpieron violentamente en su domicilio disparando. Se dijo que Gabriel había muerto de un disparo suicida. El ingeniero formaba parte del apoyo logístico del dirigente  Germán Cortés. En su departamento se reunía la dirección del MIR, encabezada entonces por Hernán Aguiló. (7)

Otros crímenes perpetrados por la CNI bajo el mando de Mena fueron incluidos en una querella interpuesta ante el entonces juez Juan Guzmán,  por genocidio contra el MIR(8).   José Avilés Miranda (72 años), contratista,  de 72 años fue asesinado  el 28 de abril de 1979. El cadáver del simpatizante del MIR, padre de un exiliado político que había estado preso en la isla Dawson, fue  encontrado en Fundo El Montijo de Renca. Había salido el día anterior de su domicilio en la comuna de Pudahuel a hacer algunas diligencias. La CNI informó a la prensa que el MIR había ajusticiado a Avilés, versión refutada en el informe Rettig. El montaje tuvo una segunda fase. La  CNI informó que el 17 de mayo de 1979, Arturo Ricardo Nuñez Muñoz (24 años), obrero de la construcción,  militante del MIR, había sido ajusticiado por esa organización. En realidad Núñez  fue detenido un día antes apareciendo su cuerpo al día siguiente en el sector de Quilicura, con dos impactos de bala en la cabeza.
El 21 de junio 1979, Juan Carlos Gómez Iturra, “Loquillo”,  27 años, dirigente del MIR y ex preso político (hijo del fallecido periodista José Gómez López) murió  luego de ser detenido y baleado en las cercanías de Lo Valledor, tras  un control policial que intentó eludir junto a otro resistente. Juan Carlos Gómez fue uno de los participantes en la huelga de hambre que en 1975 los prisioneros políticos del campo de concentración de Puchuncavi, realizaron  en protesta contra el montaje periodístico  de la Lista de los 119 (Operación Colombo).  Gómez, amnistiado en 1978,   decidió permanecer en Chile. Capturado y herido, fue torturado por un carabinero en un vehículo  e  ingresó muerto  al Hospital Barros Luco,  a causa de heridas a bala torácico abdominales con salida de proyectil, según el certificado de defunción.  Su acompañante fue condenado a 10 años de cárcel por la muerte de uno de los policías.  En 2011, su hermano, el senador Juan Antonio Gómez presentó una querella por su muerte, que lleva adelante el ministro Carroza.

El 23 de junio de 1979 fueron ejecutados en Concepción Alberto Eugenio Salazar Briceño, ex marino de Talcahuano  e Iris Yolanda Vega Bizama, miembro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD. Ambos eran militantes del MIR y murieron al explosionar  un artefacto explosivo en calle Maipú. La CNI los acusó de intentar colocar una  bomba en el local de Radio Nacional. Otras diez personas fueron detenidas y acusadas de planificar la operación. Todos los imputados fueron absueltos en 1980 y por el homicidio de Alberto Salazar e Iris Vega, reconocido por el Informe Rettig no hay procesados.

El 4 de agosto de 1979 murió  Antonio Apolonio Lagos Rodriguez (33 años), técnico en minas y militante del MIR que cumplía tareas de resguardo de Andrés Pascal, secretario general de ese partido. Su casa ubicada en El Arrayán, fue atacada por efectivos de la CNI.   La policía secreta buscaba a Pascal, que había retornado a Chile ese año y vivía allí   pero no llegó esa noche. A consecuencia de los disparos se produjo un incendio en el inmueble y una explosión. Antonio Lagos murió carbonizado.
El 21 de agosto de 1979 en el centro de Santiago, fue detenido por un carabinero el profesor secundario Federico Alvarez Santibáñez, por lanzar panfletos del MIR. Desde la 9ª Comisaría la CNI lo llevó al cuartel secreto de Borgoño 1470, donde fue torturado durante seis días por cuatro agentes, entre ellos Jorge Andrade Gómez y Jorge Vargas Bories. Sin poder sostenerse en pie y sangrando profusamente, se le condujo ante un fiscal militar quien lo envió incomunicado a la Penitenciaría. Al día siguiente los gendarmes lo trasladaron a la Posta Central donde falleció víctima de contusiones múltiples, fractura de cráneo y aspiración de sangre y vómitos. El sumario llevado a cabo por el Colegio Médico en contra de los miembros de la orden que participaron en los hechos,  indica que la causa de la muerte no fue un golpe en la cabeza,  mencionado en la versión dada a conocer por la CNI y el gobierno  (7).
El 27 de noviembre de 1979 muere el profesor Ricardo Ruz Zañartu (36 años) dirigente  del MIR, ex preso político liberado en 1978. La versión del informe Rettig indica que  intentó evitar un control vehicular de Carabineros en calle Pedro de Valdivia esquina Las Encinas,  en Santiago. El se percató de esta situación y trató de huir en el taxi en que se movilizaba, produciéndose en ese momento “un enfrentamiento con los policías que le causó la muerte”, el conocido libreto propalado por la CNI.
También ese día de 27 noviembre, es abatido Andrés Fernando Fuenzalida Zurita (33 años). La versión oficial indica que fue  muerto en Pedro de Valdivia con Las Encinas, Santiago, por Carabineros, en un enfrentamiento, como indicaban todos los comunicados oficiales de la época.  Tres días antes, un comando miliciano de la resistencia había asaltado un camión recaudador del Banco Concepción, en el supermercado Agas ubicado en Manquehue Sur, Las Condes. La CNI sindicó a  Andrés Fuenzalida como culpable de la muerte del  cabo carabinero Bruno Burdiles Vargas durante esa acción.
Al año siguiente, el 28 de abril de 1980  muere “en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad”, según la versión oficial, Oscar Salazar Jahnsen, profesor, quien salió de su casa, no regresando al mediodía como se había comprometido. Había sido objeto de seguimientos previos, razón por la cual había interpuesto un recurso de amparo preventivo en su favor. Ese mismo día, un comando de la Resistencia había accionado frente a la llama de la Libertad en el cerro Santa Lucía, resultando muerto  un carabinero. A las 20:00 horas fue allanado su domicilio por personal de la CNI. Al día siguiente los familiares leyeron en los diarios que Oscar Salazar había fallecido en un enfrentamiento.
A fines de 1980 Odlanier Mena dejó la CNI, cuestionado porque pese al aumento de detenciones, el uso de la tortura y el montaje de falsos enfrentamientos, el MIR continuaba operando con audaces acciones armadas. El 15 de julio de 1980 un comando de la resistencia ajustició  a Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Pinochet pidió la renuncia a Odlanier Mena el 24 de julio,  asumiendo el  mando de la policía secreta el ex miembro de la Junta militar, general ® Humberto Gordon Rubio hasta entonces jefe de zona en Estado de emergencia. Pinochet ordenó a Gordon coordinar  desde un denominado Comando Antisubversivo (CAS) a los servicios que investigaban el ajusticiamiento del coronel Roger Vergara.
Gordon había conformado un comando Antisubversivo  integrado por la Brigada de Homicidios (BH), la recién creada Brigada de Inteligencia Policial (BIP), el Departamento OS-7 de Carabineros y la Brigada Metropolitana de la CNI, que  también empezó su gestión con un crimen. El 2 de agosto de 1980 murió a consecuencias de la tortura el estudiante de Periodismo Eduardo Jara Aravena (29 años)  militante del MIR,  secuestrado el día 23 de julio,  en la esquina de las calles Eleodoro Yáñez con Los Leones junto a Cecilia Alzamora, quien sobrevivió.  Nunca hubo condenas por el asesinato de Eduardo Jara, aunque cayó la plana mayor de Investigaciones encabezada por Ernesto Baeza,  debido a las repercusiones de ese y otros casos (9).  De ahí en adelante, en la CNI la historia vuelve a repetirse con nuevos asesinatos y montajes,  detenciones y uso permanente de la tortura como método principal de investigación, en la huella de su fundador, Odlanier Mena.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que preside Alicia Lira, entregó  a los tribunales de justicia  311 nuevas querellas por ejecutados políticos, hombres y mujeres entre los cuales están  varios de los casos aquí reseñados (10). Ello forma parte de la campaña que ha mantenido la agrupación:  “Impunidad Jamás”. Un total de 1350 víctimas fueron ejecutadas por agentes del Estado en dictadura. Gran parte de esos crímenes fueron perpetrados por la CNI, moldeada por su primer director Odlanier Mena quien ni siquiera cumplió los 6 años de prisión dorada a la que fue condenado por la justicia chilena,  y fue enterrado en medio de vítores de uniformados activos y retirados de su generación.  Pero el pueblo de Chile y las nuevas generaciones ya no aguantan más mentira y más impunidad y no desean que más criminales puedan eludir la justicia.

Fuentes:
1)       Alvaro Ramis, “En la Piel del Verdugo”, Punto Final, edición 791.
2)       “Ex Director de la CNI advierte”, en La Segunda, 15 noviembre 2000, citado por Elizabeth Lira y Brian Loveman en “El espejismo de la reconciliación Política en Chile: 1990-2000”
3)       Operación Retiro de Televisores, en “Los Crímenes que estremecieron a Chile, Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega” (Ceibo 2013), págs. 357-373.
5)       Fallo Cuaderno Arica del Proceso Caravana de la Muerte, dictado por Víctor Montiglio el 12 de abril de 2006.
7)       http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25613 E. Cortés, Cronología del Terror, Punto Final.
8)       Querella Víctimas MIR http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/QMir03.html
 

martes, 29 de octubre de 2013


El intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, hizo un llamado a los participantes a realizar una marcha pacífica que no cause inconvenientes a las personas que a esa hora deben movilizarse por ese sector de la ciudad.

Trabajadores municipales realizaron una marcha en la Región Metropolitana, en el marco de la paralización que llevan adelante y que cumple dos semanas demandando mejoras salariales al gobierno, buscando planes de mejoramiento de gestión, incremento previsional y una readecuación por título.

La movilización tuvo tres recorridos que confluyen en el cabezal norte del Parque Bustamante, en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, según informó radio Biobío.

Así lo informó la Intendencia Metropolitana, expresando que la autorización de la actividad rige desde las 10 hasta las 14:30 horas, y que el punto de reunión será el Parque Bustamante.

En el parque se instaló el escenario. Específicamente en la explanada del cabezal norte del Parque Bustamante, en las comunas de Providencia, Santiago y Ñuñoa.

La intendencia dijo que el recorrido para la marcha por "demandas municipales" fue establecido tras analizar los informes de Carabineros y la Seremi de Transportes con el objetivo de lograr la mejor ecuación para mantener el normal funcionamiento de la ciudad, la seguridad de los vecinos y de los mismos asistentes a la actividad.

El intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, hizo un llamado a los participantes a realizar una marcha pacífica que no cause inconvenientes a las personas que a esa hora deben movilizarse por ese sector de la ciudad.

Dicen que si en 20 años no hubo cambios, “nada garantiza que ahora los harán"

Confech no le compra propuesta educacional a Bachelet y anuncia un 2014 con movilización callejera

"El programa de Bachelet tiene los mismos titulares que antes, pero se va a definir el próximo año", sostuvo el timonel de la Feuc, Diego Vela. En esa línea, el representante de la FECh, Andrés Fielbaum, recalcó que "es imposible estar bien con los estudiantes y con los empresarios".
Por El Mostrador.


 
Los principales representantes de los estudiantes secundarios y universitarios, reunidos en la ACES y la Confech, criticaron el programa de gobierno presentado el domingo pasado por la candidata presidencial del pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), Diego Vela, aseguró que “para (que ocurran) los cambios en Chile, se necesita no quedar bien con todos, sino que buscar el bien de todos”.
“El programa de Bachelet tiene los mismos titulares que antes, pero se va a definir el próximo año (…) está abierto a que continúe el negociado en la educación”, agregó el dirigente estudiantil.


En esa línea, el timonel de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Andrés Fielbaum, recalcó que “es imposible estar bien con los estudiantes y con los empresarios”.
“Lo que estamos diciendo no es una mera abstracción, sino que hay un titular dentro de las propuestas que dice fin al lucro en todo el sistema educativo, un titular que parece estar cercano a alas consignas del movimiento. Sin embargo, el contenido posterior, declara que aquellos colegios que lucren no pueden recibir fondos públicos, lo que es una contradicción a su juicio evidente y demuestra un engaño a la ciudadanía”, sostuvo.
“La candidatura de la Nueva Mayoría ha optado por mantener la ambigüedad y seguir delegando los cargos en los mismos de siempre”, insistió el líder estudiantil.
En tanto, la vocera de la Aces, Isabel Salgado, señaló que “hay una desconfianza de los estudiantes secundarios sobre el programa de Bachelet (…) si durante 20 años la Concertación no realizó los cambios, nada nos garantiza que ahora lo van a hacer”.

 

Movimientos de la cuenta corriente del BCI figuran en expediente por caso Letelier:

Los pagos secretos de la DINA a Copesa y El Mercurio

Los documentos bancarios, que llevaban la inconfundible firma de Manuel Contreras, fueron cobrados desde la cuenta corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de “Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR”. Estos constan en un listado adjunto al expediente del homicidio del ex canciller Orlando Letelier, en la Corte Suprema. 
 
El diario El Mercurio  y algunos de sus medios asociados, así como el Consorcio Periodístico Copesa, recibieron dinero  de  la  DINA en 1975. Los pagos se efectuaron mediante cheques  que ambas empresas cobraron desde una millonaria cuenta encubierta que esta organización criminal mantenía en un banco nacional, cuyo titular era el jefe de este organismo, Manuel Contreras.
Los medios que en un informe de la Corte Suprema aparecen cobrando documentos extendidos por el organismo de fachada son, además de El Mercurio y Copesa, los diarios Las Ultimas Noticias, Diario Austral, La Nación, La Prensa, además de El Día y La Discusión  de Chillán. También recibieron pagos los semanarios Qué Pasa y Ercilla y las agencias internacionales de noticias United Press International, UPI y France Press, como también la agencia nacional Orbe.
Los documentos, que llevaban la inconfundible firma de Contreras, fueron cobrados desde la cuenta corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de “Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR”.
A juicio de organismos de Derechos Humanos, los pagos efectuados por la DINA a estos órganos de prensa, explican no sólo el ocultamiento en la información de estos medios acerca de los crímenes de la dictadura, sino también su complicidad al informar sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes de izquierda, cuando judicialmente quedó establecido que sus muertes fueron asesinatos y desaparecimientos.
Entre estas informaciones de prensa está la Operación Colombo. Esta fue un montaje de la dictadura sobre 119 detenidos desaparecidos que algunos de esos medios hicieron figurar como ejecutados por sus propios compañeros en Argentina, producto de rencillas políticas internas o muertos en inventados enfrentamientos con las fuerzas policiales argentinas.
También está el crimen de Rinconada de Maipú, en el que algunos periodistas “cubrieron la espalda” de la DINA difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la investigación judicial sobre el caso.


A ello se suman los múltiples falsos intentos de fuga de prisioneros informados por estos medios en Santiago y regiones, cuando los juicios y respectivos protocolos de autopsia determinaron que fueron crímenes, como aquellos de Pisagua, Temuco, San Antonio, Copiapó, Calama, Linares y Santiago, entre otros.
La DINA también financió desde esta cuenta a distintos estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe, el Comando de Institutos Militares, CIM, el Batallón de Telecomunicaciones, la Escuela de Infantería de San Bernardo, los regimientos de Infantería N°4 “Arauco” y N° 9 de Chillán, el Instituto Geográfico Militar y la Fábrica de Materiales y Armamento, Famae.
La propia Junta de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, también cobraron cheques desde la cuenta de “DINAR”.
Todos los documentos fueron cobrados en “escudos” que era la moneda nacional vigente en Chile hasta el 29 de septiembre de 1975, cuando fue cambiada al actual peso (para calcular después de esa fecha,  1.000 escudos = 1 peso).
De acuerdo al informe del más alto tribunal del país, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el sueldo vital, ingreso mínimo de la época, era de 27 mil escudos.
Desde esta cuenta también fueron pagados con altas sumas mensuales los principales agentes, entre ellos Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, Christoph Willikie, Eduardo Iturriaga Neumann, Cristián Labeé y Juan Morales Salgado, además de la amante de Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica Santa Lucía.
El referido informe de la Corte Suprema sobre esta abultada cuenta camuflada, está adscrito al expediente sobre el crimen del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cometido por agentes DINA en Washington en 1976. En él se revisaron todos los movimientos bancarios ocurridos en esta cuenta durante 1975, cuando la DINA reinaba en el país.

sábado, 26 de octubre de 2013

Fallecio la compañera LAURA MOYA

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Queridas Compañeras y Compañeros.

Ha fallecido una gran mujer comprometida con la vida, la memoria y los Derechos Humanos: Laura Moya Díaz, fundadora de la casa de la memoria de José Domingo Cañas.

Laura, escribió un libro sobre su amada sobrina cuyo título es. "Lumy Videla Moya, su vida, su lucha y su heroica muerte". Físicamente no podrá asistir al lanzamiento del libro, pero su legado y su ejemplo siempre estará presente en todos los que luchan por la justicia , la memoria , la verdad y la construcción de una sociedad más humana y justa para todos.

Llamamos a estar presente en la despedida de la compañera Laura Moya. a partir de las 16.p.m. de este viernes en la casa de la Memoria, ubicada en J.D. Cañas 1367. de la comuna de Ñuñoa.

Coordinadora de ex- presos políticos de Santiago.



Sus funerales serán el Domingo 27 de Octubre a las 11:30 hrs. en el Cementerio General de Santiago. El cortejo partirá de Casa Memoria José Domingo Cañas a las 10:00 hrs





Los compañeros de La Coordinadora de Ex Presos políticos de Santiago, nos juntaremos hoy sábado a las 19 horas en Jose Domingo Cañas.


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Coordinadora de Ex Presos Políticos de Santiago Chile
(comisión comunicaciones )
coordinadora.expp.santiago@gmail.com
VISITA NUESTRA PAGINA : www.exprisioneroschile.cl

61 días de huelga de trabajadores de supermercado Montserrat: bajo el puente y desempleados

Fuente El Cclarin.cl
 
Lo único que puedo dejarle a mis hijos es la educación para que no sean esclavos de este sistema empresarial como yo”, dice Paulo Nieto, trabajador despedido de la cadena de supermercados Montserrat. Ya llevan 38 días viviendo bajo el puente Pío Nono en el río Mapocho en pleno corazón de Santiago. En total, 61 días en huelga. Los trabajadores, entre estos 171 despedidos, denuncian un sistema empresarial explotador, exigen un aumento de 30 mil pesos mensuales en su suelto base y una mejora en el trato.
Sin embargo, la empresa Montserrat no ha querido dar solución. Incluso, ha llamado esta paralización y sindicalismo una “huelga temporal” a pesar de que se han mantenido por más de dos meses. En este momento, buscan que los trabajadores despedidos puedan ser reingresados para bajar la huelga pero el supermercado no ha aceptado el trato.
El gobierno no nos pesca ni tampoco los medios de comunicación” señala el trabajador. Los transeúntes que caminan durante el día en el sector apoyan con un aporte solidario: un par de monedas. A momentos, algunos se detienen a observar cómo por una delgada escalera los trabajadores han armado un campamento en la ribera.

Hasta el momento, se han acercado los estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile que permiten que usen los baños y les dan almuerzo, han sido contactados por dirigentes estudiantiles y por los candidatos presidenciales Marcel Claude y Roxana Miranda. De la misma forma, los funcionarios de la Posta Central han entregado medicamentos.

Paulo Nieto comenzó a trabajar en esta cadena de supermercados de paso no má y así han pasado 20 años. Explica que en este sistema y gobierno empresarial a los trabajadores los hacen tontos. “Cada día los empresarios dicen que las condiciones mejorarán, que el sueldo aumentará pero después llega ese día y no es así” explica.

De la misma manera, crítica la falta de apoyo de parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Señala que es en estas situaciones en las que uno ve realmente lo que es la CUT. “Dice ser de los trabajadores pero no es así la cosa. Son empresariales” dice.

Acá hay un problema de los derechos de los seres humanos. Algunos sólo ven la parte empresarial” explica Nieto mientras que en su mano contiene un tarro que golpea los oídos con algunas monedas. Finalmente esas monedas recolectadas durante el día permiten que los trabajadores escasamente alimenten y mantengan a sus familias.

Los trabajadores pertenecen al sindicato interempresa Montserrat y, hasta el momento, seguirán en huelga porque no queda otra opción. Todos endeudados y todos en un intento de mantener a sus familias. El número que inicialmente se acercaba a 400 trabajadores ha ido disminuyendo a medida que pasan las semanas.

DECLARACION PUBLICA C.G.T. CHILE

CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES
Dieciocho 45 - 5o P.  A - Fono: 2695 1092 – 2696 0208
Lautaro Navarro Nº 1330, segundo piso, Punta Arenas
*   EDUCAR – ORGANIZAR – LUCHAR  *



Santiago , 22 DE octubre de 2013

DECLARACION PUBLICA
1.-       A menos de un mes de la elección presidencial, los trabajadores seguimos escuchando promesas de reformas y cambios. Las mismas que se han repetido desde 1990. Ni una candidatura ha expuesto con claridad cuales y cuando se harán las reformas más sentidas por la clase trabajadora y cuales son estas.
Es por eso que el 22 de Octubre presentamos a todos los candidatos un documento dando cuenta de las aspiraciones más urgentes, las más sentidas por los trabajadores. Asignaciones de locomoción de 2 pasajes diarios, asignación  familiar por hijo equivalente a medio kilo de pan y medio litro de leche al día, gratificación garantizada de 4.75 ingresos mínimos, y pensión minima equivalente a un ingreso mínimo, figuran dentro de las urgentes.

            Como organización nacional queremos saludar la adhesión que esta propuesta han mostrado diversas organizaciones sindicales y llamamos a los trabajadores a tomar nota de esta exigencia, desarrollar organización y demandar las mejoras en los proyecto de contrato colectivo que se presenten.
            Mas allá del resultado electoral es claro que solo obtendremos respuestas unidos y organizados.

2.-       Desde hace un tiempo se viene promoviendo la idea de incorporar en las boletas de pago de consumo la lectura de que se puede otorgar una propina del 10% al servicio. Dicho emolumento tendrá el carácter de voluntario y serviría para mejorar los ingresos de quienes trabajan en el sector gastronomico.
            Sostenemos que ese no es el camino, la propina siempre ha sido opcional y es entregada por el cliente. Lo que se necesita con urgencia es la restitución de la ley 7.388, que entregaba el 10% del total del consumo a quienes prestaban el servicio.

            La propuesta de algunos parlamentarios y del gobierno es insuficiente, en buenas cuentas un volador de luces. Lo que se debe establecer para el sector es una jornada continua de 8 horas diarias, la entrega del % de las ventas sobre la remuneración que actualmente reciben los trabajadores, distribuido entre todos los que participan del proceso, la profesionalización del servicio, incluyendo conocimientos básicos de ingles y el derecho a los feriados irrenunciables.
Lo demás es parte de la parafernalia que rodea el proceso electora y no va en beneficio de los trabajadores.


DIRECTORIO NACIONAL C.G.T. CHILE

Nuestra Fuerza  es la Unidad, Nuestra Meta la  Victoria

jueves, 24 de octubre de 2013

La Concertación debe explicaciones (LXII): durante el gobierno de Frei intentó nombrar agregado militar en Rusia a Krassnoff

El liderazgo de la Concertación debiera darle también explicaciones a sus bases y al país respecto de porqué sus gobiernos nombraron, quisieron nombrar o mantuvieron reiteradamente como representantes de Chile en el exterior a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos; no importándoles siquiera que ello suscitara un bochorno internacional para nuestro país.
Así, el gobierno de Frei Ruiz Tagle pretendió enviar a la Misión militar en España a Jaime Lepe Orellana, que ¡había sido miembro de la Brigada Mulchén, entidad de la DINA que se encargó del asesinato del funcionario internacional chileno-español Carmelo Soria! Ante la oposición del gobierno español, no pudo hacerlo (Ver Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; p.350). Luego, el funcionario socialista de la Cancillería, Carlos Parker, reconoció en el agregado aéreo en España, Héctor Barrientos, a quien lo había torturado en Isla Dawson, luego del golpe. Pese a la conmoción producida, el gobierno de Frei lo mantuvo en el cargo (Ver El País de España; 4-11-1997).

Por otro lado, el gobierno de Frei intentó designar como agregado militar en Ecuador a otro miembro de la Brigada Mulchén, Pablo Belmar. Sin embargo, éste “no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese país se sumó la firme postura del embajador Roberto Pizarro, quien estuvo dispuesto a renunciar si asumía Belmar” (La Nación; 31-1-1996). Luego, Frei quiso nombrarlo en la Misión militar en El Salvador. Ante ello, el propio presidente (¡del partido de extrema derecha ARENA!) de ese país, Armando Calderón Sol, “confirmó las declaraciones del canciller Ramón González Giner, en cuanto a que su gobierno rechaza la llegada al país del militar chileno Pablo Belmar en calidad de asesor de la Fuerza Armada salvadoreña por las acusaciones que pesan en su contra sobre violaciones a los derechos humanos” (La Tercera; 17-2-1996).

Además, respecto de El Salvador se añadía el hecho que “desde el 1 de julio de 1995” ocupaba el cargo de agregado militar de Chile en dicho país –y como concurrente en Guatemala- “el brigadier George Willeke, implicado en el caso Prats, en la reciente resolución de la jueza (argentina) María Servini de Cubría” (La Nación; 31-1-1996). Todo esto provocó que “el propio gobierno salvadoreño” hiciera trascender “su malestar” y que además planteara su disposición “a cesar el acuerdo de asesoría entre el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas de El Salvador, que data de 1991” (La Nación; 31-1-1996).

Incluso, el gobierno de Frei ¡pretendió nominar a Miguel Krasnoff Marchenko como agregado militar en Rusia!, lo que se vio frustrado por la natural indignación suscitada en organismos de derechos humanos (Ver El Mercurio; 1-2-1996).

Más revuelo provocó el caso del oficial chileno a cargo de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en la frontera indo-pakistaní, Sergio Espinoza Davies, producto de la información de que “el general Espinoza fue acusado recientemente por familiares de fusilados en Pisagua, de ser uno de los miembros del Consejo de Guerra que el 29 de octubre de 1973 cambió una sentencia ya fallada para, bajo presión de mandos superiores, redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del Partido Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz, Rodolfo Fuenzalida y José Sampson fueron fusilados en la madrugada del día siguiente en el campo de prisioneros de Pisagua” (La Nación; 18-9-1998).
Y pese a la presión de Naciones Unidas para que el gobierno chileno lo retirara, éste prefirió que fuera la propia ONU quien tomara la decisión de sacarlo de su cargo: “Según fuentes e informaciones extraoficiales coincidentes, el Gobierno prefirió este camino –que conlleva el bochorno internacional como lo planteó el Canciller José Miguel Insulza- a tener que responder ante el Ejército por llamar a retiro al brigadier general” (La Nación; 18-9-1998).

La indiferencia gubernamental se expresó también en el nombramiento de embajadores. Así, a comienzos de 1994 el flamante gobierno de Frei quiso designar como su embajador en Suiza al funcionario Luis Winter Igualt, quien se había desempeñado como Fiscal Naval de Valparaíso luego del golpe de 1973. Winter, en octubre de 1977 –mientras se desempeñaba como diplomático chileno en las Naciones Unidas en Ginebra- fue acusado por la portavoz del “Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno” en Suiza, la periodista Marie Tecklenburg-Bonnard, de haber ordenado torturar a dos presos políticos chilenos: Jorge Escalante Hidalgo y Leopoldo Luna, quienes testimoniaron al respecto ante la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ver El Mercurio de Valparaíso; 10-1-1981). Winter se despojó de su inmunidad y se querelló por difamación contra Marie Tecklenburg ante la Justicia de Suiza. En enero de 1981 ésta absolvió a la periodista suiza de los cargos de difamación y condenó a Winter “a pagar las costas del proceso y una parte del pago del abogado (1.000 francos suizos) de la acusada” (La Suisse; 10-1-1981).

Por cierto, la comunidad chilena en Suiza se movilizó denodadamente para impedir dicho nombramiento. Así, el gobierno suizo terminó solicitándole al chileno que lo desechara. Ante una situación tan bochornosa, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en lugar de retirarle su confianza, lo designó Consul General en Houston. Posteriormente, bajo Lagos y Bachelet, Winter llegaría a ostentar un alto cargo en la Cancillería (Director de Políticas Especiales) y en 2007 ¡fue designado por Michelle Bachelet como abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado!

Asimismo, durante el gobierno de Lagos se denunció que el agregado militar en España, Rodolfo Ortega Prado, había sido jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989; y que en 1988 se había asesinado allí a la joven dirigente del PS, Susana Obando (Ver La Nación; 29-2-2004). Pese a que altos dirigentes políticos españoles –de Izquierda Unida y de Ezquerra Republicana de Cataluña- abogaron por su cese en el cargo, el gobierno chileno lo mantuvo en él hasta el término de su período en 2005.

Quien sí tuvo que ser alejado de su cargo de Cónsul General de Chile en Honduras, fue el que dirigió como capitán de Ejército la represión en San Fernando luego del golpe de 1973, dejando una estela de detenciones, torturas y muertes: Ricardo Manríquez Pearson (Ver La Nación; 12-4-2004). Las protestas surgidas en Chile y el exterior fueron tan fuertes, que el gobierno de Lagos se vió virtualmente obligado a ordenar su retorno como diplomático, carrera a la cual había ingresado durante la dictadura en 1979.

Estos fueron los casos que llegaron a conocimiento público; pero con toda probabilidad debe haber habido muchos más. De hecho, otros agregados recibieron denuncias responsables de haber violado los derechos humanos con posterioridad a sus destinaciones; como Juan Emilio Cheyre y Hernán Gabrielli. Es decir, este era un tema que no solo dejaba indiferente a los gobiernos de la Concertación desde una perspectiva ética y de justicia, sino además desde el punto de vista del prestigio de nuestro país en el exterior. Lo que quedaría con total evidencia luego de la detención de Pinochet en Londres, hace quince años, en octubre de 1998…