Páginas vistas en total

martes, 31 de diciembre de 2013

La Justicia confirmó la condena a Manuel Contreras y ex agentes de la Dina por secuestros en ex Colonia Dignidad


El Mamo y Carlos López Tapia deben cumplir penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los crímenes.
Cambio 21
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y contra ex agentes de la policía secreta por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.

La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Dobra Lusic, Adelita Ravanales y Jenny Book, ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda el 23 de enero de 2012, que condenó a Contreras y a Carlos López Tapia a penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los crímenes.

Además, se corroboró la condena a Eugenio Fieldhouse Chávez a la pena de 5 años y un día de presidio en calidad de cómplice.

Asimismo las juezas absolvieron por falta de convicción a los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke Koschitzke y Karl Johann Van Den Berg Schurrmann, quienes habían sido condenados en primera instancia a 5 años y un día de presidio en calidad de cómplices.

En el aspecto civil, por decisión de mayoría y con el voto en contra de la ministra Book, se acogió la excepción de incompetencia del tribunal planteada por el Consejo de Defensa del Estado y revocó la condena al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.

Sin embargo se determinó que los condenados Contreras Sepúlveda, López Tapia y Fieldhouse Chavez deben pagar una indemnización de noventa millones de pesos a Filma Canales Soré -madre de Juan Maino Canales- y de sesenta millones de pesos a María Dolores Elizondo Ormachea -hermana de Antonio Elizondo Ormaechea- por el daño moral provocado.

Ingresa a la instancia del organismo internacional el 1 de enero

Chile abogará por reformas, DD.HH. y paz en Consejo de Seguridad de la ONU

El ministerio de RR.EE., a través de un comunicado, señaló que el país "actuará guiado por los principios fundacionales de Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la vigencia y el respeto de los tratados internacionales".
Por Efe

consejo-seguridad-onu
Chile se integrará a partir de este miércoles como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con la intención de promover la reforma de los organismos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos y la solución pacífica de controversias, informó hoy una fuente oficial.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile seguirá contribuyendo a reforzar el multilateralismo efectivo de manera que el Consejo de Seguridad continúe haciendo aportes concretos a la prevención y resolución de crisis que afecten la paz y seguridad internacionales en diferentes regiones del mundo.
Chile, que a mediados de octubre pasado fue elegido para integrar el Consejo durante el periodo 2014-2015, considera prioritario que la comunidad internacional aborde una reforma de los organismos políticos y económicos, surgidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con el comunicado.
El texto detalló que “Chile actuará guiado por los principios fundacionales de Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la vigencia y el respeto de los tratados internacionales”.
“Asimismo, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia, y la solución pacífica de las controversias. Ello, con la convicción de que los complejos problemas y desafíos actuales requieren de soluciones globales basadas en la cooperación y la solidaridad”, añadió.
En el comunicado se consignó que desde el Consejo de Seguridad, Chile continuará ejerciendo sus responsabilidades internacionales, apoyando iniciativas que fortalezcan la acción de Naciones Unidas en sus tres pilares: paz y seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo, desde una perspectiva centrada en la persona humana.
El pasado 19 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, recordó que el país “siempre ha tenido una política exterior basada en principios básicos, como la resolución de los problemas mediante los organismos multilaterales y el respeto a la soberanía de los países, los tratados y el derecho internacional”.
El pasado 17 de octubre, Chile logró por quinta vez en su historia acceder al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras una votación en la Asamblea General en la que también resultaron elegidos Chad, Nigeria, Arabia Saudí y Lituania para ocupar un asiento no permanente en ese organismo para el bienio 2014-2015.

Los lazos del dueño del diario El Mercurio con los asesinos del químico de la DINA Eugenio Berríos

Escrito por María Elba Tronco

Los vínculos entre Agustín Edwards y dos ex agentes de la DINE implicados en seguimientos a Eduardo Frei Montalva y condenados por el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, explicarían el por qué El Mercurio oculta informaciones sobre el Magnicidio del ex presidente padre del actual senador. Carmen Frei a Cambio21: "El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen"
Ni el novelista más prolífico podría haberse imaginado las intrigas que durante décadas se fraguaron en nuestro país, que permitieron el golpe de Estado y ampararon las violaciones a los derechos humanos de una dictadura que se prolongó por 17 años.

A través de sus aparatos de inteligencia, el general Pinochet llevó a cabo un plan de exterminio sistemático de los principales líderes políticos y sociales, entre estos el magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en enero de 1982 a través de la técnica del envenenamiento y el líder sindical Tucapel Jiménez, encontrado degollado en su taxi sólo días después, el 25 de febrero del mismo año.

Para no dejar huellas, las intrincadas redes de este macabro aparato alcanzaron hasta a sus propios aliados, como es el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que empleó el peligroso gas Sarín y otras sustancias venenosas con las que fue asesinado el Presidente Frei.

Las investigaciones en torno a los asesinatos de Tucapel Jiménez, Eugenio Berríos y Eduardo Frei Montalva,  han arrojado nombres que se repiten, entre estos los altos mandos de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el Mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenados como autores del crimen del ex agente Berríos, ocurrido en Uruguay.
Ambos ostentan en su currículum haber sido jefes de la escolta personal del general Augusto Pinochet, y que - estando en servicio activo en el Ejército - hicieron seguimientos al ex presidente Eduardo Frei y formaron parte de la plana directiva de Serprotec S.A, empresa de seguridad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Juan Luis Armando Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Cía., esta última propiedad de Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia.
Los antecedentes

El año 2011 se editó el libro "Magnicidio. Asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva", escrito por el periodista Benedicto Castillo, donde se develan todas las oscuras maniobras que rodearon la muerte del ex mandatario.

El periodista recopiló antecedentes que confirman la estrecha relación que durante años mantuvieron el empresario dueño del consorcio periodístico El Mercurio S.A.P. y estos ex agentes de la DINE.

En conversación con Cambio21 el autor señaló que en su investigación de más de tres años no descubrió nexos entre El Mercurio y la operación para la eliminación del mandatario, "no obstante arroja que Agustín Edwards, después del secuestro de su hijo, creó una empresa de seguridad (Serprotec S.A) donde puso a cargo a estos altos agentes de la DINE".

Explicó que "tanto el general Eugenio Covarrubias como Arturo Silva Valdés están implicados en muchas causas de derechos humanos, entre las que se enmarca el crimen de Berrios, fabricante de químicos letales para llevar a cabo la operación para asesinar a Frei. A cualquiera que lea los datos y analice los documentos, le queda claro que si Edwards crea una empresa que es dirigida por dos importantes agentes de inteligencia vinculados a violaciones a los derechos humanos, no tendría interés en publicar antecedentes que hablen mal de dos importantes de sus colaboradores".

Detalló que "el mayor Arturo Silva Valdés fue jefe de la llamada Unidad de Bajas del Ejército, a través de la cual la DINE buscaba sacar del país a los principales agentes que estaban involucrados en los más horrendos asesinatos - como Eugenio Berrios - a quien la justicia buscaba para esclarecer crímenes tan importantes como el de Frei Montalva".

La cercanía de ambos condenados con El Mercurio, queda ratificada con otros antecedentes publicados en el libro de Castillo, entre los que destaca que el general Covarrubias puso como gerente general de Serprotec S.A., a su hijo mayor.

Agregó que "a esto se suma que ambos trabajaban mediodía en la DINE y mediodía en la empresa de Edwards, lo que además de ser algo extraño es claramente un acto de corrupción porque un militar que está en servicio activo no puede
trabajar en un servicio privado, porque rompe con las normas del ejercicio público de la profesión".

Un continuo

Otro que conoce el actuar de El Mercurio en el tratamiento de estas causas, es el investigador Fernando Villagrán, autor de "El Diario de Agustín", obra que relata el rol que jugó este medio de comunicación durante la dictadura.

En diálogo con Cambio21 dijo que este no es un hecho aislado: "La vinculación de Agustín Edwards con los servicios de seguridad de la dictadura marcan un continuo desde los primeros días del gobierno de Pinochet y se prolongan en el tiempo post dictadura, por lo tanto no es extraño que vayan apareciendo episodios donde aparezca esta directa vinculación".

Agregó que "uno puede hacer un seguimiento de montajes que han involucrado al diario o directamente a Agustín Edwards, propiciando acciones de montaje para encubrir los crímenes e invisibilizar a sus hechores. Entonces, que en su guardia pretoriana estén personajes vinculados posteriormente a graves crímenes de derechos humanos, como los asesinos de Berrios y conspiradores del magnicidio, forma parte de una política, no es un hecho aislado ni una casualidad y seguramente nuevas investigaciones que surjan van a confirmar esta concomitancia entre Edwards y los organismos represivos de la dictadura".

Benedicto Castillo señaló que no "cabe duda con el paso de tiempo - y como lo indican distintas investigaciones - de estos vínculos de El Mercurio, porque Agustín Edwards si no era miembro, era íntimo amigo del director de la CIA y hay documentos desclasificados que certifican que de los dineros que envío la CIA para los conspiradores, parte cayó en sus bolsillos. Entonces de lo que no cabe duda es que está vinculado al golpe de Estado".

Insistió en que "todos estos antecedentes son reales y que no estamos hablando de novelas, sino de datos serios y comprobados a través de diversas investigaciones, los que sólo basta juntar para confirmar sin lugar a dudas que se relacionaba primero con la CIA previo y durante el golpe de estado y luego con la DINE, entre los años 1992 y 1995".

El futuro

Los investigadores coinciden en que a pesar del paso del tiempo y de los antecedentes concretos, Edwards seguirá negando estos vínculos.

Al respecto, Benedicto Castillo dijo que "no sabemos si todavía constituye un lazo, porque nunca ha sido lo suficientemente honesto para reconocer que fue agente de la CIA y que apoyó el golpe de Estado, por lo que menos va a reconocer sus vínculos con agentes del estados violadores a los Derechos Humanos, pero si es irrefutable que creó esta empresa donde trabajaron agentes del servicio de inteligencia del Ejército durante varios años".

Por su parte Villagrán se mostró desesperanzado de un cambio de actitud: "Ha quedado demostrado en sus declaraciones ante el ministro Carroza, donde negó con todo descaro haber recibido recursos financieros de la CIA, cuando esto está certificado y confirmado por la propia CIA".

Consideró que "tal como lo hizo Pinochet, Edwards apuesta al olvido y a su edad, para no recordar en qué estuvo involucrado, pero yo veo que en el contexto que vive hoy el país - donde cada día es más evidente hasta adonde llegó la acción directa y criminal de la dictadura - que la defensa de Edwards está cada vez más debilitada y que la propia opinión pública se puede dar cuenta de cómo entregan información sesgada y parcial, como es el caso del crimen de Frei donde ocultan los vínculos de Edwards con miembros de organizaciones criminales".

Concluyó señalando que "la vía de invisibilizar ha sido la política histórica de El Mercurio" y que "habrá que seguirle la pista a cómo responde a estas revelaciones que está haciendo Cambio21 respecto a su tratamiento del crimen del presidente Frei".


Carmen Frei en Cambio21: El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen

Más allá de referirse puntualmente a las vinculaciones del dueño de El Mercurio con agentes de la DINE involucrados en el magnicidio de su padre, la ex senadora Carmen Frei afirmó que "El Mercurio ha sido siempre muy parco en sus noticias y muchas veces ha acogido declaraciones de personas que trataban de desprestigiar la causa de la muerte de mi padre, y en ese sentido yo siento que El Mercurio al igual que en otras muchas causas de derechos humanos, no ha informado con veracidad, ha tratado ha tratado que estos graves hechos no se publiquen y si lo hace lo ha hecho en forma muy pequeña".

En conversación con
Cambio21 consideró que "El Mercurio, siendo un diario tan importante en nuestro país, podría tener una actitud de realmente informar y acoger más las causas de derechos humanos, pero lamentablemente históricamente ha hecho lo contrario, los disminuye y no les da la cabida que uno esperaría de un medio como El Mercurio, de circulación e importancia nacional".

Destacó que "ahora que la gente está muy informada del crimen de mi papá a través de otros medios, sabe perfectamente que fue asesinado y en ese sentido como familia agradecemos los distintos reportajes, libros e investigaciones que a lo largo de estos años han ratificado lo que yo denuncié. En ese sentido El Mercurio ha cometido un error con la información respecto al homicidio, porque han tratado de tapar el sol con un dedo".

Carmen Frei dijo que "esperaría que un medio tan importante de nuestro país informara con más detalle y sobre todo acogiera las noticias, porque muchas veces pasan desapercibidas".

Descartó que pudiese haber afectado de alguna manera las investigaciones de las causas de derechos humanos y estimó que a pesar del paso del tiempo, se logrará esclarecer toda la verdad. "tengo la absoluta y plana confianza en los jueces que llevan las causas de DDHH y especialmente del juez Madrid que está investigando el caso de mi padre", concluyó.


Álvaro Varela, abogado de Derechos Humanos: El Mercurio cercena la información del caso Frei

A juicio de Álvaro Varela, quien fuera abogado de la familia Frei, "más allá de que El Mercurio por regla general no informa sobre esta materia o bien la tergiversa como históricamente lo ha hecho, en la práctica se ha demostrado que esto sería incluso parte de una política del periódico.

Recordó que "esto fue particularmente intenso cuando el juez a cargo de la causa sometió a proceso a seis personas y ahí realmente el diario se dedicó con mucha intensidad y profusión a desvirtuar las resoluciones del ministro Madrid y tratar de desacreditarlas".

Consultado por
Cambio21 señaló que la vinculación de dueño de El Mercurio con dos agentes de la DINE realmente cercena la información que debería dar, porque se trata de personal que estuvo directamente involucrado en el crimen de Berríos y que prestó servicio para la alta dirección de El Mercurio durante un periodo de tiempo estando en servicio activo en la DINE.
Agregó que "de frentón es absolutamente claro que El Mercurio no informa y cuando lo tiene que hacer entrega información sesgada e incluso distorsionada. Esto de extrema gravedad", reflexionó.

"Realmente uno de los hechos que sorprendió en el crimen de Berríos fue que sus principales ejecutores habían sido parte del equipo de protección del dueño de El Mercurio", concluyó.

Los millones

Durante este periodo el Mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés también se hizo millonario. Así queda en manifiesto en el capítulo 37 del libro de Benedicto Castillo:

"La BRILAC recibió del Departamento de Remuneraciones del Ejército de Chile un cuadro con los sueldos pagados al mayor Silva desde 1990 a 1995, totalizando un ingreso de $3.088.374. Sin embargo, los siguientes antecedentes son sorprendentemente ilustrativos de cómo se movió este oficial en el ámbito financiero y bancario", señala el libro, que da cuenta de 6 depósitos bancarios y tres cuentas corrientes millonarias en ese periodo.

Otro párrafo destacado señala que: "Según informe de la Tesorería General de la República, este militar hizo declaraciones tributarias los años 1997, 1998 y 1999. Tomando 1997, declaró ingresos anuales provenientes de sueldos y pensiones conforme al siguiente detalle: Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: $3.691,106; Sueldo de la empresa Serprotec S.A. (de propiedad de Agustín Edwards Eastmann) por $48.806.041. En los años tributarios 2000, 2001 y 2002 declaró ingresos anuales por $21.013.302, $10.399.404 y $13.120.503, respectivamente".

Las condenas de los encargados de seguridad de Edwards en el caso Berríos

El general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita.
El mayor (r) Arturo Silva Valdés, fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.

Más antecedentes en http://magnicidioeduardofrei.blogspot.com/
so (Cambio 21)

Así se vería en la actualidad el supuesto médico que habría atendido a Neruda antes de morir

Las imágenes corresponden a retratos hablados y forman parte de la investigación que encabeza el ministro Mario Carroza para esclarecer si la muerte del artista se debió al cáncer que padecía o a una intervención de terceros. 

 
Así luciría en la actualidad el médico que habría atendido al poeta chileno Pablo Neruda antes de morir el 23 de septiembre de 1973, en la Clínica Santa María y que había sido conocido como el doctor “Price”. Las imágenes corresponden a retratos hablados y forman parte de la investigación que encabeza el ministro Mario Carroza para esclarecer si la muerte del artista se debió al cáncer que padecía o a una intervención de terceros.
La Policía de Investigaciones elaboró el material a partir de las declaraciones del médico cirujano Sergio Draper Juliet (71), quien estuvo a cargo del tratamiento de Neruda y que fue citado en calidad de testigo, según consignó Emol. Durante su entrevista, el médico entregó además tres nuevos nombres de profesionales de la clínica que habrían tenido contacto con el desconocido especialista, quien entonces habría tenido 30 años.
La única diferencia entre ambas imágenes -tez blanca, ojos azules, cabello canoso, hoy tendría aproximadamente 70 años de edad- es que en una el hombre aparece con barba y bigotes blancos.
Según el abogado de la familia, Rodolfo Reyes, el retrato “es importante porque podría ser que alguien lo reconozca y pueda ayudar a dar con su paradero”.
“Actualmente este especialista es una incógnita y claramente alguien está mintiendo en relación a su presencia en la clínica”, aseguró, detallando que “pedí esta diligencia porque estimé que no era posible basarse solamente en una fotografía que hizo Draper con las características típicas del facultativo en el año 1973″.
En antecedentes recopilados, el misterioso médico figura como un joven de un 1,80 mt. de altura, rubio y de ojos azules. Según Reyes, estas características lo asemejan al ex agente de la DINA, Michael Townley, o al ex miembro de Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, quien actualmente está en Alemania y fue procesado por su complicidad en delitos de violación de menores y abusos sexuales en Villa Baviera. El abogado tampoco descartó que se pudiese tratar incluso del doctor Manfred Jurgensen, quien habría colaborado con la Central Nacional de Informaciones.
emol
emol2

lunes, 30 de diciembre de 2013

Prisión preventiva para detective de la PDI acusado de torturar a un estudiante que participaba en protesta

La fiscal Ximena Chong señaló que se siguen indagando a otros funcionarios policiales en una investigación que quedó con 120 días de plazo, según lo determinado por el Tribunal.
Fuente Cambio 21
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima cautelar de prisión preventiva contra el subinspector de la Policía de Investigaciones, Flavio Torres Pulgar, como presunto autor de torturas a un estudiante de 17 años perteneciente al cuarto medio del Liceo Manuel Barros Borgoño, mientras se desarrollaba una protesta en el centro de Santiago.

Los hechos se registraron en mayo de este 2013, cuando el joven C.R. -ahora de 18 años- denunció que fue subido a un vehículo policial, donde fue trasladado por distintos puntos de la capital. Se le exigió su clave de acceso al Facebook y recibió, además, golpes y apremios por su rol activo en la movilización estudiantil de esa jornada, según informó radio Cooperativa.

Fueron los mismos Tribunales los que ordenaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indagar estos sucesos, que terminaron con el detective de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente con cargos en su contra por apremios ilegítimos y delito informático.

Aunque el Ministerio Público no había pedido la prisión preventiva, sí lo hizo el querellante por la familia, Rodrigo Román, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que fue acogido por el magistrado Daniel Urrutia.

"Y el delito de tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y por lo tanto es uno de los más graves de nuestra legislación, cometido por o eventualmente cometido por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad social", dijo el juez.

El magistrado acusó que "la misma institución está produciendo, evidentemente, un encubrimiento en relación a no dar los nombres de aquellos que participaron".

Mientras que C.R. dijo tener "cierta incredulidad y ciertas dudas respecto a cómo pueda seguir evolucionando el proceso, pero por lo menos ésta es una señal buena que pueda traducirse en una investigación que pudiera determinar la formalización de los otros sujetos que participaron de este delito".

La fiscal Ximena Chong señaló que se siguen indagando a esos otros funcionarios policiales en una investigación que quedó con 120 días de plazo, según lo determinado por el Tribunal.

EL PULSO SINDICAL Nº 220 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013

informaciones.cgt




PULSO SINDICAL Nº 220 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013

Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Se me ha solicitado hacer publica la memoria del accionar de nuestra CGT durante el año 2013 y se ha pedido hacerlo bajo el alero del Pulso Sindical.
Este es un tiempo del no hacer, del  dejar que las cosas pasen, un tiempo de consumismo acelerado y de chorreo de buenos deseos y frases de salutación y compromiso, frases que a veces no pasan de buenas intenciones ya que lamentablemente se diluyen pasados algunos días.
Lo que entregaremos es parte importante del accionar de nuestra organización el 2013.
Ya entregamos a las bases y fue aprobado en la ultima asamblea sindical del año, el presupuesto de ingresos y egresos del 2014.
Esperamos de todos más y mas trabajo, solo así podremos conseguir resultados.

Nada mas que eso podemos desear, el esfuerzo, el compromiso, la entrega será recompensado con la constitución de muchas organizaciones, lo que llevará al despertar definitivo de la clase trabajadora.
Humildemente ponemos en vuestro conocimiento nuestro esfuerzo en ese camino.

                          &&&&&&&&&&&&&&&
 
El objetivo de este resumen anual es concreto. Entregar lo más clara posible, una radiografía de la gestión de la organización durante el año que culmina. El papel jugado por su directorio y los Sindicatos base y por sobre todo la concreción de los planes y proyectos, resueltos en las reuniones periódicas, así como en los congresos.

Al contrario de lo que ocurre en los sindicatos en la actualidad (contrariando por cierto el principio de que la organización sindical debiera destinar sus recursos a la gestión  así como a mantener fondos de resistencia que les permitan hacer frente a posibles movimientos huelguísticos)  no tenemos el problema de tener que estar discutiendo que hacer con los fondos que se acumulan, cada fin de año.
El objetivo de la organización nacional siempre ha estado claro. La disponibilidad de recursos por vía de las cuotas sociales, como alimentador principal de la caja, es vital no solo para sostener el discurso de independencia y autonomía, sino también para financiar las diversas iniciativas que se van desprendiendo del trabajo dirigencial.

Concretamos casi todas las iniciativas y esto en parte se debe a una correcta implementación del presupuesto, así como a la mantención y crecimiento de la base sindical, pilar fundamental en cualquier organización.
Nuevamente hemos ganado y perdido sindicatos, y quizás si el elemento mas llamativo de este periodo sea la integración de grupos de trabajadores que han ido mutando a sindicatos, estableciendo con esto la justa relación entre la propuesta del congreso y la realidad organizativa de la CGT.
Hemos perdido organizaciones, en su mayor parte por resistir el pago de la cuota sindical y la participación en las actividades a la vez que hemos ganado socios y organizaciones por nuestra simetría en el decir y el hacer.

DEL PAPEL DEL DIRECTORIO

En la elección del 2012 se aplicó la resolución del Congreso Constituyente de 2004 y del XI Congreso del 2010.  Vale decir, la propuesta de candidatos vino en su gran mayoría desde los sindicatos base, se votó en cada sindicato afiliado y se exigió la firma de la renuncia al cargo sin fecha, esta última medida orientada a impedir la existencia de dirigentes de cartón, que sin hacer nada se mantienen usufructuando de un fuero que no les pertenece.
Aún así, varios son los que todavía postulan por insinuación más que por convicción. Eso provoca que luego de mostrarse dispuestos a trabajar en equipo, pasan sin pena ni gloria por la organización, al dejar sus responsabilidades abandonadas

Desde hace algunos años se ha conseguido realizar periódicamente reuniones del Directorio Nacional una vez al año, tendencia que se mantuvo este 2013, a las que asisten los dirigentes de regiones, y es bueno decir que en los últimos 2 periodos directivos, los dirigentes de región han jugado el rol que de ellos se espera.
No es menor el hecho de que solo se ha elegido dirigentes en aquellas regiones en que hay sindicatos activos y disposición de los dirigentes a asumir el cargo.

Sigue sin ser entendida la importancia del cargo de dirigente nacional, falta mas convicción en los dirigentes de sindicatos afiliados, por eso seguimos cojeando.
Hemos intentado cubrir las vacantes pero no se ha tenido una buena respuesta y en algunos casos se ha notado más preocupación por saber si se hacen aportes económicos por asumir un cargo, que la labor a desarrollar.
Esta organización tiene un gran mérito, no es dirigida sino por un Congreso y en este Congreso se fija la remuneración de los funcionarios y el aporte a los consejeros en locomoción. Pero el aporte es por gestión, no por venir a sentarse a un escritorio o a revisar el correo electrónico.
Seguiremos entregando aportes a los que apoyan este trabajo pero no corresponde a la CGT pagar horas sindicales ni remuneraciones, más allá de las acordadas.

El 2013 es el primer año en que las instancias de dirección funcionaron casi óptimamente.
El Consejo de Dirección se reunió semanalmente, siempre con quórum (3 de 5 integrantes al menos) y se notó en la aplicación de las resoluciones, las giras, la capacitación y el apoyo a afiliados y no afiliados.
Solo resta esperar que el año 2014 traiga un mayor nivel de compromiso y podamos cubrir las vacantes que van dejando las irresponsabilidades.

AREAS DE TRABAJO
Gestión Regional:

Se visitó periódicamente las regiones, en especial Primera, Segunda, Quinta, Novena y Duodécima. Las principales tareas fueron, como siempre la negociación colectiva, pero en el caso de Novena y Decimosegunda se realizaron capacitaciones sindicales, con una gran asistencia de dirigentes, afilados y no afiliados a CGT.
Se está abriendo el trabajo en otras regiones y esa labor está en manos de la compañera Ivonne y contamos con el apoyo del Sindicato Integra, quien al tener delegadas en diversas regiones posibilitan contactos.
Al debe tenemos la carencia de contactos en todas las regiones del país, cuestión en la que deberemos esforzarnos en el año que viene.

Continua en el próximo Pulso

MANUEL AHUMADA LILLO
Presidente C.G.T CHILE

En los últimos años no ha habido contraparte en el Gobierno

La deuda del Estado y Endesa con los pehuenches de Ralco

La muerte de la emblemática Nicolasa Quintremán en las aguas de la central, reflotan su polémica instalación, sobre la que pesan diversos incumplimientos del acuerdo amistoso alcanzado hace 10 años entre el Estado y cuatro mujeres pehuenches ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre otros, la aprobación de una nueva hidroeléctrica en la zona o las malas condiciones de las tierras entregadas. Como en el caso de la hermana de Nicolasa, Berta, quien recibió un predio que no tiene agua.


 
123
Un cartel con la dirección para llegar a la casa de la ñaña Nicolasa Quintremán en la entrada del acceso a la comunidad Ralco Lepoy, recibía el viernes a quienes llegaban a despedirla. Junto al cartel, un contingente de fuerzas especiales –sin armas a la vista– esperaba por si las cosas se ponían violentas.
Pero nada pasó. Y el centenar de personas que caminó al menos una hora acompañando los restos de Nicolasa hacia el cementerio, vivió una jornada cargada de emociones. Pero “también de mucha indignación de que ella muriera, porque no fue una muerte natural”, relata José Araya, del Observatorio Ciudadano.
Los discursos, que en su mayoría fueron en mapudungún y oficiados por dirigentes mapuches, reflejaban las dudas que levantó la muerte de la pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco, la misma central contra la que peleó arduamente, convirtiéndose en todo un símbolo del movimiento mapuche.

La mujer junto a su hermana Berta, movieron cielo, mar y tierra para detener el proyecto hidroeléctrico de Endesa aprobado durante el gobierno de Eduardo Frei tras un intrincado camino, que incluyó presiones directas del entonces Presidente, y que entre otras cosas terminó con la remoción de tres directores de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que se oponían a su realización.

Ralco y Frei

Según detalla el historiador Martín Correa, “hubo una intervención abierta y descarada del Presidente Frei, personalmente. Tanto la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) como la Conadi, desecharon el proyecto Ralco porque no cumplía con los requisitos legales, medioambientales y sociales. Ambas fueron intervenidas por el Gobierno Central, encabezado por Frei. En el caso de Conadi ‘si no está de acuerdo tiene que irse’, señaló respecto del entonces director. Y así fue. Y por Lagos en el caso de Conama, descabezando a sus máximas autoridades y poniendo funcionarios que aprobaran el proyecto a como diera lugar”.
Funeral de Nicolasa Quintreman
Los discursos, que en su mayoría fueron en mapudungún y oficiados por dirigentes mapuches, reflejaban las dudas que levantó la muerte de la pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco, la misma central contra la que peleó arduamente, convirtiéndose en todo un símbolo del movimiento mapuche.
Según el coautor del libro Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, eso se explica “por las vinculaciones directas de funcionarios del gobierno con las empresas implicadas: el ex ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Yoma, era presidente del directorio de Chilectra Metropolitana, empresa vinculada al grupo Enersis, al igual que Endesa. El Presidente Frei era accionista importante de la empresa Sigdo Koppers, cuya bandera flameaba en la Central Pangue en su inauguración por el propio Presidente. Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la CONAMA, y luego sería presidente del directorio de Chilectra Metropolitana. Ejemplos hay muchos, y todos hablan de vinculación entre el poder político y el poder económico, y de una abierta intromisión de uno en otro para construir centrales hidroeléctricas en el territorio pehuenche”.
Complementando todo aquello, explica Correa, “así como en el último año de la dictadura se privatizó Endesa, en el último día de gobierno de Eduardo Frei, el 10 de marzo del 2000, se despacha el decreto que otorga la concesión eléctrica para la construcción de la central Ralco –aún existiendo recursos judiciales pendientes–, último permiso administrativo para seguir adelante con la obra”.
Pese a la aprobación de Ralco, las hermanas Quintremán continuaron buscando fórmulas para evitar su instalación. La vía judicial fue importante, tanto a nivel nacional como internacional. Fue así como en diciembre de 2002 presentaron una denuncia  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a Mercedes Huenteao, Rosario Huenteao y Aurelia Marihuan, por graves violaciones del Estado de Chile a la Convención Americana de Derechos Humanos, cometidos a raíz desarrollo del proyecto Ralco. Lo que terminó en un acuerdo amistoso con el Estado de Chile en octubre de 2003.
Pero cuando se firmó este acuerdo Nicolasa ya no era parte del grupo. Un tiempo antes, negoció directamente con Endesa.
El abogado Álex Quevedo recuerda que “doña Nicolasa no estaba. En el acuerdo final no aparece porque se bajó. Al final tiene un drama con su hijo y la pareja de su hijo que la obligaron a negociar con Endesa”.
Para Martín Correa, “Nicolasa Quintremán era una mujer de campo, una mujer mapuche, y se convirtió en líder sin haber sido jamás dirigente, y lo hizo por defender su tierra y la de sus hermanos. Ella se hizo líder a fuerza de circunstancias, resistiendo a los embates de Endesa y a las presiones de los gobiernos de Frei y Lagos. Ella y seis mujeres defendieron la dignidad de un pueblo entero, el pueblo pehuenche, y si en un momento ella, su hermana Berta, y las cinco mujeres que resistían se quebraron, fue fruto de la tremenda presión que sobre ellas se hizo, de Endesa, día a día, del gobierno y sus agencias, del propio presidente Lagos, que se trasladó en helicóptero a su ruca a decirle que se tendría que ir sí o sí. A Nicolasa los funcionarios de Endesa y aquellos pehuenches que la empresa cooptó le tiraban sus camionetas, la amenazaban, en las noches le tiraban piedras a su casa… Nicolasa resistió cuanto más pudo”.
Uno de los abogados que llevó el caso, Roberto Celedón, explica que el acuerdo alcanzado, que contemplaba seis ejes principales, “permitió levantar el último obstáculo para poner en ejecución y en marcha a Ralco”.
Y agrega que la negociación con Ralco “es un caso emblemático internacionalmente, estudiado en las universidades porque dicen que es la más exitosa que ha tenido un grupo indígena con ningún Estado”.
Todo, “atendiendo que la voluntad de ellos era no ser relocalizados, porque eso significó la extinción de dos comunidades, pero en el contexto en que sólo quedaban pocas familias resistiéndose fue un buen acuerdo”.
Para Quevedo “como acuerdo es extraordinario, porque es un verdadero tratado que logran cuatro personas. Desde el punto de vista económico, las otras familias recibieron en conjunto menos que las cuatro en cuanto a bienes. Pero además se logró que el Estado se comprometiera ante la CIDH. Sin embargo, hasta hoy ha sido muy negligente en el cumplimiento de estos compromisos”.

La deuda

Según explica Roberto Celedón, los avances del acuerdo “han sido extraordinariamente lentos y, hasta la fecha, a pesar que ya van a ser 10 años, aún no se cumple íntegramente todo y en el último tiempo no ha habido contraparte a nivel gubernamental”.
Y es que si bien hay varios puntos que sí se han concretado, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT o la creación de una comuna en el sector Alto Biobío, hay varios compromisos que están lejos de cumplirse.
Así lo refleja un informe enviado en octubre de 2012 al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Canton, por las cuatro demandantes y el abogado, lo que contrasta bastante con la información que el Estado chileno entregó al organismo internacional y que se recoge en el informe Anual de la CIDH relativo a ese año.
Berta Quintreman
Un problema que persiste se relaciona con la calidad de las tierras entregadas en permuta por Endesa. El caso más grave afecta a Berta Quintremán, quien no puede usar su terreno porque no tiene agua.
Entre los compromisos adquiridos por el Estado aún pendientes se encuentra el reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. Esto, según informaban al CIDH las pehuenches, pese a que se enviaron proyectos de ley al Congreso durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero no prosperaron. En el último caso “por la negativa de parlamentarios de la actual coalición de Gobierno al empleo de la voz pueblos indígenas”.
Al respecto, en enero de 2012 el gobierno informaba a la CIDH que estaba “comprometido con las organizaciones indígenas del país para avanzar en su reconocimiento constitucional”, para lo cual se requiere realizar un proceso de consulta.
Un punto muy sensible que no tuvo eco, fue el relativo al compromiso de impulsar mecanismos que aseguraran la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Biobío.
“Como ha sido denunciado, existe un gravísimo incumplimiento de este punto, toda vez que el Estado de Chile, ha aprobado un megaproyecto de central hidroeléctrica en el sector del Alto Biobío, denominado Central Angostura”, informaban Quintremán y Marihuan y las dos hermanas Huenteao.
Efectivamente, en noviembre de 2009, la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la VIII Región, dio luz verde al proyecto de Colbún, de la familia Matte.
Paradójicamente, el informe del gobierno señala que este compromiso “ha sido cumplido”.
En cuanto a fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío, las pehuenches relataban en 2012 que “a pesar de diversas iniciativas que vienen desde enero de 2009 y participación de dirigentes indígenas en una mesa de diálogo convocada por el Gobierno, hasta la fecha no se ha constituido el directorio del Área de Desarrollo Indígena, por lo que estimamos que el Estado de Chile no ha cumplido este compromiso”.
Según el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, “esa área de desarrollo indígena –declarada en 1997– no funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo indígena. De hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto Bío Bío era la comuna más pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza”.
Además, explica que “lo que hay es una agricultura familiar empobrecida”, lo que no mejoró con la llegada de Endesa, “que contrata a 20 personas. Una de sus promesas era generar empleo y no hay ningún pehuenche. No genera empleos en la zona, los que genera son mínimos y no son para ellos”.
La versión estatal es que “para el año 2013 se encuentra programada la reactivación del Área de Desarrollo Indígena de Alto Bío Bío”.
En cuanto a acordar los mecanismos que permitieran solucionar los problemas de tierras que afectan a comunidades indígenas del sector del Alto Bío Bío, el Estado señaló ante el CIDH que se habían comprado tierras a casi la totalidad de las comunidades Pehuenche de la comuna, y que durante 2011 la Conadi licitó el estudio de preinversión para la adquisición de tierras en el sector Cajón de Queuco.
Aylwin detalla que se han comprado cuatro predios, “la mayoría en el valle del Queco y uno en el valle del Biobío. La información que uno conoce es que igual sigue habiendo en el área un porcentaje significativo, de 30% o 40%, de las tierras que siguen en manos de particulares y sigue existiendo conflicto, habiendo reclamaciones de parte de los pehuenches. Diez años después del acuerdo”.
En cuanto a las medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del Alto Bío Bío, que incluyen mecanismos para asegurar que las comunidades sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, fortalecer el desarrollo económico del sector e impulsar fórmulas que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses, las demandantes son tajantes en su evaluación, ya que señalan que “han sido incumplidas en términos absolutos, y no existe hasta hoy un mecanismo que nos permita conocer cómo y qué se fiscaliza respecto del cumplimiento ambiental del proyecto Central Ralco”.
Agregando que “esto es de especial gravedad ya que, como ha sido divulgado en los principales medios de prensa nacional e internacional, la situación de los desplazados por la construcción de la Central Ralco, es deplorable y constituye un impacto que no fue debidamente evaluado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, existiendo por parte del Estado de Chile la obligación de imponer a Endesa la obligación de atender y subsanar todo daño y perjuicio ocasionado a raíz del proyecto. En el mismo orden de ideas debemos señalar a usted que la operación de los embalses ha generado graves riesgos a la vida de los usuarios ubicados agua abajo de las presas, entre los cuales nos encontramos”.
Además, recalcan que “la operación del embalse Ralco no ha cumplido con su obligación de atenuar las crecidas generadas por el río Bío Bío, condición ambiental bajo la cual fue aprobado el proyecto. Con profundo disgusto hemos podido comprobar que, contrariamente a lo acordado (…) la operación de las centrales ha generado la destrucción de nuestra identidad cultural y ha coartado el desarrollo turístico de la zona, causando extrema pobreza en términos tales que ha convertido a la comuna de Alto Bío Bío en la más pobre de Chile. Es inaceptable que ante la generación de tanta riqueza exista tanta pobreza”.
El informe del Estado aseguraba a la CIDH que “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante el año 2012 había avanzado en el proceso de seguimiento de las obligaciones ambientales del proyecto”, y solicitaba el pronunciamiento de diversos organismos sobre varios informes, como la auditoría ambiental independiente realizada en 2010. En este contexto, se “continúa trabajando en la reunión de los antecedentes y por ello no dispone aún de resultados finales que se puedan informar a los municipios y comunidades interesadas”.
Según el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, “esa área de desarrollo indígena –declarada en 1997- no funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo indígena. De hecho según cifras de la Casen 2009, Alto Bio Bio era la comuna más pobre de chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza”.
Según el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, “esa área de desarrollo indígena –declarada en 1997- no funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo indígena. De hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto Bío Bío era la comuna más pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza”.
En cuanto a las medidas para satisfacer demandas particulares de las familias afectadas, hay varios puntos pendientes.
Según explica Roberto Celedón, “lo importante es que el Estado era el garante del acuerdo” y se comprometió velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por Endesa para atender las demandas particulares de las peticionarias.
Un problema que persiste se relaciona con la calidad de las tierras entregadas en permuta por Endesa. El informe de las mujeres pehuenches señala que “tampoco el Estado ha cumplido el rol de garante al cual se obligó”. Principalmente porque “las tierras tienen graves problemas con la disposición del agua”. Esto, tanto en el sector Santa Inés, donde se ubican las tierras de Berta Quintremán, como en La Suerte, donde están las otras mujeres y sus familias.
“El caso más grave afecta a la señora Berta Quintremán, quien se encuentra impedida, hasta el día de hoy, del uso del terreno, por el hecho de no tener agua que es un elemento esencial para la subsistencia y poder desarrollar actividades agrícolas en el predio entregado en compensación en Santa Inés”, detalla el informe.
La hermana de Nicolasa “ha estado varios años tratando de encontrar una solución a la carencia de agua en su predio. Ha informado al gobierno y sostenido múltiples reuniones sobre el tema con sus funcionarios. Hay incluso informes oficiales de gobierno, de la Comisión Nacional de Riego, que verifican las quejas de la señora Berta, pero, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni implementado una solución. La Sra. Quintremán alega además que debe compensársele por las pérdidas que ha significado no haber podido ejercer labores agrícolas en su nuevo campo”.
Para Celedón este es uno de los puntos más graves. “Todo ha sido muy difícil. Con este Gobierno nunca fue posible reunirse con el ministro de Desarrollo Social. Lavín, Bruno Baranda, Felipe Kast, ninguno de los tres las recibió nunca, sólo fue a nivel de encargado de asuntos indígenas”.
Por otra parte, hay un compromiso por parte de Endesa de la disponibilidad de 1.500 Unidades de Fomento para asistencia productiva. “Parte de estos recursos fueron entregados a algunos propietarios de La Suerte, pero de manera inadecuada y en momentos inapropiados, por lo que se ha pedido que se entreguen en forma directa los recursos. Sin embargo, Endesa mañosamente trató de entregar estos recursos en forma notarial siempre y cuando los beneficiarios renunciaran a cualquier otra demanda, lo que es inaceptable”, detallan las mujeres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La conclusión de las pehuenches es tajante: “Los incumplimientos son múltiples, reiterados y a pesar de haber plena consciencia de la efectividad de los mismos el Estado de Chile persiste en una actitud a lo menos negligente”.

 Vivir en El Barco

De las 93 familias afectadas por la llegada de Ralco, que inundó 90 de sus predios equivalentes a más de 630 hectáreas –incluido el cementerio Quepuca, que sin autorización dejó bajo el agua a sus muertos–, 70 fueron relocalizadas. Varias llegaron al fundo El Barco, ubicado en los confines de la cordillera de la VIII Región.
El Barco, según explica el historiador Martín Correa, es un territorio de “veranada, al cual las familias pehuenches suben entre los meses de octubre y marzo a la recolección de piñones, buscando el sustento para el resto del año. Al momento de desalojar a las familias pehuenches de los lugares donde se hizo la represa, se envió a 38 familias hacia allá, en circunstancias que ese mismo año don José Rodríguez Marihuan bajó con su familia porque no cabían las 5 familias que allí vivían. En el fundo El Barco caen 2 metros de nieve en el largo invierno cordillerano, se mueren los animales, no hay agua, las familias mapuche no tienen cómo sobrevivir, no hay leña. Todo eso lo sabía Endesa y lo sabía el gobierno, y aun así enviaron a las familias pehuenches hacia allá, condenándolas a la pobreza”.
Situación que quedó reflejada en un reportaje publicado en 2011 por la “Revista Sábado” de El Mercurio, titulado “Los Pehuenches después de Ralco”.
Correa destaca el rol de la Fundación Pehuén de Endesa, “que de acuerdo a lo que se convino, apoyaría con alimentos y materiales a las familias pehuenches por 10 años. Hoy día nadie se hace responsable por ellos, y de aquello también existía conocimiento. En ese momento lo importante, para Endesa y para el gobierno, era sacar a las familias pehenches del cajón del río Bío Bío, y construir a como diera lugar la Central Ralco”.
Según el historiador, Pehuén fue “creada para invisibilizar la voz disidente pehuenche a la construcción de Centrales Hidroeléctricas en el Alto Bío Bío, entregando migajas a través de pequeños proyectos y trabajos temporales, legitimando la labor de Endesa y del Estado chileno a través de los discursos del historiador Sergio Villalobos, quien niega la presencia mapuche en el área, y escondiendo la real situación de las familias pehuenches, en beneficio de un supuesto desarrollo. Recuerdo la imagen de un Lonko trabajando de banderero, en los caminos que conducían a la entonces Central Ralco en construcción. Eso es el desarrollo y modernidad que defendían la fundación Pehuén, Endesa, y que legitimaba Villalobos”.
En su opinión, “lo que es de la mayor gravedad es que todo lo que está pasando en el Alto Bío Bío se dijo ya hace muchos años. Que significaba la muerte del pueblo pehuenche, que era imposible sobrevivir en el fundo El Barco, que terminadas las faenas los pehuenches que fueron contratados para construir caminos y obra gruesa quedarían sin tierras y sin trabajo. La muerte de Nicolasa Quintremán en el lago artificial que se construyó es la imagen más clara de los resultados para el pueblo pehuenche de la construcción de Ralco. Nicolasa siempre dijo que hacer Ralco era matar al río, y con ello a su gente”.

domingo, 29 de diciembre de 2013

La Concertación y el engaño sistemático sobre mayorías parlamentarias

Escrito por Felipe Portales

En los últimos años ha habido una virtual campaña sistemática de numerosos líderes de la Concertación destinada a distorsionar nuestra historia reciente en el sentido de negar que cualquiera de sus gobiernos hubiese tenido las mayorías parlamentarias suficientes para transformar las instituciones económicas, sociales y culturales fundamentales heredadas de la dictadura.
En efecto, constituye un hecho evidente que tanto el gobierno de Lagos como el de Bachelet contaron, en alguna de sus fases, con la mayoría absoluta en ambas cámaras que les habría permitido sustituir el conjunto de las instituciones económicas, sociales y culturales impuestas por la dictadura; con excepción de la LOCE, la Ley de concesiones mineras y la Ley del Banco Central, por ser éstas leyes orgánica- constitucionales que requerían de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. El de Lagos contó con dicha mayoría entre agosto de 2000 y enero de 2002, debido a los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz; además de la mayoría de la Cámara de Diputados que tuvo durante todo su período. Y el de Bachelet, desde el comienzo de su gobierno, ya que la Concertación –además de obtener la mayoría de los diputados- logró doblar en senadores en Concepción, quedando con una mayoría de 20-18; hasta que a fines de 2007 el PDC expulsó de sus filas al senador Adolfo Zaldívar.
Sin embargo, particularmente el ex presidente Lagos ha insistido en reiteradas oportunidades en negar esos hechos, señalando que la Concertación no tuvo nunca los quórums necesarios para efectuar aquellas transformaciones. También lo hizo la presidenta electa Bachelet, cuando en el foro de las primarias señaló que durante su gobierno no había tenido mayoría parlamentaria para modificar el sistema de AFP, en circunstancias que éste requiere solo de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, denominado “quórum calificado” de acuerdo al Artículo 66 de la Constitución. La misma afirmación “errónea” respecto de las AFP hizo el senador José Antonio Gómez, siendo precandidato presidencial, en el programa de TV “Tolerancia Cero”. También el diputado Sergio Aguiló señaló en CNN-Chile que la Ley antiterrorista no había podido tampoco ser transformada durante el gobierno de Bachelet, “olvidando” que ésta también es de quórum calificado.

El caso de Ricardo Lagos se agrava al considerar el especial engaño de que se nos hizo víctimas a todos los chilenos con ocasión de su segunda vuelta frente a Lavín en 1999. En esa ocasión, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle presentó con extrema urgencia un proyecto de reformas laborales que, si bien no sustituía el “Plan Laboral” tal como lo planteó el Programa presidencial de la Concertación de 1989, postulaba significativas transformaciones de aquel (Ver La Nación; 3-12-1999). Naturalmente, la Alianza impidió su aprobación; pero al costo de recibir fuertes descalificaciones del liderazgo concertacionista, ad portas de la elección final de Lagos. Así, el entonces presidente Frei dijo que “tres millones de trabajadores son los únicos perdedores con la votación de la derecha” y que “este debate ha mostrado al país quienes están por mejorar las condiciones laborales y quiénes se oponen a ampliar los derechos de los trabajadores” (La Nación; 3-12-1999). A su vez, el entonces presidente del PDC, Gutenberg Martínez, sostuvo que “a partir de esta votación en el Senado, consideramos que Joaquín Lavín no tiene ninguna credibilidad y que se comprobó que no es más que un instrumento de los malos empresarios” (La Nación; 3-12-1999). En efecto, la generalidad de los analistas políticos consideró que aquel rechazo fue funesto para las pretensiones presidenciales de Lavín. Pero además, el senador DC Jorge Pizarro “aseguró que esperan reponer el proyecto el próximo año, ‘cuando Ricardo Lagos sea Presidente y Eduardo Frei sea senador y tengamos mayoría para aprobar la iniciativa’ ” (La Nación; 3-12.1999). Efectivamente, Lagos –como vimos- tuvo dicha mayoría desde agosto de 2000, pero el proyecto nunca se volvió a presentar…

Otro hecho -¡más grave aún!- que el liderazgo de la Concertación continúa ocultándonos es el regalo de la mayoría parlamentaria que solapadamente le hizo a la futura oposición de derecha mediante las reformas constitucionales de 1989. En efecto, la Constitución original del 80 –pensando, obviamente, en que Pinochet sería ratificado en el plebiscito de 1988 y en la minoría electoral histórica de los partidos de derecha- estipulaba que el gobierno “democrático” tendría mayoría parlamentaria simple con la mayoría absoluta en una cámara y solo un tercio en la otra. Así, con los senadores designados Pinochet hubiese tenido mayoría absoluta en el Senado (ilegítima, pero realmente); y con el sistema binominal se habría asegurado el tercio en la Cámara de Diputados.

Pero con la derrota de Pinochet el 88, la previsión era con toda seguridad la opuesta: La Concertación ganaría la Presidencia y la mayoría parlamentaria simple. Esto, porque obtendría demás los doblajes que le aportarían la mayoría absoluta en diputados; y porque lograría con toda seguridad el tercio del Senado. Recordemos que el Senado original se componía de 35 miembros (2 electos por cada una de las 13 regiones; y 9 designados); y que, en el peor de los casos la Concertación habría elegido 13 (uno por región), siendo el tercio de 35, 12. Con esta mayoría, el conglomerado habría tenido los quórums suficientes para modificar completamente el “Plan Laboral”; el sistema de ISAPRE; la ley de universidades; los sistemas financiero y tributario; el decreto-ley de amnistía; etc.
Sin embargo, en un hecho seguramente inédito en la historia, en el “paquete” de 54 reformas concordadas entre Pinochet y la Concertación, ésta aceptó que se elevaran los quórums para modificar las leyes simples a la mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡manteniendo los senadores designados! Es decir, lisa y llanamente, regalar la mayoría parlamentaria. ¿A cambio de qué? De varias reformas positivas menores, ninguna de las cuales eliminaba los dispositivos autoritarios más graves de la Constitución del 80. Además, como en el plebiscito de julio de 1989 que las ratificó, los “ciudadanos” votaron desinformadamente por el “paquete”; y como ni a la derecha ni a la Concertación les convenía informar de dicho regalo, ¡esta situación permanece hasta hoy desconocida para la generalidad de la población chilena!

¿Y cuál sería la explicación del conjunto de lo anterior, que a primera vista parece demencial? Todo indica, que la razón dada por quién fue precisamente la “eminencia gris” de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad), parece la más adecuada. Esta es, que el liderazgo de la Concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha; “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Edit. Andrés Bello; p. 369). En otras palabras, que dado el profundo viraje ideológico de su liderazgo, este prefería no adquirir la mayoría parlamentaria que la desnudaría frente a sus bases en ese viraje. Entonces, frente al reclamo futuro de estas por la falta de cumplimiento del Programa, dicha cúpula podría argüir plausiblemente que no tenía la mayoría parlamentaria para llevarla a cabo. Esto es, que no podía, no que no quería hacer los cambios prometidos.
Además, la explicación de Boeninger calza completamente con otro conjunto de hechos de la más alta importancia, demostrativos de actitudes y conductas “capituladoras” de los gobiernos de la Concertación. En primer lugar en el ámbito comunicacional, con las políticas de “autodestrucción” de los medios escritos afines a la Concertación -generados durante la dictadura- consistentes en bloquearles millonarios aportes financieros del gobierno holandés ofrecidos en 1990; discriminarles en el avisaje estatal a favor del duopolio; y, en el caso de Análisis, que personeros concertacionistas la comprasen para luego cerrarla. Todo esto –que ha sido denunciado reiteradamente, y nunca desmentido, por sus propietarios y directores- generó la destrucción de todos ellos en la década de los 90. En segundo lugar, con la “neutralización” de TVN, incorporando al canal a varios directores de derecha por una ley de 1992, bloqueando así las posibilidades que el canal público desarrollara pluralmente un debate sobre la obra de la dictadura. En tercer lugar, con la privatización del canal de televisión de la Universidad de Chile a comienzos de los 90, que también podría haber aportado a un amplio debate democratizador de la sociedad chilena. Y, por último, con la denodada lucha de los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet por no devolver los bienes confiscados del diario Clarín a quien el Consejo de Defensa del Estado (1975) y el Tribunal del Banco Mundial (2008) definieron –en el primer caso para su confiscación; y en el segundo para ordenar la devolución de sus bienes- como su legítimo propietario: Víctor Pey. Esto último ha significado en la práctica, además, la consagración del duopolio El Mercurio-Copesa, luego de la autodestrucción de Fortín Mapocho y La Epoca. Como los propietarios y directores de dichos medios escritos no experimentaron el viraje ideológico del liderazgo concertacionista; su preservación o reanudación representaba, a la larga, un “peligro” de que esos medios se convirtieran en los reales opositores a sus gobiernos neoliberales. En el caso de los canales, dicha amenaza se eliminaba con su neutralización o privatización.
 Calza también la explicación de Boeninger con la continuación hecha por los gobiernos concertacionistas de las políticas de privatizaciones de los servicios públicos y de las riquezas básicas efectuadas por la dictadura. Particularmente con el agua, el desarrollo energético, el sistema portuario, la pesca y, sobre todo, con el cobre, cuya gran minería ha llegado a desnacionalizarse en más de un 70%. Además, dichos gobiernos continuaron profundizando el perfil exportador de productos primarios de nuestra economía; el “adiós a América Latina”; y la búsqueda frenética de la inserción solitaria de Chile en los mercados mundiales, expresado en decenas de tratados bilaterales de libre comercio.
También es plenamente congruente con las razones de Boeninger la mantención –hecha por los gobiernos de la Concertación- de la destrucción o irrelevancia del conjunto de organizaciones sociales de los sectores medios y populares que hizo la dictadura; y que habían sido un elemento clave de los procesos de democratización de antes de 1973: sindicatos, juntas de vecinos, colegios de profesionales y técnicos, organizaciones de pequeños productores, cooperativas, etc. La fortaleza de éstas constituye ciertamente un factor destructivo de una economía neoliberal.
Asimismo –y sin pretender ser exhaustivo- el argumento de Boeninger nos permite entender también porqué los gobiernos de la Concertación aceptaron ya en 1991 la legitimidad de la Constitución del 80, al señalar que Chile vivía en una democracia “imperfecta”, pero democracia al fin y al cabo (Ver El Mercurio; 8-8-1991); y como en 2005 ¡hicieron suya dicha Constitución, al ser firmada por Lagos y todos sus ministros!, a cambio de la eliminación de las disposiciones más evidentes de ella que establecían una autonomía militar. En la medida que la élite concertacionista ya no estaba interesada en la sustitución de la obra económica, social y cultural de la dictadura; no necesitaba de estructuras democráticas que la hicieran posible.
Ha sido tan notable y eficaz la sistemática distorsión histórica efectuada por el liderazgo concertacionista que ella ha engañado no solo al conjunto de la población, sino además a muchos de los más connotados cientistas sociales y jurídicos de la sociedad chilena. Estos no han percibido las amplias posibilidades históricas que han habido de sustituir el modelo heredado de la dictadura. Solo a título muy reciente tenemos el caso del más famoso experto (y crítico) del sistema de AFP del país, Manuel Riesco, quien al referirse a un estudio sobre el nefasto efecto que dicho sistema está teniendo sobre las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores (“La increíble estafa de las AFP explicada paso a paso”; en El Clarín, 3-11-2013) señaló que el sistema era casi imposible de cambiar ya que ¡requería quórums de reformas constitucionales! Asimismo, una de las más conocidas sociólogas del país, Marta Lagos, dijo recientemente que “el modelo (económico) está funcionando porque Pinochet dejó leyes que no se pueden reformar, porque hacerlo requiere quórum calificado” (Punto Final; 6-12-2013). Y el destacado jurista Fernando Atria manifestó un total desconocimiento del regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por la Concertación en 1989 en un foro realizado en el VI Congreso de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, el 18 de octubre pasado.

Seguidores