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viernes, 28 de febrero de 2014

“El Papudo”, conocido desertor del Comando Conjunto, declarará el lunes ante el juez Carroza

Por: |
El Papudo
El dos de febrero llegó desde Francia para declarar en varias causas de Derechos Humanos y el lunes a las nueve entregará su testimonio ante el magistrado, principalmente por el caso Fuente Ovejuna donde varios miristas fueron asesinados en septiembre de 1983. 

Según fuentes cercanas a la investigación del magistrado Mario Carroza, Andrés Valenzuela Morales deberá ser interrogado en calidad de testigo el lunes a primera hora por el ministro por varias causas de Derechos Humanos, pero principalmente por el caso de “Fuente Ovejuna, operación que se llevó a cabo en las calles Fuente ovejuna y Janequeo de la comuna de Las Condes, el 7 de Septiembre del 1983, como represalia por la muerte del intendente metropolitano mayor (r) Carol Urzúa.
Allí fueron asesinados los miristas Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Jorge Villavela Araujo, Sergio Peña Díaz, Alejandro Salgado Troquian y Hugo Norberto Ratier Noguera. En ese contexto, Valenzuela Morales, conocido como “El Papudo” ampliará la declaración que ya entregó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
“Efectivamente se en cuentra en Chile desde febrero requerido por varios ministros que llevan causas de Derechos Humanos y la cantidad de información que tiene al respecto”, confirmó a El Dínamo un funcionario de la Brigada de DD.HH de la Policía de Investigaciones. También agregó que Valenzuela Morales se estaría alojando en la casa de unos familiares en Santiago y habría declarado este lunes ante el juez Miguel Vásquez.
Su caso es conocido y también su frase: Sólo necesito hablar… Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas”, como el mensaje y revelación con el que Valenzuela llegó hasta la revista “Cauce” (en septiembre de 1984) para contarle esta historia a la periodista Mónica Gónzález (actual directora de Ciper). Valenzuela en ese entonces Suboficial de la Fuerza Aérea y tenía tan sólo 28 años.
La confesión histórica la dio como desertor del denominado “Comando Conjunto”, aparato represor que llegó a rivalizar con la DINA, encargado principalmente de la persecución y exterminio del Partido Comunista  y que luego de su disolución siguió operando dentro de la FACH hasta la década de los ‘80.
Como en el tiempo de sus declaraciones, “El Papudo” se desempeñaba como miembro activo de Fach, tiene una orden de requerimiento por deserción en la Fiscalía de la Institución. Después de este testimonio y por el riesgo de ser asesinado,  debío salir del país, ayudado por funcionarios de la Vicaría.
A través de esa histórica entrevista, por primera vez se pudo obtener datos acabados sobre las desapariciones, torturas y métodos de exterminio de militantes de partidos de izquierda. A través del confesión de Valenzuela además se conocieron nombres de agentes, centros de detención y tortura y el destino final de los cuerpos de los desaparecidos que fueron lanzados al mar en helicópteros y enterrados en fosas comunes.

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Agrupación de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Ejecutad@s Polític@s,junto con Felipe Donoso, jefe delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Dr. Patricio Bustos, Director del Servicio Médico Legal, firman Convenio de Custodia de Muestras Biológicas de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos.


 
 
 Este Jueves 27: Nuestra Agrupación de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación
de Ejecutados Políticos,junto con Felipe Donoso, jefe delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Dr. Patricio Bustos, Director del Servicio Médico Legal, firmaron un importante Convenio de Custodia de Muestras Biológicas de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Un importante avance que fue sugerido por el Comité de Expertos Internacionales
y que finalmente se concretó.
Convenios como estos, se tornan especialmente relevante cuando nos enteramos del hallazgo de osamentas humanas en lo que fue Colonia Dignidad, que serán periciados en laboratorios externos, lo que en el mediano plazo nos dará un resultado Científicamente validado, despejando toda duda.
de Ejecutados Políticos
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Directora del INDH: “No existe terrorismo en Chile y no hay terrorismo en La Araucanía”

Por:
/ Agencia Uno/ Agencia Uno
“En su mayoría los casos terminan en delitos comunes o con la absolución, después de que el imputado pase años en la cárcel. Eso nos dice que la Ley Antiterrorista resulta compleja en su aplicación para los propios jueces”, enfatizó Lorena Fríes.

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió, a pocas horas de conocerse la sentencia contra el machi Celestino Córdova, a la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Justicia, dejando en claro que no existe terrorismo en nuestro país y específicamente en La Araucanía.
“Mientras no se reforme la Ley Antiterrorista, nos parece que no se debe aplicar, porque no da garantías del debido proceso. Y, además, porque creemos que no existe terrorismo en Chile, y no existe terrorismo en La Araucanía. Esto no quiere decir que pueda llegar a constituirse en algún futuro. Lo que planteamos es que el diálogo y la política tienen que poner fin a la situación de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche”, indicó a La Tercera.
“Hasta donde se ve, los jueces en el ejercicio de su labor no logran armarse convicción respecto de actos terroristas donde se vean involucradas personas del pueblo mapuche. En su mayoría los casos terminan en delitos comunes o con la absolución, después de que el imputado pase años en la cárcel. Eso nos dice que la Ley Antiterrorista resulta compleja en su aplicación para los propios jueces”, enfatizó.
Y es que para Fríes, “existe un clima de violencia, un clima volátil que tiene como base un Estado que ha sido ineficiente en resolver los problemas, tanto del pueblo mapuche como de los residentes de la región, y que los lleva a conflictos entre ellos. El responsable es el Estado, y, por lo tanto, tiene que dar soluciones”.
“Lo hemos dicho: es el Estado el que tiene una deuda con los habitantes de La Araucanía, y en particular con el pueblo mapuche”, agregó.
Junto con ello, criticó el uso de testigos protegidos que permite la actual legislación Antiterrorista, calificando esta situación como “peligroso”.
“Si bien en la legislación internacional existe esta figura en relación a actos terroristas, la verdad es que también hay ciertos requisitos que se deben cumplir y tienen que ver con poder entregar igualdad de herramientas tanto al Ministerio Público como a la Defensoría para que se cumpla un juicio justo (…). A eso sume que no hay sanción para aquellos que, en su calidad de testigos protegidos, digan cuestiones que no son verídicas. Entonces se produce un incentivo perverso, que puede tergiversar lo que es el debido proceso”, explicó.

A propósito de los cadáveres encontrados en el enclave nazi

Los desaparecidos en Colonia Dignidad

Pese a que aún es muy prematuro como para suponer que los cadáveres (cuatro, según las última informaciones) que se han hallado en las inmediaciones del predio de Abratec SA, en la comuna de Bulnes (a 80 kilómetros al norte de Concepción), pertenezcan a alguna de las personas cuyo rastro se perdió allí durante la dictadura y también en el contexto de la “Operación Cóndor”, esa es una las hipótesis principales que se baraja por estos días
Por cierto, Abratec no es una simple empresa chancadora, sino una de las cuatro entidades que, en 1991, se quedaron con el patrimonio de la antigua corporación de derecho privado que hacía de fachada de Colonia Dignidad y que, en una hábil y siniestra maniobra jurídica, recibieron los bienes de la colonia, luego que el gobierno de Patricio Aylwin le quitara, después de 30 años de existencia, la personalidad jurídica.
Allí, en el predio de Bulnes, en un artificio de Relaciones Públicas, Paul Schäfer ordenó instalar un “Casino familiar”, para mostrar a los chilenos una cara amable, lo que por cierto era imposible. Entrar allí y ver los rostros autómatas de quienes servían las mesas era una experiencia cercana a una escena de una película de Stanley Kubrick, como lo fue también el hallazgo, en junio de 2005, de los arsenales de la colonia, la mayor incautación de armas efectuada en Chile desde el decomiso de las armas del FPMR en Carrizal Bajo, en 1986.
Junto con los lanzacohetes, fusiles, ametralladoras, explosivos y productos químicos de la colonia también se encontraron, por fin, las fichas de inteligencia que se confeccionaban en el interior de dicho recinto. Se trata de 36 mil (40 mil, según otras versiones) fichas, recopiladas laboriosamente por el colono Gerd Seewald desde 1974 en adelante.
Apenas incautadas las fichas, el ministro en visita Jorge Zepeda les aplicó la Ley de Inteligencia, lo que impide saber algo respecto de ellas. Lo único objetivo que se conoce de su contenido son los datos que han ido apareciendo en diversos fallos judiciales, que han ido demostrado paso a paso la certeza de todo lo denunciado desde 1973 respecto de la Colonia y su uso no sólo como campo de concentración, sino como un lugar de eliminación de personas.
Las estimaciones más conservadoras cifran en cerca de 100 los detenidos que desaparecieron en la Colonia, o en tránsito de este lugar, desde o hacia algún recinto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

El caso más conocido es el del mirista Álvaro Vallejos Villagrán, apodado “El Loro Matías”, quien fue detenido en mayo de 1974 en Maipú y trasladado a fines de julio de ese mismo año a la Colonia Dignidad, según atestiguó el soldado adscrito a la DINA Samuel Fuenzalida Devia, quien acompañó al entonces capitán Fernando Gómez Segovia, jefe de la DINA en Parral, en el viaje desde Santiago a la colonia, llevando al detenido, el cual entregaron a Paul Schäfer.

Chanfreau y el encapuchado

Luego del fin de la dictadura, el primer caso de Derechos Humanos que se abrió en Chile fue el relativo a la desaparición del ciudadano chileno francés Alfonso Chanfreau. En el fallo por su secuestro, quedó establecido que justamente la información que permitió su detención la proporcionó en Colonia Dignidad (bajo tortura) Vallejos Villagrán, y de eso quedó constancia en una de las fichas de inteligencia encontrada en el enclave germano el 2005. Fechado el 30 de julio de 1974, el documento detalla el interrogatorio a “El Loro Matías” y, bajo el nombre de Alfonso René Chanfreau Oyarzo, se señala “Mirista de Santiago, Estudiante, sin recibirse en filosofía, U. de Chile. Vivía en calle Llico, la casa está en pasaje, alrededor del día 11. Jefe del grupo político-militar N° 5. Está prófugo, escondido en Santiago”.
Cabe mencionar que esa misma noche, es decir, el 30 de julio de 1974, un comando de la DINA aprehendió a Chanfreau en su casa de la comuna de Independencia, desde donde fue trasladado al centro de torturas que funcionaba en el número 38 de la calle Londres, en pleno centro de Santiago. A partir de ahí nunca más se supo de su paradero.
Otro caso de DD.HH. que tuvo muchas repercusiones fue el del secuestro del médico y diputado Carlos Lorca Tobar, quien fue visto con vida por última vez en la colonia, hacia 1975. Según dijo ante la Vicaría de la Solidaridad el famoso “encapuchado del Estadio Nacional”, Juan René Muñoz Alarcón, quien desertó de la DINA en 1977, dos años antes había más de 100 prisioneros con vida en la colonia, incluyendo al parlamentario (al final de esta crónica se puede leer el testimonio completo).
En su declaración, copia de la cual consta entre los archivos desclasificados de Estados Unidos, Muñoz vaticinó que sería asesinado y, respecto del enclave nazi, aseveró que “quiero dejar constancia, jurar si es preciso, que parte de los prisioneros están vivos, en malas condiciones físicas, pero muchos de ellos al borde de la locura por el tratamiento que han pasado, muy duro. Me refiero en especial a Carlos Lorca, a Ponce, jefe del frente interno del PS y Secretario General en el momento de su detención. Están en Colonia Dignidad, pabellón segundo. También quiero referirme a Tolosa de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y del CC (Comité Central)”.
Agregó que “los que están vivos no son más de 150 personas, dije antes el número exacto: son ciento cuarenta y tantas personas”, precisando que todos eran “hombres importantes dentro de la clandestinidad y en estos momentos se los mantiene vivos para utilizarlos para cazar al resto” y que “esta gente, hasta el momento, no tiene ninguna seguridad de salir vivos realmente”.
El 22 de octubre de 1977 el cuerpo de Muñoz fue encontrado en un potrero ubicado en la calle Enrique Olivares (Santiago) frente al N°1168, con heridas múltiples cortantes penetrantes en diferentes partes del cuerpo.
Otro caso emblemático es el de la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó, secuestrado en septiembre de 1974 desde El Arrayán. En la sentencia que condenó a la cúpula de la DINA por este crimen, se detalla que el religioso (y miembro del MIR) pasó por varios cuarteles secretos, hasta que fue trasladado por el cabo de la DINA Manuel Leyton a Colonia Dignidad, donde –según Leyton contó al famoso torturador Osvaldo Romo Mena– se lo entregó a Gómez Segovia, siempre de acuerdo a la sentencia. Leyton, sin embargo, nunca pudo declarar en la causa, pues fue asesinado en 1977 en Santiago por la misma DINA, que le aplicó gas sarín para silenciarlo, luego que Carabineros lo detuviera por el robo de un vehículo.

El caso Maino

Durante los últimos 10 años, la mayoría de las investigaciones que diversos jueces han realizado en torno a los misterios de la DINA y su vinculación con la Colonia Dignidad se efectuaron a partir de un caso en particular, el secuestro de los militantes del MAPU Juan Maino, Elizabeth Rekas (embarazada de cuatro meses al momento de su desaparición) y su esposo Antonio Elizondo, todos los cuales fueron plagiados en Santiago en mayo de 1976, por agentes de la DINA.
Esa investigación, caratulada con el número 2182-98, fue la que permitió a los tribunales ir estrechando el cerco en torno a Colonia Dignidad y desgajar de ella múltiples episodios, culminando con una condena en contra de toda la cúpula de la DINA y de dos jerarcas de la Colonia Dignidad, Gerhard Mücke, ex guardaespaldas de Paul Schäfer, y Johan Van Den Berg.
De acuerdo a la sentencia, luego de que los tres secuestrados fueran conducidos a Villa Grimaldi, los trasladaron desde allí rumbo al predio de Parral, que en la jerga de la DINA se designaba como “Puerto Montt”, donde desaparecieron junto a dos citronetas que les fueron robadas al momento de ser aprehendidos. En el caso de Maino, existe la presunción fundada de que el último lugar en que estuvo prisionero fue la bodega de papas de la colonia, donde habría sido custodiado por Van Den Berg.
Según el juez Zepeda, es un hecho que la DINA secuestraba personas y vehículos para “pagar” con estos a la colonia por sus servicios represivos. Así, en su sentencia el ministro señala que los autos eran entregados a Schäfer y sus cómplices “por la contribución a la privación de libertad y desaparición de las víctimas sustraídas”.
La existencia de varias fosas en las cuales se escondieron los autos robados a los detenidos desaparecidos era conocida ya hace más de 20 años, luego de la fuga del ex colono Georg Packmor (quien denunció los hechos), pero fueron las diligencias del juez y de la PDI al interior del predio las que permitieron encontrar evidencia física de ello, al recuperarse los motores de dos automóviles enterrados.
Al respecto, uno de los colonos declaró que hace unos 25 o 30 años aparecieron al interior de la colonia ocho vehículos, entre ellos dos o tres citronetas, un Renault rojo, un Austin Mini y un auto americano de color oscuro, probablemente marca Dodge, así como una camioneta Chevrolet amarilla (que usaba Schäfer). De acuerdo a esa declaración, Schäfer reunió a Willi Malessa, Van Den Berg y Artur Gerlach (actualmente fallecido) y les ordenó pintarlos (Mucke fue uno de los encargados de esa tarea) y borrarles los números de serie a los motores. Años después (en las postrimerías de la dictadura) Malessa le indicó que debían desarmarlos y enterrarlos bajo tierra. Mücke negó todo lo anterior, pero sí reconoció que había una citroneta en la colonia, de color blanca, que dice que era la que usaba Harmutt Hopp para ir a la universidad.
Erick Fege reconoció, por su parte, que, por instrucciones de Mücke, cavó seis o siete zanjas de unos dos metros de profundidad con una máquina de gran tamaño. De estas fosas, tres fueron encontradas por Zepeda y la PDI, aunque ya sin restos de vehículos, desconociéndose quién y cuándo había retirado los automóviles de allí. Sin embargo, en otra se ubicaron (como se menciona anteriormente) los motores de dos automóviles Renault con sus números de serie limados.

Merino y Valdebenito

Otros dos detenidos desaparecidos cuyo rastro comenzó a perderse para siempre en la Colonia fueron Pedro Merino y Adán Valdebenito. Merino, de 21 años, era dirigente de las Juventudes Comunistas de Coronel y fue detenido el 14 de septiembre de 1974 por efectivos de “El equipo 600” de la DINA, como se denominaba a un comando de 12 agentes que operaba en Concepción, pero que estaban bajo las órdenes de Gómez, en Parral, donde estaba la jefatura de la DINA para el sur del país, algo que sería inexplicable dado el pequeño tamaño de la comuna, si no fuera por su relación con la colonia.
De hecho, Merino fue llevado a Dignidad y su estadía allí quedó consignada en una de las fichas de inteligencia, la cual estaba encabezada por la sílaba “GU” y  la letra “D”. La primera sigla siempre correspondía a la clave de la fuente de la información. En este caso, según el fallo del ministro Zepeda, “GU” correspondía a una abreviación de “GURMIR”, el exótico seudónimo con el cual conocían al interior de la colonia al entonces capitán Gómez Segovia. La “D” era mucho más siniestra: era la sigla que indicaba el destino de la persona mencionada en la fecha. Significaba “Desaparecido”.
A continuación, venía una fecha: 16 de septiembre de 1974, y luego una extensa declaración  en la cual Merino “confesó” que las armas que la DINA creía se escondían en Lota estaban en poder de otro militante de las JJ.CC., el obrero de Enacar Adán Valdebenito, de quien aparecían todos sus datos, que es imposible que Merino tuviera en su cabeza: “Carnet 63.247 de Lota, otorgado el 26-3-74. Nacido el 10-5-1948, circunscripción Lota, No 695, 1948. C/c Isabel Orlanda Quiñones Garrido, L.M. Lota 242, 1969, Profesión: Obrero; Domicilio: Ex Gimnasio, Pab. 13 No 103, Lota”.
Valdebenito fue secuestrado por la DINA el 25 de septiembre de 1974, 10 días después de Merino. Su suerte fue la misma, aunque –tras el paso por la Colonia– su rastro se perdió en el campo de prisioneros de Cuatro Alamos, de acuerdo a la sentencia emitida por el ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción. No obstante, su estadía en la colonia quedó cuidadosamente estampada en la ficha que confeccionaron para él, gracias a la que se sabe que estuvo allí entre el 27 y el 29 de septiembre.

Las otras fichas

Una de las más célebres mujeres de la DINA, la ex mirista Marcia Merino (“La flaca Alejandra”) también quedó registrada en las fichas de Seewald. Detenida en Concepción, fue trasladada a la colonia. En uno de los fallos dictados por Zepeda se menciona que su ficha la tipificaba así: “Mirista de Santiago. Está trabajando en el Comité Central del MIR en Santiago. Su profesión no se sabe. Ella era jefe del grupo político militar N° 1 (Matías 30-7-74d)… Colaboradores abiertos al parecer se restringen a algunos enlaces y a Flaca Alejandra. (PABLO; Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlosser)”.
En los mismos días en que el grupo “600” de la DINA anduvo en su apogeo en la zona del carbón, se llevaron detenido igualmente a Luis Pichott de la Fuente, de quien también quedó una ficha en Dignidad, lo mismo que en el caso de Ernesto Tapia del Río.
En cuanto a Miguel Angel Becerra, agente de la DINA que fue envenenado al interior del recinto (aunque su cuerpo fue dejado cerca de Longaví), la justicia también descubrió fichas correspondientes a él. Lo único que se sabe de esas tarjetas es que se refieren a su círculo familiar, como parte de una labor de “contrainteligencia” (cabe mencionar que el hijo de Becerra vivió secuestrado por varios años al interior de la colonia).
Existen, asimismo, presunciones de que la colonia pudo ser uno de los lugares a los que fue trasladado el líder del MIR Edgardo Enríquez Espinosa (hermano de Miguel Enríquez), detenido en la frontera entre Paraguay y Argentina en 1976 junto a Amílcar Santucho, dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino. Un destino semejante se cree pudo tener la también militante del MIR Muriel Dockendorf, detenida en Santiago luego de una delación de Marcia Merino.

Retiro de televisores

A estas alturas la justicia tiene claridad, por una declaración de Gerhard Mücke que fue publicada por el hoy desaparecido diario La Nación (que durante varios años investigó en forma incansable al enclave), que cuando en 1978 Augusto Pinochet ordenó la operación “Retiro de televisores”, para remover los cuerpos de los detenidos desaparecidos, al menos 22 de ellos, que estaban sepultados en una fosa clandestina ubicada en el predio de Parral, fueron rociados con fósforo químico y los restos lanzados al río Perquilauquén.
Sin embargo, existen presunciones de que esa no fue la única remoción de cuerpos en la colonia. Hay testimonios en el sentido de que así como a fines de los años 80 hicieron desaparecer los autos de los detenidos desaparecidos, hacia el año 2000 habría existido también una remoción de más cuerpos, armas y productos químicos, ordenada por Paul Schäfer desde Argentina, donde se escondía desde 1997. Así, habrá que esperar varios meses a que concluyan los peritajes que actualmente se efectúan a las osamentas halladas en Bulnes para saber si se trata de alguno de los detenidos desaparecidos que aún permanece en dicha condición.

Publicado originalmente en http://www.DocumentoMedia.cl

Lorena Fries también advierte la falta de garantías de la justicia militar

NDH apunta contra “conjunto de prácticas de Carabineros” detrás de muerte de detenido en furgón y asegura que no fue “un hecho aislado”

Recordó que la Primera Comisaría de Rancagua, lugar en el cual se encontraba el vehículo policial en que falleció Jorge Aravena Retamales, es el mismo cuartel donde tiempo atrás varias estudiantes que permanecían detenidas fueron obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas frente a otras personas.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, no cree que la muerte de un detenido al interior de un furgón policial en Rancagua, ocurrida el pasado 17 de este mes, corresponda a un hecho aislado. Por el contrario, estima que el caso de Jorge Aravena Retamales, de 44 años, forma parte de “un conjunto de prácticas de Carabineros”.
Un día después que el INDH interpusiera una querella contra la policía uniformada por el delito de “torturas con resultado de muerte”, Fries dijo a La Tercera que prueba de ello son las situaciones registradas anteriormente en la Primera Comisaría de la capital de O’Higgins, mismo cuartel donde se produjo el deceso de Aravena, quien siete horas antes había sido aprehendido por negarse a pagar la cuenta de un céntrico restaurante de comida peruana.
Recordó al respecto lo que le pasó a un grupo de estudiantes, que después de una protesta fueron detenidas y llevadas al mismo lugar, donde “las desnudaron, las hicieron hacer sentadillas y otros ejercicios físicos en frente de otras personas”.
Por ello, afirmó que “lo ocurrido con el furgón policial no es un hecho aislado, es un conjunto de prácticas de Carabineros”.
Lorena Fries también cuestionó que la muerte del detenido –que significó la destitución de cuatro uniformados, el llamado a retiro de una subteniente y sanciones a otro oficial– esté siendo investigada por la Justicia Militar, por cuanto asegura que está demostrado que la tasa de condenas a uniformados no supera el 0,3 por ciento.
“Nosotros siempre hemos hecho una crítica al fuero militar, el índice condenatorio llega a un 0,3%, no hay garantías”, se quejó.
Las declaraciones de Lorena Fries se producen durante la misma jornada en la que el fiscal militar de Rancagua, Carlos Muñoz, confirmara el inicio de un proceso contra los seis funcionarios involucrados y resolviera dictar autos de procesamiento a otros seis efectivos de la Primera Comisaría rancagüina, todos ellos por el delito de incumplimiento de deberes militares, falsedad y cuasidelito de homicidio.
Radio Bío Bío informó que uno de los nuevos encausados es un aspirante a oficial que realizaba su pasantía en la unidad, mientras que se indaga la falsificación de documentos en la guardia del recinto para ocultar lo que había sucedido.
Todos los policías involucrados, tanto los dados de baja, los que siguen activos y los que fueron pasados a retiro, permanecen en calidad de detenidos en distintos recintos de Carabineros.

jueves, 27 de febrero de 2014

Restos hallados en cercanías de Villa Baviera pertenecen al menos a tres personas

El SML, la PDI y la Fiscalía ya trabajan en determinar la data y la eventual participación de terceros.
La AFDD cree que puede tratarse de víctimas de la dictadura.
 
UPI
"Éste no es un tema del pasado, es un tema del presente", dijo el director del SML, Patricio Bustos, quien subrayó que los organismos del Estado están "al servicio de las familias y la justicia".
"Éste no es un tema del pasado, es un tema del presente", dijo el director del SML, Patricio Bustos, quien subrayó que los organismos del Estado están "al servicio de las familias y la justicia".
Equipos del Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Bulnes trabajan en el levantamiento de las osamentas humanas halladas esta semana en una de las riberas del Río Itata, en las inmediaciones de la planta de áridos de la ex Colonia Dignidad.
"Son partes de cuerpos y estamos hablando de a lo menos tres cuerpos que se han encontrado hasta ahora", informó este jueves el fiscal jefe de Yumbel, Álvaro Serrano, quien coordina las diligencias.

Serrano informó que "a la Brigada de Homicidios se le han decretado diversas diligencias que ya se están realizando para poder determinar, entre otras cosas, la causa de la muerte, la data de muerte y la participación de terceras personas en ésta".
"Hay pruebas científicas que se han decretado, que son las de carbono 14, que nos van a decir, en definitiva, la data de muerte, que es sumamente importante", agregó el fiscal, quien subrayó que en este caso "a lo menos tenemos claro que hay una inhumación ilegal" constatada.
Desde Santiago el director nacional del SML, Patricio Bustos, confirmó que en la zona ya "hay una avanzada de un equipo integrado por dos antropólogas y una arqueóloga y, a partir del día lunes, este equipo va a ser ampliado a ocho profesionales desde el nivel central, también con el apoyo del nivel regional".
Las profesionales iniciaron la remoción de los restos mortales, entre los que se encuentra un cráneo con un orificio. El lunes se unirá un perito fotográfico, un tanatólogo y un odontólogo, entre otros, para conformar el equipo multidisciplinario.
"Ésa es una demostración de que éste no es un tema del pasado, éste es un tema del presente. Van a seguir ocurriendo estos hechos, porque los organismos del Estado tenemos que estar al servicio de la justicia, al servicio de las familias, al servicio de la búsqueda de elementos de verdad que permitan avanzar en la justicia", subrayó Bustos.
  AFDD pide un "último esfuerzo"
Durante la dictadura la Villa Baviera, entonces Colonia Dignidad, era férreamente controlada por el ex militar nazi Paul Schäfer y fue uno de los centros de detención ilegal de la DINA por el que pasaron más de 100 prisioneros políticos.
El hallazgo de los cuerpos reabrió la esperanza en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, cuya presidenta, Rosario Peña, pidió a la Justicia hacer todos los esfuerzos para aclarar el caso.
"No es extraño que haya en esos lugares de esos alemanes, que haya cuerpos de nuestros familiares, de nuestros compañeros detenidos desaparecidos", dijo Peña.
"Ojalá la Justicia chilena ya se ponga bien los pantalones y averigüe e investigue lo más que se pueda, porque los 40 años no han pasado en vano. Sabíamos que desaparecieron, pero no sabemos dónde están sus cuerpos", declaró.
De acuerdo a los informes de derechos humanos, se estima que a lo menos 90 personas desaparecieron en los tiempos de la dictadura en esa zona de la Provincia de Ñuble. Por estos hechos el minsitro en visita Jorge Zepeda decretó condenas en 2011 y 2012.
Lorena Pizarro, presidenta nacional de la la AFDD, contó que "familiares directamente afectados por la causa Colonia Dignidad manifiestan su preocupación por la forma en que se lleva adelante la investigación, pero tenemos que ver cómo también por parte del señor Zepeda, pero también los otros jueces, empezamos a avanzar".
"Han pasado los años, tenemos que pensar en el último esfuerzo, los genocidas han envejecido y van a morir en la impunidad. Eso no lo podemos permitir", sentenció.

 

Carta de Yuri Gahona a Carolina Echeverría

Por mi y todxs mis compañerxs...

Usted supo, oyó, omitió y silenció voluntariamente el horror y el estigma del apellido innombrable. En ese silencio culpable y ominoso usted dejó de lado la dignidad y la empaquetó junto a la nobleza y decidió tapar las manchas de su infame legado, escondidas a la sombra, creyendo que nunca la luz de la memoria alcanzaría sus retorcidos escondites.

En estos cuarenta años usted supo, oyó, omitió y silenció voluntaria y alevosamente el secuestro, la detención ilegal en lugares ilegales, los parrillazos, las manipulaciones, las violaciones individuales y en grupo, los ratones en la vagina, los médicos tomando el pulso para indicar cuánto más resistiría un hombre o una mujer torturada.

Usted supo, oyó, omitió y silenció, años de impunidad que son siglos, leyes de amarre, pactos del silencio, decretos de secreto, leyes de secreto, proyectos de ley que forraban de más impunidad a los criminales.

Usted supo, oyó, omitió y silenció los descuentos por planilla para el pago de abogados que defendieron y defienden con argumentos imposibles y humillantes a los sádicos, crueles, asesinos apatotados, escondidos y parapetados en uniformes militares.

Usted supo, oyó, omitió y silenció la operación retiro de televisores, los cuerpos dinamitados en la Colina Dignidad y en el desierto, los entierros de restos de desaparecidos y ejecutados, pedacitos de la nada que se convierten en el desastre cotidiano de una búsqueda que no cesa.

Usted supo, oyó, omitió y silenció los aterradores tentáculos que la dictadura instaló en Chile entero pagando con los recursos del fisco la sordera, la ceguera, la mentira y el ocultamiento voluntario de esta historia donde usted carga con el apellido alevoso.

Usted ya le hace honor a su apellido. Usted hoy día vuelve nuevamente a parapetarse en los crímenes olvidando todo lo que ha costado, a pesar de gente como usted, que esta parte de la historia de los vencidos sea reconocida como lo que fue y no como le hubiera gustado al coronel de la muerte.

Por fortuna yo no olvido, ni perdono ni me reconcilio, porque en este país por la gente como usted, hemos perdido la confianza en los partidos que blindan figuras imposibles, las retocan como si este fuera un espectáculo teatral donde usted podrá sacarse la máscara, pero no podrá borrar las huellas de la sangre que han libado para seguir subsistiendo. A mí me da lo mismo que usted se vaya o se quede, que explique o silencie, a mí lo que me importa es que en nombre propio y de los que nos faltan a todos cada día, usted falló porque las heridas que causó su padre, usted las ha vuelto a abrir, incapaz de comprender que el presente está lleno de memoria.

Yuri Gahona

miércoles, 26 de febrero de 2014

¿Por qué la Presidenta Bachelet sostiene a Carolina Echeverría?


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Periodista
 
 Ha sido absolutamente decepcionante la actitud que ha tomado el Gobierno de Michelle Bachelet en relación a la situación de la subsecretaria de FF.AA., Carolina Echeverría, quien más que ser cuestionada por ser hija de un torturador de la dictadura, ha dejado en evidencia su accionar como subsecretaria de Marina, en el primer período de Bachelet. Sin embargo, la situación de los otros subsecretarios cuestionados fue considerada por el futuro gobierno como “insostenible”. ¿Con esto debemos entender que la situación de Echeverría es sostenible?
 
 Al realizarse la denuncia sobre el padre de Echeverría, no se buscaba responsabilizarla personalmente por los delitos de su progenitor. Se perseguía de ella una respuesta seria y una toma de posición pública respecto de las violaciones a los DD.HH. cometidos en dictadura. ¿Era eso tan complicado? Rodrigo Peñailillo, futuro Ministro del Interior, y otros personeros del futuro Gobierno aseguran saber que ella condena tales actos. Entonces ¿por qué no ha sido ella quien exprese públicamente esa condena? ¿Por qué debe mantenerla en el fuero íntimo? ¿Por qué debe la ciudadanía aceptar el convencimiento personal del futuro Ministro del Interior sobre el “compromiso con los DDHH” de la futura subsecretaria?
Pero hay más, en estos días se denunciaron actos propios de la señora Echeverría: concretamente que, cuando ejercía el cargo de subsecretaria de Marina, solicitó a marinos constitucionalistas que habían sido víctimas de tortura entre los años 1973 y 1976, que retirarán la querella por torturas que habían entablado contra los responsables de estos hechos, para que se les reconociera la calidad de exonerados políticos. Eso es un claro ejemplo que cuestiona su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia y, en definitiva, con los DD.HH. La ciudadanía tiene derecho a pensar que ella puede tener un conflicto de interés en el tema.

Más aún, como salió publicado en la revista El Periodista, cuando ejercía como subsecretaria de Marina se le abrió un sumario que abarca los años 2008 y 2009 “por posible corrupción en el caso de la tramitación de una concesión costera de uso de agua de mar, solicitada por la empresa franco-belga Suez Energy para su megaproyecto energético Barrancones”. La firma, para destrabar el proyecto y conducirlo a un resultado conveniente para ella, contrató los servicios del ingeniero Clovis Osorio, marido de Echeverría, cuando ésta aún ejercía como jefa superior de la Subsecretaría de Marina, donde se gestionaba la concesión. “La relación con Echeverría habría permitido que Osorio tuviera un acceso privilegiado a la información relativa al estado y gestión de la concesión, como aparentemente revelan correos electrónicos intercambiados entre los años 2006 y 2008 entre el ingeniero y el encargado de concesiones de la Subsecretaría de Marina”.
Es decir, lo que deja en cuestión a la señora Echeverría no es ser hija de un torturador, abusador y violador (eso es un hecho de la causa), son además hechos propios que requieren una explicación clara, abierta y transparente.  Carolina Echeverría debió haber salido a explicar al país su condena ferviente a las violaciones a los DD.HH. al día siguiente de que se realizara la denuncia contra su padre, pero no lo hizo. Carolina Echeverría debió responder la denuncia de los marinos constitucionalistas directamente contra ella y la denuncia de la revista El Periodista por eventual uso de información privilegiada. O debió, mejor aún, dar un paso al lado y declinar aceptar el cargo que se le ofreció.
La futura administración y la cuestionada futura Subsecretaria, se equivocaron al mantener silencio. Hoy, a más de dos semanas, cualquier cosa que diga ella u otro no es ni será creíble.
Siento el deber de no callar. La fuente de nominación de Echeverría es la Presidenta y, a su vez, la fuente de poder de ella es el voto popular, entre ellos, el mío y el de toda mi familia. Tenemos el derecho de saber de boca de la propia Presidenta Bachelet las razones que ella tiene para insistir en su designación, en desprecio a las opiniones certeras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del padre José Aldunate, de mi madre y Coca Rudolphy, víctimas de Víctor Echeverría. La Presidenta debe responder, no otra persona, como Peñailillo que dice una vaguedad, como si su palabra fuese fuente de autoridad, como si su mera afirmación bastase, de alguien que no tiene referencia en materia de derechos humanos.

Ministro de Defensa de Bachelet afirma que está abierto a analizar degradación de militares por violaciones a los DD.HH.

 Cambio 21 /26/02/2014
Jorge Burgos dijo que está abierto a escuchar y analizar la petición que hiciera la presidenta de los Familiares de Detenidos Desaparecidos sobre a tomar la medida de degradar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar
El futuro ministro de Defensa y actual diputado DC, Jorge Burgos, manifestó que está abierto a escuchar y analizar la petición que hiciera la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, en torno a tomar la medida de degradar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden que tuvieron participación en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet.

"Me parece que es un planteamiento que hay que analizar, no lo conozco en detalle, pero todos esos temas hay que analizarlos, ver las posibilidades jurídicas de lo mismo, las posibilidades legales, no son simplemente decisiones que se puedan hacer producto de una legitima posición al respecto, tienen también elementos jurídicos legales, que habrá que analizarlo", sostuvo el próximo ministro de Defensa.

Burgos explicó que "como ministro de Defensa, más allá de las opiniones que pueda tener la propia Presidenta de La República sobre esto, que obviamente son más importantes que la mía, estoy absolutamente abierto a escuchar esas opiniones y a analizarlas".

La futura autoridad, asimismo se pronunció respecto de la ratificación tácita que recibió la próxima subsecretaria de FF.AA. Carolina Echeverría, recalcando que encuentra "complejo" que una persona deba pronunciarse respecto de su padre. Esto debido a las acusaciones que se han hecho contra Víctor Echeverría, padre de la ex subsecretaria de Marina y coronel en retiro del Ejército, sobre torturas, abusos y violaciones.

Consultado por las persistentes críticas que ha enfrentado la futura subsecretaria de FF.AA., Burgos enfatizó que "me parece que hay un pronunciamiento más que suficiente, si usted me pide que una persona tenga que pronunciarse públicamente sobre el padre, lo encuentro más complejo, para eso están los tribunales de justicia en nuestro país".

El actual parlamentario falangista, concluyó que "toda persona que asuma un cargo público de envergadura puede estar sujeta a ciertos cuestionamientos y me parece legítimo que tengan opinión, pero aquí lo central es que la señora presidenta de la República en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, ha determinado cual es el equipo de ministros y subsecretarios que la va a acompañar".

Educación: "Expertos", lucro y movimiento estudiantil

Escrito por Leopoldo Lavín Mujica
Pese a las luchas estudiantiles recientes el panorama de la educación superior en Chile no ha variado ni un ápice. Al punto que algunos analistas políticos hablan de un movimiento estudiantil "derrotado". Expresémonos más bien en términos de reflujo normal que, eso sí, sin una ofensiva bien preparada en aras de obtener sus históricos objetivos puede/podría, saldarse con una batalla perdida más. Los tecnócratas de la Nueva Mayoría están prestos a maniobrar para acomodar las demandas en el sistema capitalista neoliberal que funciona a full. Pese al triunfo innegable que significó el retiro de la denominación de la DC Claudia Peirano como subsecretaria de Educación. Porque lo que ella nombra sigue vigente: salvar el sistema que permite que clanes capitalistas privados vinculados a sectores políticos representados por la Nueva Mayoría se enriquezcan con la producción de educación y títulos. 
Así es, el pago de matrículas siderales y el consiguiente endeudamiento de las clases medias asalariadas sigue como si nada. A ningún dirigente estudiantil se le ha ocurrido plantear una huelga de pago de matrículas y una moratoria en el pago de la deuda crediticia. Lo peor de la paradoja: las universidades públicas chilenas son tan caras como las privadas. Y la ciudadanía que vive de un salario aguanta y aguanta. 
No obstante que las pruebas de que este es un sistema basado en la circulación de capitales en busca de ganancias llueven. En el marco del diseño neoliberal del sistema educativo chileno la mentada prohibición legal al lucro debe leerse como una pura declaración formal. El Mercurio ( editorial del 25/02/2014) le echa la culpa a "la falta de herramientas apropiadas para cautelar el cumplimiento de prohibición del lucro". El Mercurio justifica a la multinacional "educativa" estadounidense Laureate cuando ésta persevera en hacer jugosos negocios lucrativos en Chile con la Universidad de las Américas, de la cual es propietaria (sostenedora se dice). Y si lo hace Laureate es porque los vericuetos de la normativa lo permiten. La situación ha sido denunciada hace algunos días por Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile. Este critica a la ministra Schmidt y sostiene que “es inaceptable que no se investiguen con rigor y, a tiempo, todos los antecedentes que hay sobre la forma en que el grupo Laureate ingresó y opera en Chile”. Cosa que la Concertación nunca hizo ni la Nueva Mayoría hará, a menos de masivas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas.
Los enormes montos de dinero del y con aval Estado que circulan para que funcione el dispositivo mercantil privado de educación y satisfacer la demanda han generado enriquecimiento privado y su corolario en la formación orgánica de poderosos intereses económicos y políticos. Estos se esconden detrás del discurso ampuloso y tecnicista de los expertos que, pese a los floreos y escarbando un poco, en el fondo, siempre terminan por defender una concepción mercantil de la educación y un sistema de producir conocimiento ajustado a los parámetros de la libre circulación global de capitales prestos a invertirse donde haya posibilidades de ganancia. 
El ministro PPD designado de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, por haber sido empleado del grupo económico Luksic y alto funcionario del Fondo Monetario Internacional —una de las instituciones clave en el  "buen" funcionamiento del capitalismo neoliberal planetario e impulsor en los ochenta del Consenso de Washington— sabe de más como funciona el sistema. En otras palabras, como hacer ajustes estructurales a todo nivel para que el capital privado nacional y global se expanda. Y sobre todo a proceder con tacto a reformas "adaptativas" (el término es de R. Lagos) tan necesarias para preservar un sistema cuestionado por sus rigideces neoliberales. No es posible que el mercado y el capital manden siempre y en cada espacio social logren ahogar las iniciativas de emancipación social y creatividad cultural, se dicen los ciudadanos. El silencio de Eyzaguirre con respecto al tema de Laureate dice más acerca de sus convicciones que las desleales declaraciones sobre sus antiguos compañeros de colegio y de adolescencia.
Las cosas por su nombre  
El escándalo del negociado educativo de Laureate fue rápidamente sacado de la escena pública mediática. Opinólogos,  jóvenes políticos de "izquierda" incapaces de tomar distancia crítica con el democratismo formal de moda (Gabriel Boric) y comentaristas de la derecha y de la NM se dedicaron a darle crédito democrático a la conspiración destituyente derechista-imperialista contra el Gobierno del Presidente Maduro de Venezuela. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) comprobó que el 24% de las operaciones de la Universidad de las Américas correspondían a transferencias al grupo empresarial Laureate. En un documento oficial del organismo regulador se puede leer: “Los pagos a empresas controladoras representan un 12% de los costos operacionales totales anuales en el período 2006-2012 y corresponden a servicios de apoyo educacional, administrativos y derechos de propiedad intelectual”. Forma de obtener ganancias pese a la prohibición de lucro. 
Hay que cotejar el discurso con la realidad, es decir, con el conjunto de prácticas, intereses, mecanismos, modus operandi y principios ideológicos basados en la "libertad" de los mercados y en una visión de la educación destinada a formar mano de obra asalariada preparada bajo el calificativo abominable de  "capital humano". Estos son postulados con los cuales Eyzaguirre está completamente de acuerdo en el fondo, pero, bien sabemos, su tarea será, precisamente, embolinarle la perdiz al movimiento estudiantil. 
Saltó Peirano (defendida hasta el final por Bachelet, Eyzaguirre y Peñailillo), el fusible, y quedó su esencia bajo la forma Eyzaguirre, el "buena onda". El "converso" Eyzaguirre no es, como dice el rector Peña de la UDP, un "converso" al estilo Paulo de Tarso, sino uno al estilo de los marranos (forzados a la conversión) o judíos españoles que para salvar sus vidas de la represión desatada por la Inquisición (XV) debieron aparentar una conversión a la fe católica, pero sin renunciar a sus profundas convicciones y prácticas rituales judaicas. En el caso de Eyzaguirre, que es un economista neoliberal y lo seguirá siendo, no hay una conversión a posturas socialdemócratas o keynesianas. Lo que se juega, en el caso del ministro designado, es el poder, el prestigio y su incondicional adhesión al clan de los poderosos, pero no la vida. La única manera de demostrar su fe en la educación pública concebida como un derecho social y un bien público gratuito sería anunciar la creación en regiones de una universidad pública y gratuita por año con fondos del Estado. Imitar en ese aspecto las políticas públicas universitarias de Argentina, Brasil y Venezuela. No por algo esta política, que significa gasto público y alza de impuestos a ese grupo social del 1 al 5%, es tan odiada por el FMI (el Alma Matter del ministro de Educación de Bachelet) que ha demostrado ser un guardián de la austeridad y de políticas que favorecen al capital en detrimento de los trabajadores. 
La realidad es que los enormes montos de dinero del y con aval Estado que circulan en el modelo educativo chileno han generado poderosos intereses económico-políticos que asoman en el discurso de los intelectuales orgánicos de los empresarios educativos: los Brunner, Aylwin, Oliva, Matte, Peirano, Schmidt y Cía. Los llamados "expertos" defienden una concepción mercantil de la educación, un sistema de producir conocimiento sujeto a los parámetros de la circulación de capitales prestos a invertirse donde haya posibilidades de ganancia y, también, una mentalidad o subjetividad meritocrática; léase: individualismo competitivo. La esencia de la filosofía neoliberal.     
El caso Laureate y sus vínculos con la derecha y el Estado, por intermedio de la ministra Schmidt y de su esposo Gonzalo Molina, abogado del bufete que asesora al grupo Laureate, es un ejemplo entre otros de las poderosas redes de intereses políticos y económicos que se despliegan en el lucrativo negocio de la educación.  El otro caso, no menos significativo, esta vez en la Nueva Mayoría, es el de las ramificaciones del empresario de la educación secundaria y dirigente DC Walter Oliva, financista de la senadora Ximena Rincón y, por lo tanto, una real influencia en el gabinete entrante.  
Estamos frente a una endogamia clánica en un capitalismo concentrador de la riqueza social. Y ante una Nueva Mayoría dedicada a aceitar la infraestructura del poder económico y político. La especialidad del bacheletismo es construir puentes con los poderes neoliberales. Todos los ministros y subsecretarios aseguran y preservan estrechos vínculos con los grupos económicos (bancos, AFPs, Isapres, Minero-exportador, empresariado educativo, retail, farmacias, telecomunicaciones, energéticos) que controlan la economía nacional.  
Pero el fenómeno es extensivo a todo el sistema privado de educación superior. No hay universidad privada que esté por encima de toda sospecha. Basta darse el tiempo de investigar los vínculos de los miembros de los comités de administración de cada una para constatar el entramado transversal de intereses. Como, de la misma manera, basta con seguirle la huella curricular a cada subsecretario de Bachelet-Peñailillo para saber cual es el sector económico capitalista o de poder (FFAA) con los que se vinculan para representarlos con el fin de preservar su poder e intereses. En términos políticos: la alternancia del duopolio político en la administración del Estado asegura la hegemonía o dominio de fracciones de la clase dominante que coinciden hoy en proceder a pequeñas reformas que ni siquiera corresponden a un proyecto socialdemócrata sino que se enmarcan en la misma racionalidad capitalista-neoliberal del modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar.    
Si la dirigencia estudiantil no enfrentó política ni discursivamente a Bachelet-Eyzaguirre-Peñailillo, en las próximas semanas tendrá que hacerlo en el terreno de la intervención pública con propuestas y argumentos claros y contundentes  y, por sobre todo, con el trabajo de construcción de una relación favorable de fuerzas con despliegue asambleístico y movilizador desde abajo y con un discurso y prácticas articuladoras y solidarias con las expresiones del movimiento de trabajadores. Fiel a la clave del éxito de la política transformadora. Unica manera de galvanizar al movimiento estudiantil en pos de masivas movilizaciones y de reconquistar el apoyo ciudadano. 
 

martes, 25 de febrero de 2014

11 detenidos en cuenta pública de Piñera en la Araucania.

 Sindicato ARI.
EN LA ARAUCANIA
Mientras Piñera comunicaba la cuenta pública regional, un fuerte contingente policial detuvo a 11 comuneros mapuche, entre ellos un menor de edad y Fuerzas Especiales ingresaron a viviendas de comuneros del sector. Piñera visitó el aeropuerto que se está construyendo en tierras mapuches de la zona de Quepe, Región de la Araucania.
Los detenidos seran formalizados mañana miércoles por desórdenes públicos y el menor de edad por maltrato a obra de Carabineros.

A 32 años exactos: Detalles inéditos del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Familia acusa a Jovino Novoa de cómplice pasivo

Por Mario López.
Fotos.Marcos Rodriguez G.
El dictador Augusto Pinochet temía que el entonces presidente de los empleados públicos, como había ocurrido en Polonia con el dirigente Lech Walesa, pudiera aunar el descontento de los chilenos y desestabilizar al régimen. El relato en Tribunales del crimen efectuado por su autor, el militar (r) Carlos Herrera, es estremecedor. Hijo diputado reitera que el senador UDI Jovino Novoa es un cómplice pasivo del deleznable crimen que remeció Chile

Por MARIO LÓPEZ M.
Fotos: Marcos Rodriguez G.

Eran años difíciles los 80 en Chile, los primeros atisbos de resistencia pacífica organizada se empezaban a producir y los trabajadores encontraron en Tucapel Jiménez, presidente de la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), un líder que era capaz de materializar la necesaria unión sindical que comandara la oposición social y política contra la dictadura. Los trabajadores intentaban articular una central única que llevara adelante un paro nacional.

El miedo al "Lech Walesa" chileno

Pocos días antes de su asesinato, ante la alternativa de un paro comandado por Tucapel Jiménez en coordinación con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés), organización norteamericana que apoyaba un boicot internacional que implicaba no descargar barcos chilenos en puertos extranjeros, Pinochet afirmó que no aceptaría que nadie viniera a "sembrar cizaña" y que el líder sindical tenía "abiertas las puertas del exilio". Así se registra en los archivos a cargo del juez Sergio Muñoz, el mismo que hoy es el presidente de la Corte Suprema de Chile.

Jorge Mario Saavedra, abogado de emblemáticos casos de derechos humanos y amigo del asesinado sindicalista, asegura que "todos sabíamos que a Pinochet lo tenía loco Lech Walesa, que en esa época estaba desestabilizando al régimen socialista en Polonia. Le parecía aterrador que sucediera algo parecido en Chile y por ahí veía en Tucapel un Walesa. Por eso le tenía tanta fobia".

Pero los planes de Jiménez iban más allá de la sola organización de los trabajadores, pues eran conocidos sus nexos con otros sectores sociales que también comenzaban a expresar su descontento con la dictadura. Estudiantes, profesionales y los mismos políticos lo veían como un referente y punto de encuentro. Sus reuniones con el general Gustavo Leigh Guzmán, ex miembro de la junta de Gobierno, eran también conocidas.

"Los nexos personales que el dirigente de la ANEF tenía con el general (r) Leigh, quien era reconocido por sectores de la oposición como una persona de alta sensibilidad social y quien desde el interior de la junta de Gobierno siempre abogó por el establecimiento de un itinerario político que permitiera el retorno a la normalidad institucional del país", señala la pericia sociopolítica anexa a la causa, como uno de los antecedentes.

El otro factor detonante dice "relación con las actividades político-sindicales que Tucapel Jiménez venía desarrollando y que eran de interés y preocupación de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Estas actividades comienzan a mostrar sus frutos al observarse que los llamados a la unidad del movimiento sindical realizadas por este dirigente comienzan a recibir la adhesión de la Unión Democrática de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores Particulares de Chile, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Nacional de Taxistas de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre, los camioneros y colegios profesionales, lo cual constituiría un posible frente de presión para el gobierno, al exigir reivindicaciones laborales y la apertura política del régimen", agrega la pericia.

Ello aumentó ante la dictadura de Pinochet el temor de una resistencia de proporciones y aceleró la decisión de eliminarlo.

La conjura criminal

De acuerdo con la investigación judicial, en el "caso Tucapel" se relacionaron la Dirección de Organizaciones Civiles, que dependía del ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG) presidida por Misael Galleguillos -el mismo que dirigió el derechista Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS)-; la CNI, que dirigía el general Humberto Gordon (1980-1986), y el DINE, cuyo director era el general Ramsés Arturo Álvarez Scoglia.
Relata el abogado Saavedra: "Una brigada laboral que trabajaba con la SNG empezó a trabajar y a obtener información de Jiménez. Entre esta secretaría y la CNI hicieron del sindicalista una figura pública digna de sufrir represalias de parte del gobierno militar. Lo seguían, le grabaron la vida entera. La CNI contrató a su junior y le pagó para que le informara de todos sus pasos. Era el hijo de una amiga de la esposa de Tucapel, que estaba cesante y a quien él le había dado trabajo para ayudarlo".

Sicarios y cobardes

Cerca de las nueve de la mañana, Tucapel Jiménez Alfaro se despidió con un "hasta la hora del almuerzo", y se dirigió tranquilamente hasta el lugar donde estacionaba su taxi. Hacía ya un tiempo que se dedicaba a esa labor con el móvil que había comprado con la indemnización de su despido. Algunos vecinos, entre ellos el suplementero del sector Pedro López, recuerdan que ese día 25 de febrero de 1982 se le veía jovial y les saludo dando un bocinazo mientras enfilaba hacia el centro. A las 10 tenía una reunión sindical muy importante.

Cerca de ese lugar y advertidos por radio transmisor que el objetivo estaba en camino, dos hombres acechaban desde un furgón y le siguieron a cierta distancia. El capitán del Ejército Carlos Herrera y un suboficial esperaban frente a la ex Industria Panal, en Panamericana Norte con Enrique Soro. Desde el vehículo del comando se les advirtió que Jiménez se acercaba.

Simulando ser pasajeros, lo hicieron parar y se subieron. Le pidieron dirigirse al camino Renca-Lampa. El propio capitán lo relató al ministro en visita Sergio Muñoz: "Estaba previsto que me sentara inmediatamente detrás de él. Mi subalterno en el asiento del copiloto. Le pedimos que nos llevara y le dijimos que éramos personas que veníamos de Valparaíso y que nos llevara a las parrilladas Pudahuel, porque seguramente ahí teníamos la posibilidad de ser contratados como cocineros o mozos, a lo que accedió, saliendo a la Alameda Bernardo O'Higgins".

Al poco rato interrumpieron la banal conversación y asumieron aquello a lo que se habían confabulado: "Le dije, mire don Tucapel Jiménez, somos policías, somos de seguridad y usted está detenido, (...) yo iba preparado para una suerte de resistencia, para un escándalo, y grande fue mi sorpresa. Esta es la primera vez que me ocurre a mí, que este señor hizo la cosa mucho más fácil. Lamentablemente para él, por supuesto".

"Miró para atrás y me dijo: Ya, pucha, mira ya. Le dije: Tranquilo don Tucapel, por favor no intente nada. Me dijo: No, no se preocupe, no hay problema, dígame no más. Le dije: Siga el camino. Más adelante va a haber una persona que le va a indicar que se detenga", detalla Herrera.

La suerte ya estaba echada y más fácil de lo que los asesinos habían presupuestado: "Nos dirigimos al lugar de los hechos que, como he señalado, se encontraba plenamente determinado, en el camino Renca-Lampa, en donde esperaba el otro automóvil en el costado poniente en dirección contraria, hacia el sur. Estacionó el vehículo don Tucapel Jiménez, en el costado oriente del camino, en dirección al norte. Acto seguido-señala Herrera-, se bajó el funcionario acompañante, abriendo el portamaletas para simular que buscaba algo".


"Yo saco el cabezal del asiento del chofer. Desde un bolso tipo porta equipo, de color claro, en que tenía además de las armas de cargo propias y de los dos suboficiales, extraje el revólver que se me había entregado y le disparé en la cabeza al señor Tucapel Jiménez, quien cayó hacia el lado derecho suyo, sobre el asiento del copiloto. La verdad que este señor, yo no soy médico, pero entendí que no falleció de inmediato (...) No sé si los sonidos que hacía eran porque estaba muriendo o en agonía", agrega.

Y remata el relato Herrera: "Cuando se encontraba en esta posición, el suboficial conductor procedió a efectuarle los cortes en el cuello, según estaba señalado en la planificación de los hechos". (...) "Esperé hasta que este señor falleciera, en el asiento de atrás. Sacamos con bastante dificultad el taxímetro y documentación personal. Cuando me cercioré que estaba muerto atravesamos al otro auto, al Peugeot 404, nos metimos atrás, nos tapamos con una frazada y salimos del lugar".

Tucapel Jiménez nunca llegó a la cita sindical. Tampoco volvió a almorzar a su casa. Cerca del mediodía, sus colaboradores y familiares aún intentaban, infructuosamente, ubicarlo. Comenzaba a creerse que un atentado en su contra podría haberse concretado. Ya estaba muerto: fue asesinado entre las 10:30 y 11 horas de ese día. Al caer la tarde, lugareños denunciaron que al interior de un automóvil estacionado a la orilla de un polvoriento camino vecinal de la comuna de Lampa había una persona muerta.

La policía confirmó que se trataba de Tucapel Jiménez. Su cuerpo presentaba cinco impactos de bala de bajo calibre, por la espalda, además de tres heridas cortopunzantes inferidas con un cuchillo utilizado para "rematarlo".
Miles de chilenos desfilaron frente al féretro y lo acompañaron hacia su lugar de descanso definitivo. El entonces Cardenal Raúl Silva Henríquez ofició la misa de responso: "Es un mártir del sindicalismo chileno", señaló con la voz entrecortada.


Pinochet

El Gobierno intentó desmarcarse a toda costa del hecho. Pinochet expresó ante la prensa que "repudiaba enérgicamente" el crimen. En la causa declaró por oficio reservado: "La pregunta (sobre la participación del gobierno en el crimen), claro, se formula desde la óptica de esos impugnadores que descuentan que mi Gobierno carecía de escrúpulos éticos hasta el punto de no vacilar en suprimir físicamente a sus adversarios. Punto de vista que no es objetivo y que rechazo categóricamente. De modo hipotético lo planteo, para hacer más patente el absurdo notorio de la acusación".

Y continuó: "Si algún funcionario de mi Gobierno -descartando la conjetura de una venganza personal- hubiera intervenido en el asesinato de Tucapel Jiménez, o era un traidor infiltrado o era simplemente un cabeza caliente sin remedio. Esas son las elementales reflexiones que deseaba asentar sobre este desgraciado hecho. Apenas tuve conocimiento del crimen di las más severas instrucciones para que se profundizara acuciosamente la investigación.".

Los hechos, la sentencia y los propios involucrados se encargaron de desmentir al dictador. Era un secreto a voces la relación de los servicios de seguridad con el caso. El mismo Herrera se vanagloriaba frente a quien quisiera escucharlo del acto heroico de servicio a la patria que había efectuado. Incluso había sido felicitado por sus jefes y recibido los méritos en su hoja de vida militar por el hecho.

Es más, varios agentes que terminaron siendo declarados culpables dirigieron la responsabilidad sobre el mismo Pinochet. Sobre la participación o conocimiento del crimen por parte del comandante en jefe del Ejército, Herrera relató el siguiente diálogo con el coronel Raúl Pinto Pérez: "Esto sólo lo sabe mi general Álvarez (Ramsés Álvarez, jefe de la DINE), usted, yo, y él...", señaló al tiempo que levantó los ojos y dirigió la mirada hacia el retrato que dominaba el muro. Casi simultáneamente levantó la mano y con un gesto enérgico de su dedo índice le señaló el rostro enmarcado del capitán general Augusto Pinochet.

Caso Alegría Mundaca

Era necesario buscar un chivo expiatorio para el crimen y lo encontraron en un humilde carpintero de la V región que reunía los requisitos para que pasara inadvertida su muerte, vivía solo y frecuentemente bebía alcohol. Lo demás era obvio. Junto a su cadáver apareció una carta donde "reconocía" el crimen de Tucapel Jiménez. "Se suicidó el asesino", aseguraron los periódicos de la época. Tenía ambas muñecas con profundos cortes que cercenaron no sólo su vida, sino que además sus tendones.

Fue ese hecho el que dejó en evidencia la imposibilidad de que se hubiera matado: no podría él mismo haberse producido esas heridas. Alegría Mundaca fue encontrado muerto en su domicilio de Valparaíso el 11 julio de 1983. Las investigaciones del caso del sindicalista determinaron que el carpintero había redactado la nota inducido bajo hipnosis.


El 19 de julio del 2000 la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cadena perpetua como autores del homicidio calificado de Juan Alegría Mundaca al ex director operativo de la CNI, mayor (r) Álvaro Corbalán; al mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, y al suboficial Armando Cabrera Aguilar.


Sin odio ni rencor

"Recibimos amenazas constantes, más o menos desde el 78 al 82. Pero a fines de 1981 él me entregó un casete y me dijo que lo escucháramos cuando ya no estuviera con nosotros. Nunca pensé que era una despedida. Allí nos habla a todos, como grupo familiar, y luego a cada uno de nosotros. Nos pide que tengamos tranquilidad, dice que él nos va a estar cuidando desde el más allá. Al final, se despide de los trabajadores y de su querida ANEF. Aunque no lo exteriorizaba, estaba más consciente que nadie del peligro".

En diálogo con Cambio21, Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del desaparecido líder sindical y actual parlamentario, aseguró que su familia se ha "reconciliado con la vida" a pesar de que el dolor que ha significado el crimen de su padre aún sigue vigente.

El congresista aún recuerda que durante 17 años la "justicia se olvidó de nosotros, porque el ministro Valenzuela Patiño nunca quiso investigar, sino que se hizo cómplice del asesinato, aparte porque tenía un hijo en la CNI. Nosotros como familia lo que en definitiva logramos fue la tranquilidad espiritual. No hay rencor ni odio alguno. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que se supiera la verdad y se hiciera justicia. Los asesinos nos causaron un dolor muy grande que hasta el día de hoy permanece en nuestros corazones. Tienen que cumplir las condenas que les dio la justicia, que fueron bajas. Y, claro, al final del día ellos tendrán que responder ante Dios por los actos cometidos acá en la tierra".
Los "cómplices pasivos"

Para el diputado Jiménez, "los responsables nunca tuvieron ni siquiera el castigo social que cualquier sociedad pudiese dar. Hoy día hay muchas personas que caminan libremente por las calles y que tuvieron responsabilidad política en el asesinato de mi padre. Lamentablemente, acá no se dio como en Argentina, donde al menos hubo castigo social."

Y no duda en señalar a algunos de esos "cómplices pasivos" en el crimen de su padre: "Jovino Novoa (UDI) fue subsecretario general de Gobierno y de él dependía la Brigada Laboral que dirigía Valericio Orrego, que trabajaba con Álvaro Corbalán, el jefe operativo de la CNI. Ambos eran los encargados del seguimiento de mi padre. Hay muchos que miraron para el cielo y se hicieron los desentendidos de lo que pasaba. Creo que esos personajes no han pagado nada del daño que también hicieron".

"El brazo armado de la derecha económica"

Carlos Herrera Jiménez, ejecutor de Tucapel Jiménez, es reconocido como uno de los máximos violadores de derechos humanos. También lo es por ser uno de los pocos ex agentes que ha expresado su arrepentimiento y colaborado, al menos en parte, con el esclarecimiento de éste hecho. Actualmente cumple condena en la cárcel Punta Peuco.

El 25 de abril de 2001, reconoció públicamente el crimen y pidió perdón a su familia, representada por el hijo, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes.


El ex agente de la CNI, también en entrevista exclusiva con
Cambio21, reiteró sus disculpas por el asesinato del sindicalista y admitió los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Igualmente, declaró que "ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha económica. Qué duda cabe".

Conmemoración de los 32 años del asesinato

Al cumplirse 32 años del asesinato, la ANEF quiso marcar una diferencia. La conmemoración en el Cementerio General fue masiva y a ella fueron invitados el ministro y subsecretario del Trabajo designados por la presidenta Bachelet.
Internacionalmente hubo reconocimientos importantes, como en la embajada de Chile en Argentina, donde se hizo entrega de un retrato del líder sindical y representó a la ANEF en el discurso principal la secretaria de Finanzas de esa agrupación, Elsa Páez, presidenta subrogante de los empleados fiscales.

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