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sábado, 31 de mayo de 2014

SENTENCIA DEFINITIVA SOBRE CRIMEN DE DIRIGENTE DE ENAP JORGE PARRA COMETIDO POR OFICIAL DE EJERCITO


La Corte Suprema dictó sentencia
definitiva en la investigación por el homicidio calificado del ex funcionario y
dirigente de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), Jorge Parra Alarcón,
ilícito perpetrado el 24 de octubre de 1973 en la ciudad de Porvenir, informó
radio Bíobío.

En fallo unánime la Segunda Sala del
máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller,
Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich; además del abogado integrante Luis
Bates- rechazó el recurso de casación presentado en contra de la resolución de
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que condenó al brigadier en retiro del
Ejército Eduardo Mancilla Manríquez a la pena de 5 años de presidio con beneficio
de la libertad vigilada. En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministra
Gloria Ana Chevesich, la sala acogió el recurso de casación presentado,
ordenando que el condenado y el fisco indemnicen a los hijos de la víctima, dos
de ellos de un primer matrimonio y otros dos de una segunda unión, pero
inscritos con los apellidos de un padre adoptivo.

Según el fallo, en este caso corresponde
el pago de las indemnizaciones por tratarse de un delito de lesa humanidad,
cometidos por agentes de Estado en el ejercicio de sus funciones. El fallo
determina que el fisco y el condenado deberán pagar $30.000.000 a Jorge y Lerty
Parra de la Rosa, hijos de primer matrimonio de la víctima; en tanto, el fisco
debe pagar otros $30.000.000 a Ana y Héctor González Hernández, hijos de una
segunda unión de la víctima.

Operación Cóndor: todo está guardado en la memoria


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Hermana de Luis Elgueta Díaz, Secuestrado y DD en julio 1976 en “Operación Cóndor”.
 
 
Cerca de 40 años después de los hechos que marcaron sus vidas, familiares de 23 chilenos secuestrados y hechos desaparecer en Argentina, tuvieron por fin un encuentro con la justicia de ese país.
 Con esa justicia que les fue ciega, sorda y muda, y que los abandonó en aquellos pretéritos momentos cuando su adecuado y oportuno actuar hubiese significado –tal vez– un cambio en el destino de cientos y cientos de seres humanos.
La justicia llegó en abril y mayo con decisión. Llegó de la mano de la rigurosidad. Exigiendo –como si no hubiese pasado el tiempo– recordar fechas, invocar recuerdos, escrudiñar detalles, revivir los hechos ocurridos hace 38 y 39 años.
Pide así, a los pocos padres aún con vida, a los hermanos envejecidos, a los hijos, a los amigos y a los escasos testigos, recordar datos y recorrer pasajes de vida y de emociones que, a pesar de los años, parecen haberse congelado en su corazón.
Entonces la historia reaparece, pues sigue ahí guardada –y atesorada– en la memoria. Sigue intacta, impregnada del mismo horror, del insustituible dolor, y del perseverante compromiso.


Cerca de un centenar de chilenos fueron secuestrados en Argentina en el marco de la sofisticada coordinación de los aparatos represivos latinoamericanos, llamada Operación Cóndor. Muchos de ellos, desaparecieron junto a sus parejas, e incluso con sus hijos.
Veintitrés de ellos, hoy forman parte del juicio de lesa humanidad “Operación Cóndor” que se lleva a cabo en Buenos Aires. Juicio que ve casos de ciudadanos uruguayos, brasileros, paraguayos, chilenos.
Las familias de esos 23 chilenos –algunos a través de videoconferencia, otros, directamente en el tribunal argentino– han relatado y puesto a disposición, de la hasta hoy esquiva justicia, parte de la búsqueda e investigación que han llevado a cabo en todos estos años.
Relatan que con miedo, con dolor, angustia, fueron –unas más, otras menos– recorriendo el largo calvario de esos primeros días luego de los secuestros. La búsqueda de datos entre los amigos, la terrorífica indagación en la morgue, en las cárceles, las eternas horas de espera en oficinas y tribunales. Alertas siempre y decididos a partir hasta donde surgiera una pista, un dato. Todo era entonces una esperanza, aunque generalmente se desvanecía tan rápido como llegaba.
Hoy la justicia pregunta: ¿hizo usted alguna denuncia, algún trámite? Sale, entonces, una larga lista de pruebas. “Sí, y fue a ustedes a quienes primero recurrimos”.
Hábeas corpus no admitidos, muchos rechazados, otros cerrados sin ninguna información. Recursos rechazados tras largas horas de espera, de solicitudes. Sí. Sorda, ciega y muda.
Hoy, casi 40 años después, es diferente. Es la justicia la que ahora exige a los familiares ante el estrado decir la verdad, solamente la verdad y toda la verdad. Padres, hermanos, hijos, esposos, juran o prometen.
Repiten, una vez más, lo que han dicho siempre: eran jóvenes comprometidos con los procesos sociales de su época. Eran los mejores. Inteligentes, comprometidos. Muchos fueron arrancados desde sus casas. Algunos fueron vistos en deplorables condiciones en algún centro clandestino. No supimos nada más.
El juramento y la promesa traen a la cara digna de estas familias chilenas la emoción al recordar la última vez que los vieron y sintieron su voz. La memoria comienza así a evocar y a resignificar ese último abrazo, ese beso, esa última sonrisa –hoy clavada en el alma–.
Todo sigue ahí. Las familias de 23 chilenos han declarado este abril y mayo de 2014 y han demostrado que –como dice la canción–: “Todo está guardado en la memoria”.
 

Comunicado Publico Luis Marileo, Leonardo Quijon, Cristian Melinao Levinao, y José Llanca Tori

Felipe duran.

Comunicado Público:

Los presos políticos mapuches Luis Marileo, Leonardo Quijon, Cristian Melinao Levinao, y José Llanca Tori, damos a conocer a la opinión pública local, nacional e internacional lo siguiente:
Kiñe: Damos a conocer a la opinión pública que el día 39 de la huelga de hambre se logró alcanzar los tres puntos de nuestro petitorio respecto a la revisión del proceso y las causas judiciales que nos mantienen condenados, así como también el ser trasladados a un centro de estudio y trabajo CET y el considerar el indulto presidencial a José Llanca Tori.
Epu: que este proceso se dio en un proceso de huelga de hambre, de lucha y resistencia desde la prisión política, donde se logró movilizar a estudiantes, trabajadores y mapuche tanto de comunidades como de sectores urbanos.
Kila: actualmente como presos políticos nos encontramos en el sector de enfermería de la cárcel de Temuco luego de haber estado 15 días en el hospital de Nva. Imperial en proceso de recuperación de nuestro estado de salud. Siempre atentos y alertas al desarrollo del trabajo de la mesa de acuerdos que se logró instaurar entre el gobierno de turno y la vocería de nuestra huelga de hambre. Esperando que se cumplan los compromisos asumidos entre ambas partes.
Meli: como prisioneros políticos mapuche se agradece todo el apoyo que tuvo nuestra movilización y que se mantiene hacia la lucha de nuestro pueblo mapuche. Hacemos un llamado a estar atentos a los procesos judiciales y de criminalización en contra de nuestra gente y autoridades tradicionales por parte del estado Chileno.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES


Voceros de los Presos Políticos Mapuche
Jaime Marileo – Carola Marileo – Freddy Marileo – Hugo Melinao.

EL OLVIDO ESTÁ LLENO DE MEMORIA

Trio Memorial Juicio y Castigo a los asesinos de nuestro
 pueblo.
14 DE JUNIO DE 20 A 22 HORAS.
MUSEO DE LA MEMORIA.

viernes, 30 de mayo de 2014

Cheyre: miseria moral

Escrito por Pedro Godoy P.

Suertudo el general (r) nombrado. Se "manda el numerito" de Antuco con sesenta y tantos uniformados muertos por la nevazón. Uniforme de primavera en pleno invierno e insuficiente  desayuno Y "muy prisco" no renuncia a la Jefatura del Ejército. Lo sostiene el muy "socialista" Presidente Lagos.
Eso no es nada. En La Serena durante las jornadas de 1973 es el brazo derecho de jefe del Reginiento. Interviene en allanamientos y detenciones de modestos allendistas. También irrumpe en el Liceo de Hombres. Invita a dialogar a docentes y estudiantes. Sobre  la testera pone su pistola de 9 mm. Respuesta: silencio.
Es el 2º hombre del CNI local. Niega después toda injerencia en el asesinato masivo que protagoniza la denominada Caravana de la Muerte encabezada por el general Sergio Arellano. Eso no es nada, está ligado al aniquilamiento de Bernardo Lejderman y su espòsa en refugio cordillerano.
Ese funcionario del régimen depuesto y pareja caen acribillados por patrulla del citado Regimiento. Cheyre entrega al único sobreviviente -una guagua- a las monjas de la Providencia. En el cuartel cultiva amistad con médico que suscribe los certificados de defunción de las víctimas de la cobarde represión.
 
Se jubila con contundente deshaucio y sueldo completo. La PUC lo nombra con jornada completa. Hago presente a la FEUC y, recientemente, al dip. Jackson lo que significa convertir en catedrático a un encubridor y cómplice de 1973 y responsable del holocasusto de Antuco. No hay respuesta.
 
Piñeira lo pone a presidir el SERVEL... Como hay protestas, deja  la jefatura. Se queda como funcionario. Ahora Bachelet lo incorpora a la comisión que viaja a La Haya para asesorar a comisión que litiga con Bolivia... Imposible  negar que, amparado en la amnesia colectiva, es un afortunado.
 
 
Prof. Pedro Godoy  P.
Centro de Estudios Chilenos CEEDECh
www.premionacionaldeeducacion.blogspot.com

El momiaje hijo de la ultra derecha

Escrito por Ricardo Candia Cares
Fuente: El Clarin.cl

Carolina Tohá, Alcaldesa de Santiago, es una veterana momia. A pesar de sus declamaciones, de su puño en alto en las iniciativas partidarias, y de su control para evitar la acidez que le produce la palabra compañero, es una persona de derecha.
Como en el caso del león, si tiene dientes, pelaje melena y ruge como león, no hay caso. Lo es.
 
Cuando le convino para lucir sus verbos, apoyó como la más entusiasta las tomas de los estudiantes. Hoy, de una manera burda, descalificativa, manipulando los hechos que pudieron ser producto de los comandos encargados de criminalizar a los muchachos, demostrando su falsía y su odio, usa un término propio del hampa para decir lo suyo: en el Instituto Nacional hay alguien “que la lleva”. Un coa perfecto.

Hoy, investida del pichiruche poder de la Alcaldía de Santiago, apoyada por un concejo servil, dispara contra los estudiantes, los más lúcidos de los últimos treinta años, sólo porque le desordenan su feudo.
 
Cómo los ha cambiado el mambo del poder a esta piara. Cómo ella y sus colegas de los partidos de la Nueva Mayoría, se han venido derechizando con el correr del tiempo y el dinero, ante los ojos aturdidos de una mayoría que no encuentra para donde volver la vista. Y ante la inocencia ciega de quienes los elijen.
 
Y llegan sin escrúpulo alguno, a utilizar las más bajas técnicas policiales para reprimir a los muchachos. Impulsando políticas represivas propias de la más brutal dictadura, como ha quedado demostrado en el juicio que le inventan al estudiante Camilo Díaz, equipos sofisticados de agentes secretos vigilan y persiguen a los estudiantes, invaden sus intimidades, correos y cuentas en Internet, crean montajes propios del Chico Peña, y no se les mueve un músculo de la cara.
 
La peste corrosiva de la impunidad, que hace no mucho era de exclusivo uso de los prófugos criminales de la dictadura, hoy se transforma en una herramienta de los que alguna vez en su vida asumieron ideas contrarias a las que hoy elevan a condición de dogmas inmodificables.
 
Vienen, ofrecen, prometen, firman documentos, dan discursos fogosos. Y luego, ya en posesión de cargos, estipendios y vinculaciones elegantes, simplemente se meten sus anteriores declamaciones en algún lugar alejado de la luz del sol.
 
Las autoridades y funcionarios de la Nueva Mayoría conforman un nuevo tipo de momiaje que resulta de la cruza consentida y amorosa entre los acomodados y arribistas de siempre, con los mutantes que después de la dictadura dijeron que ellos no sabían lo que había pasado. La ultra derecha, parió su propia derecha.
 
Esa mezcla, afincada en un creerse mutuo, ha dado como resultado ese menjunje que ahora se ve aderezado por la presencia de los otrora compañeros que estaban precisamente ciento ochenta grados más allá, hace no mucho. Ahora, en posesión de corbatas italianas y asientos en clase ejecutiva, la mutación no les ha causado estragos de temer en sus vesículas y colon.
 
Esa mezcla ha producido mentirosos de largo alcance, depredadores de las arcas fiscales, matones con fuero, arribistas que cambiaron hasta de apellido, frescos de raja profesionales, arquetipos del acomodado perfecto, amnésicos parlanchines de pocas luces a cargo de bancos y subsecretarías.
 
Algo grave debe ocurrir en este país, en este pueblo, para que lo que se sabe a diario, no se exprese en un reventón que deje ardiendo la ciudad. Y que quede en manos de los estudiantes, la conducta debida a trabajadores y ciudadanos decentes, al parecer más preocupados de pagar las deudas.
 
Estas autoridades sin escrúpulos, ni memoria, ni vergüenza, han sido capaces de traicionar a los estudiantes con leyes de circo. Se han burlado de sus consignas para el efecto de anestesiar una rebeldía justa y necesaria.
 
Han arrendado yanaconas, ávidos de escalamiento y figuración para ponerlos a disposición de sus planes pacificadores.
 
La indecencia escala hoy otro peldaño con la denuncia de acciones encubiertas que buscan reprimir de un modo cobarde, secreto, desde las sombras impunes. Drones, micrófonos, cámaras, agentes encubiertos, soplones, espías, satélites y provocadores profesionales, son parte de un modo menos evidente de represión, pero tan inmoral y peligroso como cualquiera.
 
Después de eso no les queda más que los escuadrones de la muerte, los secuestros, la desaparición forzada, los civiles son identificados.
 
Para entonces las Alcaldesas, los Intendentes y los ministros del neo momiaje, tendrán también explicaciones.
 
No la mismas, pero parecidas.

Fichas encontradas en Colonia Dignidad no tendrían información sobre violaciones a los DD.HH.

Los documentos fueron hallados al interior de tres contenedores ocultos en un búnker subterráneo en el que además se guardaba un poderoso arsenal.
coloniadignidad
Las más de 45.000 fichas encontradas en 2005 en un búnker secreto en Colonia Dignidad resultaron no contener información relevante sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Los documentos fueron hallados al interior de tres contenedores ocultos en un búnker subterráneo en el que además se guardaba un poderoso arsenal que incluía ametralladoras de alto calibre, cañones antiaéreos y misiles, armas químicas y potes de veneno.
Las fichas tampoco contienen información trascendente sobre personas, dirigentes políticos o sociales que hayan colaborado en los crímenes o conformado una red de apoyo del enclave alemán. Así lo confirmó la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries. “En lo que hemos revisado no hay nombres de gente conocida públicamente que pudiese haber colaborado en los crímenes, ayudistas o de alguna red de apoyo a la Colonia Dignidad, pese a que es una suposición que ha dado vueltas desde hace tiempo en la comunidad de derechos humanos”, precisó.
Cabe recordar que Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el ex suboficial nazi Paul Schaefer y se convirtió en un enclave que llegó a funcionar como “un Estado dentro de otro Estado”, según el ex presidente de Chile, Patricio Aylwin. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el lugar, situado a unos 380 kilómetros de Santiago, fue usado por la policía secreta como campo de prisioneros y de tortura y hay antecedentes probados de presos hechos desaparecer desde el predio, de 16.000 hectáreas.
El pasado abril el juez especial Jorge Zepeda, a cargo de la investigación, entregó al INDH un disco compacto que contiene 46.000 archivos, lo que desató entre los familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos esperanzas de conocer información clave sobre el destino de los desaparecidos. La entrega de las fichas siguió a varios años de incertidumbre y de críticas al juez Zepeda por haber mantenido estos documentos bajo estricto secreto durante casi nueve años.
Lorena Fries aseguró que los documentos “se harán públicos una vez que finalice su análisis por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. Su destino será el Museo de la Memoria, que concentra toda la información disponible sobre los crímenes ocurridos en Chile durante régimen militar, precisó.
Según Fries, las fichas contienen información muy dispersa. “Da la impresión de que no fueron construidas con un criterio de inteligencia, sino más bien de ir acopiando información de muy distintos tipos”, explicó.
“Hay fichas de prisioneros que sólo contienen su nombre y filiación política; otras entregan información acerca de cómo se produjo su detención y los lugares por donde pasó”, dijo.
Hay fichas que recopilan declaraciones de organismos internacionales vinculados a los derechos humanos; muchos recortes de prensa; algunos nombres de “amigos” de la Colonia Dignidad; listas con nombres de dirigentes sociales y políticos, “y hasta diez archivos con letras de canciones”, puntualizó.
También hay información cifrada, con palabras clave en alemán o siglas correspondientes a instituciones chilenas, continuó Fries, que aseguró desconocer si los archivos contenidos en el disco corresponden al total de las fichas encontradas.
“Tampoco sabemos si esos archivos se nos entregaron tal como fueron encontrados, o si el juez dispuso que se ordenaran de otra manera, y por lo tanto podría faltar información que el juez consideró mejor no entregar, por ser material que puede ayudar a identificar personas que pudiesen haber contribuido a cometer crímenes”, añadió.
Una traba que tiene el INDH para hacer públicos los documentos son las leyes chilenas que protegen la vida privada de las personas, explicó Fries.
“Las barreras que tenemos son la Ley de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública, que establecen la necesidad de entregar información pero tachada respecto de datos de filiación política, ideología, y otros de la vida privada de las personas”, precisó.
“Por eso estamos separando la información, pero dentro de la óptica de que estos documentos tienen que hacerse públicos”, sostuvo y aseguró que por el momento están entregando el máximo de información a las organizaciones de derechos humanos que tienen mandato respecto de víctimas.
También a los familiares que acuden a pedir fichas con información sobre sus víctimas, añadió y reveló que el INDH está requiriendo más recursos del Estado para acelerar el trabajo de análisis de la documentación.

García-Huidrobo es un férreo opositor de la Ley Antiterrorista en causas indígenas

Carabineros detiene en Arauco a ex sacerdote jesuita defensor de la causa mapuche

Luis García-Huidobro fue detenido mientras manejaba su automóvil en las inmediaciones de Tirúa. Según confirmó la policía, en su vehículo se habría encontrado una escopeta y dos municiones. En su último Twitter, denunció "incursión policial masiva" en el fundo El Canelo, Tirúa.
luisgarciahuidrobor
A eso de las 19:30 horas fue detenido por Carabineros en las inmediaciones de Tirúa (Provincia de Arauco, Región del Bío Bío) el ex sacerdote jesuita Luis García-Huidobro, según confirmó a este diario el medio local Arauco TV.
García-Huidobro habría sido detenido luego de que Carabineros lo descubriera manejando contra el tránsito. Tras obligarlo a detener su automóvil, la policía habría descubierto en su interior una escopeta con dos municiones, según confirmó el prefecto de Arauco, Mario López. Hasta el momento no se ha informado si el arma descubierta habría estado inscrita o no.
Tras su detención, el ex sacerdote fue trasladado a la subcomisaría en el pueblo de Tirúa. Posteriormente, a las 21:00 horas, fue llevado hasta la Tercera Comisaría de Cañete.
García-Huidobro es un férreo defensor de la causa mapuche en la zona. En su último Twitter, el otrora cura denunció la masiva presencia de contingente policial en el fundo El Canelo, Tirúa. “Estado sirve al despojo y destrucción”, escribió.

Cabe recordar que, en febrero de este año, García-Huidobro tomó la decisión de dejar la Compañía de Jesús, para seguir trabajando a favor de las demandas de las comunidades indígenas del sur del país. “Les cuento que hace un par de semanas dejé de vivir en comunidad jesuita. Hace pocos días viajé a Santiago a hablar con el Padre Provincial y oficializar mi salida de la Compañía de Jesús”, escribió en la oportunidad en
un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.
García-Huidobro es un abierto detractor de la aplicación de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches a los que se atribuye la autoría de ataques incendiarios en la Región de La Araucanía.
De hecho, en una columna publicada por El Mostrador, en noviembre de 2013, criticó a la entonces candidata presidencial de la Nueva Mayoría y actual Mandataria, Michelle Bachelet, por la poca claridad que había tenido a la hora de afirmar que no estaba en sus planes invocar dicha legislación en causas mapuches, considerando que “la ley penal común tiene herramientas suficientes para juzgar estas causas”.

jueves, 29 de mayo de 2014

Crimen de jefe del Ejército chileno asesinado por sus propios compañeros se recuerda por indemnización a la familia por "daño emergente"

Por Verónica Romero
El atentado que les costó la vida al general Carlos Prats y su esposa, en 1974 en Argentina, llevó a la Corte de Apelaciones a ordenar el pago de una indemnización a la familia, que ahora recibirá un aumento de esta.
El general(r) Carlos Prats, excomandante en Jefe del Ejército, fue asesinado en Buenos Aires con una bomba que se colocó en su vehículo el 30 de septiembre de 1974, la que fue accionada por control remoto y provocó la muerte del militar y su mujer, Sofía Cuthbert.

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió aumentar el monto de la indemnización por el asesinato al consignar la figura de daño emergente, por lo que la cifra que deberá cancelar el fisco alcanza los 730 millones de pesos.


El abogado de derechos humanos Luís Toro, en conversación con
Cambio21, explicó que "hay indemnizaciones materiales que son demostrables por el daño que fue provocado, además del costo de la vida de la persona, que por supuesto es invaluable. Hay una serie de daños distintos, como morales, estos son los daños emergentes, que habitualmente los tribunales han fijado daños materiales a modo de indemnización".

El caso

El general Carlos Prats, excomandante en jefe del ejército y ministro de Salvador Allende, escribió "me vine a la Argentina en azarosas condiciones, en la madrugada del 15 de setiembre (1973), al ser prevenido de que grupos descontrolados trataban de liquidarme".

Mientras se encontraba en la República argentina, Carlos Prats recibió varias amenazas de muerte y seguimiento. El gobierno chileno estaba en conocimiento de estos actos. Debido a estas amenazas, el general y su esposa decidieron abandonar Argentina, por lo que solicitaron en el consulado pasaportes que les permitieran viajar a otro país, sin embargo nunca le fueron otorgados. Prats salió de Chile en 1973 con su documento diplomático, pero este ya había caducado para el año siguiente y su mujer sólo contaba con su cédula de identidad, por lo que era necesario contar con los nuevos pasaportes.


El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo creado por Decreto Supremo de fecha 25 de abril de 1990, aclaró que "las explicaciones oficiales que constan en documentos que esta Comisión ha conocido, no dan una razón plausible para tal negativa o demora. Menos aún si, como consta, el embajador de Chile en Argentina, envió a la cancillería chilena, con el ruego de comunicarlo también a la Comandancia en Jefe del Ejército, un télex indicando que el General Prats había recibido una amenaza de muerte".


La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue la responsable de planificar y ejecutar el atentado al general Carlos Prats a través de sus agentes y con la ayuda del grupo terrorista argentino "Milicia", en el marco de la "Operación Cóndor".


Una de las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, Sofía Prats, sostiene que Pinochet fue quien dio la orden para que asesinaran a sus padres. Sobre esto declaró, en entrevista con americalatina.com.gr, que "era un domingo. Mis padres se habían encontrado con amigos. Almorzaron en una finca fuera de Buenos Aires y, a la noche, fueron al cine con los padres de Isabel Allende. Al llegar se produce el atentado". La periodista tenía 28 años ocurrió el atentado en el domicilio de la familia en la calle Malabia 3359.


El 30 de septiembre, cerca de las 02:00 a.m., el general(r) Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, regresaban de cenar con unos amigos, cuando murieron producto de la explosión que sufrió su vehículo a causa de una bomba puesta en el piso del auto, entre los asientos delanteros y la caja de cambios, la que fue instalada por el ciudadano estadounidense y miembro de la DINA, Michael Townley. El agente ingresó al garaje del general y colocó el explosivo en el vehículo, que luego hizo estallar mediante un control remoto, provocando la muerte inmediata del matrimonio Prats-Cuthbert. Los restos del vehículo fueron esparcidos en un diámetro de 50 metros, junto con los cuerpos destrozados de la pareja.


La investigación que se hizo del atentado del general Carlos Prats, llegó a la conclusión que el matrimonio fue asesinado, en violación de sus derechos humanos, por un acto terrorista de responsabilidad de agentes del Estado de Chile, que se presume pertenecían a la DINA. Michael Townley, exagente del organismo, autor confeso del homicidio del matrimonio Prats, declaró que la orden de matar al General Prats salió del brigadier Pedro Espinoza, el mayor Raúl Iturriaga y, "en cierto momento del general (Manuel) Contreras", pero dijo creer que la orden llegó de una "autoridad superior".


El 8 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia chilena dictó fallo en contra del general(r) Manuel Contreras y brigadier(r) Pedro Espinoza como autores del asesinato del general Carlos Prats y su esposa. También encontró culpable al general(r) Raúl Iturriaga Neumann, brigadier(r) José Octavio Zara y el coronel(r) Juan Morales Salgado. Como cómplices, la justicia condenó a Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann.


La Comisión no encontró datos sobre la posibilidad de que hubiese otro perpetrador del hecho que el Estado de Chile, sin embargo, sostuvo que las acciones de los agentes de la DINA, en Chile y en el extranjero (Argentina y Estados Unidos) permitieron formular una hipótesis posible de motivos por los que se acusa que el Estado de Chile creía que el general Prats fue considerado como un factor de impredecibles consecuencias políticas para la situación del país.


En cuanto a las hijas de Prats y cómo han sobrellevado la muerte de sus padres, la presidenta de la AFEP, comentó que "nosotros siempre las hemos considerado como parte de nuestra agrupación y hemos estado al tanto de su familia. Ellas han sido muy valientes, ya que no es fácil superar la forma siniestra en que asesinaron a su madre y padre, por lo que, felizmente, el legado de amor que les dejaron ha sido ejemplo de un militar que amaba la Constitución y a su pueblo".

Justicia analizará denuncias de violencia sexual durante la dictadura

“La decisión judicial abre la puerta para que otras víctimas de estos crímenes testimonien ante la justicia, para lo cual estamos abiertos a acogerlas y prestar el apoyo jurídico correspondiente”, sostuvo la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
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La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi patrocinó una querella criminal por violencia sexual durante la dictadura, presentada el 16 de mayo, la cual fue acogida.
La entidad sostuvo a través de un comunicado que “manifiesta su satisfacción por la acogida de la justicia y confía en que no sólo se investigarán los hechos, sino que finalmente se aplicarán las penas correspondientes a delitos de tanta gravedad para la sociedad chilena, cuya única sanación debe ser la justicia”.
Asimismo, el directorio de la Corporación expresó que “la decisión judicial abre la puerta para que otras víctimas de estos crímenes testimonien ante la justicia, para lo cual estamos abiertos a acogerlas y prestar el apoyo jurídico correspondiente”.
La presentación que investigarán los tribunales quedó a cargo del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones Mario Carroza.
El escrito confiado al abogado Hiram Villagra incluye el delito específico de violencia sexual en las personas de Luz de las Nieves Ayress Moreno, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte, Soledad de las Mercedes Castillo Gómez, Nora Judith del Carmen Brito Cortés.
El ministro Carroza deberá investigar los hechos en los cuales se encuentran involucrados Manuel Contreras Sepúlveda, Jefe de la DINA, Vittorio Orbieto Tiplizky, Raul Quintana Salazar, Nelson Patricio Valdés Cornejo, Klaudio Erich Kosiel Hornig, Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, Miguel Hernández Oyarzo, Alejandro Molina Cisternas, David Miranda Monardes y Jorge Rosendo Núñez Magallanes, entre otros.
La violencia sexual está tipificada en los tratados internacionales suscritos por Chile, la cual –expresa la querella–, al emplearse “contra las contra las mujeres ha representado una de las formas más recurridas para denigrar y someter a una parte de la población civil”, pues “no solo daña a quien es víctima del acto delictual, sino que el abuso también afecta a la comunidad de forma moral, física, emocional y espiritualmente”.
Así deberán declarar “todos aquellos que participaron directamente en la perpetración del acto ilícito así como aquellos que lo ordenaron o indujeron, los que colaboraron, los que facilitaron los medios para llevarlo a cabo, como los que facilitaron los lugares de encierro”, en este caso Villa Grimaldi, Venda Sexy, Londres 38 y Tejas Verdes.
Los hechos representan conductas cuya finalidad fue “degradar a las mujeres pertenecientes a un grupo social y político, lo que transgrede leyes nacionales, tipificadas como delito internacional y crimen contra la humanidad. Se trata de actos inhumanos degradantes de la más alta envergadura, dejando en quienes lo sufrieron secuelas psicológicas imborrables, lo que ha llevado a que muchas de las víctimas recién hoy sean capaces de verbalizar lo sucedido”, señala la querella patrocinada por Villa Grimaldi.

A través del directorio de Universia, la entidad que vincula al banco con el negocio de la educación superior

El “bono” que Santander paga a diez rectores de universidades en Chile

Por ser miembros del Consejo de Administración de Universia, entidad del Banco Santander, los líderes de universidades estatales y privadas obtienen 500 mil pesos cada vez que asisten a una sesión. Entre los rectores beneficiados se cuentan Víctor Pérez, Ignacio Sánchez y Juan Manuel Zolezzi, de las tres universidades tradicionales más importantes. El mismo banco -que fue parte de los que participaron del CAE-, mantiene una amplia influencia en el mundo universitario: entrega la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) de 38 universidades –a cambio del acceso a los datos personales de estudiantes, funcionarios y académicos- y es un generoso mecenas del mundo universitario a través de becas y donaciones, que en 2013 ascendieron a más 1.700 millones de pesos.
Universia
Tres veces al año se reúne el directorio de Universia, del que forman parte diez rectores de universidades chilenas. Cada vez que ellos asisten, emiten una boleta por $500 mil pesos, la que es pagada con los dineros del Banco Santander, del que depende Universia. La participación de los rectores es sólo una hebra de la extensa madeja que constituye la relación entre el banco español y las universidades en Chile. La implementación de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) es otro de los aspectos que grafica la misma relación.
Utilizar la biblioteca, ingresar a dependencias y salas, entrar y salir de los estacionamientos o adquirir vales de casino, son algunos de los servicios a los que los estudiantes pueden acceder con la TUI. La misma credencial que actúa como una suerte de “Rut” universitario, y que es clave para que los alumnos se identifiquen como tales.
Todas y cada una de las cientos de miles de credenciales que hoy circulan por el país, tienen el mismo logo y firma, la del Banco Santander. A través de un convenio especial, que contempla la entrega de las bases de datos de estudiantes, funcionarios y académicos a la entidad financiera de capitales españoles, 38 instituciones funcionan exclusivamente con la TUI del Santander.
Algunos rectores plantean que ellos pusieron reparos, otros indican que están en proceso de revisión del contrato con el banco, mientras que los estudiantes argumentan que este es otro símbolo más de cómo el mercado ha logrado colarse en el sistema educativo.
Las fichas que el Banco Santander ha apostado en el mundo universitario son amplias. Con una activa presencia a nivel internacional, el banco español también mantiene una fuerte influencia en Chile, ya que además de la TUI entrega becas y generosas donaciones. También está detrás de la mayor red de cooperación universitaria a nivel iberoamericano y mundial: Universia. En Chile 56 universidades y 4 Centros de Formación Técnica forman parte de esta red.
Según fuentes internas, “Universia es parte de la Responsabilidad Social Empresarial de Santander. Entrega apoyo a las universidades socias. Antes instalaban salas de computación con conexión a internet, las ‘salas Universia’. El objetivo de Universia es captar a los futuros profesionales, que son los futuros clientes del banco. Además les entregan la TUI, que es la credencial de la universidad pero también funciona como Red Compra, y después vienen las ofertas de cuentas corrientes cuando están a punto de egresar, las cuentas jóvenes”.
Según la memoria del 2013, Universia cuenta con un Consejo de Administración Universitaria, al que pertenecen diez rectores, entre los que se cuentan Ignacio Sánchez, de la PUC; Andrés Benítez, de la Adolfo Ibáñez; Fernando Montes, de la Alberto Hurtado; Sergio Lavanchy, de la U. de Concepción; Orlando Poblete, de Los Andes –hoy el rector es José Antonio Guzmán–; Juan Manuel Zolezzi, de la USACH; Álvaro Rojas, de la Universidad de Talca; Federico Valdés, de la Universidad del Desarrollo; José Rodríguez, de la Santa María; y el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez.
El rector de la Chile,  también es parte del Consejo Asesor Internacional de Universia.
Los miembros del Consejo de administración, según explican desde el banco, reciben una dieta de 500 mil pesos por cada sesión a la que asisten, las que suman unas tres al año.
Consultados sobre estos recursos y los posibles conflictos que podrían traer por provenir de un banco con gran influencia en el mundo universitario, las respuestas de los rectores beneficiados son diversas.
En el caso del líder de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, explica que “efectivamente pagan una dieta de 500 mil pesos, menos impuestos. Uno emite una boleta”. Agregando que “si alguien quiere sacar conclusiones puede hacerlo. A mí no me complica, en lo personal tengo la conciencia completamente tranquila en las cosas que hago. No es complicado porque no veo que haya relación con las actividades de la Universidad, creo que Universia hace una buena actividad con el sistema”.
Sergio Lavanchy, de la Universidad de Concepción, señala que acepta el pago porque con eso sufraga gastos de viaje, pasaje y alojamiento en Santiago. En cuanto a la organización, “es una organización súper respetable, que Santander esté  detrás no tiene ningún inconveniente por las labores que efectúa”, aseguran desde la casa de estudios.
Según Álvaro Rojas, de la Universidad  de Talca, “Universia realiza un buen trabajo promoviendo la investigación y la movilidad estudiantil no sólo en Chile, sino en toda América Latina y España, razón por la cual integro este Consejo en cuyas sesiones participo cada vez que mi agenda me lo permite”.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, explica que estos recursos no los percibe él, ya que “al igual que cuando doy charlas y actividades similares, la plata que me llega en calidad de trabajo intelectual va a un fondo especial en beneficio de personas de la universidad”.
En el caso del rector de la PUC, Ignacio Sánchez, “esos recursos se entregan a Pastoral UC o a un centro de investigación”, según señalan desde el plantel. Y recalcan que “lo que ve Universia es distinto de lo que ve el Banco Santander. Son equipos distintos y temas diferentes. En el caso de la UC, también lo ven áreas diferentes. El rector participa en el consejo de Universia y el vicerrector económico y de gestión ve todo lo que implica la relación con el Banco Santander. En el caso de las becas, el banco sólo entrega los recursos y la UC determina las personas que las reciben por sus méritos académicos”.
Eso sí, el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés La Fontaine, señala que los dineros son entregados a los rectores en forma individual. “Todas las remuneraciones de directorio, por ley, son para personas naturales, y se pagan impuestos como persona naturales”. A lo que agrega que la renta “la perciben todos los rectores que asisten”.
O casi todos, según plantea el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, José Rodríguez, quien asegura que “nunca he cobrado mi dieta por mi participación en Universia. No me parece adecuado”.
La misma postura es asumida por el titular de la Universidad de Chile, Víctor Pérez: “Como rector de la Universidad de Chile integro el directorio de Universia en forma ad honorem y por lo mismo sin pago alguno”, señala, para luego recalcar que no ha admitido ningún pago por su participación.
Desde la Universidad de Talca y la Adolfo Ibáñez no respondieron a las consultas de El Mostrador, mientras que en la Universidad de Los Andes argumentaron que acaban de cambiar de rector hace poco, por lo que no conocen mayores detalles al respecto.
El rector de una destacada universidad privada, que también opera con la TUI y es parte de Universia, comenta que “yo no soy de los que se anda paseando en los eventos de Universia. A mí no me cuelgan credenciales en el cuello ni me saco fotos”, señala, dando cuenta de lo referenciada que está Universia en el mundo de la educación superior. De hecho, la única instancia donde se ven las caras los rectores de  todas las universidades privadas y estatales, es en el encuentro anual que organiza Universia. En el campo deportivo, lo mismo. El único torneo de fútbol universitario que reúne a todas las instituciones es el organizado por la entidad controlada por el Banco Santander.

La tarjeta universitaria inteligente

La presencia  del Santander en el sector universitario abre reparos. No importa si son privadas o estatales, las principales universidades del país están incluidas en el convenio del Santander que implementa la Tarjeta Universitaria Inteligente. Entre ellas se cuentan a las universidades de Chile, Católica, de Santiago, Diego Portales, de Los Andes y Adolfo Ibáñez, por nombrar sólo algunas, en total, 38 universidades chilenas. Revisa aquí el listado completo.
La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI), es utilizada actualmente por casi 500 mil alumnos (488.021, según datos del SIES) si tomamos en cuenta el total de matriculados el 2014 en los establecimientos que mantienen contratos con la entidad bancaria.
La TUI es multifacética, ya que también permite utilizarla en el Transantiago como tarjeta BIP! Incluso se puede optar por acceder a una cuenta vista del Santander que permite realizar depósitos y giros, tener acceso a cajeros automáticos, realizar compras a través de Red Compra y realizar todo tipo de consultas y transacciones por medio del portal financiero del banco.
A cambio, el Santander accede a una valiosa información: los datos de los alumnos, funcionarios y académicos de las universidades con las que mantiene este convenio.
El proyecto, según señalan desde el Santander, partió en España, manteniendo convenios en doce países con más de 260 universidades de América, Asia y Europa. En Chile, donde el sistema se implementó en 1999, se han emitido en total más de un millón de credenciales. El 12% han sido activadas como tarjetas de débito.
Los beneficios de la tarjeta son destacados en algunos de los planteles. El rector de la Universidad Andrés Bello, Pedro Uribe, señala que existen puntos a favor de la iniciativa. “El aporte de la tarjeta es importante, permite ejercer varias funciones, como el acceso a la biblioteca, entre otras”, dice la autoridad, aunque agrega que deberán poner especial cuidado en el resguardo de los datos de sus alumnos. “Evidentemente estoy de acuerdo con que debiera protegerse la confidencialidad de los estudiantes, así lo haremos. En general no damos autorización para que se rompa esa confidencialidad. Si esto se ha hecho, conviene revisar el convenio”, advierte.
También hay quienes subrayan que existen desventajas, como la crítica ideológica que hacen algunos estudiantes a su uso y el desmedro económico que significa para las universidades su implementación.
“Tengo un montón de problemas con la TUI, el principal es el punto ideológico, no mío, sino que de los estudiantes. Los chiquillos vienen de sectores más desfavorecidos, y tienen una postura ideológica crítica y les molesta tener una credencial del Banco Santander. Cuando hacemos entrega masiva del documento, muchos no la retiran, varios terminan reemplazándola por una tarjeta BIP! o un pase escolar, que tiene el mismo chip adentro. Y se pueden enrolar igual”, aseguran desde el Departamento de Asuntos Estudiantiles de una de las 38 instituciones que utilizan la tarjeta.
Desde la Universidad de Valparaíso, el rector Aldo Valle, quien además preside el Consorcio de Universidades Estatales, plantea que el tema se ha discutido y que existen beneficios. “En su momento se discutió, y son convenios de cooperación, y hay contraprestaciones o contribuciones del banco que se entregan en becas o en la tarjeta universitaria inteligente”, dice, aunque reconoce, como casi todos los rectores consultados, que no conoce en detalle la forma en que se implementó el convenio con el Santander.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, asegura que su casa de estudios puso reparos cuando el 2011 se firmó el acuerdo. “Tuvimos objeciones respecto de ese contrato. Tomamos tres precauciones: le prohibimos al banco que hiciera contratos atados, le manifestamos también por contrato que nosotros no transferíamos las bases de datos de los estudiantes, ni tampoco le permitimos al banco que hiciera publicidad dentro de la universidad”. El punto referido a la entrega de bases de datos genera especial atención.

Datos van y vienen

Desde el banco aseguran que no tienen “acceso a ninguna base de datos, sólo a la información necesaria para estampar cualquier credencial –nombre, apellido y Rut, y en caso que la universidad lo estime, carrera–, lo mismo que tendría cualquier otra empresa que personaliza credenciales”.
Al revisar contratos con algunas casas de estudio –que, según Santander, “en un 90% son iguales”, salvo algunas variaciones “que dependen de las necesidades tecnológicas que requiere cada universidad en la implementación de la credencial”– esto no queda tan claro.
Por ejemplo, en un contrato firmado hace cuatro años con un plantel, y que aún está vigente, documento al que tuvo acceso El Mostrador, se señala en el anexo de los requerimientos básicos para emitir la tarjeta y bajo el título “base de datos titulares de tarjetas”, que “para emitir las tarjetas y luego proveer de servicios a los titulares, la Universidad debe disponer en medios computacionales la siguiente información de cada uno de sus miembros”. Enumerando a continuación 16  datos personales a informar, entre los que se incluyen: Rut, nombres, apellidos, domicilio, teléfono, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, profesión o actividad, estado civil, carrera, facultad, campus o año de ingreso.
El mismo documento agrega que “la Universidad se compromete a entregar la información de la estructura, siempre y cuando posea dicha información en su base de datos, en caso contrario deberá completar los campos con información de fantasía válida”.
Desde el banco explican que “efectivamente en los contratos dice eso, porque los campos definidos de producción tecnológica así lo piden, pero las universidades nos entregan nombre, Rut, apellido, carrera si lo estiman, y los datos restantes si quieren los omiten o pueden poner información del plantel”.
Sin embargo, en otro de los contratos revisados, el banco toma resguardos y solicita a la universidad “rellenar con datos reales” los campos que solicitan la información respecto de: Rut, nombres, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, condición (estudiante, académico o administrativo), carrera y año de ingreso, sólo pudiendo llenar con información de fantasía el resto de los campos.
En opinión del director de Proyectos de ONG Derechos Digitales, Francisco Vera, “el contrato involucra la entrega indiscriminada de datos de las Universidades al Banco Santander. Si bien se estipula que la información se podrá utilizar sólo para procesar la tarjeta inteligente, no existe ningún mecanismo ni salvaguarda adicional que garantice el uso apropiado ni destino de esa información”.
Para el abogado “lo anterior es gravísimo, puesto que se le entrega al banco una base de datos con todos los alumnos de la universidad, sin consultarles especialmente. En caso de existir consentimiento de los alumnos, lo más probable es que sea en virtud de una cláusula amplia del contrato con la Universidad, que no se puede discutir ni negociar, y la Universidad no informa después a los alumnos a quién le cede o transfiere los datos”. Agregando que el hecho de “que un banco tenga estos datos es sumamente preocupante, no sólo por los efectos directos que tiene esta información, sino porque esta información se puede procesar de variadas maneras”.
Entre otras, detalla, crea un perfil y hoja de vida de los estudiantes, “apuntando qué carreras y universidades cursaron, información que el banco puede mantener indefinidamente”. Además, explica que en la práctica el banco “puede a su vez vender y transferir esta información a terceros, subsidiarios u otros actores, nacionales e internacionales. Existen en el mundo grandes ‘data traders’ que acumulan estos datos”.
En tanto, para el vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, Raúl Arrieta, es indispensable conocer dónde y cómo el alumno autoriza a la universidad a hacer la cesión de sus datos al banco, bajo que términos, con que finalidad, por cuánto tiempo, etc.”. Esto, porque “en estricto rigor al crear mi relación con la Universidad, ésta debería decirme que esos datos los entrega al Banco Santander y lo que podrá hacer con ellos. Allí podría haber una ilegalidad, porque el banco termina haciendo uso de información que no tiene trazabilidad legítima”.
En el contrato que regulariza la implementación y uso de la TUI en la Universidad Diego Portales, se establece que el uso de los datos enviados por la casa de estudios al banco sólo podrán ser ingresados a los registros del Santander cuando “los miembros de la comunidad acepten expresamente y contraten las funciones financieras de la Credencial”, a la vez que el banco se obliga a no entregar esa información a otras entidades.
Más allá de lo legal, Arrieta señala que “claramente el banco empieza a tener una cantidad de información de niños chicos, de 17, 18 años y mañana van a saber que este alumno estudia tal carrera, si se atrasó, por qué motivo, en cuánto tiempo se tituló. Obviamente información que es interesante y relevante y se meten en un negocio: empiezan a fidelizar clientes desde muy chicos”.
En opinión del abogado, “es súper normal y legítimo que las instituciones entreguen un mecanismo de identificación, que es una tarjeta para que te identifiques. Pero genera muchas sospechas que te la entregue una institución que naturalmente no está hecha para hacer tarjetas. ¿Por qué el banco se pone a hacer tarjetas? Claramente encontró una veta donde probablemente deben tener estadísticas, que les señalan que, cada cierta cantidad de personas, un porcentaje abre una cuenta vista. A un joven de 18 años lo tiene operando con la cuenta del Santander. Tiendo a pensar que por ahí está el negocio que busca el banco, pero no sé si eso per se tiene externalidades negativas”.
En el contrato firmado por el Banco con la Universidad Diego Portales el 3 de julio del 2011, se deja en claro el carácter opcional de la activación de la TUI como cuenta vista, aunque el Santander toma resguardos para asegurar la promoción de ese servicio. “La habilitación de esta aplicación financiera (cuenta vista) es opcional para los miembros de la comunidad, sin embargo la Universidad se compromete a evaluar alternativas para que el banco ofrezca este beneficio mediante la realización de actividades de difusión”, señala el documento al que tuvo acceso El Mostrador.
Al respecto, el rector de la UDP, Carlos Peña, insiste en que cualquier tipo de contrato que busque celebrar el banco con los estudiantes debe ser consentido por estos, y que los datos entregados son los estrictamente necesarios: “Le exigimos al banco que nuestros estudiantes tienen que consentir cualquier tipo de contrato. Hasta donde entiendo, el banco elabora las tarjetas, y por supuesto el banco necesita el nombre del titular de la tarjeta y del número de alumno. Se trata de una tarjeta que opera en la red interna de la universidad”, plantea el también columnista dominical de El Mercurio.
No obstante, a pesar de los resguardos esgrimidos por Peña, el contrato establece que el banco actualizará sus bases de datos de alumnos, funcionarios y académicos al fin de cada semestre, “el banco enviará de forma semestral a la Universidad, la base de datos de los clientes TUI con los campos: nombre completo, Rut, teléfono de contacto, mail, carrera y año de ingreso en caso de los alumnos, y unidad en que trabaja en caso de los funcionarios y docentes, a fin de que informe aquellos que han dejado de tener la calidad de funcionario o docente, y de los alumnos que han dejado de tener la condición de tal, han egresado, y de actualizar los datos de contacto que la universidad tenga vigente”. Es decir, por estudiar o trabajar en una institución que firmó el convenio con el Santander, este banco sabe tu dirección, teléfono, correo electrónico, Rut, año de ingreso o de salida de tus estudios, así como en qué momento dejaste de estudiar y si terminaste o no una carrera.
Según explica el encargado del departamento de Asuntos Estudiantiles de una de las universidades que opera con la TUI, no se solicita ninguna autorización expresa a los alumnos para entregar sus datos al banco. Detallando que “le compramos las tarjetas al banco, les mandamos listado con estudiantes que se sacaron la foto y ellos imprimen la tarjeta universitaria que tiene un costo que varía según la tarjeta más básica o más sofisticada. Aquí enviamos  el nombre, carrera, y otros datos, como el teléfono y la dirección, son llenados con datos de la universidad”.
Además, detalla, “tenemos un software que ellos desarrollaron que nos  permite hacer un seguimiento de en qué están las tarjetas. Estamos en línea: se suben los datos de los alumnos y automáticamente lo ven en el banco. Les mandamos un mail para avisarles que lo hicimos”.
Según la misma fuente, “a Santander  le interesa más los que activan su cuenta vista.  Por eso nos preocupamos mucho de que esto no se desvirtúe, por lo que tras la entrega de los datos que te mencioné no tienen acceso a ninguna información de los estudiantes”. Y agrega que “a veces el costo es excesivo –nosotros pagamos alrededor de 3,7 dólares por cada tarjeta–, por lo que hemos estudiado retirarnos”.
En otra de las universidades consultadas comentan que a ellos les cuesta “3,18 dólares por credencial”, y que es el banco el que elige la empresa que debe confeccionar las TUI.
Desde el DAE de una de estas universidades, explican que “cuando el estudiante quiere activar la tarjeta como cuenta vista tiene que ir al banco directamente, ahí cambia la dirección y pone sus datos. Hemos sido muy cuidadosos de que el vale vista sea sólo para quienes lo quieren. Por eso pedimos que se generen dos listas, entonces se hacen dos colas a la hora de buscar la TUI, una para buscar el carnet de identificación y otra para activarlo como vale vista”.
La necesidad de separar ambos procesos fue reforzada desde el Sernac.
En 2012 la institución, entonces liderada por Juan Antonio Peribonio, recibió una denuncia pública, por lo que en mayo de ese año ofició a 35 universidades requiriendo información sobre los convenios relativos a la apertura de tarjetas de crédito o tarjetas vista para sus alumnos asociadas a entidades bancarias.
Según señalan en Sernac, “en dichos oficios se les consultó acerca de los efectos, limitaciones y voluntariedad  de estas tarjetas, entre otros alcances. Además, se consultó si se exigía a los estudiantes abrir o activar dichas tarjetas para sacar libros de la biblioteca u otros servicios y la forma en la que se estaban resguardando los datos personales de los alumnos. En forma paralela, Sernac ofició a Banco Santander, entidad financiera que emitía las tarjetas”.
Entre otras conclusiones, y sobre el tratamiento de los datos personales, desde Sernac señalan que “las universidades informaron que daban cumplimiento a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y recogían el consentimiento al momento en que el alumno se matriculaba”.
Y agregan que “en los últimos dos años Sernac ha recibido muy pocas consultas y reclamos sobre la materia, pero como institución estamos atentos y seguiremos monitoreando el comportamiento de los actores involucrados. En caso de detectar algún incumplimiento, tomaremos las acciones que correspondan para defender los derechos de los consumidores”.

Planificación global

Sobre los costos para las universidades, este es asumido en primera instancia por las casas de estudios, mientras que si el estudiante, funcionario o académico la pierde, debe pagar la reposición de su bolsillo.
Según los contratos revisados por El Mostrador, Vigatec es la empresa en Chile que se encarga de la compra de las tarjetas inteligentes.
“La ejecución del proyecto implica la adquisición, desarrollo y mantención de una serie de elementos tecnológicos, que se detallan a continuación, y que serán adquiridos por la universidad en caso de requerirlos. El banco, por su parte, gestionará con proveedores y empresas de servicios la obtención de las mejores condiciones para la universidad”, reza uno de los contratos.
Vigatec, especializada en soluciones tecnológicas, medios de pago, consulta y codificación industrial, es representante en Chile de Gemalto, de capitales holandeses. Ambas firmas tienen relaciones con el Banco Santander.
En Chile, el banco es uno de los tantos clientes de Vigatec, mientras que, a nivel internacional, Santander acaba de firmar en marzo de este año un acuerdo con Gemalto para mejorar la implementación de las tarjetas TUI. Según se anuncia en la web de la empresa, ahora se incorporarán los aparatos celulares para que los usuarios puedan pagar servicios y acceder a edificios mediante el uso de nueva tecnología. “Esta innovación se basa en el éxito del programa de Tarjeta Universitaria Inteligente de Banco Santander, que ya está siendo usado por más de 7.1 millones de personas en más de 270 universidades en 12 países. La solución completa de Gemalto abarca servicios de personalización, emisión y aprovisionamiento, la tarjeta microSD y el marco multiservicio de billetera necesario para que Banco Santander pueda crear su propia aplicación móvil”, comenta el comunicado de Gemalto sobre el convenio que se firmó en marzo de este año en las oficinas en Amsterdam de la compañía.

Donaciones

El Santander tiene una activa presencia en el mundo universitario a nivel planetario. Además de la TUI, en Chile cuenta con un programa de becas de movilidad internacional, que en 2013 benefició a 300 estudiantes y docentes.
“Cabe señalar que a nivel global, el programa de Becas Santander favoreció a más de 18 mil universitarios pertenecientes a instituciones de educación superior de diversos países del mundo. Es una de las mayores inversiones en programas de becas y movilidad que hace una institución privada en el mundo”, aseguran desde la entidad financiera.
La relación entre el Santander y las casas de estudios no se limita a los contratos firmados entre las partes. Desde hace años, el banco es uno de los principales donantes de las universidades chilenas. En 2013, a través de la Ley de Donaciones –que beneficia al donante con descuentos tributarios–, y según los listados que maneja el Ministerio de Educación (Mineduc), Santander donó más de 1.700 millones de pesos ($1.727.350.049) a 43 planteles de educación superior en Chile, 32 de los cuales tienen la TUI. La suma de los montos entregados a los asociados a la credencial universitaria asciende a $ 1.655.890.749, un 96% del total entregado por el banco ese año.
El banco español es la entidad bancaria que históricamente entrega mayores donaciones a la educación superior. En 2013, de los nueve bancos que dieron aportes, el banco de Emilio Botín fue el número uno, seguido de lejos por el BCI, de la familia Yarur ($391.686.906), CorpBanca, de Álvaro Saieh ($128.684.144), y el también español BBVA ($119.885.000). De los 2.400 millones de pesos que entregó la banca ese año, el 71% fue dado por Santander.
Según un reportaje de Ciper Chile, el Santander –que en 2009 se adjudicó la licitación para ser uno de los tres bancos que administró el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante 2010– entregó donaciones a planteles de educación superior por un total de $6.362 millones, instalándose en el segundo lugar de las empresas que más aportes realizaron entre el 2007 y el 2011.
La universidad que obtuvo más recursos durante 2013 por parte del Santander fue la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), con $ 420.872.411, seguida por la Universidad de Santiago ($ 265.256.800) y la Universidad de Chile ($ 172.282.660).  Vea lista completa de donaciones.

Educación de mercado

Para el diputado independiente y ex presidente de la FECH, Gabriel Boric, el pago del banco a los rectores de universidades por participar del directorio de Universia es algo que debe aclararse, “me parece preocupante, creo que esto es algo que se tiene que transparentar. Antes de hacer juicios de valor, sería importante que los rectores involucrados expliquen cuál es el sentido de participar de estos directorios y en qué se utilizan estos fondos”.
“Habría que explicarlo, porque sería algo no deseado que el Banco Santander tuviera influencia en las decisiones que toman  las universidades, como asimismo que tuviera acceso a los datos personales de los estudiantes”, dice Boric.
Sobre el envío de las bases de datos al banco, y la relación en general existente entre el Santander y la mayoría de los planteles de educación superior, el diputado de la Comisión de Educación de la Cámara, y ex dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, plantea que deberá regularse esta situación.
“Hay algo importantísimo con respecto al funcionamiento de una institución de educación superior, que es que por ninguna razón –menos aún por un convenio con un banco–, debiese estar obligada la institución a entregar información académica, sensible, a los bancos, lo que les sirve a las empresas para segmentar sus nichos de mercado. No podemos permitir la posibilidad para que empresas bancarias, en este caso monopólicas, generen este tipo de prácticas que lo que hacen es entrometerse en algo absolutamente ajeno, a través de aparentar un supuesto beneficio para la comunidad estudiantil. Si hay vacíos legales al respecto, tendremos que legislar para regularlo”, asegura el parlamentario.
El vicepresidente de la FECH, Sebastián Aylwin, argumenta que el negocio del Santander forma parte del entramado construido por el mercado en torno al sistema educativo. “Esto demuestra que el lucro en la educación existe de múltiples formas. Como movimiento estudiantil hemos dicho que no basta con la gratuidad, sino que se tienen que cambiar las bases del sistema. Muchas universidades están preocupadas de hacer negocios con matrículas de sus estudiantes. En este caso, con las tarjetas universitarias”.
Por su parte, desde Santander aseguran que la entidad “desarrolla desde hace más de 17 años un completo Programa de Apoyo a la Educación Superior en todo el mundo, a través de su área global Santander Universidades, orientado a promover la contribución académica, financiera y tecnológica con las universidades, siendo el apoyo a la educación superior una de las señas de identidad del Grupo a nivel internacional”.