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jueves, 31 de julio de 2014

“Una Gota De Tu Sangre, Por La Verdad y La Justicia”.

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FONOS: 0227823536 SML- 
AFDD.026960678

UNA GOTA DE TU SANGRE POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.



Si eres familiar de una persona victima de desaparicion forzada ocurrida durante la dictadura civico- militar, una muestra de tu sangre podria ayudar a identificar los cuerpos encontrados y los que se podrian encontrar.

Para mayor informacion visite la pagina web.sml.cl.
o comuniquese al Fono: 0227823536.

El vuelo de helicópteros FACH sobre Punta Peuco que alertó a Gendarmería

En situaciones anteriores se había notificado previamente el paso de aviones o helicópteros por algún recinto penitenciario. "En esta oportunidad no fue así", dicen en Gendarmería que consultó a la FACH, que reconoció el hecho.
El martes en la mañana, cerca del mediodía, el vuelo de tres helicópteros sobre Punta Peuco –donde se encuentran privados de libertad quienes cumplen condenas por violaciones a los DD.HH. en dictadura– alertó a Gendarmería.
Desde la “Operación vuelo de justicia”, en diciembre de 1996, cuando cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron rescatados desde la Cárcel de Alta Seguridad, los vuelos en helicóptero sobre penales deben ser avisados a Gendarmería.
El hecho –que ocurre en medio del debate por el cierre del recinto penitenciario– motivó una consulta inmediata de la institución. “El sobrevuelo de los 3 helicópteros de la FACH alertó a Gendarmería porque en situaciones anteriores se había notificado previamente el paso de aviones o helicópteros por algún recinto penitenciario. En esta oportunidad no fue así. A raíz de ello, Gendarmería consultó ante la FACH, que reconoció el hecho y lamentó no avisar oportunamente”, señaló Gendarmería a El Mostrador.
Desde el departamento de Comunicaciones de la FACH señalaron que “la Fuerza Aérea de Chile efectúa una serie de vuelos de instrucción y entrenamiento a lo largo del territorio nacional, una de éstas, es el vuelo visual de entrenamiento y que realizó un helicóptero UH-1H, el que se dirigió durante la mañana de ayer (martes) desde Pudahuel al sector de Colina”.

Restos humanos encontrados en Santo Domingo podrían corresponder a detenidos desaparecidos

El hallazgo se concretó tras información reservada recibida por la ministra en visita Marianela Cifuentes. Hasta el lugar llegó la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones junto a un equipo del Servicio Médico Legal.
Fuentes del Servicio Médico Legal confirmaron este jueves que los restos encontrados durante esta semana cerca de Santo Domingo, en la provincia de San Antonio, corresponden a osamentas humanas.
Todo comenzó este martes, tras la información reservada que recibió la ministra en visita encargada de investigar casos de derechos humanos, Marianela Cifuentes. Luego de estos antecedentes secretos, Cifuentes ordenó diligencias en la localidad de San Antonio con el fin de determinar si en el lugar existían restos de detenidos desaparecidos ejecutados durante la dictadura.
Según informó Radio Biobío, dentro de las próximas 48 horas se debería determinar la data de muerte y así poder establecer si los restos corresponden a personas asesinadas durante esa época.
El hallazgo se concretó, luego que la ministra Cifuentes recibiera información reservada que dirigía la investigación hacia un fundo al costado de la Carretera de la Fruta, a la altura del puente Lo Gallardo, a unos 10 a 12 kilómetros al sur de Santo Domingo, en el que se decía que se encontraban restos de ejecutados políticos.
En el sector se realizaban excavaciones para abastecer de agua al condominio Las Brisas. En este contexto, se habrían encontrado vestigios que hacían sospechar de la existencia de restos humanos.
Según revela el medio radial, hasta el lugar, en compañía de Carabineros, llegó la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones junto a un equipo del Servicio Médico Legal.
Si bien en el lugar se conformó este grupo de investigación, aún restan diligencias y pericias para determinar si estos restos corresponden a involucrados en el caso del campo de prisioneros Tejas Verdes, ubicado en San Antonio, y que fue uno de los más paradigmáticos durante la época de dictadura en Chile.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aseguró que la información  la toman con cautela. Esto, para evitar falsas expectativas o errores de identificación como los ocurridos con los casos del Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Un paso más hacia la justicia: 18 agentes CNI son procesados por crímenes en el sur. Primera vez que se procesa a una mujer por asesinato

Por Verónica Romero
Por primera vez que se procesa por un asesinato político a una agente mujer de la CNI, (policía política de Pinochet) funcionaria del Ejército Ema Verónica Cevallos Núñez, conocida como la "Flaca Cecilia". Con estos 18 procesamientos hay un indicio de que la justicia chilena está logrando conocer la identidad de los agentes de la dictadura que participaron de las gravisímas violaciones a los derechos humanos y que las familias están recibiendo la justicia que tanto tiempo ha tardado en llegar.
El operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que terminó con la vida de siete miristas en el sur de Chile y que se denominó "Operación Alfa Carbón" tiene a 18 de los agentes involucrados en procesamiento, entre ellos a los altos oficiales del Ejército Marco Spiro Derpich Miranda y Álvaro Corbalán, quienes estuvieron a cargo de la preparación y ejecución de los crímenes.

La maniobra comenzó en 1984 cuando Jorge Mandiola Arredondo, jefe de la CNI en Concepción, dio aviso a Marcos Spiro Derpich Miranda, jefe de la División Regionales de la CNI, sobre la existencia de una supuesta estructura mirista en el sur, con lo que se dio inicio a la desarticulación definitiva del MIR en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia.


El 23 de agosto de ese año se ejecutó la acción, liderada por Luís Hernán Gálvez Navarro con el asesinato de Luciano Humberto Aedo Arias, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien recibió siete impactos de bala. La acción de los agentes o delincuentes represivos de la CNI terminó al día siguiente cuando irrumpieron en el domicilio de Juan José Boncompte Andreu, dirigente del MIR quien murió acribillado, con 22 impactos de bala, en el patio de su casa. Entre esas dos fechas asesinaron a cinco integrantes más del MIR.


Para la justicia militar este caso comenzó cuando en Concepción y Valdivia se seguía un proceso contra 16 integrantes del MIR por "violencia innecesaria", que fue un montaje para encubrir las muertes de Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte. El caso siguió en la justicia militar a cargo del fiscal Pedro Marisio, quien lo sobreseyó en 1998 por no contar con la verdadera identidad de los responsables, sin embargo en 2007 pasa a la justicia civil.


Como de costumbre, la justicia militar, en temas de derechos humanos, nunca llegó a investigar ni determinar resoluciones judiciales de delincuentes "con uniforme del Ejército".

Fue el juez Aldana quien encontró el hilo de lo ocurrido y encausó por el delito de asociación ilícita al Comandante del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, (conocido agente de la CNI, quien está condenado a perpetua por varios crímenes), al coronel de Ejército, Marco Derpich Miranda, Jorge Mandiola Arredondo, Patricio Castro Muñoz (ex militar involucrado en la estafa llamada La Cutufa) y procesó a Roberto Antonio Farías Santelices, Luis Hernán Gálvez Navarro, Manuel Morales Acevedo, José Abel Aravena Ruiz, Luis Enrique Andaur Leiva, Sergio Mateluna Pino, José Zapata Zapata, Bruno Soto Aravena, Luis Alberto Moraga Tresckow, Óscar Boehmwald Soto, Ema Verónica Ceballos Núñez (la primera mujer, procesada por delitos de lesa humanidad) y Gerardo Meza Acuña. En esa oportunidad se sumaron a los procesamientos, Luis René Torres Méndez, y Patricio Alfredo Berton Campos.


La abogada querellante en el caso, Magdalena Garcés, en entrevista con Cambio21 expresó que "el proceso está en sumario, aunque ya se dictó procesamiento y hubo una adecuación de auto de procesamiento. Estamos en una etapa bastante avanzada, como el próximo cierre del sumario".


Cristian Campos (PPD), diputado de Hualpén en el Biobío, comuna en la que ocurrió el asesinato de Luciano Aedo, en conversación con Cambio21 comentó que "aquí hay un principio súper claro en materia de justicia y derechos humanos. En este sentido la justicia tarda, pero llega y es algo que ha imperado y nosotros creemos que no es posible que estos crímenes se mantengan con impunidad, es por eso que cualquier tipo de señales positivas que entregue la justicia en esta materia, nos da a nosotros la idea de que la justicia chilena se está pronunciando de manera favorable hacia las familias afectadas".


Familiares


Los parientes de las personas asesinadas manifestaron que hubiera sido mucho mejor que aparecieran más procesados porque con 7 muertos y un operativo con 100 agentes aproximadamente, hay sólo 18 agentes encausados. Los equipos que actuaron eran alrededor de diez personas para ejecutar a cada militante del MIR.


Sobre esto, la abogada Garcés expresó que "las familias están contentas por que se dictaron nuevos procesamientos a dos nuevos agentes, que ocupaban roles de jefes y fueron procesados como autores de asociación ilícita. Las familias están contentas y valoran este hecho, porque plantearon hace mucho tiempo la idea de procesar a los jefes como autores de estos homicidios calificados en calidad de autores inmediatos" y agregó que "si bien siempre hubiésemos querido más procesamientos y las determinaciones penales de más gente, vemos que es un avance sustancial y entendemos que la causa debe avanzar hacia una sentencia definitiva".


En tanto que el parlamentario Campos declaró que "me parece que finalmente los abogados querellantes y las familias han hecho un gran trabajo en entregar todos los antecedentes para que la justicia se pronuncie. En esta materia, debemos recibir con alegría que estas situaciones de derechos humanos se puedan esclarecer y en eso creo que todos debemos ayudar para ir cerrando estos capítulos tan amargos para la historia nacional".


"Flaca Cecilia"


Llama la atención que en este caso se encuentre procesada una mujer, Ema Verónica Cevallos Núñez, conocida como la "Flaca Cecilia". Sobre esto Magdalena Garcés comentó que "cuando el ministro Víctor Montiglio procesó a los agentes de la DINA en el Caso Conferencia fueron citadas muchas mujeres, pero lo que pasa es que en términos generales, ha sido muy difícil investigar a las mujeres, pues reciben cierta protección por parte de sus compañeros y no ha habido una persecución tan eficaz como en el caso de los hombres".


Con respecto al procesamiento de la "Flaca Cecilia", Garcés comentó que "este es un caso emblemático porque es una agente que tuvo destacadísima participación en muchos casos e incluso ganó el premio a la mejor agente femenina en la CNI, pues se trataba de alguien que andaba armada y participaba directamente de las operaciones. Como las mujeres son poco perseguidas en esto, nos parece que es importante que se haya procesado a Ema Cevallos, quien tuvo participación directa con los hechos ocurridos en Valdivia como lo es un homicidio de una persona".


El caso de esta delincuente de la CNI tiene otro emblema: es la primera mujer que es procesada por actuar en un crimen de un opositor a la dictadura, lo que implica que además que es la primera mujer que será condenada por delitos de lesa humanidad en nuestro país

Sobre esto, Campos dijo que "en materias de derechos humanos no importa si los autores de estos crímenes y vejámenes son hombres o mujeres, sino que la justicia no hace esta diferenciación de género, sino que va al punto central y neurálgico que es pronunciarse sobre la actitud y autoría en esta materia por parte de quienes cometieron estos asesinatos, torturas y desapariciones que generan mucho dolor en distintas instancias de nuestro país".

Carabineros desaloja Liceo Amunátegui en toma y detiene a 14 estudiantes

Liceo  Amunategui A1
El Liceo Amunátegui, establecimiento tomado por los estudiantes desde el lunes, fue desalojado por Carabineros luego de que se lanzaran piedras desde el lugar hacia las personas que pasaban por la calle y se amenazara a representantes de apoderados este miércoles, según informó un comunicado de la Municipalidad de Santiago, según consignó Cooperativa.
14 estudiantes manifestantes fueron detenidos por Carabineros dentro del liceo.
El municipio explicó respecto al petitorio que “gran parte de éste ya se ha llevado a cabo y hay una agenda en desarrollo, parte de la cual implica la recepción de insumos que no podía realizarse mientras se mantuviera el establecimiento en manos de los estudiantes”.
También se hizo un llamado a los alumnos a seguir participando de las “jornadas de reflexión sobre la reforma educacional”, junto a la alcaldesa Carolina Tohá y expertos en educación.

miércoles, 30 de julio de 2014

Nueva campaña del SML pretende identificar restos de detenidos desaparecidos en dictadura

The Clinic Online.
Fotos: Marcos Rodriguez G. AFDD

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, junto al director nacional del SML, Patricio Bustos, lanzó la campaña que busca recoger muestras de sangre para identificar restos de víctimas de la dictadura, iniciativa que cuenta con la participación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
El secretario de Estado destacó que la campaña pone en el tapete público la violación a los Derechos Humanos que se produjo bajo la dictadura de Augusto Pinochet y busca “incentivar a aquellos familiares que aún no han entregado su gota de sangre al registro genético del SML a hacerlo para, eventualmente, saber si los restos que se encuentren en determinado lugar corresponden a los de sus familiares”.
La campaña, prosiguió Gómez, es “un golpe a la conciencia de todos nosotros para colaborar en este tema tan doloroso como la violación a los Derechos Humanos”, que actualmente, subrayó el ministro, “no es un tema molesto ni del pasado. Los familiares pueden ir con sus víctimas en el pecho con la conciencia viva de que se cometieron esos delitos”.
Gómez, asimismo, reconoció que a pesar de los avances logrados en torno a la promoción y respeto de los Derechos Humanos en democracia “avanzar mucho o poco es insuficiente”, pues el deber ético y moral del Estado es encontrar la verdad: “Sin verdad no hay justicia, y solo con estos elementos podremos alcanzar una plena democracia en Chile”, sentenció.
La autoridad además, puntualizó que próximamente su cartera se transformará en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que contará con una subsecretaría que coordinará todo lo relativo al área, para llevar adelante un plan nacional que pondrá énfasis en la educación y cultura de los derechos de las personas.
En tanto, el director nacional del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, recordó que esta es la segunda campaña que se realiza –la primera se lanzó en 2009 y consiguió 135 identificaciones– en conjunto con las agrupaciones de víctimas.
El principal objetivo, dijo Bustos, es conseguir las muestras faltantes. “En un tercio de los casos tenemos víctimas que no tienen un familiar de referencia. Si ellos donan una gota de sangre nos permitirá avanzar en la identificación de las osamentas que con tanta dificultad, producto de las maniobras de ocultamiento que realizaron los victimarios, estamos intentando realizar, no sólo como una deuda hacia los familiares, sino que también como un deber institucional del Estado que debe reparar el daño hecho en dictadura”.
De parte de los familiares de víctimas, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que “esta campaña para que los familiares donen su sangre es una avance para ‘el nunca más’ y es importante que lo hagamos en el Ministerio de Justicia, porque es el Estado asumiendo lo que no hizo desde 1990″.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, hizo un especial reconocimiento a la lucha incansable de Carmen Vivanco, de 98 años, hija, esposa, madre, hermana, cuñada y tía de detenidos desaparecidos y que aparece en uno de los cuatro videos testimoniales con relatos de familiares que llaman a donar sangre para esta campaña.
También se rodaron tres spots desde sitios en los que se violaron los Derechos Humanos con la conducción de la periodista Carolina Urrejola y los actores Benjamín Vicuña y Daniel Alcaíno. La campaña se viralizará a través de las páginas web del Servicio Médico Legal, www.sml.cl, del Ministerio de Justicia, de todos los servicios del sector y de las redes sociales de estas instituciones.

UNA GOTA DE TU SANGRE POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

Si eres familiar de una persona victima de desaparición forzada ocurrida durante la dictadura civico- miilitar, una muestra de tu sangre podria ayudar a identificar los cuerpos encontrados y los que se podrian encontrar.

Una gota de sangre por la verdad y la justicia

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Una gota de sangre por la verdad y la justicia - Campaña donación de sangre SML

Trabajo de la Unidad Especial de Identificación Forense

Una gota de sangre por la verdad y la justicia

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Una gota de sangre por la verdad y la justicia - Campaña donación de sangre SML

Carolina Urrejola - Memorial de Detenidos Desaparecidos

Una gota de sangre por la verdad y la justicia

Una gota de sangre por la verdad y la justicia - http://www.sml.cl/sml2014/

Testimonial Emilio e Iara Astudillo - Hornos de Lonquén

Una gota de sangre por la verdad y la justicia

Una gota de sangre por la verdad y la justicia - http://www.sml.cl/sml2014/

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Testimonial Carmen Vivanco

Una gota de sangre por la verdad y la justicia

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Una gota de sangre por la verdad y la justicia - http://www.sml.cl/sml2014/


Nietos de Vicente Atencio - Villa Grimaldi

ACTO CONMEMORACIÓN DE LOS 119 DETENIDOS DESAPARECIDOS DE LA OPERACIÓN COLOMBO

Villa Grimaldi <envios@villagrimaldicorp.cl>






ACTO CONMEMORACIÓN DE LOS 119 DETENIDOS DESAPARECIDOS
DE LA OPERACIÓN COLOMBO
INVITACION
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Colectivo 119 Familiares y Compañeros, invitan a  recordar los 39 años del montaje comunicacional de la dictadura militar, que pretendió encubrir el secuestro y desaparición de 119 chilenas y chilenos que soñaban con un mundo mejor.
Como un gesto de memoria y homenaje nos acompañarán con sus aportes artísticos:
ANITA TIJOUX, DESTACADA ARTISTA NACIONAL E INTERNACIONAL.
LAS ARPILLERAS DE LO HERMIDA, PREMIOS NACIONAL TESOROS HUMANOS VIVOS, UNESCO Y CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES. SE REALIZARÁ DURANTE EL ACTO UNA ARPILLERA COLECTIVA DE HOMENAJE.
EXPOSICIÓN DE LA OBRA “HILOS DE LA AUSENCIA: GENEALOGÍAS Y DISCONTINUIDADES” DE LA ARTISTA VISUAL VIVIANA SILVA FLORES.
EXHIBICIÓN DE LA” MANTAS DE LA MEMORIA” DE LA AGRUPACIÓN DE LOS FAMILIARES DE IRLANDA DEL NORTE.
Las y los 119 están presentes en la música y los bordados de la memoria.
Las exposiciones se mantendrán hasta las 17.00 hrs.
Sábado 02 de agosto, 12H00, Velaria Parque por la Paz Villa Grimaldi, Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén. Cómo llegar: Metro Plaza Egaña, buses 513 y D09. Ubicación referencial Tobalaba con Avenida José Arrieta. 

CORPORACION PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDIAv. José Arrieta # 8401 - Peñalolén - Tel. (56-2) 2925229
villagrimaldi@villagrimaldi.cl - www.villagrimaldi.cl

"¿De donde salen los encapuchados en las marchas?".

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Organismo interamericano anula argumentos de la derecha

Corte Interamericana de DDHH condena al Estado por aplicación de Ley Antiterrorista a mapuches y ordena pagar 417 mil dólares

El organismo interamericano consideró que se violó el debido proceso, la presunción de inocencia y dividió la suma mencionada en 50 mi dólares para ocho mapuches condenados por los tribunales chilenos por hechos tipificados en el cuerpo normativo, ocurridos entre 2001 y 2002 en las regiones del Bio Bio y la Araucanía. El dinero también se dirigirá -poco más de siete mil dólares- al fondo de Asistencia Legal de la Corte, como también para los abogados patrocinantes de quienes recurrieron, Ximena Reyes y Jaime Madariaga. No es lo único. También el Estado deberá entregar ayuda sicológica y becas a los hijos de los afectados. El fallo aparece en momentos en que la derecha ha insistido en que el gobierno deb
Represión-Mapuche
A última ultima hora de ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) -con sede en Cota Rica- responsabilizó al Estado chileno por condenar a un grupo de mapuches aplicando la Ley Antiterrorista. En esa línea ordenó “reparar” y anular las sentencias dictadas por los tribunales chilenos en contra de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles. Todos fueron condenados, indistintamente, con sanciones que van de los cinco año a diez años de prisión por hechos ocurridos entre 2002 y 2002 en las zonas del Bio Bio y la Araucanía.
El fallo aparece en momentos en que la derecha ha insistido en que el gobierno debe aplicar el cuerpo normativo en la Araucanía, luego de una serie de atentados, tanto incendiarios como ataques a la fuerza pública, que fueron expuestos en la reciente interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la semana pasada en la Cámara.
Las reparaciones son las siguientes: “adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias” a los ya consignados. Le siguen brindar “de forma gratuita e inmediata” tratamiento sicológico y médico. Y todo por violar “el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia (…) de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley”.
Además publicar en medio escritos y difundir vía radial la sentencia; también “otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de los hijos de las ocho víctimas”
Un punto importante del fallo es la regulación de la reserva de la identidad de los testigos en los juicios -conocidos como “testigos sin rostro”, fórmula usada por al Ministerio Público en casos de este tipo, que ha provocado fracasos constantes en la VIII y IX región”, además de agentes encubiertos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar).
Dentro de las costas está el pago de 50 mil dólares por cada afectado, que suma 400 mil de la moneda americana por el total de las ocho personas.
Además, cancelar la cantidad gastada por los patrocinantes del juicio, los abogados Miriam Reyes y Jaime Madariaga en cinco mil dólares a cada uno. Y al Estado chileno la suma de US$ 7.652, para reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la COIDH por la tramitación del caso. Todo suma más de 417 mil dólares. El cumplimiento debe ser dentro del plazo “de un año”, como también rendir un informe a la COIDH sobre como se ejecutan las medidas judiciales del sistema interamericano. Este se dará por cumplido una vez que el Estado chileno “debe cabal cumplimiento” a las mismas.
El fallo contó con los votos Humberto Sierra, Roberto Cañas, , Daniel García, y Alberto Pérez. En tanto to Manuel Ventura y Eduardo Ferrer -si bien concurrieron a la sentencia- estimaron que los jueces sus colegas valoraron de manera distinta el peso de la prueba en torno a la discriminación judiciales de los condenados.

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena anular condenas por terrorismo a siete mapuches

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy un fallo en el que ordena dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete indígenas mapuches y una activista. “El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas”, indica el fallo publicado hoy por la Corte con sede en Costa Rica.
mapuches A1 Imagen referencial.
Este martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dejó sin efecto ocho condenas por terrorismo desde el 2003 -siete indígenas mapuches y una activista- en el marco de un conflicto por tierras. Los condenados son Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso Robles.
“El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas”, indica el fallo publicado hoy por la Corte con sede en Costa Rica.
En la sentencia, la CorteIDH condena a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas.
Además, el Estado violó el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión y pensamiento, a que la defensa interrogara testigos, el de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior y los derechos políticos de los mapuches.
Las víctimas de este caso fueron procesadas bajo la llamada “Ley Antiterrorista” por hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y la Araucanía.
En esa zona se mantiene abierto desde hace dos décadas un conflicto que enfrenta a grupos mapuches con empresarios agrícolas y forestales, algunos de los cuales han recibido protección policial, por la propiedad de tierras que los indígenas consideran ancestrales.
Las condenas contra los indígenas fueron por delitos como “amenaza de incendio terrorista”, “incendio terrorista” y “conducta terrorista”, y los castigos dictados oscilaron entre los 5 y los 10 años de prisión.
La Corte Interamericana consideró que “la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación”.
Por ello ordenó anular las sentencias y dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias y liberar a las víctimas que aún se encuentren sujetas a libertad condicional.
Asimismo, el Estado deberá suprimir los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que existan en contra de las ocho víctimas del caso, así como la anulación de su inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que los vincule con actos de carácter terrorista, indica el fallo.
En sus disposiciones, los jueces interamericanos también ordenaron al Estado chileno brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas de este caso, así como otorgar becas de estudio a sus hijos.
La Corte también ordenó el pago indemnizaciones económicas a las ocho víctimas que consisten en 50.000 dólares a cada uno por daños materiales e inmateriales, y cerca de 100.000 dólares por costos y gastos del proceso.
Chile está en la obligación de rendir a la CorteIDH un informe en el plazo de un año acerca de las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia

martes, 29 de julio de 2014

Ministro Gómez: No hay plazos comprometidos para cierre de Punta Peuco

Paula Correa |
ministro1
Preocupación existe por los distintitos grupos privados de libertad,  que tienen situaciones especiales. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez se refirió a las medidas que se adoptarán para enfrentar las críticas que han surgido sobre el manejo del gobierno en estos complejos escenarios… 

Recientemente un grupo de parlamentarios solicitó el cierre del penal Punta Peuco y pidieron una reunión con el titular de Justicia, dadas las condiciones de privilegio en la que estarían recluidos los ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Desde la oposición sostuvieron que no se trata de cerrar cárceles, menos ésta ya que es el único recinto que cumple debidamente con los estándares internacionales.
En esa línea, el Secretario de Estado confirmó que se está evaluando la situación del penal, pero indicó que no hay plazos comprometidos. Ante las críticas, afirmó que la opción para nivelar las condiciones carcelarias es aumentar los estándares de otros centros penales, como, señala, se ha venido trabajando.
“Estamos hoy día en una situación distinta a cuando se creó Punta Peuco, era el penal que tenía condiciones diferentes. Hoy día tenemos zonas de infraestructura como en Puerto Montt, Valdivia, en otros lugares de Chile en que hemos logrado avanzar y estamos en un proceso permanente de mejoramiento de infraestructura y mejoramiento de lo material y el tratamiento. Lo que se trata aquí es que hayan buenas condiciones, pero también que exista reinserción porque si no existe eso no tiene sentido. Por eso estamos trabajando”, afirmó.
Hay otro tipo de presos sumamente disconformes con el modelo carcelario; los presos políticos mapuche. En la cárcel de Temuco dos comuneros retomaron una huelga de hambre exigiendo a la autoridad cumplir el compromiso de ser traslados al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria. Ya transcurridos 11 días de ayuno, señalaron que, dado que el Gobierno no mostró voluntad de solucionar esa demanda, asumen la huelga de forma indefinida, en busca de su libertad total.
Ante esto, el titular de Justicia, reiteró la posición que ha mantenido el Ejecutivo, señalando que deben ser conducidos a un centro cerrado que cuente con las condiciones de seguridad necesarias.
“La voluntad nuestra se la hemos expresado en todas las formas posibles. Vamos a trasladarlos a un centro de trabajo cerrado que es lo que estamos haciendo: trabajando en ello. Esperamos que lo entiendan y puedan deponer la huelga porque en un plazo corto los vamos a trasladar y, por lo tanto, hoy en día se afectan en su vida, en su cuerpo, y no tiene ningún sentido”, sostuvo.
Así, se prolonga la huelga, un escenario complejo cuando Cristian Levinao y Luis Marileo ya tienen un estado de salud delicado después de asumir cuatro ayunos prolongados, siempre demandando mejoras a las condiciones de reclusión y la revisión de condenas que, según afirman, son de orden político y se enmarcan en una estrategia de judicialización de la protesta social mapuche.
Otro tema de preocupación es la situación de los menores de edad infractores de ley que habitan los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), en conjunto con quienes buscan una adopción, por ejemplo.
Las autoridades han dicho que la opción es reformar la actual institucionalidad y separar los servicios, mientras, sin embargo, se siguen registrando casos de maltrato. En ese sentido, el ministro Gómez, sostuvo que se está realizando un trabajo en el intertanto para enfrentar la crisis actual.
“Es un proyecto claro del Gobierno de la presidenta Bachelet hacer estos cambios estructurales. En el momento actual estamos mejorando las condiciones de fiscalización, trabajo, desarrollo de programas, pidiendo más recursos para que en este periodo intermedio podamos desarrollar mejor la labor del Servicio Nacional de Menores, entendiendo que el Servicio tiene que cambiar, no puede seguir igual”, dijo tajante.
Los diputados y senadores de la Bancada Transversal de la Infancia, han manifestado su preocupación por los últimos casos de vulneración a menores en centros dependientes del Servicio, ante la falta de recursos del organismo para fiscalizar.
Mientras, entidades especializadas como Paz Ciudadana hicieron un llamado a avanzar con urgencia de la división del servicio, así como en la especialización de la Justicia Juvenil, proponiendo la creación de al menos 12 tribunales en la materia que superen la tendencia que hoy impera de replicar en estos menores la justicia penal para adultos.


Usando los mismos argumentos que la derecha

Presidencia recurre al TC para no revelar e-mails por la compra de “bandera monumental” durante gobierno de Piñera
Jorge Molina Sanhueza 29 Julio, 2014

La decisión de La Moneda, de acuerdo al recurso que publica The Clinic Online, busca evitar el cumplimiento de un fallo emitido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en mayo pasado, donde el organismo estimó que los e-mails referidos a la adquisición del símbolo patrio, son de carácter público ya que implican actos de la administración del Estado. De esta manera, el gobierno, señalando que la entrega afecta la vida privada de los empleados que participaron de la decisión, busca generar un criterio judicial que lo proteja de solicitudes posteriores.
AficheMonedaTransparencia

El director administrativo de la Presidencia de la República, Cristián Riquelme, recurrió la semana pasada al Tribunal Constitucional (TC), con el fin de no entregar los correos electrónicos relacionados con la compra de la “bandera monumental” durante la administración Piñera para celebrar el bicentenario. Se trata del pabellón patrio que se ubica, por Alameda, frente al palacio de gobierno; mide 18×27 metros, pesa cerca de 200 kilos y la sostiene un mástil de 61 metros que pesa 50 toneladas.
La decisión de La Moneda, de acuerdo al recurso que publica The Clinic Online, busca evitar el cumplimiento de un fallo emitido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en mayo pasado, donde el organismo estimó que los e-mails referidos a la adquisición de los símbolos patrios, son de carácter público.
De hecho, el recurso ante el TC se relaciona directamente con el reclamo de ilegalidad que el pasado 11 de junio presentó en la Corte de Apelaciones Santiago, con el fin de revocar la decisión del CPLT.
Mala cara
Hay que recordar que en 2012 el mismo CPLT ordenó la entrega de los correos del entonces subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, luego de una solicitud hecha por el alcalde de Melipilla Mario Gebauer, para conocer por qué se paralizaron los recursos para la reconstrucción después del terremoto de 2010.
En la oportunidad, Ubilla también recurrió al TC y logró que los e-mails no fueran entregados. Igual situación ocurrió con el ex titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Cristián Larroulet.
Ambos sostuvieron que el contenido de los mails era parte de la vida privada del usuario y que el CPLT estaba excediéndose en sus facultades. Pues bien, la actual administración sostiene lo mismo.
Pues bien el criterio usado en esa oportunidad por el TC cambió en noviembre de 2013, cuando la Corte Suprema le ordenó al entonces titular de Transportes Pedro Pablo Errázuriz revelar su comunicación digital sobre la modificación de los contratos del Transantiago, resolución que también afectó a subsecretaria Gloria Hutt entre otros funcionarios de menor rango.
En la oportunidad, el fallo máximo tribunal estableció que la divulgación de la información pública era un elemento central para el correcto funcionamiento de la administración del Estado y un valor constitucional para la democracia.
Dime la verdad
La petición de los datos, fue formulada por Pamela Ortiz en septiembre de 2013. En solicitud buscaba conocer los detalles de la compra de los símbolos patrios a la empresa estadounidense U.S Flag Fagpole Suply.
La dirección administrativa esta dirigida entonces por Aldo Sabat Pietracaprina, hermano del alcalde de Ñuñoa, entregó sólo información parcial, argumentando que la vida privada de los funcionarios y otros derechos constitucionales podían verse afectados al revelar la información..
Por esta razón la mujer recurrió ante el CPLT, organismo que luego de recabar los datos información de La Moneda, estimó que los mails eran públicos.
En el TC el recurso ya tiene resolución de ingreso y quedó incoado en la Segunda Sala.

La condena de la UDI a las violaciones a los derechos humanos: la batalla que Silva está perdiendo

La modificación a la declaración de principios, donde se alaba la intervención de los militares el 11 de septiembre de 1973, fue extensamente tratado ayer en la reunión del “Comité de Comunicaciones” donde se hizo ver el “error” de abrir un flanco interno en un periodo en que debe haber “unidad” para enfrentar la Reforma Educacional y la dirigencia dejó el asunto en pausa, con el compromiso de verlo “detenidamente y en silencio” en las próximas semanas. La discusión anticipada del tema, reconocen en la UDI, “deja en una posición incómoda a Silva porque se supone que este gallito con los coroneles podía ganarlo y ya no”.
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Hace una semana, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, comenzó a sociabilizar la intención de elaborar, de aquí a la conmemoración de los 41 años del Golpe de Estado, una nueva declaración de principios acorde con los “nuevos tiempos” que estableciera con claridad “la condena del partido a la violación de los derechos humanos en cualquier circunstancia”.

La propuesta, afirman en el partido, se encontraba en pañales cuando fue publicada este fin de semana por el diario La Tercera y generó el inmediato rechazo de los estamentos más duros del partido.
Ayer, sostienen fuentes de la UDI, el tema fue extensamente tratado en la reunión del “Comité de Comunicaciones” donde se hizo ver el error de abrir un flanco interno en un periodo en que debe haber “unidad” para enfrentar la Reforma Educacional y la dirigencia dejó el asunto en pausa, con el compromiso de verlo “detenidamente y en silencio” en las próximas semanas.
El análisis en la mesa directiva y en al bancada es que nuevamente hay un choque generacional entre quienes nacieron en dictadura y, por ende, sienten como una carga el respaldo histórico de la UDI al régimen de Pinochet; y quienes colaboraron activamente, de la mano del fundador Jaime Guzmán, con el régimen. Otra vez, por cierto, la batalla la están ganando los “coroneles”, tal como ocurrió en la negociación de la reforma tributaria.
De hecho, los principales críticos a avanzar en un cambio son el senador Juan Antonio Coloma -un “coronel” y rostro de Chacarillas- y Víctor Pérez, ex alcalde designado de Pinochet en Los Ángeles.
LA FILTRACIÓN
“La Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, cuyo origen y gloriosas tradiciones se identifican con el surgimiento y defensa de la chilenidad a través de toda la historia del país, incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario” reza el punto 14 de la declaración de principios de la UDI.

Este, junto con los puntos 10 y 11, en que se fustiga el “marxismo-leninismo” como “un instrumento del imperio soviético en sus propósitos hegemónicos” que debe ser combatido tal como “la lucha contra el Partido Comunista como el agente directo de la Unión Soviética en su afán por convertir a Chile en otro satélite de su órbita”, eran los que Silva quería modificar.
La visión de la coyuntura era clara: desde la directiva de la UDI sostienen que este 11 de septiembre será el más complicado de enfrentar para la colectividad porque por vez primera “está en el poder un gobierno de izquierda, con el PC en un rol relevante”.
Por lo mismo, sostienen estas fuentes, Silva tenía en mente “sorprender” en la previa de la conmemoración del quiebre democrático con una modificación en la declaración de principios que diera cuenta de la distancia de los sub 40 con el régimen. El tema es complejo para el gremialismo. Guzmán fue el ideólogo de la administración pinochetista a través de la Constitución de 1980 y figuras emblemáticas como Jovino Novoa y Pablo Longueira colaboraron con el dictador.
Por esta razón, sostiene un dirigente, se acordó “tratar el tema con sigilo, avanzar lento y discutir internamente un cambio que se ajustara a lo que pensamos los más jóvenes del partido, pero que no hiriera sensibilidades”.
El plan falló con la filtración y, admiten en la colectividad, “lo más probable es que no se logre avanzar en ningún ajuste de aquí a septiembre”.
EL RETROVISOR
La discusión anticipada del tema, reconocen en la UDI, “ha entorpecido todo el proceso y deja en una posición incómoda a Silva porque se supone que este gallito con los coroneles podía ganarlo y ya no”. El presidente de la tienda debía, además, dar una señal de fuerza luego de haber sido, en los hechos, prácticamente excluido del acuerdo en la Reforma Tributaria que suscribió sólo ante la advertencia de los senadores, encabezados por Coloma, de que el pacto de todos modos se iba a ejecutar.

La estrategia se cayó y Silva quedó, nuevamente, arrinconado.
Ello pese a que el secretario general de la tienda, Javier Macaya, asegura que “no se ha caído” la posibilidad de realizar una reforma. “Tenemos claro que el énfasis debe estar puesto en la Reforma Educacional, pero creemos que es perfectamente posible avanzar en paralelo, con calma y escuchando todas las posiciones, en ajustar la declaración de principios”, aseveró.
Igual de optimista es el diputado Jaime Bellolio, quien sostiene que “si bien el espejo retrovisor te ayuda a conducir mejor, la mirada tiene que estar puesta en el camino que viene y creo necesario que quede establecido, por ejemplo, nuestra condena a las violaciones a los derechos humanos”.

“Olvidados”, la película boliviana sobre el Plan Cóndor

En la cinta aparecen los actores chilenos Eduardo Paxeco y Manuela Martelli.
Olvidados
La película “Olvidados”, una producción de Bolivia sobre el Plan Cóndor, diseñado hace más de 30 años por las dictaduras militares del Cono Sur para acabar con sus opositores, se ha planteado lograr que los bolivianos se vuelvan a enamorar de su cine y frenar “la caída libre” que sufre el sector.
Así lo expresaron hoy productores y empresarios que apoyaron el filme durante su presentación en La Paz, a la que asistieron el director mexicano Carlos Bolado y los actores bolivianos, mexicanos, chilenos y argentinos que participaron en la cinta.
Uno de los productores, el italiano boliviano Paolo Agazzi, afirmó que la película se presenta en un momento en que el cine no está viviendo un buen momento en Bolivia porque el apoyo del público para producciones nacionales “ha ido decayendo terriblemente”.
“Si una película como ‘Olvidados’ no logra recuperar, no vuelve a hacer enamorar al público boliviano, yo francamente voy a cambiar, a estas alturas de mi vida, de profesión”, afirmó Agazzi, que es un veterano productor de varias películas nacionales.
La obra narra la historia de un general boliviano retirado, que al estar postrado por un infarto en su lecho de muerte, decide contar sus secretos a su único hijo para buscar una redención.
El contexto histórico está dado por la represión militar contra los izquierdistas que aplicaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años setenta y ochenta.
A juicio de Agazzi, es un filme que ha logrado integrar en su resultado componentes “éticos y estéticos” con un contexto “muy importante en términos políticos e históricos” y que fue realizado con un nivel técnico y artístico destacable.
El español Jordi Chaparro, cuya empresa de multicines difundirá el filme en Bolivia desde el próximo jueves, coincidió en que “desafortunadamente el cine boliviano va en una caída libre”.
“Si después de esta película el cine boliviano no se recupera yo no vaticino un buen futuro para éste en los próximos años porque va a ser difícil tener una cinta de este nivel de producción, de medios y sobre todo de actores”, agregó.
La productora principal del filme, la actriz boliviana Carla Ortiz, expresó su deseo de que “Olvidados” sea “una película inolvidable” no solo porque, según dijo, es un filme “impecable” en la producción, sino por el compromiso que han demostrado todos sus colaboradores para hacer realidad la película.
Bolado, que tiene en su haber “Colosio, el asesinato” (2012) y “Tlatelolco, verano del 68″ (2013), dijo que se interesó por el filme por su carácter político y porque su trama, centrada en la Operación Cóndor, implicaba a varios países de Suramérica.
Pero también porque muchos de los exiliados de los países del Cono Sur que sufrieron las dictaduras militares se fueron a vivir a México, con lo que había una relación cercana con la temática.
El director también destacó que esta experiencia en Bolivia, que visitó por primera vez para la filmación, con la presencia de actores de varias nacionalidades, supuso tender puentes para compartir conocimientos, pero también para aprender.
Bolado dirigió a un elenco formado por sus compatriotas Damián Alcázar y Claudia Lizaldi; los argentinos Rafael Ferro, Ana Celentano, Tomas Fonzi y Guillermo Pfening; los chilenos Eduardo Paxeco y Manuela Martelli, el portugués Carloto Cotta y los bolivianos Cristian Mercado, Jorge Ortiz y Bernardo Peña, entre otros.
Para financiar el filme, Carla Ortiz logró el apoyo del empresario y filántropo canadiense Frank Giustra, fundador de Lions Gate Entertainment, y también accedió a recursos económicos de un fondo estatal boliviano.

lunes, 28 de julio de 2014

Víctimas chilenas de tortura sexual piden cambios de legislación

Víctimas chilenas de tortura sexual piden cambios de legislación

La ex prisioneras de la asociación Casa de Tortura Venda Sexy solicitan un compromiso activo del Sernam y que se haga parte en los tribunales “de todas las querellas interpuestas por mujeres objeto de tortura o violencia sexual durante la dictadura de Augusto Pinochet”.

 La Nacion.cl


Las ex prisioneras políticas chilenas víctimas de violencia sexual entre las torturas que padecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet pidieron este lunes al Gobierno cambios legislativos para posibilitar “el fin de la impunidad” de esos vejámenes.
Así lo dio a conocer este lunes la asociación de memoria y derechos humanos Casa de Tortura Venda Sexy, en una carta dirigida a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual.
Las ex prisioneras esperan “un compromiso activo del Servicio Nacional de la Mujer”, y se haga parte en los tribunales “de todas las querellas interpuestas por mujeres objeto de tortura o violencia sexual durante la dictadura de Augusto Pinochet”.

PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA

Durante el régimen de Pinochet fue habitual la práctica de violencia sexual por causas políticas, ejercida principalmente contra las mujeres detenidas por agentes del Estado, al igual que las torturas que se llevaban a cabo en centros de detención clandestinos.
La carta solicita además “tipificar el delito de violencia política sexual como un crimen de lesa humanidad, distinto al de tortura, sin derecho a indulto y con penas acordes a la gravedad del delito”.
El pasado 26 de junio, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció el envío de un proyecto para tipificar el delito de tortura, sin embargo la agrupación echa de menos “una tipificación sobre violencia sexual y un pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de la Mujer al respecto”.
“La criminalización de estos actos constituye un reconocimiento a la situación de vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de conflicto y conmina a los estados a tipificar este delito como diferente al de tortura”, explica el escrito dirigido a la directora del Sernam.

NUEVA QUERELLA CONTRA EL “MAMO”

El pasado mayo se interpuso en los tribunales chilenos la primera querella por violencia sexual en dictadura, dirigida contra el general Manuel Contreras, ex director de la DINA y otros 10 oficiales de ese organismo represor, además de todos los responsables que arroje la investigación.
Contreras está actualmente en prisión, condenado a cerca de 400 años de cárcel en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

FUNA A RICARDO LAWRENCE TORTURADOR Y ASESINO

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FUNA A RICARDO LAWRENCE TORTURADOR Y ASESINO
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Denuncian en Temuco a policías que se mezclan con periodistas para obtener información de dirigentes sociales




infiltrados en puntos de prensa
Presidente del Colegio de Periodistas señaló a ElPeriódico.cl que los efectivos (en la foto) aparecen en los puntos de prensa con cámaras y grabadoras de audio para grabar e identificar a dirigentes sociales.
El Colegio de Periodistas de La Araucanía denunció esta jornada de lunes, a dos sujetos que no fueron identificados, quienes durante una manifestación de una comunidad en conflicto con el nuevo Aeropuerto realizada en calle Bulnes, en el frontis del edificio de la Intendencia Regional, se mezclaron con periodistas y camarógrafos de la prensa, para de ese modo grabar a los manifestantes que entregaban sus palabras a los medios de comunicación.

AUDIO PRESIDENTE COLEGIO DE PERIODISTAS: 
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Miguel Ángel Navarrete, quien es el presidente del gremio de periodistas se encontraba en el lugar, y se percató de la presencia de estos misteriosos sujetos. “Me acerqué a ellos y les pregunté de qué medio eran y se pusieron agresivos. ‘Qué me andai preguntando’ me dijeron. ‘Ya sale de aquí’, fue la reacción de los sujetos, por lo que comencé a tomarles fotos y de manera frontal, ya que el que nada hace, nada teme, pero comenzaron a taparse la cara, a hacerse los locos”, relató Navarrete a ElPeriódico.cl
El profesional agregó que “luego le pregunté a un colega que tiene más experiencia en terreno quiénes eran… si los ubicaba y me respondió que eran policías”.
“Estos individuos ponen en riesgo el trabajo de nuestros colegas, ya que se ponen en el grupo mientras se sacan las cuñas. Muchos de ellos son identificados por comunidades u organizaciones y puede ocurrir (como ha pasado) que el grupo completo (de periodistas y policías infiltrados) se convierte en un blanco de ataque cuando hay tensiones o situaciones de conflicto”, explicó Navarrete, quien agregó que entregará estos antecedentes al intendente Francisco Huenchumilla, además del alto mando de Carabineros y la PDI, para que digan quién da la instrucción a estos policías para que realicen esta labor y además para que se termine de una vez por todas con esta práctica que pone en riesgo la integridad de los profesionales de la prensa.