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domingo, 31 de mayo de 2015

En 7 ciudades se mantiene la Huelga de Hambre de los ex Presos Políticos

La organización, que reiteró su disposición al diálogo busca conseguir la homologación de las pensiones dispuestas por las comisiones Valech y Rettig.
El Comité Nacional de Huelga de Hambre de los ex Prisioneros Políticos de Chile y Familiares informó  que la movilización se mantiene  en las siete ciudades adheridas a este Comité: en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Osorno, en Concepción, en Chillán, en Valparaíso y en Iquique que partió este jueves 28 de mayo.
En Concepción con movilizaciones y actividades culturales y educacionales, Chillán y Osorno con solidaridad activa de las organizaciones de DDHH, en Valparaíso con una destacada participación en la marcha nacional del día jueves 28 en la noche. En Iquique el compañero Gustavo Masciocchi León, hizo el traspaso solemne del lienzo rojinegro que señalaba la huelga de hambre en Pozo Almonte, al compañero Víctor Hugo Morales que lidera la huelga en Iquique.
Según informó la organización “el 26 de mayo se sostuvo una reunión con un representante de la Subsecretaría de la Segpres, donde se nos instó a incorporarnos a la mesa de alto nivel junto a las otras orgánicas. Concluimos en la presentación de un anexo al acuerdo del 23 de mayo, firmado por el gobierno en Rancagua. En dicho anexo buscamos superar las indefiniciones y falta de compromiso del texto oficial del gobierno que nos hiciera rechazarlo. Esta propuesta no ha tenido respuesta hasta ahora, demostrando una vez más la conducta insensible y la ausencia de voluntad política que ha mostrado el gobierno para enfrentar nuestra movilización”, informaron.
El comité propone entre otros temas, que la “Ley Corta” contemple: la homologación de la pensión Valech a la Rettig, la eliminación de la incompatibilidad entre la pensión Valech y la de exoneración y un bono a cuenta de la homologación por el año 2015. De esta forma se daría rápida respuesta a los temas más urgentes de la reparación pendiente y la Mesa de Alto Nivel podría dedicar su esfuerzo a la ley de Indemnización y a saldar la deuda con otros compromisos no resueltos en materia de DDHH.
Desde la organización aseguraron  que “estamos informados de la instalación de la mesa de alto nivel con la presencia del obispo Goic y de la subsecretaria de la SEGPRES, además del senador Letelier, la directora del INDH y representantes de los huelguistas de Rancagua. Sobre esta mesa ya hemos entregado nuestra opinión y no la consideramos representativa de nuestro movimiento que se mantiene sólido y activo en 7 ciudades”, dijeron.

sábado, 30 de mayo de 2015

TODOS CON LA FAMILIA DE JENNY BARRA ROSALES.

DOMINGO 31 DE MAYO 10:00. DE LA MAÑANA .
Todos con la familia de Jenny Barra Rosales en la Plaza guarello de San Bernardo invita la Familia en el dia del Patrimonio Nacional.

viernes, 29 de mayo de 2015

La tensión de Bachelet entre su condición de víctima y la de miembro de la familia militar

Derechos Humanos: la Presidenta que hizo poco

En los últimos meses La Moneda ha intentado frenar algunas acciones legales en causas de derechos humanos y ha ignorado o postergado decisiones importantes en este ámbito. Al examinar más de cerca sus actuaciones, emerge un cuadro que puede parecer contraintuitivo: desde el retorno a la democracia en 1990, los dos gobiernos de Bachelet son los que menos han empujado por esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la dictadura*.
El lunes 24 de noviembre fue un día agitado para los abogados y funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Estaban trabajando a toda máquina para preparar la apelación a un fallo importante.
Sólo tres días antes, el viernes 21, el juez Mario Carroza había condenado a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea por el delito de torturas contra el general Alberto Bachelet. El padre de la Presidenta falleció en marzo de 1974 de un ataque cardíaco provocado, según el informe forense preparado por el Servicio Médico Legal en junio de 2012, por los maltratos físicos y psicológicos sufridos en la Academia de Guerra Aérea. Los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera recibieron sentencias de dos años y un día y de tres años y un día, respectivamente.
“Siendo crímenes de lesa humanidad, no puede ser que reciban penas tan bajas”, afirma un abogado que ha trabajado para el Programa de Derechos Humanos (PDH). “No es una condena suficiente para asegurar que esto no vuelva a ocurrir, no son penas que tengan un efecto de disuadir conductas similares en el futuro”.
Fue esa lógica la que impulsó al PDH ese día lunes a preparar la apelación. Y en lo mismo estaban los abogados de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que fue la primera organización en levantar judicialmente este y cientos de otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Pero ese lunes agitado muy pronto se convirtió en un lunes negro cuando Francisco Ugás, el secretario ejecutivo del PDH, recibió un llamado telefónico desde La Moneda, distante a sólo 200 metros al otro lado de la Plaza de la Constitución. Lo que escuchó paralizó a su equipo. “Les dijeron que debían alinearse con los deseos de la familia Bachelet de no apelar al fallo del juez Carroza y de no seguir adelante con este caso”, cuenta un abogado que supo de esta instrucción del Ejecutivo. Según fuentes al tanto de este episodio, quien hizo ese llamado desde el Palacio de Gobierno fue Mahmud Aleuy, el poderoso subsecretario del Interior. Algunos aseguran que también Ana Lya Uriarte, la silenciosa pero influyente jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, tomó el teléfono para transmitir el mismo mensaje: la familia Bachelet no quiere que el Programa apele a las condenas dictadas por Carroza.
“La decepción para el equipo del Programa fue mayúscula”, afirma un funcionario de Gobierno que estuvo al tanto de los pormenores. Sin embargo, el equipo del PDH no estaba dispuesto a aceptar esa instrucción sin dar al menos una buena batalla.

Operación Salvataje

Varios de los directivos que trabajan en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ingresaron a esa dependencia durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Y lo hicieron vía concurso de la Alta Dirección Pública, ya que la derecha no contaba con las redes o la experiencia en el campo de la defensa legal de los derechos humanos.
Por eso, muchos creyeron que este equipo tenía sus días contados cuando Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría asumieron en marzo de 2014. Pero sucedió todo lo contrario. Curiosamente fueron las agrupaciones de derechos humanos las que más presionaron por la continuidad de este equipo. Y la razón era sencilla: estos abogados, la mayoría jóvenes y sin militancia política, habían avanzado mucho más en las causas y se tomaban mucho más en serio su trabajo, que la mayoría de los abogados socialistas o del PPD que habían trabajado anteriormente en esta división. Eso, al menos, es lo que afirman varios miembros y abogados de esas agrupaciones.
En vez de aceptar las instrucciones de La Moneda, el Programa decidió hacer un esfuerzo por convencer a los inquilinos del Palacio de echar marcha atrás. Y para ello enrolaron, según aseguran varias fuentes que han estado al tanto de este episodio, a Isidro Solís, el abogado y confidente de la familia Bachelet. En una operación que duró 48 horas, el también ex ministro de Justicia en el primer Gobierno de Michelle Bachelet logró convencer a la madre de ésta, Ángela Jeria, de que había que separar las aguas. Un tema eran las emociones y convicciones de la familia Bachelet, pero otro muy distinto la obligación institucional y judicial de proseguir en casos de derechos humanos.
Finalmente, la Presidencia dio luz verde para que ese programa del Ministerio del Interior apelará el fallo del juez Carroza. Consultado respecto a este episodio, Francisco Ugás no quiso profundizar en el tema y sólo comentó: “A nosotros la Presidenta siempre nos ha apoyado institucionalmente y ella misma ha dicho que el programa no le tiene que pedir permiso a nadie para participar en las distintas causas”.
Actualmente, la apelación del PDH y de la AFEP, presentada en diciembre de 2014, está estancada en la Corte de Apelaciones. El 5 de mayo el abogado de Edgar Ceballos Jones presentó un informe psiquiátrico que asegura que el coronel en retiro sufre de una “demencia claramente severa”. Según el escrito presentado al tribunal por Jorge Balmaceda Morales, el abogado de Ceballos Jones, la existencia de una demencia conlleva que “este paciente está exento de responsabilidad penal y califica con mayor razón para inimputabilidad”. Se trata, por cierto, de un argumento médico-legal que se ha usado en muchos casos de uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos, y fue también la estrategia usada en su momento por la defensa de Augusto Pinochet.
Este caso ilustra la manera, muchas veces ambivalente, en la que Michelle Bachelet ha encarado algunos temas de derechos humanos desde que accedió por primera vez a la Presidencia en 2006. Pero no es el único.

50 años de Secreto

Sobre el escritorio del flamante ministro del Interior Jorge Burgos descansa un documento que podría revelar secretos incómodos de la dictadura: los nombres de los uniformados y civiles que fueron señalados como torturadores en los testimonios que casi 40.000 chilenos dieron ante la Comisión Valech durante la década de 2000.
Actualmente, estos nombres no podrán ser conocidos y divulgados durante 50 años.
El programa de Gobierno que Bachelet presentó en su campaña presidencial, apenas dedica unos pocos párrafos al tema de derechos humanos. Respecto a las violaciones perpetradas durante la dictadura sólo existe una línea: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un período de 50 años para poder ser conocidos y revisados”.
De esta solitaria frase se colgaron los abogados del PDH para hacer una propuesta audaz: dar a conocer los archivos de la Comisión Valech para que se conozcan los nombres de los torturadores mencionados por las víctimas.
Hoy en día esos testimonios permanecen bajo la custodia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin que siquiera los jueces puedan acceder a ellos. Esto no sólo constituye una “impunidad institucionalizada”, sino que incluso podría configurar una “denegación de justicia”, según abogados familiarizados con estos temas. “Hay que salir del secretismo que ha imperado en nuestro país”, dice un funcionario del Ministerio del Interior. “Tenemos que hacer pública esta información, porque en estos temas Chile ya está cayendo en falta en el sistema judicial internacional”.
Como nuestro país está suscrito al sistema interamericano de derechos humanos, el Estado chileno está obligado a investigar, sancionar, reparar y garantizar la no reiteración de los delitos. “Pero el pacto de silencio entre los militares todavía existe”, afirma un abogado que trabajó varios años en el Gobierno viendo estos temas. “Nuestras autoridades deberían hacer un llamado público y claro para romperlo, pero no se ha hecho todavía porque falta voluntad política”.
En diciembre de 2014 el Programa de Derechos Humanos evacuó un informe de más de 20 páginas a la Subsecretaría del Interior, argumentando desde el punto de vista legal la necesidad de hacer públicas las informaciones de las dos comisiones Valech, pero resguardando el derecho a intimidad de aquellas víctimas que no quisieran dar a conocer sus experiencias. La mayoría de estas últimas son personas de regiones rurales que, hasta el día de hoy, les ven diariamente la cara a sus torturadores en los pueblos y villas en los que viven, y que aún sienten temor de que lo vivido podría volver a suceder. Hay casos aún más dramáticos, como mujeres que reconocieron que sus hijos fueron fruto de violaciones perpetradas por uniformados, pero que nunca les contaron que sus padres biológicos fueron los victimarios. Aun así, se trata de pocos casos dentro del universo de casi 40.000 testimonios. La propuesta del PDH es hacer un llamado para que, dentro de un plazo razonable, por ejemplo entre seis y nueve meses, aquellas personas que no quisieran revelar sus testimonios no sean incluidas en la liberación de la información.
El informe todavía está dando vueltas en La Moneda. Pasadas varias semanas, la Subsecretaría elaboró una minuta sobre la base del reporte del PDH que posteriormente se envió al ministro del Interior. “Después no se supo nada más”, afirma un funcionario que trabaja en el Palacio presidencial. “Pero en parte es entendible, ya que Peñalillo estaba obviamente más preocupado por otros temas”.
Han pasado casi seis meses desde que el informe que justifica levantar el secreto de los 50 años llegara a La Moneda. Pero aún nadie se ha pronunciado al respecto. En las últimos jornadas, un asesor del ministro Burgos, Nicolás Díaz, pidió más antecedentes a la Subsecretaría. “Aunque suene paradójico, no descarto que con Burgos se avance en este tema”,
No es lo mismo que piensan en otras instancias del Gobierno. “Levantar el secreto de los 50 años pone al Gobierno en un zapato chino”, cree otro funcionario que también está al tanto de este tema. “Entregar los nombres de los torturadores, eso nunca va a ocurrir con Burgos, y tampoco con Bachelet”, dice el funcionario de La Moneda.
Mientras tanto, el informe sigue acumulando polvo.
Por cierto, no son pocos los que creen que en su momento la Comisión Valech elaboró una lista con los torturadores mencionados en los testimonios de las víctimas. En una ocasión, Francisco Papas Fritas, un artista conocido por su activismo político, le mencionó medio en broma a un periodista que quería robarse esa lista para darla a conocer en alguna performance artística. Sin embargo, esa lista no existe. De hecho, una vez que la comisión recibía los testimonios recolectados en terreno, una mesa de editores se encargaba de borrar los nombres de los torturadores para preparar el reporte final de la Comisión Valech.
Así es que, aunque finalmente se levante el secreto de los 50 años, habrá que bucear entre decenas de miles de testimonios para dar con esos nombres.

Indecisión Familiar

El hecho de que la familia Bachelet haya tratado de presionar para no apelar al fallo de Carroza y que, hasta ahora, el reporte que justifica levantar el secreto de los 50 años haya sido ignorado o postergado por La Moneda, parecen ser indicios de que Michelle Bachelet se siente bastante incómoda a la hora utilizar su investidura para avanzar en el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.
Ello parece más evidente en la investigación respecto a la muerte de su padre. De hecho, fue la AFEP la que inició la querella en la causa de Alberto Bachelet en noviembre de 2010. Poco después se sumó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Rodrigo Hinzpeter, y sólo al final, casi a regañadientes, se incorporó la familia Bachelet.
Antes de interponer la demanda, los abogados de la AFEP sondearon a Ángela Jeria para ver si la familia se quería sumar a la querella. También lo hicieron varios ex oficiales de la FACH, que al igual que el general Bachelet habían sido torturados por sus propios compañeros de armas. “Esperamos y no pasó nada, presentamos la querella pensando que entonces sí habría una reacción de la familia Bachelet y tampoco pasó nada; simplemente no hubo colaboración, no hubo interés”, afirma David Osorio, abogado de la AFEP. “Nunca hubo disposición, y parece ser una constante de la señora Jeria: una indiferencia absoluta respecto a este caso”.
Lo que incomoda a la familia Bachelet, y en especial a la madre de la Mandataria, es el hecho de que esa demanda haya involucrado al ex comandante en jefe de la FACH Fernando Matthei. En septiembre de 2012 y en julio de 2013, los abogados de la AFEP pidieron procesar a Matthei, ya que había sido el director de la Academia de Guerra Aérea durante varias semanas en las que el general Bachelet fue torturado en los sótanos de esa institución. Según la AFEP, existían antecedentes que acreditaban que Matthei estaba al tanto de las torturas que se cometían en los subterráneos de la academia.
Sin embargo, el ex miembro de la Junta Militar siempre alegó que no tuvo control sobre lo que pasaba en esos calabozos, ya que recién había retornado de una misión de varios años en la delegación diplomática chilena en Inglaterra. Además, al ser nombrado director de la academia se había generado el extraño caso de que, siendo él el jefe de esa unidad, su grado militar era inferior a los encargados operativos de ésta, que eran los que supervisaban las torturas a sus camaradas de la FACH que eran considerados simpatizantes del Gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende.
Además, también hay un aspecto emocional que explica la renuencia de la familia presidencial en seguir adelante con este caso. Las familias Bachelet y Matthei se conocen desde fines de los años 50, cuando compartieron en la villa militar que la FACH tenía en la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta, como relataron las periodistas Nancy Castillo y Rocío Montes en Hijas de General – La historia que  cruza a Bachelet y Matthei (Catalonia, 2013). En ese libro se cuenta, entre otras cosas, cómo Fernando Matthei ayudó a Michelle Bachelet y Ángela Jeria a retornar a Chile en 1979, pese a que no figuraban en las listas de exiliados con permiso para volver. Ambas mujeres habían pasado los años anteriores viviendo en Alemania Oriental y al volver a Chile participaron activamente en movimientos contra la dictadura en la década de 1980.
Sin embargo, su cercanía con la “familia militar” nunca se perdió del todo, ni siquiera en esa época. De hecho, Michelle Bachelet se ha referido en más de una ocasión a Matthei como “el tío Fernando”. Tal vez por eso en agosto de 2012 la madre de la actual Mandataria salió en defensa del ex socio de Pinochet en la Junta Militar. “Siempre el general Matthei ha sido amigo nuestro, lo estimo mucho y yo tengo la certeza de que él no estuvo en la Academia de Guerra en el tiempo en que mi marido estuvo ahí”, declaró en esa oportunidad. Esas palabras le valieron el envío de flores y agradecimientos por parte de Fernando Matthei y de su hija Evelyn, que un año después se enfrentaría a Michelle Bachelet en las presidenciales de 2013. Y, ciertamente, esas palabras posiblemente facilitaron el camino para que el juez Carroza desestimara procesar al uniformado.
La biografía de Michelle Bachelet muestra cómo una mujer que se crió y perteneció a la familia militar se distanció de ella debido a la muerte de su padre, su propia detención en el centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi y sus años en el exilio. Pero transcurridos 20 años desde estos hechos, la socialista se volvió a acercar lentamente al mundo militar.
Tras su estrepitosa derrota en la campaña por la alcaldía de Las Condes en 1996 –donde sólo obtuvo 2,35% de los votos, lo que ni siquiera fue suficiente para ser concejal– Bachelet cursó un diplomado en estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Obtuvo el primer lugar de su promoción, donde más de la mitad de los estudiantes eran militares. Al año siguiente, en 1997, cursó estudios sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, en el Fuerte Lesley J. McNair, en Washington.
A su regreso de Estados Unidos en 1998, trabajó durante unos 12 meses como asesora en el Ministerio de Defensa. No se trataba de asesorías externas, sino que ella formaba parte del Comité de Asesores del ministro Edmundo Pérez Yoma. Bachelet estaba a cargo de ver el tema de la sanidad militar, en concreto cómo mejorar el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Pero como además venía con los pergaminos de sus estudios en Washington, también formó parte del equipo político-estratégico del Ministerio. Sin embargo, no estuvo involucrada en el caso Pinochet, que se produjo tras la detención del ex dictador en Londres en octubre de 1998, según funcionarios que trabajaron en esa época en esa cartera.
En enero de 2002, el Presidente Lagos la nombró ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en la historia chilena en asumir ese cargo. “Pese a ser mujer y además socialista, los militares la querían mucho, la respetaban mucho”, recuerda un funcionario del Gobierno de Lagos. “Muchos pensábamos en esa época que eso de ‘la familia militar’ era un constructo, pero no, Bachelet era de la casa, los uniformados de verdad sentían que ella era parte de su familia”.
La imagen de la ministra Bachelet arriba de un tanque durante las inundaciones que afectaron a Santiago en el invierno de 2002 fue el punto de partida de un ascenso que, finalmente, la llevaría a La Moneda en 2006.
“Varios dicen que gracias al Ejército soy Presidenta de Chile, puesto que salimos con un tanque durante las inundaciones”, recordó la propia Bachelet en febrero de 2010 al ser condecorada por el general Óscar Izurieta, el comandante en jefe de esa institución castrense, que en 1970 y 1975 realizó cursos de especialización en la notoria Escuela de las Américas.

Un historial débil

En su discurso del 21 de mayo de este año, Bachelet apenas habló de derechos humanos. Se limitó a señalar en una frase que ese tema se iba a incorporar en el futuro currículum de educación cívica, una asignatura que fue eliminada a fines de los años 90.
Tampoco mencionó en su discurso la huelga de hambre de los ex presos políticos que se mantuvo durante unos 40 días. Durante esas semanas la Presidenta no hizo ninguna declaración ni pronunciamiento al respecto. Y eso que entre los huelguistas se encontraba un compañero de prisión de su padre, Óscar Silva Vidal, y una compañera de celda de la propia Mandataria en Villa Grimaldi, María Alicia Farfán. Ambos le pidieron a la Presidenta pronunciarse e involucrarse para encontrar una solución. Pero Bachelet simplemente ignoró esas peticiones y toda la huelga de hambre, y se limitó a dejar el tema en manos de funcionarios de segundo orden.
Lo cierto es que, cuando se examina más de cerca el historial de políticas públicas de Bachelet en el tema de violaciones a los derechos humanos, emerge un cuadro que no le es tan favorable. “Bachelet no ha tenido una política de empujar por los temas de derechos humanos”, afirma un conspicuo abogado que fue miembro de la Mesa de Diálogo a fines de los años 90 y también de las comisiones Valech en los 2000. “Siempre prefiere cuidar mucho sus relaciones con las Fuerzas Armadas”.
De hecho, en privado muchos abogados de derechos humanos ventilan su frustración respecto a la tibia actitud de la Presidenta. Afirman que, dado su pasado personal y también su cercanía con el mundo militar, podría ser una líder enérgica en estos temas, no sólo en Chile, sino que en América Latina. No obstante, opta por la cautela.
“Ella no quiere abusar de su posición de autoridad y también de víctima”, asegura un alto funcionario del Ministerio del Interior que la conoce en persona. Lo mismo piensa una persona que la conoció en los años 90. “Creo que tiene una suerte de reticencia o pudor en ocupar su investidura, tal vez siente que sería privatizar o familiarizar el tema de los derechos humanos”, asegura.
En efecto, Bachelet parece sentirse muy incómoda cuando su vivencia personal se mezcla con las políticas de Estado en materia de derechos humanos. Si bien tanto ella como su madre declararon ante la Comisión Rettig a inicios de los años 90, cuando Bachelet aún no tenía figuración política, no sucedió lo mismo con la Comisión Valech. Según abogados que participaron de esta, se le insistió en que declarara en calidad de ex prisionera política, pero ella no quiso. El Presidente Lagos, en cambio, sí prestó testimonio.
Muchos piensan que Bachelet ha hecho demasiado poco en avanzar las causas de derechos humanos. “En su calidad de víctima, ella es un símbolo en este tema, pero en su calidad de miembro de la llamada familia militar también es un freno”, sostiene un ex funcionario. “Ella puede ser un ícono-tapón”.
De hecho, de todos los gobiernos democráticos desde 1990, los dos de Bachelet han sido los menos ambiciosos en el tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
El Gobierno de Patricio Aylwin constituyó la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, cuyo informe publicado en marzo de 1991 dio por primera vez públicamente cuenta de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. En 1992, su administración creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la que funcionó hasta 1996, cuando ya era Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
A fines de los años 90, tras la detención de Pinochet en Londres, se creó la Mesa de Diálogo, cuyo objetivo era saber el paradero de cientos de detenidos desaparecidos. Esta instancia funcionó al final del Gobierno de Frei e inicios del mandato de Lagos, pero sus resultados fueron magros. En 2003, Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que operó hasta 2004. El Informe Valech acreditó la existencia de 28.459 víctimas.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha sido, hasta ahora, la mayor iniciativa de Bachelet. La Presidenta anunció su creación en el discurso del 21 de mayo de 2007, aunque la idea de constituirla nació originalmente de las recomendaciones que hizo la Comisión Rettig y de las políticas de construir memoriales impulsadas durante la administración de Lagos. Por cierto, expertos en derechos humanos aseguran que su mismo nombre ya muestra un anacronismo en estos temas. En Argentina, por ejemplo, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han financiado y apoyado activamente proyectos de este tipo, pero bajo un prisma distinto. En ese país se habla de centros de investigación de la memoria histórica, en el entendido que las violaciones cometidas durante la última dictadura pueden ser objeto de investigación continua y no un asunto de museos. Algo similar se aplica en Colombia y Honduras.
Y hacia el final de su primer mandato, en diciembre de 2009, Bachelet impulsó la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, otra idea que había sido incubada en gobiernos anteriores. Junto con la ley que creó al INDH, también se incluyó lo que, hasta ahora, ha sido la última comisión de verdad: la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Conocida como Comisión Valech II, la idea de reabrir esa instancia para recabar nuevos antecedentes sobre víctimas que no hayan sido reconocidas anteriormente, fue impulsada con fuerza por senadores socialistas en 2008 y no fue una iniciativa original de La Moneda. Esta comisión, que operó durante el Gobierno de Piñera, logró calificar 9.795 víctimas adicionales de prisión política y tortura.
Por último, la futura Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia fue una iniciativa planteada en 2012 por Piñera y aprobada en enero de 2014 por el Senado. Esta institución aún no se ha conformado, ya que el Gobierno de Bachelet ha pedido algunas modificaciones. Por cierto, la decisión de crear esta Subsecretaría corresponde en parte a que Chile se tiene que adaptar al sistema interamericano al que está suscrito y su institucionalidad en materias de derechos humanos está atrasada. Un ejemplo claro de ello es que el Código Penal chileno todavía no tipifica el delito de torturas; en vez de ello habla de “tormentos y apremios ilegítimos”. Y eso que el país suscribió la Convención Internacional Contra la Tortura que entró en vigencia en 2009. “Estamos cayendo en falta en la comunidad internacional”, afirma un abogado que trabaja en estos temas. “Antes Chile era visto como un ejemplo, en especial por las Comisiones Rettig y Valech, pero hoy estamos atrasados”.
Una buena oportunidad para retomar la iniciativa es levantar el secreto de los 50 años que pesa sobre el Informe Valech. Actualmente sólo el Informe Rettig y, en casos muy especiales, algunos testimonios del Informe Valech II, sirven como antecedentes para los tribunales.
Ahora el ministro Burgos tiene la palabra. Y, claro, la decisión política final estará en manos de Michelle Bachelet. ¿Dónde estarán, esta vez, sus lealtades? ¿Con las víctimas de la dictadura o con la ‘familia militar’?

*Este artículo se basa en una serie de documentos judiciales y de Gobierno, y casi una docena de entrevistas a abogados, funcionarios gubernamentales y personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Casi todos los entrevistados pidieron no ser citados con su nombre.
** Por Víctor Herrero A., periodista, autor del libro de investigación Agustín Edwards Eastman, una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio.

jueves, 28 de mayo de 2015

Mientras empeora su estado de salud

28 de mayo de 2015

Fiscalía de Valparaíso derrumba versión de Carabineros y confirma agresión directa de la policía a Rodrigo Avilés

Peritajes del Ministerio Público acreditan que la caída se debió a un chorro de agua apuntado directamente al estudiante, echando por tierra el informe de la institución que atribuía el hecho a la falta de adherencia en su calzado y al terreno irregular.


La Fiscalía Regional de Valparaíso, luego de una semana de trabajo, logró acreditar que Carabineros tuvo participación directa en la agresión que mantiene internado grave al estudiante Rodrigo Avilés. Según informa T13.cl, después  de diversos peritajes que incluyeron la ropa del estudiante, la revisión de cámaras de seguridad y del registro captado de otras personas presentes en la marcha del 21 de mayo en Valparaíso, el Ministerio Público concluyó que fue un chorro de agua lanzado por uno de los carros policiales el que botó violentamente al joven.
Esta conclusión fue enviada al Ministerio del Interior y a Carabineros para que tomen las decisiones administrativas que correspondan. No se descarta que la institución pueda dar de baja al suboficial responsable de la conducción del carro y luego el Ministerio Público podría formalizado por cuasidelito de homicidio u homicidio frustrado.
La conclusión de la Fiscalía echa por tierra la versión oficial difundida por Carabineros, que atribuyó el hecho al terreno irregular y la falta de adherencia en las zapatillas del joven. En este sentido, Felix Avilés, el padre de Rodrigo, calificó el informe policial como “total y absolutamente irresponsable” y manifestó que “Carabineros debe dar un paso de grandeza y reconocer que se equivocó”.
El resultado de la investigación se conoce mientras se desarrollan marchas en Santiago y Valparaíso en repudio a la represión policial, y en momentos en que la salud de Rodrigo Avilés enfrenta una nueva complicación, según el último parte médico.

Carabinero infiltrado en marcha secundaria 28 de Mayo

VER VIDEO AQUI
En este registro se aprecia el acercamiento de un carabinero de civil (infiltrado) a un carro lanzagases, que muestra fotografías a los efectivos, entrega ci...
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Forenses detectaron bacteria "extraña" en los restos de Pablo Neruda

28/05/2015 | Los peritajes científicos, consistentes "en la búsqueda y extracción de proteínas desde los restos óseos de Neruda, que fueron enviados a España por el Servicio Médico Legal", permitieron "detectar la presencia de tres tipos de proteínas en los restos del vate", uno de los cuales no parece asociado al cáncer de próstata que presuntamente le quitó la vida.
El Poder Judicial informó este jueves a través de su página web que el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza "recibió los primeros resultados del "Informe de Análisis de Muestras"de los restos del poeta Pablo Neruda, realizado por expertos forenses de la Universidad de Murcia, España".

Los peritajes científicos, consistentes "en la búsqueda y extracción de proteínas desde los restos óseos de Neruda, que fueron enviados a España por el Servicio Médico Legal", permitieron "detectar la presencia de tres tipos de proteínas en los restos del vate", uno de los cuales no parece asociado al cáncer de próstata que presuntamente le quitó la vida.

El primer grupo está relacionado "con el proceso tumoral que confirma el diagnóstico previo de cáncer de próstata diseminado". El segundo son "proteínas inflamatorias que reflejan un proceso de inflamación inespecífico, compatible con el propio proceso canceroso y con procesos de tipo infeccioso", mientras "la presencia de proadrenomedulina es compatible con una insuficiencia respiratoria aguda", dijeron los expertos.


Respecto del "tercer grupo de proteínas bacterianas", el informe médico especifica que "resulta muy difícil establecer o excluir la presencia de un proceso infeccioso agudo en las últimas horas de vida del poeta".

Los forenses advirtieron que los estudios se efectuaron sobre la base de "restos que han sido reinhumados y manipulados". Por ende, "el análisis de datos requiere de dosis oportunas de prudencia para evitar conclusiones aventuradas".

En su comunicado el Poder Judicial subraya que los resultados consignados "no constituyen conclusiones, debido a que deben ser analizados y debatidos en el panel de expertos designado para tal efecto", y agrega que "aún está pendiente el informe genómico, encargado al doctor Cristián Orrego, cuyos resultados se darán a conocer oportunamente".

El informe fue elaborado por el catedrático español Aurelio Luna Maldonado y las peritas forenses Cristina Pérez, Gemma Prieto y María Dolores Pérez.

El "panel de expertos" que debe debatir el hallazgo está formado por propio Aurelio Luna, el antropólogo forense español Francisco Etxeberría y los chilenos Cristián Orrego, experto genetista; Gloria Ramírez, experta en laboratorio y Luis Soto Román, perito intensivista en medicina broncopulmonar.

Los peritajes reseñados se practicaron en el Centro de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Mario Carroza, y que busca esclarecer las causas exactas de la muerte del Premio Nobel de Literatura en 1971.

Carroza busca esclarecer si Neruda, fallecido en Clínica Santa María de Santiago el 23 de septiembre de 1973, murió a causa del cáncer o si su deceso fue inducido por terceros mediante algún elemento extraño a los fármacos que se le suministraban por su enfermedad. Para esto su cadáver fue exhumado en abril de 2013.

La investigación se inició en 2011 a raíz de una querella del Partido Comunista basada en afirmaciones de Manuel Araya, antiguo chofer de Neruda, quien dijo que el vate fue envenenado por agentes de la dictadura mediante una inyección que le fue suministrada en la Clínica Santa María.

Presencia de familiares marcó exhumación de Gervasio que duró más de tres horas

28/05/2015 | Esta pesquisa, solicitada por la hermana del cantante Blanca Viera -quien además es querellante en el caso-, fue ordenada en marzo por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Por más de tres horas se extendió este jueves la exhumación del cuerpo del cantante uruguayo Gervasio, quien falleció el 28 de octubre de 1990.

La diligencia se llevó a cabo en el cementerio Parque del Sendero de Maipú, donde se encuentra el cadáver del autor de "Con una pala y un sombrero", y ante la presencia de familiares del intérprete que quisieron participar del procedimiento.

Esta pesquisa, solicitada por la hermana del cantante Blanca Viera -quien además es querellante en el caso-, fue ordenada en marzo por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El requerimiento ocurre luego de un nuevo peritaje encargado al criminalista Jaime Brieba, que concluyó que el intérprete no pudo ejecutar por sí mismo una acción para atentar contra su vida, como resolvió en primera instancia la investigación judicial efectuada por el Primer Juzgado del Crimen de Talagante.

En octubre pasado, en tanto, el hijo del artista, Leandro Viera presentó una querella contra los dos presuntos autores materiales de la muerte de su padre, tras la aparición de nuevos antecedentes que -a su juicio- son suficientes para establecer la participación de los sujetos en cuestión en la muerte del intérprete.

La acción judicial -patrocinada por el abogado Rubén Jerez- buscaba procesar por el delito de homicidio calificado en calidad de autor a dos ex agentes de seguridad del Estado de la época -de iniciales H. y O.- y a todos quienes tengan responsabilidad en la muerte del artista.

En el escrito, se asegura que ambos agentes requeridos se encontraban en Santiago y uno de ellos estaría involucrado directamente en la muerte del ex ministro de Salvador Allende, José Tohá, en 1974.

En agosto de 2013, Leandro y Blanca Viera solicitaron la reapertura del sumario respecto a la muerte de su padre y hermano, respectivamente.

La capital chilena vivió un nuevo episodio de protestas de estudiantes secundarios, contra una reforma educativa que califican de "insuficiente" y en repudio a la represión policial..

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La capital chilena vivió un nuevo episodio de protestas de estudiantes secundarios, contra una reforma educativa que califican de "insuficiente" y en repudio a la represión policial..
Miles de estudiantes chilenos volvieron a salir este jueves a las calles, descontentos con reforma educativa que consideran "insuficiente" y en rechazo a la fuerte represión policial que ejerce el gobierno. contra las movilizaciones sociales y estudiantiles..

"Mamá, he vuelto": la increíble historia de los bebés robados en dictadura


Por Equipo Cambio21
41 años debieron pasar para que se pudieran reencontrar. Un estadounidense descubrió que su adopción estuvo lejos de ser legal, fue robado desde Chile con horas de vida. Su caso vuelve a poner sobre la mesa lo que tuvieron que vivir decenas de bebés arrebatados desde los brazos de sus madres.
La historia de Travis Tolliver, de 41 años, parece el guión de una película, pero es una lamentable realidad. El estadounidense descubrió que fue robado a las horas de nacido para ser entregado a una familia en EE.UU. Siempre supo que era adoptado, pero nunca pensó que fue ultrajado desde su madre, a quien no pudo conocer hasta ahora.

Su madre, Nelly Reyes (61), explicó que ese 15 de noviembre de 1973 dio a luz a su primogénito con solo 19 años en Valparaíso. Como toda madre, quiso que trajeran su bebé a sus brazos, la respuesta, sepulcral. La enfermera le comunicó que había muerto. Tenía problemas cardíacos. Lloró. A pesar de la explicación, nunca tuvo un certificado de defunción. Mientras ella luchaba por conocer el destino de su hijo, Travis viajaba miles de kilometros, hasta una familia en Tacoma, Washington.

Como él, en Chile existen decenas de casos de hijos que "desaparecieron" o "murieron" al nacer. El régimen militar dio espacio a que estas atrocidades ocurrieran y sólo en los últimos años han podido reencontrase con sus padres biológicos.

Uno de los casos recientes es el de Ernesto Lejderman, hijo de un matrimonio argentino-mexicano asesinado por una patrulla militar. El entonces teniente Juan Emilio Cheyre tomó al niño de 2 años y lo llevó a una iglesia. Más de 20 años necesitó para reconstruir su historia.

En el mismo período. El cura de la Congregación de los Sagrados Corazones, Gerardo Johannon, fue quien se encargó de la separación de varios recién nacidos para entregarlos en adopción. Dinero habría estado en el medio. Su defensa alegó que fue una maniobra para salvar a los bebés del aborto o del abandono, sin embargo, muchos de esos casos no habrían sido con el conocimiento de sus padres. El cura terminó condenado y enviado fuera de Chile por su orden.

Brazos sin rendirse

No cabe explicación que justifique la acción. Solo desde la especulación se podría llegar a pensar cuáles eran los motivos detrás de la infamia. El abogado relacionado con causas de derechos humanos Héctor Salazar explicó que aún queda mucho que destapar, puesto que "durante la represión de la DINA ha habido al menos 12 mujeres desaparecidas embarazadas. Nunca se supo en definitiva si esos embarazos terminaron o si perdieron sus hijos durante el tiempo que estuvieron bajo cautiverio y tortura. Ahí hay una gran tortura sobre los casos que se pueden documentar. No hay antecedentes que nos permitan decir que nacieron, pero es una hipótesis abierta".

"En general en Chile, con relación a detenidos desaparecidos y niños que quedaron sin sus padres no hay registros de adopciones de ellos, que se hayan producido a través de los agentes de los aparatos de seguridad", agregó.

No todo está perdido, aunque las probabilidades de dar con los responsables es baja, las investigaciones judiciales pueden encontrar a presuntos responsables. "Hay que distinguir si es fruto de una operación delictual donde hubo solamente venta de niños y lo segundo ver qué antecedentes puedan pesquisarse para determinar quiénes son sus padres biológicos y una vez ubicados, establecer el mecanismo usado para ser separados de sus padres".

El negocio...

Por su parte, la dirigenta por los derechos humanos, Alicia Lira, hizo hincapié que no sólo fue su familia la que perdió Tolliver hace 41 años, también fue despojado de su identidad, su nacionalidad y el amor de su madre biológica. Una clara violación a sus derechos básicos. "Es una de las causas más de las impunidades vive este país del daño moral y sicológico que vive la familia chilena y que terminó felizmente en la búsqueda de este hijo encontrar a su madre", acusó en conversación con Cambio21.

"Esto se ve en la génesis de la dictadura cívico-militar, así como el caso de Travis, hay muchas situaciones de niños y mujeres que pasaron por esta situación y que hoy se llegan a conocer. Aún hay muchas interrogantes sobre detenidas desaparecidas que hasta la fecha no hay archivos para saber qué pasó con sus hijos. Esto que no tiene relación directa con la Operación Cóndor en sí, demuestra el apoyo a las políticas de acoso en actitud criminal".

Bajo la idea que hayan sido los militares quienes estuvieron detrás del tráfico de menores, Lira dice que habría ocurrido para autofinanciarse.

"Hay que recordar que los militares hasta hoy, que tienen un gran desfalco, una mafia, hay que recordar lo que significó la Cutufa (una financiera ilegal montada por uniformados)... así tuvieron que haber tenido distintas formar para hacer dinero, porque con la impunidad que gozaban, eran dueños de nuestro país, del temor de nuestra gente, de nuestra vida", alegó.

Según declaración del operador político ante el Ministerio Público

Suma y sigue: empresa de Martelli traspasa $48 millones a comando de Bachelet en plena campaña de 2013

Hoy se destapó una nueva información respecto al vínculo entre el geógrafo y el equipo de campaña presidencial de la Nueva Mayoría. AyN no sólo otorgó recursos a personeros de Gobierno en el denominado periodo de "precampaña", sino que también entregó un monto de $48 millones a la empresa a cargo de administrar los fondos, creada exclusivamente para la campaña, Somae, en calidad de préstamo.
Muchos esperaban la declaración ante la Fiscalía del operador político Giorgio Martelli, por el caso SQM.
Lo anterior, tras conocerse su vínculo con distintos personeros de Gobierno, como el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien figura con cuatro boletas a la empresa de Martelli, Asesorías y Negocios SpA, en el año 2012, además de una factura por el costo de un viaje a Nueva York para reunirse con Michelle Bachelet, que en esos momentos estaba al mando de ONU Mujeres, así como también el pago de la cuenta de un celular a nombre del miembro del PPD, todos pagos que habrían ocurrido antes de la campaña presidencial de 2013.
Estos pagos son parte de los más de $320 millones que llegaron a personeros del oficialismo que trabajaron en la campaña de Michelle Bachelet –muchos de ellos hoy funcionarios de Gobierno–, dineros que fueron entregados por la empresa de Martelli.
Tras la declaración de Martelli ante el Ministerio Público, se destapó una nueva información. T13 informó que AyN no sólo otorgó recursos a personeros de Gobierno en el denominado periodo de “precampaña”, que La Moneda ha salido a desmentir, sino que también entregó un monto de $48 millones a la empresa a cargo de administrar los fondos, creada exclusivamente para la campaña: Sociedad de Marketing Asesorías y Eventos Limitada, Somae.
Entre las tareas de esta empresa figuraba pagar los honorarios de las personas que cumplieron funciones en el comando. En el listado entregado por dicho comando al Servel, aparecen 267 personas remuneradas en el mes de diciembre, nombres que se repiten en los meses anteriores, entre ellos, la ahora ministra del Trabajo, Javiera Blanco, con un sueldo de $3.500.000, y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con $2.000.000 mensuales.
El 31 de mayo de 2013, Asesorías y Negocios traspasó $ 18 millones a Somae y luego, el 23 de julio, otros $ 30 millones, en calidad de “préstamo”. Dineros que fueron pagados en siete etapas: $ 18 millones (29 de agosto); dos transferencias de $ 5 millones (6 de noviembre); una de $ 3,5 millones (3 de diciembre); y otros tres pagos el 17 de diciembre de 2013, dos por $ 5 millones y uno por $ 6,5 millones.
Además, Martelli pagó entre 2012 y 2013 más de $ 20 millones a Micalvi Ltda., consultora de José Luis Sepúlveda Zapata, uno de los dos socios de Somae.

Nieto de Pinochet es detenido por consumir cocaína en la vía pública

Augusto Pinochet Molina fue sorprendido por Carabineros con 1,6 gramos de la droga que estaba consumiendo en la plaza Colón de Antofagasta. Quedó citado a declarar al tribunal de esa ciudad.
Augusto Pinochet Molina fue detenido este miércoles en la plaza Colón de Antofagasta, portando 1,6 gramos  de cocaína. El hecho ocurrió luego de que vecinos del sector alertaran a Carabineros de que un individuo estaba consumiendo droga en la calle, según informa 24 Horas.
El nieto del fallecido dictador fue puesto a disposición del tribunal de Antofagasta, donde será citado a declarar.
Augusto Pinochet era capitán del Ejercito en diciembre de 2006, cuando fue dado de baja luego que en el funeral de su abuelo pronunciara un incendiario discurso que hizo inevitable la medida, según el Comandante en Jefe de la época, Óscar Izurieta. “Un hombre que derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista que pretendía imponer su modelo totalitario no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado (..) la batalla fue más dura en su vejez. Fue éste enemigo el que más fuerte lo golpeó (…) donde más fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver cómo su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia”, fueron algunas de sus frases de Pinochet Molina en esa ocasión.

La última “pasada” en Cerro Navia de Marcelo Torres, el concejal investigado en el caso de coimas por la basura

Como secretario general de la Corporación Municipal de esa comuna, el funcionario recibe $4.300.000 desde 2014. Ahora, en medio del frente judicial que lo afecta, dejará el cargo recibiendo una indemnización "a todo evento" de $65 millones, en una municipalidad que tiene grandes pasivos en áreas sensibles como salud y educación.
El 1 de febrero de 2014, el concejal por Maipú, Marcelo Torres Ferrari (RN) , firmó el contrato mediante el cual se convirtió en el secretario de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, dirigida por el alcalde de esa comuna, Luis Plaza Sánchez. El contrato es indefinido y tiene una remuneración mensual de $4.300.000 brutos. Hasta ahí no es más que un buen acuerdo laboral.
Lo particular reside en una de las últimas cláusulas, que puede hacerse efectiva este viernes, cuando Torres deje el puesto en medio de la investigación que lo tiene entre los sospechosos de haber participado de una supuesta red de corrupción a partir de licitaciones de basura en Maipú y Cerro Navia. El contrato establece que Marcelo Torres, una vez que deje el cargo, recibirá “a todo evento” una indemnización de UF 2500, unos $65 millones aproximadamente.
Marcelo Torres está entre las 11 personas querelladas por el CDE  junto con los alcaldes Plaza y Vittori, de Cerro Navia y Maipú, respectivamente, por haber supuestamente recibido pagos para favorecer a la empresa KDM en la licitación de basura en Maipú. Torres, según la querella, también estaría involucrado en “sustracción de caudales públicos” en la Municipalidad de Cerro Navia, cuando se desempeñó como administrador municipal de esa comuna entre 2010 y 2011. El concejal ha negado cualquier irregularidad.
Ahora, la indemnización millonaria comprometida en el contrato que se muestra en los archivos adjuntos, deberá ser pagada por el municipio, que no está en buena situación económica. La diputada por la zona, Cristina Girardi, asegura que  “la indemnización de $65 millones la pagará una corporación que esta con una deuda previsional en salud y educación de unos $3 mil millones de pesos. Las platas que entregó el Ministerio de Educación  para pagar el bono de retiro a 18 profesores nunca las recibieron estos y siguen trabajando sin poder jubilarse. No hay remedios en los consultorios, el Municipio tiene hipotecado el edificio municipal y el gimnasio. Tuvo que hacer convenios de pago por basura y manutención de áreas verdes por deudas a ambas empresas de recoleccion de basura y de Aseo y Ornato”, asegura. 
A estos problemas se agrega que “más de 1.600 millones de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) están sin respaldo de gastos según la Contraloría, y a pesar de sus auditorias de la Contraloría, a los  profesores les pagan el sueldo con platas SEP. Todas estas denuncias han sido hechas al Mineduc y al Minsal y se ha solicitado intervenir la comuna, especialmente al Mineduc y al superintendente de Educación. Lo más probable es que la indemnización de Torres se pague con recursos de Educación, mientras se siguen deteriorando y cerrando escuelas”, agrega.


2º hoja contrato


miércoles, 27 de mayo de 2015

Aquí está la prueba que necesitábamos. Qué dice ahora el Carabinero

Aquí está la prueba que necesitábamos. Qué dice ahora el Carabinero que maneja el guanaco??? Fuerza Rodrigo!!!

Financiamiento y estructura de la precampaña amenaza a La Moneda

El histórico vínculo con Peñailillo que tiene jaque mate a la Presidenta Bachelet

En privado, en todo el Palacio reconocían ayer que el discurso que se había puesto en marcha quedó “totalmente desfondado” y que ahora la Presidenta está en una delicada situación. Ella ya dijo públicamente el 21 de abril que “no hubo precampaña”, por lo que es muy complejo –recalcan en La Moneda– que se desdiga de sus dichos, que cambie de libreto, y tampoco puede hablar a cada rato de este tema, cuando se trata de levantar la agenda post-21 de mayo.
Más de una década trabajando juntos, un vínculo tan estrecho, de confianza absoluta entre ambos, que instaló en un momento a Rodrigo Peñailillo como la persona más poderosa de La Moneda y que, mientras Michelle Bachelet estuvo en Nueva York a cargo de ONU Mujeres, lo convirtió en su representante político en Chile. Una cercanía que hoy pone en jaque a la propia Presidenta, considerando que el Gobierno insiste en que ella no sabía de la precampaña, mientras los antecedentes que semana a semana salen a la luz pública apuntan cada vez con mayor claridad a que el ex ministro efectivamente operó preparando el retorno de la actual Mandataria.
Que era el hijo político, el delfín, el elegido y la apuesta de Bachelet para la renovación política en las filas del oficialismo, eso se ha dicho de la relación de Peñailillo con Bachelet, lazo que se hizo fuerte cuando él asumió como su jefe de gabinete en su primer mandato entre marzo del 2006 y marzo del 2010.  Ella se fue a Estados Unidos y él a realizar una beca en la Universidad Complutense de Madrid, pero mantuvieron el contacto fluido, incluso se visitaron.
Pero fue cuando Peñailillo regresó a Santiago, en noviembre del 2011, que comenzó a considerarse –y así lo entendían ayer y hoy todos en la Nueva Mayoría– como “la voz” de Bachelet en Chile; su presencia y sus palabras eran vistas como si las pronunciara la propia Bachelet. “Ella estaba en el Olimpo en Nueva York y él era su representante en la Tierra”, recalca hoy con un dejo de ironía un alto funcionario de Palacio.
Así se consignó una y otra vez en la prensa en distintos momentos. En marzo del año 2012, el entonces senador PS Camilo Escalona asumía la presidencia de la Cámara Alta, en una ceremonia en el Congreso en la que –reza la nota de La Tercera de aquel día– “en las gradas, en primera fila, también figuraba uno de los asesores más cercanos a la ex Mandataria, Rodrigo Peñailillo, a quien Escalona saludó especialmente” y consigna que no eran “las únicas señales del bacheletismo” hacia el parlamentario, mencionando una carta que la Presidenta le había enviado el día previo en la que se refería al orgullo de que un socialista volviera a tener ese cargo.
Unos días después, el 17 de marzo del 2012, otra nota de La Tercera, titulada “El embajador de Bachelet”, graficaba con claridad el papel que ya jugaba Peñailillo. “Quienes conocían la naturaleza de la relación entre Bachelet y su ex asesor creen que él actúa en su nombre, pues el ingeniero, de 38 años, es uno de los pocos colaboradores antiguos que cuenta con la confianza de la ex Mandataria y, tal vez, el único que puede hablar en representación suya. Este vínculo se construyó precisamente sobre la base de la extrema reserva que él tuvo en el ejercicio de su cargo en La Moneda, al que llegó tras ser dirigente del PPD desde su época de estudiante en la Universidad del Bío-Bío”, sentencia un párrafo de esa crónica.
Como ejemplo de ello grafican las gestiones y sondeos políticos que realizó Peñailillo para monitorear, coordinar y ejecutar un control de daños cuando se formalizó al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, por el caso 27/F y cómo aquello podía impactar en la candidatura de Bachelet. Junto con reunirse con Jorge Pizarro –senador DC hoy timonel del partido– por ese motivo, el texto añade que hubo conversaciones “con un grupo de parlamentarios del establishment concertacionista, donde todos saben que actúa como delegado de Bachelet y que es uno de los pocos empoderados por ella”.
En la revista Qué Pasa una crónica de diciembre de 2012, titulada “Dialoga: la casa que espera a Bachelet”, explicaba la alicaída situación de la fundación –ubicada en Bilbao con Antonio Varas– que creó la Presidenta tras su primer Gobierno y que alojó al que era en ese momento su círculo más estrecho de colaboradores. Peñailillo tuvo durante todo el 2012 oficina en el segundo piso, la que ocupaba regularmente, aunque daba la orden a los funcionarios de que dijeran a los periodistas que no estaba, que lo ubicaran en el PPD.
La nota precisa que se le ofreció a Peñailillo la secretaría ejecutiva de Dialoga cuando volvió a Chile, pero que este la rechazó y se añadía que él “era partidario de mantener a la fundación en un discreto segundo plano, ya que cualquier movimiento podía ser interpretado como una señal política de Bachelet”, pues alejada de las polémicas consiguió liderar las encuestas. Y así se hizo.
Ya ganada la segunda vuelta presidencial y después que Bachelet lo designara como su ministro del Interior, el 30 de enero del 2014, en Qué Pasa, Peñailillo da una entrevista titulada “Hoy no basta solo la experiencia política”, texto que previo a las preguntas comienza destacando que “su influencia en el círculo íntimo de la futura mandataria ha sido evidente para el medio político” y que el hoy ex ministro “fue el estratega que preparó con sigilo durante un año el desembarco de Bachelet desde Nueva York en marzo pasado. Luego, se convirtió en el secretario ejecutivo de la campaña presidencial. Durante ese tiempo se transformó en la persona clave para llegar a la candidata, asumiendo la interlocución con los presidentes de los partidos políticos (…) los principales dirigentes de la Nueva Mayoría sostenían en privado que hablar con él era lo mismo que hacerlo con Bachelet y que entendían que sus respuestas eran la expresión de la voluntad” de ella.

El desfonde

La llamada precampaña, con las boletas que Peñailillo facturó a la empresa de Giorgio Martelli el 2012 y los más de 300 millones de pesos que la empresa de dicho operador político, Asesoría y Negocios  SpA, pagó entre el 2012 y 2013 al ex ministro y varios de sus colaboradores más estrechos ligados a la G-90 del PPD, ya era una complicación mayor para La Moneda, una bomba de tiempo que esperaban desactivar pronto. Por ello, se tomó la decisión de blindar a la Jefa de Estado, separarla del conflicto y poner el foco público en que ella regresó a Chile el 28 de marzo del 2013 y que “nunca pidió ni autorizó” ninguna recaudación para campaña.
Pero la publicación de T13 del lunes en la noche sobre el viaje a Nueva York –mientras Bachelet estaba allá– que realizó Peñailillo en noviembre del 2012, financiado también por Martelli, pone en jaque abiertamente la estrategia que había usado La Moneda hasta ahora, que pensó que al sacar a Peñailillo, a los  asesores cercanos a este y a Alberto Arenas, había logrado separar aguas de lo que fue el comando de campaña y, por tanto, sacar el conflicto de los patios de Palacio.
Hoy se supo que fueron dos viajes del ex titular de Interior. El segundo, en marzo del 2013, antes que la Mandataria regresara a Chile y también financiado por Martelli.
En La Moneda están complicados, mucho, se les nota. El ministro vocero, Marcelo Díaz, ayer se limitó a precisar sobre los viajes que “cada uno de los actores que haya realizado alguna acción debe explicarla”.
En privado en todo Palacio reconocían ayer que el discurso que se había puesto en marcha quedó  “totalmente desfondado” y que ahora la Presidenta está en una delicada situación. Ella ya dijo públicamente el 21 de abril que “no hubo precampaña”, por lo que es muy complejo –recalcan en La Moneda– que se desdiga de sus dichos, que cambie de libreto, y tampoco puede hablar a cada rato de este tema, cuando se trata de levantar la agenda post-21 de mayo.
Insisten en que la Presidenta no sabía, lo que significa –agregan en el Gobierno– que Peñailillo corrió con colores propios, pero eso también es un arma de doble filo para la Mandataria, reconocen, por el hecho de que quede públicamente “baipaseada” por quien era su hombre de mayor confianza.
Hoy declara Martelli ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, un hito que en Palacio esperan con atención, porque consideran clave ver lo que dice para resolver cómo enfrentar el tema. Señalan que el operador está dispuesto a responder con franqueza todo lo que el fiscal le pregunte.
Pero en La Moneda advierten que “no es Martelli el mayor problema que hay, sino Peñailillo”. Explican que es indispensable poder tomar contacto con él, conversar con sinceridad antes de que sea citado a declarar, lo que a estas alturas ya se da por descontado que sucederá. “No podemos no saber todo lo que hay y lo que pasó realmente”, agregó una alta fuente de Palacio.
El punto es que se reconoce que en estos momentos los puentes con el ex ministro están cortados después de su salida del gabinete y no hay nadie de confianza en Palacio en estos momentos que pueda llegar a él para tener ese diálogo. El nuevo equipo sacó a casi todos los cercanos al ex ministro.
Un problema que en el Gobierno asumen que deben solucionar en el corto plazo, porque –admiten– las cosas se dirigen rápidamente a configurar un escenario en que “o es la Presidenta o es Peñailillo y, si es él, va a quedar como el malo de la película”.

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