Justicianadamas,peronadamenos: julio 2015

viernes, 31 de julio de 2015

Abogados pagados por las instituciones militares y mentiras avaladas por los mandos

Crímenes de DD.HH.: así ha sido la operación de encubrimiento de las Fuerzas Armadas

por ALEJANDRA CARMONA 31 julio 2015

En medio de los cuestionamientos por el pacto de silencio que no ha permitido alcanzar la verdad en casos que remecen al país, testimonios judiciales y casos emblemáticos –como la reagrupación del Comando Conjunto– recuerdan por qué ha sido tan difícil conocer el paradero de detenidos desaparecidos o ir tras los culpables.

El 14 de noviembre del año pasado, el ex conscripto Fernando Guzmán, declaró una vez más lo que ocurrió el 2 de julio de 1986 en el barrio Los Nogales, cerca de la Avenida General Velásquez, Estación Central. Pero esta vez dijo todo lo contrario.

“Lo primero que debo indicar es que todas las declaraciones dadas en la Segunda Fiscalía Militar, son todas mentiras, porque me obligaron a aprenderme esas declaraciones", fueron las primeras palabras que pronunció, sepultando la versión que desde el ataque mantuvo el Ejército sobre las quemaduras que le costaron la vida al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y que dejaron con graves secuelas a Carmen Gloria Quintana.

Según la declaración de Guzmán, 15 días después de hacer arder los cuerpos, “fuimos trasladados hasta el Fuerte Arteaga en Colina, en donde nos dieron instrucciones con respecto a lo que debíamos declarar, nos indicaron que debíamos aprender unas declaraciones que ya estaban confeccionadas”. También contó que se “fabricaron unas maquetas del lugar donde ocurrieron los hechos, para poder aprendernos de mejor forma nuestras versiones”.

También tenían que aprender qué hacer las veces que tuvieran que enfrentarse a Carmen Gloria Quintana. “Nos instruyeron que cuando estuviéramos frente a ella (Quintana), teníamos que intimidarla con la mirada, y si veíamos que alguno de nosotros estaba nervioso, uno de los extremos tenía que fingir un desmayo (...) con la finalidad de ocultar lo que realmente había acaecido aquella mañana”, describió en su relato.

Instruido y también lleno de miedo, Guzmán calló. Hasta el año pasado.

Con sus últimas declaraciones, donde revela cómo fueron los hechos realmente, Guzmán se saca una historia negra de la espalda, abre la posibilidad de hacer justicia, pero también vuelve sobre un tema que se ha repetido en distintas causas de Derechos Humanos: la práctica que pusieron en marcha distintos órganos represivos de la dictadura cívico-militar, con el fin de ordenar a su gente, acordar versiones comunes y así ocultar la verdad de los crímenes. Incluso bastante entrada la democracia.

La reorganización del Comando Conjunto

En septiembre del año 2002, un reportaje de La Nación Domingoreveló que el Comando Conjunto se había reorganizado. El artículo señalaba que el temido grupo –constituido por integrantes de las FF.AA., más carabineros y civiles del ultraderechista Patria y Libertad– y que coordinó la represión contra militantes de izquierda, se reactivó en enero de ese año –según los superiores jerárquicos en servicio activo– para enfrentar organizados “la agresión socialista que se venía encima a través de tribunales”. Así, por esas mismas órdenes superiores, engañaron a la Mesa de Diálogo, se burlaron de los jueces, intervinieron teléfonos y robaron documentos de las causas.

“Colmillo blanco”, como bautizó el autor del reportaje al agente del grupo que entregaba la información, relató con detalles cómo, hace solo 13 años, las Fuerzas Armadas seguían protegiendo a quienes estaban detrás de los crímenes.

En septiembre del año 2002, un reportaje de La Nación Domingo reveló que el Comando Conjunto se había reorganizado. El artículo señalaba que el temido grupo –constituido por integrantes de las FF.AA., más carabineros y civiles del ultraderechista Patria y Libertad– y que coordinó la represión contra militantes de izquierda, se reactivó en enero de ese año –según los superiores jerárquicos en servicio activo– para enfrentar organizados “la agresión socialista que se venía encima a través de tribunales”. Así, por esas mismas órdenes superiores, engañaron a la Mesa de Diálogo, se burlaron de los jueces, intervinieron teléfonos y robaron documentos de las causas. “Colmillo blanco”, como bautizó el autor del reportaje al agente del grupo que entregaba la información, relató con detalles cómo, hace solo 13 años, las Fuerzas Armadas seguían protegiendo a quienes estaban detrás de los crímenes.

“Contamos con recursos económicos para operativos, seguimientos, intervenciones telefónicas, amenazas, robos de papeles en tribunales, coimas y trabajos nacionales e internacionales. Todo bajo la protección de las Fuerzas Armadas”, señalaba. “Tenemos estrictas órdenes de mentir, engañar, bloquear y ocultar cualquier evidencia ante los jueces, agrupaciones, gobierno y prensa, para no inculparnos y mucho menos ayudar a descubrir el destino de desaparecidos víctimas de nuestra unidad”, relataba el agente.

El agente también contaba cómo burlaron a la Mesa de Diálogo. En enero de 2001, las Fuerzas Armadas y de Orden entregaron un listado señalando lo que habría sido el destino final de 200 víctimas, entre ellas 180 identificadas y 20 NN. “Colmillo blanco” contaba entonces que aunque en un primer momento sus superiores le ordenaron a él y a otros –entonces recluidos en la cárcel– que hicieran listas con los nombres de detenidos y toda la información que recordaban, el alivio que sintieron por contar la verdad se esfumó cuando conocieron los resultados de la Mesa de Diálogo.

“Siempre fue una farsa. Los jefes nos pidieron colaborar, pero parece que nunca tuvieron la intención de hacer llegar nuestra lista a la Mesa de Diálogo. Íbamos a continuar engañando a los familiares de los detenidos desaparecidos y el país. Luego nos explicaron que no había seguridades. Me devolvieron mis hojas y mi organigrama”, dijo, y continuó: “Cambiaron todas las evidencias”.

En la entrevista, también declaraba que leían los documentos del Departamento V de Investigaciones –encargado de investigar al Comando Conjunto– mucho antes que los propios abogados de las causas. “Nos sirven para prepararnos, para cambiar testimonios y enredarlos”. En las preparaciones de los testimonios estaban también, según el relato, los abogados Jorge Balmaceda y Carlos Portales.

Uno de los nombres de detenidos desaparecidos que “Colmillo blanco” anotó en su lista que no vio la luz, es el de José Weibel, que en el informe final de la Mesa de Diálogo aparece enterrado en algún lugar del desierto en la Tercera Región, aunque ellos señalaron que su cuerpo estaba enterrado en el Cajón del Maipo.

“Durante años ha habido un pacto de silencio que en el Comando Conjunto se expresó incluso en la persecución a 'Papudo' (desertor del grupo). Él decía temer por su vida incluso en el año 1995”, comenta Mauricio Weibel, hijo de José. “El pacto de silencio fue una necesidad no solo para los militares, sino que también para los civiles. Hoy sabemos que el abogado Alfredo Prieto trabajó en el seguimiento de profesores en dictadura. Y él fue integrante de la Corte Suprema hasta el año 2015. Uno perfectamente se puede preguntar si esta persona colaboró en ese pacto en democracia”, asegura.

La información entregada por “Colmillo Blanco” permitió revelar también que la esposa del general (R) Patricio Campos, Viviana Ugarte –conocida como "Pochi"– fue miembro del Comando Conjunto. Campos renunció a su cargo de director de Aerónautica Civil y luego fue procesado por obstrucción a la justicia por el magistrado Mario Carroza, por haber destruido información sobre cinco detenidos desaparecidos que debió haber entregado a la Mesa de Diálogo. Campos había sido designado por el ex Comandante en Jefe de la FACH, Patricio Ríos, para recolectar información sobre desaparecidos al interior de la Fuerza Aérea.

Las reuniones en la Auge

Distintas declaraciones de militares y carabineros han dado cuenta de la petición de silencio que cayó sobre ellos desde sus superiores. El 17 de mayo del año 2010, Daniel Luis Guimpert Corvalán, capitán de corbeta de la Armada, quien después del golpe de Estado pasó a formar parte del Comando Conjunto, señaló ante los tribunales que una vez que se acogió a retiro de la Armada de Chile, estuvo de acuerdo en firmar un documento en el cual “me comprometía a guardar reserva de los actos de servicio realizados durante mi carrera y no solo en los ocurridos a contar del 11 de septiembre de 1973”.

Lo mismo se repite en otras declaraciones. El 14 de septiembre de 2000 el procesado Luis Arturo Sanhueza Ross, señala sobre otra causa de DD.HH. que no fue suficientemente veraz en sus declaraciones anteriores, “omitiendo algunos detalles que habrían servido para clarificar la investigación desarrollada en el proceso, pero también puedo decir que esta manera de declarar, sin haber mentido, de alguna forma, me fue impuesta dado que correspondía a una estrategia general de todos los involucrados y que fue planificada, incluso, en una de las oficinas de la Auditoría General, facilitada por el coronel Ibarra, en que Corbalán expresó que correspondía decir que el operativo correspondió a un procedimiento de la Unidad Especial, vinculándolo a un Estado Mayor dependiente del Coronel Ureta, y especialmente dependiente de la dirección de la CNI, porque los jefes de ambos organismos, es decir Ureta y Zúñiga, estaban muertos”.

El 3 de octubre de ese mismo año, el procesado Iván Belarmino Quiroz Ruiz, testifica algo similar en otra causa: “No fui completamente veraz en mis declaraciones anteriores porque evidentemente como la situación involucra a otras personas y a instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros, tenía que estar también en mis declaraciones con un cierto grado de acuerdo con los otros implicados, agregando además, que también se produjo una especie de acuerdo en cuanto a las declaraciones que se iban a prestar y que fueron manejadas en una oficina de la Auditoría General del Ejército”.

El 28 de septiembre del año 2000, Iván Leopoldo Cifuentes Martínez, también procesado, declaró en la misma dirección: “Es cierto que no fui veraz en mis declaraciones anteriores, pero ello se debió a que se nos aseguró, precisamente, durante el curso de la tramitación en las distintas fiscalías militares que no íbamos a tener problemas, y cuando asume el ministro Dolmetsch, efectivamente se me cita en una reunión en la Auditoría General del Ejército”. La idea era también ponerse de acuerdo en una versión.

El abogado de DD.HH. Cristian Cruz señala que es evidente tanto por las mismas declaraciones como por la actitud que han tenido, en que los agentes concuerdan en sus declaraciones. “Responsabilizan en general a agentes fallecidos en las causas en que declaran y fue el Alto Mando del Ejército uno de los resortes para concordar declaraciones y aunar criterios. Eso no pasó por dar una versión sino también por dar versiones falsas. Los pactos de silencio no ocurrirían si la autoridad civil no los aceptara al menos tácitamente”.

Así sucedió también en el caso de Carmelo Soria. En 1993, ex miembros de la brigada Mulchén, al enterarse que uno de los suyos había confesado ante un par de detectives, lo persiguieron hasta encontrarlo. Todo dirigido por el brigadier Jaime Lepe.

José Remigio Ríos San Martín no había declarado aún ante un juez. Después que dieron con él, se reunió con sus viejos compañeros en un restaurante de Ñuñoa. De ese encuentro salió con una camioneta nueva y una pensión, como recuerdan algunos artículos de prensa. Un par de días después cambió la versión de los hechos sobre el crimen de Soria.

Carmen Soria, hija del diplomático español, dice que este tipo de hechos hablan por sí solos. “A mí lo que me llama la atención es cómo al ministro de Defensa le da lo mismo. La invitación de ellos a las Mesas de Diálogo ha sido una falta de respeto. Se supone que un Presidente está por sobre todos los Comandantes en Jefe de las FF.AA., entonces cómo los presidentes no han sido capaces de pedir el listado de quienes integran las Fuerzas Armadas y cotejarlos con el listado de los violadores a los DD.HH. y sacarlos. No lo han hecho en ningún gobierno de la Concertación”.

Intelectual clave en el diagnóstico crítico de la sociedad chilena que inspiró a la Nueva Mayoría de Bachelet

La derrota de Pedro Guell

por MARCELA JIMÉNEZ 31 julio 2015

El trabajo de Guell desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) marcó una ruta de reflexión política en el seno de la otrora Concertación y el informe que coordinó en 1998 tuvo una influencia gravitante en el debate interno del bloque del arcoíris, porque se transformó en el primer análisis crítico de lo que era la sociedad que se estaba construyendo al alero de la transición democrática. Mismo que resultara decisivo para procesar el movimiento social del 2011 y concluir que la Nueva Mayoría no haría más de lo mismo que venía realizando la Concertación.

Aún no está dicha la última palabra, pero todas las señales políticas indican que el realismo sin renuncia del que habló la Presidenta, Michelle Bachelet, terminará en una jerarquización con mucho aroma a moderación del programa, lo que dejará pendiente la palabra empeñada ante la ciudadanía de un verdadero cambio de fondo en las reglas del juego neoliberal que rigen al país. De ser así y guste o no, eso sería la derrota –al menos por ahora- del proyecto tras el cual se aglutinó la Nueva Mayoría, de esa visión de país que se plasmó en la plataforma programática y cuyo inspirador, para muchos, fue el sociólogo y hoy director de políticas públicas del gabinete presidencial, Pedro Guell.

Diversos artículos de prensa desde marzo del 2014 a la fecha lo han considerado “el hemisferio izquierdo” de la Presidenta, el ideólogo del programa gubernamental para este segundo Gobierno. En Palacio recalcan que no es tan así, que “el programa de Gobierno no es Pedro Guell”, que no se puede “atribuirle todo”, pero sí reconocen su aporte, que de él vienen “las líneas generales”, la “visión de país”, que luego fueron otros en el comando de campaña y los equipos técnicos aterrizaron, detallaron, calcularon y definieron, con bastante poca exactitud reconocen hoy en el oficialismo a la luz de los hechos este año y medio.

Fue su visión de país la que “inspiró” a Bachelet a ir políticamente más allá de la Concertación, la que le hizo un profundo sentido de las ideas de este sociólogo sin militancia política, que se declara de centroizquierda. No por nada es que durante el Gobierno de Sebastián Piñera y mientras ella estuvo en Nueva York a la cabeza de ONU-Mujeres, Bachelet decidió integrar a Guell al directorio de la Fundación Dialoga, por la “sintonía” con las ideas del sociólogo, pues no hay que olvidar que la Mandataria es militante PS de toda la vida y siempre comulgó con la línea interna más ortodoxa del partido.

Todas las señales internas apuntan a que lo que se resuelva como prioridades realistas en el cónclave distará bastante de la visión de Guell que inspiró el discurso político de la Nueva Mayoría, que se paró ante el país prometiendo ser más que la mera suma electoral del PC, la IC y el MAS a los cuatro partidos de siempre, sino que una alternativa de poder que efectivamente lograra correr algunas vallas hacia mayores grados de equidad, que no solo administrara el modelo como los 20 años anteriores.

Sobre la influencia de Guell, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Marco Moreno, explicó que “los resultados que anuncia y persigue un Gobierno dependen de apuestas contra la incertidumbre y las resistencias” y que, para esto, formulan “un relato que es una representación deseable y posible del futuro que se apuesta a construir. Dicha imagen debe convertirse en un bien social y por tanto en un bien público, proceso que supone pasar de la imagen a la palabra y viceversa”. En ese sentido, agregó que intelectuales como Guell “crean opinión y movilizan a partir del relato” y que son conocidos como “consejeros políticos”, lo mismo que en su momento Ernesto Ottone, un papel que Gramsci –acotó– nominó como los “intelectuales orgánicos” y que a fines de la década del 70 se conocieron como “intelectuales institucionales”.

El ex hombre del PNUD actualmente es el responsable de los contenidos “duros” del Gobierno, pide, revisa y genera insumos y lineamientos para los ministerios y para Bachelet. Siempre está tras bambalinas, jamás habla con la prensa, siempre cruza caminando rápido y sonriente los patios de La Moneda rumbo a su oficina en el segundo piso, en absoluto silencio, sin dar espacio a preguntas. A pesar de su bajo perfil, en el Gobierno lo señalan como el “consigliere” de la Presidenta en cuanto a contenidos, una persona a quien la Mandataria escucha, le cree y confía. De hecho, está trabajando junto a ella el discurso que dará el lunes en el decisivo conclave oficialista para aterrizar el “realismo sin renuncia”.

“Un intelectual de tomo y lomo”, recalcan en La Moneda, una de las personas “más inteligentes” que hay en la actual administración, agregan, mientras que asesores de Gobierno destacan su calma a toda prueba, su caballerosidad, su “fineza”, esa de alguien a quien jamás se le escucha una mala palabra, que nunca manda un correo mal escrito o pone mal una coma.

Es más, en el Gobierno instalan a Guell como parte de la “tríada” más cercana a Bachelet para este segundo tiempo, el primer círculo de influencia y consulta a su alrededor, junto a la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte y la jefa de prensa, Haydée Rojas. Dicen que es de su autoría la frase presidencial del 'realismo sin renuncia', imposible que no lo fuera si es con él con quien Bachelet trabaja los lineamientos de sus discursos más relevantes, como fue la última cuenta pública presidencial ante el Congreso Pleno el 21 de mayo. Aunque se la han atribuido al vocero, Marcelo Díaz.

La mirada clave

Es sabido que el trabajo de Guell desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) marcó una ruta de reflexión política en el seno de la otrora Concertación y que el informe que coordinó en 1998 tuvo una influencia gravitante en el debate interno del bloque del arcoíris, porque se transformó en el primer análisis crítico de lo que era la sociedad que se estaba construyendo al alero de la transición democrática. En ese informe si bien se reconoce que las personas tenían mejores estándares de alimentación, vivienda, transporte, de calidad de vida en general, se advierte que “los beneficios de este consumo se han distribuido de manera muy dispar y han producido una acumulación de deficiencias y de profundas desigualdades”, que la presiones por un “consumo notorio pueden volverse destructivas y reforzar la exclusión, la pobreza y la desigualdad” y que el malestar que ya expresaban los ciudadanos a fines de los años 90 “obliga a reflexionar el sentido que tiene el orden democrático en el nuevo contexto".

Esa crítica visión sirvió de base del documento "La gente tiene la razón", que meses más tarde elaboró un grupo de connotados dirigentes de la Concertación, como Carlos Ominami, Jaime Estévez y Sergio Aguiló. El golpe interno que provocó ese texto fue tan fuerte que generó una rápida respuesta, con otro documento llamado "La fuerza de nuestras ideas", que firmaron figuras de Eugenio Tironi, José Antonio Viera-Gallo, Edgardo Boeninger e Ignacio Walker, hasta hoy identificadas con el llamado “partido del orden”.

Ese choque público en el diagnóstico y balance de lo que realmente se había logrado y construido en la primera década de la transición, generó la división en la coalición entre dos formas, lógicas, visiones y relatos políticos en la Concertación: los autoflagelantes y los autocomplacientes. Esas dos almas que convivieron entonces y los años siguientes, hoy están vigentes en la tensión permanente que se evidencia entre los viudos de la Concertación versus la Nueva Mayoría, el partido del orden frente a la retroexcavadora o los “sin renuncia” en jaque con los “realistas”, según dijo el senador del MAS, Alejandro Navarro.

Después de 1998, los informes del PNUD se transformaron en una aguda y completa radiografía del Chile que construyeron los gobiernos de la Concertación postdictadura, los efectos sociales y culturales del modelo económico en distintos planos como el poder (2004), el uso de las tecnologías (2006), el mundo rural (2008), relaciones de género 2010 y la felicidad (2012).

En el informe del 2002, “Nosotros los chilenos, un desafío cultural”, se planteaba que “la llamada democracia de los acuerdos ha sido un hito decisivo en el proceso de la transición. No obstante, si el miedo al conflicto se proyecta al futuro, podría restar vitalidad a la democracia, porque obliga a una delimitación estrecha (no conflictiva) de lo posible (…) hoy no se puede abandonar la tarea de forjar un proyecto de país sin arriesgar las oportunidades que trae el futuro. Se requiere de un imaginario colectivo”. Ya en ese entonces estableció que era necesario analizar las políticas de reformas, que “muchas veces, su éxito no depende tanto de la cantidad de recursos destinados a determinado objetivo como de su capacidad para motivar a las personas a involucrarse y hacer suya la tarea. Más allá de la meta concreta de la política pública, su éxito duradero radica en la motivación de la gente de ser sujeto del proceso”.

El revelador documento precisó que “la situación económica de la gente no guarda una correlación directa con su sociabilidad (…) un techo que se llueve, una cuenta mal calculada, una espera demasiado larga en un consultorio, una lata de alimentos vencida, un parte de tránsito mal cursado. Aparentemente se trata de demandas privadas que no alcanzan a conformar el tipo de problemas generales que ocupa a la política. Sólo aparentemente (…) en sus experiencias subjetivas, cada persona valida o invalida a pequeña escala la imagen de dignidad ciudadana, de protección, de lo público y de la democracia que proclama y representa la política. Desconocer la profundidad de las pequeñas experiencias puede llevar a la política a perder legitimidad a los ojos de la gente”. Un análisis casi profético mirado con los ojos de hoy.

Si el 2004 el trabajo de Guell precisaba que “la élite no tiene claridad respecto de las fuerzas motoras de la sociedad actual, lo que redunda en cierta perplejidad frente a la evolución de la sociedad y a su propia función en ella", el año 2010, en materia de Educación, explicaba que las nuevas demandas por calidad “exigen el diseño de procesos altamente complejos, participativos, sometidos a un fuerte componente de ensayo y error, retroalimentando permanentemente resultados parciales. Se trata de problemas no lineales. Ello no puede ser abordado por la forma tradicional de diseño lineal de las políticas públicas. Esto exige un cambio de escala en el modo de abordar problemas".

El freno de mano

Hoy las riendas de La Moneda las llevan figuras tradicionales del otrora bloque del arcoíris: Jorge Burgos (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Rodrigo Valdés (Hacienda), este último responsable de instalar en el oficialismo una nueva directriz, que la situación política, las incertidumbres en ese plano han afectado la economía nacional, que atraviesa un estancamiento.

Y ese es el principal dilema del Gobierno con miras al cónclave del próximo lunes y la derrota de la visión de Guell, tratar de hacer pasar un camello por el ojo de una aguja o, en castellano, hacer cuajar el escenario de estancamiento económico con un programa de Gobierno que se ofreció como progresista, de cambios y avances, que planteó de forma simultánea tres grandes reformas estructurales (tributaria, educacional y Nueva Constitución) y a las que claramente ahora se les deberá poner el freno de mano.

En La Moneda aseguran que no hay retrocesos, menos derrota. Garantizan que la orden presidencial es tajante, que a pesar del escenario económico, no se van a recortar beneficios sociales, que lo que prometió se va a cumplir, que el 2018 habrá 70% de gratuidad en la educación.

Sin embargo, eso no convence en las huestes de la Nueva Mayoría, donde hay preocupación, se palpa, se escucha, se discute todos los días, porque saben que bajar las expectativas como ha dicho el ministro Valdés, peligrosamente puede terminar una vez más en logros en la medida de lo posible.

Todas las señales internas apuntan a que lo que se resuelva como prioridades realistas en el cónclave distará bastante de la visión de Guell que inspiró el discurso político de la Nueva Mayoría, que se paró ante el país prometiendo ser más que la mera suma electoral del PC, la IC y el MAS a los cuatro partidos de siempre, sino que una alternativa de poder que efectivamente lograra correr algunas vallas hacia mayores grados de equidad, que no solo administrara el modelo como los 20 años anteriores.

Para el analista Alberto Mayol el punto clave hoy es que “el Gobierno de Bachelet y sus intelectuales no pudieron definir nunca en qué terreno diagnóstico se quedaban”, que por lo mismo La Moneda “ha transitado sin consistencia” entre el malestar grande que debe suponer reformas estructurales y un malestar manejable que no requiere grandes transformaciones.

Un punto que la semana pasada le enrostró públicamente a La Moneda una de las principales viudas de la Concertación, la ex ministra Mariana Aylwin, al sentenciar que los problemas por los que atraviesa este segundo Gobierno de Bachelet radican en que “se compró” las tesis de las demandas de los movimientos sociales, de la calle.

Para Mayol, actualmente está sobrestimada la importancia del relato, al punto de reemplazar la política con decisiones comunicacionales, que “el problema es cuando se contrata profesionales que podrían hacer algo más profundo, para simplemente construir un imaginario”.

El papel de Guell hoy, sentenció el analista, “sólo puede tener sentido como diseño general de un proyecto de sociedad y de una visión general del programa” y añadió, sin hablar directamente de derrota, que “si su labor fue más discursiva o de construcción de relato, es probable que su trabajo nunca pudo tener sentido”, porque lo que requiere un Ggobierno en la actualidad “es una política general, no una comunicacional”.

jueves, 30 de julio de 2015

Las millonarias pensiones de los violadores de derechos humanos: proyecto que degrada a uniformados no toca su plata

Por Equipo Cambio21

El Congreso está agitado con las revelaciones del Caso Quemados. Con ello piden se ponga urgencia a la iniciativa que busca la degradación de los involucrados en causas de delitos de lesa humanidad. Las sanciones, además de moral, tiene consecuencias prácticas, pero no se refiere a los intereses que cultivan con los sueldos pagados por todos los chilenos.

Es una necesidad que Chile añora. A pesar de haber decenas de procesos por violaciones a los derechos humanos que involucran a uniformados, éstos siguen gozando de los beneficios propios de las Fuerzas Armadas. Es por eso que la bancada de la DC, junto a otros diputados, pidieron que se le de urgencia al proyecto presentado en julio de 2010 (Boletín 7070-17 ) que busca degradación militar de los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad, pero que duerme en el Congreso.

La misma solicitud hizo la senadora Isabel Allende (PS), quien recalcó que "obviamente no pueden ostentar ni los títulos de generales ni medallas. Ojalá el Gobierno le ponga urgencia y también solicitamos que haya una revisión más exhaustiva, porque me parece inaceptable que gente que estuvo comprometida en esas gravísimas violaciones tenga remuneraciones, tenga cargos o esté actualmente en la institución del Ejército".

El proyecto que buscan acelerar los diputados, modifica el Artículo 222 que sanciona a los militares que cometan crímenes de lesa humanidad. Ello implica: "privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares, el retiro absoluto de la Institución, la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos, y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos".

Sin embargo, el proyecto dice buscar que se aplique la degradación tal y como dicta el artículo 228 del Código de Justicia Militar. Por ello, la previsión de los uniformados no se tocaría, es decir, los condenados por crímenes de lesa humanidad recibirían sueldos correspondientes a sus años de servicio.

Anteriormente, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), había informado que los oficiales del Ejército jubilados en diciembre de 2012 perciben una pensión mensual que promedia $1.483.597; los de la Armada, $1.600.612 y los de la Fuerza Aérea, $1.567.431. En tanto, quienes se jubilan como suboficiales del Ejército perciben en promedio $659.610; en la Armada, $554.178; y en la FACH, $668.571.

La derecha lo frenó

El diputado Sergio Ojeda (DC), férreo defensor de los derechos humanos durante la dictadura, lamentó que hayan tenido que pasar más de cinco años para que se le dé la importancia necesaria al proyecto que busca "sancionar de verdad" a los uniformados que atacaron a miles de chilenos durante la época de dictadura.

En conversación con Cambio21, explicó que el proyecto que fue "frenado" por la derecha, duerme en el Congreso, pero que el actual momento "crítico en materia de derechos humanos", da una importante oportunidad de concretar una nueva ley.

Ojeda dice que "no sabe" si debe afectar a la previsión de los uniformados, pero sí "tiene que tener efecto en la nominación al grado correspondiente. Es un proyecto rezagado, que no se le da la importancia necesaria en la comisiones y quedan ahí y que ha frenado la oposición".

Derechos humanos de sus violadores

Por su parte, el experto en temas previsionales, Ricardo Ormazábal, apuntó que constitucionalmente es imposible que los uniformados se les prive de sus jubilaciones. El experto apunta a una ironía: es un derecho humano

"En la Constitución hay una norma que establece que la sanción que puede tener y las penas que pueden tener a algunas personas, no pueden afectar los derechos previsionales (...) entre otras cosas, porque se considera como un derecho humano, las pensiones y la seguridad social en el área de derecho económico y social", dijo a Cambio21.

Como familiar de víctima de la dictadura

El diputado socialista, Fidel Espinoza, cuyo padre fue asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet, tiene una dura visión sobre el proyecto, que a la vez considera como necesario. "De dulce y de agraz. A 25 años estamos discutiendo un proyecto que deberia haber sido parte de un país que tiene que cumplir con la condena a delitos a los derechos humanos. Trabajamos según la contingencia y eso no me gusta. Es inconcebible que estos señóres sigan gozando de tantos privilegios.

"Como familiar de víctima de violación a los derechos humanos, no me gusta", agregó el parlamentario.

Sobre el pago millonario de pensiones (cabe recordar que el promedio de un civil es inferior a un sueldo mínimo) que reciben los uniformados, a pesar de ser condenados por violaciones a los derechos humanos, "es un privilegio, en otros países no ocurre, en otros países también se suspenden sus millonarias pensiones. Muchos de esos recursos podrían ser para la educación de tanta gente que no tiene acceso y tantas otras materias".

"Es paradojal. Considero que no tiene ningún sentido sin que haya condena para los que han sido condenados. Si siguen recibiendo millonarias pensiones, me parece indigno", concluyó Espinoza.

Caso Quemados revive juicio político sobre rol de sus gobiernos en esta materia

Las cuentas pendientes de la Concertación en DD.HH.

por CLAUDIA URQUIETA CH.

Luego de 25 años del fin de la dictadura militar, la falta de justicia para muchas víctimas y sus familiares le sigue penando al país. El rompimiento del pacto de silencio de dos conscriptos sobre el caso Quemados puso en el tapete, una vez más, la ausencia de voluntad política para impulsar con paso firme el esclarecimiento y la obtención de condenas en estos casos. Para distintos actores ligados al mundo de los Derechos Humanos, esa ha sido la tónica imperante hasta hoy.

Fue una votación secreta. Ese día 9 de abril de 1998, hubo 62 luces rojas en la Sala del Congreso que marcaron el rechazo de la acusación constitucional contra el entonces senador vitalicio Augusto Pinochet, impulsada por un grupo de diputados de la Concertación que, entre otras cosas, lo acusaban de ser “causante y responsable de ofensas a la memoria de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos comprometiendo gravemente el honor de la nación”.

El resultado, que terminó con 52 votos a favor de la acusación y 1 abstención, estuvo marcado por una fuerte ofensiva del Gobierno de Eduardo Frei para que los parlamentarios concertacionistas echaran pie atrás. Esta incluyó la intervención directa de varios ministros, así como declaraciones en esa dirección del propio Mandatario, de su antecesor, Patricio Aylwin, y su ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa. Finalmente, 11 diputados de la falange votaron en contra, entre los que se cuentan Aldo Cornejo, Roberto León y el actual senador Ignacio Walker.

En opinión del abogado de Derechos Humanos, Alberto Espinoza, “la Concertación tiene que hacerse cargo. Es más, Ignacio Walker, que hizo gárgaras diciendo que había trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, rechazó rotundamente esta acusación constitucional junto a otros 11 diputados de la DC. Esta postura fue respaldada por Eduardo Frei y Enrique Correa, pero ahora todos dicen ser peleadores de los derechos humanos”.

Al respecto, el ex timonel de la falange señala que “la acusación constitucional no tenía nada que ver con derechos humanos ni con la dictadura. Se acusaba a Pinochet de comprometer gravemente la seguridad de la nación bajo los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Patricio Aylwin el día de la votación dijo 'si yo fuera diputado, votaría no' y el Presidente Frei señaló: 'Esta no es una acusación contra Pinochet sino contra la transición'. Por eso, 12 diputados de la Concertación votamos en contra. Mi posición en derechos humanos es ampliamente conocida."

Alejandra Matus asegura que “los periodistas sabíamos que cada vez que había un antecedente que apuntaba a Pinochet, era censurado. Eran pactos tácitos que uno sabía que existían pero nadie los decía. No podías decirlo. El caso Letelier siempre se supo que iba a llegar solo hasta Contreras. La Nación –donde ella trabajaba– lo aplicaba: si había un documento que apuntaba a Pinochet, ese texto era censurado. Estaba permitido escribir solo hasta Manuel Contreras”.

La mirada de diversos actores ligados de distintas formas al mundo de los Derechos Humanos (DD.HH.) es distinta y apunta a este hito como uno de los que evidenciaron la postura de los gobiernos de la Concertación en la materia y la búsqueda de justicia para los crímenes y abusos de la dictadura, hoy en el tapete tras los dichos de Carmen Gloria Quintana, que criticó el actuar de la coalición oficialista al respecto.

Según declaraciones de la sobreviviente del Caso Quemados, “la Concertación desde esa época hasta el día de hoy tiene una deuda tremenda con todos los casos de violaciones a los derechos humanos, pero mi caso es un botón de muestra, hay muchos otros casos".

Además, la psicóloga aseguró que durante el Gobierno de Patricio Aylwin tuvo una audiencia con el hoy lobbista Enrique Correa, que “de manera amable me comunica que la transición iba a ser difícil, de que no me hiciera muchas esperanzas, que lo más probable es que se hiciera justicia en los tres casos emblemáticos y que era muy difícil que en el caso de Rodrigo Rojas y mío hubiera justicia. Así de pragmático fue su discurso”.

Pactos, leyes y Pinochet

La periodista Alejandra Matus, autora de El Libro Negro de la Justicia y Doña Lucía, entre otros libros de investigación, dice coincidir con los dichos de Quintana, “más allá de si lo dijo Enrique Correa o no. El Gobierno de Aylwin había determinado que había casos emblemáticos donde avanzar y otros no, en un contexto donde la mayoría de los jueces habían sido designados por Pinochet y había una fuerte lucha por parte de los abogados de derechos humanos por sacar estos casos de la Justicia Militar”.

Según la académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales (UDP), “el Gobierno se la jugó con nombramientos de ministros en visita en casos emblemáticos, y no en otros. Estos fueron el caso Letelier, que era el más importante de todos para el Gobierno, por las relaciones con Estados Unidos, siendo el único expresamente fuera de la Ley de Amnistía, que aún era aplicada por los tribunales. Los otros dos casos fueron el de Carlos Prat y el caso Degollados”.

Alberto Espinoza señala que “era un secreto a voces que en el Gobierno había casos emblemáticos. ¿Y en qué se traduce eso? En darles un carácter restringido a las violaciones a los Derechos Humanos. Calificando algunos casos como emblemáticos, se le da un perfil bajo al resto de las víctimas, porque la persona que pasó por secuestro, tortura o desaparición no es un caso emblemático. Es curioso, ya que desde la concepción más básica de DD.HH. todos deben ser tratados como iguales, lo contrario implica una degradación”.

El abogado, que durante la dictadura trabajó en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), señala que “el pacto de silencio también todos los sabíamos. Ahora los de la Concertación quieren hacerse los lesos, han pasado 25 años desde que se terminó la dictadura, ¿cómo se explica que estemos recién dándonos cuenta de la existencia de estos pactos y ahora nos escandalicemos?”.

Espinoza explica que “incluso hubo intentos de dictar leyes de impunidad, que buscaban terminar los procesos en forma anticipada, de no investigar y que encontraron resistencia del mundo de los Derechos Humanos”.

Por ejemplo, recuerda, “bajo el Gobierno de Aylwin se promovió un proyecto de ley en que se daban plazos para el cierre de investigaciones amparados en el secreto en torno a la identidad de personas que aportaban antecedentes. Esto apuntaba al cierre de las investigaciones, que solamente se satisfacían con una parte de la verdad, porque no había individualización de las personas, se amparaba el anonimato de quienes prestaban información de ejecutados políticos y detenidos desparecidos. No se aprobó, por la fuerte oposición de organismos de DD.HH.”.

Después, en el Gobierno de Frei –detalla el abogado– se impulsó el proyecto de ley “Figueroa-Otero”, desarrollado por el entonces ministro del Interior Carlos Figueroa, con el aval del senador Miguel Otero (RN)”, que pretendía también avalar legislativamente el decreto Ley de Amnistía de 1978. “Dando garantías para la impunidad. Esto también fracasó”, agrega.

Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señala que “durante los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos hubo varias iniciativas legislativas a las que les ponían nombres bien emocionales, pero lo único que buscaban era darles impunidad a los genocidas, como la ley Figueroa-Otero o 'No hay Mañana sin ayer', impulsada por Lagos”.

La abogada Pamela Pereira señala que “teniendo presente los esfuerzos de dictar leyes que significaron serios retrocesos, porque no apuntaron a obtener verdad y justicia, demuestra muy poca voluntad de investigar y hacer justicia”.

El abogado del Caso Quemados, Héctor Salazar, señala que “hay que tener presente un factor clave: los pactos no escritos para hacer posible la transición de la dictadura a la democracia. Nunca han sido reconocidos pero hay manifestaciones concretas por ciertas actitudes. Uno tiene que ver con el sistema económico, donde no hubo mayores problemas en llegar a acuerdo entre el poder militar saliente apoyado por la derecha y el poder político entrante. El segundo pacto, que tiene que ver con el tratamiento a las violaciones de los DD.HH. cometidas durante la dictadura fue más difuso, ya que indudablemente el poder militar pugnaba por la impunidad absoluta mientras la Concertación tenía como bandera de lucha para llegar al poder precisamente enfrentar este tema. Fruto de eso es que el Presidente Aylwin acuñó ese concepto de 'justicia en la medida de lo posible'”.

Salazar agrega que “a lo menos un aspecto de ese acuerdo que quedó explicitado por conductas de la Concertación fue garantizar impunidad a Pinochet y su familia. Como el capítulo de los Pinocheques o cuando es detenido en Londres y como Gobierno se juegan para traerlo a Chile. El avance y retroceso que daban familiares y organizaciones de DD.HH. para alcanzar más cuotas de justicia tenía ese telón de fondo”.

En esa línea, Alejandra Matus asegura que “los periodistas sabíamos que cada vez que había un antecedente que apuntaba a Pinochet, era censurado. Eran pactos tácitos que uno sabía que existían pero nadie los decía. No podías decirlo. El caso Letelier siempre se supo que iba a llegar solo hasta Contreras. La Nación –donde ella trabajaba– lo aplicaba: si había un documento que apuntaba a Pinochet, ese texto era censurado. Estaba permitido escribir solo hasta Manuel Contreras”.

Esto se dio durante los gobiernos de Aylwin y Frei, “hasta que Pinochet fue arrestado en Londres. En ese período trabajé en La Época, La Nación y La Tercera. Con algunos matices, hablar de la responsabilidad penal de Pinochet era complicado. En La Naciónno se podía de frentón, si había un texto que apuntaba en esa dirección era censurado. Estaba permitido escribir solo hasta Manuel Contreras. Para qué te digo en La Tercera. En La Épocahabía un poco más de libertad”.

De hecho, recuerda, “si uno ve la conducta del juez Adolfo Bañados –que llevó el caso Letelier– también se aplicó en la justicia, porque no es que no tuviera antecedentes que implicaran a Pinochet, es que él sabía que solo podía llegar a Contreras. Ese era el límite en ese periodo tácitamente. En los hechos así se daba”.

La periodista detalla que “después de Aylwin, diría que Frei Ruiz-Tagle fue aún más conservador en esta materia. Al menos Aylwin impulsó la Comisión Rettig y avanzó en casos emblemáticos, porque no hay que olvidar la importancia que tuvo la investigación de estos casos. Pero Frei no tuvo política de Derechos Humanos. Ni siquiera en el caso de su padre, que se agitó después de su Gobierno. Su hermana, Carmen Frei, hablaba, pero él no tomó postura mientras fue Presidente, sino después. Fue en su Gobierno que se dio la orden presidencial de que, por razones de Estado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no siguiera adelante con el caso Pinocheques, lo que generó la sensación, en todos los demás casos que involucraban a Pinochet, de que el Gobierno no respaldaba que estos casos avanzaran”.

Matus explica que “el Gobierno de Frei fue un Gobierno con pocos resultados en materia de derechos humanos hasta la detención de Pinochet en Londres”. Poco antes y cuando el ex dictador ya era senador vitalicio, “secretamente se planificaba entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno cómo serían sus funerales de Estado si moría”.

Con Lagos –relata Matus– “se avanzó en el tema de la tortura, que ni siquiera se tocaba: los casos de violaciones a los DD.HH. en los gobiernos de Aylwin y Frei estuvieron circunscritos a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Lagos movió la vara más allá al crear la Comisión de Tortura, aunque con las limitaciones de la transición. O sea, que la información no se podía usar judicialmente, se reconocía a víctimas y no victimarios y tampoco se recogían testimonios individuales, salvo que las víctimas quisieran darlos”.

“Lo que veo en esta etapa de Lagos es que el Gobierno tácitamente apoya que la amnistía no impida juzgar. Se cambia la doctrina, lo que se ve en los jueces que nombran en la Corte Suprema”, dice Matus.

Boris Paredes, abogado de Derechos Humanos, tiene una visión más dura: “Yo creo que se avanzó a pesar de los gobiernos”.

En tanto, Pamela Pereira señala que “en mi opinión el poder político y no solo a nivel presidencial sino parlamentario, no ha estado comprometido con este esfuerzo de hacer verdad y justicia como se comprometió desde el inicio de la democracia en adelante. Hemos tenido un problema ahí”.

Según Pereira, esto se ha mantenido. “Se generan instituciones un tanto burocráticas. Hay oficina que depende Ministerio del Interior (Programa de Derechos Humanos), pero no le veo mayor movimiento y avance más allá de que gente buena trabaje ahí. Hay gran responsabilidad del Poder Judicial pero si uno no está encima y explicitando lo que solicita, todo es una pasividad y silencio que a mí me molesta muchísimo”. En suma, la abogada dice no ver “un esfuerzo del gobierno y para atrás tampoco”.

Paredes, que trabajó en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Lagos y Bachelet, recuerda que “cuando recién ingresé estaba Jorge Correa Sutil (DC) de subsecretario del Interior, y en todo lo que significaba perseguir a militares él se oponía. No permitía que se alegara en causas ni autos de procesamientos. Había instrucciones de que no se alegara contra peticiones de libertades de violadores de DD.HH., lo que venía de él. A pesar de esta instrucción lo hacíamos igual.”

Otro abogado especializado en esta área, Cristián Cruz, y que también trabajó en el Programa ligado a Interior, concuerda con Paredes y señala que “al programa se le impedía ir a alegar las causas de libertades de militares, pero lo pasábamos por alto y no obedecíamos. Estuve cinco años y solo se vieron temas con detenidos desaparecidos, porque la ley solo facultaba al Programa para actuar en este tipo de casos, lo que se modificó el último año que estuve”.

Al respecto, Jorge Correa Sutil explica que este programa se rige “en cuanto a sus facultades por un decreto supremo del año 97”, al que se le encomiendan dos tareas: prestar asistencia a todas las víctimas de DD.HH., así como prestar asistencia legal para hacer efectivo el derecho al artículo sexto de la ley 19.123, que declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas como igualmente los cuerpos de personas ejecutadas constituyen un derecho inalienable de familiares, víctimas y la sociedad chilena. Como puede apreciarse en los artículos referidos el foco del programa debía estar fuertemente puesto en conocimiento de la verdad y no en la magnitud de la sanción. La sanción y la libertad provisional muchas veces eran modos de asegurarse mayor conocimiento de la verdad y en esos casos el accionar del programa se autorizaba, pero en otros no tenía vínculos con ello. Ese era el parámetro. El objetivo del programa según la ley no es castigar lo más severamente posible, el cometido es conocer la verdad. No es que le sean indiferentes las sanciones, pero el foco tendría que estar en la verdad”.

El abogado dice que “creo haber interpretado en cada caso de la manera más amplia posible este cometido legal y creo no haberlo excedido nunca. Si hay algún caso en se me acuse de haber interpretado restrictivamente esta norma estoy dispuesto a discutirlo, pero mi obligación legal era que el Programa cumpliera con el cometido que las normas que lo regulan ejercía. Si no, rompía el Estado de derecho. Y por eso velé siempre”.

Correa Sutil recalca que en el cometido del programa referido a la ubicación de personas detenidas desaparecidas, como de los cuerpos de personas y las circunstancias de dicha desaparición o muertes, “está el núcleo esencial de lo que el Estado debe perseguir. A eso debe no renunciar nunca. Me parece posible ampliarlo más allá, pero bajo la condición de que existan recursos y personal suficientes. Pero eso requiere que haya normas que lo habiliten”.

Y agrega que “muchas veces nos llevó a cavilar si teníamos atribuciones para acciones legales, pero es un programa con competencias limitadas en cualquier tema de DD.HH. Es una limitante”.

–¿Esto ha cambiado?

–No

–¿Por qué no?

–No conocí iniciativas destinadas a cambiarlo cuando era subsecretario, ni conozco que alguien haya pedido cambiarlo.

–¿Estaban amarrados?

–Teníamos límites como tiene toda agencia pública.

–¿Sería bueno cambiar esto?

–Sí, a condición de que el programa sea dotado de personal y recursos suficientes para poder cumplir eficazmente.

Justicia transicional

Para el ex subsecretario general de la Presidencia, Genaro Arriagada, este proceso tiene un nombre preciso: justicia transicional. “Es siempre una justicia imperfecta porque se refiere a cómo juzgamos pasados abusos constituidos por dictaduras. Si miro la situación de Chile, no hay un Gobierno de otro país que haya hecho más en materia de justicia transicional”.

Pone como ejemplos a "Argentina que impulsó algunas leyes que después tuvo que desarmar. Brasil no ha hecho nada, están discutiendo una comisión de verdad y reconciliación recién hoy. En Sudáfrica una comisión de verdad y reconciliación tenía características muy especiales: en audiencias públicas donde estaba la televisión, confesaban sus crímenes e inmediatamente eran amnistiados. No sé de ningún general ruso ni polaco que esté preso por abusos de derechos humanos. Incluso me atrevería a decir que no lo hay en la Alemania Oriental”.

En este contexto, el cientista político asegura que “si aquí existe un mínimo de equilibrio, hay que tener presente que no hay un país en el que haya habido más justicia respecto a pasados abusos de DD.HH. que Chile”.

Además –señala– hay que tener en cuenta que “la justicia transicional en Chile era más difícil que en otros países. En Alemania Oriental cayó todo el sistema. Se desintegró el Estado. En cambio acá la justicia transicional se hizo en el marco de un Estado donde la derecha tenía un control a través de mecanismos de los enclaves autoritarios y, en segundo lugar, el Ejército mantuvo al ex dictador como comandante en Jefe por otro año. A diferencia de Argentina, el Ejército de Chile salió con plena solidaridad de la clase empresarial, con un desprestigio muy grande en abusos de DD.HH., pero venerado por políticas económicas que eran del gusto de la derecha”.

Por ello –relata– “fue un camino muy difícil. La Comisión de Verdad y Reconciliación en el Gobierno de Aylwin fue un hecho notable, que tuvo como virtud establecer la verdad pero no amnistía. En ese cuadro el avance fue muy difícil, pero fue siempre una prioridad del Estado. La demostración de ello es que, por ejemplo, en el gobierno de Eduardo Frei se metió preso al Mamo Contreras. Meter preso al jefe de la policía política del Régimen Militar estando de Comandante en Jefe el que había su jefe, Augusto Pinochet, es una empresa que costó ocho meses y solo con mucha mezquindad se puede desvalorizar. Después vino la Mesa de Diálogo. Después la Comisión Valech. En consecuencia, si miro lo que se ha hecho en Chile en materia de justicia y lo comparo con Brasil y Argentina, España o países de la ex Unión Soviética, esto es una diferencia del cielo a la tierra y a favor de Chile”.

Por su parte, Correa Sutil señala que “Aylwin con su fórmula tan criticada de verdad y justicia en la medida de lo posible, abrió y cambió los horizontes de la verdad y la justicia que eran posibles. Dio pasos audaces, incluso arriesgando la estabilidad democrática con tal de tener una verdad. Se lo debemos, más que al Gobierno, a la persona de Aylwin. En eso el Informe Rettig y la forma como fue comunicado al país y a la Corte Suprema, fue abriendo espacios de justicia que eran impensables con antelación”.

El abogado dice que “creo que los gobiernos de la Concertación y el país entero a partir de 1994 olvidaron este tema, o lo dejaron a un lado creyendo que nada más podían hacer o que nada más cabía hacer. La condena a Manuel Contreras, más la detención de Pinochet en Londres, volvieron a activar en la sociedad y en el fin del Gobierno de Frei y especialmente en el de Lagos, la preocupación por estos temas. Creo que se dieron pasos muy valiosos destinados al mayor conocimiento de la verdad, particularmente por el Informe Valech, inédito en el mundo y muy especialmente en la reforma de instituciones jurídicas, particularmente de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, promoviendo su democratización o puesta al día con la democracia y su compromiso con temas de DD.HH.”.

Los silencios

Lorena Pizarro dice que “lo que señala Carmen Gloria Quintana fue refrendado por frases dichas por la propia Concertación: la justicia en la medida de lo posible, se habló de casos emblemáticos, a los que se les haría justicia. Además, hay que tomar en cuenta la construcción de cárceles especiales para militares violadores de los DD.HH., así como el hecho de no avanzar en una legislación que ayudara a su enjuiciamiento”.

“Todo esto tiene que ver con una postura de los gobiernos de transición donde se negociaba todo, y donde los derechos humanos fueron tan negociables como la economía”, sostiene Pizarro.

Asimismo, señala que “hubo un acuerdo antes del término de la dictadura entre la derecha y la incipiente coalición de la Concertación que transó, entre otras cosas, no solo continuismo del modelo económico sino la impunidad de los violadores de Derechos Humanos. Lo que ocurre en la transición y los distintos gobiernos fue que poco o nada hicieron respecto a las violaciones contra los DD.HH.”.

En todo caso –agrega–, “para nosotros es súper complicado cuando se hace un análisis solamente desde la responsabilidades de la Concertación: la derecha nunca ha querido colaborar y ellos fueron los primeros responsables”.

La hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro explica que la “agrupación se reunió con todos los gobiernos. Con todos se habló de anular el decreto Ley de Amnistía. Todos nos señalaron que no había piso político”.

Durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tuvo el primer encuentro privado con un comandante en Jefe del Ejército: Óscar Izurieta. En la reunión estaba el ministro de Defensa, José Goñi, “se quiso destacar que era el primer encuentro entre la agrupación y un comandante en Jefe del Ejército. Nosotros no pedimos que estuviera, no le íbamos a dar la mano públicamente. Le pedimos que entregara información y rompiera el pacto de silencio. Nos respondió que en el Ejército de Chile no había información y que no tenía nada que decirnos. Un par de semanas después, se filtró un documento que había ocultado la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), donde se informaba sobre el seguimiento a Carlos Prats y su esposa para planificar el atentado”, ordenado por el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras.

Pizarro asegura que “en el marco de lo que ha pasado con Carmen Gloria y Rodrigo, se pone el pacto de silencio cívico-militar en el tapete, que no se va a romper salvo excepciones como esta. Entonces, hay que generar condiciones y acciones para romperlo. El ministro del Interior (Jorge Burgos) dijo que ojalá más gente rompa el pacto de silencio. Pero no se va a romper si no se toman medidas y se realizan acciones desde el Estado que avancen en esta dirección”.

miércoles, 29 de julio de 2015

Derechos humanos: en carta al comandante en jefe de la Armada le piden romper pacto de silencio

"La Armada, al igual que las otras instituciones de la defensa nacional, necesitan recuperar su prestigio republicano, hoy menoscabado por los diversos procesos en que son imputados funcionarios de la institución", dice parte de la misiva.

Agrupaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) de Valparaíso entregaron una carta dirigida al comandante en Jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga Martin, en la que exigen terminar con los pactos de silencio al interior de la institución naval.

En la misiva, señalan que el denominado caso Quemados "viene a corroborar algo que las instituciones relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos siempre hemos declarado: dentro de las Fuerzas Armadas de Chile existen pactos secretos sobre la no divulgación de actos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar y que impide aclarar los hechos y la consiguiente justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad".

En esa línea, hicieron un llamado a que den a conocer de forma pública o anónima los hechos que conocen.

No aceptar las migajas ofrecidas por el gobierno. UNExPP

UNExPP DE CHILE, 27 de julio, 2015

La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile declara que el 24 de julio, lamentablemente, se produjo la muerte anunciada de la Mesa de Alto Nivel. Se apagó el espejismo que, en algún momento, encandiló a algunos compañeros impidiéndoles interpretar con objetividad los supuestos “compromisos” del Gobierno. El objetivo del gobierno era bajar las huelgas y así evitar la presión que se comenzaba a producir, al quedar en evidencia que el Estado no ha cumplido sus compromisos suscritos para hacer justicia con respecto a las víctimas sobrevivientes y con ello el despertar de la solidaridad nacional e internacional.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA UNEXPP

Con claridad expresamos que hubiese sido necesario, ante el contexto favorable nacional e internacional, haber seguido tratando de forzar un acuerdo con garantías mínimas que nos permitiera lograr que éste sea vinculante. Acuerdos con representantes con facultades resolutivas y no con personeros que no les interesaba dialogar, discutir y lograr acuerdos en la mesa con representantes de los Ex Prisioneros Políticos; más bien en este caso, cumplían la función de ser un buzón que se encargaba de traer propuestas “cocinadas” entre cuatro paredes, con calculadora en mano, olvidándose de la esencia humanitaria de este acto de reparación. Lamentamos sinceramente el desenlace de la Mesa, no podemos sentir satisfacción que con su fracaso quede en evidencia de qué lado estaba la razón. Hubiésemos preferido haber estado equivocados, si esto hubiera traído la justicia y la reparación justa y adecuada, tantos años esperada por las víctimas sobrevivientes.

Denunciamos a la Coalición de Gobierno, de haber jugado con la inmerecida confianza depositada en sus cantos de sirena y de ultrajar las legítimas demandas de las víctimas sobrevivientes, legitimada y respaldada por la legislación internacional; y, por qué no decirlo, también por el Capítulo de Derechos Humanos del Programa de la Nueva Mayoría, en el que se plantea la “promesa” de realizar justamente lo que demandamos históricamente y que hoy queda claro que sólo se trató de una estrategia

o embuste de carácter electorero, para despertar expectativas en los ex Prisioneros Políticos y sus familiares a fin de captar los votos necesarios e instalarse en el Gobierno.

Declaramos además, que ningún miembro de nuestra Organización fue parte de los incidentes que se presentaron al término de la última reunión de la MESA y que rechazamos la aplicación de la violencia y el atropello de la integridad de las personas. Lo hacemos con la misma fuerza expresada ante el violento desalojo de nuestros ancianos compañeros huelguistas de Concepción, de la Sede

del Partido Socialista de Chile, por Fuerzas Especiales de Carabineros, solicitadas expresamente por la mesa ejecutiva de dicho partido.Considerando todo lo ocurrido, hemos decidido realizar en las próximas semanas un Encuentro Nacional extraordinario, con el fin de analizar los últimos acontecimientos y tomar decisiones con respecto a nuestro accionar en el futuro próximo. Agradecemos la solidaridad internacional y nacional despertada con este movimiento y esperamos seguir contando con ella, ya que mientras el Gobierno impulse negociaciones vergonzosas, y no responda a las demandas de las víctimas sobrevivientes en forma satisfactoria, la lucha continúa. Jamás aceptaremos una reparación, “en la medida de lo posible” ni austera, ni simbólica. Exigimos una reparación que respete los tratados internacionales en derechos humanos.

Ante el temor que existe que sectores cooptados busquen aceptar las mezquindades ofrecidas por el Gobierno, esperamos que el movimiento de Ex Prisioneros Políticos reaccione y saque lecciones útiles y valiosas de los errores cometidos, partiendo por no volver a cometerlos.

Hoy más que nunca necesitamos la unidad de la gran mayoría de los ex prisioneros/as políticos, de sus hijos, nietos, familiares y los que luchan por la justicia. Esta unidad no puede ser una consigna. La unidad, para que sea sólida debe lograrse en torno a metas y objetivos claros, específicos y refrendados por los directamente afectados. En el país existen decenas de organizaciones, incluida la nuestra, que dicen representar a los ex-presos políticos. Sin embargo, muchas de ellas son entidades partidarias, que están lejos de representar a todos los ex-presos y sus familiares. Aceptando esta diversidad como un hecho, solamente podemos aspirar a una unidad táctica, así que forjemos esa unidad.

¡Arriba los que luchan, por la verdad, justicia y reparación para todos los ex-prisioneros y prisioneras políticas y sus familias!