por MACARENA SEGOVIA 12 junio, 2018
A finales de marzo de 2016, la administradora pública Claudia Muñoz fue despedida del Ministerio Público, por medio de una carta firmada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tras cuatro años trabajando en la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión del citado organismo. Un período que no resultó fácil y en el que fue víctima de “acoso y abuso laboral", según consta en una sentencia del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago.
Este caso sería uno de los argumentos –en paralelo al incumplimiento de su inhabilitación en el Caso Penta– que se considerarían en la solicitud de destitución que está por enfrentar el Fiscal Nacional y que sería presentada en los próximos días formalmente ante la Corte Suprema.
La historia se remonta al año 2015, cuando Muñoz trabajaba en la referida División de Estudios, donde también se desempeñaba Erika Flores, quien estaba a cargo de coordinar la unidad en la que prestaba servicios la administradora pública y de la cual fue trasladada luego de denunciar una serie de eventos en los cuales Flores “desacreditaba y criticaba el trabajo de otros miembros de la unidad de forma pública”.
Muñoz denunció en dos ocasiones los maltratos recibidos ante el gerente de la división, Claudio Ramírez: la primera de forma oral y, la segunda, a través de una carta firmada, junto a 11 funcionarios, la que fue entregada el 14 de diciembre de 2015. Solo tres meses después se vieron algunos resultados, como la instrucción de la Fiscalía Nacional, del 23 de marzo, de iniciar una investigación, la que finalmente no habría arribado a puerto.
En medio de este proceso, la administradora pública acudió a la Asociación Chilena de Seguridad, la cual le otorgó una licencia médica, a partir del 15 de marzo de 2016, basada en los reiterados casos de acoso y abuso laboral sufridos.
A pesar de encontrarse con licencia, Muñoz recibió la notificación de su despido, por medio de una carta firmada por Abbott, en su calidad de Fiscal Nacional.
La idea de presentar una solicitud de remoción contra el fiscal Abbott surgió de un grupo de parlamentarios liderados por el Frente Amplio y esta sería ingresada a la Corte Suprema entre el viernes 15 y el martes 19 de junio, según explicó el diputado Tomás Hirsch. Si bien no quiso dar ningún pormenor del contenido argumentativo de la solicitud, señaló que aún se encuentran afinando los últimos detalles del documento final, pero recalcó que tiene certeza de que “existen los argumentos suficientes” para que la Corte Suprema declare admisible la solicitud.
Frente a esta situación, la administradora pública acudió a tribunales y presentó una denuncia de tutela laboral “por vulneración de derechos fundamentales”, ante el Segundo Juzgado del Trabajo en la capital, la que fue acogida y finalmente suscrita, a pesar de la apelación del Ministerio Público. En la sentencia se recalcó que la Fiscalía, “conociendo del hostigamiento laboral de que estaba siendo objeto” la denunciante, “no solo no hizo nada, sino que pese a haber sido representado ello en forma grupal, la jefatura de la división tomó una actitud de reproche hacia los reclamantes”.
El fallo agregó que se vulneraron las “garantías fundamentales de la denunciante doña Claudia Andrea Del Carmen Muñoz Orellana, específicamente su integridad psíquica con ocasión o a causa del despido, materializado mediante acta de notificación de resolución que pone término al contrato de trabajo de 31 de marzo de 2016”. Y que, en las pruebas presentadas, “se da cuenta de un hostigamiento permanente en el tiempo, por parte de la funcionaria, Erika Flores”.
No solo eso. Según consta en la sentencia, Flores incurrió en un trato altanero con sus compañeros de trabajo, y hasta fue acusada de “agresión física en contra de otro funcionario” del Ministerio Público.
Finalmente, el fallo destacó lo injustificado del despido, detallando que la misma división de la cual fue desvinculada Muñoz incorporó “cinco cargos más en el año 2016”. Conocedores del caso destacaron que la Fiscalía solo “pretendió acallar cualquier reclamo o denuncia por acoso al interior de la misma división”.
La idea de presentar una solicitud de remoción contra el fiscal Abbott surgió de un grupo de parlamentarios liderados por el Frente Amplio y esta sería ingresada a la Corte Suprema entre el viernes 15 y el martes 19 de junio, según explicó el diputado Tomás Hirsch. Si bien no quiso dar ningún pormenor del contenido argumentativo de la solicitud, señaló que aún se encuentran afinando los últimos detalles del documento final, pero recalcó que tiene certeza de que “existen los argumentos suficientes” para que la Corte Suprema declare admisible la solicitud.
No fue la única
En el pasado, ya ha habido otros casos que han complicado al Fiscal Nacional, los que en su mayoría terminaron teniendo una salida consensuada entre ambas partes. Uno de ellos es el de Paulina Ruiz, dirigenta sindical del Ministerio Público, hecho que data del 2016, cuando el 1 de agosto de ese año distintos dirigentes sindicales llegaron hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer una serie de casos en los que se acusaba de atentar contra los derechos fundamentales de los funcionarios de la Fiscalía.
Tras la sesión, Ruiz –que ejercía como presidenta de la Fenamip– fue entrevistada por CNN sobre lo expuesto en la comisión y, al día siguiente, el Fiscal Nacional hizo saber, por medio de un correo electrónico a los funcionarios, su “profundo malestar y decepción por el equívoco mensaje” entregado por la dirigenta sindical e, incluso, planteó que había sembrado “gratuitamente la desconfianza entre todos quienes tenemos el orgullo y responsabilidad de servir al Ministerio Público”.
El 30 de agosto, Ruiz fue notificada por el Fiscal Regional Metropolitano de Occidente de una causa abierta en su contra por sus declaraciones en televisión y, tres días después, se le informó que había sido el propio Abbott quien había ordenado “abrir una investigación criminal” en su contra bajo el ítem “otros hechos”. Entre las pruebas recopiladas en dicha causa, se encontró un compilado de distintas intervenciones en medios de dirigentes gremiales del Ministerio Público, por lo que la Fenamip presentó una denuncia por prácticas antisindicales en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El 30 de enero de 2017, ambas partes llegaron a un acuerdo, el cual puso fin a la causa laboral y que fue firmado por el propio Abbott, por Ruiz y el abogado de la organización gremial, Mauricio Daza, quien colaboró en un principio con el equipo que hoy lleva a cabo la solicitud de remoción del Fiscal Nacional.
Este actuar de Abbott con sus funcionarios podría ser constitutivo de “negligencia manifiesta”, por hacer caso omiso de la investigación que estaba llevando adelante la misma Fiscalía interina del Ministerio Público, tal como detalla la sentencia del Juzgado del Trabajo. Argumento que también aplicaría respecto de las reuniones por el Caso Penta que mantuvo con el actual ministro Hernán Larraín y uno de los abogados en la causa.
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