Autor: Sebastián Vedoya
SAB 10 AGO 2019 | 05:00 PM
*Este artículo exclusivo es un adelanto de la edición de La Tercera Domingo, el nuevo producto que La Tercera estrena este domingo 11.
Un topo es, según una de sus acepciones, una persona que está infiltrada en una organización y que actúa al servicio de otros. Un topógrafo, en cambio, estudia la superficie de los terrenos. Militares de Inteligencia del Ejército eligieron el segundo nombre para una operación realizada durante 2017, pero en realidad aludían a lo primero. La denominada Operación Topógrafo espió ese año a cuatro personas: dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución castrense, todos ellos denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército. Las indagaciones realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) quedaron reflejadas al menos en cinco minutas elaboradas entre junio y agosto de 2017 y 18 páginas con la transcripción de dos escuchas telefónicas, documentos a los que accedió La Tercera. Los objetivos de esa operación fueron el capitán Rafael Harvey Valdés, el exteniente Carlos Farías Ramírez, el exsargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes.
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Según fuentes de Inteligencia de la institución, esta operación se habría realizado al menos durante seis meses en 2017 y habría sido precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Weibel habría sido vigilado y sus llamados telefónicos, interceptados.
El Ejército respondió, consultado para esta investigación, sin negar ni confirmar la Operación Topógrafo. “Según lo regulado por la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ejército de Chile no tiene acceso a los procedimientos de inteligencia que realiza la Dine”, dice una respuesta escrita firmada por el departamento comunicacional de la institución. “La Dine depende del jefe del Estado Mayor General del Ejército y en materia de procedimientos relacionados con la inteligencia militar, contrainteligencia y seguridad militar, da cumplimiento a lo que señala la Ley de Inteligencia del Estado y sus actuaciones son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial a través del ministro de la Corte de Apelaciones que correspondiese”, prosiguió la respuesta del Ejército.
La Ley de Inteligencia, promulgada en 2004 por el entonces Presidente Lagos, permite el uso de procedimientos especiales, los que están “limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”. El Artículo 23 de dicha ley autoriza “la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas”, además de la escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual, siempre que se trate de los casos anteriormente descritos.
No obstante, para realizar este tipo de procedimientos, la legislación exige la autorización judicial de un ministro de la Corte de Apelaciones en cuyo territorio se realice o desarrolle la diligencia. Para ello, el presidente de los tribunales de alzada sortean a dos jueces cada dos años, quienes autorizan las operaciones de inteligencia. En los últimos años, el Ejército ha recurrido decenas de veces a este mecanismo. A cargo de estas autorizaciones, en los últimos años han estado, en la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros como Jessica González, Juan Antonio Poblete y Mario Carroza.
En el caso de la Operación Topógrafo, el Ejército habría recurrido a este procedimiento. A raíz del caso Milicogate, la institución sospechaba en esos años que se habían filtrado documentos de la Ley Reservada del Cobre, considerados secreto militar. Entre sus actividades de resguardo, el Ejército considera las operaciones de contrainteligencia, destinadas a evitar, por ejemplo, que miembros descontentos divulguen información sensible para la institución o se transformen en blancos fáciles de ser reclutados por servicios de otros países.
La Dine depende directamente del Estado Mayor General del Ejército. Durante la Operación Topógrafo estaba a cargo del general Schafik Nasal Lázaro, hoy jefe del Estado Mayor. En 2017, el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez Menanteau, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor. Nazal respondió a La Tercera que no podía entregar información sobre materias ligadas a la Ley de Inteligencia, pero agregó que, en el Ejército “no se realizan interceptaciones sin autorización judicial”.
La Operación Topógrafo se desarrolló en un momento complejo para el Ejército. Desde 2014, cuando explotan las investigaciones por malversación de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, la sucesión de acusaciones pusieron en crisis a la institución. Y a ello se han sumado otras defraudaciones que han derivado en decenas de uniformados procesados y detenciones simbólicas, como las de los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
Pero en 2017, en el centro de las denuncias había cuatro personas que provenían de sus filas. Los cuatro S.
Los cuatro “S”
El capitán Rafael Harvey había denunciado hasta 2017 tres hechos: maltrato y cobros ilegales a conscriptos por parte de sus mandos; faltas a la probidad del entonces teniente coronel Héctor Lara, y la protección del general Germán Marx, hoy en retiro, a una red de corrupción, prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad.
El cabo primero Sergio Tudesca, en tanto, denunció irregularidades en licitaciones públicas en la División de Mantenimiento del Ejército y la omisión de denuncia por estos hechos por parte de generales de esa unidad. El exsargento segundo Juan Pablo Díaz había acusado faltas a la probidad en el Regimiento Logístico Nº 3 Limache, por relaciones entre los altos mandos y los proveedores de la institución, con pagos irregulares de por medio. Por último, el exteniente Carlos Farías administraba en 2017 la página de Facebook “Asesorías Administrativas FA’s”, un grupo creado para dar consultoría legal a los funcionarios que pretendan denunciar abusos o irregularidades al interior de la institución.
La primera de las minutas a las que accedió La Tercera tiene como fecha el 15 de junio de 2017 y se titula Operación Topógrafo (semana del 07 al 14 JUN 2017)”.
Según el texto, el exteniente Farías fue contactado telefónicamente por un funcionario perteneciente a la Brigada de Aviación del Ejército (Bave). “El clase en comento hace mención que se siente ‘hostigado y acosado laboralmente’ por parte de oficiales de su unidad y que este tendría grabación en su poder en donde se escuchan los malos tratos por parte de un oficial de Ejército hacia su persona”, detalla el documento. Farías le respondió que para realizar cualquier tipo de acción judicial debía “tener antecedentes y pruebas contundentes de los hechos”.
La minuta describe, además, el seguimiento realizado al exsargento Díaz Pino, quien tuvo un contacto telefónico con el sargento segundo Juan Pablo Díaz Eyzaguirre, perteneciente a la División de Mantenimiento del Ejército. En el diálogo, este último habría dicho a su par que se contactó con una abogada perteneciente a una fundación de derechos humanos, ubicada en calle Huérfanos, para informar sobre “los antecedentes y la querella que estaría realizando Díaz Pino en contra del comandante en jefe del Ejército por el delito de ‘prevaricación administrativa’”. El jefe de la institución era entonces Humberto Oviedo.
El registro escrito reporta que, en esa semana, el capitán Harvey “no ha presentado ningún tipo de actividad de interés o alguna situación que afecte la seguridad militar, realizando sus funciones con normalidad”.
En cada una de estas minutas, el funcionario a cargo de su elaboración presenta algunas conclusiones. En el caso del primer reporte se informa “que el exteniente Farías, a través de su página de Facebook ‘Asesorías Administrativas FA’s’, continúa asesorando e incentivando a personal del Ejército a denunciar posibles abusos e irregularidades por parte de los mandos de la institución”. Y concluye con dos proposiciones. La primera, “continuar monitoreando las actividades de los cuatro ‘S’ en los medios de comunicación social”. Los cuatro ‘S’, según fuentes de Inteligencia, aludía a los cuatro sujetos que eran objeto de la interceptación.
Nombres falsos
Un segundo documento resume los antecedentes de los “sujetos monitoreados” en la semana del 15 al 21 de junio. La minuta G30200, con membrete G220RJ1 y elaborada por un funcionario que se identifica con el código G2100, presenta a los cuatro espiados bajo identidades falsas. Según fuentes de Inteligencia, y como se desprende, además, de otros documentos, a Rafael Harvey se le denominó Enrique Peñaranda; a Carlos Farías se le nombró Alberto Valdés; a Juan Pablo Díaz Pino, Guillermo Sánchez, y el cabo primero Sergio Tudesca fue identificado como Bernardino Bilbao. El documento recoge diferentes comunicaciones que realizaron Farías y Díaz en redes sociales, incluida la publicación de un documento que se califica con “carácter reservado” y que fue emitido desde el Comando de Bienestar y firmado por el comandante del Comando de Personal, el general de brigada Germán Marx.
El informe describe, además, los movimientos de Tudesca tras recibir una sanción en la Escuela de Equitación, quien se negó a firmar el acta de notificación. Sobre Harvey, ya renombrado como Peñaranda, se informa que no realizó comunicaciones.
En sus conclusiones, la minuta se refiere a tres de los indagados. SobreAlberto Valdés (Farías), se relata que “mantiene contacto con personal activo de la institución, quienes estarían vulnerando la seguridad militar (seguridad de documentación e información y seguridad informática), enviándole fotografías de documentos de carácter reservado para ser publicados a través de la página de Facebook”.
Sobre Guillermo Sánchez (Díaz), dice el texto, “se puede determinar que continuará realizando comentarios en contra del Ejército a través de la página de Facebook ‘Asesorías Administrativas de las FA’s’, cuestionando procedimientos administrativos internos de la institución”. Y se agrega que el exsargento segundo seguirá “publicando imágenes de documentos clasificados, con la intención de incentivar al personal integrante de la institución a denunciar las resoluciones internas del alto mando institucional”.
Sobre Bernardino Bilbao (Tudesca), “se estima que pueda continuar incentivando a personal de la Escuela de Equitación para que testifique a favor en la causa de tutela laboral impuesta contra del Fisco y del CJE”, en alusión al comandante en jefe. “Además, podrá existir la posibilidad de que su caso sea expuesto a los medios de prensa, todo esto con el objeto de ganar popularidad como futuro abogado”.
La minuta vuelve a recomendar mantener el monitoreo a los cuatro.
Otro informe obtenido por La Tercera resume en dos hojas la semana del 20 al 27 de julio de 2017 y detalla una conversación entre el exteniente Carlos Farías con el entonces teniente Ricardo Cepeda Barrientos, de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos. De acuerdo a la información recopilada, Barrientos “se comunicó con Valdés (el nombre asignado a Farías) para consultarle si corresponde o no que quede registrado en su ‘hoja de vida’ el que haya presentado un recurso de protección en su nombre, ya que se encuentra en un sumario y pasará a la Junta Médica del Ejército”. Según el documento, Cepeda había sido diagnosticado con la pérdida del 23% de su audición por desempeñarse en el Taller de Abastecimiento de Material de Guerra de su unidad. Farías, según registró la Dine, le recomendó “que se mantenga en dicha área de desempeño y así conservar el ‘porcentaje nocivo’ el mayor tiempo posible, ya que el Ejército, al no poder mantenerlo hasta los 20 años de servicio por estar con problemas médicos, posiblemente optaría por llamarlo a retiro por necesidad del servicio”.
“Que terminen de huevearme”
Rafael Harvey fue un objetivo preferente para la Dine. Así dan cuenta las tres minutas dedicadas al capitán acusado por la institución de sedición, en la justicia militar, al impulsar el retiro de una decena de conscriptos.
La minuta del 29 de agosto de 2017, con membrete G220RJ1, detalla la comunicación entre Harvey y el entonces mayor Manuel Olivares Baz, en la que el primero le relata a su interlocutor que debería presentarse a un alegato en la corte por el recurso de protección que presentó por perder su especialidad de paracaidista. A partir de esta información, la minuta concluye que Harvey “será su propio defensor en un alegato ante la corte dentro de esta semana, por la pérdida de especialidad, y su argumento principal será el incumplimiento de una orden expresa del CJE (S)”. Esto último aludía al comandante en jefe del Ejército subrogante, Ricardo Martínez.
Otro informe de la Dine, del 30 de agosto de 2017, detalla un diálogo entre Harvey y el entonces mayor Carlo Bertoló Moyano. Harvey estaba postulando a la Academia de Guerra y le decía a su interlocutor que su única alternativa era saber quién reemplazaría a Oviedo en noviembre de ese año, lograr ser recibido por él y que, de no ser así, hacerle sentir que “será una pulga en sus oídos” y “que lo va a huevear cuatro años”, y así “pueda ordenar que terminen de huevearme”.
Además, entre los documentos de la Operación Topógrafo facilitados a La Tercera por personas que cuestionan que el Ejército utilice la inteligencia institucional para estos fines, se encuentran dos transcripciones de interceptaciones telefónicas al teléfono de Harvey. La primera trata sobre un diálogo del capitán con su padre, el coronel (R) Hugo Harvey Parada, y otra con un efectivo de la institución a quien denominan “S ESCMIL”, al ser este un suboficial de la Escuela Militar. Ambas transcripciones son nombradas como “H” y, según se detalla, la primera ocurrió el 20 de julio, a las 11.21 horas, con una duración de 15 minutos. En tanto, la segunda se habría realizado el 14 de julio, a las 9.44 horas, con una duración, según establece el documento, de 17 minutos.
Dos espiados
El excomandantes en jefe Humberto Oviedo (2014-2018) y el actual, Ricardo Martínez, han solicitado la baja de Harvey, pero los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no han firmado la solicitud. El capitán Harvey se mantiene hoy activo. Contactado por La Tercera, Harvey reconoció como propias las conversaciones y acciones registradas por los reportes de la Dine. “Los documentos con transcripciones de conversaciones telefónicas corresponden a diálogos que efectivamente sostuve de manera privada con dos personas que conozco y de quienes tengo la certeza que no registraron ni transcribieron las conversaciones privadas”, indicó Rafael Harvey. “Jamás he estado vinculado ni conexo al terrorismo, crimen organizado ni al narcotráfico”, afirmó en relación a las causales que establece la legislación para autorizar las interceptaciones.
Sergio Tudesca, en tanto, dijo que si el espionaje y las escuchas fueron realizadas en los casos que la ley determina y autorizadas por el ministro de corte competente, “son las reglas establecidas para todo ciudadano”. De no ser así, enfatizó que ello “deviene en un hecho ilícito, grave y complejo, que no solo atenta contra mis derechos, sino contra la democracia, especialmente si los tribunales de justicia determinan que dichas acciones fueron realizadas por agentes del Estado”.
Tudesca consideró “lamentable tomar conocimiento de cosas como estas”, y aseguró que de determinarse su ilegalidad “viene a constatar una realidad que muchos creen hace bastante tiempo, sin haber forma de comprobar que esto sucede, hasta ahora”.
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