Todas al Congreso

Lorena Fries

Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Un triste récord de participación de las mujeres en política tiene Chile en comparación con sus vecinos y con otros países fuera de la región. La aprobación de la reforma al sistema electoral, acompañada de la incorporación de normas que impiden la supremacía de un sexo por sobre otro, posibilitando al menos un 40% de candidaturas de las mujeres, constituye un gran avance en derechos humanos.

inCompartir

Los argumentos esgrimidos durante la discusión parlamentaria para evitar la inclusión de la cláusula de no discriminación en el acceso a candidaturas y ubicarlas en lugares ganables han sido los que siempre se han levantado para evitar el avance de los derechos de las mujeres: que rompe con el principio de igualdad, que no hay mujeres suficientes para llenar los cupos, que a las mujeres les gusta menos la política o que la política no está hecha para las mujeres, que por nuestra naturaleza nos sentimos mejor haciendo otro tipo de tareas, o que se deslegitima la votación de las mujeres puesto que están artificialmente incorporadas, entre otros. Todos estos argumentos, esgrimidos hace más de una década en los países que entonces discutían la adopción de leyes de cuotas, no impidieron que esas sociedades lograran un salto cuantitativo en las tasas de participación de mujeres cuando las adoptaron. Enterrados quedaron los malos augurios, las interpretaciones anquilosadas sobre la igualdad y sobre la supuesta escasez de mujeres preparadas para dicho desafío.

Es de la lógica más elemental que si a un grupo compuesto mayoritariamente de hombres, como es el Congreso, se incorpora un número relevante de mujeres, los debates y las discusiones cambien, dado que la experiencia que traen las mujeres está marcada en términos de identidad y de roles por el orden social de género en el que vivimos. En espacios de toma de decisiones respecto a asuntos públicos, esto puede significar el comienzo de un camino que, a mediano o largo plazo, permita eliminar otras formas de discriminación hacia las mujeres.
Por otra parte, en el marco de una crisis de legitimidad y representatividad de instituciones, la incorporación de mujeres al Congreso contribuye a represtigiarlo, ampliando su representatividad en un país en el que la mitad de la población somos mujeres y donde se requiere que su voz se exprese y se vea reflejada en la política para fortalecer nuestra democracia.
Desde 1998 en adelante, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW y el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas, entre otros, han sido persistentes en señalar su preocupación por el desequilibrio en la participación política en cargos de representación, entre hombres y mujeres. Junto con ello, los organismos de Naciones Unidas hoy se vuelcan a promover la necesidad de adoptar un concepto de igualdad sustantiva, que implica la redistribución de poderes y recursos, y la adopción de medidas especiales de carácter temporal para acelerar en los hechos el camino hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres.
Se trata de un desafío que, aunque tardíamente, Chile empieza a abrazar, dando una respuesta en el sentido correcto en materia de derechos humanos. De ahora en adelante, no hay excusa para que las mujeres no nos sintamos convocadas –por el hecho de ser tales– a participar en las próximas candidaturas al Congreso. De paso, vaya un tributo a todas las diputadas y senadoras, sin excepción, que en difíciles condiciones y con múltiples obstáculos, han podido llegar a donde están.