Hay que abordar esto en cierto contexto. Mi primera apreciación es que no existe ninguna voluntad del gobierno actual de materializar ni la expropiación ni el sitio de memoria. Si hubiese problemas técnicos —como los que levanta el ministro—, está en todo su derecho e incluso su obligación levantarlos, pero tendría que corregirlos. Optar solamente por deconstruir en vez de construir es bastante lamentable.
El tema de la cifra estratosférica se sabía de alguna forma: no la cifra exacta, pero sí que era muy alta, incluso para la administración anterior, que ya había encaminado diligencias para achicar el polígono a expropiar a lo mínimo necesario.
Pero lo que hace el ministro Poduje es, en buen chileno, arrancarse con los tarros: tomó una decisión inconsulta con Presidencia. Trata a las víctimas de la colonia en igualdad de condiciones con una ciclovía en Alameda. Mis representados no son baldosas de una ciclovía: son seres humanos. Por lo menos habríamos esperado una reunión con él. Nos hemos reunido durante más de un año con todos los ministerios, siempre en un contexto de respeto y diálogo; de repente asume una nueva administración y nos trata así.
Respecto al fondo, el ministro puede tener sus razones: la suma es muy alta. Pero hay que decirlo claramente: tampoco debe llegar ni un peso de esa expropiación a la ex cúpula de la colonia. Y eso está en trabajos y protocolos de conversación.
—El gobierno argumenta el costo. Pero ¿a quiénes llegaría el dinero de la expropiación?
Hay que prestar mucha atención aquí. La ex Colonia Dignidad siempre argumenta que todos los colonos son accionistas, víctimas y victimarios o personas en zona gris. Pero en la práctica, los colonos tienen tan poco poder sobre sus propios fondos como alguien que los tiene en una AFP. Legalmente son dueños de sus acciones, pero hemos visto cómo funciona eso: la colonia ha vendido inmuebles por miles de millones en el pasado y jamás ha subido un peso a la matriz donde están todos los colonos. Aquí pasaría exactamente lo mismo.
Las sociedades están controladas por dos personas: los hijos de los exjerarcas, que administran las acciones de forma muy astuta. Incluso hoy presentan empresas de publicidad para mostrar que no tendrían las acciones directamente, pero cuentan con toda una red de personas alineadas que representan sus votos en la asamblea. Yo lo he presenciado: uno de esos hijos llega a la asamblea, abre una maleta y declara el 80% de las acciones presentes, porque ahí se cuentan las acciones, no las personas.
Esclavitud y deuda del Estado
—Usted también ha señalado que las víctimas incluyen personas que vivieron bajo esclavitud mucho después de la dictadura. ¿Puede explicar ese aspecto?
Lo que hizo Paul Schäfer en su momento fue poner a toda la gente que trabajaba —en condiciones de esclavitud, de lunes a lunes, todo el día— como socios de la colonia, para que legalmente fueran colaboradores y no trabajadores, algo similar a lo que hacen hoy plataformas como Uber. Cuando se canceló la personalidad jurídica, el abogado de Schäfer incluso demandó a la propia colonia por deudas laborales en representación de los colonos, para ponerse en posición de preferencia frente al fisco.
Los primeros sueldos en Villa Baviera se pagaron recién en 2005. Uno asocia el caso de la colonia al período de la dictadura, pero la colonia empezó antes y se perpetuó mucho después. Hay una deuda del Estado con las víctimas en el más amplio sentido: víctimas de la dictadura, y víctimas del régimen interno que las mantuvo en condiciones degradantes por décadas.
Reconocemos que la expropiación no es una solución perfecta. Lo ideal sería que ese dinero llegara directamente a los excolonos, a las víctimas que sufrieron en Villa Baviera. Pero el sitio de memoria al menos implicaría un reconocimiento histórico y un cierre. No es una solución perfecta, pero es un paso.
La tasación cuestionada
—¿Qué opina de la tasación de $47 mil millones que justifica la decisión de Poduje?
Es una tasación claramente manipulada. Uno puede suponer que los tasadores, por error, incluyeron activos de los negocios de la colonia que no deberían entrar en el cálculo. Por ley, el arrendatario y su negocio no se cuantifican en una tasación. La empresa de turismo, que funciona bajo un contrato de arriendo sobre el hotel, no debería considerarse. Además, los números no cuadran: ese negocio de turismo no produce utilidades. El año pasado generó 5 millones de pesos en todo el ejercicio. Es un negocio de pérdida que se mantiene simplemente para conservar una fachada.
Yo pedí en febrero de este año, por la Ley de Transparencia, acceso a la tasación —porque sabía que la cifra era estratosférica, aunque no tenía el número exacto—, y me la negaron. Eso está siendo impugnado actualmente.
Compare con lo siguiente: el parlamento alemán encargó una evaluación del patrimonio de la ex Colonia Dignidad a la empresa alemana GIZ. Esa evaluación tasó aproximadamente 7.000 hectáreas en $20.000 millones. Ahora tenemos una tasación de $47.000 millones solo por 66 hectáreas. Claramente hay algo mal. El patrimonio que la propia colonia presenta anualmente a sus accionistas —activos, pasivos, derechos de llave incluidos— ronda los $5.000 a $7.000 millones. Que llegue una tasación de $47.000 millones por una fracción de ese patrimonio no tiene ningún sentido.
Lo que pedimos es que se publique la tasación completa para ver en qué parámetros se basan: cuánto vale el metro cuadrado construido, cuánto el no construido, si incluyeron o no los negocios de la colonia. Es un documento razonado y hay que conocerlo.
—¿Cuál sería la salida que usted espera del gobierno actual?
Uno podría entender perfectamente que el ministro dijera: "Busquemos una forma de reducir el pago, recalibremos la tasación, hagamos una nueva, veamos si se hizo correctamente, busquemos un esquema." Pero no retrotraer todo y sin diálogo. Esa es la diferencia. No estamos exigiendo el pago de $47 mil millones: estamos exigiendo que se dialogue y que se avance en el reconocimiento de la memoria y la reparación. Son cosas distintas.
Los compromisos internacionales
—¿Qué papel puede cumplir Alemania? ¿Tienen fe en la comisión mixta que se viene?
Chile tiene compromisos internacionales que cumplir. El presidente alemán visitó en su momento Chile y acordó con el presidente del país la construcción de un sitio de memoria. Lo mismo hizo el canciller alemán de la época. Son acuerdos de carácter internacional. Existe además una comisión compuesta por representantes de las cancillerías chilena y alemana, con la participación de diputados de todas las bancadas alemanas —no solo de un sector político—, que ha prestado apoyo técnico y asesoría durante años. Alemania está genuinamente preocupada por este tema, y Chile tiene un compromiso que no puede evadir.
Si uno revisa la prensa internacional, el eco que ha tenido esta noticia no es una buena imagen para Chile. Pareciera que el gobierno reduce todo a un criterio económico. Lo dije irónicamente en mi cuenta X: bajo ese razonamiento, en Chile no podrían existir monumentos, parques, bibliotecas ni memoriales mientras no tenga vivienda digna el último chileno. Es un tema de prioridades, pero las prioridades no pueden definirse únicamente en base a criterios económicos.
Existe además un problema legal que, si hubiera voluntad política, se podría resolver: se puede consultar a la Contraloría para despejar los aspectos técnicos, hay rutas alternativas. Si existe voluntad, los problemas se resuelven.
La vía legislativa que no se tomó
—El gobierno de Boric optó por la vía administrativa de expropiación. ¿Había una alternativa mejor?
Sí. El gobierno anterior tenía dos caminos: la vía legislativa, que incluía una ley de expropiación y reparación a las víctimas —que podría haber previsto el destino exacto de los fondos— y la vía administrativa, que es impugnable judicialmente. Sabíamos que la colonia tenía un equipo de abogados listo para impugnar el decreto en el momento en que apareciera en el Diario Oficial. La vía legislativa habría sido mucho más limpia.
¿Estaban los votos? Yo creo que sí. El gobierno optó por la vía administrativa pensando que no los tenía, pero la verdad es que Colonia Dignidad no es un tema de un solo bando político. Hay muchos votos en la derecha de personas que entienden perfectamente el problema. Recordemos que hace pocos años, cuando la entonces presidenta del Senado envió un requerimiento al expresidente Piñera para crear una comisión de verdad, justicia y reparación, ese documento fue firmado por todos los senadores sin excepción. Al final del día, el caso de la colonia afectó la soberanía nacional y la sigue afectando. No debería politizarse.
Un asunto cultural
—Usted ha señalado reiteradamente que la impunidad histórica de Colonia Dignidad tiene raíces culturales profundas. ¿Por qué?
Colonia Dignidad es, en gran parte, un tema cultural. Me hago la pregunta: si ese grupo de inmigrantes alemanes hubiese sido venezolano o haitiano, ¿cuánto tiempo habría durado ese asentamiento en el sur de Chile? Meses, no cincuenta años. No se habría usurpado la soberanía chilena durante medio siglo. Ese prejuicio positivo hacia los europeos pesa hasta el día de hoy y explica en gran medida cómo la colonia llegó a tener el poder que tuvo.
También lo veo en el trato que el Estado le da al tema. Esas leyes no escritas, lo que está en el ambiente, lo que es parte de la cultura: a veces son más poderosas que una ley escrita. Y eso, lamentablemente, es así.
El camino pendiente
—¿Cuál es su reflexión final? ¿Qué le pide al gobierno y a la ciudadanía?
Lo primero: Colonia Dignidad no es un tema de color político. Lo segundo: no debe abordarse únicamente como un aspecto económico. Lo que hay que crear es una comisión de verdad, justicia y reparación que nos permita establecer con claridad quiénes son las víctimas, porque en Colonia Dignidad es muy difícil —aunque no imposible— distinguir entre víctimas y victimarios: hay personas que fueron ambas cosas a la vez.
Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para negociar y conversar con todos los gobiernos. Ojalá el gobierno actual nos escuche y se dé una solución. Este es un asunto que abarca más de la cuarta parte de la historia de Chile como nación independiente, más de 60 años, y el Estado no ha sido capaz de resolverlo de una vez por todas.
Llamamos al diálogo. Llamamos a que seamos tratados con respeto y no en una situación de ser homologados con una ciclovía de Alameda. Hay una deuda pendiente del Estado de Chile con las víctimas de Colonia Dignidad, y esperamos que se honre.
