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Una dura arremetida lanzó el abogado argentino Rodolfo Yanzón, defensor de Galvarino Apablaza, tras la orden de detención emitida en Argentina contra el exfrentista. El jurista calificó el procedimiento como una operación irregular impulsada por intereses políticos y advirtió una vulneración directa al derecho internacional.
Apablaza, procesado en Chile como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, enfrenta un nuevo escenario judicial luego de que la jueza María Servini ordenara su detención, en ausencia del juez titular de la causa, Ariel Lijo, quien se encontraba con licencia.
Para Yanzón, el procedimiento no solo es cuestionable, sino derechamente ilegal.
“Se trata de una sucia jugada del gobierno”, afirmó el abogado, apuntando a una coordinación política entre autoridades chilenas y argentinas para acelerar un proceso que, a su juicio, ya estaba jurídicamente resuelto desde que Argentina otorgó el estatus de refugiado político a Apablaza en 2010.
“Violación de la Convención de Refugiados”
El eje de la defensa apunta a que la orden de detención vulnera la normativa internacional. Según Yanzón, mientras no exista una resolución definitiva sobre la revocación del refugio —actualmente impugnada mediante un recurso extraordinario— Apablaza sigue protegido por la Convención de Refugiados.
“Si no se define el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente”, sostuvo, cuestionando que se haya avanzado en medidas restrictivas sin que ese punto clave esté zanjado.
El abogado fue más allá y acusó una maniobra deliberada para sortear obstáculos institucionales. “Aprovecharon que Lijo estaba con licencia y le llevaron a firmar una orden de detención a Servini”, señaló, enfatizando que se trata de un caso “extremadamente delicado” donde está en juego una figura central del derecho internacional.
Sin orden judicial firme, sin fuga
Tras el fallido operativo policial en el domicilio de Apablaza, surgieron versiones sobre una eventual fuga. Sin embargo, Yanzón descartó de plano esa interpretación.
“Apablaza no tiene ninguna restricción a su movilidad”, afirmó, subrayando que no existe una orden judicial firme que obligue a su detención en condiciones regulares.
En esa línea, también rechazó la viabilidad de una extradición en curso. “No hay extradición que cursar, lo que están haciendo es ilegal”, insistió.
Un “gesto político” en clave internacional
El defensor vinculó directamente el avance del caso con la coyuntura política, en particular con la próxima visita a Argentina del presidente chileno José Antonio Kast, quien se reunirá con Javier Milei.
“Es un regalo que le quisieron dar a Kast y se van a quedar con las ganas”, afirmó, sugiriendo que la orden de detención responde más a gestos políticos que a fundamentos jurídicos sólidos.
La acusación no es menor: instala la idea de que el caso Apablaza está siendo utilizado como moneda de intercambio político entre gobiernos alineados ideológicamente.
Presión política y disputa por la memoria
Desde sectores políticos y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, el caso también es interpretado como parte de un proceso con fuerte carga política. En esa línea, se ha planteado que la situación judicial de Apablaza se desarrolla en un contexto de presión por parte de sectores de derecha tanto en Chile como en Argentina, lo que —según estas voces— influiría en la persistencia del caso en la agenda pública y en las decisiones institucionales.
En este marco, la ofensiva judicial contra el exfrentista es leída como parte de una disputa más amplia: no solo sobre responsabilidades penales, sino también sobre el relato histórico de la transición, el rol de la resistencia armada y los límites de la justicia en contextos marcados por profundas divisiones políticas.
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