DONDE ESTA SANTIAGO MALDONADO.

Sabado 30 de septiembre 2017
DONDE ESTA SANTIAGO MALDONADO.
CONVOCATORIA EN ARGENTINA.
CHILE SOLIDARIZA

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DOCUMENTAL FRANCES SOBRE LA ESMERALDA

SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2917
https://www.youtube.com/watch?v=CmbtDCLZmWU&feature=youtu.be

En ocasión del fin del crucero 2017 del buque-escuela Esmeralda, publicamos en Youtube, el documental "Los fantasmas de la Dama Blanca", con el fin de solidarizar con quienes sufrieron exacciones durante la detención en el barco.

La Esmeralda llega a Valparaíso el 1 de octubre de 2017.

Esta publicación es nuestra contribución a la búsqueda de la verdad, a la lucha contra la impunidad y a la Memoria Histórica.

La traducción al castellano fue hecha por nuestra Asociación:
Collectif pour les Droits de l'Homme au Chili (France)

Agradecemos la difusión. Este documental no es conocido en Chile.

VER VIDEO AQUI

fantasmas dama blanca - Esmeralda

"ESMERALDA" - Buque Escuela de la Armada de Chile Con ocasión del fin del Crucero 2017 del buque escuela…

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Garretón: “Urge terminar con las Fuerzas Armadas si se quiere avanzar en la cultura de los derechos humanos”

Diario Uchile |Sábado 30 de septiembre 2017 10:57 hrs.

El abogado Roberto Garretón mencionó que el país ha asumido una política de la “No Repetición”, consagrada en instrumentos internacionales, pero  todavía están pendientes varias medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía.

 Claves: ejercito, fuerzas armadas, mapuche

En entrevista con el programa “Política en Vivo” de nuestra radio, el abogado de derechos humanos, Roberto Garretón, analizó el rol de las Fuerzas Armadas y planteó necesidad de terminar con la institución militar en el país.

A su juicio, se requiere mejorar los estándares en la cultura de los derechos humanos en aquellos países que han enfrentado dictaduras y otros innumerables hechos que fracturaron sus democracias.

En ese contexto, precisó que lograr que el Estado efectivamente repare los daños causados en ciertos puntos específicos es un triunfo en la materia, pero que también debe asegurarles a las víctimas y a la sociedad que nunca más incurrirá en dichas brutalidades.

Garretón dijo que pese a que el Estado chileno ha asumido una política de la “No Repetición”, que contiene ejes consagrados en instrumentos internacionales, todavía están pendientes varias medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía. Una de ellas, recalcó, es terminar con el ente transgresor, es decir, con la institucionalidad castrense. “La única manera de que no haya repetición, es que no hayan fuerzas armadas”. “El Estado debe hacer esta propuesta y dar garantías para que desaparezcan los hechores de la última violación a los derechos humanos”, aseveró.

Al ser consultado sobre si sería un riesgo terminar con las Fuerzas Armadas de manera unilateral Garretón es claro: “Nunca ha habido ataques a países que no tienen Fuerzas Armadas”. En ese sentido, expuso el caso de Costa Rica que no posee Fuerzas Armadas.  Dijo que “a partir de 1948, finalizada una guerra civil en ese país, un militar dijo que no quería un ejército de soldados, sino de educadores”. Esto sería un ejemplo a seguir por los otros países de América, comentó. Para respaldar su tesis, Garretón señaló que desde 1948 han sido todos los países latinoamericanos los que han contado con dictaduras a su haber, a excepción de uno: Costa Rica.

Además, el abogado cuestionó que el Estado mantenga un elevado gasto público en la formación militar cuando en realidad podrían destinarse a otras áreas de desarrollo y de justicia que requieren de mayor urgencia.  “¿Qué es lo que hace un militar desde las 5 o las 7 de la mañana y durante todo el día? Desfilar, desfilar, ensayar, preparar sus marchas. Cero trabajo intelectual, cero trabajo político, cero trabajo médico”, comentó y aprovechó de repasar las conductas del ejército: “Los militares chilenos han hecho de la mentira y de la cobardía, su máxima. Nunca han dicho una verdad de las cosas que hicieron en dictadura”.

Garretón también se refirió a la compleja situación que enfrentan los huelguistas mapuche imputados por supuestos delitos terroristas en el denominado “Caso Iglesias”. En su opinión, el Estado ha fallado y ha sido incapaz de asumir el conflicto político. El abogado cree que los delitos de los comuneros están lejos de ser de carácter terrorista: “Un delito terrorista debe producir terror a un grupo razonablemente amplio de la población. Terrorismo es de terror. Quemar un camión no le da terror a nadie”.

Agregó que deben reconocer “que los indígenas tienen derechos que les han sido suprimidos pero a pesar de eso los tratan de terroristas” y concluyó criticando la disposición de diálogo del gobierno: “aquí hay que sentarse a conversar. Los mapuche están dispuestos. los que no están dispuestos son los que ocupan la palabra terrorista”.

También Roberto Garretón dijo estar convencido de que el caso Luchsinger Mackay absolvería a los comuneros mapuche imputados porque no sería un asesinato efectuado por ellos.

“Ñamen”: Los rostros de los detenidos desaparecidos del pueblo mapuche

Abril Becerra |Sábado 30 de septiembre 2017 10:32 hrs.

El jueves pasado el Centro Cultural Estación Mapocho inauguró una muestra que presenta más de 20 imágenes pertenecientes a tres casos de detenidos desaparecidos mapuches. “Lo que me interesa es resguardar su biografía. Mostrarlos como personas”, dice Danilo Espinoza, autor de la exposición, quien además reproduce las imágenes originales de las víctimas con una técnica a base de humo.

 Claves: ñamen. desaparecer, venir en olvido

Las fotografías son difusas en la exhibición Ñamen. Desaparecer, venir en olvido. A ratos pareciera que todas las imágenes forman parte de un solo gran álbum familiar, pero no es así, ya que en ella hay tres biografías entrelazadas por la violencia que ejerció la dictadura contra el pueblo mapuche.

Por ejemplo, está la historia de Joel Huaiquiñir Benavides (detenido el 27 de julio de 1974 en Santiago), quien fue visto por última vez en Londres 38 y Cuatro Álamos, pero también está presente la memoria de Luis Calfuquir Villalón, detenido por Carabineros el 18 de septiembre de 1973 en Pitrufquén. Asimismo, está la familia Ramos Huina, que perdió a tres miembros de su clan.

Ñamen. Desaparecer, venir en olvido, que fue inaugurada el pasado jueves en el Centro Cultural Estación Mapocho, fue el resultado de una larga investigación del académico y artista visual Danilo Espinoza, quien se trasladó hasta el Biobío, La Araucanía y Los Ríos para entrevistar a los familiares de las víctimas. “Yo había estado leyendo algunas cosas sobre el pueblo mapuche y en ese proceso me di cuenta de que el tema de los detenidos desaparecidos  mapuches era algo que no se había abordado mucho. Entonces, me pareció interesante poder indagar sobre esto”, comenta sobre el origen de la exhibición el artista.

“Cuando se habla sobre los detenidos desaparecidos se hace desde el punto de vista de darle visibilizad a las causas, gestionar las denuncias, pero lo que a mí me interesa es resguardar la biografía de los detenidos desaparecidos. Mostrarlos como personas”, agrega.

Danilo Espinoza durante inauguración de la muestra en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Grabar con humo

La muestra incluye más de 20 imágenes que fueron reproducidas con una técnica a base de humo.

En 2008 el Espinoza comenzó a realizar este tipo de grabado, primero dando a conocer una exhibición sobre mujeres mapuches en la ciudad y luego, presentando una muestra sobre álbumes familiares de familias mapuches.

“Me di cuenta de que este trabajo con el humo está muy ligado a la memoria, pero también refuerza algo que es propio de la fotografía que es que todo retrato cuenta de algo que no está. Además, en la cultura mapuche el humo está presente en las rogativas y en distintos rituales. Entonces, yo vinculo mi humo a la cultura mapuche”, explica Espinoza.

Desapariciones y dictadura

Según el artista durante la investigación él logró definir una hipótesis: “Antes del Golpe de Estado estaba la Reforma Agraria, lo que generó mucho resentimiento sobre el campesino y sobre el mapuche, producto de las devoluciones de tierra”, dice.

“Entonces, en ese sentido, me encontré con gente que denunció las desapariciones muy tarde y se cree que todavía hay gente que no ha generado las denuncias por temor”, comenta el artista, quien además afirma que durante 2018 publicará un libro con los resultados del proyecto.

Al mismo tiempo, el artista comenta que las personas entrevistadas que con la dictadura se reforzó la discriminación contra las comunidades: “Cuando aparecía el componente étnico en las detenciones la violencia era mayor. El padre de María Elena Calfuquir, Luis Calfuquir Villalón, por ejemplo, era administrador de un Hospital. Él era muy reconocido en el pueblo de Pitrufquén, pero una vez que fue detenido pasó a ser nombrado despectivamente como ‘indio’”, señala.

Una represión permanente     

Para el artista, en tanto, la exhibición se sitúa  además en un ámbito contingente: “En el fondo, sumado a lo que pasa actualmente en La Araucanía uno puede reconocer es que la violencia ha sido algo constante, que no termina, que los intereses económicos y políticos siempre finalmente derivan en una represión sobre el pueblo mapuche”.

Coordenadas exposición   

Ñamen. Desaparecer, venir en olvido se podrá visitar hasta el 20 de octubre, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas en el Centro Cultural Estación Mapocho. La entrada es gratuita.

Crímenes abominables que se han tratado de acallar: Los niños víctimas de la dictadura

• 30 septiembre 2017

Una herida abierta la constituye la desaparición de más de 1.200 compatriotas cuyo paradero aún se ignora. Pero donde esa llaga sangra con más fuerza es en el caso de aquellas mujeres que llevaban un hijo en sus vientres al momento de ser secuestradas.

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Por Mario López M.

Algunos de esos niños no alcanzaron a ver la luz del día, fueron masacrados antes de nacer. Otros se sospecha que sí sobrevivieron, pero se ignora dónde están, lo mismo que el cuerpo de sus madres.

Niños fueron también cruelmente asesinados por la dictadura cívico-militar. Algunos eran pequeños, como los dos del caso Guayacán. Tenían solo 8 y 9 años. A otros los asesinaron por encargo, como el chico Carlos Fariña, de 13 años.  

Al menos cinco mil mujeres sobrevivientes de prisión política en dictadura sufrieron agresiones sexuales. De ellas, 3.400 declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo informe dedica una sección a la brutalidad sexual ejercida contra las presas. Trescientas dieciséis de las afectadas reconocieron expresamente haber sido violadas. Cambio21 los casos de algunas que quedaron embarazadas. Hubo las que abortaron, pero algunos de esos hijos o hijas nacieron.

  

Trescientos siete casos de menores asesinados registró la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991. Muchos se encuentran en las listas de detenidos desaparecidos. Algunos, con el tiempo, aparecieron sepultados ilegalmente en fosas comunes; otros de manera accidental, permitiendo descubrir no sólo qué les sucedió, sino quiénes fueron sus asesinos. 

Nuestra sociedad invisibilizó estas tragedias. ¿Pudor? ¿Protección a las víctimas? ¿Complicidad? Cuál sea el motivo, ad portas de resolverse el acceso judicial al Informe Valech, mantenido hasta hoy en secreto, muchos que participaron de la dictadura cívico-militar temen se conozca su participación o silencio culpable. Son los mismos que dicen defender la vida del que está por nacer y que callaron y callan por los crímenes antes cometidos contra miles de niños, algunos que ni siquiera alcanzaron a nacer. 

Los “hijos de la Patria” 

La ex presa política Nieves Ayress relató a Cambio21 que tras pasar por diversos centros de torturas donde fue abusada sexualmente, llegó en marzo de 1974 al Centro Penitenciario Femenino del Buen Pastor.

“En abril me di cuenta de  estaba embarazada y esto lo confirmó el doctor Mery, un médico militar que ejercía en la Universidad Católica, y quien me dijo que yo debiera estar orgullosa de tener un ‘hijo de la patria’. Mi embarazo causó gran controversia (…) Un grupo de esposas de militares vino a visitarme y me prometieron la libertad si yo no hacía más declaraciones sobre mi embarazo y mi tortura, y hasta me amenazaron con quitarme mi hijo una vez que naciera”, recuerda. 

Las religiosas a cargo del lugar “ofrecían ayudarme a pedir permiso para un aborto. Era muy duro para mujer aceptar el estar embarazada producto de una violación, pero en mi caso era aún más terrible por lo que vivía a diario (…) Yo estaba muy mal físicamente y si me hacía un aborto clandestino en la prisión me podía morir. Por ese motivo decidí tener el hijo. Después de haber sobrevivido meses de tortura y detención, no les iba a dar el gusto a los militares de morirme. Sin embargo, a fines de abril o mayo comencé a tener mucho dolor en el vientre y a perder coágulos de sangre. Aborté en forma espontánea. No recibí atención médica durante la pérdida, salvo de las compañeras presas del área médica”, relató a nuestro medio.

No hay certeza de cuántos niños nacieron producto de estas violaciones. Sin embargo, al menos dos casos han sido expresamente reconocidos por sus madres, cuyas identidades han sido resguardadas. Testimonios desgarradores dan cuenta de fantasmas que les persiguen hasta hoy: “¿tendré los rasgos de quien violó a mi madre?”, se pregunta una de las hijas que nacieron producto de esa brutalidad, como consignó un Informe Especial a cargo de la periodista Consuelo Saavedra llamado “Los hijos invisibles de la dictadura”. 

Judicialmente se conoce el caso de un represor que inscribió a una menor a su nombre, el teniente Hernán Valle Zapata, adscrito a la DINA. En la oportunidad presentó dos testigos de la paternidad, Silvya Pérez Ortúzar y Hernán Blanche Sepúlveda, quienes también aparecen ligados a organismos represivos. Tras inscribirla, la abandonó. La madre de la menor jamás fue consignada en actas o documento alguno. Valle se llevó a la tumba el secreto. La hija ha buscado por años saber quién de quién ese hija. 

Llegaron embarazadas, nunca volvieron

Varias jóvenes embarazadas al momento de ser secuestradas perdieron a sus bebés producto de las torturas. Reinalda Pereira, de 29 años y con cinco meses de gestación, fue detenida el 15 de diciembre de 1976. Fue asesinada junto al hijo que llevaba en el vientre en el cuartel Simón Bolívar. Así lo reconoció a Cambio21 Jorgelino Vergara, el mocito del director de la DINA, Manuel Contreras, quien durante un tiempo fue asignado a ese centro de exterminio: “estaba embarazada, eso lo sabían los agentes y quienes la torturaron. Tenía unos meses de embarazo esa pobre mujer. La mataron a golpes; esos fueron Lawrence y Barriga. A ella y al niño los molieron a golpes”, relató. Sigue desaparecida. 

Otras, con un avanzado estado de gravidez, fueron hechas desaparecer y sus cuerpos y los de los hijos -presumiblemente nacidos en cautiverio-, jamás se han encontrado. El caso más cercano a esa realidad es el de Michelle Peña, una bella joven de 27 años con ocho meses y medio de embarazo al momento de su secuestro por la DINA. “Yo estuve aquí, Michelle Peña. Agosto de 1975”, escribió en una muralla de Villa Grimaldi. Faltaban solo quince días para que diera a luz. El Ejército dijo que la había lanzado al mar… pero nada se ha dicho aún sobre el destino del hijo que llevaba en el vientre… 

Su madre, Gregoria, quien tenía en aquella época un local frente a las Fiscalías Militares dijo a Cambio21: “Michelle fue trasladada antes del parto al Hospital Militar y luego al Hospital de la Fuerza Aérea, en donde habría nacido su hijo. Yo conocía a muchos de los que allí trabajaban (…) en mi desesperación solicité a uno de ellos (que) me ayudara a buscarla. Días después me informó que Michelle estaba bien”. 

El sargento 1° y enfermero del Ejército de la Brigada de Sanidad de la DINA Vicente Álvarez, en declaración policial realizada el 6 de junio del 2005, agrega otro dato: “hacia fines de junio (1975) llegó a la Clínica Santa Lucía una mujer en avanzado estado de gravidez, a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida por uno (…) de los doctores de la Brigada de Sanidad de la DINA que estaban en la clínica ese día”.

Después de esa visita a la clínica de la DINA Michelle habría sido devuelta a Villa Grimaldi. Solo los secuestradores, torturadores y asesinos conocen toda la verdad.

Lo mataron por encargo

Carlos Patricio Fariña Oyarce fue detenido en su domicilio: “A las 09:30 horas del 13 de octubre de l973, la morada de calle Los Músicos 6074, de La Pincoya fue cercada -al igual que el resto de esa población- por carabineros de dotación de la Comisaría de Conchalí y militares del Regimiento Yungay. Fue así como ingresaron estos últimos a dicha vivienda y exigieron a la señora Josefina Edith Oyarce Cortés que les entregara a su hijo menor, Carlos Patricio Fariña Oyarce, estudiante de enseñanza básica, sin cédula de identidad, de sólo 13 años de edad a esa fecha”, relata la sentencia. 

En el operativo participó el Regimiento de Infantería N°3 Yungay de San Felipe. Para el golpe de 1973 habían sido asignados para controlar vastos sectores de Quinta Normal y Pudahuel y se encontraban acantonados en el Internado Barros Arana.  Allí trasladaron al menor. Desde ese lugar por años se le perdió la pista.

 

Comandaban distintas unidades del regimiento oficiales conocidos por su fiereza, e incluso eran temidos por sus propios hombres. Uno de ellos, el comandante Donato López Almarza, el asesino intelectual; otro, el asesino directo, Enrique Sandoval Arancibia.

Este último confesó que durante la madrugada siguiente a la detención, fue llamado por el Mayor Donato López, quien le expresó que ese menor debía ser eliminado y, además, debía hacerlo desaparecer. Que había recibido la información que este niño era un peligro para la población, con malos antecedentes y que era un “pato malo”. 

La “información” provenía de su amante, Leontina Díaz Huerta, madre de un chico que había tenido un incidente con Fariña. Confesó que mantenía “una relación sentimental con el comandante Donato López, quien después del golpe militar la sacó de La Pincoya, instalándola en otra casa fuera del lugar, visitándola a veces”.

Sin asco

A Fariña lo fusilaron e hicieron desaparecer. Sandoval confesó, muy suelto de cuerpo: “no tenía idea cómo se efectuaba un fusilamiento, pues solamente lo había visto en películas”, agregando que puso al menor frente al  pelotón integrado por unos ocho fusileros, se le subió el chaleco que vestía para cubrirle el rostro, para que de esa forma  no presenciara lo que sucedía en ese momento, y luego bajó su mano dando la señal de disparar. Tras asesinarlo, los conscriptos excavaron una fosa en el lugar. Acto seguido sacaron bencina del camión y rociaron el cuerpo,  procediendo a quemarlo para posteriormente enterrarlo en el lugar. 

El niño permaneció desaparecido por años, mismos años en que incluso el ministerio del Interior negaba que existiera, aduciendo que como no tenía cédula de identidad, luego no existía. Pero un accidental hecho permitió conocer la verdad. Sus restos fueron encontrados el año 2000 en un sitio eriazo de Américo Vespucio con San Pablo, cuando se realizaban excavaciones para la construcción de un parque industrial. La madre de Carlos Fariña falleció, víctima de cáncer, el 22 de noviembre de 1977 sin saber su paradero. 

Donato fue condenado y terminó en Punta Peuco. También está condenado por otros crímenes, entre ellos el del cura Joan Alsina y los jóvenes Víctor Vidal Tejeda, de 16, y Héctor Araya Garrido, de 20, ambos fusilados. El primero aún está desaparecido. El segundo, apareció en una tumba común del Cementerio General. También se le condenó a 17 años por los homicidios del camarógrafo Hugo Araya González y de Marta Ana Vallejo Buschmann, funcionaria de la universidad Técnica del Estado, ambos asesinados al día siguiente del golpe.

Juegos truncados

¿Qué peligro representaban niños de solo 8 y 9 años a la dictadura? Fueron fusilados en Coquimbo en diciembre de 1973. Sí, tal como lo lee. Todo apunta a que lo hizo una patrulla militar que custodiaba unos gasoductos en el sector La Herradura. 

El 24 de diciembre de 1973 tres niños -Rodrigo Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques de almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. Patricio Díaz salvó con vida porque su padre al verlo al regresar de su trabajo se lo llevó a casa. Los otros dos se quedaron jugando allí. No volvieron  jamás a sus hogares, al menos vivos. 

Provocó molestia la búsqueda de los niños en las autoridades de la época. La población fue cercada y allanada y se sometió a las familias de los menores a “arresto domiciliario”. Como si eso no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento para ser interrogados y torturados. A pesar de la búsqueda, los chicos no aparecieron. 

Cinco años después, en agosto de 1978, algunos niños del vecindario encontraron los restos de los menores mientras jugaban. Estaban sepultados a orillas del camino que conduce a La Herradura, cercano a los depósitos, y a 100 metros de las casas. Extraño, pues en ese lugar se habían desplegado todos los medios y no fueron hallados. “Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, asegura el diputado Hugo Gutiérrez, quien fuera el abogado de las familias. 

En el Servicio Médico Legal se realizaron peritajes. A los padres se les dijo que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usa sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico les puntualizó que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado aduce 'causa de muerte indeterminada'”, agrega Gutiérrez a Cambio21. 

El general Juan Emilio Cheyre fue citado en la querella. Tanto él como el Ejército negaron conocimiento. El parlamentario sostiene que “es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar”.

El hijo homónimo del general (r) Manuel Contreras, asegura que el ex comandante en jefe del Ejército sí sabía: “Había un aviso de que el MIR, durante el toque de queda, iba a colocar unos explosivos en unos estanques de combustible. El Ejército puso guardias, los soldados vieron dos siluetas y dispararon. Después se dieron cuenta de que eran niños. Cheyre dice que esa Navidad estaba en la casa de sus suegros (…) Pero era vox populi lo que había ocurrido y él nunca dijo nada”. 

Cheyre solo está acusado en el caso Caravana de la Muerte.

LORENA PIZARRO SIERRA

Marcos Cornelio Rodriguez y Ana Maria Carreño Aguilera compartieron la publicación de Lorena Pizarro Sierra.

Lorena Pizarro Sierra agregó 5 fotos nuevas.

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Seguiremos trabajando por el derecho a la vivienda digna y luchando por la calidad de nuestros barrios frente al asedio del negocio inmobiliario.
#Distrito8

Corte de Apelaciones condena a dos ex agentes de la CNI por asesinato de militante del MIR Iván Quinteros Martínez

La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a dos exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el homicidio de Iván Quintero Martínez, comerciante y militante del MIR, en diciembre de 1981.

Por El Desconcierto / 29.09.2017 @eldesconcierto

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En fallo unánime, la Tercera Sala de del tribunal de alzada decidió ratificar la sentencia que condenó al ex empleado civil de la Armada, Mario Galarce Gil, y al funcionario del Ejército en retiro, Francisco Orellana Seguel, a 15 años de presidio, en calidad de autores del delito.

El tribunal formado por los ministro Claudia Lazen, René Cerda y el abogado Pablo Hales. Según detalló el fallo, la ministra en visita Marianela Cifuentes logró acreditar el asesinato de Iván Alfredo Quinteros Martínez, militante del MIR y comerciante de 31 años.

“En ese período, Mario Francisco Galarce Gil, empleado civil de la Armada de Chile y Francisco Javier Orellana Seguel, funcionario del Ejército de Chile se encontraban en comisión de servicios en la Central Nacional de Informaciones, C.N.I., integrando una agrupación dedicada a la represión de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria”, describieron.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 1981, durante la mañana, cuando Quinteros transitaba en una bicicleta por avenida Lo Ovalle. Entonces, los agentes de la CNI le dispararon utilizando un revólver calibre 38.

“Que, en definitiva, Quinteros Martínez recibió el impacto de cinco proyectiles balísticos calibre .38, que ingresaron por la región cervical derecha, mejilla derecha, tercio inferior del tórax posterior izquierdo, cara externa de la rodilla derecha y cara externa del muslo derecho, quedando tendido en la calzada, frente al inmueble signado con el N° 437 de la avenida Lo Ovalle”, consignó el fallo.

Además, el Estado de Chile fue condenado a pagar una indemnización de $360.000.000 a la familia.

Gobierno retira la Ley Antiterrorista a comuneros mapuche en huelga de hambre

• 30 septiembre 2017

Esta medida viene después de que el ministro de Interior se reuniera esta tarde con los familiares de los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre. A la reunión también asistió la Presidenta Michelle Bachelet.

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Esta noche se informó que el Gobierno solicitó recalificar la Ley Antiterrorista en la querella contra comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre hace 115 días.

Así lo señaló Mario fernández, Ministro del Interior, quien sostuvo que "el Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares".

"Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha instruido a su equipo jurídico (...) se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del código penal".

Lo anterior, ya que hoy se rechazó la solicitud del Gobierno "respecto de la sustitución por una de menor intensidad de las medidas cautelares respecto de los comuneros".

Esta medida fue consecuencia posterior a la reunión que el ministro Fernández mantuviera esta tarde con los familiares de los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre. A la reunión también asistió la Presidenta Michelle Bachelet.

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