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“La dama de la ciencia ficción” y de los derechos humanos

Por: Lucio Cañete | Abril ..2022

Elena Aldunate |

Elena Aldunate ocupa a la ciencia ficción como un campo de prueba para examinar el comportamiento de los seres humanos y cuánto se respetan sus derechos como tales. “La dama de la ciencia ficción” posee una rica obra, mayoritariamente desconocida, donde aborda asuntos feministas, indigenistas, clasistas y otros de frecuente preocupación actual.

Mientras más conocemos nuestro pasado como nación más develamos un glorioso quehacer intelectual donde las mujeres han dejado un legado que, al ser alumbrado en el presente, evidencia que ellas configuraron y desearon un futuro socialmente diferente para Chile. Tal es el caso de Elena Aldunate, mejor conocida como “La dama de la ciencia ficción”, quien a hace casi seis décadas a través de la literatura fantástica comenzó a mostrar realidades que aún nos pesan.

Nacida como María Elena Aldunate Bezanilla (1925-2005), esta santiaguina hija de un Premio Nacional de Literatura empieza a escribir en la década del 50 sobre emociones de mujeres en un medio tradicionalmente restrictivo para después dedicarse a la narrativa de relaciones entre seres humanos (y también entre alienígenas) con una tecnología avanzada pero inexistente en aquel entonces; siendo así catalogada como una de las primeras que en esta parte del mundo se dedicó profesionalmente a la ciencia ficción. Peso al gusto universal de sus cuentos, marcados por una sorprendente originalidad, en varios de ellos se percibe un aire de chilenidad que enorgullese e identifica a las lectoras por el protagonismo que ahí tienen las mujeres.

Así Elena Aldunate destaca en la ciencia ficción no sólo por ser una mujer que abraza ese género literario mundialmente liderado por hombres, sino por el mérito propio de sus creaciones. En efecto, esta escritora combina armónicamente las fantasías tecnológicas con las legítimas fantasías de mujeres. A través de títulos tan sugerentes como Del cosmos las quieren vírgenes (1977), ella relata la historia de amor y entrega donde una mujer gesta miles de hijos para poblar el planeta Tierra. Pero también tiene obras que pueden ser aprovechadas con fines didácticos para desarrollar la imaginación particularmente en la juventud, como por ejemplo Ur y Macarena (1961), donde un extraterrestre ayuda a conocer el mundo interior y exterior de una niña.

Sin embargo, la obra más pertubadora es Juana y la cibernética (1963), que relata la vivencia de una cuarentona desvalida económica y afectivamente, quien queda accidentalmente atrapada en la fábrica donde trabaja como obrera.

En este libro, durante la víspera de Año Nuevo, cuando sufre su encierro, la protagonista reflexiona sobre la disposición de los servicios higiénicos estratégicamente localizados para mantener el control sobre las operarias. También recuerda la humillante broma que sufrió por parte de un señor en una fallida cita. Nota el abuso entre las mismas mujeres al acordarse cómo su tía la sobrecargara con tareas domésticas. Repara sobre la injusticia por el despido del nochero al negarse a trabajar en aquel día feriado. Se cuestiona sobre la cantidad de desempleadas que quedarán ante el progreso de las máquinas. Le es imposible olvidar esa eterna pregunta que le formulan en todos los lugares: “casada o soltera”. Pero mantiene una esperanza al imaginar que ahora saldrá en los diarios: “La mujer que pasó tres días encerrada en una sala de máquinas”. Juana piensa que probablemente esta noticia sirva de propaganda a la empresa y así logre el aumento salarial que reiteradamente le han negado, evento que no ocurre porque al final en la soledad de su involuntario encierro ella termina de manera fatal entregándose sexualmente a una máquina.

En este y otros relatos Elena Aldunate ocupa a la ciencia ficción como un campo de prueba para examinar el comportamiento de los seres humanos y cuánto se respetan sus derechos como tales. “La dama de la ciencia ficción” posee una rica obra mayoritariamente desconocida donde aborda asuntos feministas, indigenistas, clasistas y otros de frecuente preocupación actual.

Probablemente los cuentos y novelas de esta genial escritora fueron eclipsados circunstancialmente por la literatura de origen masculino que inundaba la ciencia ficción en el siglo pasado y tal vez por el Apagón Cultural que afectó a nuestro país en dictadura. Puesto que ahora el escenario ha cambiado, Elena Aldunate puede ocupar el lugar que merecidamente se merece en la diversa sociedad chilena.

Publicado: 29.04.2022

Lucio Cañete
Académico del Departamento de Tecnologías Industriales de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile.

Comunicado

 

 Por la Convención Constitucional y el Plebiscito de Salida Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestro pleno respaldo y apoyo a la gestión que realiza la Convención Constitucional, por lo que conscientes de la importancia de su trabajo para el futuro de nuestro país, convocaremos a participar en septiembre próximo a APROBAR el nuevo texto constitucional en el plebiscito de salida convocado para el próximo 4 de septiembre. Con el fin de contrarrestar las falsedades y los intentos de boicot que los opositores han levantado contra el trabajo de los convencionales, las cinco organizaciones firmantes comunicamos el inicio de una Campaña de difusión de los contenidos ya aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional, a objeto que la ciudadanía ejerza su derecho a voto, informadamente. Relevaremos en nuestra Campaña aquellas normas aprobadas que expresan de mejor manera los efectos positivos en las vidas cotidianas de nuestros compatriotas, el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente en la posibilidad real de acceso a derechos humanos esenciales como el derecho a un trabajo decente, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a una vivienda digna, que permitirán alcanzar una vida digna a los millones de marginados y excluidos por actual modelo consagrado en la Constitución de Pinochet. 

Santiago de Chile, abril de

COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS Coordinadora de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS) Fundación PIDEE Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF)

El duro oficio de criticar

 

La prensa ha derivado mundialmente en un instrumento de propaganda para defender los intereses de sus amos. El Mercurio y La Tercera... ¿eso es la libertad de prensa? Rupert Murdoch, dueño de un imperio de prensa, hace y deshace la "opinión de los mercados"... ¿eso es la libertad de prensa? El periodismo fue, sin embargo, un noble oficio. Una de sus tareas consistió en divulgar una opinión crítica del poder político. Otra: servir de altavoz a la opinión pública. Pero hubo Goebbels, y sus secuaces de hoy. Y alguna vez Pierre Bourdieu explicó: "La opinión pública no existe". El periodismo: noble oficio, duro oficio...

"Huyendo de la crítica", del pintor catalán Pere Borrell

Escribe Juan Pablo Cárdenas S. Los periodistas que tenemos opinión con regularidad recibimos muestras de estímulo y aprobación por lo que escribimos o decimos. Por supuesto son expresiones las más de las veces de adhesión, pero también a veces se nos fustiga por lo que afirmamos. A propósito de mi columna anterior, un amable lector me reprocha por no proponer soluciones a los males que denunciamos, lo que me llevó a contestarle que eso les corresponde a los políticos y no a quienes tenemos la misión de ser “un testigo acucioso, incorruptible y apasionado por la verdad”, como lo anotara el destacado deontólogo argentino Tomás Eloy Martínez. Es cierto que aparentemente suele ser fácil criticar sin ofrecer soluciones, pero ello no siempre es así. Por lo demás, generalmente en cada crítica suelen insinuarse o derivarse muchas propuestas destinadas a que los países y gobernantes las recojan e implementen. La prensa cumple con el complejo propósito de transmitir lo que ve, escucha y siente. No siempre es fácil desprenderse de los afectos para reprobar a quienes están en el poder y ¡vaya que resulta arriesgado hacerlo en ciertas circunstancias! El destacado periodista Julian Assange lleva años defendiéndose de una odiosa e implacable persecución de parte del gobierno de los Estados Unidos que busca condenarlo a la cárcel por denunciar los despropósitos cometidos por la Casa Blanca y sus servicios secretos. Él simplemente se dedicó a descubrir los horrores escondidos por la potencia imperial y ya vemos el enorme costo que ha pagado su encomiable osadía. En nuestro país ha ocurrido varias veces lo mismo y la persecución no solo ha sido ejercida por las diferentes dictaduras de nuestra historia. Lo peor que podríamos otorgarle al gobierno de Gabriel Boric sería plazos muy dilatados para cumplir sus promesas electorales, así como aceptar que sus errores son expresión solo de la juventud o inexperiencia de sus colaboradores. A un mes de iniciar su mandato, el país ya teme, lamentablemente, que muchas de sus demandas vayan a ser postergadas o dejadas de mano. Por ejemplo, respecto de acabar con las AFP, garantizar salud y educación de calidad para todos y cumplir con otro extenso conjunto de peticiones tan voceadas en las movilizaciones sociales. A muchos preocupa a esta altura que en su gabinete haya quienes estén renuentes a superar el modelo neoliberal y, por ningún motivo sigan dispuestos a legislar en favor de un impuesto a los más ricos, nacionalizar nuestras riquezas fundamentales y mejorar urgentemente las pensiones de los jubilados, así como los miserables salarios que recibe más de la mitad de la población. En una loable decisión el nuevo Mandatario ha instruido que nadie que sea parte del Ejecutivo pueda percibir ingresos por encima de los seis millones de pesos. Sin embargo, al mismo tiempo anuncia que vendrá un reajuste del sueldo mínimo de tal forma que alcance a los 400 mil pesos y cuya ejecución sea de forma escalonada. Todo ello en un mar de descontento social por una inflación desatada que afecta especialmente a productos tan esenciales como el pan, el suministro eléctrico y los combustibles. Es cierto que los anteriores gobernantes o los parlamentarios todavía en ejercicio reciben sumas considerablemente más altas que esos seis millones que propone Boric como tope, pero no deja de ser una vergüenza que el salario mínimo pueda seguir representando más de 15 o 20 veces menos que lo que ganan los supuestos representantes del pueblo. ¿Podría decirse que propuestas como esa representen un cambio fundamental o un atisbo de solución transformadora o igualitaria? ¿O un cometido que siquiera se acerque a la de aquel senador que propuso que durante el gobierno de Michelle Bachetet se le metiera una retroexcavadora a la economía neoliberal? Cuando a un periodista como el que escribe se le insta a tener paciencia, darle tiempo a las nóveles autoridades, pareciera que ya muchos se olvidan de que hace más de 30 años el Pontífice romano clamó en Chile que los pobres no podrían esperar. Posición que fuera en muchos casos ya enunciada por el Episcopado chileno antes de que la máxima autoridad de la Iglesia Católica nos visitara. ¿Es que se puede tener tanta templanza en un país que exhibe uno de los más altos índices de desigualdad del mundo, cuando la delincuencia (muchas veces hija del hambre y las injusticias) asola los barrios y casas de toda nuestra población? ¿Por qué tendría que corresponderles a los periodistas ofrecer soluciones frente a tan descarada y evidente inequidad, cuando votamos y elegimos para ello a los que nos ofrecían las promesas más lúcidas y pertinentes? Ciertamente, no podemos mantenernos en silencio frente a la cínica pretensión de imputarle a la guerra ruso ucraniana los males de nuestra economía desigual, como si no hubiésemos vivido permanentemente con guerras en el mundo. Algo tan absurdo como deducir que del retiro de los fondos previsionales radica el incremento de los precios. Como si los empresarios especuladores no tengan responsabilidad alguna en las colusiones y abusos. No debiera extrañarnos tanto que actualmente estemos según una conocida encuestadora entre los 10 países más infelices de la tierra. Quienes conocimos de cerca a muchos integrantes de la actual administración, y tuvimos a varios de compañeros e incluso de estudiantes en la Universidad, pienso que debemos animar un afán crítico y de “observadores acuciosos” respecto de que hagan y se propongan hacer. Cuando, además, a varios de ellos los vimos vociferar en apoyo a las demandas del pueblo y sus organizaciones sociales. Sería cosa de repasar, por ejemplo, las imágenes de aquellas marchas que nos llevaron al Estallido Social del 2019 para comprobar cómo se están desdibujando sus anhelos y compromisos. La amistad y el pasado común con las actuales autoridades nos exigen todavía más a los periodistas de opinión dispuestos a honrar nuestras ideas y trayectorias. De otra forma podrían habernos visto golpear las puertas de La Moneda y de los partidos para reclamar puestos de trabajo, como no pocos portadores del mismo cartón profesional. Como lo señalara el mismo Tomás Eloy Martínez, ciertamente “el periodismo no es un simple medio de vida; es una manera de mirar la vida”.

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La ruta hacia la impunidad y su irresistible curso

By Manuel Acuña Asenjo  28 Abril, 2022  

Hasta el momento no hay señales del actual gobierno para obtener medidas orientadas a sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno anterior.

 

La noticia pudo parecer un tanto inocua frente a otras que llaman la atención. A nuestro juicio, sin embargo, posee gran relevancia, por lo que nos apresuramos a escribir acerca de la misma. Se trata de dos sentencias que la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó en contra de otras dos resoluciones del juez Daniel Urrutia, sobreseyendo al acusado, el ex presidente de la República Sebastián Pïñera Echenique, en dos juicios incoados en su contra, siendo el primero, por omisión de denuncia sobre hechos que podrían constituir corrupción en el Ejército; el segundo, por reiteradas violaciones en contra de los Derechos Humanos cometidas con ocasión del estallido social de 18 de octubre de 2019. Recapitulemos, al respecto.

 

LOS HECHOS

En efecto, en mayo de 2021, el ex capitán de Ejército y abogado Rafael Harvey Valdés, interpuso una querella criminal en contra del entonces primer mandatario y sus ministros Alberto Espina, Mario Desbordes, Baldo Prokurica y el subsecretario Alfonso Vargas por el delito de haber omitido denunciar ciertos hechos constitutivos de corrupción al interior del Ejército.  La querella denunciaba, igualmente, el delito de falsificación de instrumento público pues el retiro del ex capitán aparecía respaldado por documentos de dudosa procedencia. El ex capitán Harvey había denunciado existir corrupción en ciertos altos mandos militares, circunstancia que el tribunal de primera instancia quiso castigar, pero que, para el tribunal de alzada, no correspondía hacerlo.

El libelo, presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía, cuyo titular es el juez Daniel Urrutia, denunciaba que en el expediente de retiro del ex capitán Harvey, había cuatro documentos falsos u oficios en los que las autoridades militares afirmaban no tener

 

“[…] conocimiento que existían denuncias o recursos administrativos judiciales pendientes por el citado oficial“[1].

 

Tales afirmaciones no correspondían a la verdad, aseguraba Harvey en el escrito, señalando que, por el contrario, en varias oportunidades

 

“[…] hizo gestiones ante los ministros del gobierno de Sebastián Piñera para denunciar la corrupción en el Ejército, siendo sucesivamente ignorado por las autoridades”[2].

 

En febrero del presente año, Harvey acusó al Ministerio Público de no querer investigar los hechos[3]. Como respuesta, esa Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones solicitando el sobreseimiento de la causa por no ser los hechos investigados constitutivos de delito, a lo que ese tribunal accedió. En principio, el tribunal de alzada indicó:

 

“[…] en consecuencia, atendido que los hechos denunciados y que han sido materia de la presente indagatoria no tienen carácter de delito, la resolución apelada debe ser enmendada“[4].

 

Pero, en otro de los considerandos, señala el mismo que

 

“[…] el análisis de la resolución impugnada por las defensas permite concluir que el tribunal de primer grado eludió analizar los diversos puntos puestos en su conocimiento mediante referencias vagas y carentes de sistema a cuerpos normativos en materia de corrupción, asilándose únicamente en continuas alusiones al estándar de convicción que lo solicitado impone y a protección que el ordenamiento jurídico debe a los denunciantes de conductas presuntamente infractoras de los deberes de probidad“[5].

 

De conformidad a lo cual, concluye el tribunal de alzada señalando que

 

“[…] esto es impertinente para los fines del presente proceso, afirmaciones que no permiten tener por satisfecho el deber de fundamentación de lo decidido y que, además, priva de sustento a la decisión apelada”[6].

 

IMPORTANCIA DEL FALLO

El fallo de la Corte de Apelaciones es, en todo caso y por múltiples circunstancias, interesante. Emana del mismo tribunal que, en épocas anteriores y no muy lejanas, no solamente se preocupó de revocar las sentencias dictadas por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia sino logró apartarlo de sus funciones hasta la dictación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo absolvió.

Pero es importante, además, por otros hechos, entre ellos, por ser el primero que absuelve al ex presidente de la República y sus ministros en una ruta de impunidad que, suponemos, han de recorrer todos ellos en los próximos meses. Porque eso es lo que se puede presumir ocurrirá en los meses venideros.

Es importante, también, porque deja en la penumbra la razón que tuvo la Corte para resolver de esa manera, y no disponer la acumulación de expedientes en manos de la ministra Romy Rutherford que investiga, precisamente, ese tipo de delitos. Y porque, además, se dicta en abierta contradicción a las investigaciones que, día a día, semana a semana, realiza pacientemente esa ministra en el referido proceso seguido en contra de los altos jefes de las Fuerzas Armadas por corrupción —y los nexos con los respectivos gobiernos de turno; en especial, con el de Sebastián Piñera—. Porque tales investigaciones, junto con validar la denuncia del ex capitán Harvey, hacen inoficiosa la resolución de la Corte.

Es importante, igualmente, porque permite suponer que los innegables nexos establecidos, durante el gobierno de Piñera, entre los tribunales de Justicia, la Fiscalía Nacional y el gobierno del ex presidente —a los que nos hemos referido en varios de nuestros trabajos anteriores[7]—, no fueron hechos por casualidad.

 

OTROS HECHOS QUE VALIDAN LA QUERELLA DEL EX CAPITAN HARVEY

La querella del ex capitán Harvey aparece hoy refrendada con el procesamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez por parte de la ministra Rutherford, que no solamente la valida sino hace inocua la resolución de la Corte de Apelaciones invitando al jurista a suponer un abierto acto prevaricador[8].

Más, aún, si tomamos en consideración las expresiones formuladas por Luis Arévalo Cunich, abogado del ex Jefe de Finanzas del Ejército Francisco Pizarro, en el escrito presentado en el proceso correspondiente seguido ante la ministra Ritherford, cuando señala que las ‘determinadas sumas de dinero’ recibidas en esa repartición fueron usadas en resolver

 

“[…] necesidades públicas relacionadas fundamentalmente con la mantención de la casa institucional de la Comandancia en Jefe del Ejército y de diversos gastos protocolares que lleva consigo el ejercicio de tal cargo”[9].

 

El cargo de comandante en jefe del Ejército era ejercido por el ex general Óscar Izurieta en esos años; el abogado solicitaba, en su escrito, la prescripción del hecho imputado.

 

UN NUEVO FALLO

Días más tarde de la resolución de la Corte, el 20 de abril, nuevamente ese tribunal de alzada falló en contra de una resolución del magistrado Daniel Urrutia quien, pronunciándose sobre una querella interpuesta en contra del entonces primer Mandatario por violaciones a los Derechos Humanos durante los días del estallido de 18 de octubre de 2019, decidió acoger la solicitud presentada por el abogado Samuel Donoso en representación de Sebastián Piñera. Esta vez, la Corte fue más drástica y decidió inhabilitar al juez Urrutia señalando que:

“[…] debe abstenerse de conocer y emitir pronunciamiento en la causa de que se trata”[10].

 

En los considerandos del fallo, se acusa al juez de haber expresado públicamente sus opiniones acerca de los sucesos que rodearon el estallido social, y señala que afirmó

 

“[…] expresamente que a partir del 18 de octubre de 2019 hubo terrorismo de Estado en Chile, con los 400 mutilados, hubo violación a los derechos humanos con utilización de armas, en forma ilegal y constante, de manera ‘sistemática y generalizada”[11].

El libelo agrega que, para el magistrado, lo sucedido tras el 18 de octubre de 2019 es

“[…] la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia en el país y, que el actuar del Ministerio Público y del Poder Judicial ha pretendido avalar y justificar la represión“[12].

El fallo concluye que

“[…] se ha constatado que el magistrado Urrutia, de manera generalizada y categórica (…) ha tenido por cierto la comisión de ilícitos, atribuyéndole participación en dicho acontecer a los agentes del Estado (calidad que revestía el ex presidente Sebastián Piñera Echeñique)”[13].

Presentando como prueba un artículo aparecido en el diario ‘Interferencia’, el abogado Samuel Donoso agregó que el juez Urrutia declaró que

“[…] en Chile hay presos políticos”[14].

“[…] carece de imparcialidad en relación a los hechos e investigaciones vinculadas al estallido social, él tiene una posición tomada, lo ha dicho públicamente, es algo manifiesto y en consecuencia no puede estar habilitado para conocer de estas causas[15]”.

En su defensa —que, por supuesto, no fue considerada—, el juez Urrutia señaló solamente que sus expresiones se refirieron

 

“[…] a situaciones graves que podrían involucrar a agentes del Estado y que fueron efectuadas bajo la obligación moral de señalarlas para que se hiciere lo necesario para terminar con conductas que afectaban los derechos humanos de parte de la población”[16].

ROL DEL EX PRESIDENTE EN EL AUGE DE LA PREVARICACIÓN

Sebastián Piñera estaba plenamente consciente no solamente de haber cometido ilícitos y faltas a la ética durante el ejercicio de su mandato —en las que un buen presidente jamás debe incurrir—, sino, también, con posterioridad al 18 de octubre de 2019, haber tolerado (y, probablemente, ordenado) reiteradas violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil. Las muertes en medio de las protestas, los encarcelamientos injustos de manifestantes, el sadismo empleado por las fuerzas policiales en mutilar visualmente a gran parte de los participantes, los actos atroces cometidos por las fuerzas policiales en contra de quienes protestaban no son hechos que pueda atribuirse a la casualidad a o la inexperiencia de los funcionarios policiales. Menos, aún, a instituciones que se mandan solas. Por lo demás, declarar la guerra a una comunidad que se alza en demanda de sus derechos y emplear, para ello, todo el aparataje represivo del Estado en contra esa multitud inerme no es algo que se pueda aceptar. Nacional e internacionalmente.

Podemos entender que Pïñera se haya preocupado desde el primer momento en realizar todos los pasos convenientes para lograr su impunidad. Entendemos que, en esa dirección, en forma paciente y sostenida, fue nombrando todos los abogados integrantes tanto de la Corte Suprema como de la de Apelaciones y designando a sus ministros, para después cobrarles por el servicio de haberlos encaramado a los más altos cargos del llamado Poder Judicial. Difícil resulta suponer que esos sujetos puedan fallar en contra de quien les otorgó tales privilegios.

No sucede de manera diferente con la Fiscalía. ¿Quién no conoce los nexos familiares que unen al señor Fiscal Nacional con Andrés Chadwick, ex ministro del Interior y primo del ex presidente de la República?

 

ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A FAVOR DE LA IMPUNIDAD

La impunidad, de esa manera, camina sobre rieles. Y es difícil que el actual gobierno haga algo por impedir el curso de esos acontecimientos. No parece ser su intención. Menos, aún, cuando las declaraciones hechas a la prensa por funcionarios de Gobierno, refiriéndose a eventuales medidas en contra de la anterior administración, hablan de extirpar ‘todo ánimo de venganza’. Los medios de comunicación también colaboran en ese sentido y justifican con creces que una analista llame la atención, al respecto, señalando:

 

“¿Qué dicen los medios de comunicación sobre el estado judicial de las querellas criminales contra Piñera y varios de sus ex ministros, tanto por las violaciones de los DDHH cometidas en pleno estallido social como por los miles de muertes consecuentes de la pandemia? ¿O sobre las 36 querellas contra el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, por diversos casos de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis social?”[17]

 

¿Venganza? ¿Es ese el nuevo nombre dado a la ‘Justicia’? Si el castigo lo pide un mutilado visual, ¿es ‘venganza’? Entonces, ¿solamente los sectores dominantes pueden pedir ‘justicia’?

 

UNA VISIÓN PESIMISTA

Se acostumbra a señalar que tres son los pilares que sostienen el andamiaje de los Derechos Humanos: justicia, reparación y seguridad que lo sucedido no volverá a suceder. Por ahora, no se vislumbra que esos pilares vayan a ser el sostén de la política que empuja el actual gobierno hacia el respeto de los Derechos Humanos. No hemos advertido acto alguno de parte de las autoridades en orden a adoptar medidas orientadas a sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno anterior. No hay querellas presentadas ni llamados a las organizaciones de derechos humanos para discutir esos temas. Tampoco instrucciones al respecto al Consejo de Defesa del Estado ni conversaciones sobre el particular con la Fiscalía. Más, aún, si la reforma o refundación de Carabineros se va a hacer con los mismos que cometieron los ilícitos. Por el contrario: la idea que nos asalta es que vamos derecho a un derrotero en donde la impunidad vuelve a imperar como lo hiciera antaño bajo la Concertación al compás del canto ‘La alegría que viene’. Como si la historia quisiera volver a repetirse, con distintos actores, en distintas épocas, bajo distintas circunstancias. Como si jamás hubiere ocurrido el 18 de octubre de 2019.

Ayuda a mantener tales interrogantes la circunstancia que muchos de los uniformados que cometieron tales tropelías siguen hoy prestando sus servicios a la institución policial, como sucede con el sargento John Mograve —carabinero que disparó contra menores en el Hogar ‘Carlos Macera’ en Talcahuano provocando, más tarde, la salida del general director de ese entonces Mario Rozas[18]— y otros uniformados, en especial, el propio general Ricardo Yáñez. Por lo demás, poco o nada se ha hecho en contra de quienes dieron las órdenes o, debiendo intervenir para evitar tales hechos, no lo hicieron.

Poco antes de la asunción al mando del nuevo Gobierno, había ya Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnesty International, mostrado su preocupación acerca del curso que tomarían las nuevas autoridades en materia de respeto a los Derechos Humanos señalando que, ante las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno de Piñera no fue sino

 

“[…] una severa represión que derivó en graves violaciones a los derechos humanos, que se tradujeron en 8 mil 827 denuncias, de las cuales sólo siete han llegado a sentencias condenatorias contra los funcionarios policiales o castrenses que estuvieron involucrados en los hechos”.

“[…] hoy día hay un panorama de mucha impunidad y el Estado de Chile, no sólo el Gobierno entrante, el Estado de Chile en su conjunto tendrá que hacerse cargo de este panorama sombrío que nos deja esta administración y estas tremendas deudas”[19].

 

Y, hace pocos días atrás, el lunes 25 de abril, el presidente Boric y su flamante ministra de RREE Fernanda Urrejola recibieron en el Palacio a una delegación de Amnesty International que, preocupada por la inacción del Estado chileno en materia de Derechos Humanos, quiso conversar con las más altas autoridades. La delegación fue encabezada por la directora de la institución para las Américas, Erika Guevara, y el director ejecutivo, Rodrigo Bustos; participaron del encuentro la investigadora adjunta de la Oficina Regional de la organización, Ana Piquer Romo, y la presidenta de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon Pereira.

Según lo expresara, más tarde su director ejecutivo Rodrigo Bustos,

 

“[…] entre los temas que planteamos al presidente de la República está la necesidad de avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición respecto de las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del estallido social, especialmente en relación a la reforma profunda que requiere Carabineros de Chile”[20].

 

Los movimientos sociales deben cavilar acerca de estos hechos. Y deben impulsar cambios al respecto. Porque sobre las sociedades humanas pende esa terrible sentencia de Adolphe Thiers, el verdugo de La Comuna:

“Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados, irremediablemente, a repetirla”.

Y, agregamos, nosotros: con otros actores, en tiempos distintos, bajo otras circunstancias. Como el panorama que nos presenta la época actual.

 

 

Por Manuel Acuña Asenjo

 

Santiago, 28 de abril de 2022

[1] Redacción: “Corte de Apelaciones sobresee a Piñera en causa por omisión de denuncia por supuesta corrupción en el Ejército”, Radio U de Chile, 16 de abril de 2022. La negrita es del original.

[2] Redacción: Id. (1).

[3] Pineda, Gabriela: “Sobreseen a Piñera y tres ex ministros de Defensa acusados de encubrir corrupción en el Ejército”, Radio Biobío, 16 de abril de 2022.

[4] Redacción: Id. (1). La negrita es del original.

[5] Redacción: Id. (1). La negrita es del original.

[6] Redacción: Id. (1).

[7] Véase nuestro trabajo intitulado ‘Frenesí justiciero’, de 30 de junio de 2021, publicado en varios medios digitales.

[8] Véase el art. de Alberto González “Juez Urrutia presenta querella contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones y una de la Suprema”, ‘Radio Biobío”, 18 de abril de 2022.

[9] Redacción: “Ex jefe de finanzas del Ejército denuncia arreglo en casa de Izurieta con gastos reservados”, ‘El Desconcierto’, 25 de abril de 2022. La negrita es del original.

[10] Meza, Cristián: “Justicia inhabilita a juez Daniel Urrutia de causa contra Piñera por eventuales delitos tras el 18-O”, ‘El Dínamo’, 21 de abril de 2022.

[11] Meza, Cristián: Id. (9). La cursiva es del original.

[12] Meza, Cristián: Id. (9).La cursiva es del original.

[13] Meza, Cristián: Id. (9).

[14] Meza, Cristián: Id. (9).

[15] Meza, Cristián: Id. (9).

[16] Meza, Cristián: Id. (9).

[17] Raibb Saitis, Verónica: “Cuando el periodista es la noticia”, Radio U. de Chile, 22 de abril de 2022.

[18] Redacción: “Carabinero que disparó a menores de hogar del SENAME en Talcahuano se encuentra en libertad”, ‘Resumen’, 26 de abril de 2022.

[19] Redacción: “Director de Amnistía Internacional por legado del Presidente Piñera en materia de DDHH: ‘Hay un panorama de mucha impunidad’”, ‘Radio Universidad de Chile’, 07 de marzo de 2022.

[20] Palma, Natalia: “’Valoramos la escucha y receptividad’: Amnistía Internacional se reunió con el Presidente para presentar agenda de DDHH”, ‘Radio Universidad de Chile’, 25 de abril de 2022.

POLÍTICA Jadue: Las fuerzas represivas se mandan solas”

 By El Clarín De Chile  28 Abril, 2022  

 

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), criticó el accionar de Carabineros durante las manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios en el centro de Santiago.

Desde el mediodía, estudiantes marcharon y protestaron en Alameda por demandas de mejor infraestructura en los establecimientos y aumentar la dotación del personal educacional, manifestaciones que fueron duramente reprimidas por carabineros mediante el uso del carro lanza agua, lanza gases, persecuciones y golpes.

Ante eso, el jefe comunal a través de Twitter afirmó que “la represión vista estos días es inaceptable”.

A su juicio, lo anterior “da cuenta de que las fuerzas represivas se mandan solas”.

Asimismo, aseguró que “las diferencias en su actuar respecto de otras manifestaciones es evidente, por eso urge intervención civil a la institución para asegurar igualdad de trato”.