El cuestionado proceso constitucional en curso, a medida que avanza, ha ido
profundizando su falta de legitimidad, no sólo por la creciente desafección de la
ciudadanía sino por el declarado propósito de quienes controlan el denominado
Consejo Constitucional, de imponer un cuerpo normativo contrario a los derechos humanos, a la cultura democrática de nuestro país y al anhelo mayoritario de los
chilenos y chilenas de avanzar hacia una sociedad más justa y libertaria.
Cabe recordar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en enero
pasado, denunció ante Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), que el denominado “Acuerdo por Chile” para
continuar con el proceso constitucional, vulneraba gravemente los arts. 1° y 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran el derecho de
libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas
en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso
a la función pública. Y que posteriormente, nuestra Institución señaló con serios
fundamentos el grave retroceso en materia de derechos humanos que significaba
el texto aprobado por la “Comisión Experta”.
Actualmente, la ilegitimidad del proceso se profundiza con el contenido de las cerca
de 400 enmiendas presentadas por los representantes del Partido Republicano, las
que reflejan inequívocamente lo que ellos representan: su adhesión al modelo
político, económico y social impuesto por la dictadura de Pinochet consagrado en la
Constitución vigente; su desprecio por los derechos humanos y las obligaciones
internacionales que tiene el Estado sobre la materia, y el declarado propósito de
dejar sin efecto avances sociales y culturales obtenidos por la ciudadanía a lo largo
de estos últimos 32 años. Muchas de estas enmiendas son respaldadas por los
demás partidos de Derecha.
En efecto, las referidas enmiendas van orientadas a afectar gravemente la libertad
sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva; a prohibir el aborto en tres
causales; a la constitucionalización de las AFP y las ISAPRES, consolidando aún
más el Estado subsidiario y el modelo de mercantilización de los derechos sociales
que tanta desigualdad ha provocado; promueven la propiedad privada del Agua;
dejan sin efecto el principio de supremacía constitucional de los tratados
internacionales de derechos humanos, y afectan gravemente los derechos de los
pueblos indígenas.
Mención aparte merece la enmienda que pretende dejar en libertad (arresto
domiciliario), a los condenados por crímenes contra la Humanidad, contrariando
normas expresas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el
Estatuto de Roma.
A todo lo anterior, debe agregarse la arbitraria decisión de la mayoría del Consejo
Constitucional de no realizar consulta indígena, tal como lo mandata el Convenio
169 de la OIT.
Por último, proponen aumentar el quorum de tres quintos a dos tercios, para hacer
imposible toda reforma a la Constitución.
Queremos recordar que la soberanía reconoce como límite el respeto de los
derechos humanos, y por lo tanto, ninguna mayoría circunstancial puede invocarla
para violar los derechos humanos emanados de las diferentes fuentes del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, como los tratados internacionales, la
costumbre y la jurisprudencia emanada de los órganos de jurisdicción
internacionales, que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar.
En efecto, las obligaciones de protección de los derechos humanos tienen un
carácter objetivo: una vez contraídas, los Estados ya no pueden invocar la
soberanía para eludirlas o usarla como elemento de interpretación.
Asimismo, cabe recordar que de acuerdo al artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratado: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Por último, reiteramos que la Constitución debe ser el fruto del legítimo ejercicio del
derecho de libre determinación del pueblo chileno y que un elemento esencial de un
Estado Democrático de Derecho es el respeto, promoción, garantía y efectiva
vigencia de los derechos humanos en su indivisibilidad, única forma de garantizar
la paz social fundada en la plena realización de la dignidad humana.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 31 de Julio de 2023.-
ORGANIZACIONES ADHERENTES
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH)
Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO + AFP
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile
Colegio de Periodistas, Regional Metropolitano
Federación de Trabajadores de Call Center (FETRACALL)
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud
(CONFEDEPRUS)
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
Fundación PIDEE
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)
Colectivo Nacional por la Discapacidad
Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF)
Comisión Ética contra la Tortura
Coordinadora de DDHH Federación de Colegios Profesionales
Comisión Derechos Humanos Colegio de Enfermeras
Comisión de Derechos Humanos Colegio de Arquitectos
Departamento de Derechos Humanos Colegio de Profesores
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Trabajadores/as Sociales
Comisión de Derechos Humanos Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile
Agrupación de Mujeres Democráticas
Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular
Mujeres por Justicia Contra la Impunidad
Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre
Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende
Agrupación de Derechos Humanos de Maipú
Grupo de Apoyo a Presos Políticos (GAPP)
Agrupación de voluntarias/os por la defensa de Derechos Humanos de Calama
Marea Sur-Observatorio Socioterrritorial
Movimiento Unitario Tati Allende
Frente Cacerola
Colectivo Cueca Sola
Red Europea de Chilenos por los Derechos Civiles y Políticos
Comité por un Chile Digno-Noruega
Maya Fernández | Cedida
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