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martes, 13 de octubre de 2026

PAGOS POR MÁS DE US$1 MILLÓN: FISCALÍA INVESTIGA CONTRATOS DE ENAP CON EL ESTUDIO DE ZALIASNIK

 

Pagos por más de US$1 millón: Fiscalía investiga contratos de ENAP con el estudio de Zaliasnik

Apenas comenzó a investigar a Gabriel Zaliasnik, la Fiscalía de Valparaíso envió un oficio a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para que informara sobre los pagos realizados al actual embajador en Israel. La respuesta llegó el 22 de junio, cuando la estatal informó que ha firmado siete contratos con su estudio de abogados. El más relevante, y el más oneroso, es el que comenzó a regir en junio de 2020, misma fecha en que según los chats entre Zaliasnik y Luis Hermosilla, la dupla presionaba a la entonces presidenta de ENAP, Loreto Silva, para que ayudara a financiar la defensa de Zaliasnik al General ® Mario Rozas, quien estaba imputado en causas relacionadas con el estallido social. La defensa de Zaliasnik niega cualquier irregularidad.

Bastó que la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, pronunciara 14 palabras para que la situación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, volviera a complicarse.

“Es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”, aseguró Perivancich el pasado 6 de octubre sobre el estatus de Zaliasnik en una de las aristas del caso Hermosilla. Y aunque sus palabras generaron una avalancha de solicitudes de renuncia en contra del embajador, lo cierto es que lo que dijo no es una novedad.

Zaliasnik está en condición de imputado desde inicios de junio, cuando Reportea reveló parte de sus chats con el también abogado Luis Hermosilla. Luego de eso, los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Ciccardini presentaron una denuncia y el Ministerio Público abrió una causa que se asignó a la Fiscalía de Valparaíso. Se indagan delitos como malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Tráfico de influencias, porque Zaliasnik en sus chats con Hermosilla da cuenta de su influencia en, al menos, diez nombramientos de ministros de la Corte Suprema y distintas cortes de apelaciones, y malversación de caudales, porque en las mismas conversaciones coordina la obtención de recursos para financiar la defensa legal de Mario Rozas, el General Director (r) de Carabineros que estaba imputado por su responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, además de solicitar acceso a gastos reservados para financiar otras gestiones.

Zaliasnik asumió la defensa de Rozas en junio de 2020, y en los chats queda claro que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y la expresidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Loreto Silva, hicieron gestiones para financiar esa defensa.

Según pudo conocer Reportea, uno de los focos de la investigación de la fiscalía es averiguar de dónde provinieron los fondos que se le pagaron a Zaliasnik como abogado de Rozas, porque en ese mismo periodo el estudio de abogados de Zaliasnik firmó un contrato para representar a ENAP en un litigio internacional.

¿Ese contrato está relacionado con el pago a Zaliasnik por la defensa del General Rozas? Para hallar una respuesta, el pasado 12 de junio la Fiscalía de Valparaíso envió a la ENAP un oficio para conocer el detalle de los pagos realizados por la empresa estatal a Albagli Zaliasnik y Compañía, el estudio de abogados que lideran Gabriel Zaliasnik y su socio Rodrigo Albagli desde 1991.

La respuesta de ENAP llegó al Ministerio Público diez días después, junto a un anexo con  la copia de siete contratos firmados, además de dos modificaciones de esos acuerdos. La empresa también envió una planilla Excel con el detalle de los pagos.

Según las bases de datos internas de la ENAP, esa empresa ha realizado pagos totales por más de US$1 millón al estudio de Gabriel Zaliasnik entre 2019 y 2025. Algunos pagos se han realizado en pesos, y otros en dólares, y se han depositado en dos cuentas bancarias de Albagli Zaliasnik en el Banco de Chile. 

Según fuentes internas de la empresa, el pago más oneroso es el que está relacionado con el contrato firmado a mediados de 2020 por la representación de ENAP en un arbitraje internacional.

La defensa de Gabriel Zaliasnik, a cargo del abogado Jorge Gálvez, niega cualquier irregularidad en los pagos de ENAP a su representado, y afirma que Loreto Silva no jugó ningún rol en el contrato firmado entre Albagli Zaliasnik y la empresa estatal. 

Loreto Silva no estuvo disponible para entregar su versión sobre este asunto.

Los contratos de Albagli Zaliasnik con ENAP

En el oficio que la Fiscalía de Valparaíso envió a la ENAP, consultó por todos los contratos que ha firmado con el estudio Albagli Zaliasnik desde 2018 a la fecha, además del detalle de cada uno de los pagos que se han hecho a esa compañía en el mismo periodo. También solicitó los datos de las cuentas bancarias donde se depositaron los pagos, y la identidad del funcionario que encargó la contratación.

ENAP respondió el 22 de junio, en un documento de seis páginas que Reportea tuvo a la vista para elaborar este reportaje. La respuesta incluyó un anexo con todos los contratos y un archivo en formato Excel con el detalle de los pagos, los que se realizaron desde la misma ENAP, y también desde su filial Enap Refinerías S.A.

La estatal indicó que ha firmado siete contratos con Albagli Zaliasnik y Compañía, dos de los cuales fueron modificados posteriormente. La mayoría de esos contratos son por investigaciones internas de la empresa.

El 8 de julio de 2020, se firmó el contrato más relevante para ENAP: la representación en un litigio internacional con la empresa española Duro Felguera, que poco antes había demandado a la chilena por supuestos incumplimientos contractuales en el Proyecto Cogeneradora Aconcagua, en Concón.

En las bases de datos internas de la estatal ese contrato es denominado “servicios legales arbitraje cogeneradora Refinería Aconcagua”, y la respuesta que llegó a la fiscalía señala que su periodo de validez comenzó el 25 de junio de ese año, justo un día antes de que Loreto Silva renunciara a la presidencia del directorio de la empresa.

Ese contrato se inició en las mismas fechas en que Zaliasnik y Hermosilla presionaban a Loreto Silva para que se acordara un pago por la defensa del General Rozas.

Según la respuesta de ENAP, quien autorizó ese contrato fue la entonces gerenta legal, Tatiana Munro, quien, según su LinkedIn, se fue de la compañía estatal en junio de 2022. 

ENAP envió al Ministerio Público una copia de la “solicitud de contratación de servicios legales” vinculada a ese contrato, además de la evaluación técnica de tres propuestas legales que se cotizaron en esa fecha. De esas propuestas, indica ENAP, la de Albagli Zaliasnik fue la “mejor propuesta económica”.

Desde la Fiscalía de Valparaíso no estuvieron disponibles para realizar comentarios sobre esta indagatoria.

En todo caso, luego de recibir la respuesta de ENAP, los fiscales a cargo decidieron judicializar la causa que desarrollaban en reserva desde junio pasado. Según consta en la base de datos del Poder Judicial, el 24 de julio comenzó a tramitarse en el Séptimo Juzgado de Garantía por el delito de “fraude al Fisco”.

La versión de Zaliasnik

La defensa de Gabriel Zaliasnik, a cargo del abogado Jorge Gálvez, es enfática al descartar cualquier ilícito en los contratos del estudio jurídico con ENAP.

Según indicaron a Reportea, el vínculo entre la estatal y la empresa del actual embajador en Israel nació en mayo de 2019, cuando otro abogado, Antonio Rubilar, renunció a su puesto como “abogado senior” en la Gerencia Legal de ENAP para irse a trabajar a Albagli Zaliasnik. Antes de eso, Rubilar estaba a cargo del desarrollo de la Cogeneradora Aconcagua, un proyecto de la empresa estatal que funciona en Concón y que busca asegurar el suministro eléctrico en caso de apagón.

La defensa de Zaliasnik asegura que ya en 2019 existía una relación tirante entre ENAP y Duro Felguera, la empresa española que le prestaba servicios en Concón, y que para preparar cualquier enfrentamiento legal se habían contratado los servicios de Felipe Bulnes, quien ejerció como ministro de Educación y Justicia, además de embajador en Estados Unidos, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Según esa versión, Bulnes renunció al encargo cuando el 14 de mayo de 2020 Duro Felguera demandó a la ENAP en la Cámara de Comercio Internacional.

Esa fue la razón, asegura la defensa de Zaliasnik, por la que su estudio de abogados asumió finalmente la representación de ENAP. Agregan que la empresa estatal revisó cotizaciones de otros dos estudios, y que la firma de Zaliasnik presentó la oferta más barata.

Según documentos en poder de la defensa, además de Albagli Zaliasnik participaron en la cotización los estudios Wagemann y Asociados, y Molina Ríos Abogados. 

Siempre según la defensa, por ese contrato el estudio de Gabriel Zaliasnik habría recibido cerca de US$435.000: US$150.000 por asumir la representación de ENAP; US$250.000 como premio luego de que en 2025 el arbitraje internacional fallara a favor de la estatal; y otros US$35.000 relacionados con una medida cautelar.

La misma versión indica que los primeros contratos con ENAP se firmaron durante 2019, pocas semanas después de que Antonio Rubilar se fuera a trabajar al estudio de Zaliasnik. Uno de ellos habría sido para que Rubilar capacitara a Felipe Bulnes en materias relacionadas con la relación con Duro Felguera.

En total, dicen desde la defensa del embajador, ENAP habría pagado a Albagli Zaliasnik $962,4 millones por honorarios, más IVA y gastos relacionados con la representación de la empresa, entre 2019 y 2025. La mitad habría sido por el arbitraje con Duro Felguera.

Antonio Rubilar le dijo a Reportea que en Albagli Zaliasnik le pagaban un sueldo como abogado, y que los pagos desde ENAP fueron directamente al estudio, por lo que Gabriel Zaliasnik debió haber recibido parte de las transferencias que llegaron desde la estatal. Pero el abogado del embajador, Jorge Gálvez, afirma que esos pagos no tienen ninguna relación con la representación del General Rozas que Zaliasnik asumió a mediados de 2020.

Una de las pruebas que ya enviaron al Ministerio Público es un correo electrónico del 22 de junio de 2020, en el que desde la Gerencia Legal de ENAP le comunican a Antonio Rubilar que la oferta que habían enviado para representar a la empresa en el litigio internacional con Duro Felguera había sido aceptada. Según la defensa, ese email es clave porque demostraría que el acuerdo entre Albagli Zaliasnik y ENAP se selló sin la intervención del embajador (vea aquí ese correo).

Gálvez asegura que el pago por la defensa del General Rozas lo hizo la ONG Nos Importan —creada por un grupo de particulares durante el estallido social para apoyar a uniformados que estaban siendo imputados por violaciones a los derechos humanos—, la que habría cancelado una factura de $57,3 millones.

Para respaldar ese argumento, la defensa de Zaliasnik exhibió la factura por ese monto que emitió Albagli Zaliasnik a Nos Importan el 3 de agosto de 2020, con la glosa “asesoría legal Mario Rozas”. 

Pero aunque haya sido así, el rol de Loreto Silva continúa siendo una incógnita. 

En los chats del teléfono de Hermosilla, queda claro que ella era clave en la obtención de recursos para financiar la defensa de Rozas. La fundadora de la ONG Nos Importan, Alejandra Cruzat, le dijo a T13 que Silva no tuvo ningún vínculo con su organización: “Ella no tiene absolutamente nada que ver con Nos Importan (…) Tampoco se encargó de la búsqueda de financiamiento, ni menos de coordinar las defensas”. 

Desde que Reportea reveló los chats entre Zaliasnik y Hermosilla en los que coordinan la presión sobre Loreto Silva para que asegurara un pago para el actual embajador, ella no ha estado disponible para aclarar su rol. Esta vez no fue la excepción, pues dejó sin contestar los mensajes que le enviamos para conocer su versión.

¿Cuál fue el rol de Loreto Silva?

Los chats alojados en el celular de Luis Hermosilla dan cuenta de que entre mayo y junio de 2020, él y Gabriel Zaliasnik presionaron para que Loreto Silva diera luz verde a los honorarios que Zaliasnik había solicitado para representar al General Rozas.

El 13 de mayo de ese año es la primera vez que el tema aparece en los chats: “Voy a hacer que ACH (Andrés Chadwick) insista sobre la Loreto”, escribió Hermosilla. Y cumplió su palabra. Pocos minutos después le envió un mensaje a Chadwick: “Acuérdate de la Loreto Silva…es el tema de GZ (Gabriel Zaliasnik)”.

El tira y afloja continuó, al menos, durante un mes. El 10 de junio de ese año Zaliasnik le reenvió a Hermosilla un mensaje que antes había mandado a Loreto Silva: “Hola Loreto, soy Gabriel Zaliasnik. Andres Ch. me pidió que hablara contigo. Dime a que hora te acomoda que te llame. un abrazo”. Según Zaliasnik, la entonces presidenta del directorio de ENAP le pidió que la llamara dos horas después. Ante eso, Zaliasnik le dijo a Hermosilla que era el momento para que Chadwick interviniera: “Andres tiene 2 horas para hacer magia”.

Según los mismos chats, el 19 de junio Zaliasnik recibió un mensaje desde Carabineros: “Hola, Loreto escribió lo siguiente: ‘Me voy a dar este fin de semana para seguir. Pero no me ha ido bien’. Esto no tiene buena cara”.

En todo caso, hay otro intercambio de mensajes fechado el 25 de junio de ese 2020, cuando según el email exhibido por la defensa de Zaliasnik, ya se había sellado el acuerdo entre ENAP y Albagli Zaliasnik:

Zaliasnik: Lucho pudiste hablar con samuel? me esta escribiendo Elgueta y debo hablar mañana con la Loreto silva para definir finalmente que hago. Avisame xfa

“Samuel” es el abogado Samuel Donoso y “Elgueta” es Jaime Elgueta, el Coronel de Carabineros que por entonces ejercía la Dirección de Justicia de la institución uniformada, que coordinaba las defensas de los carabineros imputados por la fiscalía. 

Hasta ahora, ni Loreto Silva ni Andrés Chadwick han aclarado el rol de la expresidenta de ENAP en el pago para Zaliasnik por la defensa del General Rozas. El punto es relevante porque en las mismas causas judiciales contra Rozas, también aparecían como imputados autoridades del gobierno, como el mismo Chadwick por ser el ministro del Interior al inicio del estallido social, y también el entonces Presidente Sebastián Piñera.

Preocupación en La Moneda

Un chat entre Hermosilla y Zaliasnik, del 1 de diciembre de 2020, luego que el General Rozas declarara ante el Ministerio Público, deja en claro que una de las preocupaciones de los abogados era que la indagatoria no escalara hasta las autoridades civiles:

Zaliasnik: creo q seria bueno comentarte la dec (declaración) de ayer. Mañana a las 10 me junto con MR (Mario Rozas) para arreglar lo que falta pero mi sensacion no fue buena. (lo que mejor salio fue la respuesta que le quita cualquier responsab a Andres).

“Andrés” es Andrés Chadwick, quien habría participado en la coordinación para que Loreto Silva ayudara a pagar los honorarios de Zaliasnik.

Karinna Fernández, abogada querellante contra oficiales de carabineros y autoridades políticas del segundo gobierno de Piñera en los casos de violaciones a los derechos humanos del estallido social, indicó a Reportea que buscará que en esas causas, que continúan abiertas, se indague si hubo irregularidades en los pagos de las defensas de los imputados:

“La arista del financiamiento de las defensas de Carabineros, y en particular el rol del abogado Gabriel Zaliasnik en la representación del ex General Director Mario Rozas, es indispensable para la investigación penal (…) falta establecer si existió un litigio estratégico soterrado, si se usaron gastos reservados o fondos públicos no declarados para sostener defensas privadas, y si desde el poder político se articuló una estrategia para contener la verdad y blindar judicialmente a los responsables”, señaló Fernández, quien agregó que ya solicitó diligencias para que se cite a declarar a quienes aparecen involucrados en la arista de los pagos.

Además de la preocupación por el futuro judicial de las autoridades del segundo gobierno de Piñera, Hermosilla y Zaliasnik también tenían un ojo puesto en la cobertura de los medios de comunicación. El 16 de diciembre de 2020, conversaron sobre requerimientos que les estaban haciendo periodistas de El Mercurio y La Tercera para conocer detalles de la declaración del General Rozas ante la fiscalía: “No aflojemos pues hoy MR estaba citado x otra causa y la postergamos y andan periodistas tratando de levantar el tema”, escribió ese día Zaliasnik.

Otro registro de chats, esta vez entre Hermosilla y el entonces subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, también muestra la preocupación por la arista comunicacional. El 28 de marzo de 2021, Galli le envía al abogado un pantallazo de una nota que ese día había publicado El Mercurio, en la que se informaba que generales de Carabineros habían solicitado declarar ante la fiscalía.

Galli: Esto estaba coordinado con uds?

Hermosilla: Para nada. La autonomía de Yáñez o su defensor es un problema grave a estas alturas

Galli: Ok, te llamo

Para esa fecha, el General Director de Carabineros era Ricardo Yáñez, quien sucedió en el cargo a Mario Rozas, luego de que este renunciara en noviembre de 2020. El abogado de Yáñez era Jorge Martínez, quien vuelve a ser tema en el chat entre Galli y Hermosilla el 26 de abril de 2021, cuando coordinaban el pago de un informe en derecho que se usaría para las defensas de los carabineros. 

Galli le reenvía a Hermosilla un mensaje que había recibido de Martínez.

Galli: Querido Juan Francisco b noches converse con Luis el reconoce que Gil Gil es un enorme aporte un ferrari según sus dichos. Tb me señaló que se dividirá el costo converse con Jaime y lo verá mañana. Mucha fuerza y ánimo para ti con afecto Jorge

Galli: Esto me escribe Jorge Martínez, hablaste con él?

Hermosilla: Hablé. Te cuento mañana

En el chat hablan sobre el informe que preparaba Alicia Gil Gil, abogada y académica española que preparó un informe en derecho utilizado por la defensa del General (r) Yáñez.

Juan Francisco Galli no respondió preguntas para este reportaje. Desde su entorno señalaron que el gobierno de Piñera no financió las defensas de los uniformados, pero que sí existía una preocupación para que las defensas de los carabineros y de las autoridades políticas estuvieran coordinadas, y también porque los abogados de los oficiales en servicio activo no dieran declaraciones sin tener el visto bueno del Ministerio del Interior, entidad de la que en ese momento dependían las policías. 

Prueba de lo anterior es otro chat, del 5 de mayo de 2021, en el que Hermosilla le mandó a Galli el link de una entrevista que el abogado Jorge Martínez había concedido a La Tercera: “Queremos hipotecar la reconciliación nacional eternizando las persecuciones penales”, indicaba Martínez según el titular del periódico. El comentario de Galli fue categórico: “Le exigí que la bajara”.

Al parecer la orden de Galli fue exitosa, porque hoy no hay rastros de esa entrevista en el sitio web de La Tercera.

“LE CUENTO A ÁNGELA QUE SI LE IBA BIEN A LAGOS EN LA CAUSA, ESTE ME PARTICIPARÍA DE LOS HONORARIOS”

 

Migueles delata a Vivanco: reveló que exjueza supo en 2023 que abogado del consorcio bielorruso pagaría por fallo favorable

Gonzalo Migueles reconoció que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se enteró en septiembre de 2023 que él recibiría dinero del abogado Eduardo Lagos en caso de que al consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM) le fuera bien con los recursos ingresados al máximo tribunal, entonces integrado por Vivanco. “Fue en dicha oportunidad, en que conversé de los movimientos de máquina, cuando le cuento a Ángela que si le iba bien a Eduardo Lagos en la causa, este me participaría de los honorarios de la causa. Le señalé que era una causa grande para Eduardo Lagos y me había pedido que lo ayudara en la tramitación”, dijo. La revelación es importante porque días después, Vivanco junto al resto de la Tercera Sala del máximo tribunal, aprobó dos recursos de CBM que obligaron a Codelco a pagar $5.441 millones a CBM. Admitió que, luego, Lagos le pasó “un sobre con US$15 mil en efectivo”. La nueva declaración, entregada por Migueles el 3 de septiembre pasado, contradice su primer testimonio y también el de Vivanco: ambos habían afirmado que la exjueza nunca supo de pagos.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.


Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, decidió colaborar con la investigación y entregar un nuevo testimonio ante el Ministerio Público. Esta nueva declaración, entregada en las oficinas del OS7 el pasado 3 de septiembre, complica a la removida jueza de la Suprema, investigada por presuntamente haber vendido fallos en la trama bielorrusa.

Entre los nuevos antecedentes contenidos en su declaración de 12 páginas, Migueles afirma que desde septiembre de 2023 Vivanco sabía que él recibiría pagos de Eduardo Lagos asociados a los resultados favorables en la tramitación de los recursos de la causa del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM) ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, que entonces integraba la exministra. Su confesión fue reconocida por parte de la fiscalía como una colaboración con la investigación, lo que le permitió salir de prisión preventiva el pasado miércoles 30 de septiembre.

“Fue en dicha oportunidad, en que conversé de los movimientos de máquina, cuando le cuento a Ángela que si le iba bien a Eduardo Lagos en la causa, este me participaría de los honorarios de la causa. Le señalé que era una causa grande para Eduardo Lagos y me había pedido que lo ayudara en la tramitación. No le señalé a Ángela Vivanco cuáles eran los montos que había acordado con Eduardo Lagos, ya que nunca hablé de montos con él, ya que solo había acordado con Eduardo que me iba a pasar dineros cuando obtuviera resultados positivos y pagos de la empresa”, dijo Migueles.

Y agregó: “Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa”.

El momento al que hace referencia Migueles ocurrió antes de que los abogados Eduardo Lagos, Gabriel Silber y Mario Vargas presentaran, el 21 de septiembre de 2023, un recurso ante la Corte Suprema por las pérdidas que se habían generado para CBM por la desmovilización de su maquinaria en el marco de su disputa con Codelco. Siete días después, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió la solicitud a favor de CBM con el voto de Vivanco, lo que significó que Codelco desembolsara $4,4 mil millones en favor del consorcio. Es decir, sabiendo la exministra que su entonces pareja iba a recibir pagos producto de un fallo que ella liberaría en la Corte Suprema, no se inhabilitó.

En su testimonio, la expareja de Vivanco se esfuerza por circunscribir las propuestas de pagos a solamente uno de los socios del estudio de abogados que representaba a CBM: Eduardo Lagos. Porque aseguró ante la fiscalía que ni Gabriel Silber ni Mario Vargas –los otros dos abogados de ese estudio jurídico– sabían de estas tratativas. De hecho, en su declaración Migueles nombra en 69 ocasiones al abogado Lagos, mientras que solo ocho veces pronuncia el nombre de Vargas y solo tres el de Silber.

“Debo señalar que Mario Vargas y Gabriel Silber no tenían conocimiento de los acuerdos que yo tenía con Eduardo, ya que él me había señalado que no debía decirle a nadie, eso incluía a ambos”, dijo. 

La estrategia procesal inserta en esta segunda declaración ante el Ministerio Público, incluyó que Migueles entregara nuevos detalles sobre los pagos que habría recibido de Lagos por la tramitación de la causa bielorrusa. Según su relato, el abogado lo citaba a reuniones en la oficina que compartía con Vargas y Silber, donde le solicitaba ayuda y le hablaba de “premios”. 

Según su testimonio, la idea de que Migueles comenzara a recibir pagos por estas gestiones ante Vivanco partieron con la tramitación de otra causa, la de Inmobiliaria Fundamenta. CIPER dio a conocer en 2025 las similitudes que tenía el paso de los recursos de esa inmobiliaria con los de CBM: ambas empresas, CBM y Fundamenta, eran clientes de Lagos, Vargas y Silber; al igual que en la disputa de la empresa bielorrusa, Vivanco apuró la vista de Fundamenta y la salida del fallo; el exministro Diego Simpértigue, cercano a Lagos y Vargas, también concurrió con su voto a favor; y en ambos casos había beneficios millonarios comprometidos a favor de los clientes de esos abogados (vea esos reportajes).

Migueles señaló ante la fiscalía que su ayuda en la causa Fundamenta –que incluyó pedirle a Vivanco que se emitiera el fallo a más tardar el 1 de marzo de 2023– generó el primer pago de Lagos: recibió $13 millones. Y que en el caso del consorcio bielorruso, según explicó, Lagos le ofreció “más dinero que lo que había recibido por Fundamenta”. Así lo dijo:

“En marzo de 2023, Eduardo Lagos me llama y me señala que vaya a la oficina, que era algo importante. Me junté con él y me cuenta que había llegado una causa grande de una empresa que prestaba servicios mineros de nombre Movitec. Era una causa contra Codelco, que era una causa grande e importante. No me da muchos detalles y me pregunta si existía la posibilidad de que Ángela Vivanco nos ayudara en la estrategia para enfrentar la causa, que iba a presentar un recurso de protección. Lo que me estaba pidiendo era que le consultara su opinión a ella, ya que tenía experiencia en materia de recursos de protección. La conversación ese día quedó ahí, no me dijo nada más. Yo le contesté que creía que podía ayudarlo, considerando que ya lo había realizado con éxito en el caso Fundamenta”.

En las dos horas de declaración, Migueles admitió que recibió cinco pagos vinculados al caso CBM, los que en total suman US$95 mil. Cuatro de ellos son posteriores a septiembre de 2023, es decir, cuando Vivanco, según la versión de Migueles, ya estaba al tanto de los pagos que le hacía Lagos. 

En su declaración señaló lo siguiente:

“Recuerdo que en junio de 2024, Eduardo me llama y me pide que nos juntemos. Me cuenta que les había ido bien en el recurso de la Corte Suprema y que venía un pago. Que apenas tuviera el dinero, me entregaría un premio. A mediados de junio de 2024 Eduardo me llama y me da instrucciones para que concurra nuevamente a la casa de cambio a retirar 45.000 dólares”. Este monto constituye el pago más alto, según Migueles.  

Sobre la participación de Vivanco, Migueles relató que le pidió ayuda a la entonces jueza, pero siempre se sitúo él como el contacto con Lagos y nunca reveló una relación directa entre ella y los abogados:  

“Yo hablo con Ángela Vivanco y le cuento que el recurso ya estaba en la Corte Suprema y que era importante que se viera lo antes posible, y como ella estaba de presidenta, podía hacer que se viera rápido. En esos días Eduardo Lagos me insistía todo el día, me preguntaba si había conversado con Ángela y me hacía una serie de indicaciones para que yo se la diera a Ángela. Yo le iba contando a Eduardo Lagos lo que iba sucediendo y lo que me decía Ángela. Ángela cuando le pedía y le contaba lo del recurso me señalaba que haría lo posible, que no veía problemas en hacerlo porque de ella dependía la rapidez con que se viera la protección”.

Migueles describió el momento en que recibió el primer pago de Lagos y señaló que el penalista estaba eufórico:

“El día 3 de julio de 2023, Eduardo Lagos me contacta cerca del mediodía y me señala que concurra a la oficina en la tarde, que era importante. Yo llego ese día después de almuerzo, Eduardo estaba muy contento, eufórico y me señala que ya estaba listo el fallo y que les había ido bien en el recurso. No sé cómo Eduardo supo del resultado del recurso. Me agradece las gestiones y me señala que, como me había dicho, acá ganábamos los dos y me entrega un sobre con 15 mil dólares en efectivo. Me señala que mi ayuda era muy importante y que lo más probable era que la causa aún no se había terminado, que deberíamos seguir trabajando”.

Si bien la expareja de Vivanco implica a la exministra sobre gestiones para los clientes de CBM y sostiene que, al momento de fallar, ella ya tenía conocimiento de que él recibiría pagos si ella votaba a favor de la empresa, Migueles no menciona que esos pagos hubieran llegado a ella también. Sin embargo, la fiscalía ha sostenido en audiencias que Migueles costeaba viajes que realizaba junto a Vivanco, algo que él admite en su declaración. Y aunque Vivanco ha dicho que tenía “economías separadas” con su expareja, Migueles también admitió que los pagos que recibía se los gastaba en la vida que tenía en común con ella: 

“En relación a los dineros obtenidos de los pagos recibidos por Eduardo Lagos, la mayoría de ellos los gastaba en gastos cotidianos, en pagos de deudas, tarjetas, también en algunos viajes que realicé. Nunca le entregué dinero a Ángela. Pero sí lo usé en gastos de la vida en común, como el arriendo de la casa o el viaje a lo usé en gastos de la vida Buenos Aires, de diciembre de 2023”, fue parte de lo que dijo, para luego agregar: “Nunca le pasé dinero a Ángela” (lea la declaración completa aquí).

La pareja también realizó un viaje después de que Migueles recibió un pago de Lagos por el fallo favorable a la inmobiliaria Fundamenta. CIPER publicó en agosto pasado que, tras el pago de $13 millones vinculado a ese dictamen, Vivanco y Migueles viajaron a Colombia (vea ese reportaje). 

CIPER contactó a Ángela Vivanco para saber su versión, pero señaló no conocer el contenido de la declaración, por lo que no podía dar una respuesta. El abogado de Eduardo Lagos, por su parte, Marcelo Abujiar, también declinó referirse al tema.

LAS GESTIONES DE VIVANCO Y LOS PAGOS, SEGÚN MIGUELES

En su declaración, Gonzalo Migueles reconoció cinco ocasiones en que Vivanco respondió las consultas que él le realizaba a solicitud de Lagos sobre la causa de CBM. Dos de estas después de que él le contó que estaba recibiendo dinero del abogado. Su declaración, sin embargo, no involucra a la exministra en algún rol relacionado con el origen de los pagos. Insistentemente, Migueles atribuye toda la estrategia de coimas y pasos judiciales a Eduardo Lagos. 

Esta es la cronología de las gestiones y pagos:  

  • Según Migueles, cuando Lagos lo contactó en marzo de 2023 para hablarle de la causa de CBM, el abogado le pidió que consultara a Vivanco sobre la estrategia para enfrentar el recurso de protección que preparaba. Tras transmitirle la consulta, esto dice Migueles que respondió Vivanco: “Ángela me señaló que en estos casos lo mejor era alegar autotutela, ya que en casos similares la Corte Suprema ya se había pronunciado a favor, por lo tanto el recurso podía ser acogido”. Todo esto después se lo comunicó a Eduardo Lagos.
  • Las gestiones continuaron en los meses siguientes. Según Migueles, el abogado lo mantenía informado de la tramitación del proceso y le envió incluso el borrador impreso del recurso presentado en la corte de Copiapó para que Vivanco lo revisara. “Ella lo leyó y me dijo que estaba bien, cuando le conté esto a Eduardo estaba muy contento”, aseguró Migueles.
  • Cuando la causa llegó a la Suprema, Lagos volvió a pedirle que recurriera a Vivanco. Según Migueles, el abogado estaba pendiente de la integración de la sala y de las fechas en que los ministros ejercerían la presidencia. Le señaló que Vivanco estaría a cargo de la sala a fines de junio y que eso era importante para que el recurso pudiera ser visto con rapidez: “Yo hablo con Ángela Vivanco y le cuento que el recurso ya estaba en la Corte Suprema, y que era importante que se viera lo antes posible, y como ella estaba de presidenta, podía hacer que se viera rápido”. Según dijo, Vivanco le indicó que haría lo posible.El recurso fue visto a fines de junio de 2023, y el fallo se conoció el 4 de julio. Un día antes, Lagos citó a Migueles a su oficina. Según su declaración, el abogado estaba “muy contento” y le comunicó que el resultado había sido favorable: “Me agradece las gestiones y me señala que, como me había dicho, acá ganábamos los dos y me entrega un sobre con 15 mil dólares en efectivo”, declaró Migueles. Según su testimonio, ese fue el primer pago que recibió de Lagos por la causa CBM.
  • De acuerdo con la versión de Migueles, tras ese fallo, Lagos le explicó que la sentencia de julio no había incorporado el costo por el movimiento de las máquinas de Movitec. Migueles volvió a consultar a Vivanco, quien le recomendó recurrir a la Suprema. Esta gestión ocurrió en septiembre de 2023. Migueles asegura que fue en ese momento en que puso al tanto a la exministra sobre los pagos que recibía de Lagos y que continuaron después.En diciembre de 2023, Lagos lo citó nuevamente a su oficina y le entregó otros US$15 mil, esta vez como “premio” por el resultado favorable relacionado con el movimiento de las máquinas.
  • Según el testimonio de Migueles, ya en 2024 Lagos le habló de nuevos recursos relacionados con el impuesto (IVA) asociado a la desmovilización de maquinaria y los reajustes. Como nuevamente le fue bien a CBM con esas sentencias, vinieron otros pagos: en febrero de 2024, en la casa de cambio Inversiones Suiza, de propiedad de Harold Pizarro, por instrucciones de Lagos, le entregó US$10 mil. Y a fines de ese mes, recibió otros US$10 mil de la misma forma:“Creo que era por la tramitación de las quejas relacionadas con el IVA y el reajuste. Como no entendía, ya que no soy abogado, yo hacía o seguía las instrucciones que Eduardo me entregaba. Todo lo que me iba comentando Eduardo sobre la causa, yo se lo comentaba a Ángela y viceversa”, señaló.
  • El pago más alto llegó en junio de 2024, cuando Lagos le informó que les había ido bien con el recurso en la Corte Suprema y le indicó que acudiera nuevamente a la casa de cambio a retirar otros US$45 mil que, según la última audiencia de reformalización del 22 de septiembre, en realidad la cifra es de US$47 mil. “Ese fue el monto mayor que recibí por la causa Movitec”, señaló.

En su declaración, Migueles señaló sentirse arrepentido y esto dijo respecto a recibir dineros de Lagos: “Yo le dije ‘gracias perrito, me caen de maravilla’. Reconozco con vergüenza que debió haberme dado un poco de pudor. Lo mismo con los 10 mil dólares que me entregó en febrero de 2024 y los 45 millones, yo agradecía nomás. Hoy estoy arrepentido, me da vergüenza, pero no creí haber hecho nada que estuviera reñido con la justicia, creí que era una paleteada o un favor entre amigos”.

Gonzalo Migueles (Créditos: Agencia Uno)

LAS CONTRADICCIONES EN LOS TESTIMONIOS

Las afirmaciones vertidas en esta segunda declaración de Migueles ante la fiscalía, contradicen su testimonio anterior en esta misma causa y también el prestado por la propia Vivanco. El 23 de abril, ante el fiscal de Los Lagos, Marco Muñoz, Migueles aseguró de forma categórica que Vivanco nunca supo de pagos. Esto fue lo que dijo en esa oportunidad sobre si le había comentado a su entonces pareja haber recibido dinero: 

“No. Si eso hubiera pasado, usted estaría frente a un eunuco, usted no tiene idea el nivel de rectitud que tiene Ángela. Si ella hubiera sabido, hoy sería un eunuco. Ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización, y en estos seis meses no hemos hablado”.

Esta nueva declaración también contradice lo afirmado por la exministra Vivanco, quien el pasado 6 de agosto señaló ante fiscalía que nunca habló de la causa de CBM con Migueles ni con los abogados de CBM: “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco”, declaró Vivanco.

Entre la primera y la segunda declaración de Migueles, hay otra contradicción. Esto, respecto al recurso que buscaba incorporar el cobro del IVA y reajustes en la desmovilización de la maquinaria a favor de CBM. Porque, inicialmente, Migueles afirmó que le consultó a Vivanco aspectos de la causa del consorcio bielorruso, pero de forma encubierta, supuestamente sin que la ministra supiera que estaban hablando del proceso que ella debía ver en la Corte Suprema. Y que Eduardo Lagos le pidió esta ayuda solo para “enfocar judicialmente” la causa de CBM. Lo dijo así: 

“En algún momento yo le pregunté a Ángela qué pasaba cuando una empresa chica era cesada en su contrato por una empresa grande, y ella me habla de la autotutela. Me quedó el concepto de autotutela, y eso es lo que le traspasé a Lagos”, declaró originalmente Migueles. Ahora, en su última comparecencia, cambió su relato, admitiendo que le dijo a la exjueza que la consulta respecto al recurso que llegaría a la Suprema era de Lagos.

Juego de tronos: cuando Chadwick y Hermosilla le “armaron” el gabinete a Sebastián Piñera

 

Juego de tronos: cuando Chadwick y Hermosilla le “armaron” el gabinete a Sebastián PiñeraINVESTIGACIÓNArchivo (AgenciaUno)


Claudio Pizarro Sanguesa
Por : Claudio Pizarro SanguesaPeriodista Unidad de investigación de El Mostrador.
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Los chats revelan cómo ambos evaluaban, sugerían y vetaban nombres para el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, desde subsecretarías hasta la Agencia Nacional de Inteligencia, para la cual evaluaron el nombre del actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia.


Resumen

El Mostrador Fuente Preferida

El 1 de enero de 2018, en plenas celebraciones de fin de año, Andrés Chadwick le escribió un WhatsApp a Luis Hermosilla, planteándole un interesante acertijo político: elegir entre el exfiscal nacional Sabas Chahuán o el UDI Felipe Ward para encabezar la Subsecretaría de Prevención del Delito durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. “¿Te sigue gustando Sabas?”, le preguntó.

“Me gustan los dos para ese cargo, pero Felipe es más buen mozo” (sic), le respondió Hermosilla con ironía.


Durante esos meses anteriores al arribo de Piñera a La Moneda, según los chats a los que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, los mensajes entre ambos abogados eran básicamente para incorporar, sugerir o vetar nombres que empezaban a circular en torno a la nueva administración de Gobierno. Sabas Chahuán, según Hermosilla, era un candidato con atributos interesantes.

“Puede ser un golpe! Me pelie con él pero tiene cancha, se maneja en el tema, la gente lo conoce, puede ayudar en lo del MP…Y además te tiene buena” (sic), le comentó a Chadwick.

El propio exfiscal nacional, muchos años después, reconocería que Hermosilla lo llamó para preguntarle si Sebastián Piñera y Andrés Chadwick serían citados a declarar en el caso Penta. Lo demás es historia: Chahuán reasignó el cierre de la investigación al fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, hoy imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en una arista derivada del caso Hermosilla.

Sabas Chahuán, en rigor, fue un nombre más en el listado elaborado por el exministro del Interior y el exasesor judicial de Piñera. Al igual que en nombramientos de magistrados y otros altos funcionarios judiciales –14 en el caso de Hermosilla–, las evaluaciones consistían en desmenuzar el perfil de los candidatos y proponer las cartas más confiables a sus intereses. Un juego de tronos donde ambos acostumbraban a levantar o bajar el dedo, despejando el camino para los candidatos más confiables.

Listado de la UDI

Ese mismo 1 de enero de 2018 –horas antes del mensaje enviado sobre Chahuán–, Hermosilla le escribió a Chadwick para comentarle que tuvo acceso a una lista de la UDI con varios candidatos para distintos cargos en el Gobierno, cuyos nombres estaban siendo sometidos a revisión de antecedentes. El penalista le dijo que encontró “pobre la lista” y que había varios “perdedores” y otros formalizados.

Chadwick respondió que en el partido “estaban locos” y que “no tienen gente”. A renglón seguido, aseguraba que él mismo había sugerido varios nombres de mujeres, con espíritu de “sentido y renovación” para el cargo de subsecretarias: Mónica Zalaquett, Isabel Plá, Pía Magritte, Viviana Ruiz y Anita Holuigue. Al menos cuatro de ellas, en efecto, asumieron altos cargos en el segundo Gobierno de Piñera.

Hermosilla, no obstante, confirmó que en el listado “no viene ni la Pla ni la Anita” y que le parecía un buen nombre “Soledad Bacarreza”. Además “es rica”, añadió. Sobre el listado, reconoció una cuota de nepotismo: “Mucho pariente de Álvaro Cruzat”. Respecto de la Segpres, transparentó que sonaba el abogado Arturo Fermandois –exembajador en Estados Unidos en el primer Gobierno de Piñera–, pero que también podría utilizar a (Claudio) Alvarado para el mismo cargo, en referencia al actual ministro del Interior y de Segegob.

En otra ocasión fue el propio Chadwick quien le insistió a Hermosilla que le recomendara algunos nombres para la cancillería. Luis Hermosilla no titubeó y propuso a Hernán Larraín en Relaciones Exteriores, a Marcela Cubillos en “temas mujer” y en vocería a la “Pepa” –Hoffmann– o a Cecilia Pérez.

De todos los nombres que aparecían en el listado de la UDI, hay uno a quien Hermosilla le hizo la cruz: Orlando Chacra, exdirector ejecutivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y controlador del Grupo Phoenix. Dijo no saber cómo llegó ahí y que su nombre “traerá problema”. ¿Tiene antecedentes penales?, preguntó Chadwick. “No creo”, respondió Hermosilla.

“Este es el paisano que tenía oficina abajo cuando estábamos en el bosque. Estuvo relacionado con negocios inmobiliarios cercanos a la cni y era dueño de un Parque Eólico” (sic), agregó el abogado asesor del Gobierno de Piñera.

Consultado sobre los comentarios de Luis Hermosilla, Orlando Chacra aseguró a El Mostrador que efectivamente fue vecino de Luis Hermosilla en el edificio Atlantis hace muchos años, pero que no tiene “idea de lo que está hablando el señor Hermosilla”.

La ANI y Sichel

Otra de las preocupaciones del poder en esos días era escoger con pinzas el nombre del nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia, en reemplazo de Gustavo Villalobos. El 31 de marzo de 2018, apenas unas semanas después de asumir el nuevo Gobierno, Chadwick le pidió a su amigo evaluar una serie de nombres para encabezar la ANI.

“Hola … tengo que decidir ANI. Entre civiles tres alternativas: Masferrer/Valencia/Chocair/ Holzmann (Al Pdte no le entusiasma mucho Masferrer) Entre ex: Hardy/Jordan (ambos directores de inteligencia armada) Hernan Mardones (ex jefe estado mayor conjunto ejército) Juan Carlos Salgado (ex general/mesa de diálogo). Tienes opinión?”.

Aunque Hermosilla no respondió la conversación de WhatsApp –pudo haberse cambiado a Telegram, la app de mensajería que usaban para temas delicados–, queda en evidencia que al menos dos nombres del listado ocuparon efectivamente el cargo durante la gestión de Piñera: Luis Masferrer y Gustavo Jordán y que el actual Fiscal Nacional estaba dentro de las cartas para ser el jefe de inteligencia de Sebastián Piñera, al menos al nivel de sus cercanos.

Además de cruces o beneplácitos, en los chats también se transmitían advertencias. Luis Hermosilla siempre se preocupaba de transmitir el pulso del ambiente, a través de comentarios de otras personas. A comienzos de 2018, alguien sin identificar le pidió que le dijera a Chadwick que no incorporaran al Gobierno a un tal Sebastián Iglesias. “O Sichel como se hace llamar ahora”, dice.

“Te vas a acordar de mí”, le advirtió sobre el actual alcalde de Nuñoa y, en su momento, candidato presidencial de la derecha.

Los mensajes reenviados por Hermosilla aseguraban que Sichel es “flojo pero de remate”. “Lo único que ha hecho en su vida es vivir de Sta Cruz”, aludiendo al empresario Juan José Santa Cruz, padrino político y coordinador de la campaña presidencial de Sichel en el año 2021.

Las críticas aludían a ayudas realizadas en el marco de su campaña a diputado del año 2009 por el distrito 24 –La Reina y Peñalolén–, candidatura al alero de la Democracia Cristiana y cuestionada por financiamiento irregular proveniente de las grandes pesqueras, situación que marcó un quiebre entre Sichel y el partido de la flecha roja.

Cabe consignar que las advertencias, en este caso, no fueron consideradas. Sichel tuvo al menos tres cargos en el segundo Gobierno de Piñera: vicepresidente ejecutivo de Corfo, ministro de Desarrollo Social y Familia y presidente de BancoEstado. En este último cargo, en el año 2020, contrató a Hermosilla para representar al organismo en un caso de sabotaje informático por el cual pagó $21 millones.

Hay que recordar que Sichel también aparece en los chats entre Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff, cuando este último le preguntó, en junio de 2020, si su nombramiento en BancoEstado era “bueno para nosotros”. El abogado respondió: “No bueno, demasiado bueno, íntimo de ACH (Andrés Chadwick). Cuando quieras, Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguro”, dejando la puerta entreabierta a eventuales negocios.

Tras la revelación de esta última conversación, Sichel presentó una querella en contra de Luis Hermosilla por injurias graves, acusándolo de haber ostentado ante un tercero influencias que declaró nunca haber recibido cuando se desempeñaba como presidente de BancoEstado.

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