PAÍSCedida
El abogado –que este año cumple 50 años dedicado a la defensa de víctimas de violaciones de los derechos humanos– dice que en casos como el del exagente César Manríquez no hay ánimo de venganza y se pregunta si estará en la voluntad de José Antonio Kast encontrar a detenidos desaparecidos.
Hace apenas un par de semanas distintos abogados y activistas de derechos humanos comenzaron a contactarse entre ellos con el fin de postular al abogado Nelson Caucoto al Premio Nacional de DDHH. Mal que mal, Caucoto está cumpliendo 50 años de ejercicio profesional solo dedicado a esta materia. Comenzó a desempeñarse en dicho ámbito en 1976, en la hoy desaparecida Vicaría de la Solidaridad, a la que se integró poco después de terminar sus estudios en la Universidad de Concepción y jurar como abogado.
Para decepción de sus cercanos, sin embargo, Caucoto les pidió que no llevaran adelante la postulación, pues no se sentía cómodo con ella, entre otras cosas porque –comenta– se enteró de que están siendo postuladas Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, y la histórica abogada de derechos humanos Rosemarie Bornand, con quien trabajó en la Vicaría. Frente a ello, comenta, no quiso ser obstáculo para que alguna de ellas fuera premiada.
Sin embargo, lo que realmente le preocupa hoy por hoy es lo que está sucediendo en materia de derechos humanos, algo que –señala– era previsible.
–¿Qué balance hace usted de cómo asumió este nuevo Ejecutivo el tema de derechos humanos?
–Antes de que asumieran escribí una columna de opinión en una revista que se llama La nueva mirada, en la cual presagiaba todo lo que está ocurriendo. Yo ponía el ojo fundamentalmente, porque no se ha dicho eso, en el Programa de Derechos Humanos, porque es el más grande persecutor que existe en Chile en contra de los crímenes de lesa humanidad. No hay otro persecutor que sea de carácter estatal que persiga los crímenes de lesa humanidad.
Entonces, ojo, que cuando se habla del programa, estamos hablando de una entidad que tiene juicios en todo Chile, que tiene una gran cantidad de abogados, una gran cantidad de funcionarios, y a mí me preocupaba mucho el tema del programa, porque además está encargado de la búsqueda de desaparecidos. Yo me planteo una interrogante: ¿Kast querrá encontrar algún desaparecido?
Al respecto, señala que “no me imagino a Kast diciendo: ‘Mire, hemos encontrado a un detenido desaparecido después de las tareas de búsqueda que realizamos en el norte de Chile’. No lo veo. Esa es la segunda fuente que yo veía peligrar con este Gobierno. En tercer lugar, bueno, está el tema de los indultos particulares. ¿Es posible que se indulte a Krassnoff y a todos los tipos que están en Punta Peuco?”.
El secuestro permanente
Salvo algunos casos que fueron juzgados a mediados de los años 90, Caucoto detalla que los verdaderos juzgamientos a los violadores de los DDHH comenzaron “30 años después del golpe militar” y ello incide en que los acusados comenzaron a ser juzgados “a una edad tardía y, cuando se les condena, ya tienen 80. Entonces, empiezan con falencias de salud y el deterioro natural. Así, la justicia llegó no solo para las víctimas. Ellos se beneficiaron de esos 30 años de impunidad en que nadie los tocó, nadie les hizo saber que habían cometido delitos gravísimos, que tenían que responder”.
Hoy en día, indica, y pese a toda la polémica que hubo respecto de la figura del secuestro permanente, “nadie discute que hubo gente secuestrada y que esa gente secuestrada sigue siendo, hasta hoy en día, víctima de un delito que se va consumando cada día de su desaparición”.
En ese contexto, sin embargo, todo puede cambiar –dice–, entre otras cosas porque “desgraciadamente, el Presidente Boric dejó varias vacantes en la Corte Suprema” y señala que basta con que “lleguen tres jueces representativos de la derecha, gente refractaria a los derechos humanos, a la Sala Penal de la Corte Suprema y nos echan abajo toda la biblioteca de principios, de doctrina, de jurisprudencia, que ha sentado la Segunda Sala Penal en estas materias, pese a que las sentencias condenatorias de la Segunda Sala son sentencias muy bien fundadas, son sentencias que se estudian fuera del país”.
Otro motivo de un posible cambio –indica– es que quienes hoy cumplen condenas en Punta Peuco “salgan en libertad simplemente con esta ley que encabeza el senador Chahuán, que fue aprobada en el Senado”.
Crímenes por pagar
Al respecto, indica que lo anterior no puede suceder, pues “nos ha costado 50 años que se vaya haciendo justicia. Los autores de estos crímenes tienen que pagar por ellos. Aquí no hay ánimo revanchista, sino que tienen que hacerse responsables por los delitos que cometieron. Y ojo, escuché a Kast diciendo que ‘parece que hay juicios que se llevaron mal o hay juicios que se fallaron mal’. Eso es absolutamente falso. Toda esta gente está condenada por un tribunal de primera instancia, por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema y yo diría que casi por unanimidad son todos los fallos condenatorios”.
–Abogado, ¿tiene alguna expectativa más bien sobre el Plan de Búsqueda, en el contexto actual?
–En primer lugar, hay que decir que el Plan de Búsqueda empezó muy tarde, pero tienen que seguirlo, porque hubo un compromiso estatal, es un compromiso de la sociedad chilena serio, un compromiso de que la búsqueda de los desaparecidos no queda solo en manos de particulares y de las agrupaciones, sino que del Estado. Y eso, en la medida que es una ley permanente, debe proseguir. Por eso es que uno tiene que poner la voz de alerta frente a lo que ha estado pasando con el descabezamiento del Programa de Derechos Humanos, que es el motor del programa de búsqueda.
Al respecto, Caucoto señala que la sociedad chilena se está manifestando, por medio de las encuestas, puesto que –dice– “todas las medidas que ha ido tomando este Gobierno han sido desafortunadas. En el plano económico, en el plano social, hay una serie de reivindicaciones, de luchas, de conquistas, que están en peligro. Es llamativo el tema de la PGU, es llamativo el tema de tratar de confundir el lenguaje, de decir que no se quiso decir lo que se dijo, cuando todo eso está escrito, está en los oficios de Hacienda a todos los ministerios”.
Y agrega: “Entonces, cuando hablan de la Ley de Reconstrucción, yo diría que es la ley de demolición, es una ley que demuele muchas cosas. Y el tema que yo veo es que la gente que gobierna, esta ultraderecha, es absolutamente indolente, y es intrépida y es audaz, y es capaz de hacer lo que se proponen hacer, más allá de que si la gente está contenta o no está contenta. Ahora, el grado de soberbia de algunos de los ministros es espantoso. Espantoso.
Los hombres de Pinochet
–¿Qué interpretación hace usted del hecho de que haya dos ministros en este Gobierno que fueron abogados de Pinochet?
–Yo no quiero crucificar a estos dos ministros, pero sin lugar a dudas que ellos representan el perfil de este Gobierno. O sea, el propio Presidente es pinochetista a rajatabla, de eso no hay ninguna duda. Y si tiene estos ministros que son pinochetistas y otros que también están en la misma línea, nada bueno podemos esperar en lo que es el área en la cual yo me desarrollo, que son los derechos humanos. Aquí sé que va a haber una política de demolición concreta, no me cabe ningun duda, lo que te dije al comienzo, y creo que Kast va a indultar a un montón de personas que están en Punta Peuco.
Ahí, indica, aparece otro problema: el de la impunidad biológica, la que generó un fuerte debate jurídico durante febrero y marzo en torno a la figura del exagente de la DINA César Manríquez, respecto del cual la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos dio la orden de no apelar a la sustitución de penas que ordenó la Corte de San Miguel a su respecto, dejándolo al cuidado de su esposa, debido a que su defensa alegó que el condenado, de 95 años, padece de enajenación mental.
Caucoto es categórico al respecto: “Yo les digo a los jóvenes que trabajan en mi oficina que aquí tenemos un principio que es básico: el sujeto que está preso, que está enfermo, que irremediablemente se va a morir en unos meses más, porque así lo señalan los certificados médicos, en unos meses más, o que no sabe dónde está porque tiene alzhéimer, que se vaya a morir a su casa junto con su familia. Nosotros no estamos a favor de la venganza”, detalla, explicando que, por otro lado, “hay que ver qué siente un familiar cuando ha luchado 50 años, ha logrado esta parte de la justicia, que es el castigo penal, y ve que de la noche a la mañana este sujeto está en su casa gozando. Eso es una revictimización”.
–Ustedes también sospechan, como ya sucedió en el caso de Erwin Dimter, que hay condenados que están simulando enfermedades que no existen.
–Pero por supuesto, porque lo que nosotros estamos haciendo es precisamente alertar a los tribunales, que no se dejen engañar. Dimter salió con un informe del Servicio Médico Legal. Entonces uno dice “bueno, ¿y qué hay en el Médico Legal?”. Nos hemos hecho asesorar por expertos a nivel mundial en este tema y para ellos es anómalo, absolutamente negativo, que aquí se esté mandando a una persona a su casa solo con el examen de un psiquiatra. El Servicio Médico Legal debería tener una batería de exámenes profesionales efectuados por neurólogos, neuropsicólogos clínicos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, médicos forenses, psicólogos expertos en el tema de la simulación, geriatras, fisiatras, pero eso no existe: al psiquiatra que hizo el examen de Dimter le pagaron por ese servicio, simplemente.
Frente a ello, relata que “encontramos que hay un centro en Chile que es el que más sabe del tema de la memoria y de la salud mental, que está ubicado precisamente como centro de la memoria en el Hospital del Salvador, y ellos ya hicieron informes que dicen que en el caso del señor Manríquez este estaría simulando. En el caso de Dimter, lo que hizo ahí la magistrada Paola Plaza fue de película, porque ella no quedó muy satisfecha con el informe del psiquiatra y mandó a la PDI a investigar la conducta del condenado. Así se dio cuenta de que esta era normal y que la habían engañado. Respecto de eso queremos alertar a nuestros tribunales. Ya Pinochet trató de engañarlos y lo mismo sucedió con Edgar Ceballos Jones”.
Frente a ello, relata que no se puede dejar de tener presente que la mayoría de estos condenados “vienen del mundo de la inteligencia y que por ende saben engañar”, por lo cual pide que “si hay un enfermo, un enajenado mental, compruébenlo con una batería de exámenes y de imagenología que se necesitan para hacer un diagnóstico certero”.
