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La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el actual embajador de Chile en Israel figura como imputado en la investigación derivada del caso Audio sobre eventuales irregularidades e influencias en nombramientos del Poder Judicial. La causa todavía no ha sido formalizada ante un tribunal. La confirmación profundiza los antecedentes publicados el viernes pasado por El Clarín, cuando Galy Chávez dio cuenta de las declaraciones de Luis Hermosilla que situaron al diplomático en conversaciones sobre designaciones judiciales.
La situación judicial del abogado y actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, adquirió este martes una nueva dimensión.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que Zaliasnik tiene calidad de imputado en una de las investigaciones derivadas del denominado caso Audio, relacionada con eventuales irregularidades en nombramientos dentro del Poder Judicial.
“Es conocido que tiene calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”, señaló Perivancich al ser consultada sobre el diplomático.
La precisión es jurídicamente importante.
Zaliasnik no ha sido formalizado ni procesado, y hasta ahora no existe una audiencia en la cual el Ministerio Público le haya comunicado formalmente cargos ante un tribunal.
La calidad de imputado significa que la Fiscalía desarrolla una investigación penal respecto de hechos en los cuales aparece involucrado. No implica que se haya establecido su responsabilidad ni altera su presunción de inocencia.
Sin embargo, la confirmación oficial del Ministerio Público constituye un avance relevante respecto de los antecedentes conocidos hasta ahora y vuelve a abrir la discusión política sobre su permanencia como representante diplomático de Chile en Israel.
El antecedente publicado por El Clarín
La noticia confirma y profundiza antecedentes que El Clarín había publicado el pasado 3 de octubre.
En una nota de la periodista Galy Chávez, titulada “Embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, aparece en red de corrupción judicial investigada por fiscalía de Valparaíso”, este medio informó sobre las declaraciones prestadas por Luis Hermosilla ante la fiscal Perivancich.
Hermosilla situó al actual embajador dentro de un grupo de abogados y funcionarios que conversaban sobre nombramientos judiciales.
“Estas conversaciones de nombramientos las sosteníamos entre Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y yo”, declaró Hermosilla, mencionando además la participación recurrente de Héctor Mery y, en determinados casos, de otros funcionarios y abogados.
La declaración fue entregada en el marco de los interrogatorios que realiza la Fiscalía de Valparaíso sobre distintas aristas vinculadas a las redes de influencia reveladas después de la incautación del teléfono celular de Hermosilla.
Los nuevos antecedentes conocidos posteriormente han permitido precisar el papel que Hermosilla atribuye a Zaliasnik.
Según su testimonio, el actual embajador tenía incluso una capacidad de interlocución con integrantes del Poder Judicial superior a la suya.
“Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema”, declaró ante las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione.
Hermosilla sostuvo además que junto con Zaliasnik y el abogado Samuel Donoso discutían quiénes podían ser candidatos adecuados para determinados cargos judiciales.
Se trata, hasta ahora, de declaraciones incorporadas a una investigación penal y no de hechos establecidos mediante una sentencia.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La arista busca determinar si existieron actuaciones eventualmente ilícitas destinadas a influir en procesos de nombramiento de jueces y ministros de cortes.
La investigación relacionada con Zaliasnik comenzó después de conocerse comunicaciones provenientes del teléfono de Luis Hermosilla y de una denuncia presentada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
Entre los antecedentes examinados existen conversaciones sobre candidaturas a cargos judiciales y contactos con integrantes de tribunales.
Una investigación publicada en junio por Reportea reconstruyó, a partir de los chats y expedientes judiciales, intervenciones atribuidas a Zaliasnik en nombramientos de integrantes de cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema.
El medio identificó gestiones relacionadas con, entre otros, Gerardo Bernales en Talca; Gonzalo Rojas en Concepción; Antonio Ulloa, Verónica Sabaj, Paula Merino, Lilian Leyton y Alejandro Aguilar en Santiago, además de la fiscal judicial Ana María Hernández.
Reportea también señaló que Zaliasnik, Hermosilla y Samuel Donoso apoyaron durante 2021 las candidaturas de María Cristina Gajardo y Diego Simpertigue para integrar la Corte Suprema.
La existencia de gestiones destinadas a apoyar determinados nombramientos judiciales no constituye por sí misma un delito.
Lo que debe establecer la investigación es si existieron influencias indebidas, contraprestaciones, conflictos de interés u otras actuaciones susceptibles de responsabilidad penal.
El mensaje sobre una prisión preventiva
Otro antecedente incorporado a la investigación puede resultar especialmente relevante.
Durante uno de los interrogatorios, la Fiscalía exhibió a Hermosilla un mensaje enviado por Zaliasnik en noviembre de 2022.
En esa comunicación, el entonces abogado solicitaba ayuda para conseguir que se confirmara la prisión preventiva de un imputado en una causa en la que Zaliasnik representaba a la parte querellante.
El episodio también había sido abordado anteriormente por El Clarín. En agosto, Galy Chávez informó que la defensa de Zaliasnik había solicitado al Colegio de Abogados declarar prescrita una denuncia ética relacionada con esas comunicaciones y argumentó además que estas se encontraban protegidas por el secreto profesional.
Consultado durante el interrogatorio, Hermosilla interpretó que la solicitud podía significar contactar a una ministra de la Corte de Apelaciones que conocía.
Sin embargo, declaró no recordar si efectivamente realizó esa gestión.
Esta diferencia es esencial: la Fiscalía posee antecedentes sobre la solicitud y las conversaciones, pero hasta ahora no está establecido públicamente que la intervención se haya concretado ni que haya influido sobre una resolución judicial.
El caso Audio y los nombramientos judiciales
La investigación que comenzó con los audios protagonizados por Luis Hermosilla terminó revelando un problema considerablemente mayor que los hechos inicialmente conocidos.
El contenido de su teléfono permitió reconstruir relaciones entre abogados, empresarios, políticos, funcionarios y miembros del Poder Judicial.
Una de las aristas más sensibles se refiere precisamente a la manera en que determinados abogados habrían participado informalmente en la promoción de candidatos a cargos judiciales y, posteriormente, habrían litigado ante magistrados con quienes mantenían relaciones personales o en cuyos nombramientos habrían intervenido.
Los exministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj y Antonio Ulloa han aparecido entre los nombres más relevantes de esta trama.
La investigación intenta establecer dónde termina una red legítima de relaciones profesionales y dónde comienza una eventual utilización indebida de influencias.
Es precisamente dentro de esa frontera que aparece ahora Zaliasnik en calidad de imputado.
Un embajador de confianza presidencial
La dimensión política del caso es inevitable porque Gabriel Zaliasnik no ejerce actualmente como un abogado particular.
Es embajador de Chile en Israel.
Fue designado por el presidente José Antonio Kast y, como todos los embajadores nombrados políticamente por el Ejecutivo, ocupa un cargo de exclusiva confianza.
La investigación sobre sus eventuales vínculos con la trama de nombramientos judiciales ya era públicamente conocida cuando el Gobierno decidió mantenerlo en la representación diplomática.
Hasta ahora La Moneda había separado su situación judicial de sus funciones como embajador.
La confirmación entregada este martes por la fiscal Perivancich vuelve más difícil mantener ambas discusiones completamente aisladas.
La oposición intensificó inmediatamente las solicitudes para que Zaliasnik deje el cargo.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider calificó su permanencia como insostenible y pidió al Presidente que lo releve de sus funciones.
Otros parlamentarios opositores han planteado demandas semejantes.
El Gobierno, por ahora, no ha anunciado una decisión.
Canciller: los cargos de confianza “están siempre siendo evaluados”
La reacción del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dejó abierta la situación del diplomático.
El canciller afirmó que el Ejecutivo es “absolutamente respetuoso de los procesos judiciales” y de la independencia del Poder Judicial.
Pero al ser consultado específicamente por la continuidad de Zaliasnik respondió que los cargos de confianza —categoría a la que pertenecen los embajadores— “están siempre siendo evaluados”.
Pérez Mackenna agregó que no contaba con nuevos antecedentes sobre la investigación y reiteró que estos cargos son objeto de evaluación permanente.
La respuesta no significa que el Gobierno haya decidido remover al embajador.
Pero tampoco constituye un respaldo explícito a su permanencia.
Investigación penal y responsabilidad política
El caso plantea dos cuestiones que deben mantenerse separadas.
La primera es judicial.
La Fiscalía debe determinar si las actuaciones investigadas constituyen delitos y si existen antecedentes suficientes para formalizar a Zaliasnik.
Hasta ahora eso no ha ocurrido.
El embajador mantiene plenamente su presunción de inocencia y la calidad de imputado no permite anticipar cuál será el resultado de la investigación.
La segunda cuestión es política y diplomática.
Un embajador representa al Estado chileno ante otro país y ejerce un cargo que depende directamente de la confianza presidencial.
Por eso la pregunta que enfrenta La Moneda no requiere esperar necesariamente una sentencia penal.
El Ejecutivo deberá decidir si considera compatible el ejercicio de esa representación con la existencia de una investigación penal por eventuales influencias sobre nombramientos del Poder Judicial.
Son estándares diferentes.
Una eventual responsabilidad penal solo puede establecerla la justicia.
La permanencia de un embajador, en cambio, es una decisión política del Presidente.
Una investigación que avanza
Cuando El Clarín publicó el pasado viernes los antecedentes recopilados por Galy Chávez, el nombre de Gabriel Zaliasnik aparecía en las declaraciones de Hermosilla y en las investigaciones sobre redes de influencia judicial.
Tres días después existe una precisión nueva y jurídicamente relevante.
La Fiscalía ha confirmado oficialmente que Zaliasnik no es solamente una persona mencionada en el expediente: tiene calidad de imputado en la investigación.
Todavía no existe formalización.
Tampoco existe acusación ni condena.
Pero la investigación ha avanzado lo suficiente para colocar nuevamente al embajador y a La Moneda ante una pregunta que difícilmente desaparecerá mientras continúen las diligencias:
¿puede Gabriel Zaliasnik seguir representando a Chile en Israel mientras la Fiscalía investiga su eventual participación en una trama de influencias sobre el Poder Judicial?
