“Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando”, prometió el candidato José Antonio Kast en mayo de 2025, cuando partía la elección presidencial de ese año y el abanderado del Partido Republicano presentaba su plan estrella para disminuir la delincuencia. Pero 17 meses después, esa promesa se convirtió en un boomerang.
El Presidente Kast se enfrenta a los efectos de la doctrina impulsada por su ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien defiende la idea de que no puede oponerse a las rebajas de condenas para criminales que presenten buena conducta en las cárceles.
El caso estalló con un reportaje de Interferencia, que reveló que 56 delincuentes condenados por abuso sexual y violación de niños y niñas habían accedido a rebajas de condena gracias a decretos del Ministerio de Justicia. Luego aparecieron otros casos donde los beneficiados fueron condenados por extorsión, y también criminales de lesa humanidad.
Hasta ahora nadie sabe con certeza cuántos delincuentes lograron su libertad gracias a los decretos defendidos por el ministro Rabat, ya que esos documentos no aparecen en la página de transparencia del Ministerio de Justicia. Reportea halló otro caso, donde el beneficiado fue un hombre venezolano de 28 años, que cumplía condena por participar de una banda que robaba relojes Rolex en la zona oriente de Santiago.
El pasado 19 de octubre, dos días antes de que se publicara el reportaje que destapó el escándalo, el Ministerio de Justicia firmó el decreto que le concedió la libertad a Gabriel Blanco Martínez, quien hasta entonces estaba preso en la ex Penitenciaría.
Según el documento, Blanco Martínez cumpliría su condena por robo con violencia recién el 1 de agosto de 2027, por lo que el decreto de Justicia adelantó en diez meses su libertad. El 20 de octubre el hombre salió de la cárcel (vea aquí el decreto).
En 2025 y 2026 se habían rechazado sus postulaciones a cumplir en libertad lo que le restaba de condena, porque la comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que “el postulante (…) arroja un elevado riesgo de reincidencia, con necesidades de intervención en áreas uso del tiempo libre, actitud y orientación pro criminal, patrón antisocial y vinculación con pares criminógenos”.
Antes, Gendarmería había rechazado otra solicitud para que cumpliera la condena en su domicilio, con una tobillera electrónica, porque no cumplía uno de los requisitos: sobre él pesaba otra condena por receptación de vehículo robado.
El último rechazo se firmó el 1 de junio pasado, pero poco más de cuatro meses después, Gabriel Blanco Martínez logró su libertad gracias al decreto firmado por Pablo Mira Hurtado —subsecretario de Derechos Humanos, quien ese día ejerció como ministro subrogante—, y por Fabiana Castro Brahm —jefa de la Unidad de Reinserción Social, quien el 19 de octubre aparece como subsecretaria subrogante—. Según The Clinic, Castro Brahm fue una de las funcionarias de confianza del ministro Rabat que revisó los decretos que rebajaron las penas de condenados por delitos sexuales contra menores.
El argumento que aparece en el decreto que le otorgó la libertad a Blanco Martínez es el que constituye el corazón de la llamada “doctrina Rabat”: “Este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
Como sustento de ese argumento se cita una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 2018, y otras dos de la Corte Suprema de 2014. En simple, se establece que la ley de Reinserción Social (19.856) de 2003 otorga beneficios de reducción de pena a condenados que registren buena conducta en las cárceles, y que la autoridad está imposibilitada de oponerse a entregar esos beneficios.
Pero esa interpretación es debatida. Luis Cordero, exministro de Justicia durante la administración de Gabriel Boric, argumentó en CNN Chile que las reducciones de condena deben evaluarse caso a caso, y que en el gobierno anterior, por ejemplo, rechazaron todos los beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores, y también para violadores de derechos humanos durante la dictadura.
La situación del ministro Fernando Rabat es compleja. La oposición en bloque solicitó su renuncia, y algunos dirigentes del oficialismo también se sumaron a ese coro. Y aunque La Moneda defiende su permanencia, en el Congreso ya se prepara una acusación constitucional en su contra.
Robos, disparos y una moto robada
De acuerdo a un documento elaborado por el Servicio Nacional de Migraciones, Gabriel Blanco ingresó a Chile el 13 de enero de 2019. Lo hizo por el paso fronterizo de Chacalluta, en calidad de turista. Según el mismo documento, en 2021, mientras enfrentaba su primera causa penal, solicitó regularizar su situación migratoria, por lo que el servicio no lo califica como un migrante irregular.
Según uno de los expedientes judiciales que registran los procesos contra Blanco Martínez, esa primera causa penal inició cuando se acababa el 2020: el último día de diciembre, una hora antes de los abrazos de año nuevo, Blanco fue sorprendido en el centro de Santiago con una moto que había sido robada 20 días atrás. Pasó a control de detención el 1 de enero de 2021, por el delito de receptación de vehículo motorizado. El juez de turno, Patricio Álvarez Maldini, lo dejó en libertad y con arraigo nacional. La causa quedó alojada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Tras un notorio retraso, en medio de la pandemia y por ausencias del entonces imputado, la audiencia de preparación del juicio oral por la moto robada quedó para enero de 2022. Pero Blanco no se presentó ni a esa, ni a la siguiente audiencia, por lo que el tribunal despachó una orden detención en su contra. En la otra causa penal donde Blanco fue procesado queda claro lo que hacía por esas fechas: la justicia pudo situarlo en al menos tres robos violentos, ocurridos en la zona oriente de la capital entre enero y febrero de 2022.
El 8 de enero de 2022, Gabriel Blanco junto a un cómplice llegaron hasta un restaurante ubicado en Avenida Chicureo, en Colina. Su objetivo era robar el reloj que portaba uno de los comensales, sentado en la terraza del local. Pero no sabían que su víctima era un oficial de la PDI.
Blanco intimidó al hombre con una pistola, exigiendo que entregara el reloj. El oficial accedió, pero luego persiguió a Blanco hasta el estacionamiento del restaurante, donde se identificó como policía y sacó su arma de servicio. Blanco se subió a la moto conducida por el cómplice y apuntó al policía con su arma, pero éste disparó dos veces contra los asaltantes. El que conducía la moto murió por las heridas de bala. Blanco escapó, según indica la sentencia del Cuarto Juzgado de Garantía que relata los hechos por los que fue condenado.
El mismo documento indica que un mes después, el 10 de febrero de 2022, Blanco intentó nuevamente robar un reloj de lujo, esta vez en Las Condes. Siguió a su víctima hasta el estacionamiento del restaurante Tiramisú, ubicado en la calle Isidora Goyenechea, donde intimidó con un arma de fuego al hombre que portaba el reloj marca Rolex y a su familia. Pero el hombre se resistió y Blanco volvió a escapar.
La sentencia señala que, cuatro días después, Blanco atacó otra vez en Las Condes. En esta ocasión junto a tres cómplices. Dos de ellos le indicaron a la víctima: un hombre que portaba un reloj marca Rolex. Blanco nuevamente fue el encargado de la parte más violenta. Amenazó al sujeto con una pistola, y como opuso resistencia, lo golpeó en la cabeza con la culata, provocándole una herida cortante. De acuerdo al relato que entregó la víctima, Blanco le disparó dos veces, sin lograr herirlo, mientras escapaba del asalto, para luego refugiarse en un local Oxxo aledaño y llamar a Carabineros. Blanco escapó en una moto conducida por otro de los cómplices.
Mientras estaba detenido por esos robos, en julio de 2023, el 7° Juzgado de Garantía logró concretar un juicio abreviado por la moto robada, condenándolo a 61 días de cárcel. La sentencia por los robos de relojes llegó en febrero de 2024, cuando fue condenado a cinco años y un día de presidio.
