En cada una de las intervenciones públicas en las que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha buscado dar una explicación coherente a su política de otorgar beneficios a abusadores y violadores de niños y adolescentes, ha remarcado que es una decisión a la que lo obligó la Corte Suprema. La semana pasada le dijo a los diputados que si no obedecía los dictámenes del máximo tribunal, estaría infringiendo la Constitución.
Pero los datos muestran que la corte no lo obligó a visar las rebajas de condenas. Al contrario. Un dato que el ministro no mencionó en el Congreso, fue que entre marzo y junio, durante sus primeros meses en el cargo, la Corte Suprema respaldó, al menos, en seis ocasiones la decisión inicial de su cartera de rechazar los beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
El ministro fue citado a una sesión especial en el Congreso para explicar por qué había autorizado decenas de rebajas de condenas para pederastas. Allí, además de omitir los fallos de la Corte Suprema que no le convenían, también aseguró que él no está autorizado para definir a quién se entrega o no el beneficio, ya que esa decisión radicaría en las comisiones de reducción de condena —compuestas por jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia—, y en el análisis legal que realizan las secretarías ministeriales de su cartera. Pero eso tampoco calza con los documentos alojados en los tribunales.
De hecho, en al menos tres ocasiones Rabat aprobó rebajas de condenas para agresores sexuales de menores a pesar de que las seremis de Justicia del Biobío y de la Región Metropolitana le advirtieron que los postulantes no cumplían con los requisitos. Además, Reportea halló más de 20 decretos en los que el ministro rechazó solicitudes de presos, condenados por delitos distintos al abuso de menores, que ya habían sido autorizadas por las comisiones de reducción de condena y por las seremis de Justicia.
Durante los primeros tres meses de su gestión, Rabat mantuvo la definición de los gobiernos anteriores de negar las rebajas de condena a agresores sexuales de niños y adolescentes, pero eso cambió en junio, cuando comenzó a autorizar todas las solicitudes de este tipo que llegaron a su escritorio. Hasta la fecha, no se sabe con exactitud cuántos pederastas salieron antes de la cárcel gracias a sus decretos.
La trama se conoció por un reportaje de Interferencia, que preguntó vía Ley de Transparencia al Ministerio de Justicia por los beneficios que se habían otorgado a agresores sexuales de menores. Según la respuesta que les dieron, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, se dictaron 56 decretos. También les indicaron que solamente una solicitud fue rechazada. Cuando el ministro Rabat compareció ante la Cámara de Diputados, aseguró que su cartera ha firmado 54 decretos entre mayo y octubre.
Reportea halló 40 de esos decretos en la base de datos del Poder Judicial, incluyendo aprobaciones y rechazos. El último está fechado el 13 de octubre, cuando autorizó una rebaja de 10 meses en la condena de Patricio Ramírez Osorio, quien estaba recluido en la cárcel de Limache por abuso sexual a un menor de 14 años.
Los decretos revisados por Reportea se desglosan en siete que rechazaron las solicitudes de beneficios y que luego fueron respaldados por sentencias de las cortes de apelaciones y la Corte Suprema; otros nueve rechazados por Rabat y que luego los tribunales anularon; y otros 24 en los que el ministerio visó las rebajas de condenas sin más trámite.
Estos hallazgos dejan a Rabat en una posición incómoda: desde que él asumió como ministro, en al menos siete ocasiones su cartera rechazó los beneficios de rebaja de condena, y luego esa decisión fue respaldada por los tribunales. Eso echa por tierra la justificación que ha defendido el ministro, al decir que los fallos judiciales no le dejaban otra opción más que aprobar las rebajas.
En la siguiente línea de tiempo puede revisar cada uno de los decretos que encontramos. Están ordenados por fecha e incluyen el nombre del beneficiado. Para leerlos en detalle debe hacer click en el respectivo número de decreto. Los círculos rojos indican los rechazos que quedaron a firme, los verdes son los que se aprobaron directamente por el Ministerio de Justicia, y los que tienen los dos colores son los decretos que inicialmente rechazaron el beneficio, pero que luego fueron anulados por una orden judicial.
Consultados por Reportea, desde el Ministerio de Justicia respondieron por escrito respecto del cambio de criterio del ministro Rabat. Según indicaron, el cambio se materializó como “resultado de un análisis jurídico y no de una decisión discrecional. Al asumir, el Ministerio mantuvo inicialmente la interpretación que se venía aplicando respecto de la exclusión incorporada por la Ley N.º 21.421. Sin embargo, al revisar los pronunciamientos de los tribunales superiores frente a los recursos presentados por personas a quienes se les había rechazado el beneficio, advertimos que existía un problema de interpretación constitucional y legal que debía ser abordado”.También indicaron que el cambio consideró todos los fallos de los tribunales superiores, incluyendo los que respaldaron los rechazos iniciales, pero que llegaron a la conclusión de que no podían negarle la reducción de condena a quienes habían cometido delitos contra menores antes de febrero de 2022, cuando entró en vigencia la restricción del beneficio para los pederastas. En otras palabras, se inclinaron por uno de los dos criterios aplicados por la justicia, justamente el que beneficiaba a los condenados:
“A partir de junio comenzamos a aplicar este criterio en las nuevas solicitudes. No se trató de desconocer las resoluciones judiciales que confirmaron algunos rechazos, sino de considerar el conjunto de los pronunciamientos y resolver conforme a la interpretación jurídica que estimamos correcta, por atenerse a la ley, es decir, a lo que el legislador mandató al modificar la ley en el año 2022”, señalaron (vea aquí la respuesta completa).
Las seis sentencias de la Suprema
Tal como mencionaron desde el Ministerio de Justicia en la respuesta enviada para este reportaje, al inicio de la gestión del ministro Fernando Rabat, este mantuvo el criterio fijado por los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric: los agresores sexuales de menores están excluidos del beneficio de reducción de sus condenas.
El primer decreto que halló Reportea en el que Rabat rechazó el beneficio para un pederasta es del 13 de marzo, apenas dos días después de que el ministro asumió sus funciones. Quien pedía el beneficio era Fidel Jaramillo, un hombre de 54 años que arrastraba una condena de cinco años y un día por abuso sexual reiterado en contra de un menor de edad.
En ese documento, el ministro Rabat indica que “se constató que el postulante fue condenado la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito reiterado de abuso sexual de menor de 14 años (…) cometido durante las vacaciones de verano del 2015 y entre marzo de 2015 a septiembre de 2016”. Por ello, le negó la rebaja en su condena.
Jaramillo presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que confirmó la decisión de Rabat el 20 de marzo (ver aquí). Luego, la Corte Suprema hizo lo mismo el 31 de ese mes (vea la sentencia).
Fue el primer espaldarazo del máximo tribunal a los decretos que Rabat firmó al inicio de su mandato.
Esa sentencia, y las otras seis que se emitieron entre marzo y junio que rechazaron la rebaja de condenas para pederastas, no fueron mencionadas por el ministro Rabat cuando compareció ante el Congreso. A los diputados les presentó un escenario donde esas sentencias no existían:
“Una vez que llegamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazamos las primeras solicitudes de rebajas de condena, pero para mi sorpresa como abogado litigante, donde mi casa es la excelentísima Corte Suprema, recibo un primer recurso de amparo, donde el máximo tribunal del país me reprocha haber privado de libertad ilegalmente a un ciudadano de este país. ¿Por qué lo privo de libertad? ¿Cuál es el reproche que efectúa el máximo tribunal del país? El primero es porque había aplicado retroactivamente una norma, el artículo 17 letra de de la ley 19.856, infringiendo los principios más elementales del Estado de Derecho”, aseguró Rabat ante los diputados.
Efectivamente existen sentencias que anularon rechazos de beneficios para pederastas, pero no son las únicas. Según el catastro realizado por Reportea, entre marzo y junio el máximo tribunal anuló nueve decretos que rechazaban rebajas de condenas, pero respaldó otros seis. La decisión dependía de qué ministro integraba la Segunda Sala, la que revisa los recursos de amparo. Mientras los ministros Jorge Zepeda y Leopoldo Llanos votaban a favor de las solicitudes de los presos, sus pares Manuel Valderrama y María Cristina Gajardo las rechazaron. Quien dirimía era el respectivo abogado integrante que estuviera de turno. Por ejemplo, Pía Tavolari votaba a favor y Andrea Ruiz en contra.
La segunda sentencia de la Suprema que rechazó una rebaja de condena es del 28 de abril (ver aquí), cuando confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ya había negado el beneficio a Giovanni Cortez Rojas, un hombre de 39 años de la comuna de Buin, quien cumplía condena por violación de un menor de 14 años.
Otro caso: el Ministerio de Justicia firmó un decreto negando la rebaja de condena para Humberto Nahuelhuén Álvarez —54 años, de la Región de Los Ríos, condenado por abuso sexual consumado contra menor de 14 años—, el 8 de mayo. El 25 de ese mes la Corte de Valdivia respaldó la decisión, y la Corte Suprema hizo lo mismo el 4 de junio (vea aquí el fallo).
Luego, el 10 de junio, la Suprema volvió a respaldar el criterio de que los pederastas no pueden acceder al beneficio de rebaja de sus condenas. Lo hizo ante un recurso de amparo presentado por Carlos Mardones Del Río, quien cumplía condena por violar a un menor de 14 años. Mardones presentó el amparo luego de que el Ministerio de Justicia le negara el beneficio. Inicialmente tuvo éxito en la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero el máximo tribunal revocó la sentencia y respaldó la visión de que Mardones no podía acceder a una rebaja de condena.
Según esa sentencia de la Suprema, si Rabat hubiera aprobado el beneficio para Mardones, estaría yendo en contra de su mandato legal: “El derecho que se alega vulnerado no es tal, sin que le sea exigible a la recurrida (el Ministerio de Justicia) satisfacer una mera expectativa yendo en contra de un mandato legal expreso, de lo que se desprende que su conducta se ajusta a la legalidad vigente” (vea la sentencia completa aquí).
El mismo 10 de junio el máximo tribunal también rechazó que se pudiera rebajar la condena de Arturo Kuschel Vargas, un hombre de 64 años que cumplía condena por tres delitos de abuso sexual y violación contra menor de 14 años. La solicitud de Kuschel inicialmente fue negada por el ministro Rabat el 30 de abril.
La última sentencia hallada por Reportea en la que la Suprema respalda un rechazo de rebaja de condena para un pederasta, es del 15 de junio. Ese día los supremos negaron entregar el beneficio a Juan Ugarte Guzmán —administrador de empresas, 66 años, de Las Condes—, quien estaba condenado por violar a un menor de 14 años en 2008. Esta sentencia fue dada a conocer por CNN Chile.
Según publicó Interferencia, un día después, el 16 de junio, el ministro Rabat cambió de criterio y comenzó a aprobar todas las solicitudes que le llegaron.
Según dijo el ministro en el Congreso, él no puede incumplir las sentencias de la Corte Suprema:
“Compartirá esta honorable corporación con este abogado, que no es posible olvidar, desechar y dejar de cumplir una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema que me ordena otorgar el beneficio de rebaja de condena. Si eso es incumplir la ley, señores diputados, espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué en este congreso pleno el 11 de marzo de 2026”, señaló Rabat, sin hacer mención a las sentencias de la Suprema que respaldaron su visión inicial de que los pederastas no podían acceder al beneficio.
El brusco viraje de Rabat
En febrero, pocas semanas antes de que Fernando Rabat asumiera su cargo, la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo cambió de opinión. Si hasta entonces era de la idea de que a los presos por delitos contra menores de edad no podía negárseles el beneficio de la rebaja de su condena, durante el verano se convenció de que sí era posible.
La discusión al respecto es jurídica. La ley que permite que los presos que registren buena conducta en las cárceles rebajen sus condenas es de 2003 y buscó impulsar la reinserción social. En febrero de 2022 se modificó y prohibió que los agresores sexuales de menores reciban el beneficio.
Los abogados de los pederastas, que recurrían a los tribunales cuando se les negaba la rebaja de condena, argumentan que no se los puede excluir del beneficio cuando los delitos por los que fueron condenados se cometieron antes del cambio en la ley. En Chile rige el principio de la irretroactividad penal, que impide que a una persona se la castigue con leyes creadas luego de que cometieron el delito. Pero no hay consenso sobre si la restricción a la entrega del beneficio de reducción de condenas es de ámbito penal o administrativo.
Las seis sentencias de la Corte Suprema revisadas para este reportaje indican que es administrativa, por lo que no aplica el principio de la irretroactividad. Ese criterio había comenzado a imponerse en el máximo tribunal durante el primer semestre, debido al cambio de postura de la ministra Gajardo, quien dejó constancia de su nueva interpretación en los fallos que firmó en ese periodo:
“En anteriores pronunciamientos emitidos en otros procesos, estuvo por considerar que la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos para la obtención del beneficio de reducción de condena debe realizarse conforme a la regulación vigente a la época de perpetración del delito. Pero un nuevo análisis del asunto lleva a reexaminar y cambiar su posición inicialmente adoptada, toda vez que la Ley N° 19.856, establece un beneficio de carácter administrativo y procesal para la ejecución de una condena ya impuesta, cuyas modificaciones, como la establecida en la Ley N° 21.421, por su naturaleza jurídica, rigen in actum”, se lee en las sentencias revisadas por Reportea.
Esa misma interpretación de la ley aparece en todos los decretos del Ministerio de Justicia que se firmaron entre marzo y mayo, cuando Rabat creía que los pederastas estaban excluidos del beneficio. En esos decretos se citan una serie de sentencias de la Suprema que respaldan esa visión. Esas mismas sentencias fueron reemplazadas por otras cuando, a partir de la segunda quincena de junio, el ministro cambió de postura.
Como Rabat dejó de rechazar las solicitudes, no hubo más recursos de amparo de este tipo en los tribunales, por lo que los jueces dejaron de pronunciarse sobre este asunto.
En los nuevos decretos, Rabat argumenta que está imposibilitado de negar las rebajas de condenas, porque “la interpretación mayoritaria y reiterada” de la Corte Suprema estima que la ley que permite beneficios para los reos tiene “carácter penal, por lo que su aplicación retroactiva se encuentra prohibida”. Por lo mismo, dice el ministro, “esta Cartera de Estado se encuentra jurídicamente impedida de rechazar el beneficio de reducción de condena”, cuando los delitos se cometieron antes del 9 de febrero de 2022, que es la fecha en que se promulgó la ley que prohíbe otorgar beneficios a agresores sexuales de menores de edad.
En los decretos, el ministro también arguye el argumento de la “eficiencia y eficacia en el actuar de la administración”, ya que al aprobar las solicitudes de beneficios, se estaría evitando una “judicialización innecesaria”, ya que cuando las postulaciones de los reos se rechazaban, estos presentaban recursos de amparo en los tribunales, obligando al ministerio a litigar para defender su punto.
Según los decretos que Reportea halló en la base de datos del Poder Judicial, en octubre Rabat firmó otras tres autorizaciones de rebajas de condenas: el 2 de ese mes autorizó un recorte de 30 meses de pena para Patricio Echeverría Rodríguez (sargento de la Armada), quien originalmente debía abandonar la cárcel en abril de 2029, luego de ser condenado por dos delitos de abuso sexual infantil y otro de violación reiterada contra un menor de edad; el 8 de octubre autorizó una rebaja de un año en la condena de Eduardo Escobar Herrera, quien estaba preso en la cárcel de Valparaíso por abuso sexual de un menor de 14 años; y el 13 de ese mes, firmó otro decreto que descontó 10 meses de condena para Patricio Ramírez Osorio, preso en la cárcel de Limache también por abuso contra menor de 14 años.
Todos ellos abandonaron la cárcel un día después de que se firmaron los decretos.
Las contradicciones del ministro
Durante su comparecencia ante el Congreso, el pasado 28 de octubre, el ministro Rabat intentó fijar la responsabilidad por el otorgamiento de beneficios para pederastas, además de en la Corte Suprema, en las comisiones de rebaja de condena, que funcionan en todas las regiones y están compuestas por jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia.
Rabat fue enfático ante los diputados: “Es la ley, es la Corte Suprema, que fija en la comisión el análisis, la ponderación de los antecedentes que permiten calificar el comportamiento de un condenado que accede a este beneficio, de sobresaliente o de no sobresaliente. Hacerlo de otra manera, exigirle a un ministro de Estado, como el de Justicia, que lo califique y que lo pondere, importa infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución política de la República, porque me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones, actuar fuera del ámbito de mis competencias, y eso no es admisible”.
Luego dijo que, en una segunda etapa, las solicitudes de los presos son revisadas por los Seremi de Justicia, quienes deben analizar si se cumple con los “requisitos objetivos” establecidos en la ley, como por ejemplo, que no estén dentro de las causales de exclusión del beneficio.
Luego, según la versión de Rabat, él “simplemente formaliza, firmando el decreto respectivo, para dar vida jurídica a la decisión que había adoptado con carácter de firma la comisión evaluadora respectiva”.
Pero si eso fuera así, el ministro Rabat habría actuado fuera de sus atribuciones cuando aprobó rebajas de condenas para pederastas, a pesar de que los Seremis de Justicia indicaron, por escrito, que los postulantes no cumplían con las restricciones impuestas por la ley.
Por ejemplo, el 24 de junio pasado la Seremi de Justicia de la Región del Biobío advirtió, a través del oficio 252, que Luis Caamaño Mora —76 años, de Concepción— incumplía los requisitos de la ley para obtener una rebaja en su condena por abuso sexual consumado contra un menor de edad. Pero a pesar de esa luz roja, el 8 de julio el ministro Rabat firmó el decreto que autorizó un recorte en su condena de dos años y medio.
Según se lee en ese decreto, el ministro señala que no podía negarse al beneficio: “Que, sin perjuicio de la especial gravedad que reviste la comisión de esta clase de delitos, esta Cartera de Estado se encuentra jurídicamente impedida de rechazar el beneficio de reducción de condena fundándose en la causal prevista en la letra e) del artículo 17 de la citada ley, cuando los hechos hayan sido perpetrados con anterioridad al 9 de febrero de 2022, de acuerdo con lo resuelto de manera reiterada por la Excelentísima Corte Suprema”.
El Ministerio de Justicia volvió a desoír una advertencia el 13 de agosto, cuando tramitó la rebaja de condena para Sergio Becerra Astorga —ingeniero informático de 42 años, condenado por abuso contra un menor de 14—, a pesar de que el 4 de agosto había recibido un oficio de la Seremi de Justicia de la Región Metropolitana, indicando que Becerra estaba impedido de acceder al beneficio porque no cumplía con las exigencias de la ley.
El decreto que permitió una rebaja de 11 meses en la condena de Becerra fue firmado por Pablo Mira Hurtado, subsecretario de Derechos Humanos, quien ese día ejerció como ministro subrogante.
Según publicó Interferencia, Rabat firmó un tercer decreto aprobando la rebaja de condena para un pederasta, a pesar de que la Seremi de Justicia del Biobío había objetado la entrega del beneficio.
En otras decenas de ocasiones, Rabat entregó o negó los beneficios a presos condenados por delitos distintos al abuso o la violación de menores de edad, en oposición a lo que le señalaron las respectivas Seremis de Justicia.
Un solo ejemplo: el 24 de julio rechazó la rebaja en la condena para un hombre de 26 años que estaba preso en la cárcel de Alto Hospicio por robo con sorpresa y manejo en estado de ebriedad. A pesar de que la Seremi de Tarapacá le señaló al ministerio que “de acuerdo con el acta e informe consolidado de antecedentes, el postulante no se encuentra afecto a alguna de las causales de exclusión”, el ministro Rabat opinó diferente.
En el decreto con el que negó el beneficio, aseguró que “revisados los antecedentes”, el condenado sí cumplía con las causales de exclusión de la ley, porque habría cometido un delito mientras estaba vigente una condena anterior por conducir sin licencia.
Sobre este punto, desde el Ministerio de Justicia indicaron por escrito a Reportea que “las comisiones de rebaja de condena tienen la función de evaluar la conducta de las personas privadas de libertad y determinar si esta merece ser calificada como sobresaliente. Sin embargo, esa evaluación no elimina la obligación de constatar que se cumplan todos los requisitos legales para acceder al beneficio (…) el Ministerio revisa los antecedentes de cada solicitud, incluyendo las condenas y las eventuales circunstancias que, conforme a la ley, puedan impedir el otorgamiento de la rebaja. Si se verifica alguna causal legal de exclusión, corresponde rechazarla, aunque la comisión haya emitido una evaluación favorable sobre la conducta del condenado”, señalaron.
Todos los antecedentes relativos al otorgamiento de beneficios para agresores sexuales de niños y adolescentes por parte del ministro Rabat, ya están siendo analizados por el Congreso y la fiscalía. Mientras la Cámara de Diputados definió crear una comisión investigadora, y la oposición prepara una acusación constitucional contra el secretario de Estado, el Ministerio Público abrió una indagatoria por prevaricación, luego de que parlamentarios ingresaran una denuncia contra el ministro. Hace pocos días, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que Rabat tiene la calidad de imputado.
