Correos de Chile inició acciones legales luego de detectar que había 40 kilos de correspondencia acumulada en la sede de Lo Barnechea. Entre los hallazgos había cheques de Tesorería que figuraban como "entregados".
Una bolsa roja llena de cartas y un despacho desordenado: así comenzó, el 10 de junio de 2026, la pesquisa interna que sacudió el Centro de Distribución Postal (CDP) de Lo Barnechea.
El equipo de Control Operativo de la Empresa de Correos de Chile halló 40 kilosde correspondencia acumulada en la oficina del jefe del centro, Rubén Sheward Gómez, y una muestra de 669 envíos que reveló un dato inquietante: la mayoría corresponden a mayo de 2026, pero entre ellos hay piezas que datan de 2025 y varias que el sistema mostraba como “entregadas” cuando en realidad seguían encerradas en el local.
Lo que en apariencia era desorden se transformó en sospecha. Entre la correspondencia retenida había 22 cheques fiscales de devolución de renta remitidos por la Tesorería General de la República que figuraban como entregados en el sistema.
Fotografías tomadas durante la inspección muestran montones de sobres en un lugar no habilitado para almacenamiento postal, y un bolso de cartero oculto en la oficina del jefe con carga perteneciente al cuartel 18. Para la empresa, esos hallazgos no son meras negligencias operativas: constituyen indicios de apropiación indebida, interceptación y retardo doloso en la entrega de correspondencia y entorpecimiento en la marcha del correo.
La querella, presentada ante el 4° Juzgado de Garantía, pide que la Fiscalía Centro Norte remita los antecedentes a la PDI y cite a declarar a responsables y jefaturas —incluido el propio Sheward Gómez—, además de solicitar pruebas documentales y peritajes. En lenguaje jurídico la acusación es rotunda: envíos registrados y “entregados” que nunca salieron a reparto, documentos de valor (cheques fiscales) retenidos en la oficina de quien debía supervisar su salida y una cadena de responsabilidad interna que la empresa exige examinar.
"La venganza es un plato que se sirve frío": Es un famoso proverbio que significa que la venganza es más satisfactoria cuando no se ejecuta de forma impulsiva, sino con la cabeza fría. Al esperar a que las emociones se calmen, se puede planificar de manera calculadora y sin mostrar piedad.
La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó una nueva advertencia sobre el escenario político que podría enfrentar el gobierno de Kast tras el rechazo, por parte del Senado, de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
El libelo contra de Grau fue rechazada en sus cuatro capítulos por la Sala del Senado, luego de que legisladores de Renovación Nacional, la UDI e independientes votaran en contra o se abstuvieran, pese a que el texto había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
En entrevista con Radio Pauta, Matthei sostuvo que, más allá de las diferencias sobre la gestión económica del anterior Ejecutivo, el desenlace de la votación evitó un escenario que, a su juicio, podría dejar al oficialismo dependiendo del Partido de la Gente (PDG) para frenar futuras acusaciones constitucionales.
“El gobierno podría quedar de rodillas frente al PDG” La exjefa comunal de Providencia aseguró que su preocupación no se limita al caso de Nicolás Grau, sino a las consecuencias políticas que podría tener una eventual modificación en el equilibrio de fuerzas del Senado.
“Ahora, yo sobre todo he estado en la política y yo lo veo de otro punto de vista. De cómo tú logras evitar que a los actuales ministros no les pase lo mismo en el futuro casi inmediato. ¿Por qué? Porque hay tres senadores que generalmente votan con el oficialismo. Tres senadores que están amenazados por la justicia. Si dos de ellos son desaforados, el oficialismo pierde la mayoría en el Senado. Y, por lo tanto, si llega una acusación constitucional hasta el Senado, es posible que se apruebe”, alertó.
En ese contexto, planteó que el Ejecutivo debería impedir que futuros libelos avancen desde la Cámara Baja, ya que, de lo contrario, podría depender de los votos del Partido de la Gente.
“Y, por otro lado, eso significa que tú tienes que parar cualquier acusación constitucional en la Cámara de Diputados para que no llegue al Senado, y eso se logra poniéndose de rodillas frente al Partido de la Gente”, reconoció.
La exministra enfatizó que ese escenario sería especialmente delicado debido al comportamiento político que, según dijo, ha mostrado el PDG en distintas votaciones legislativas.
“A mí me parece que es muy peligroso que este gobierno, estoy hablando del gobierno actual, con los actuales ministros, que si se llega a perder la mayoría en el Senado, este gobierno dependa y esté en realidad de rodillas frente al PDG”, declaró.
Las declaraciones de Matthei apuntan a un escenario que varios sectores del oficialismo observan con atención en el Senado.
Actualmente, el gobierno mantiene una estrecha mayoría en la Cámara Alta gracias al respaldo de parlamentarios de Chile Vamos, independientes y otros senadores que habitualmente votan con el Ejecutivo. Sin embargo, ese equilibrio podría alterarse si prosperan las investigaciones judiciales que afectan a algunos de esos legisladores.
El aumento del desempleo, la mayor caída de la producción industrial en casi una década y el nuevo retroceso del Imacec configuran un escenario que contrasta con la principal apuesta económica del Gobierno. A cien días de asumir, la promesa de que la confianza empresarial impulsaría la inversión y el crecimiento aún no encuentra respaldo en los principales indicadores.
Los economistas suelen repetir que las expectativas mueven la economía. Una empresa no espera a que exista una nueva carretera para decidir una inversión; tampoco aguarda a que una rebaja tributaria produzca todos sus efectos. Invierte cuando cree que el futuro será mejor que el presente.
José Antonio Kast llegó a La Moneda precisamente con esa promesa. Restablecer la confianza del empresariado, reducir impuestos, agilizar permisos ambientales y disminuir el peso del Estado serían, según su programa, las condiciones suficientes para que la inversión volviera a convertirse en el motor del crecimiento.
Cien días después, esa hipótesis comienza a enfrentarse con la realidad.
En apenas cuarenta y ocho horas se conocieron tres indicadores que apuntan en la misma dirección. El desempleo volvió a aumentar. La producción industrial registró una caída de 7,5%, la mayor desde 2017 y la octava contracción consecutiva. Finalmente, el Banco Central informó un nuevo retroceso del Imacec, que cayó 0,9% en mayo respecto del mismo mes del año anterior.
Cada una de estas cifras admite explicaciones particulares. La minería continúa resentida por una menor producción de cobre. La economía mundial sigue creciendo con debilidad. El consumo interno permanece contenido.
Pero cuando empleo, industria y actividad económica se deterioran al mismo tiempo, el problema deja de parecer coyuntural.
Empieza a surgir una pregunta más incómoda.
¿Dónde está el efecto confianza?
Durante la campaña presidencial se insistió en que Chile llevaba años paralizado por la incertidumbre política, el exceso de regulaciones y una creciente hostilidad hacia la inversión privada. Bastaba cambiar el clima político para que los proyectos comenzaran nuevamente a ejecutarse.
Hasta ahora, ese cambio no se observa.
Ni la industria ha recuperado dinamismo. Ni el empleo muestra señales de fortalecimiento. Ni la actividad económica ha iniciado una trayectoria sostenida de crecimiento.
El Gobierno continúa atribuyendo estos resultados a la herencia recibida de la administración anterior. Es cierto que ninguna economía cambia de rumbo en cien días y que muchos indicadores responden con retraso a las decisiones de política pública.
Pero esa explicación también tiene límites.
Porque el propio oficialismo sostuvo que el principal obstáculo era la pérdida de confianza. Si ese diagnóstico era correcto, los anuncios de rebajas tributarias, desregulación, aceleración de permisos y estímulo a la inversión privada debían comenzar, al menos, a modificar las expectativas.
Eso todavía no ocurre de manera visible.
Quizás porque el diagnóstico era incompleto.
Las empresas no invierten únicamente porque paguen menos impuestos o enfrenten menos trámites administrativos. Invierten cuando esperan vender más. Cuando existe demanda suficiente. Cuando el crédito acompaña. Cuando los mercados internacionales ofrecen perspectivas favorables. Cuando identifican oportunidades rentables en sectores capaces de crecer.
La confianza importa.
Pero la confianza, por sí sola, no crea mercados.
Durante más de cuatro décadas Chile ha descansado sobre una misma arquitectura económica: apertura comercial, exportación de recursos naturales, protagonismo del sector privado y un Estado cuya intervención se ha mantenido relativamente acotada. La Concertación introdujo importantes políticas sociales y reformas institucionales, pero no alteró esa estructura básica.
La propuesta económica de Kast tampoco representa una ruptura con ese modelo. Más bien busca llevarlo a una expresión más intensa: menos impuestos, menos regulaciones y mayor protagonismo del mercado.
La pregunta es si ese camino sigue siendo suficiente para enfrentar los desafíos actuales.
Porque la economía chilena no solo enfrenta un ciclo internacional complejo. También convive con una productividad estancada, una matriz exportadora poco diversificada, una fuerte concentración económica y una inversión privada que lleva años mostrando dificultades para recuperar el dinamismo que tuvo en décadas anteriores.
Ninguno de esos problemas se resuelve exclusivamente reduciendo impuestos o acelerando permisos.
Por eso los datos conocidos esta semana tienen un significado que va más allá de las estadísticas mensuales.
No muestran simplemente una economía debilitada.
Ponen en discusión la premisa central sobre la cual el Gobierno construyó su estrategia económica.
A cien días de iniciado el mandato, la promesa de un shock de confianza todavía no encuentra su reflejo en la economía real.
Y cuando la realidad insiste en contradecir las expectativas, quizá ha llegado el momento de revisar no solo los resultados, sino también las ideas que los inspiraron.
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
A 40 años del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana mira hacia atrás con una mezcla de dolor, decepción y preocupación. La sobreviviente del brutal ataque ocurrido en 1986 —en el que fue quemada viva junto al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien murió días después— advirtió que el mundo atraviesa una “regresión” en materia de derechos humanos y que Chile aún no logra asumir plenamente las lecciones de su pasado dictatorial.
El 2 de julio de 1986, durante una jornada de protesta contra la dictadura en la población Los Nogales, Estación Central, Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, de 19 años, fueron detenidos por una patrulla militar. Ambos fueron brutalmente golpeados, rociados con combustible, quemados vivos y luego abandonados en Quilicura. Rodrigo falleció cuatro días después a causa de las quemaduras. Carmen Gloria sobrevivió tras una larga y dolorosa recuperación, que continuó en Canadá, donde también comenzó una intensa labor de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen militar de Augusto Pinochet.
A 40 años del hecho, Carmen Gloria Quintana conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el impacto de esta nueva conmemoración, la búsqueda de justicia y el escenario actual de los derechos humanos en el país.
― Este 2 de julio se cumplen 40 años de los hechos que marcaron su vida y la historia reciente del país. Mirando hacia atrás, ¿cómo ve usted esta fecha al día de hoy?
Difícil, porque en este momento mundialmente vemos una regresión en cuanto a la universalidad de los derechos humanos y al compromiso que los Estados tienen con ellos. Yo veo una regresión y siento mucho susto por el devenir de la humanidad. Me siento decepcionada, porque pensaba que Chile había aprendido un poco de lo que sucedió en dictadura, y siento que en esta etapa, en estas últimas elecciones que hubo, hay una marcada regresión en cuanto al compromiso del Estado con los derechos humanos.
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Foto restaurada.
― En 2024, la Corte Suprema confirmó condenas de 20 años de prisión para los responsables del crimen tras décadas de investigación. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de justicia?
Fue un proceso bien largo. Tuvieron que pasar 38 años para que se hiciera justicia. Recién en enero de 2024, gracias a Fernando Guzmán, que fue un conscripto que rompió los pactos de silencio, se pudo reabrir el caso. Y eso dio lugar a que en enero de 2024 se condenara a 20 años a cuatro personas, de las cuales hay una que está prófuga, que es don Iván Humberto Figueroa Canobra, quien nunca se presentó a cumplir su pena. Se condenó a 20 años a Julio Castañer, a Iván Figueroa, a Nelson Medina y a Pedro Fernández Dittus.
Pero antes de esos 38 años hubo una tortura y una violación del derecho a la justicia para mí como víctima, para los familiares de Rodrigo y para mi familia. Porque al principio fuimos acusados de habernos quemado solos. Y esa fue la postura que tuvieron las Fuerzas Armadas durante muchos años, a pesar de todos los testimonios y pruebas judiciales que apuntaban a lo contrario.
Fueron muchos años de lucha, de indignación y de denuncia. Y la justicia tardó mucho. Tardó 38 años. Uno se pregunta: cuando la justicia llega tan tarde, ¿también hay una violación al derecho humano de las víctimas?
Creo que el sistema judicial está al debe con todos los casos de violaciones a los derechos humanos. Hicieron un mea culpa al sistema judicial, a los tribunales. Pero a veces pienso que estamos muy influenciados por las contingencias políticas de cada momento. Y hay corrupción también, lo que lleva a inquietarse respecto de la imparcialidad con que se tratan los casos de derechos humanos.
Carmen Gloria Quintana.
― Cuando usted piensa en la memoria de lo vivido, ¿qué cree que ha aprendido este país y qué siente que todavía le cuesta asumir?
Vivo en Canadá hace 15 años y creo que en nuestro país falta mucha conciencia respecto de qué son realmente los derechos humanos. Los derechos humanos son violados por el Estado cuando se viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión y los derechos sociales: a la vivienda, a la alimentación y a la educación.
Cuando fue el estallido social, fue una constatación de que nuestro país no había aprendido mucho de lo que sucedió en dictadura. Nuevamente se instaló el terror, se instaló la violencia contra la gente que manifestaba. Nuevamente se criminalizó la protesta social, cuando la protesta social es la única manera que la gente tiene de protestar cuando sus derechos son vulnerados por el Estado. Entonces, que se criminalice la protesta social también nos habla de que no hay una comprensión de los derechos de los ciudadanos.
Y todo lo que sucedió en el estallido social respecto de la gente que fue asesinada, que quedó mutilada, que quedó ciega, fue claramente una violación sistemática de los derechos humanos durante el gobierno de Piñera. Ahí tampoco gran parte de la derecha asume esa responsabilidad, y eso habla de una profunda ideologización de los derechos humanos, de una instrumentalización.
Falta comprensión y falta compromiso, porque los derechos humanos deberían trascender a cualquier gobierno y color político. Son transversales, universales e indivisibles. Y eso no se ha entendido ni como país ni como ciudadanía.
Lo que pasó con el estallido social, lo que está pasando ahora nuevamente, cuando se ideologiza por parte del (Presidente José Antonio) Kast el Plan Nacional de Búsqueda, despidiendo a la mayoría de los técnicos que trabajaban en la búsqueda de los detenidos desaparecidos con políticas de largo plazo, eso habla y muestra claramente que se manipula este compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la memoria.
Carmen Gloria Quintana. Foto: Aton.
― ¿Cómo ve el avance del negacionismo en nuestro país? ¿Le preocupa esta relativización de los crímenes cometidos durante la dictadura?
Por supuesto que me preocupa mucho, sobre todo porque se ve como un avance internacional de toda esta ideología neofascista, donde se niegan violaciones masivas a los derechos humanos, como ocurrió en Chile, en Argentina, en Brasil y en otros países.
Asusta que la gente no comprenda, porque sentir que el Estado no protege tus derechos, sino que te persigue, te tortura, te quema, te hace desaparecer por tus ideas, es algo terrible. O sea, no poder vivir en tranquilidad en tu propio país. Eso es algo que quizás las nuevas generaciones no han vivido. Hay que cuidar la democracia. Y el cuidado de la democracia pasa por el respeto irrestricto a cada uno de los derechos humanos de los ciudadanos.
Ahora vemos que prima en el mundo el individualismo el “sálvese quien pueda”, el “yo me salvo solo”, sin importar lo que pasa con el otro; se impone el castigo y la pena frente a problemas sociales graves como la delincuencia, que todos sabemos que tiene causas múltiples.
Y cada vez que un país subdesarrollado como Chile quiere avanzar hacia lo que ocurre en los países desarrollados, como donde yo vivo, Canadá, donde el Estado se hace cargo de la educación, de la salud, de las pensiones y del transporte, inmediatamente a todos se nos trata de comunistas. Y donde yo vivo es una sociedad socialdemócrata.
Se ridiculizan y se banalizan las discusiones cuando uno habla de derechos que el mundo desarrollado ya tiene. Es triste ver cómo se banalizan las discusiones y se niega algo que fue tan reconocido por toda la comunidad internacional. En el Informe Rettig y en el Informe Valech están acreditadas todas las violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura civil-militar de Pinochet y la derecha chilena. Aun así, a pesar de que hay veredictos de la Corte Suprema, informes internacionales e informes nacionales, la gente no quiere ver la realidad porque ideologiza lo que son los derechos humanos.
Carmen Gloria Quintana.
― En función de lo que señala, a pesar de que está documentado por diferentes informes, también por fallos de la Corte Suprema y por tribunales internacionales, han surgido discusiones sobre posibles beneficios e indultos para criminales de lesa humanidad desde sectores que hoy están en el Gobierno. ¿Qué opinas de esa discusión?
Esa discusión viene desde el gobierno de (Eduardo) Frei. Siempre se trata de crear leyes de amnistía para perdonar a los violadores de los derechos humanos. Siempre las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos han tenido que estar a la defensiva. Siempre hipervigilantes para que esto no suceda, porque es una señal pésima para las nuevas generaciones y para nosotros, las víctimas, respecto de cuál es el compromiso real del Estado con la protección y la defensa de los derechos humanos, con la verdad, la justicia y la memoria.
Personas que están condenadas a más de mil años de cárcel por distintos crímenes, como Krassnoff y Espinoza. ¿Cómo se puede pensar en liberar a esa calaña de delincuentes asesinos, responsables de la muerte de personas de manera masiva?
Si ni siquiera en vida van a poder cumplir esas penas, ¿cómo se les va a perdonar crímenes tan graves? ¿Cómo se van a indultar crímenes tan graves? Es una pésima señal tanto para las nuevas generaciones como para la humanidad.
En primer lugar, estos son considerados por la comunidad internacional y por el propio Estado chileno como crímenes contra la humanidad. Cuando el Estado agrede a un grupo de personas por sus ideas, son crímenes contra la humanidad que no se pueden amnistiar y no prescriben. Es una pésima señal y ojalá esto no ocurra.
Carmen Gloria Quintana. Foto: Aton.
― ¿Cuál es la importancia de que las nuevas generaciones preserven la memoria y la justicia y conozcan lo que realmente pasó en los tiempos de la dictadura civil-militar?
Las nuevas generaciones son las responsables de construir nuestro país, de construir lo que queremos y dónde queremos vivir. Ellos portan esta responsabilidad y, para hacerse responsables, hay que hacerse cargo de la historia.Hacerse cargo de la historia no significa vivir en el pasado, significa aprender del pasado para no repetirlo en el futuro. Y ya tuvimos un atisbo de repetición con el estallido social y la represión que hubo en ese momento.
Las nuevas generaciones deberían conocer bien la historia, conocer cómo se instala un gobierno dictatorial por la fuerza, desconociendo todas las instancias democráticas para resolver conflictos sociales que no fueron utilizadas, sino que se usaron las armas, la fuerza y la violencia contra un gobierno democráticamente elegido, como fue el gobierno de Salvador Allende.
Yo viví prácticamente toda mi vida juvenil en dictadura, saber lo que es vivir en democracia y contrastarlo con lo que es vivir en dictadura es un shock. Porque en dictadura, por ejemplo, en la universidad uno no sabía si el compañero de al lado era un informante o un infiltrado que podía denunciarte por tener ideas diferentes. Ibas a clases y estaba la policía persiguiéndote o persiguiendo a los estudiantes. Ibas en la micro, entraba la CNI y pedía los documentos. Te enterabas de que un compañero de otra carrera había desaparecido y nunca más se supo de él. En la calle, en las protestas, veías cómo se disparaba contra otros estudiantes. La represión constante y el miedo. En las noches, ese silencio sordo que se vivía, ese miedo, es algo traumático y doloroso. Y espero que nunca vuelva.
Es fuerte lo que vivimos quienes pertenecemos a la generación que vivió la dictadura, y ojalá que nunca vuelva a ocurrir eso en nuestro país.
Carmen Gloria Quintana realiza punto de prensa en el frontis del GAM.
― A propósito de estos 40 años, del brutal crimen del cual usted y Rodrigo fueron víctimas, ¿cuál es su reflexión?
Creo que hay sectores en nuestro país que están realmente comprometidos con los derechos humanos y comprenden la concepción profunda de lo que significa el respeto a los derechos humanos.
Tengo esperanza en que los jóvenes de las nuevas generaciones van a comprender la importancia de cuidar la democracia, y que ese cuidado pasa por el respeto a los derechos humanos.
Esto que me sucedió a mí marcó un antes y un después en mi familia y en la familia de Rodrigo. Una parte de la familia vivió en Chile y otra acá. Nos separamos para siempre, aunque mantenemos los lazos familiares.
Pero es terrible ver cómo la humanidad está retrocediendo en esta etapa. Espero que esta etapa que estamos viviendo se acabe pronto y podamos nuevamente respirar y volver a recuperar la esperanza en un mundo más justo, solidario, en donde el amor, la compasión y la solidaridad primen.
La ministra de la Suprema María Cristina Gajardo enfrenta un nuevo flanco. A la revelación de que participó en un fallo de 2021 en una causa donde representaba a una de las partes, se suma ahora una denuncia por intervenir en la adjudicación de un millonario contrato a una empresa sin experiencia.
Resumen
La filtración de los chats entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel y expresidente de la comunidad judía en nuestro país, dejó en evidencia la influencia de ambos abogados en el nombramiento de dos ministros de la Corte Suprema: Diego Simpertigue y María Cristina Gajardo.
El primero fue removido por su rol en la causa Belaz Movitec (caso conocido como “la muñeca bielorrusa”), y la segunda está en el centro de un serio conflicto interno en el Poder Judicial.
Tras la revelación de conversaciones dadas a conocer por Reportea.cl, la Unidad de Investigación de El Mostrador dio cuenta de un fallo laboral de 2021 en el que María Cristina Gajardo, entonces abogada integrante de la Corte Suprema, participó como jueza en una causa en la que representaba a una de las partes, la empresa minera FLSmidth. Es decir, habría sido jueza y parte en un mismo proceso judicial.
El juicio debió repetirse y terminó con un fallo favorable a un extrabajador de la empresa. Cabe recordar que, antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile se opuso a su nombramiento, asegurando que no acogía en sus fallos materias vinculantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La postura fue expresada en una carta pública de la agrupación.
Si bien ese episodio se había mantenido en reserva hasta ahora, el desempeño de Gajardo se ha visto nuevamente cuestionado luego de que la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ) solicitara a la Corte Suprema la apertura de un sumario en su contra —también a la ministra Adelita Ravanales—, acusándolas de impulsar la adjudicación, mediante trato directo, de un contrato por $470 millones a una empresa sin experiencia y constituida hacía menos de un año.
El caso ha generado desconfianza al interior del Palacio de Tribunales. Han circulado desde denuncias anónimas hasta procedimientos oficiales, y la próxima semana el Pleno de la Corte Suprema revisará la denuncia contra ambas ministras para definir los pasos a seguir.
Ello, luego de que la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, decidiera poner el asunto en tabla. “Y no sepultarlo”, comenta una fuente que conoce de cerca el caso.
El contrato
Desde que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) aprobó, mediante trato directo, el contrato con la empresa Replai SpA para desarrollar un buscador unificado de fallos y un sistema de anonimización de sentencias, invocando su “experiencia comprobada en los servicios requeridos” —pese a que las primeras facturas de la empresa fueron emitidas precisamente al Poder Judicial por este convenio—, todas las miradas se concentraron en las ministras Gajardo y Ravanales.
La primera factura fue emitida el 12 de octubre de 2023 por poco más de $47 millones.
“La empresa estaba recién creada, no tenía ningún cliente, jamás había emitido una factura, no había pagado un IVA ni declarado una renta. Entonces es obvio que ningún banco les dio boletas de garantía”, comenta un funcionario judicial.
La misma fuente agrega que habría sido la ministra Gajardo quien intercedió a favor de la empresa y que, incluso antes de la firma del contrato, integrantes de Replai ya se habían reunido con funcionarios del Departamento de Informática de la Corporación.
El rol de ambas magistradas —según fuentes al interior del Poder Judicial— excedió con creces lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, que sanciona a los empleados judiciales que se arroguen atribuciones propias de las autoridades administrativas, exponiéndose incluso a la suspensión de sus cargos.
Las ministras, de hecho, autorizaron pagos mediante correos electrónicos y suscribieron los Formularios Únicos de Recepción de Bienes y Servicios (FURBS). Una de ellas, María Cristina Gajardo, figura incluso como “coordinadora” del proyecto.
Quienes conocen este tipo de procedimientos consideran irregular esta situación, ya que las jefaturas de las unidades administrativas son las encargadas de firmar este tipo de contratos, no así las ministras, quienes con estas actuaciones habrían excedido sus atribuciones propias.
Es decir, no solo impulsaron la propuesta, sino que también aprobaron la recepción conforme e incluso autorizaron los pagos.
Eso no es todo. El Consejo Superior también autorizó reemplazar las boletas de garantía exigidas a Replai por un certificado de fianza por 1.298 UF, una maniobra considerada totalmente inusual para este tipo de operaciones.
La empresa, tras concluir el diagnóstico por el que recibió casi $500 millones, terminó proponiéndose a sí misma para desarrollar el software, esta vez por $1.100 millones más IVA para la versión más avanzada.
El Consejo decidió no aprobar la propuesta de inmediato y resolvió constituir una comisión técnica.
Si bien el entonces presidente del Consejo, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Blanco, calificó el mecanismo utilizado como una eventual “anomalía”, la contraloría interna, que también integró la comisión y era la encargada de fiscalizar el proceso, no formuló objeciones a la adjudicación mediante trato directo.
Respecto de este último punto, en tribunales circula un secreto a voces: el vínculo no declarado entre el contralor interno Humberto Canessa y la ministra María Cristina Gajardo. La esposa del primero, Claudia Miranda Cavieres, trabaja en el mismo departamento de la facultad donde la magistrada hace clases: el Departamento de Derecho de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Según distintas fuentes, esa relación explicaría el silencio del organismo encargado de fiscalizar el contrato, una entidad que, además, no está sometida a supervisión de la Contraloría General de la República.
No es la primera vez que se cuestionan los vínculos de Gajardo con la Universidad de Chile, donde hasta enero de 2025 se desempeñó como directora de la Escuela de Postgrado y actualmente es académica del Departamento de Derecho del Trabajo.
Cuando se supo que había votado a favor de la empresa que representaba en la causa de 2021, fue reemplazada por otra académica de la misma unidad, Verónica Fernández Omar, situación que también ha alimentado distintas especulaciones al interior de la Corte Suprema.
“Peloteo” administrativo
Tras la denuncia presentada por la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ), luego de un reportaje de Biobío.cl y de la circulación interna de una denuncia anónima, el caso no ha sido investigado por las autoridades competentes y ha sido derivado de una dependencia a otra dentro del Poder Judicial. En otras palabras, el asunto ha sido “peloteado” de un lado a otro.
Los antecedentes son los siguientes: En enero de este año, el Pleno de la Corte Suprema decidió no abrir un sumario contra las ministras y devolvió la denuncia a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), resolución que fue suscrita por una de las denunciadas, María Cristina Gajardo. El hecho ha sido criticado por constituir una infracción al deber de abstención e imparcialidad judicial.
La CAPJ elaboró posteriormente un informe concluyendo que la derivación era improcedente, ya que la potestad disciplinaria respecto de las ministras corresponde exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema.
El documento, elaborado por la directora interina Andreina Olmo, fue remitido nuevamente al Pleno para que decida si abre o no un procedimiento disciplinario.
Así las cosas, luego de más de cinco meses desde que se presentó la denuncia, la próxima semana el Pleno decidirá si da curso a un proceso administrativo contra ambas ministras. De no hacerlo —según señalan distintas fuentes— un grupo de funcionarios presentaría una querella ante el Ministerio Público.
La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con María Cristina Gajardo y con la empresa Replai SpA, pero hasta el cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.
