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martes, 12 de mayo de 2026

MINISTERIO DE SEGURIDAD DICE QUE NO SABE CUÁNTOS DETENIDOS EN LOS OPERATIVOS QUEDAN EN PRISIÓN

 

Ministro Alvarado deja en evidencia que aún no hay plan de seguridad: solo se realizan operativos para detectar a sujetos con orden de detención

12.05.2026

Por Catalina Olate

“Algunos dicen ‘¿dónde está el plan?’. Pero, aquí lo que importa es que se realicen acciones […]. Acá no se trata de tener un [documento] anillado con el diseño de las políticas en materia de seguridad, acá lo que importa es que las cosas se hagan y, poco a poco, vayan dando resultado”. Esto fue lo que dijo este martes 12, en Radio Pauta, el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Sus palabras dejaron en evidencia que el gobierno aún no tiene un plan de seguridad. En todo caso, el ministro dijo que “se están realizando acciones” y mencionó operativos policiales que terminan “con un número importante de personas detenidas”. Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad ha dado a conocer al menos cuatro de estos procedimientos, con miles de detenidos. Pero, ese mismo ministerio informó a CIPER que no sabe cuántas de esos sujetos quedaron efectivamente en prisión, porque eran buscados por delitos violentos. Y ese dato es clave para poder evaluar la efectividad de estos operativos.

Créditos imagen de portada: Gobierno de Chile.


“El tema de la seguridad se está abordando y avanzando. Algunos dicen ‘¿dónde está el plan?’. Pero, aquí lo que importa es que se realicen acciones, y yo quiero recordar que en los gobiernos anteriores si uno analiza los planes de seguridad del gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera 1 y 2, tardaron entre cuatro a seis meses desde que se asume. Y en el caso del Presidente Boric fueron casi 14 meses”. Con estas palabras, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó este martes 12, en Radio Pautalas críticas al gobierno por la ausencia de un plan de seguridad pública a dos meses de haberse iniciado esta administración. Sus declaraciones dejaron de manifiesto que, efectivamente, aún no hay un plan de seguridad y que, tal como ocurrió con gobiernos anteriores, podría tardar meses contar con uno. El problema para los actuales ocupantes de La Moneda es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, ellos prometieron que la seguridad pública sería el eje principal de su administración.

A falta de un plan de seguridad, en la misma entrevista el jefe del gabinete ministerial señaló que, en este ámbito “se están realizando acciones […] desde que asumió su cargo, la ministra [de Seguridad, Trinidad Steinert] ha encabezado diversos operativos junto a las policías, los que han concluido con un número importante de personas detenidas con órdenes pendientes”. Así, las palabras de Alvarado indican que, al menos por ahora, la estrategia de seguridad del gobierno le da crucial importancia a la realización de operativos policiales y controles migratorios en distintas zonas del país.

En su intervención en Radio Pauta, Alvarado recordó que el pasado 8 de abril la ministra Trinidad Steinert presentó ante la Comisión de Seguridad del Senado los ejes que integrarían el trabajo de la cartera, entre ellos la presencia del Estado frente al crimen organizado y la recuperación de territorios habitados irregularmente y controlados por la delincuencia. Pero, hasta ahora aquello no se ha traducido en un plan concreto.

Incluso, tras esa intervención de la ministra han surgido críticas desde el oficialismo. Entre ellas, la del diputado republicano Álvaro Carter, quien señaló: “Es cierto, nosotros en dos meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo, pero sí armar un plan. A la ministra se le está acabando el tiempo, y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad”, sostuvo el parlamentario en entrevista con La Tercera.

Este martes 12 de mayo está previsto que la ministra Steinert exponga en mayor profundidad ante la Cámara de Diputadas y Diputados los alcances de los ejes que planteó ante la Comisión de Seguridad.

Hasta la fecha, durante la administración de la ministra Trinidad Steinert, se han dado a conocer al menos cuatro “mega-operativos”, realizados en conjunto entre la PDI y Carabineros, sin contar otros tres operativos de control migratorio. Esa fórmula ya había sido aplicada en tres ocasiones durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, también con participación de ambas policías y con resultados que sumaron miles de detenidos. El problema de esta modalidad, es que el Ministerio de Seguridad no cuenta con información que permita evaluar la efectividad que tienen estos operativos para sacar de circulación a sujetos que han cometido delitos violentos que efectivamente provocan temor en la población, como “portonazos”, “encerronas”, “turbazos”, asaltos en parcelas, homicidios, violaciones y secuestros extorsivos.

Por ejemplo, en el operativo policial que se desarrolló en los primeros días del nuevo gobierno se informó, el 16 de marzo pasado, que fueron arrestadas 2.905 personas con orden de detención vigente. En esa oportunidad, basado en los datos expuestos la PDI y el Ministerio de Seguridad, CIPER reveló que 193 aprehendidos en ese operativo (7% del total) estaban acusados de delitos altamente violentos, entre ellos homicidio, secuestro, violación y robo con intimidación —categoría que incluye “portonazos”, “encerronas” y “turbazos”—, ilícitos que generan gran preocupación ciudadana (lea ese artículo:”Operativo que marcó inicio del gobierno permitió detener a 193 acusados de delitos violentos: homicidio, secuestro y robo con intimidación”).

CIPER consultó nuevamente al Ministerio de Seguridad si tiene los datos acerca de cuántos de los detenidos en estos operativos efectivamente salen de circulación porque pasan a prisión preventiva, cifra que podría ser un indicador de la efectividad de estos procedimientos. Pero, este 12 de mayo desde esa secretaría de Estado respondieron, a través de su departamento de Comunicaciones: “El Ministerio de Seguridad no se encarga de la persecución penal, sino más bien de coordinar operativos para que las policías puedan detener a prófugos de la justicia y personas que cometan delitos. Ya una vez que eso se realiza, es tarea del Ministerio Público y el Poder Judicial condenar a los detenidos”.

HISTORIAL DE MEGAOPERATIVOS

El primero de los operativos policiales desarrollados bajo este gobierno fue informado el lunes 16 de marzo. En ese momento, CIPER consultó a los departamentos de comunicaciones del Ministerio de Seguridad, Policía de Investigaciones y Carabineros cuántas personas fueron puestas a disposición de tribunales para sus respectivos controles de detención y cuántas quedaron en prisión preventiva. No hubo respuesta. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron entonces: “Respecto a los casi 3.000 detenidos del operativo en el que participaron de manera conjunta Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Seguridad sí hará un seguimiento al número de personas que pasarán a control de detención, así como a cuántas quedarán en prisión preventiva u otra medida cautelar”. No obstante, la reciente respuesta recibida por CIPER desde el mismo Ministerio de Seguridad, indica que ese seguimiento, si es que se hizo, no ha arrojado resultados. 

A través de una solicitud de Transparencia, Carabineros informó posteriormente que, tras ese procedimiento realizado en marzo, 1.186 personas fueron puestas a disposición de control de detención. No obstante, la institución no precisó cuántas quedaron sujetas a prisión preventiva u otras medidas cautelares (vea esa respuesta).

Justicia reabre causa que investiga la muerte del exministro José Tohá, padre de la exsecretaria de Estado Carolina Tohá: Exministro fue asesinado, asegura abogado Caucoto

 12 May 2026

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir la causa que investiga la muerte del ex ministro del Interior y de Defensa del gobierno de Salvador Allende, José Tohá González, hecho ocurrido el 15 de marzo de 1974, en dependencias del Hospital Militar 

Los ministros revocaron las dos resoluciones apeladas y dictadas por la Ministra en Visita Extraordinaria Paola Plaza González, y en su lugar se declara que  se repone la causa al estado de sumario, decretado una serie de diligencias que contribuyan al esclarecimiento de la muerte del ex militante socialista.  

La decisión del tribunal se dio luego de escuchar los alegatos de los abogados querellantes Nelson Caucoto, representante de la familia de Tohá,  e Ilan Sandberg  del Programa de DD.HH del Ministerio de Justicia, quienes solicitaron la reapertura del caso al considerar que están todas las pruebas para demostrar que el ex ministro fue asesinado y que no se trata de un suicidio como lo informó la versión oficial de la dictadura en su momento. 

El sumario había sido cerrado en dos oportunidades por la ministra Paola Plaza de la Corte de Apelaciones de Santiago,  tras considerar que todas las diligencias solicitadas por los querellantes eran innecesarias y estimar que estaba agotada la investigación, siendo ambas resoluciones apeladas en su momento por los querellantes.

En una primera oportunidad, la Corte de Apelaciones lo abrió decretando una sola diligencia la que finalmente resultó infructuosa, cerrando nuevamente el proceso. 

Quien inició la investigación por la muerte de José Tohá, fue el ministro Jorge Zepeda, quien condenó a dos funcionarios de la FACH por el delito de tormento en perjuicio de Tohá, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema. Luego lo asumió el ministro Miguel Vasquez, quien concluyó con un procesamiento por homicidio en calidad de encubridor en contra del ex jefe de gabinete del director del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, quien falleció hace poco tiempo atrás. 

Es un nuevo impulso para llegar a la verdad

El abogado Nelson Caucoto, se mostró conforme con la resolución manifestando que “para nosotros es un nuevo impulso el que nos otorga la Corte de Apelaciones con esta reapertura, puesto que, es un caso histórico que tiene que ser aclarado y existen los fundamentos para ello. Es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen”, señaló.

 Caucoto indica que “nos ha costado 38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado de don José Tohá”. 

Finalmente el abogado expresa que “estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes de acuerdo al mandato del Derecho Internacional, a los familiares de las víctimas les asiste el derecho inalienable e inderogable a que los procesos en que investigan los delitos cometidos contra sus familiares sean completamente esclarecidos”. 

José Tohá, abogado y periodista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Posteriormente, estuvo detenido en la Isla Dawson, en el Regimiento Pudeto y la Academia de Guerra Aérea, donde fue sometido a múltiples torturas.

Al momento de su muerte, el 15 de marzo de 1974, estaba internado en el entonces Hospital Militar, y fue encontrado al interior del closet de la pieza, ahorcado con su cinturón y pesando 49 kilos, pese a que medía 1,92 metros.

Después de 36 años, el cuerpo de Tohá fue exhumado el 10 de diciembre de 2010. Dos informes forenses, del Servicio Médico Legal, SML y de las universidades de Chile y de Concepción lograron determinar que el deceso de Tohá “es atribuible a terceros”.

Diputados de oposición ofician y exigen informar a varios Ministros tras dichos de ministra Ximena Lincolao sobre empresas y patrimonios no declarados en el Gabinete de Kast

 12 May 2026

Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC) y la diputada Gael Yeomans (FA) anunciaron que oficiarán a todos los ministros de Estado tras las declaraciones de la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, quien admitió la existencia de sociedades que no fueron incorporadas en su declaración patrimonial y además sugirió que otros integrantes del gabinete podrían encontrarse en una situación similar.

La acción fiscalizadora surge luego de un reportaje publicado por el medio Fast Check, donde se reveló que la ministra Lincolao no habría incorporado en su declaración de patrimonio al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial norteamericano donde mantiene una propiedad.

Fue en ese mismo medio donde la ministra confirmó la existencia de dichas sociedades y, al ser consultada por las omisiones, respondió: “¿tú hiciste fact check (…) de los otros ministros también?”, generando preocupación respecto de eventuales irregularidades más amplias al interior del gabinete del Presidente Kast.

En esa línea, el diputado Juan Santana señaló que: “Hace pocos días atrás se hizo público la omisión de información por parte de la ministra Lincolao en su declaración de patrimonio, en donde omitió su vínculo con tres empresas, una de ellas vinculada al rubro de la tecnología, que es el sector que precisamente le corresponde regular como ministra de Estado. Esto es parte de una obligación legal contenida en el artículo 8 de nuestra constitución, pero además es una doble obligación, toda vez que se discute una reforma que eventualmente podría beneficiar también a los ministros de estado, como lo es la reforma tributaria a los super ricos. Además sus declaraciones del día de hoy, donde señala que los otros ministros también podrían haber ocultado información en sus declaraciones, nos parece muchísimo más preocupante”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) dijo: “Nos parece grave que en el contexto del debate respecto del proyecto de ley de súper ricos presentado por el gobierno, el gobierno aún no responda el oficio que enviamos nosotros mismos, los mismos parlamentarios, dirigido al Ministerio de Hacienda donde le pedimos que calcule, entregue la información respecto de los beneficios económicos cuantificados que van a recibir aquellos ministros que tienen sociedades y empresas de alto valor. Esta reforma, este proyecto de ley, está contaminado por los conflictos de interés y está contaminado también por el ocultamiento de información que ha sido bastante persistente por parte del gobierno del presidente Kast”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA) señaló que: “Lo que se está resguardando es evitar los conflictos de interés y mostrarle al país que, en cualquier debate, lo que va a primar va a ser el interés público y no el interés personal. Entonces, yo espero que sea el mismo gobierno y todos sus ministros que transparenten y aclaren esta situación inmediatamente”.

En ese sentido, el diputado Bernardo Salinas (PC) sostuvo que: “Aquí hay una incompatibilidad en lo que declara la ministra de Ciencia, porque justamente es ella quien tiene que supervisar y fiscalizar empresas que estarían ligadas a sociedades que, supuestamente, no manifestó en su declaración de interés y patrimonio. Por tanto, vamos a realizar todas las acciones legales necesarias. Y esto no es un punto político, es transparencia total, porque los chilenos merecen saber quiénes son sus autoridades y qué nivel de ética y principios tienen”.

Los parlamentarios señalaron además que, de confirmarse los antecedentes planteados por la ministra Lincolao respecto de eventuales omisiones patrimoniales en otras autoridades de Gobierno, recurrirán también a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad de dichas declaraciones y determine posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia y probidad pública.

lunes, 11 de mayo de 2026

La Comisión Chilena de Derechos Humanos acusa retrocesos democráticos y alerta por “agenda regresiva” del Gobierno

 

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A solo dos meses de la instalación del nuevo Gobierno, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) lanzó una dura declaración pública en la que acusa a la administración de impulsar políticas que representarían un “profundo desprecio por los derechos humanos y los avances democráticos”.

El documento, difundido este 8 de mayo en Santiago, constituye una de las críticas más severas provenientes del mundo de los organismos de derechos humanos desde el inicio del actual ciclo político. La organización sostiene que detrás de las iniciativas legales y administrativas impulsadas por el Ejecutivo existiría un “propósito refundacional” orientado a reinstalar un modelo económico, político y cultural similar al aplicado durante la dictadura militar.

La declaración no se limita a cuestionar medidas específicas. Más bien, plantea una interpretación estructural del rumbo político del Gobierno. Según la CCHDH, el discurso oficial estaría basado en una “falsa narrativa” de emergencia que justificaría reformas orientadas a reducir el rol del Estado y fortalecer la participación del sector privado en áreas sociales sensibles.

En el texto, la Comisión sostiene que la actual administración busca “exacerbar el principio de subsidiariedad” consagrado en la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet, devolviendo al “gran empresariado” la administración de derechos sociales que, aunque limitados, fueron ampliados durante los años de transición democrática.

La declaración aparece en un contexto político marcado por el debate sobre seguridad, ajuste fiscal y reformas institucionales. En ese escenario, organizaciones de derechos humanos han comenzado a advertir sobre lo que consideran señales de retroceso en materias de memoria, justicia y protección social.

Uno de los puntos más sensibles del documento es la acusación de que existiría un intento por debilitar las políticas de verdad y justicia relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La Comisión menciona específicamente iniciativas como eventuales indultos y proyectos de conmutación de penas para condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero el cuestionamiento va más allá de la memoria histórica. El organismo también acusa una ofensiva cultural alineada con sectores de ultraderecha internacionales, destinada —según afirma— a revertir avances en igualdad de género, derechos de las diversidades sexuales, protección de migrantes y políticas medioambientales.

En términos políticos, el texto refleja una preocupación creciente entre organizaciones sociales y sectores progresistas respecto del tono ideológico de algunas discusiones instaladas en el debate público. La noción de “batalla cultural”, mencionada explícitamente en la declaración, ha sido utilizada en distintos países por movimientos conservadores para cuestionar políticas de inclusión y enfoques de derechos.

La Comisión advierte que la reducción del aparato estatal podría tener efectos directos sobre los sistemas de protección social y sobre las políticas públicas vinculadas a derechos humanos. Según el documento, las restricciones presupuestarias y administrativas anunciadas “incidirán negativamente en el conjunto de los derechos humanos”, afectando particularmente a sectores vulnerables.

Además, el organismo vincula estas decisiones con posibles impactos sobre las demandas de reparación derivadas tanto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura como de los abusos denunciados en el contexto del estallido social de 2019. La declaración menciona expresamente las lesiones oculares sufridas por manifestantes y otras causas aún abiertas en tribunales.

Otro aspecto central del texto es el plano internacional. La Comisión sostiene que las políticas impulsadas por el Ejecutivo podrían vulnerar tratados y compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos. En particular, alude al principio de progresividad y no regresión, uno de los pilares del derecho internacional en esta área, que establece que los Estados no deben retroceder en garantías ya alcanzadas.

Desde el punto de vista jurídico, se trata de una acusación de alto calibre. Aunque las declaraciones de organismos civiles no tienen efectos vinculantes, sí pueden influir en la discusión pública y eventualmente alimentar observaciones de organismos internacionales.

La ofensiva discursiva de la Comisión también pone presión sobre el oficialismo y sobre sectores de oposición moderada que han respaldado algunas reformas del Ejecutivo. El texto denuncia además la “complicidad de los medios de comunicación hegemónicos”, acusándolos de favorecer los intereses de grupos económicos dominantes.

En la práctica, la declaración busca movilizar al mundo social organizado. El cierre del documento contiene un llamado explícito a denunciar las medidas impulsadas por el Gobierno y a defender los derechos sociales y la dignidad humana frente a lo que consideran una amenaza regresiva.

La publicación del texto anticipa un escenario de creciente confrontación política e ideológica en torno a derechos humanos, rol del Estado y memoria histórica. Temas que, lejos de perder vigencia, vuelven a instalarse como ejes centrales del debate nacional.

Al primo del ex presidente Piñera no le entran balas

 

COLUMNISTAS


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No se trata de leyenda urbana que circule entre bares y cantinas del barrio alto de Santiago. Andrés Chadwick Piñera, primo de Sebastián Piñera quien fuera presidente de Chile, (2018-2022) es un ciudadano intocable.

Es una relación entre abogados de la universidad católica con un largo historial de familia. Luís Hermosilla con su pecado de haber estado cerca del PC y Chadwick con su pasado MAPU en los años setenta.

Eran otros tiempos, otras las canciones, más banderas en las calles, por Ahumada pasaba la Mapocho lo Vial y por teatinos la Matadero Palma y las universidades centros de debate. La araña ya estaba pintaba las murallas.

Un país triste que arrastraba los efectos del sistema capitalista: subdesarrollado, más de un millón de analfabetos, elevada mortalidad infantil y cifras de desnutrición hacía que hasta la vergüenza escondiera la cara. Los norteamericanos dueños de la principal riqueza básica, hasta que llegó Salvador Allende.


Viviendo ya los años de la dictadura de la cual Andrés Chadwick Piñera fue un férreo defensor después de su giro copernicano inicia un nuevo recorrido político, esta vez aferrado al pensamiento guzmaniano y se hace predicador furibundo del gremialismo. Una pócima sanadora nunca antes ensayada, pero se insistió que era  esperada en el tiempo para sanar todos los males de la patria.

AC formaba parte del círculo de hierro de los más austeros, los elegidos quedan sacramentados y Andrés como uno de los coroneles. Inventan su propio juguete con la suerte de no contar con ningún adversario, Chile es de ellos. De las diferencias se encargaba la DINA primero y la CNI posteriormente.

Suerte un país entre sus manos con millones de maltratados, sometidos a los peores designios de aquellos años de oprobio. La miseria instalada, especialmente entre los sectores más postergados obliga a hombres y mujeres a quitarse bajo amenaza la mínima dignidad consecuencia del proyecto pinochetista. Los espera el PEM y el POJ. El hambre entrando a las casas y rucos marginales, los empuja para obtener algo, alguna cualquier cosa, para entrar con menos hambre al sueño.

Lucía Pinochet entregaba la receta mágica de hacer caldo con las cascaras de papas.

Andrés Chadwick, Luís Hermosilla y otros vienen de la Universidad Católica, allí se conocieron y sus hijos también fueron a la misma que sus padres. Aquello no es una maldición, es sencillamente un beneficio, un golpe de suerte, la anhelada carta para el triunfo ya marcada, finalmente una cosita trivial.

Debemos suponer que estar en aquellas alturas tan elegidas y pavorosas en el  gobierno de Piñera Echeñique es casi familiar. El poder entonces es quien ampara el gusto y genera la comodidad, hace llegar la calma para los amigos. Los mismos de un buen café en alguna terraza de la comuna de providencia.

Conocido es que la corrupción, ese asunto que aparece cuando se hace pública alguna disputa por asuntos en la propiedad de bancos, aumentos de capital entre las empresas más poderosas, o sencillamente cuando el halo a billetes frescos va impregnando a diputados y senadores que son actores de un poder del Estado. Por eso es.

Luego que la cabeza de Andrés Chadwick rodara después de una acusación constitucional defendido por su entrañable amigo y benefactor Luis Hermosilla, se sintió un ligero golpe en la cúpula del poder made in Chile. Ya no era el justo ni el mejor indicado para ser el albacea del pensamiento piñeirano.

Andrés Chadwick despliega todas sus redes que no fallan, las encuentra dispuestas, para aquello fueron creadas pensando en que eventualmente llegarían tiempos de vacas flacas.

Así el ex ministro del interior asume como presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián. Entonces todo el país conoce que este centro de educación es la bolsa pagadora de la UDI. Ex ministros, subsecretarios, funcionarios fueron engrosando el listado de beneficiados. Hasta que un nuevo demoledor mazazo baja la pelota al suelo, $ 17.000.000 gana como profesora Cubillos ex ministra de educación del gobierno de Piñera Echeñique. Todo un escándalo como suena la canción de Raphael.

Un antecedente que debe quedar expuesto son los $100 mil millones en becas fiscales y CAE durante el año 2023, dineros aportados por todos los chilenos a la caja de país.

Sale a romper sus lanzas en defensa el presidente de la UDI Javier Macaya, quien deberá renunciar por haber denostado a una testigo en una causa por abuso sexual en contra de su padre que actualmente cumple condena. “Hay una operación para debilitar la figura de Andrés Chadwick” grita desde la sede de la UDI en providencia.

“Hoy con todo lo que se conoce de Luis Hermosilla, yo le pediría al gobierno que no se apresure en entregar conclusiones respecto al tema de Luis Hermosilla, solamente por el hecho de tener una relación de amistad y cercanía con Andrés Chadwick , me parece que no corresponde”, dijo Macaya

Los dados ya estaban corriendo y para eso los amigos.

La alianza está forjada. Hermosilla logra que el director de la PDI se convierta en su informante para casos que están siendo investigados donde se huele la sangre del presidente. Se conocen entonces los favores. La familia Abumohor se adjudica por trato directo con la Junaeb la friolera de $126 mil millones, asunto conocido en las oficinas Chadwick-Hermosilla.

No han sido pocos los que conocen los estrechos pasillos de Capitán Yaber, como por ejemplo el ex senador Orpis de la UDI, quien declaró absoluta inocencia mientras cruzaba las rejas del recinto penitenciario. Los socios Lavín-Délano sostenedores de la red de financiamiento ilegal de la política nunca antes conocida, y que finalmente fueron condenados a llevar cuaderno y lápiz para cumplir la pena con clases de ética.

Extrañamente Andrés Chadwick no ha sido portada en los noticieros de la televisión, tampoco en los pocos diarios que circulan en Chile. Suena como un silencio pactado, una santa cruzada que se encarga de limpiar cada trazo de responsabilidad culpable en un listado de delitos no menores.

Al parecer es todo un secreto de como cuando un sector llegar al gobierno quedan instalados con las llaves del escritorio y la puerta de entrada. Andrés Chadwick andaba con las claves en sus bolsillos. Favoreció a su regalado antojo a sus cercanos, amigos y compañeros de militancia en la UDI. Nadie perdió todos fueron ganadores. Algunos como los hermanos Jalaff pasaron meses en prisión solamente separados por un muro de los violadores, asesinos, traficantes, indocumentados.

No todos son iguales frente a la ley, y eso es la verdad del tamaño de una catedral. Chadwick es un corrupto de tomo y lomo, esos personajes que de haber estado en otros tiempos el último ruido que hubieran sentido lo provocaba la caída de la guillotina. Los comunistas chinos no tienen problemas con la horca ni el fusilamiento cuando existe corrupción, favores, una manito de ayuda.

Si Andrés Chadwick hubiese militado en otro partido seguramente de su cuero dos carteras y un cinturón. Pero NO, es de la UDI y aquello entrega una aureola que defienden sus camaradas y que la justicia se encarga de colocarle todos los remaches para que no caiga.

En Chile hay corruptos que se destacan por sus cuotas de poder. ANDRES CHADWICK a saber.

 

Pablo Varas.

domingo, 10 de mayo de 2026

La Contraloría tuvo que sancionar por mentir a funcionarios del gobierno. Por Patricio Herman Fundación Defendamos la Ciudad

 10 May 2026

La Contraloría General de la República instruyó, vía un dictamen, a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por la ministra Mara Sedini, iniciar un proceso disciplinario en contra de los funcionarios públicos que intervinieron en las imprudentes y falsas opiniones que se divulgaron con publicidad, en orden a que "el Estado está en quiebra".

El objetivo de este infundio era desprestigiar a la administración saliente y en tal dictamen, ese ministerio, como lo expresó la Contraloría, tiene la obligación de ceñirse a los principios de probidad, transparencia y veracidad, así como al deber de entregar información verificada, correcta y oportuna. Después de conocerse este pronunciamiento, en la prensa se han publicado innumerables cartas criticando a la titular de la Contraloría y algunas pocas apoyándola.  

Quien asumió un rol activo en reprochar el mencionado dictamen, fue el diario El Mercurio en su editorial del pasado domingo 3 de mayo de 2026, titulado "Cuestionable dictamen de Contraloría", en el cual, entre otras cosas, publicó que "el pronunciamiento involucra una peligrosa burocratización del lenguaje" (sic), luego asimilando su apreciación a la llamada "permisología", palabra inventada por aquellos empresarios promotores de que sea sumamente laxa la fiscalización de las instituciones públicas a sus proyectos de inversión.   

El mismo día domingo pasado, debido a que este columnista, estaba disconforme con ese editorial, le enviamos una carta muy ponderada, para que así fuera posible su publicación, al director de ese medio, en los siguientes términos: "En razón a que el Estado chileno no está en quiebra, aunque las cifras económicas no son las deseables, aceptando que los lectores de El Mercurio puedan estar en desacuerdo o no con el dictamen de la Contraloría que objetó esa expresión, difundida por la Secretaría General de Gobierno, el lector que suscribe está totalmente de acuerdo con el pronunciamiento vinculante del ente fiscalizador, pues es irresponsable que el propio gobierno emita juicios mendaces. Los particulares, los parlamentarios, los empresarios, los medios de prensa y en general todos, en base a la libertad de expresión existente, podemos decir lo que se nos ocurra, aunque sean tonteras, pero el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y a todo evento, siempre debe expresar la verdad de los hechos, pues en sentido contrario pierde su credibilidad".  Obviamente esta carta fue censurada. 

Aprovechando la oportunidad, informaremos a continuación sobre una reciente entrevista sostenida con la alcaldesa de Vitacura y como el conflictivo Iván Poduje está de moda, nos referiremos en esta ocasión a él con motivo de dos situaciones determinadas en que ha intervenido, sin que la prensa en general haya dado debida cuenta de las mismas:

1° respecto de su decisión de construir cinco edificios en altura de viviendas de todo tipo, en el terreno de 4 hectáreas, considerado área verde en los instrumentos de regulación urbana, conocido como Parque Cerro Colorado en la comuna de Las Condes, según nos han informado las organizaciones ciudadanas que están en contra de ese proyecto inmobiliario, dicho ministro para justificar su iniciativa comercial, en su visita con periodistas a ese terreno el pasado 20 de abril, protegido por sus guardias pretorianos, aseguró a la prensa que "este sitio eriazo está botado hace más de 40 años (sic), lo cual es un simple embuste, pues este espacio es un vergel muy bien mantenido por la municipalidad de Las Condes.    

2° nos gustó la "parada de carro" de Poduje a los dirigentes locales de Magallanes del Partido Socialista, quienes en calidad de extraños promotores de un especulativo negocio de los socios controladores del Club Hípico de Punta Arenas, el sábado 2 de mayo pasado, le pidieron explicaciones al ministro porque éste rechazó, con sólidos argumentos, la expropiación del terreno de 20 hectáreas del club, en una excesiva suma de dinero. La transacción comercial fue urdida, a fines del gobierno de Boric, con las usuales actividades de lobby de los interesados y con equivocadas, por lo tanto, sospechosas tasaciones. 

El 28 de abril pasado, con 2 competentes profesionales, un arquitecto y un abogado, nos reunimos con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, para expresarle el riesgo latente que significaría aumentar, sin los necesarios resguardos ambientales y territoriales, el crecimiento poblacional en el sector donde se emplaza el cerro Alvarado, en cuyas pendientes ya se han construido edificios en altura con permisos que no se enmarcaron, como era necesario, en las normas urbanas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, ello por cuanto la comuna de Vitacura se creó el año 1992, escindida de Las Condes, y contó con su primer PRC a fines del año 1999.

Recordemos que el cerro Alvarado era área verde en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 y por ello los primeros permisos en el cerro, de fechas 1996 y 1998, sin que existiera el PRC de Vitacura, ingeniosamente se cursaron "para parcelas en procesos de loteo, aplicándose el artículo 3° transitorio del PRMS". El cerro Alvarado actualmente no es cerro isla, luego no es área verde, por lo tanto hay "chipe libre" para levantar torres.   

Dados los riesgos que tienen las construcciones emplazadas en laderas, le propusimos a la alcaldesa Merino y a sus funcionarios municipales presentes en la entrevista que, a modo de ensayo, se monitoree la estructura de uno de esos edificios, ya que existen en Chile empresas que supervisan, mediante sensores, el registro de vibraciones, inclinaciones y asentamientos de los mismos en tiempo real y de ahí van a una plataforma web donde los ingenieros los analizan y al detectarse una anomalía, inmediatamente se genera una alerta. 

Todos sabemos que Chile es el país más sísmico del mundo y por ello estimamos que esta tecnología, basada en datos objetivos, con monitoreo permanente y con resultados en pocas horas, se debería utilizar, dejando a un lado las inspecciones visuales. En nuestro país ya se monitorean puentes ferroviarios, hospitales, estanques de combustible, monumentos históricos y edificios corporativos. Sin embargo, no existe hoy una normativa contenida en un cuerpo legal que exija monitoreo continuo en edificios de alta densidad, infraestructura crítica o patrimonio histórico.

En resumen, 1° muy bien "el tirón de orejas" de la Contraloría a los funcionarios díscolos que se desenvuelven en el ministerio que dirige Sedini, 2° El autónomo Poduje continuará ejerciendo como ministro "trabajólico", apareciendo permanente en la prensa como a él le gusta y 3° la alcaldesa Merino tendrá que analizar si acoge nuestra propuesta y aplica la tecnología mencionada en uno de los edificios localizados en el cerro Alvarado. 

Y vuelta… la reunión de Rabat y Mira con los jueces de DDHH


 Luego de varias semanas con una serie de ácidas polémicas, relativas al desarme de las directivas del Programa de Derechos Humanos, la recomendación de Hacienda de hacerlo desaparecer y las instrucciones de no apelar a decisiones favorables a exagentes de la dictadura, el jueves comenzó en Santiago el VII Encuentro Nacional de Ministros en Visita en Causas de DDHH.

Allí estaban presentes magistrados como Paola Plaza (Santiago), Marianela Cifuentes (San Miguel), Álvaro Mesa (Temuco) o Waldemar Koch (Concepción), así como el ministro de Justicia y exabogado de Augusto Pinochet, Fernando Rabat, el subsecretario de DDHH, Pablo Mira, y la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido. También estaban presentes oficiales de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

  • Por parte del Poder Judicial, la cita la encabezaba el ministro de la Corte Suprema Omar Astudillo, coordinador de causas de DDHH. Según informó el ese Poder del Estado, en la ocasión “el ministro Rabat Celis reiteró el compromiso del Gobierno con la continuidad del apoyo a las investigaciones de causas por graves violaciones a los derechos humanos y el Plan Nacional de Búsqueda.

Astudillo, a su vez, recordó que “este encuentro no solo se concibe como instancia de trabajo, sino que como un espacio de reflexión, una reflexión que nos remite a la vigencia universal de la dignidad de la persona humana, del derecho a la verdad, y a partir de ello la necesidad de consolidar las garantías de no repetición”.

  • Todo lo anterior ocurrió teniendo como telón de fondo la decisión de la Corte Suprema de acoger un amparo presentado por la defensa del exagente de la DINA César Manríquez (de 95 años y condenado en 49 causas), gracias al cual fue entregado al cuidado de su esposa, debido a que –a juicio de los jueces– padece de enajenación mental, mientras que cerca de 80 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) pronunciarse respecto de la actuación del Estado chileno en la materia a partir del 11 de marzo de este año.

Para lo anterior, argumentaron –entre otras cosas– “el desmantelamiento y eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado”, dado que a lo sucedido en el Programa de DDHH se suman la disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales y el cierre de la Unidad de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones.

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