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sábado, 20 de junio de 2026

María Cristina Gajardo: la elegida de Zaliasnik que falló a favor de una empresa que representaba

María Cristina Gajardo: la elegida de Zaliasnik que falló a favor de una empresa que representabaINVESTIGACIÓN


Claudio Pizarro Sanguesa
Por : Claudio Pizarro SanguesaPeriodista Unidad de investigación de El Mostrador.
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Los nuevos chats amplían la red de influencia de Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik e involucran a ministros de la Corte Suprema, entre ellos María Cristina Gajardo, cuyo nombre reaparece a raíz de un controvertido fallo de 2021 en el que votó a favor de una empresa de la que había sido abogada.


Resumen

El Mostrador Fuente Preferida

Apenas Gabriel Zaliasnik apareció en los chats de Luis Hermosilla, el número de supremos y jueces que se vieron beneficiados de gestiones extrajudiciales para acceder a cargos en el Poder Judicial creció exponencialmente. La revisión de los mensajes, de hecho, aumentó a 10 el número de magistrados que figuran en la órbita de influencia de ambos abogados.

Los antecedentes, en poder de la Fiscalía de Valparaíso, son parte de la indagatoria en contra de la exmagistrada Verónica Sabaj y Luis Hermosilla, investigación que busca esclarecer la real injerencia de este último en el nombramiento de la exjueza cuando esta postuló a la Corte de Apelaciones de Santiago y las retribuciones que Sabaj realizó en favor de Hermosilla.


La última filtración de los chats entre ambos, dada a conocer por Reportea.cl, abrió una nueva arista en el caso audios en contra del abogado Gabriel Zaliasnik, el recién designado embajador de Chile en Israel y expresidente de la Comunidad Judía en nuestro país, quien aparece mencionado en las conversaciones entre Hermosilla y Sabaj al menos en 36 ocasiones.

La nueva indagatoria se abrió tras una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes apuntan a aclarar el rol que tuvo Zaliasnik en el nombramiento de siete ministros de cortes de apelaciones –uno de ellos incluso juró “lealtad” a Luis Hermosilla– una fiscal judicial y dos ministros de la Corte Suprema: Diego Simpertigue y María Cristina Gajardo.

En una conversación por WhatsApp entre el abogado Samuel Donoso –otro miembro del triunvirato– y uno de los asesores más estrechos de Piñera en esos años, Andrés Sotomayor, este último le preguntó quiénes podían suceder a las ministras próximas a jubilar: Rosa María Maggi y María Eugenia Sandoval.

Donoso respondió de inmediato:

–En estas quinas estamos de acuerdo c lucho (Luis Hermosilla) y gz (Gabriel Zaliasnik) en que los mejores serían la Sra Gajardo y Sempertegui (sic)–, respondió en el chat.

Pocos días más tarde, en enero de 2022, ambos candidatos fueron ratificados como nuevos integrantes de la Corte Suprema, aunque con distinta suerte cada uno. Mientras Simpertigue fue removido por su rol en la causa BelAz Movitec –donde compartió un crucero con uno de los abogados que favoreció en el fallo–, María Cristina Gajardo ha pasado prácticamente inadvertida hasta ahora.

Aparte de figurar como invitada a las comidas organizadas por la exministra Ángela Vivanco en su casa –una de ellas en honor a Carlos Palma, en ese tiempo candidato a Fiscal Nacional y hoy en día formalizado por sus chats con Hermosilla–, hace pocos días atrás se supo que la Presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tuvo que esforzarse para convencer a dos ministras para abrir 56 cuadernos de remoción por casos de viajes con licencias médicas. Una de ellas –según informó La Tercera– fue Gajardo.

María Cristina Gajardo ha formado parte de la segunda y la cuarta sala de la Corte Suprema, tras un breve período como abogada integrante, entre los años 2018 y 2021. Fue en este último cargo que se le recuerda un desconocido fallo en el que, pese a haber declarado su inhabilidad por tener un mandato de representación vigente con una empresa minera, votó favoreciendo a la compañía que representaba.

Sobre su vínculo con el abogado Gabriel Zaliasnik, desde la unidad de comunicaciones del Poder Judicial señalaron que la ministra lo conoce por su rol de docente en la Universidad de Chile, donde ella también realiza clases. “En el momento de su postulación a la Corte Suprema, ella pensó en retirar su candidatura, lo que conversó tanto con el abogado Zaliasnik como con otros profesores, siempre en el ámbito de un espacio académico, y que él le manifestó que siguiera con su propósito ‘por el bien de Chile'”, señalaron a El Mostrador.

La ministra Gajardo aseguró también que no conoce personalmente al abogado Luis Hermosilla y que nunca ha coincidido con él en ninguna actividad, ni ha tenido sus datos de contacto.

El relator

El 11 de junio de 2021, la cuarta sala de la Corte Suprema resolvió anular una resolución previa de inadmisibilidad de un recurso de queja, presentado en un juicio laboral por cobro de prestaciones en contra de la empresa FLSmidth debido a una causal de inhabilidad que involucraba a María Cristina Gajardo, que entonces era abogada integrante del máximo tribunal.

La acción judicial respondía a un recurso de reposición, presentado dos semanas antes, que daba cuenta de que María Cristina Gajardo había votado a favor de la inadmisibilidad del recurso de queja presentado por un exgerente de cobranza de la empresa, siendo ella abogada representante de FLSmidth, una compañía proveedora de equipos y servicios de la gran minería –la contraparte–, hecho corroborado por un mandato judicial adosado en el mismo expediente de la causa.

El libelo argumentaba –apelando al artículo 227 del Código Penal– que los magistrados que fallesen en alguna causa criminal o civil, sin informar previamente a las partes, estaban expuestos a penas que van desde la inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos hasta el presidio o reclusión menor.

Fue el propio relator de la sala, Juan Pablo Rodríguez, quien a través de un escrito confirmó que efectivamente en el sistema existía un contrato de representación entre FLSmidth y María Cristina Gajardo, pero que él no tuvo conocimiento del documento y que, en consecuencia, no informó “al momento de dar cuenta de la admisibilidad del recurso de queja”.

La ministra de la Corte Suprema, al ser consultada por la Unidad de Investigación de El Mostrador, reconoció que participó en la causa mientras era abogado integrante, debido a que “el relator al dar cuenta de la admisibilidad del recurso no mencionó los nombres de las partes en litigio, como se acostumbra”, por lo que no pudo saber que una de las partes “era la empresa en la que había presentado patrocinio”.

Gajardo aseguró que “su inhabilidad en este asunto estuvo siempre declarada ante la Corte, lo que al parecer el relator no advirtió” y que por ello, cuando la parte recurrió señalando la inhabilidad de la ministra, “la sala la acoge y anula la vista de la causa y revisa el recurso de queja con otra composición de la sala. El asunto está completamente explicado en la propia tramitación de la causa y en ello no existe ninguna irregularidad”, agregó a través de la oficina de comunicaciones de la Corte Suprema.

Fuentes cercanas a la causa, sin embargo, plantean varios cuestionamientos respecto de la participación de la ministra. Un abogado que prefiere omitir su nombre asegura que resulta contradictorio que una abogada de una sala laboral, representante jurídica de una  empresa relacionada a la minería, no renuncie a su mandato de representación.

Es sospechoso que ella firme una resolución siendo abogada de la contraparte, porque la transforma en juez y parte. No sabemos tampoco si lo hizo con intención, pero es un hecho grave, tan grave como las últimas cosas que se han visto en el Poder Judicial, y además aparece en el sistema. El caso, además, no tuvo sanción y la explicación es que el relator no se dio cuenta. Es impresentable”.

La participación de Gajardo –además– se conoce en un contexto marcado por fuertes críticas sobre ascensos, adjudicación de causas, información sobre casos relevantes y nominaciones de jueces y notarios, todo en el marco del concepto de inhabilidad, esa delgada línea fronteriza entre los intereses públicos y privados.

El juicio se tuvo que repetir y la causa, finalmente, terminó fallada a favor del gerente de la empresa.

Diputado Manouchehri arremete contra el Gobierno y sus parlamentarios por niños haitianos: “Fue para sembrar miedo”. Culpó a comunicador de Mega, Juan Manuel Astorga y al exgeneral de carabineros Bassaletti, hoy diputado republicano

El diputado Daniel Manouchehri (PS) arremetió este sábado contra la derecha y la ultra derecha a raíz del caso de los niños haitianos que, tras fallas detectadas en el control de su ingreso al país, están siendo buscados por la PDI para descartar que hayan sido vulnerados sus derechos.

“En el caso de los niños haitianos nosotros creemos que se debe investigar todo, que se ubique a cada niño y que se sancione cualquier negligencia o delito“, remarcó Manouchehri esta jornada.

El legislador apuntó a la derecha: “Lo que hemos visto es miserable. Sectores de la derecha hablaron de secuestros, tráfico de menores y hasta tráfico de órganos sin una sola prueba. Confundieron niños inubicables en un registro con niños desaparecidos para sembrar miedo y atacar políticamente. Investigar no autoriza a mentir y usar a niños haitianos para fabricar una historia de horror es cruzar todos los límites”.

Y agregó: "Lo que hemos visto es una de las expresiones más descarnadas de la miseria política. “Doscientos niños desaparecidos”, titularon algunos medios. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) esbozó que incluso podría haber una red de tráfico de menores. El diputado republicano Enrique Bassaletti (exgeneral de carabineros) fue más lejos y esbozó que incluso podría haber tráfico de órganos. Ninguno mostró una prueba, pero la película de horror ya estaba instalada".

El diputado dijo además: "Un conocido periodista de TV (Juan Manuel Astorga, de Mega, pero no es periodista) presentó como señal siniestra que algunos vuelos chárter no aparecieran en las pantallas del aeropuerto, cuando los vuelos privados sencillamente no figuran en esos paneles. Así se fabrica el pánico. Se toma un dato inofensivo, se le pone música de trama criminal, y miles de personas creen que vieron una prueba".

Y el parlamentario cerró: "Pero exijamos también responsabilidad a quienes usaron la nacionalidad y el color de piel de estos niños para construir una historia de horror sin una sola prueba.
Porque a lo mejor la verdadera historia de este caso no es la de doscientos niños desaparecidos. A lo mejor es la de un país donde bastó que esos niños fueran haitianos para que algunos estuvieran dispuestos a imaginar lo peor. Y para transmitirlo como si fuera verdad".

Corte de Apelaciones de Santiago decidirá próxima semana sobre solicitud de sumario en contra de ministro Aguilar

 

CHILE AL DÍA


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La próxima semana el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunciará sobre la solicitud del abogado Luis Mariano Rendón, para abrir un sumario en contra del ministro Alejandro Aguilar.

La solicitud se basa en los mensajes conocidos recientemente, en los cuales el juez Aguilar le promete «lealtad» a Luis Hermosilla, después de que este y Gabriel Zaliasnik lograran que el gobierno de Piñera lo designara ministro de corte.

En opinión de Rendón, «resulta inaceptable que un juez que ha traicionado su deber de independencia, al prometer lealtad a un abogado litigante, pueda continuar ocupando su cargo como si nada».

Estos hechos ponen en cuestión «la esencia de la administración de justicia y destruye toda la confianza de la ciudadanía en ella. Para recuperar esa confianza se requieren sanciones ejemplarizadoras a quienes la han dañado», argumenta el abogado

Cabe recordar que los chats publicados por la prensa dan cuenta que la exministra Verónica Sabag también recomendó al juez Aguilar ante Hermosilla y Zaliasnik quienes con sus gestiones lograron que hoy este ocupando el puesto de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

 

Galy Chávez

 

viernes, 19 de junio de 2026

Ministro de Defensa pone la pelota en el piso y desmiente a los agoreros de siempre sobre niños haitianos: “No hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos”

Real Acaldemia de la Lengua: Agorero es una persona pesimista que se dedica a predecir o anunciar males, desdichas, desgracias y catástrofes.

El ministro de Defensa del Gobierno de Kast, Fernando Barros, ha asegurado este viernes que “no hay ningún antecedente” de que los menores de edad haitianos inubicados por la Contraloría estén “desaparecidos o perdidos” en Chile.

Sobre la denuncia penal interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025, el secretario de Estado dijo en Radio Universo: “Sin ser encargado de la investigación, quiero decir responsablemente que no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil”.

La denuncia de SERMIG, liderada por Frank Saurbaum, se basa en un preinforme de de la Controlaría General de la República, que todavía no culmina en su parte final, que detecta graves irregularidades en el arribo a Chile de niños, niñas y adolescentes (NNA). Entre el 2022 y 2025 el Estado de Chile autorizó 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad. Los casos que se investigan viajaron a cargo de los mismos adultos, por lo que se sabe sin lazos sanguíneos, y debían ser recibidos por sus parientes o personas con autorización legal, pero no se sabe dónde están. “Cuando se tramitó esto, se dieron domicilios, que era o un cité, donde estuvieron temporalmente los padres, y después se fueron, o era un colegio. Son direcciones que no se han podido validar”, afirmó Barros.

“Aquí entraron una cantidad de niños y no se sabe en qué está. Pero no hay una sola denuncia, ni acción criminal que diga ‘mi hijo se perdió’ o ‘no está’, ni en Haití, ni en Chile, ni en el camino extraviado”, añadió.

La Contraloría hizo una muestra de 105 casos entre enero y octubre del año pasado y de estos, no encontró a 64 niños en los domicilios señalados. “Son mucho más que esos de los que no tenemos un paradero claro”, ha dicho Sauerbaum. La Fiscalía, por su parte, abrió este lunes una investigación por posible tráfico de personas, falsificación de instrumento público (de documentos de identificación y de ingreso) y eventual soborno y cohecho de funcionarios públicos. Según el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, se desconoce el paradero de más de 200 menores.

Para abordar la situación, el Gobierno de Kast convocó este jueves por la mañana a los tres poderes del Estado en La Moneda e implementó una fuerza de trabajo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para coordinar a las distintas instituciones involucradas y dar con el paradero de los menores. Desde entonces, la Policía de Investigaciones (PDI) ha logrado ubicar a 25 niños haitianos, que en una primera búsqueda no habían sido encontrados.

Para dar con el paradero de 184 menores, el Servicio Nacional de Migración elaboró listados con sus identidades y la dirección donde debían estar. El documento se envió a la subsecretaría de la Niñez y desde ahí se distribuyó a los municipios.

La municipalidad de Estación Central, a su vez, dio con el paradero de otros siete menores. El alcalde Felipe Muñoz sostuvo que están bajo el cuidado de un adulto, “en condición de pobreza, pero escolarizados”. “Están hacinados”, pero sí “tienen donde dormir”, describió.

“La Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual que la del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”, señaló. El edil de Graneros, por su parte, afirmó que ubicaron a dos menores en el colegio de su comuna.

Lo que se sabe hasta ahora es que 3.235 ciudadanos haitianos ingresaron a Chile entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025 con un permiso de residencia temporal, de los cuales 2.792 lo hicieron bajo la figura de reunificación familiar. De ellos, más de la mitad venía en vuelos chárter no regulados y 333 eran NNA.

Cuando la salud deja de ser un derecho: la ONU alerta sobre un mundo que erosiona la dignidad humana

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 46 segundos

La doctora Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, presentó el 17 de junio de 2026 su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos. Su mandato, establecido por la resolución 60/10, consiste en examinar cómo los Estados garantizan el derecho a la salud física y mental, identificar violaciones estructurales y formular recomendaciones para situar la dignidad humana en el centro de las políticas sanitarias. En su informe de este año, la Relatora subraya que no puede haber salud sin dignidad, ni dignidad sin justicia social, y alerta sobre el impacto de la discriminación, la criminalización y los determinantes comerciales en la salud global.

Ginebra, 17 de junio 2026 / ER. En la sala del Consejo de Derechos Humanos, donde los discursos suelen navegar entre tecnicismos diplomáticos y cautela política, la intervención de la Relatora Especial Tlaleng Mofokeng introdujo un tono distinto: urgente, humano, casi íntimo. Su informe anual, presentado hoy ante los Estados, no habla de estadísticas aisladas ni de sistemas sanitarios abstractos. Habla de algo más profundo: la dignidad humana como fundamento del derecho a la salud, y de cómo el mundo contemporáneo —atravesado por desigualdades, crisis y lógicas neoliberales— está erosionando ese principio básico.

El documento, A/HRC/62/66, parte de una afirmación contundente: “La dignidad es el valor inherente e igualitario de todo ser humano”. Y añade que la salud no es solo un servicio, sino un elemento que hace posible la autonomía, la participación y la vida en comunidad. En otras palabras, sin salud no hay dignidad; sin dignidad, la salud se convierte en un privilegio.

Un mundo donde la dignidad se fractura

Mofokeng describe un panorama global marcado por crisis superpuestas: pandemias, desastres climáticos, conflictos armados, desplazamientos masivos y sistemas sanitarios debilitados por décadas de austeridad. Pero insiste en que la raíz del problema no es solo la escasez de recursos, sino la forma en que los Estados y las economías organizan el poder.

En su informe, señala que la dignidad se vulnera cuando las personas son tratadas como objetos de políticas públicas, cuando se les niega información, cuando se criminalizan sus decisiones o cuando se les excluye de los procesos que afectan su salud. Y recuerda que estas indignidades no se distribuyen al azar: recaen sobre quienes ya han sido históricamente marginados.

La Relatora lo formula con claridad: “La criminalización, la discriminación y la estigmatización marginan a las personas, agravan la exclusión social y niegan el acceso en condiciones de igualdad a los servicios”.

La salud, entonces, no es solo un indicador biomédico: es un espejo de las jerarquías sociales.

Salud como mercancía, dignidad como costo

Aunque el informe no utiliza explícitamente el término “neoliberalismo”, su análisis apunta directamente a sus efectos: la privatización de servicios esenciales, la mercantilización de la atención sanitaria, la concentración del poder corporativo y la reducción del Estado social.

En muchos países, la salud se ha convertido en un mercado donde la capacidad de pago determina la calidad de vida. La Relatora advierte que los “determinantes comerciales de la salud” —desde la industria farmacéutica hasta los sistemas alimentarios globalizados— moldean las condiciones en las que las personas nacen, viven y mueren. Y lo hacen con una lógica que prioriza el beneficio sobre la equidad.

La dignidad, en este contexto, se vuelve frágil. Cuando la atención médica depende de seguros privados, cuando los medicamentos esenciales se vuelven inaccesibles, cuando los hospitales públicos se deterioran por falta de inversión, la salud deja de ser un derecho y se convierte en un lujo.

Mofokeng subraya que la dignidad exige regular el poder de los actores no estatales, garantizar la rendición de cuentas y situar a las personas —no a los mercados— en el centro de las políticas sanitarias.

Estigma, criminalización y violencia: las indignidades que enferman

El informe dedica un amplio espacio a las formas de violencia estructural que deterioran la salud: – leyes que penalizan el aborto, – criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, – prácticas médicas coercitivas, – vigilancia intrusiva de datos, – discriminación racial y de género, – exclusión de migrantes y personas sin documentos.

Estas prácticas, señala la Relatora, no solo violan derechos: producen enfermedad. El estigma retrasa diagnósticos, desalienta la búsqueda de atención, deteriora la salud mental y refuerza ciclos de exclusión.

La dignidad, en cambio, exige reconocer a cada persona como titular de derechos, con autonomía para decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida.

La salud como proceso colectivo: participación, comunidad y poder

Uno de los aportes más significativos del informe es su insistencia en la participación. Para Mofokeng, la dignidad no se garantiza solo con leyes o servicios, sino con la capacidad de las personas para influir en las decisiones que afectan su salud.

La participación no es un gesto simbólico: es una herramienta de redistribución del poder. Permite que las políticas sanitarias se basen en experiencias reales, que los sistemas de salud respondan a necesidades diversas y que las comunidades puedan transformar los determinantes sociales que las afectan.

En este sentido, la Relatora propone un enfoque interseccional que reconozca cómo el racismo, el sexismo, la pobreza, la xenofobia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género se entrecruzan para producir desigualdades sanitarias.

La dignidad como brújula en tiempos de crisis

El informe llega en un momento en que los sistemas de salud del mundo siguen lidiando con las secuelas de la pandemia, mientras enfrentan nuevas presiones: – el aumento de los costos, – la escasez de personal, – la expansión de tecnologías digitales sin suficientes salvaguardias, – la creciente influencia de corporaciones transnacionales, – y la persistencia de marcos legales punitivos.

Mofokeng advierte que las respuestas de emergencia —cuando no se basan en la dignidad— pueden reproducir desigualdades, reforzar la coerción y excluir a quienes más necesitan protección.

Por eso insiste en que la dignidad debe ser el principio rector de la reconstrucción sanitaria global.

Un llamado político: reconstruir la salud desde la justicia social

La presentación de hoy no fue un ejercicio técnico. Fue un llamado político. La Relatora pidió a los Estados:

– eliminar leyes discriminatorias, – garantizar el consentimiento informado, – regular a los actores privados, – invertir en determinantes sociales de la salud, – asegurar la participación de comunidades marginadas, – y priorizar a quienes han sido históricamente excluidos.

Su mensaje es claro: no puede haber salud sin dignidad, ni dignidad sin justicia social.

En un mundo donde la desigualdad se profundiza y la salud se mercantiliza, el informe de Mofokeng recuerda que la dignidad no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que debe guiar políticas, presupuestos y sistemas de atención. Hoy, en el 62º Consejo de Derechos Humanos, esa verdad resonó con fuerza. La pregunta es si los Estados —y las economías que los condicionan— estarán dispuestos a escuchar.

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