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jueves, 19 de marzo de 2026

Argentina, a 50 años del Golpe: Plan Cóndor, la memoria contra el olvido

 Reseña sobre PLAN CÓNDOR. Viejos secretos y nuevos hallazgos, de Francesca Lessa y Sebastián Santana

Por Mariana Risso Fernández 

FUENTE LOM

A cincuenta años de la conformación formal de la coordinación represiva de las dictaduras de nuestra América del Sur, la edición de este libro en Chile es, en sí misma, un hecho de enorme importancia.

El volumen se abre con la dedicatoria de sus autores: A la memoria de las víctimas del Cóndor, a sus familias y amistades, y a quienes trabajan de forma constante y tenaz para seguir buscando la verdad y lograr justicia. Esa frase inicial marca el tonoAquí no solo se expone una investigación académica seria, sino también se presenta un compromiso.

Este libro reconstruye la historia del Plan Cóndor para desmadejar una trama continental de terror, pero también para dar cuenta de la larga lucha por memoria, verdad y justicia. A partir de una investigación rigurosa se sigue el hilo que va desde la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional hasta la conformación de la coordinación represiva entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay.

La investigación es minuciosa y permite aproximarse a una sucesión casi abrumadora de hechos, testimonios y documentos. Durante más de una década, Francesca Lessa fue capaz de investigar, gestionar, seleccionar, ordenar y explicar apoyándose en documentos, en testimonios y en la comprobación judicial. Uno de los grandes logros de este libro es justamente transformar una trama histórica y política de enorme densidad en una narración accesible e ilustrada.

Un rasgo distintivo del libro es su propuesta visual, la obra cuenta con ilustraciones originales de Sebastián Santana que amplían la experiencia sensible de la lectura. Las escenas en blanco y negro, su trazo expresivo y a menudo fragmentario, reconstruyen atmósferas del miedo, la clandestinidad, la solidaridad y la resistencia; no se limitan a acompañar el texto ni son un adorno, sino que abren nuevas capas de sentido. Cada dibujo, con sus contrastes y movimientos, condensa gestos cargados de emoción, haciendo de la ilustración una verdadera potencia de la obra.

Este libro, al igual que nuestras historias están hechas de trazos y de gestos, de los terribles y de los maravillosos. Detrás, delante y a los costados del horror está la solidaridad, la valentía y el compromiso de una amplia generación de luchadores que querían cambiar el mundo.

Francesca y Sebastián nos muestran cómo, por ejemplo, Buenos Aires desde 1976 pasó de ser refugio para miles de exiliados sudamericanos a convertirse en una trampa mortal, donde los grupos de tareas secuestraban, torturaban y hacían desaparecer personas de varias nacionalidades.

Entre los casos emblemáticos el libro dedica especial atención al asesinato de Orlando Letelier, exministro del gobierno de Salvador Allende, cometido en Washington el 21 de setiembre de 1976. El atentado, organizado por la DINA en coordinación con otros servicios de inteligencia y grupos anticastristas, materializó de forma brutal el alcance transnacional del Plan Cóndor, una bomba colocada en el auto de Letelier explotó en plena capital norteamericana, causando su muerte y la de su joven colaboradora Ronni Moffitt. Este crimen, planificado lejos de los límites formales de la dictadura chilena, muestra cómo la red operativa del Plan Cóndor ampliaba su territorio de caza para perseguir y eliminar opositores políticos. La violencia no se limitó a los centros clandestinos del Cono Sur ni a sus fronteras, sino que se proyectó con acciones de terrorismo internacional.

En esa misma línea, el libro nos ofrece un panorama amplio sobre la búsqueda de justicia y las enormes dificultades que enfrentaron quienes intentaron llevar estos crímenes ante los tribunales. Sobre la situación actual de las causas judiciales se destaca:

“El país con mayor cantidad de investigaciones es Uruguay (17 causas), seguido de Argentina (14), Chile (8) e Italia (6).
Estas causas están investigando los casos de 461 víctimas de la coordinación represiva entre 1969 y 1981, y los delitos bajo investigación son, principalmente, secuestros, homicidios y torturas.
La judicialización de los delitos del Plan Cóndor ha sido posible, sobre todo, gracias a los esfuerzos incesantes de sobrevivientes, familiares, activistas y abogados de derechos humanos, periodistas, profesionales de la justicia y académicos. Estas personas buscadoras de justicia tuvieron que superar las fronteras de varios países, como también muchos obstáculos, para recopilar las pruebas necesarias para realizar los juicios del Cóndor.” (p. 273)

Esta descripción lleva a preguntarse: ¿Cómo lo hicieron y siguen haciendo las víctimas? ¿Cómo persisten, aún frente a los nuevos horrores que nos atraviesan? Son preguntas que debemos formularnos una y mil veces; preguntas sin respuesta definitiva, que quedan abiertas porque no es posible contestarlas del todo.

Cuestionar y hacer preguntas es también una forma de responder a la impunidad y a las máquinas del odio, esas que construyen la indiferencia y que precisan enemigos y enemigas a las que exterminar.

El 22 de julio de 1985, en el Juicio a las Juntas, el escritor Jorge Luis Borges ciego y con 85 años, escuchó el testimonio de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Días más tarde, escribió una crónica en la que decía: “De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella”.

La frase, breve y contenida, revela un deseo imposible, olvidar. El horror, una vez nombrado y escuchado, ya no se deja apartar. No hay forma de librarse de ese conocimiento. Esa expresión condensa la paradoja de quienes leen un libro para conocer esta historia, leer o escuchar por momentos duele y, al mismo tiempo, escuchar y leer es imprescindible.

Borges, con su aspiración imposible, planteó el dilema que nos atraviesa, somos personas que heredan el peso insoportable de saber y, a la vez, la necesidad de no dejar nunca de saber, porque es con ese conocimiento que debemos construir el futuro.

La violencia brutal es siempre cobarde y por eso este libro la trasciende. Nos habla de la importancia de la justicia y lo hace desde el reconocimiento a la lucha de quienes llevan décadas buscándola.

La justicia absoluta no existe, la reparación es imposible. Pero es precisamente esa aspiración solidaria la que nos permite diferenciarnos de la brutalidad sádica de los criminales, del pragmatismo utilitario de sus cómplices y de la cobardía de quienes siguen eligiendo el silencio.

La justicia humana, tan esquiva e imperfecta, cuando se concreta no desciende de ninguna construcción divina, somos las personas quienes la reivindicamos, la buscamos, la gritamos y la hacemos posible.

El filósofo del lenguaje John L. Austin demostró cómo las palabras no solo describen hechos sino que también hacen cosas. Esa afirmación adquiere un sentido profundo si la aplicamos para pensar la búsqueda de justicia y los juicios de lesa humanidad. Allí las palabras y las sentencias no sólo narran el horror, sino que lo reconocen públicamente, lo inscriben en la memoria colectiva y producen efectos concretos en la vida de las personas.

Una sentencia judicial no borra el daño ni restituye lo perdido; sin embargo, tiene un poderoso valor performativo, transforma la condición de las víctimas al reconocerlas, nombra a los responsables, desmonta el silencio y fija una verdad jurídica que se suma a la verdad histórica y social. En ese acto de nombrar y condenar, las palabras de la justicia trazan una frontera simbólica entre la legalidad democrática y la violencia criminal del terrorismo de Estado.

Este libro también hace cosas con sus palabras y con sus imágenes.

Francesca y Sebastián, con esta obra, nos ayudan a navegar lo doloroso de nuestra historia, nombran para romper la impunidad del silencio y del anonimato, y nos señalan un lugar común en el que podemos encontrarnos, mirarnos y reconocernos como parte de una misma trama de memoria, lucha y dignidad.

El miedo, el terror y el espanto crecen en el vacío del silencio. La fantasía autoritaria, como decíamos, busca alcanzar un punto en que ya no quede resistencia ni palabras, solo asentimiento.

Pero nuestros sueños son parlanchines. Convivimos todo el tiempo con el dolor y el conflicto, con la discusión, con la diferencia y también con la esperanza. Nuestros sueños vienen de antes del horror, y la imperiosa necesidad de recordar sigue gritando que de lo que se trata es, siempre, de insistir en abrir lugares, en abrir imágenes, en decir palabras que permitan que ocurra la vida. Porque el mundo debe ser cambiado, y nuestros sueños merecen un futuro mejor.

DICTAMEN DEL MAGISTRADO VUELVE A PONER AL EXMINISTRO DEL INTERIOR EN MEDIO DE LAS INDAGATORIAS DEL CASO HERMOSILLA

 

Resolución del juez que dejó en prisión preventiva al exfiscal Guerra mencionó 24 veces al exministro Chadwick

19.03.2026

Por Paulina Toro 

CIPER CHILE

El juez del Cuarto Juzgado de Garantía, Guillermo Rodríguez, aceptó cada una de las imputaciones que hizo el Ministerio Público al exjefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, y consintió aplicarle prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal. Pero, al mismo tiempo, volvió a poner a Andrés Chadwick al centro de las indagatorias del caso Hermosilla. En su resolución, el magistrado mencionó 24 veces a Chadwick y dijo que el pago que consiguió Guerra por haber favorecido en distintas ocasiones a cercanos a Hermosilla, fue que se le contratara en la Universidad San Sebastián. El juez sostuvo que Guerra gestionó con Hermosilla y Chadwick su arribo a ese plantel educacional, lo que a su juicio, “constituye la materialización concreta del acuerdo ilícito de largo plazo, la liquidación del crédito corruptivo acumulado durante 5 años”.

En los 53 minutos que demoró el juez de Garantía, Guillermo Rodríguez, en leer la resolución que dejó en prisión preventiva al exfiscal Manuel Guerra, nombró 24 veces al exministro Andrés Chadwick.

Aparte de consentir cada una de las imputaciones con las que el Ministerio Público formalizó al exjefe de la Fiscalía Oriente, el juez señaló que Chadwick fue la persona que llevó a Guerra a la Universidad San Sebastián. Y ese trabajo, a juicio del magistrado, fue el pago que consiguió Guerra luego de haber beneficiado en reiteradas ocasiones a imputados cercanos a Hermosilla: “Constituye la materialización concreta del acuerdo ilícito de largo plazo, la liquidación del crédito corruptivo acumulado durante 5 años”, fue parte de lo que dijo.

Rodríguez además agregó: “Guerra gestionó con Hermosilla y Chadwick su contratación en la Universidad San Sebastián. Chadwick era docente de la Facultad de Derecho y facilitó el contacto con el presidente de la junta directiva”.

La resolución deja al exministro del Interior como una pieza angular en la trama de los delitos imputados a Guerra: cohecho, prevaricación y violación de secreto asociados a casos como Penta, Dominga, Exalmar y la del senador Manuel José Ossandón, un adversario político de Piñera. Según el tribunal, Hermosilla era el nexo para concretar los beneficios y, basado en los Whatsapp incautados en el caso Hermosilla, el destinatario final de varios de esos mensajes era justamente Andrés Chadwick.  

“Debemos tener presente que existe una estructura que podríamos denominar triangular entre Guerra, Hermosilla, Chadwick. Las conversaciones acreditan que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa explícita de que fuera transmitida a Chadwick Piñera. Esta estructura demuestra que el objetivo de las infracciones era el posicionamiento del imputado ante un sector político que podía favorecerle laboralmente”, señaló el Rodríguez en su resolución.

En su escrito, el juez citó un mensaje relacionado al caso Penta, específicamente a la salida alternativa y sin condena que otorgó Guerra al senador UDI, Iván Moreira: “El chat del 16 de noviembre del año 2017: ‘Necesito hablar con Chadwick para darle un dato’, revela que la comunicación tenía por destinatario final el sector político al que pertenecía Moreira ya que Guerra era consciente del carácter irregular de la transmisión”.

También incluyó en su sentencia otro mensaje: “La conversación de 11 de agosto del año 2020 en que un fiscal regional pregunta a un asesor del Ministerio del Interior qué quiere el gobierno que haga con la investigación que él mismo dirige (por la causa contra Manuel José Ossandón) sintetiza con absoluta claridad la subordinación de las decisiones del Ministerio Público a los deseos de un sector político”, dijo. 

Si bien Chadwick sigue en calidad de imputado en dos de tres causas ligadas al caso Hermosilla, hasta ahora no existe la decisión por parte del Ministerio Público para formalizarlo. Una en la que fue investigado es la llamada arista Parque Capital, en la que Chadwick aparece propiciando un encuentro entre el exministro de Vivienda, Felipe Ward, y Hermosilla, reunión en la que se habló de acelerar permisos para un proyecto del Grupo Patio (lea el artículo de CIPER sobre esa reunión). La jefa de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra -que dirige esa indagatoria- señaló en enero a CNN que ni Chadwick ni Ward tienen carácter de imputados en esa investigación. Sin embargo, dio a conocer  que existe otra indagatoria que se encuentra en reserva, donde el exministro sí tiene esa calidad. Tanto Parra como el fiscal regional de Arica, Mario Carrera -a cargo de la causa contra Guerra-, han señalado no tener todavía antecedentes suficientes para imputar delitos a Chadwick.

Queda la escoba en la USS: Cubillos, Guerra y Squella enfrentan cargos por sueldos y contrataciones cuestionadas


 La Superintendencia de Educación Superior notificó a la USS de la formulación de cargos relacionados con irregularidades en la contratación y pagos de cerca de 15 personas, en su mayoría vinculadas a partidos políticos 

EL CIUDADANO


En diciembre de 2025 la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS), y cuestionó pagos a un conjunto de 15 personas, entre las que figuran actores políticos como la exministra de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; así como el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado por el Ministerio Público de los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en el marco del denominado Caso Hermosilla. 

La medida se produjo tras desarrollar una investigación, por un lapso de 15 meses, en la que concluyó que parte de las remuneraciones pagadas por la casa de estudio se encontraban fuera de los rangos definidos por su propia normativa y a través de la cual se detectaron irregularidades en contrataciones académicas.

Marcela Cubillos: el millonario sueldo que destapó la caja de Pandora

Según reveló el medio Reportea, la pesquisa se inició en septiembre de 2024, luego de que El Mostrador revelara que Marcela Cubillos, exministra de Educación bajo el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, percibía un sueldo de $17 millones brutos, y que las labores que realizaba la también exdiputada no correspondían con la magnitud de esa cifras. De hechos, se determinó que no cumplía plenamente con las funciones como docente e investigadora por las cuales era remunerada., incluso en el período en que se encontraba fuera de Chile.

También se señaló que en la contratación de Cubillos se habría incumplido normas internas que exigen grado de magíster para académicos regulares, requisito que no posee. 


Cabe señalar que al estallar la polémica, la exministra defendió su remuneración, argumentando que en Chile existe libertad de contratación en el ámbito privado.

Ante este escenario de , el ente regulador decidió solicitar antecedentes a la USS y e iniciar una indagatoria que sacó a la luz el entramado de irregularidades.

Luego de haber transcurrido 15 meses las conclusiones de la investigación fueron formuladas y en diciembre pasado los directivos de la USS recibieron la formulación de cargos. Según fuentes internas del plantel consultadas por Reportea, el informe objeta la contratación y los pagos de cerca de 15 personas, en su mayoría vinculadas a partidos políticos. 

Irregularidades detectadas

Las irregularidades detectadas se agrupan en dos áreas, la primera está relacionada con pago de sueldos, que habrían incumplido la propia normativa de la casa de estudio que fija un conjunto de bandas, como es el caso, por ejemplo, del sueldo millonario que percibía Marcela Cubillos.

En segundo término, se constataron contrataciones irregulares, tras los ingresos de personal en los que no respetaron los lineamientos establecidos ni los requisitos para que un trabajador pudiera llegar a un cargo de nivel académico o directivo. 

Esto implicaría que personas sin los méritos académicos suficientes, o sin cumplir con la totalidad de los requisitos reglamentarios, fueron igualmente incorporadas a la planta de la universidad, en algunos casos en posiciones de alta responsabilidad.

Tras ser contactados por el medio citado, desde la USS no estuvieron disponibles para responder preguntas. Mientras que la Superintendencia de Educación Superior señalaron que no se pronunciarían sobre este tipo de casos que se encuentran en desarrollo, manteniendo la reserva que ha caracterizado este proceso desde sus inicios. 

Luego de la formulación de cargos realizada a fines del año pasado, la universidad hizo llegar sus observaciones a la Superintendencia, institución que se encuentra en condiciones de imponer sanciones y que según el artículo del periodista Sergio Sepúlveda para Reportea, «es algo que debiera ocurrir en los próximos días». 

En 2025 la USS fue sancionada por haber mantenido una “sede fantasma” en la ciudad de Rancagua entre los años 2018 y 2022 y debido a esta reincidencia es poco probable que el en regulador aplique nuevamente una amonestación por escrito que es a sanción más baja contemplada por la ley

El expediente de esa investigación es explosivo, y hasta ahora se mantiene bajo reserva. La indagatoria, que se extendió por 15 meses, concluyó que parte de las remuneraciones pagadas por el plantel estaban fuera de los rangos definidos por su propia normativa y detectó irregularidades en contrataciones académicas, alcanzando a cerca de 15 personas, entre ellas dirigentes políticos de alto perfil como la exministra Marcela Cubillos y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, además del exfiscal regional oriente Manuel Guerra, este último formalizado por cohecho en una arista del caso Hermosilla. 

USS: ¿Una caja pagadora de la política?

El reportaje también plantea que «dentro de la universidad las posiciones están divididas». ya que dos trabajadores que ocupan cargos de jefatura, le declararon al medio citado, bajo condición de anonimato, indicaron que en el seno del plantel están conscientes de que se realizaban contrataciones políticas,» como apoyo a dirigentes que habían perdido una elección, o que estaban momentáneamente sin trabajo». 

Incluso se refirieron a contrataciones y pagos a figuras que pese a no formar parte ni pertenecer a los partidos, de igual modo «eran reclutadas para mostrar influencia».

El medio de investigación recordó que en el momento en que salió a la luz el caso Hermosilla, se descubrió que varios de sus protagonistas tenían vínculos con la casa de estudios universitarios,,

«Entonces como Decano de la Facultad de Derecho figuraba Andrés Chadwick, y la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ejercía como académica, al igual que su par del máximo tribunal Jean Pierre Matus. También estaba allí el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, quien ocupaba el cargo de vicerrector de la sede de Santiago. Y Manuel Guerra era académico desde 2021», señaló. 

La USS también tenía en su nómina a un conjunto de figuras poíticaas que habían sido funcionarios del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre los que figuran Sebastián Sichel (exministro Desarrollo Social), Julio Isamit (exministro de Bienes Nacionales), Enrique Paris (exministro de Salud), Víctor Pérez (exministro del Interior), Juan José Ossa (exministro Segpres), y Rodrigo Ubilla (exsubsecretario del Interior). También tenían contrato los exdiputados Gonzalo Arenas y Rodrigo Álvarez, ambos de la UDI.

Reportea señaló que «no pudo confirmar cuántos de ellos forman parte del proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia de Educación Superior en contra de la USS».

El caso de Arturo Squella: del Congreso a la USS

Sin embargo pudo constatar que Arturo Squella, actual senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano, había sido contratado por el plantel en 2018, tras su salida del Congresoen donde ejerció como diputado durante ocho años. 

Al llegar a la casa de estudios dictó clases de derecho constitucional y llegó a ocupar el cargo de director del Centro de Derecho Público y Sociedad. Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento del monto del sueldo que recibía, «fuentes internas señalan que su remuneración estaba muy por sobre lo que percibían otros académicos con similar carga horaria y antigüedad»

La polémica contratación del exfiscal Guerra

El ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra está siendo imputado por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación por sus vínculos con el abogado o con Luis Hermosilla.

En medio de las investigaciones su contratación en la USS ha sido uno de los focos principales, ya que según la Fiscalía llegada a habría estado vinculada a decisiones adoptadas durante su desempeño en el Ministerio Público, siendo una de las formas en que se materializó el cohecho. 

Guerra fue contratado en 2021 con una remuneración de $6,3 millones por jornada parcial.

Cabe recordar que la investigación del Ministerio Público se originó a raíz de mensajes encontrados en el celular de Luis Hermosilla, en los cuales se daba cuenta de las operaciones que realizaban el exministro Andrés Chadwick y Manuel Guerra para cerrar causas que involucraban a sujetos de interés.

Algunas de las investigaciones que habrían terminado en impunidad gracias a las gestiones de Guerra y Chadwick fueron el caso Penta, el cual involucraba a prominentes figuras de la UDI, y el caso Dominga, que implicaba al expresidente Sebastián Piñera. 

Al día siguiente de dejar la fiscalía, Guerra fue contratado como profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, casa de estudios en la que Andrés Chadwick se desempeñaba como docente. Más tarde, el exministro del Interior sería ascendido a decano y finalmente a presidente de la junta directiva.

Precisamente ese contrato es el que está hoy en la mira del Ministerio Público, debido a los millonarios montos que comenzó a recibir Guerra una vez que salió de la fiscalía.

«A juicio de la fiscalía, el arribo de Guerra a la USS fue un premio por el cierre de esas causas, entre las que se cuentan el financiamiento político ilegal de Penta, la utilización de boletas falsas por parte del senador Iván Moreira (UDI) para financiar su campaña, la compraventa de la minera Dominga en la que participó la familia Piñera Morel, y el rol de Santiago Valdés en una campaña electoral de Piñera». señaló Sepúlveda en el artículo para Reportea. 

Una universidad bajo la lupa

Además de los casos ya mencionados, la USS ha enfrentado cuestionamientos por la calidad de algunas de sus carreras, por las condiciones laborales de sus académicos a honorarios y por su estrecha vinculación con grupos políticos y económicos.

Cuando en los próximos días la Superintendencia de Educación Superior fije la sanción que impondrá a la USS, el plantel tendrá 20 días para pedir una reconsideración. Las fuentes de la universidad consultadas por Reportea, no descartaron acudir a tribunales para intentar dar vuelta el pronunciamiento del ente regulador de la educación superior.

«Hoy es un gran día contra la corrupción»: Mauricio Daza, querellante en causa que dejó en prisión preventiva al exfiscal Manuel Guerra


 Para el abogado, uno de los hechos importantes que estableció la resolución del juez de garantía contra Guerra, tiene que ver con el beneficio que recibió el exfiscal por sus favores a Luis Hermosilla: la posibilidad de entrar a trabajar a la Universidad San Sebastián, momento donde aparece la figura del exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick, como la persona que habría entregado directamente este "pago de favores" al procesado expersecutor. 

EL CIUDADANO


Como una «excelente día para la defensa del estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Chile» calificó el abogado Mauricio Daza la prisión preventiva dictada en contra del exfiscal Manuel Guerra, en el marco del denominado «Caso Audios» vinculado a la red de corrupción de Luis Hermosilla. 

Para Daza, quien es querellante en esta causa, la medida cautelar «era la única medida proporcional a la gravedad de los hechos que él cometió, hechos de corrupción que están dentro del contexto de la red que construyó Luis Hermosilla, básicamente para poder manejar los intereses de él y los intereses de las personas que él representaba».

En declaración exclusiva para El Ciudadano, el profesional recordó que el exfiscal Guerra «entregó información reservada y además realizó un conjunto de actuaciones coordinadas con Luis Hermosilla, en causas que él tenía conocimiento que intervenía en relación a su cargo como fiscal metropolitano oriente».

Por ello, aseguró que este «es probablemente el hecho de corrupción más grave que se haya cometido al interior del Ministerio Público en Chile desde que existe esa institución». 

¿Responsabilidad de Andrés Chadwick?

Para Mauricio Daza, uno de los hechos importantes que quedaron establecidos en la resolución del juez de garantía contra Manuel Guerra, tiene que ver con el beneficio que recibió el exfiscal por sus favores a Hermosilla: la posibilidad de entrar a trabajar a la Universidad San Sebastián, «en condiciones que eran absolutamente inverosímiles a lo que era su condición académica», comenta el abogado querellante.

«Esto da cuenta que finalmente esa contratación fue un pago a los favores que entregaba precisamente Manuel Guerra», agrega Daza, recordando en este punto que «lo interesante es que en este caso, Luis Hermosilla no entregó directamente este beneficio. El que lo habría entregado era Andrés Chadwick».

«Hermosilla solo operó como una suerte de eslabón, de intermediario, y por lo tanto desde esa perspectiva y a partir de lo anterior, es necesario que se profundice la investigación en contra del exministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick», enfatizó el profesional. 

En esa línea, Daza manifestó estar totalmente comprometido, junto a la abogada María Inés Horvitz, para impulsar la investigación y «llegar hasta el final, e impedir que finalmente, a partir de algún tipo de operación o arreglo, se impida que se esclarezca todo lo sucedido».

El abogado querellante insistió en que el resultado final tiene que ser la condena «con penas ejemplares a todas y cada una de las personas que vulneraron el principio de probidad, de una manera grotesca, básicamente para beneficiar a determinados sectores políticos».

Amnistía Internacional activa “acción urgente” ante posible indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos

 


CHILE AL DÍA


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La organización Amnistía Internacional emitió una “acción urgente” tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien el pasado 12 de marzo de 2026 abrió la posibilidad de otorgar indultos a ex carabineros y ex militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

La medida, que corresponde a una facultad presidencial establecida en la Constitución, permite perdonar total o parcialmente una pena, aunque no elimina el delito cometido. Sin embargo, la eventual aplicación de este beneficio en casos de violaciones a los derechos humanos ha encendido las alertas de organismos nacionales e internacionales.

Según cifras de la Fiscalía Nacional actualizadas a octubre de 2025, se han registrado 11.506 denuncias vinculadas a hechos ocurridos durante el estallido social, con más de 12 mil delitos atribuidos a agentes del Estado. A pesar del volumen de casos, menos del 2% ha culminado en condenas, lo que evidencia —según expertos— un alto nivel de impunidad.

En ese contexto, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, advirtió que avanzar en indultos agravaría esta situación. “Son muy pocos los casos que avanzan a juicio y aún menos los que terminan en condena. Indultar a los escasos funcionarios que han sido responsabilizados no solo ampliaría la brecha de impunidad, sino que también contravendría las obligaciones internacionales del Estado”, señaló.


La organización sostiene que una medida de este tipo podría debilitar los procesos de verdad, justicia y reparación para miles de víctimas y sus familias, además de enviar una señal negativa respecto al compromiso del país con los derechos humanos.

Por ello, la “acción urgente” solicita directamente al presidente Kast abstenerse de impulsar estos indultos y cumplir con los estándares internacionales en la materia. Este mecanismo, utilizado por Amnistía Internacional, se activa cuando una situación es considerada de alto riesgo, movilizando a una red global de miles de personas que ejercen presión mediante cartas y comunicaciones dirigidas a las autoridades.

El eventual otorgamiento de indultos en estos casos abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones presidenciales y el rol del Estado en garantizar justicia frente a violaciones graves de derechos humanos, en un escenario donde las cifras ya reflejan importantes dificultades en el acceso a la justicia.

miércoles, 18 de marzo de 2026

A CASI UN AÑO DEL ACCIDENTE MARÍTIMO QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS, ESTE MIÉRCOLES COMENZÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CASO

 

Náufrago en tierra: las preguntas que deja el suicidio del testigo clave del choque del pesquero Cobra contra el Bruma

18.03.2026

Por Jorge Rojas y Alberto Arellano 

CIPER CHILE

El último retrato de Juan Sanhueza, vigía del Cobra, es el de un hombre feliz. Acababa de ser abuelo por primera vez. La madrugada del 30 de marzo de 2025 todo cambió. En su turno de guardia el Cobra chocó a la lancha Bruma. Su relato pudo ayudar a esclarecer los hechos. Debió haber declarado ante la autoridad marítima de Talcahuano el 31 de marzo, tal como lo hicieron los que estuvieron en el puente de mando esa noche. Por razones desconocidas se obvió su testimonio. Días más tarde, el 4 de abril, lo citó la PDI y no llegó: esa tarde se quitó la vida. El 18 de marzo de 2026 el Ministerio Público formalizó al capitán, al piloto y a un vigía del Cobra por su responsabilidad en la colisión con la lancha.

*Este es un trabajo del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos, CIP, de la Universidad Diego Portales. Ayudantes de investigación: Antonella Cicarelli y Valeria Castellanos.

Se le ve caminando con rumbo incierto, algo errático. Lo que conocemos de esa mañana de sol pálido del 4 de abril de 2025 son solo flashazos, imágenes sueltas registradas por distintas cámaras de seguridad que arman su recorrido a retazos. Gracias a ellas podemos ver a Juan Sanhueza Anríquez –hombre de mar, 58 años– entrando a las dependencias de la empresa pesquera Blumar en el puerto de San Vicente en Talcahuano a las 07:51 h y saliendo de allí a las 08:33 h. Un minuto después se le ve subiendo a una micro de la línea 32 y bajando de ella media hora más tarde a la altura de la Vega Monumental de Concepción. Entra, permanece un rato, sale, camina en una dirección, decide ir en otra. Opta por tomar la vereda oriente de la calle 21 de mayo hacia el sur.

A las 9 am él, el capitán y otros 16 tripulantes del Cobra –una de las seis naves de alta mar que conforman la flota industrial de Blumar– están citados a una reunión en las oficinas corporativas de la empresa. Tienen que asistir a una charla psicológica, justo antes de que pasado el mediodía deban concurrir a la Policía de Investigaciones a prestar declaración. 

Pocos días atrás, la madrugada del 30 de marzo, un barco de gran tonelaje embistió a una lancha de pesca artesanal, la Bruma, en las cercanías de la isla Santa María en el Golfo de Arauco. Los siete tripulantes de la Bruma, todos de Constitución, desaparecieron en el mar. La empresa Blumar, a través de su gerente general, Gerardo Balbotín, se pronunció el 3 de abril, descartando haber chocado con la lancha. Pero en ese momento las coordenadas satelitales ya confirman que esa madrugada el Cobra –64,70 metros de largo y 12 de ancho– estuvo en el mismo trayecto y a solo metros de donde estaba fondeada la Bruma –14,78 metros de largo y 4,36 de ancho– antes de que se apagara su señal de posicionamiento y se perdiera todo contacto. Para el día de la reunión en las oficinas de la pesquera, el 4 de abril, todas las sospechas ya recaen sobre el Cobra. Hace algunos días, la Fiscalía Regional del Biobío abrió una investigación. 

Son las 10 de la mañana y Juan Sanhueza camina a la deriva. Lleva una gorra negra y parece ir con sus manos en los bolsillos, pero la imagen es difusa. Sube a otra micro hacia las afueras de Coronel. En el último registro, ya entrada la tarde, una cámara lo muestra cruzando una pasarela cercana a una planta embotelladora de bebidas y caminando en una zona semi industrial y más bien despoblada.

Cámaras de seguridad captan a Juan Sanhueza próximo a abordar una micro hacia las afueras de la ciudad.

Sanhueza es parte relevante de esta trama y su testimonio puede resultar decisivo. Es uno de los cuatro tripulantes que entre las 2 y las 4 de la madrugada del 30 de marzo –los peritajes sitúan la colisión entre las 03:07 y las 03:08 horas– iba en el puente de mando del Cobra en funciones de vigía por estribor (derecha). Allí estuvo con el capitán Roberto Mansilla; el 2do oficial de cubierta, Wladimir Macaya; y el vigía por babor (izquierda) Jaime Sandoval.

Por eso su presencia en el cuartel de la policía donde debe prestar declaración pasado el mediodía es valiosa. Pero Juan Sanhueza Anríquez no llegó ni a la cita en Blumar ni al interrogatorio policial. Fue el único de los 18 tripulantes del Cobra que se ausentó. Ese mismo 4 de abril se quitó la vida. Seis días después encontraron su cuerpo entre las ramas de un árbol en un sitio eriazo. El peritaje no arrojó evidencia de la intervención de terceras personas. 

Hay varias piezas que no encajan en esta historia. Una importante: la tarde del 31 de marzo, más de un día y medio después de la desaparición de la Bruma, la Capitanía de San Vicente obligó al Cobra a detener las faenas de pesca y podría estar involucrado en los hechos. Al llegar al frente de retornar a puerto. Ya había indicios de que el pesquero atraque, la autoridad marítima le instruyó al capitán Roberto Mansilla que desembarcara junto a todo el equipo que estuvo en el puente del barco entre las 00:00 h y las 04:00 h del 30 de marzo para prestar declaración. El resto de la tripulación debía permanecer a bordo.

Fueron cinco los que declararon ese día: Mansilla, dos oficiales de cubierta y dos vigías. Aunque algo confusas, las versiones que entregaron, con matices, coinciden en algunos aspectos: se escuchó un ruido, se sintió algo, se prendieron luces, se revisó la cubierta, no se encontró nada anormal.

Lo que no cierra es que según la bitácora de viaje del Cobra –donde queda registro de todos los cambios de vigilancia en el puente– ninguno de los vigías que dio su testimonio realizó su tarea en el rango de horas requerido por la autoridad marítima. El turno de ambos comenzó recién a las 04:00 h, cuando la señal de la Bruma ya había desaparecido. Ni Jaime Sandoval, ni Juan Sanhueza, quienes sí cumplían esa función cuando se produjo el abordaje, declararon.

EL ABORDAJE

—¿Se ha comunicado con su esposo?

La pregunta la inquietó. A las 9:30 del domingo 30 de marzo, Soledad Sepúlveda, esposa del capitán de la Bruma José Luis Medel, recibió un llamado de la Capitanía de Puerto de Lirquén. Al otro lado del teléfono, un marino le dijo que alrededor de las dos y media de la madrugada habían perdido contacto con el posicionador satelital de la lancha, en el Golfo de Arauco, mientras realizaban faenas de pesca de bacalao.

“Yo comencé a llamarlo y lo que me extrañó fue que llamaba y llamaba, y no me contestaba, lo que era raro en él. Empezamos a asustarnos, a decir ‘algo pasó’. La vocecita de alerta la tuvo Catalina, mi hija, que comenzó a investigar”, recuerda Sepúlveda.

La Bruma y parte de su tripulación en faenas de pesca en julio de 2024.


Lo primero que hizo Catalina fue buscar en la plataforma de Starlink si la antena del internet de su papá estaba enlazada a los satélites: “Y ahí me doy cuenta que no estaban conectados. El día anterior ellos tenían internet, entonces, que ya no tuvieran, era raro. Ahí nos fuimos a la Capitanía de Puerto de Constitución”.

A esa misma hora, Claudia Urrutia, dirigenta de los bacaladeros del Maule, amiga de Medel, recibió un mensaje por WhatsApp del capitán Pedro Díaz, patrón de la lancha Lukas. Le dijo que desde la Isla Santa María estaban llamado por radio a la Bruma y que no contestaban. 

—Sinceramente, si haiga pasado algo, ni Dios lo quiera, tendrían que haber bidones, banderines, tarros, cajas, encima del agua po’ —le comentó.

Urrutia, entonces, alertó a otras embarcaciones que se encontraban pescando en el Golfo de Arauco para que fueran a buscarlos. 

—Jano, la última ubicación que mandó el Posat (posicionador satelital) fue a las 2 de la madrugada —dijo Urrutia, quien además le envió esas coordenadas.

Jano Espinoza, capitán de la lancha Laureano V, llegó al lugar. 

—Sí, yo estuve ahí: no hay nada. Ahí no hay nada —respondió con preocupación—. Ojalá Dios quiera que estén por ahí al garete no más, pero está saliendo viento sur. La mar está gruesa.

Con la información reportada por las dos embarcaciones, Soledad Sepúlveda y Claudia Urrutia le solicitaron a la autoridad marítima que activara el protocolo de búsqueda. Mientras eso ocurría, el capitán de la lancha Lukas, Pedro Díaz, le pidió a un barco mercante de bandera argentina que navegaba por la zona, El Recoleta, que se uniera al rastreo. 

A los pocos minutos, lo llamaron de vuelta.

—Aquí, por mi proa, tenemos a la embarcación —le dijo el capitán del mercante.

Díaz se relajó. “No se imagina la alegría que tenía”, describe hoy.

—¿Están los chiquillos en cubierta? Porque si están sin comunicación es porque se quedaron sin batería.

La respuesta no fue la que esperaba.

—Hay solo un pedazo flotando —le dijo.

Pedro Díaz recuerda que pegó un grito y aceleró el motor a fondo. Cuando llegó quedó en shock. “Se veía el puro mástil. Fue una cosa terrible: pedazos de cordeles por todos lados”. Díaz tuvo el instinto de lanzarse al agua para buscar por debajo del trozo de la proa, pero el oleaje lo amedrentó. Entre los tripulantes estaba su sobrino Julio Gallardo. “Pedro me llama y era puro llanto. Me dijo: ‘está la lancha partida’. Ahí me mandaron la foto”, recuerda Claudia Urrutia.

Los restos de la Bruma divisados por Pedro Díaz.

 

En la imagen se veían las tablas flotando y el número de la matrícula: 566. Un pedazo de aproximadamente tres metros de madera de roble, ciprés y eucalipto. Los otros 12 metros de largo que tenía la lancha habían desaparecido: la bodega, la cocina, el baño, la popa, el puente de mando, los siete camarotes y los siete tripulantes. 

Entre los familiares de la Bruma no hubo nadie que no llorara al ver la imagen de la lancha destruida. Se aferraban a una paradoja: a la esperanza de no haber encontrado a nadie. “Estábamos convencidos de que los chiquillos habían alcanzado a hacer algo y se habían subido a la balsa salvavida”, recuerda Soledad Sepúlveda. Tanto así, que cuando esa tarde decidieron viajar de Constitución a Talcahuano, donde está la gobernación marítima más cercana al punto del naufragio, Sepúlveda les pidió a las familias que hicieran un bolso. Si los chiquillos estaban en el agua —les dijo— iban a llegar mojados. “Van a necesitar cambiarse”, agregó. 

Esa noche, Pedro Díaz pasó varias horas mirando al cielo, esperando que se iluminara con una bengala. “Fue una noche terrible, oscura, no había ni luna. No dormí, me llamaban todos por teléfono, no quería contestar. No hallaba qué decirles”, recuerda. No tenía ninguna duda de lo que había pasado. “Fue un barco”, le dijo a Claudia Urrutia en un mensaje. 

Pasarían pocas horas antes de que el Cobra, de la empresa Blumar, se convirtiese en el principal sospechoso.

EL SILENCIO DE SANHUEZA

Por orden de la Armada, el Cobra volvió al puerto de San Vicente pasadas las seis de la tarde del 31 de marzo. La Gobernación Marítima de Talcahuano designó a un fiscal para realizar una investigación administrativa. 

Los primeros en subirse al barco fueron funcionarios de Sernapesca, que requisaron un disco duro que contenía las grabaciones de las tres cámaras externas de la cubierta. 

Luego, la autoridad marítima le solicitó al capitán Roberto Mansilla que se presentara a declarar junto a los tripulantes que estuvieron en el puente del barco entre la medianoche y las 4 de la mañana del día anterior. 

Mansilla fue el primero en hablar. Dijo que a eso de las 03:30 am del 30 de marzo, subió al puente luego de descansar y que poco después, siguiendo una posibilidad de pesca, se escuchó “un ruido extraño, por lo que rebajé el andar del barco, iluminé la cubierta completa y pedí a la tripulación que recorrieran el buque sin encontrar nada anormal”. Agregó que siguió hacia el sur y que de repente se sintió un “golpe fuerte a la altura del puente”, por lo que nuevamente ralentizó la marcha hasta dejar la navegación en standby: “iluminamos el barco completo para revisar de proa hacia popa (…) Lo único que se encontró raro fue que la panga [embarcación auxiliar a motor] estaba en la cubierta suelta y podría haber pegado contra el puente”.

El segundo en declarar fue Patricio Zapata, primer oficial de cubierta del Cobra. Estuvo en el puente del barco hasta las 02:00 am. Dijo no haber sentido ni escuchado nada. Luego habló Wladimir Macaya, segundo oficial de cubierta. Tomó la posta como piloto de guardia tras el turno de Zapata. Al igual que Mansilla, dijo que alrededor de las 03:30 apareció una posibilidad de pesca y que bajaron el andar y encendieron las luces. Expresó eso sí un motivo distinto para explicar esa maniobra: “el capitán bajó el andar y dio la orden de prender las luces con la finalidad de examinar el tamaño del pescado”. Como no era el adecuado, decidieron continuar la navegación. Relató que más tarde, en trayecto hacia el sur, sintió un golpe y que al revisar se dieron cuenta que la panga estaba suelta.

El pesquero Cobra mide casi 65 metros de eslora y tiene una capacidad bruta de 1.500 toneladas.

 

Quien también declaró fue José Vásquez, tripulante de cubierta: “Cerca de las 04:00 horas sentí un golpe anormal que procedía donde se ubica la máquina (…) ante lo cual el capitán ordenó bajar el andar del pesquero, se encendieron todas las luces de cubierta, no encontrando nada anormal”. El último en comparecer fue Héctor Zambrano. Dijo lo mismo que Vásquez y coincidió con Zapata en que la panga estaba suelta: “Procedí a trincarla”, declaró. 

Vásquez y Zambrano cumplieron labores de vigilancia en el puente del barco entre las 4 y las 6 de la mañana, fuera del tramo de tiempo que estableció la Armada para tomar esas primeras declaraciones. De acuerdo con la bitácora de viaje del Cobra, Juan Sanhueza y Jaime Sandoval los precedieron en el turno de vigilancia: empezaron a las 02:00 am y terminaron a las 04:00 am. Fue justamente entre esas horas que la Bruma fue embestida. Por alguna razón, no declararon ese día.

En septiembre de 2025, la Fiscalía Regional del Biobío ofició al fiscal marítimo a cargo de la investigación administrativa para que explicara por qué no se recogió el testimonio de ambos vigías. La respuesta fue que una vez que el Cobra volvió a puerto le solicitaron al capitán Roberto Mansilla que descendiera del barco el equipo que estuvo en el puente en el rango de horas ya mencionado. “El señor Sanhueza y el señor Sandoval no fueron considerados por el capitán para prestar declaración. Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Navegación, el capitán será ministro de fe respecto de los hechos que ocurrieren a bordo y que sea necesario certificar”.

¿Por qué la autoridad marítima no solicitó revisar el registro de turnos consignado en la bitácora del Cobra para cerciorarse de la información proporcionada por el capitán?

El abogado de los tripulantes del Cobra, Alejandro Espinoza, se abstuvo de responder preguntas para este reportaje. Desde la Gobernación Marítima de Talcahuano, que instruyó el sumario administrativo, indicaron que por el momento no harían vocerías.    

El Cobra en faenas de pesca.

 

Recién el 8 de abril la autoridad marítima a cargo de la investigación citó a declarar a Sanhueza, Sandoval y a otros dos tripulantes que ejercieron funciones de vigía durante la madrugada del 30 de marzo. Sanhueza ya llevaba cuatro días desaparecido.

La declaración de Sandoval está fechada el 10 de abril. En ella reconoce que cumplió el rol de vigía entre las 2 y las 4 de la madrugada. Cuando le preguntaron si escuchó algún golpe extraño respondió que no y solo indicó que el capitán “dio la orden de encender las luces en cubierta por unos minutos”. 

Para entonces, la tesis de un eventual pacto de silencio entre los tripulantes del Cobra se había instalado entre los familiares de los pescadores de la Bruma. Más aún, luego de las declaraciones que el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, había dado a Radio Bío Bío el 3 de abril“Hemos conversado con la tripulación, con el capitán, es una tripulación de 18 personas (…) ellos han dicho que ellos no han colisionado a la lancha”, dijo. 

 ¿Cómo era posible que no hubiesen sentido el remezón?, era la pregunta que todos se hacían.

NÁUFRAGO

—Papá, ¿sintieron algo? ¿Vieron algo?

El 1 de abril, Pablo Sanhueza le preguntó a Juan lo que aún nadie le había consultado.

—No hijo, no —le habría respondido.

Pablo lo había invitado a tomar once a su casa. Hace pocas horas les habían permitido bajar del Cobra. Le costó creer en sus palabras. “Cuando alguien te miente, no te mira a la cara. Y mi papá bajaba la mirada. Había algo que no me estaba diciendo y estaba con miedo”.

Juan, según su hijo, temía que alguien estuviese escuchando sus conversaciones.

—Los chiquillos dicen que los teléfonos están interceptados y que no hablemos nada.

Esa tarde, Juan dejó su celular en una pieza y cerró la puerta. “Ahí ratifiqué: acá había algo más”, dice Pablo hoy, al recordar la escena. La persona que tenía al frente era muy distinta a la que había visto antes de la última salida del Cobra, cuando Juan fue a conocer a su hija, que acababa de nacer. Era su primera nieta: “Estaba contento, chocho, era el hombre más feliz del mundo en ese momento”.

Ese día, Juan se tomó una foto con la niña en brazos y le mandó la imagen a algunos familiares, amigos y colegas. Fue su último retrato; la última vez que Pablo lo vio sonreír. Cuando se reencontraron, todo había cambiado. “Vi a mi papá muy cabizbajo, lo vi afectado por lo que estaba pasando”.

Esa tarde, Pablo continuó preguntando.

—Papá, ¿pero tú con quién ibas arriba? Si tú no viste nada, ¿quién pudo haber visto?

La respuesta lo sorprendió. “Me dijo: ‘Necesito hablar con (Jaime) Sandoval. Él iba conmigo arriba’… yo le dije que fuera a conversar con su colega”. Juan le hizo caso. Salió por unos minutos, pero regresó diciendo que no lo había encontrado.

La once terminó con una pregunta. Esta vez fue Juan quien la hizo. “En un momento me dice: ‘Si caigo en la cárcel, ¿me irían a ver?’. Yo le dije: ‘Papá, ¿cómo se va a ir a la cárcel? Si esto se está investigando. ¡Qué estupidez!’”.

Juan Sanhueza.

 

En los días siguientes, Pablo no habló con Juan. Recién al mediodía del 4 de abril tuvo noticias de él. Fue cuando su mamá lo llamó para decirle que estaba desaparecido. “Estaba llorando y me dijo que no se podía comunicar, que no sabía dónde estaba”. Nunca más lo volverían a ver.

La fiscalía abrió una causa por presunta desgracia. Según la investigación, esa mañana Sanhueza salió de su casa a las 6 de la madrugada. Lo pasó a buscar José Mora, colega del Cobra, y ambos se dirigieron a las oficinas que Blumar tiene en el Puerto de San Vicente. Allí se les unieron otros dos tripulantes para desayunar en el casino. Esa mañana estaba programada una jornada grupal de apoyo psicológico en el edificio de la compañía, en calle Colón, antes de que todos fuesen a declarar a la Brigada de Homicidios de la PDI. Un furgón los pasó a buscar para trasladarlos, pero Sanhueza no entró al vehículo. “Una vez a bordo me di cuenta que no estaba Juan, así que lo llamé por teléfono y me contestó diciendo que él se trasladaría por sus propios medios”, dijo Mora a la PDI.

El último que lo vio fue un funcionario encargado del aseo. Esto declaró: “Lo noté muy angustiado, me dijo que estaba mal, que estaba muy estresado. En un momento me dice, como a regañadientes, que se pegaría un tiro, pero yo no lo tomé de manera literal, sino como demostrándome que estaba realmente mal o chato con todo lo que estaba pasando”.

Mora también lo notó extraño: “Juan estaba más callado de lo normal, como ido, algo que no es normal en él”.

A la charla psicológica llegaron todos, menos Sanhueza. En una de sus declaraciones, el tripulante Óscar Muñoz dio detalles de lo que ocurrió en esa reunión. Dijo que se conversó sobre cómo manejar el “hostigamiento de la prensa y las amenazas por redes sociales” y que también hablaron con dos abogados de Blumar. Agregó que no recibieron “instrucciones por parte de la empresa” para declarar. 

Las versiones que dieron a la PDI el 4 de abril no distaron mucho de aquellas entregadas ante la autoridad marítima el 31 de marzo. Mansilla agregó que solo se enteró del naufragio de la Bruma varias horas después.  

Ese mismo día, los marinos a cargo de la búsqueda de los tripulantes desaparecidos encontraron la balsa salvavidas de la lancha: estaba intacta. “La balsa estaba en su contenedor, no se activó (…) Encontrar la balsa disminuye a casi nula la posibilidad de hallar a sus familiares con vida”, les dijeron.

UNA LUZ BLANCA

El 10 de abril, Pablo Sanhueza llegó a la Brigada de Homicidios de la PDI para entregar nuevos antecedentes. Su papá llevaba seis días desaparecido. Durante la mañana, una mujer que se presentó como médium, le había dicho que Juan estaba vivo. “Me dice así, textual: ‘Pablo, tu padre está cerca de tu casa, hay una parte que tiene agua. No puedo verlo, porque no está muerto’”. El mensaje, aunque sonaba fantasioso, alimentó su esperanza. Duró poco: un rato después, otro policía le comunicó que su padre había aparecido cerca de Coronel. Estaba muerto.

(Crédito foto: Alejandro Olivares)

 

A casi un año del naufragio, la investigación del Ministerio Público acumula 11 tomos. Además de las declaraciones de los involucrados, hay decenas de peritajes que prueban que pocos minutos después de las 3 de la mañana del 30 de marzo de 2025, el Cobra embistió a la Bruma. Entre ellos, levantamiento de coordenadas satelitales, análisis forenses de las manchas de pintura en el casco y de restos de cuerdas enredadas en la hélice del Cobra que coinciden con las de la embarcación artesanal. También se revisaron los registros de las cámaras de cubierta. Allí aparece una toma de interés: “se aprecia la luz de tope de la Bruma por la proa del buque, a una distancia en tiempo de ocho minutos hasta el instante del abordaje, apreciando por el costado de estribor los restos eyectados de la Bruma desde el fondo hacia la superficie”, consigna un informe policial. 

Este mismo argumento se recoge en la investigación sumaria de la Armada, que ya cerró y que, entre otras cosas, sancionó al capitán Mansilla con la caducidad de su licencia de patrón de pesca de alta mar. En los descargos que los abogados de Blumar hicieron en el transcurso de esa investigación, calificaron de insuficientes las pruebas con las que se da por hecho que esa luz blanca sea de la Bruma. Aseguraron que, según sus propios peritajes, la luz solo estuvo visible durante dos minutos y con intermitencias, que el oleaje y el viento dificultaron su detección por “el ojo humano” y que esta solo se pudo apreciar por el lado de estribor: “banda que correspondía al Sr. Sanhueza”. 

En la investigación de la Fiscalía el único antecedente que hay sobre lo que pudo haber visto Juan Sanhueza la entregó su hijo Pablo. En la declaración que prestó el 15 de abril de 2025 en la Brigada de Homicidios de Concepción relató que mientras estuvo buscando a su padre conversó con el tripulante del Cobra Juan Vidal. Según su versión, Vidal le contó que la madrugada en que ocurrió la colisión y cuando iba camino al baño se encontró con su padre y que este le habría dicho que habían pasado “por encima de una casa, ya que había visto tablas en el mar”. En una declaración judicial posterior, Vidal negó “rotundamente” haberle dicho eso a Pablo y sostuvo que la noche de la colisión no se topó ni habló con su padre.

Son varios los cabos sueltos que no dejan ver qué fue lo que llevó a Juan Sanhueza Anríquez a quedar a la deriva una vez que bajó del Cobra, cabizbajo, desorientado, temeroso, como un náufrago en tierra. Las dos veces que pudo declarar no lo hizo: la primera por omisión, la segunda por decisión propia.  

El miércoles 18 de marzo de 2026, la Fiscalía Regional del Biobío formalizó al capitán del Cobra Roberto Mansilla, al piloto Wladimir Macaya y al tripulante de cubierta Jaime Sandoval como autores de cuasidelito de homicidio de los tripulantes de la lancha Bruma. Además, le imputó responsabilidad penal a la pesquera Blumar en calidad de persona jurídica por la falta de un modelo adecuado de prevención del delito, al no describir en sus manuales el riesgo de abordaje.

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