Domingo 5 de Julio 2026
EL MORADOR DE LA TIERRA.
TODO LO QUE SE CANTA SE ESTÁ CUMPLIENDO
domingo, 5 de julio de 2026
Operación Topógrafo: el espionaje en contra de chilenos acusados de ser espías de Bolivia
INVESTIGACIÓN
Para revestir de legalidad la interceptación de teléfonos, la inteligencia militar enviaba oficios al ahora exministro Juan Antonio Poblete, diciendo que esos números correspondían a agentes extranjeros, como evidencia la sentencia contra éste y el exjefe del DINE, Schafik Nazal.
El jueves pasado se conoció la sentencia emitida en un juicio abreviado en contra del exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Gonzalo Nazal Lázaro, y del exministro de las cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete Méndez, como coautores de delitos reiterados de interceptación ilícita de comunicaciones y falsedad ideológica de instrumento público, en el marco de la “Operación Topógrafo”, como bautizó la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) el operativo de espionaje en contra del periodista Mauricio Weibel y otras personas, todas chilenas y que, en caso alguno, representaban algún peligro para la seguridad nacional.
Como lo indicó el mismo Weibel por medio de un comunicado, “este fallo inédito en la historia judicial del mundo marca un precedente de máxima importancia para la defensa de la libertad de expresión, pues constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, en especial a aquellos que investigamos casos de corrupción e interés público”.
Uno de sus abogados, Cristian Cruz, quien lo representó junto a Karina Fernández, dijo a la vez que “esta sentencia ratifica lo expuesto en múltiples ocasiones por la Relatoría Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, que ha recalcado que los trabajadores de los medios de comunicación que indagan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su labor de interés público”.
En el caso chileno, el juez Freddy Cubillos Jofré, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, impuso a los ahora condenados una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, la cual fue sustituida por el beneficio de libertad vigilada intensiva bajo la supervisión de Gendarmería, como autores de infracción reiterada a la Ley de Telecomunicaciones y de delitos de falsedad ideológica en instrumentos de uso público. Como condición obligatoria para la ejecución de esta pena sustitutiva ordenó que los sentenciados realicen un curso sobre el aprendizaje, respeto y promoción de los Derechos Humanos.
El mecanismo
El espionaje contra Mauricio Weibel y las demás víctimas, determinó la justicia, fue parte de una operación de inteligencia ilícita diseñada para ocultar la identidad de los vigilados ante los controles legales y las compañías de telecomunicaciones.
Según la investigación, Poblete estaba de acuerdo con la idea de cambiar los nombres reales de las personas que se deseaba interceptar, todas chilenas, por identidades de supuestos agentes bolivianos.
De ese modo, cuando el Ejército entregaba a Poblete -que era uno de los dos ministros de la corte de Santiago encargados de autorizar acciones intrusivas en función de la Ley de Inteligencia- oficios en los cuales figuraban el número de Weibel y de otros “blancos”, pero se señalaba que pertenecían a espías bolivianos u otras personas, se revestía la operación de un supuesto manto de legalidad, pues -tal como lo esgrimió la DINE cuando estalló el escándalo- los agentes de inteligencia contaban con autorizaciones judiciales de interceptación de telecomunicaciones.
Lo que por supuesto no decían es que todos los eslabones de la cadena implicada en ellos sabían que la información en función de la cual se habían otorgado esas autorizaciones era ideológicamente falsa y que ninguno de los blancos era un espía o alguien que estuviera poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Por ejemplo, en el caso de Mauricio Weibel, el oficio respectivo (fechado el 27 de septiembre de 2017) afirmaba falsamente que el número telefónico del periodista correspondía a una agente secreta boliviana, identificada como Martha Condori Aruquipa, “cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile en la ciudad de Santiago”, según Nazal.
Ante ello, Poblete autorizó (el 12 de octubre de ese año) la interceptación del teléfono del reportero, que ya en 2015 dio a conocer en The Clinic la existencia de un fraude al interior del Ejército, y que en 2016 publicó el libro Traición a la patria, sobre el mismo tema, libro que agentes del DINE trataron de obtener en forma clandestina incluso antes de su publicación.
Las víctimas
La vigilancia ilegal coordinada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y el ministro Poblete afectó mayoritariamente a militares (y sus familiares) que habían denunciado irregularidades internas, además de Weibel, con un total de 14 víctimas.
Uno de los “objetivos” más prolongados en términos de interceptación fue el excapitán Rafael Harvey Valdés, cuyo teléfono fue “pinchado” en múltiples periodos entre 2016 y 2018 bajo el pretexto de que su número era utilizado por agentes bolivianos denominados “Miguel Romero Pérez” o la ya conocida “Martha Condori Aruquipa“, que en realidad es una mujer de origen boliviano a la cual se le concedió la permanencia en Chile en 2014.
En los oficios se señalaba que intervenir su teléfono era parte de “diligencias necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar actividades que puedan afectar la defensa nacional y, en consecuencia, su objeto es resguardar la seguridad nacional”.
El abogado de Harvey, Francisco Ugás, dijo al respecto que “junto con valorar positivamente la decisión condenatoria y la pena impuesta a cada sujeto, la cual fue sustituida por la libertad vigilada intensiva, es algo destacado del fallo la imposición, a ambos sentenciados, de un curso sobre el aprendizaje, respeto y promoción de los derechos humanos. El Estado y el derecho penal debe contribuir a la formación y resocialización de los delincuentes de esta naturaleza, inculcándoles la más humana de todas las disciplinas: los derechos humanos”.
Otra de las víctimas fue Carlos Andrés Farías Ramírez, un exoficial que administraba páginas de Facebook destinadas a asesorar a personal militar en denuncias de mala gestión. En su caso, la DINE alegó que Farías utilizaba cinco números distintos para filtrar documentos reservados, cuando en realidad cuatro de esos números pertenecían a otros denunciantes, uno de ellos Harvey.
Como señala la acusación presentada por el Ministerio Público contra Nazal y Poblete, ambas páginas de Facebook “fueron creadas el año 2017 y en ellas no hay publicaciones cuyo contenido pueda afectar la seguridad nacional”.
Por cierto, también utilizaron la identidad de Martha Condori para adjudicarle supuestas acciones de inteligencia en contra de Chile.
A su vez, La veterinaria Ina Weber y el oficial Claudio Mendoza fueron espiados durante 2016 debido a una supuesta relación sentimental, utilizando para ello la identidad falsa de una supuesta ciudadana boliviana llamada “Luisa Condori Fuentes”.
Asimismo, el sargento Luis Zamorano Valenzuela fue objeto de las escuchas tras conceder una entrevista en la que denunció abusos laborales y se autodefinió como “el esclavo del general”.
Para intervenir su teléfono —inscrito a nombre de su madre, María Gladys Valenzuela— la DINE afirmó falsamente que pertenecía a una agente extranjera llamada “Ludith Inestroza Flores”, cuya supuesta nacionalidad ni siquiera se identifica.
Según el respectivo oficio del DINE, “del trabajo de monitoreo efectuado por el organismo técnico dependiente de esta Dirección de Inteligencia durante el período autorizado se ha podido obtener que LUDITH INESTROZA FLORES efectivamente utiliza este teléfono para comunicarse con diferentes personas en Chile, cuya participación en actividades de inteligencia aun no es posible confirmar o descartar”.
Otras víctimas fueron Tatiana Astorga Vergara y Juan Pablo Díaz Pin, quien se retiró en 2016 del Ejército, luego de haber denunciado cinco años antes, a la misma DINE, una serie de faltas a la probidad.
Posteriormente el teléfono celular de su esposa (Astorga), que era utilizado por él, fue interceptado, aseverándose en el oficio respectivo que pertenecía a Carlos Farías.
Lo mismo sucedió con el caso del excabo Sergio Tudesca, quien también se retiró en 2016 del Ejército, tras haber denunciado una serie de denuncias por problemas internos, cuyo número también fue presentado como si perteneciera a Farías.
Otro de los casos investigados fue el que afectó al coronel Hugo Julio Schweitzer y la suboficial Miriam Ingles Hueche. Según la documentación judicial, la mujer denunció a Julio -que fue director de la escuela de montaña- una serie de abusos laborales en contra de ella por parte de dos superiores, frente a lo cual Julio la conminó a denunciar, sancionando posteriormente a los autores de los malos tratos.
Luego de eso, dice la acusación, “se presentó una denuncia anónima que señalaba que el Crl. Julio tendría una relación afectiva con la suboficial, por lo que recibió posteriormente advertencias de parte de altos mandos, incluyendo una en la que se le indicó, por otro Coronel que se desempeñaba en la Jefatura del Estado Mayor General, que se ‘cuidara’ porque lo estaría ‘siguiendo el DINE’. Debido a lo anterior sostuvo una reunión con el imputado Nazal, quien le indicó coloquialmente que habían recibido una denuncia, pero que no se le daría mayor importancia”.
Por cierto, eso era falso y los números de Julio e Ingles fueron interceptados, utilizando nuevamente el expediente de hacerlos pasar como pertenecientes a Carlos Farías.
El último caso afectó al funcionario del Ejército Hiram Padilla Contreras, caso en el cual también fue intervenido el teléfono de su esposa, de quien se indicó que en realidad era la agente boliviana “Martha Condori Aruquipa”.
Las sorpresas de Poblete
Cabe indicar que el domicilio del exjuez Poblete fue allanado por la PDI el 20 de abril de 2023, cuando la policía ingresó al departamento que utilizaba en Copiapó, donde fue trasladado por su atraso en la dictación de fallos en Santiago.
Según la PDI, “la habitación principal mantenía ventanas tapadas con cartón, y (había) una mochila y prendas de vestir relacionadas al Ejército, chips de telefonía celular rotos sobre la cama, y un ‘timer’ temporizador conectado con la lámpara del velador, programado para encenderse alrededor de las 19:00 horas”.
La documentación judicial indica que “tras la revisión completa del inmueble, se constató la información de documentación secreta del Ejército de Chile, de Policía de Investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile, chalecos antibalas y ropa táctica del Ejercito, medallas y otros enseres relacionados al Ejército de Chile”.
Además, le encontraron dos pistolas, una revólver, municiones y una docena de chips de telefonía que, más que de un ministro de corte, parecían propios de un agente de inteligencia.
Además, se le incautó un teléfono Apple, cuya data reveló una fuerte red de contactos y también dejó evidencia fotos de Poblete vestido como militar, dado que era parte de la reserva.
En un chat con Nazal le decía que “he llegado al grado de emocionarme por tan grande verdad y gran privilegio de poder vestir el uniforme, aunque sea por unos días”. Los diálogos muestran memes sobre temas militares que eran enviados por el ministro al exagente de inteligencia, así como poemas militares, como uno que le envió el 15 de septiembre de 2020, tras lo cual le decía que “estamos en medio de una pobredumbre humana” y que “quieren restablecer las ideas que querían imponer por la fuerza antes del pronunciamiento”, en referencia al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
En otro chat, del 19 de septiembre del mismo año, le enviaba “un gran abrazo para todos los integrantes de nuestro Ejército, vencedor y jamás vencido, y en especial a quienes tienen hoy la responsabilidad de dirigirlo”.
Los mismos diálogos evidencian, además, que Poblete no se limitaba a firmar las instrucciones de intervención telefónica basadas en información falsa, sino que además estaba pendiente de lo que ocurría con las víctimas, pues en una conversación del 02 de diciembre de 2020 le preguntó a Nazal por “la audiencia del ex… con M D”, en referencia al Ministro de Defensa de la época (cargo que en esa fecha desempeñaba Mario Desbordes).
“Pura insolencia e información falsa y suplentación”, respondió Nazal, ante lo cual Poblete precisó “Me refiero a Harv…”; es decir, Rafael Harvey.
Posteriormente discutieron sobre Ciper Chile, medio que estaba preguntando en el Poder Judicial precisamente sobre las interceptaciones ilegales. Ante ello, Nazal expresó que “esos wns de ciper son una mierda”, a lo cual Poblete agregó que “No solo los de Ciper, los de los matinales, esas ladillas de la red, etc”.
Posteriormente, ante las preguntas que le enviaran dos periodistas de La Tercera, Poblete dijo que “ahora vienen los amigos de Weibel y Harvey, con amenaza de querella, etc.”.
En otras partes se refería a ambas víctimas como “H y W” y a Weibel como “el traidor del periodista” y frente a la persistencia del fiscal Jaime Retamal en continuar con la investigación, afirmaba, como consta en un informe de la PDI, que “buscan cualquier cosa, el tema es seguir webiando”.
Respecto de la ministra Romy Rutheford, que fue quien investigó el caso del fraude del Ejército, se referían como “la Barby de Lucifer”.
“El regalito por cumplir mi deber”
Al actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, Poblete solicitó apoyo para que María Teresa Letelier Ramírez fuera nombrada ministra de la Corte Suprema. El 14 de marzo de 2021, Poblete escribió a Desbordes: “Espero que vaya mi mejor amiga… María Teresa Letelier Ramírez… Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Querida por todos, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda“.
La respuesta de Desbordes fue “apoyémosla entonces”.
Tras el éxito de la designación, Poblete le agradeció el 27 de mayo de 2021: “deseo expresarle mi enorme gratitud de haber acogido mi propuesta, haberla hecho suya y obtener su nombramiento de forma impecable“.
Asimismo, conversó con Letelier sobre estas gestiones, y ella le confirmó el 3 de junio de 2021: “Hablé hace dos días atrás con el Desbordes así que para agradecerle todo su apoyo que me había dado a petición tuya le dije yo que eras mi amigo… quedamos ahí de lo más amiguis“.
Cabe recordar que actualmente Letelier, que se retiró a fines del año pasado del Poder Judicial, enfrenta una investigación penal por tráfico de influencias, violación de secretos y cohecho.
En mayo de 2021 Poblete envió a Desbordes la foto de una citación que le había dejado la PDI, a la cual se refirió como “el regalito por cumplir mi deber”. Desbordes le preguntó de qué causa se trataba y el entonces ministro le dijo “aquella de la ANI” (en relación a la Agencia Nacional de Inteligencia), aseverando, respecto de los querellantes, que “entiendo que son los diputados Soto y Brito, no estoy seguro, y el W”, en referencia a Mauricio Weibel.
“Lo que tú me pidas”
En sus interacciones con el exministro de la Corte Suprema Mario Carroza, que también se retiró hace poco y quien también es objeto de indagatorias, Poblete le pidió un voto para un concurso de notario en Copiapó, aseverando que era algo que “me pidió Ulloa”, en referencia al también ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, quien fue destituido por medio de una acusación constitucional, en noviembre del año pasado: “Hay un concurso de notario de Copiapó con asiento en Tierra Amarilla quería votar por un ex alumno de derecho procesal en la universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo. Se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Aylwin Oyarzún que ya le consiguió el voto con Pablo Krumm, con dos votos queda en terna“, le dijo, agregando tres emojis de manos suplicantes.
Poblete respondió “Qué extraña actitud de Ulloa… si cosas así me ha pedido en otras ocasiones y nunca se lo he negado. ¡!!!!Plop!!!!”, agregando que “lo que tú me pidas, con todo gusto. Abrazo”.
Tras agradecer, Carroza le dio un consejo: “Cuídate. No confíes en nadie. Siempre a la defensiva. Se trata de sobrevivir en ambiente hostil”. Coromiras fue finalmente designado notario en Tierra Amarilla y actualmente desempeña el mismo cargo en la Segunda Notaría de Vitacura.
Cabe indicar que Carroza, se encuentra querellado por parte de la defensa del exnúmero 2 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena, quien asevera que el entonces ministro, que era muy cercano al abogado Luis Hermosilla, se coordinó con este para no aplicarle una rebaja de casi tres años de prisión, que según su defensa le correspondían, luego de que se acordara su extradición desde Brasil hacia Chile, a fin de cumplir acá las penas que tenía pendientes por el secuestro de Cristian Edwards y el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán, en el cual Hermosilla actuaba como abogado de la familia del parlamentario y además, a la época de los hechos, asesoraba al Ministerio del Interior, que también era querellante en ese caso.
Otras gestiones realizadas por Poblete incluyeron al exministro de Defensa Alberto Espina, actual integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El 6 de marzo de 2020, Poblete le escribió: “Buenas tardes estimado Ministro cumplido lo pedido… Se declaró inadmisible la apelación del Ejército“, en referencia al retiro de imágenes del jefe de la DINA, Manuel Contreras, desde distintas unidades militares.
Finalmente, sus chats con el expresidente de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, registraron compromisos de votos para cargos notariales. Así, el 6 de marzo de 2020, Cisternas le solicitó: “Lo molesto por un voto en favor de una amiga que postula a notario de Barnechea… Patricia Valentina Manríquez Huerta“, recibiendo la confirmación de Poblete de que aportaría con tres votos.
Se acabó el tiempo de las promesas
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 24 segundos
El aumento del desempleo, la caída de la producción industrial y un nuevo Imacec negativo marcaron un punto de inflexión para el Gobierno de José Antonio Kast. A cien días de asumir, el relato de la confianza y la reactivación económica comienza a enfrentarse con una realidad que no muestra resultados, mientras las explicaciones sobre la herencia recibida pierden fuerza frente a una ciudadanía que empieza a exigir respuestas y no nuevas promesas.
Durante los primeros cien días, casi todos los gobiernos viven de una concesión que les otorga la política y la ciudadanía: el beneficio de la duda. Se les permite explicar la herencia recibida, anunciar reformas, delinear prioridades y pedir tiempo para que las medidas comiencen a dar resultados.
Esa etapa terminó esta semana.
No porque exista una fecha mágica que marque el fin del período de gracia, sino porque la realidad decidió intervenir. En menos de cuarenta y ocho horas se conocieron tres cifras que cambiaron el clima político: aumentó el desempleo, la producción industrial sufrió su mayor caída desde 2017 y el Imacec volvió a retroceder.
Ya no se trata de un dato aislado. Es una tendencia.
Y las tendencias tienen la mala costumbre de desmontar los relatos políticos.
José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa tan sencilla como ambiciosa: bastaba devolver confianza a los inversionistas para que Chile volviera a crecer. Menos impuestos, menos regulaciones, menos Estado. El resto —se dijo una y otra vez— vendría por añadidura.
Cien días después, esa promesa sigue siendo exactamente eso: una promesa.
La economía no despega. La inversión no muestra el dinamismo anunciado. El empleo se deteriora. La industria completa ocho meses de retroceso. La actividad económica acumula cifras negativas. Y la gran megarreforma continúa siendo, más que un resultado, una apuesta cuyo éxito aún está por demostrarse.
El problema no es solo económico.
Es político.
Porque un gobierno puede pedir paciencia mientras construye una obra, implementa una reforma o negocia una mayoría parlamentaria. Lo que no puede hacer indefinidamente es pedir paciencia mientras los resultados apuntan en dirección contraria a sus propias promesas.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha respondido con un argumento recurrente: la culpa es de la herencia, de la administración anterior, del contexto internacional, del cobre, de los combustibles o de la baja ley del mineral.
Todo eso influye.
Pero llega un momento en que la herencia deja de explicar el presente.
Y ese momento parece haber llegado.
La paradoja es evidente. Un gobierno que hizo de la eficiencia su principal bandera comienza a ser cuestionado precisamente por su capacidad para producir resultados. Un gobierno que prometió destrabar la economía se enfrenta a una economía que sigue estancada. Un gobierno que aseguró que bastaba recuperar la confianza empresarial descubre que la confianza no se decreta desde un podio ni se aprueba por ley.
La confianza se construye cuando existen proyectos, inversión, empleo y crecimiento.
No antes.
Hay otra señal que merece atención.
En estos cien días, el Gobierno ha ocupado permanentemente la agenda pública. Pero cuesta identificar un logro equivalente a esa presencia. Lo que domina el debate son las controversias: la megarreforma tributaria, los recortes presupuestarios, las disputas culturales, los conflictos legislativos, las rectificaciones y los costos políticos de decisiones que han abierto más frentes de los que han cerrado.
Mucha agenda.
Pocos resultados.
Y cuando un gobierno llena el espacio público de conflictos, pero no consigue llenarlo de realizaciones, termina prisionero de su propio relato.
Quizás la mayor lección de esta semana sea otra.
Durante años se instaló la idea de que el principal obstáculo para el desarrollo chileno era político: demasiadas regulaciones, demasiados impuestos, demasiado Estado. Bastaría remover esos obstáculos para que la economía recuperara su impulso.
Los datos conocidos estos días obligan a preguntarse si ese diagnóstico era suficiente o si, simplemente, era demasiado cómodo.
Porque una economía con problemas de productividad, concentración, escasa diversificación e innovación limitada no cambia de rumbo únicamente reduciendo impuestos o acelerando permisos.
Eso exige una estrategia de desarrollo.
No solo una estrategia de mercado.
La política chilena acaba de entrar en una nueva etapa.
La de los resultados.
Y el Gobierno ya no podrá sostenerse únicamente en lo que prometió hacer.
Tendrá que empezar a mostrar lo que efectivamente ha conseguido.
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
Suscribirse a:
Entradas (Atom)