jueves, 15 de octubre de 2026

LO HIZO ENTRE 2023 Y 2026, TRABAJANDO PARA ESTUDIO JURÍDICO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES

Actual superintendente de Medio Ambiente representó a seis empresas infractoras de normas ambientales por faltas “gravísimas”

15.10.2026

El pasado 13 de agosto, Emanuel Ibarra fue nombrado jefe de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Ibarra trabajó en un bufete especializado en temas ambientales, donde representó a empresas ante entidades públicas –incluida la SMA– mientras esas compañías enfrentaban procesos sancionatorios abiertos por la misma superintendencia, seis de ellas por faltas “gravísimas”, como la ejecución de sondajes mineros en una reserva nacional. Ibarra aseguró a CIPER que ya notificó a sus antiguos clientes y que se abstendrá en los procesos en que corresponda hacerlo. Respecto a cómo se garantizará la imparcialidad de la SMA en estos procesos sancionatorios, ya que la mayoría están abiertos y los funcionarios que los resuelvan tendrán que evaluar, en los hechos, el trabajo realizado por su actual jefe, la autoridad afirmó: “Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley”.

Créditos imagen de portada: Ministerio del Medio Ambiente.

El abogado Emanuel Ibarra, actual jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), antes de ser nombrado en ese puesto participó en ocho reuniones de lobby ante distintas entidades públicas en representación de seis empresas sometidas a procesos sancionatorios por la misma SMA que ahora encabeza por incumplimientos calificados como “gravísimos”. La realización de sondajes mineros en una reserva nacional y la operación de una planta avícola sin permisos que pudo ocasionar “riesgos a la salud” de la población, según ha argumentado la SMA, son algunas de las infracciones cometidas por empresas que contaban con los servicios de Ibarra.

Entre 2023 y 2026, actuando como abogado del estudio especializado en materias ambientales Moreno, Sáez y Avilés (MSyA), Emanuel Ibarra fue lobbista de Andex Minerals SpA, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, la forestal Tulsa S.A., la eléctrica Interchile S.A., la avícola Agrícola Tarapacá S.A. y la agrícola Cal Austral S.A.

Ibarra representó a estas seis compañías ante distintos organismos públicos –incluyendo la SMA, la subsecretaría del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental– mientras estaban sujetas a procedimientos sancionatorios en la misma SMA por faltas “gravísimas”. El abogado participó en ocho reuniones de lobby por estas empresas, instancias en que el tema tratado se relacionó con el proyecto en el que se cometió la infracción o bien con las medidas propuestas para restaurar el cumplimiento de la normativa.

CIPER consultó al superintendente si se inhabilitará en los casos de empresas a las que asesoró, lo que Ibarra confirmó en una respuesta por escrito: “Se ejercerá el deber de abstención en cada caso. Para dar trazabilidad a estas abstenciones, ya informé formalmente al área jurídica de las empresas involucradas”.

Emanuel Ibarra cuenta con experiencia en la SMA. Antes de asesorar al sector privado, trabajó diez años en la institución, llegando a ser superintendente subrogante en 2022, para luego salir del organismo en 2023. Este año, Ibarra postuló al cargo de superintendente a través de un concurso por Alta Dirección Pública (ADP), quedando dentro de la nómina que el organismo envió al Presidente José Antonio Kast, quien lo nombró el pasado 13 de agosto.

Emanuel Ibarra junto a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario de la cartera, José Vial (Créditos: Ministerio del Medio Ambiente).

CIPER revisó los registros de lobby de Ibarra desde su salida de la SMA en 2023, constatando que representó a seis empresas que enfrentan procedimientos sancionatorios abiertos por la superintendencia que hoy encabeza. Al cruzar las empresas representadas por Emanuel Ibarra con los expedientes disponibles en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa), CIPER constató que las seis cometieron infracciones calificadas por la SMA como “gravísimas”:

• La empresa Andex Minerals SpA desarrolló sondajes mineros sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en la Reserva Nacional Las Vicuñas, Región de Arica y Parinacota, lo que generó “la afectación de especies clasificadas en la categoría ‘vulnerable’, en los términos indicados por CONAF, al interior de la Reserva Nacional”.

Ibarra señaló a CIPER que las reuniones de lobby en que representó a Andex se relacionaron con “un procedimiento de evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no con un sancionatorio en la SMA”. Pero, según el registro público de estas reuniones, la materia tratada en una primera reunión fue exponer ante el SEA las medidas propuestas por la empresa a la SMA para volver al cumplimiento de la norma, luego de realizar los sondajes calificados como infracción gravísima. En la segunda, explicar al mismo servicio lo conversado con la SMA sobre estas medidas.

• La empresa Agrícola Tarapacá construyó planteles y establos para la cría y engorda de 85 mil pollos y 60 mil gallinas en el Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota, sin contar con RCA. La SMA constató emisión de olores “y presencia de vectores derivados de la operación”, estimando que se ocasionaron “graves riesgos para la salud de la población”. Ibarra representó a esta empresa dos veces por este procedimiento sancionatorio, el único en curso contra la agrícola al momento de esas reuniones (véalas acá y acá).

• En su faena minera ubicada en Pica, Región de Tarapacá, la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM omitió 77 puntos de control de calidad del agua y el “incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el monitoreo de avifauna en el Salar de Coposa”. Además, según los cargos formulados por la SMA, provocó un descenso del nivel del agua de las napas subterráneas mayor al proyectado y, a pesar de esto, no modificó su “régimen de explotación hídrica”.

Ibarra afirmó que la reunión ante el SEA en la que participó como representante de la minera “no tiene relación con el caso de la SMA”. Pero, según el registro de Lobby, esta tuvo como materia una de las medidas propuestas por la empresa para restaurar el cumplimiento después de estas infracciones, la que enfrentaba una traba para su realización.

• La forestal Tulsa S.A. fue sancionada por no presentar sus reportes de monitoreo de emisiones durante tres años seguidos, entre 2020 y 2022. Ibarra representó a la empresa ante la Subsecretaría del Medio Ambiente por este procedimiento sancionatorio.

• La empresa de transmisión eléctrica Interchile S.A. ha enfrentado tres procedimientos sancionatorios por el mismo proyecto: Línea de Transmisión Cardones–Polpaico, que va de la Región de Copiapó a la Metropolitana. Según los cargos de la SMA, la empresa ha afectado bosques nativos que se había comprometido a preservar, sin implementar completamente las medidas de mitigación. Además, construyó obras y caminos “en sectores distintos a los indicados en la descripción del proyecto”, afectando unas 120 hectáreas.

Ibarra afirmó a CIPER que la reunión ante la SMA en la que representó a esta empresa “fue un lobby por un asunto nuevo asociado a una situación del año 2025, referida a una fiscalización de la oficina regional”. Aunque el registro de Lobby no señala que la reunión sea por las infracciones, sí confirma que en la cita se trató el mismo proyecto en que se produjo el incumplimiento.

• La empresa Cal Austral, productora de cal orgánica a partir de conchas marinas, fue sancionada por infracciones “graves” que volvió a cometer, por lo que fueron imputadas nuevamente en calidad de “gravísimas”. Estas son: acumular conchas con restos orgánicos, lo que aumentó los niveles de amoniaco en el ambiente, generó malos olores y presencia de avifauna en los centros de acopio; además de no cubrir correctamente los contenedores donde depositaron este material. Ibarra representó a esta empresa ante la Subsecretaría del Medio Ambiente, donde, según el propio superintendente, se discutió “una asesoría referida a un caso de la SMA”.

Los procedimientos sancionatorios de estas seis empresas se encuentran abiertos. Algunos se encuentran en curso, es decir, que siguen avanzando sin contar aún con un Plan de Cumplimiento (PDC) aprobado, el que se define como un “plan de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la superintendencia, el infractor vuelva al cumplimiento ambiental”. Otros ya cuentan con un PDC en ejecución, lo que suspende el procedimiento sancionatorio hasta que la SMA verifique que se cumplieron las acciones comprometidas. Si la entidad fiscalizada no cumple con su PDC, el procedimiento sancionatorio debe reabrirse. Por lo tanto, todos estos procesos deberán ser tramitados dentro de la administración del nuevo superintendente.

CIPER consultó a Emanuel Ibarra qué garantizará la imparcialidad de la SMA en estos casos, considerando que los funcionarios que tomen estas decisiones estarán resolviendo procedimientos que afectan a antiguos clientes de su jefe y, en algunos casos, evaluando el trabajo que realizó para ellos su actual superior. “Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley. Por lo tanto, no decidiré ningún asunto asociado a esos procedimientos”, indicó la autoridad.

El superintendente Ibarra, además, calificó como “relevante” que CIPER consulte sobre esta materia, ya que, según indicó: “Suele ocurrir que a estos cargos llegan personas que trabajamos con grupos de interés (comunidades, titulares, ONG). Aquello no es un problema porque no hay una inhabilidad, pero sí existe el deber de abstención que debe ejercerse siempre”, afirmó.

El año pasado, CIPER reveló un correo de la salmonera Australis donde se asegura que, en 2022, Emanuel Ibarra, actuando como superintendente subrogante, acordó con la empresa una alternativa para compensar la sobreproducción de 81 mil toneladas de salmónidos a través de la disminución de producción en 18 centros, de los cuales dos nunca habían registrado operaciones y cinco no habían producido en al menos cuatro años (vea ese reportaje). Estas compensaciones fueron rechazadas por la superintendenta Marie Claude Plumer, quien asumió después de Ibarra. El abogado dejó la SMA en junio de 2023 para ingresar en septiembre de ese mismo año al estudio MSyA, cuya cartera de clientes incluía a Australis, empresa a la que el abogado le preparó al menos un informe en derecho en el contexto de un litigio.

Mientras integró la SMA, Ibarra participó de los procedimientos sancionatorios abiertos a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi e Interchile, dos empresas a las que, luego de su salida del organismo, pasó a asesorar en temas relacionados con el mismo proyecto infractor.

DE FISCALIZADOR A FISCALIZADO, Y DE VUELTA

El 18 de mayo Emanuel Ibarra concurrió a una reunión de lobby ante el director ejecutivo del SEA en representación de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, la que tiene un procedimiento sancionatorio en la SMA por 14 infracciones a la normativa ambiental: dos leves, diez graves y dos gravísimas.

El proyecto objeto de la fiscalización, Faena Minera Collahuasi, enfrenta este procedimiento desde diciembre de 2017, luego de que varias denuncias acusaran graves daños hídricos a la cuenca del Salar de Coposa. Ibarra, trabajando en la SMA, fue parte de este procedimiento sancionatorio en distintas instancias: participó de una reunión de asistencia técnica con la empresa, en su calidad de jefe (s) de la División de Sanción y Cumplimiento; firmó, en esta misma calidad y luego como fiscal de la SMA, las observaciones al tercer y cuarto PDC presentado por la minera; y fue el destinatario de la propuesta de cumplimiento final de la compañía.

Una de las medidas propuestas por la empresa fue el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, el que incluía la construcción y operación de una planta desaladora de agua marina en Punta Patache, en el Puerto Collahuasi, justamente para disminuir la extracción de aguas subterráneas en el salar. De esta planta dependían varias acciones del plan de cumplimiento aprobado. Pero hubo un problema: la RCA del proyecto —cuya obtención era una de las acciones comprometidas en el PDC— fue reclamada por asociaciones de pescadores e indígenas de la zona, a quienes no se consultó antes de validar la operación de la planta, la que, según alegaban, afectaba sus actividades económicas y tradicionales. Estas reclamaciones ingresaron al Segundo Tribunal Ambiental.

El 14 de mayo de este año, cuatro días antes de la reunión de lobby ante el SEA a la que concurrió el abogado en representación de la minera, el tribunal acogió los reclamos y anuló parcialmente la RCA del proyecto, en particular de la planta desaladora, debiendo retrotraerse su evaluación ambiental. Según la plataforma de Ley de Lobby, la reunión a la que asistió Ibarra el 18 de mayo tuvo como materia justamente “la sentencia del 2do Tribunal Ambiental a la RCA 20219900112”.

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (Fuente: Sitio web minera Collahuasi).

Al revocarse la RCA, las obras en la planta desaladora se encuentran paralizadas, lo que impide que la empresa cumpla con todas las acciones comprometidas en su PDC ante la SMA. Esto, según el artículo 42 de la ley orgánica del organismo, obligaría a la superintendencia a reabrir el procedimiento sancionatorio, y que este sea visto por la administración de Ibarra. Al ser consultado por esto último, el superintendente señaló a CIPER que “este caso está en la División de Sanción y Cumplimiento, por lo que en virtud del deber de abstención y la separación de funciones no me puedo pronunciar”, reiterando que su asesoría “no se relacionó con este procedimiento ante la SMA”.

A su vez, Interchile ha enfrentado dos procedimientos sancionatorios en los que Ibarra participó, primero como funcionario de la SMA y luego como asesor de la empresa. El más antiguo se abrió en 2018 por dos infracciones “graves” y contó con la firma de Ibarra –en calidad de jefe (S) de la División de Sanción y Cumplimiento– en la reformulación de cargos a la empresa. Este procedimiento terminó con una multa de 1.730 Unidades Tributarias Anuales –$1.345 millones, a la fecha de la sanción– tras rebajar las infracciones a “leves”.

El segundo sancionatorio, que actualmente está en curso, fue abierto en 2020 tras 31 denuncias, por el cual se formularon cargos por nueve infracciones: cuatro “leves”, cuatro “graves” y una “gravísima”. En este procedimiento Ibarra aprobó la formulación de cargos, participó de una reunión de asistencia al cumplimiento y firmó las observaciones al PDC. Tras su salida de la SMA concurrió a una reunión de lobby el 9 de octubre de 2025 ante la misma superintendencia, representando esta vez a la empresa por un asunto relacionado con el mismo proyecto infractor.

Los procedimientos sancionatorios de estas dos compañías y del resto de las empresas asesoradas por Ibarra están abiertos, ya sea en curso o con PDC en ejecución, y deberán tramitarse con él a la cabeza de la superintendencia.

AFP bajo presión: pérdidas millonarias desatan ofensiva parlamentaria y ponen en cuestión la fiscalización de los ahorros previsionales

By El Clarín De Chile 15 Octubre, 2026

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 39 segundos

La caída de 10,39% real del Fondo E entre enero y septiembre y las pérdidas de valoración asociadas a operaciones con derivados financieros provocaron una reacción transversal en el Congreso. Parlamentarios exigen identificar a las administradoras responsables, esclarecer si hubo negligencia y determinar por qué la Superintendencia de Pensiones no logró evitar una exposición de esta magnitud. Las AFP niegan haber realizado apuestas especulativas y defienden sus decisiones como parte de una estrategia de largo plazo.

La controversia por las pérdidas de los fondos de pensiones chilenos ha dejado de ser una discusión limitada a los mercados financieros. Durante las últimas horas llegó al Congreso Nacional, donde parlamentarios de distintos sectores políticos exigieron explicaciones a las administradoras y a la Superintendencia de Pensiones. En el centro de la polémica se encuentra el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, que acumula una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de este año, uno de sus peores resultados históricos.

La inquietud aumentó después de que Bloomberg revelara que las administradoras chilenas habían acumulado posiciones financieras vinculadas a la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos. Las operaciones, realizadas mediante instrumentos derivados conocidos como swaps, estaban expuestas a pérdidas si las tasas evolucionaban en sentido contrario al esperado.

Eso fue precisamente lo que ocurrió. Según los antecedentes difundidos por Bloomberg, las posiciones que un año atrás mostraban una valoración positiva de aproximadamente US$1.400 millones registraban en septiembre una valoración negativa cercana a US$7.700 millones.

Una investigación posterior de Diario Financiero, basada en las carteras de inversión publicadas por la Superintendencia de Pensiones, estimó que el deterioro de los contratos de intercambio de tasas restó alrededor de US$11.600 millones al valor de los fondos previsionales durante 2026. De ese monto, aproximadamente US$1.400 millones corresponden al Fondo E.

Las cifras no representan exactamente lo mismo. Mientras Bloomberg informó sobre la valoración de determinadas posiciones en derivados extranjeros, el cálculo de Diario Financiero considera un universo más amplio de operaciones y su efecto durante el año. Tampoco debe confundirse una pérdida de valoración con una pérdida definitivamente realizada mediante el cierre de los contratos. Sin embargo, el deterioro ya se refleja en la rentabilidad de los ahorros previsionales.

El Congreso exige responsabilidades

La magnitud de las pérdidas provocó reacciones desde el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido de la Gente, el PPD y la UDI, entre otros sectores.

El diputado socialista Raúl Leiva exigió explicaciones sobre las operaciones y una fiscalización que permita establecer si las inversiones respetaron los límites establecidos por la normativa. Su preocupación apunta especialmente a los afiliados próximos a jubilarse, para quienes una caída significativa del ahorro acumulado puede tener consecuencias inmediatas.

El diputado independiente vinculado al PPD Jaime Araya ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar que se identifique a las administradoras involucradas y se informe a los trabajadores sobre el impacto de las operaciones en sus cuentas individuales.

Araya fue más allá y pidió investigar si existieron actuaciones negligentes, culpables o dolosas. En caso de acreditarse responsabilidades, sostuvo que deberían aplicarse las sanciones correspondientes.

Desde el Partido de la Gente también se solicitaron antecedentes sobre las decisiones que originaron las pérdidas, los controles aplicados y las medidas adoptadas por el regulador. El diputado UDI Hotuiti Teao, por su parte, anunció que solicitará citar al superintendente ante la Comisión de Economía de la Cámara.

El secretario general del PDG, Franco Parisi, llamó al presidente José Antonio Kast a intervenir políticamente en la controversia y exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

La amplitud de las reacciones constituye un hecho relevante. Aunque los sectores políticos mantienen diferencias profundas respecto del sistema previsional, comienza a instalarse una exigencia compartida: conocer quién tomó las decisiones de inversión, cuáles fueron sus fundamentos y qué mecanismos de control se utilizaron.

Las AFP responden: no fue una apuesta

La Asociación de AFP rechazó que las operaciones puedan calificarse como apuestas especulativas. En una declaración difundida el miércoles, el gremio defendió las decisiones de inversión y sostuvo que corresponden a estrategias financieras de largo plazo.

«Esto no es una apuesta, es una estrategia de largo plazo», afirmó la organización.

Las administradoras explicaron que el aumento de las tasas de interés estadounidenses redujo el valor de los instrumentos de renta fija, afectando a carteras de inversión en numerosos países.

También recordaron que las inversiones deben evaluarse en horizontes prolongados y que las pérdidas de determinados períodos pueden revertirse cuando cambian las condiciones del mercado.

El gremio destacó que, pese al retroceso del Fondo E, el conjunto de los fondos previsionales registraba un incremento de US$10.778 millones durante 2026.

La defensa introduce una distinción necesaria. Los instrumentos derivados no son, por definición, operaciones especulativas. Pueden utilizarse para cubrir riesgos, estabilizar carteras o administrar la exposición a determinados movimientos financieros.

Pero esa explicación no resuelve por sí sola la controversia. La cuestión central no es únicamente si los instrumentos estaban permitidos, sino si la magnitud de las posiciones asumidas era compatible con el perfil de riesgo de los fondos administrados.

Una estrategia puede ser legal, habitual en los mercados internacionales y concebida para el largo plazo, sin que ello garantice que haya sido prudente. Perder dinero en un casino también puede considerarse legal.

La Superintendencia conocía los riesgos

La actuación del organismo fiscalizador constituye otro de los aspectos que deberá esclarecerse.

El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, reconoció su preocupación por la evolución de los fondos y confirmó que había mantenido reuniones con las administradoras para examinar la situación.

Existe, además, un antecedente importante: durante abril, la Superintendencia estableció nuevas restricciones a la exposición al riesgo de determinados instrumentos derivados, con un período de adecuación que culmina a comienzos de noviembre.

La decisión demuestra que el regulador ya había identificado riesgos que requerían una intervención normativa.

Sin embargo, entre abril y septiembre las pérdidas se profundizaron, mientras las administradoras continuaban expuestas a la evolución de las tasas internacionales.

Esto no permite concluir automáticamente que existió negligencia fiscalizadora. Pero abre interrogantes sobre la oportunidad de las medidas, la extensión del período de adaptación y la capacidad de anticipar las consecuencias de posiciones financieras de gran magnitud.

También será necesario determinar si las administradoras redujeron oportunamente sus exposiciones y qué resultados produjo esa reducción.

El Fondo E y la paradoja del menor riesgo

Uno de los antecedentes más inquietantes de la investigación publicada por Diario Financiero es la contribución de los swaps a la caída del Fondo E.

Según sus cálculos, estas operaciones restaron 5,9 puntos porcentuales a la rentabilidad nominal del fondo durante los primeros nueve meses del año. Esto representa aproximadamente el 80% de su caída nominal y cerca del 57% de su pérdida real.

El dato es especialmente significativo porque el Fondo E se caracteriza por su mayor concentración en instrumentos de renta fija y su menor exposición relativa a acciones.

Pero menor riesgo no significa ausencia de riesgo. Los instrumentos de renta fija pueden sufrir pérdidas importantes cuando suben las tasas de interés, particularmente si tienen plazos prolongados. Las operaciones con derivados pueden ampliar esa sensibilidad.

La pregunta es hasta qué punto los afiliados conocen estos riesgos y si el diseño de los fondos responde adecuadamente a las necesidades de quienes se encuentran cerca del retiro laboral.

Las AFP han señalado que la mayoría de las personas próximas a pensionarse se concentra en el Fondo D y no en el E. Aun así, el desempeño del fondo conservador plantea interrogantes sobre la protección efectiva del ahorro previsional.

¿Quién asume las pérdidas?

La controversia tiene una dimensión que va más allá de las cifras financieras.

Las administradoras reciben ingresos por la gestión de los fondos, mientras que las variaciones positivas o negativas de las inversiones afectan el patrimonio previsional de los afiliados. La responsabilidad legal de las AFP por eventuales incumplimientos constituye una cuestión distinta, que debe determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Esta separación entre administración y riesgo económico vuelve particularmente importante la fiscalización.

Si las inversiones producen ganancias, estas incrementan los ahorros previsionales. Si generan pérdidas, disminuye el valor de las cuentas individuales, aunque una parte de ese deterioro pueda recuperarse posteriormente.

Para quienes todavía tienen décadas de vida laboral, existe un horizonte más amplio para absorber las fluctuaciones. Para una persona próxima a jubilarse, en cambio, una caída importante puede reducir el capital disponible para financiar su pensión si debe materializar el ahorro en un momento desfavorable.

El episodio también ocurre cuando Chile se prepara para implementar un nuevo esquema de fondos generacionales en abril de 2027, que modificará la forma en que se distribuye el riesgo de inversión según la edad de los afiliados.

Las pérdidas actuales constituyen, por tanto, una advertencia sobre la importancia de establecer reglas comprensibles, controles eficaces y mecanismos de información oportunos.

Una explicación que todavía está pendiente

La investigación parlamentaria apenas comienza. Hasta ahora no se ha establecido judicial ni administrativamente que las AFP hayan cometido irregularidades en estas operaciones.

Pero la ausencia de una infracción demostrada tampoco significa que las decisiones hayan sido acertadas.

Las administradoras deberán explicar por qué mantuvieron una exposición tan significativa a determinados movimientos de las tasas internacionales, cuáles fueron los escenarios de riesgo considerados y qué medidas adoptaron cuando el mercado comenzó a evolucionar en su contra.

La Superintendencia, a su vez, tendrá que precisar qué información recibió, cuándo identificó los riesgos y por qué estableció los plazos de adecuación que actualmente rigen.

La discusión no debería agotarse en si los instrumentos utilizados eran legales o si las pérdidas podrían revertirse. Lo que está en juego es la confianza de millones de trabajadores en un sistema que administra sus ahorros obligatorios.

La pregunta de fondo es sencilla: si los trabajadores están obligados a entregar una parte de sus remuneraciones a las administradoras, ¿qué garantías efectivas tienen de que esos recursos se gestionen con la prudencia que exige su finalidad previsional?

Por ahora, las pérdidas están cuantificadas, las explicaciones son parciales y las responsabilidades siguen sin esclarecerse.

Redacción Clarín

Fuente: Superintendencia de Pensiones, DF, Asociación de AFP.

Presupuesto 2027: organizaciones de derechos humanos denuncian severos recortes al Plan Nacional de Búsqueda y los sitios de memoria

By El Clarín De Chile 15 Octubre, 2026

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Un amplio conjunto de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares y sitios de memoria denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce en un 27,71% real los recursos destinados a diligencias y peritajes del Plan Nacional de Búsqueda y en un 36,74% el financiamiento global de los sitios de memoria. Advierten que las medidas comprometen la búsqueda de detenidos desaparecidos, eliminan los fondos de inversión patrimonial y ponen en riesgo la conservación de antiguos centros de detención y tortura.

La política de memoria y derechos humanos enfrenta uno de sus escenarios presupuestarios más difíciles de los últimos años. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast defiende la necesidad de reducir el gasto público, organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, sitios de memoria y entidades de derechos humanos denuncian que los recortes propuestos para 2027 afectan directamente las capacidades del Estado para buscar a los detenidos desaparecidos y preservar los espacios vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

En un comunicado público fechado el 14 de octubre, las organizaciones presentan un detallado análisis de las partidas presupuestarias y advierten que las reducciones no se limitan a gastos administrativos. Por el contrario, afectan recursos destinados a investigaciones en terreno, prospecciones, peritajes forenses, conservación de inmuebles y recuperación patrimonial.

El documento, elaborado con antecedentes de la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, sostiene que las modificaciones propuestas representan un retroceso en las políticas públicas de verdad, justicia y memoria.

La denuncia cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones de distintas regiones, entre ellas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, ex prisioneros políticos, entidades estudiantiles y redes nacionales de sitios de memoria.

El Plan Nacional de Búsqueda pierde recursos para investigar

Una de las principales preocupaciones se concentra en el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, creado durante el gobierno de Gabriel Boric para avanzar en el esclarecimiento del destino de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

Según el análisis de las organizaciones, el presupuesto consolidado destinado a diligencias y peritajes forenses disminuirá desde $1.526 millones en 2026 a $1.135 millones en 2027.

La reducción equivale a $391 millones nominales y representa una caída real de 27,71%, considerando la inflación.

El ajuste afecta dos componentes fundamentales.

El primero corresponde al Programa de Derechos Humanos, encargado de financiar diligencias de búsqueda, investigaciones en terreno, levantamiento de testimonios y otras actuaciones necesarias para reconstruir el destino de las víctimas. Sus recursos pasarían de $1.036 millones a $844 millones, una disminución real de 20,88%.

El segundo corresponde al Servicio Médico Legal, cuya asignación específica para peritajes forenses en el marco del Plan Nacional de Búsqueda bajaría de $489 millones a $291 millones. En este caso, la reducción real alcanzaría el 42,21%.

La magnitud de este último recorte resulta especialmente significativa porque los peritajes científicos son indispensables para examinar restos humanos, establecer identidades y aportar antecedentes a las investigaciones judiciales.

Las organizaciones advierten que la reducción simultánea de recursos para diligencias y análisis forenses puede ralentizar las investigaciones y dificultar el cumplimiento de las obligaciones estatales de búsqueda.

El comunicado recuerda, además, que durante 2026 el Programa de Derechos Humanos ya había sufrido recortes por $91,3 millones mediante los decretos 135 y 332 del Ministerio de Hacienda. Esas medidas representaron una reducción de 8,8% respecto de su presupuesto inicial.

De esta manera, el ajuste propuesto para 2027 se suma a una disminución de recursos que comenzó durante el presente ejercicio presupuestario.

Los sitios de memoria pierden más de mil millones de pesos

El segundo gran componente de la denuncia corresponde al financiamiento de los sitios de memoria.

Según los cálculos presentados, el presupuesto ordinario exclusivo del Programa de Sitios de Memoria disminuiría desde $1.689 millones en 2026 a $683 millones en 2027, una reducción de aproximadamente 60,69%.

La medida más drástica es la eliminación completa de los recursos destinados a inversión patrimonial.

Esta línea, que en el presupuesto base de 2026 contemplaba $505 millones, quedaría sin financiamiento para 2027.

Los fondos permitían ejecutar proyectos de recuperación, rescate arqueológico, conservación y estabilización de infraestructura en antiguos recintos de detención, tortura y exterminio.

La eliminación de esta asignación significa que el programa perdería su capacidad presupuestaria específica para financiar nuevas obras de inversión patrimonial, aunque se mantengan otras líneas de apoyo a los sitios.

Al considerar conjuntamente los recursos del Programa de Sitios de Memoria y el financiamiento directo mediante una glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el presupuesto global pasaría de $2.888 millones a $1.879 millones.

Se trata de una reducción nominal de poco más de mil millones de pesos y una caída real de 36,74%.

Las organizaciones califican este escenario como una asfixia presupuestaria que amenaza la continuidad de las labores de preservación y recuperación de los espacios de memoria.

La situación no es enteramente nueva. Durante 2026, el Decreto 332 ya había reducido significativamente los recursos de funcionamiento de estos recintos.

De acuerdo con el comunicado, ocho sitios y entidades quedaron sin financiamiento estatal en esa oportunidad, entre ellos la ex Clínica Santa Lucía, Cerro Chena, José Domingo Cañas, Venda Sexy, la Casa de la Memoria de los Derechos Humanos de Valdivia, Casa Sola Sierra, FASIC y el Sitio de Memoria de Mulchén.

Para las organizaciones, el proyecto de 2027 profundiza esas restricciones y elimina herramientas financieras necesarias para mantener inmuebles que, en numerosos casos, requieren intervenciones estructurales y trabajos permanentes de conservación.

También peligra la digitalización de las causas judiciales

El documento identifica otro cambio que ha recibido menor atención pública: la eliminación de la Glosa Nº 03 de la partida del Poder Judicial.

Esta disposición contemplaba recursos por $384,6 millones para el proyecto de Búsqueda y Digitalización de Causas de Derechos Humanos.

La glosa no solamente identificaba el financiamiento de la iniciativa. También establecía la obligación de entregar informes trimestrales a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre su ejecución técnica y operativa.

Las organizaciones advierten que su eliminación genera incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y debilita los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

El comunicado reconoce que la comparación presupuestaria no permite concluir que la totalidad de esos recursos haya sido eliminada. Sin embargo, exige que el Ejecutivo aclare cómo continuará financiándose el programa y qué mecanismos de seguimiento se mantendrán.

La digitalización de los expedientes judiciales tiene especial importancia para las investigaciones sobre crímenes de la dictadura, debido a la dispersión y antigüedad de numerosos antecedentes documentales.

A ello se suma la preocupación por la eliminación del Subtítulo 24 del Programa de Derechos Humanos, que permitía financiar transferencias destinadas, entre otras actividades, a conmemoraciones y encuentros nacionales de agrupaciones de familiares.

Las organizaciones solicitan que la Subsecretaría de Derechos Humanos explique cómo se financiarán estas actividades durante 2027.

Sesenta y tres solicitudes de protección patrimonial pendientes

El comunicado también denuncia problemas administrativos que afectan la protección jurídica de los sitios de memoria.

Según las organizaciones, existen 63 solicitudes de declaratoria o ampliación de protección patrimonial pendientes de resolución desde marzo de 2026.

Los expedientes deben ser tramitados por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero su avance requiere antecedentes proporcionados por otros organismos estatales.

La falta de resolución tiene consecuencias prácticas. El reconocimiento patrimonial puede constituir un requisito para acceder a determinadas líneas de financiamiento público y permitiría incorporar nuevos recintos a los mecanismos de protección contemplados en futuras iniciativas legales.

Las organizaciones sostienen que la demora administrativa, combinada con la reducción presupuestaria, genera una doble dificultad: algunos sitios carecen de protección suficiente y, al mismo tiempo, encuentran obstáculos para financiar su conservación.

Una denuncia que reúne a organizaciones de todo el país

El pronunciamiento fue suscrito por 60 organizaciones y representantes incluidos en su nómina principal, además de la Red Nacional de Sitios de Memoria, que reúne a otras 58 entidades, y la Coordinadora de Sitios de Memoria, integrada por diez espacios y organizaciones.

Entre los adherentes figuran la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Coordinadora de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Santiago, sobrevivientes de Tejas Verdes, la Fundación Víctor Jara, Londres 38, Villa Grimaldi, el Memorial Paine y agrupaciones de familiares de distintas ciudades del país.

También aparecen organizaciones estudiantiles como la CONFECH, la FECH y representantes de federaciones universitarias.

La amplitud de las adhesiones refleja que la preocupación no se limita a las instituciones que administran sitios de memoria. Incluye a familiares de víctimas, sobrevivientes de la represión, organizaciones territoriales y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Exigen al Congreso revertir los recortes

Ante este escenario, las organizaciones formularon cuatro solicitudes principales a las autoridades.

Piden al Congreso Nacional reponer los recursos destinados a peritajes forenses del Servicio Médico Legal y restablecer el fondo de inversión patrimonial de los sitios de memoria, considerando los ajustes necesarios por inflación.

También solicitan que el Ejecutivo explique la eliminación de la glosa destinada a la digitalización de causas judiciales y garantice la continuidad de esa iniciativa.

A la Subsecretaría de Derechos Humanos le exigen aclarar cómo financiará las conmemoraciones y encuentros de agrupaciones de familiares.

Finalmente, reclaman al Consejo de Monumentos Nacionales resolver prioritariamente las 63 solicitudes de declaratoria pendientes.

Las organizaciones sostienen que la eliminación de recursos de inversión patrimonial contradice el principio internacional de no regresividad en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales asociados a la preservación de la memoria.

Se trata de una interpretación jurídica planteada por los firmantes, que deberá ser examinada a la luz de las obligaciones internacionales del Estado y de las características específicas de las asignaciones presupuestarias.

El presupuesto como definición de prioridades

La denuncia introduce una dimensión especialmente sensible en la discusión del Presupuesto 2027.

El Gobierno ha defendido la reducción del gasto público como una necesidad para ordenar las cuentas fiscales, revisar programas y concentrar recursos en determinadas prioridades.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advierten que las partidas afectadas no financian únicamente actividades culturales o conmemorativas. También sostienen funciones vinculadas a la investigación de desapariciones forzadas, la identificación de víctimas y la preservación de evidencias materiales de los crímenes cometidos durante la dictadura.

La distinción resulta fundamental. La búsqueda de detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos forman parte de las obligaciones permanentes del Estado, independientemente del gobierno que se encuentre en ejercicio.

El proyecto presupuestario todavía debe ser discutido y votado por el Congreso, por lo que las asignaciones pueden modificarse durante su tramitación.

Por ahora, el comunicado pone sobre la mesa una pregunta que el Ejecutivo deberá responder: cómo garantizará la continuidad y eficacia del Plan Nacional de Búsqueda y la preservación de los sitios de memoria con los recursos propuestos para 2027.

A más de medio siglo del golpe de Estado de 1973, la búsqueda de los desaparecidos sigue inconclusa. Para sus familiares, el paso del tiempo no ha reducido la necesidad de verdad y justicia. Por el contrario, hace cada vez más urgente recuperar testimonios, examinar antecedentes e identificar los restos de quienes todavía permanecen desaparecidos.

En ese contexto, la discusión presupuestaria adquiere una dimensión que trasciende la administración de recursos: determinar qué capacidades conservará el Estado chileno para cumplir sus compromisos de verdad, justicia y memoria.

GOLPEADA CON UN ARMA A LOS DOS AÑOS: CORTE AUMENTA COMPENSACIÓN POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó de $50 millones a $100 millones la indemnización que el Fisco deberá pagar a E. E. O. , quien fue agredida por funcionarios de la Armada durante la dictadura, cuando tenía apenas dos años. El tribunal consideró la gravedad de los hechos y las secuelas permanentes que afectaron su salud y su desarrollo.

Los hechos ocurrieron en 1975, en un domicilio de Valparaíso, cuando efectivos de la Armada detuvieron a la madre y a la abuela materna de la niña. Durante el procedimiento, uno de los uniformados la golpeó en la boca con un arma, según los antecedentes recogidos en la resolución judicial.

El fallo estableció que las agresiones estuvieron relacionadas con motivos políticos vinculados a su madre. La persecución y la posterior separación de su grupo familiar tuvieron consecuencias que se extendieron a lo largo de su vida.

Entre las secuelas reconocidas por la justicia figuran problemas de salud mental, trastornos psicopedagógicos y alteraciones del ritmo circadiano. La Corte consideró que estos daños afectaron su proyecto de vida y revistieron especial gravedad por la corta edad que tenía cuando ocurrieron los hechos.

La indemnización original de $50 millones había sido fijada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago el 22 de diciembre de 2025. Al revisar la causa, la Corte resolvió aumentar el monto a $100 millones, atendiendo a la gravedad de las vulneraciones, la especial vulnerabilidad de la víctima y el carácter permanente de las secuelas.

Para fundamentar su decisión, los magistrados invocaron la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección especial que merecen las personas menores de edad. El tribunal calificó lo ocurrido como una grave transgresión de los derechos humanos de una niña que, con apenas dos años, quedó expuesta a la violencia ejercida por agentes del Estado.

La resolución aborda las consecuencias de la represión dictatorial sobre la infancia y destaca la gravedad de las agresiones sufridas por E. E. O. cuando tenía apenas dos años, así como las secuelas permanentes que marcaron su vida. Ver menos

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