Diputados gastan millones en arriendos de vehículos y reparan autos propios con dinero público

AQUÍ BIOBÍOEl Mostrador

29 julio, 2026

Por : Cristian Ascencio OjedaPeriodista newsletter Aquí Biobío de El Mostrador

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Ocho diputados del Biobío gastaron más de $92 millones en arriendo de vehículos durante 2025, encabezados por parlamentarios de la UDI y el PNL. El reporte también revela diferencias en gastos por mantención, peajes, TAG y taxis.

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Resumen

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Aunque desde el gobierno de José Antonio Kast se ha llamado a la austeridad, son justamente los diputados del Biobío más cercanos al mandatario quienes lideran el gasto en torno a arriendo de vehículos. Aquí Biobío solicitó a la Cámara, vía transparencia, los gastos vehiculares de los diputados de la región durante 2025, año de campaña electoral. Según el informe enviado por el organismo, entre los 13 representantes de los distritos 20 (Provincia de Concepción) y 21 (Provincias del Biobío y Arauco) sumaron un gasto anual de $ 92.463.000 en alquiler de automóviles.

El ranking de gasto de 2025 para arriendos de vehículos de nuestros diputados fue el siguiente:

• Sergio Bobadilla (UDI): $20.446.757
• Flor Weisse (UDI): $15.480.000
• Cristóbal Urruticoechea (PNL): $14.130.758
• Francesca Muñoz (PSC): $11.689.442
• Roberto Arroyo (PSC): $8.624.071
• Leonidas Romero (PNL): $8.378.429
• Marlene Pérez (Ind-UDI): $7.810.478
• Félix González (PEV): $5.903.504

Estos diputados alquilaron todos los meses del año, a excepción de Félix González que no registra arriendos en el mes de febrero. Por su parte, Eric Aedo (DC), María Candelaria Acevedo (PC), Joanna Pérez (Demócratas), Clara Sagardía (FA) y Karen Medina (PDG) no registraron arriendos con fondos públicos en el período solicitado.

• Además, hubo seis diputados que en 2025 solicitaron fondos a la Cámara para la mantención de sus autos particulares. Ellos son Joanna Pérez ($2.439.760), Flor Weisse ($1.142.400), Marlene Pérez ($973.862), Clara Sagardía ($811.104), Félix González ($390.607) y Roberto Arroyo ($229.030). Los casos de Weisse, Marlene Pérez, Arroyo y González son los que más llaman la atención, ya que este gasto se suma al que ya registraban por arriendo de vehículos.

Mediante la solicitud de transparencia, también revisamos los gastos rendidos por pagos de peaje y tag. En este ítem llamó la atención que en un mismo distrito los montos tienen altas diferencias. Por ejemplo en el 21, donde hubo más costos por este ítem, Flor Weisse solicitó el reembolso de $1.800.000, Urruticoechea $1.702.900, Sagardía $1.254.209, Medina $33.100, mientras que Joanna Pérez no solicitó reintegro, según la respuesta enviada por la Cámara.

En cuanto a taxis, solo dos diputados registraron gastos a cargo del Estado. Karen Medina por $1.965.000 y Francesca Muñoz por $915.241. Los diputados rinden estos costos (arriendo de autos, tag y peajes, mantención de vehículo particular y taxis) dentro de sus “gastos operacionales”, lo cual está permitido en la normativa de la Cámara.

Aquí Biobío envío consultas a los diputados en ejercicio nombrados en esta nota sobre estos gastos. Tres respondieron. Sergio Bobadilla explicó que arrienda dos vehículos: uno para movilizarse en el distrito y otro para viajar desde Santiago hasta Valparaíso. “Es importante señalar que todos los años los gastos y operaciones asociados a nuestra labor parlamentaria son sometidos a procesos de auditoría, los cuales hemos superado satisfactoriamente, acreditando el correcto uso de los recursos conforme a la normativa vigente“, señaló.

Por su parte, Joanna Pérez manifestó que en su caso, el gasto de mantención es por el alto uso que hace de su vehículo para desplazarse en su distrito y de Santiago a Valparaíso. “Nunca he utilizado arriendo de vehículos, que significaría un costo cercano a $ 6 millones al año por cada uno. Tampoco he rendido gastos por TAG ni por cambios de neumáticos. Incluso, en 2025 sufrí la pérdida total de un vehículo que utilizaba para el trabajo parlamentario en el distrito, debiendo reemplazarlo, lógicamente con recursos propios“.

En tanto, Cristóbal Urruticoechea manifestó que la normativa les permite arrendar hasta dos vehículos, con un tope máximo mensual –este 2026– de $2.695.764. Por lo anterior, afirmó que “el gasto incurrido por este diputado se sitúa significativamente por debajo de dicho margen“. Urruticoechea explicó que uno de los vehículos alquilados lo usa para transportarse entre Santiago y el Congreso, mientras que el otro lo emplea en su distrito.

Los cambios en el actual mercado laboral. Por Arturo Martínez, presidente Central de Trabajadores Chile CTCH

• 29 July 2026

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La automatización y la inteligencia artificial han modificado y seguirán modificando las competencias laborales y la forma de organización del trabajo, sustituyendo el empleo y haciendo cada vez más escaso el trabajo, profundizando la informalidad y el subempleo, el que afecta a personas con más niveles de educación.

La elevada tasa de desempleo genera inseguridad no solo a quienes están desempleados; también impacta a quienes mantienen un empleo, aumentando el temor a reclamar sus derechos.

Así, se aceptan bajos salarios, se soporta el maltrato y la sobrecarga de trabajo, se debilita la negociación colectiva y se está más expuesto a riesgos psicosociales.

Como si fuera poco, tienen que escuchar la narrativa y la amenaza de parte de las actuales autoridades que tratan de convencernos de que el desempleo se debe a los altos costos laborales y al alto costo del despido, sin detenerse a buscar las verdaderas causas de este, porque la contratación de trabajadores depende más de la inversión, de nuevos proyectos de desarrollo productivo, de crear bienes y servicios, y de agregar más valor a lo que se importa.

Cuando el diagnóstico se concentra únicamente en abaratar los costos de contratación y/o el despido y en desproteger a las y los trabajadores, la medida puede resultar totalmente equivocada.

Las empresas contratan cuando tienen algo que producir, vender u ofrecer al mercado; no andan por la vida preocupadas del desempleo ni de la consecuencia social en las y los trabajadores.

No resulta acertada la comparación con los países de la OCDE, porque para ello se deben considerar los mayores niveles de remuneraciones, la efectiva negociación colectiva, la cultura de respeto a la organización sindical, la seguridad social y el respeto efectivo a los derechos laborales de esos países.

 Si los comparamos, hagámoslo en todos esos aspectos y seguro que saldremos muy mal parados.

La entrevista que el Gobierno no esperaba: por qué la reaparición de Camila Vallejo incomodó tanto a La Moneda

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Camila Vallejo

PODER Y POLÍTICA PORTADA

By Simon Del Valle  29 Julio, 2026  

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 3 segundos

Hay entrevistas que pasan inadvertidas y otras que revelan algo mucho más importante que sus propias declaraciones. La primera aparición pública de Camila Vallejo tras dejar el gobierno de Gabriel Boric pertenece claramente a la segunda categoría.

No fue solo una conversación con un medio de comunicación. Fue una prueba política. Y el Gobierno de José Antonio Kast reaccionó de una forma que terminó otorgándole aún más relevancia.

En pocas horas, el ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, respondió a sus críticas. Poco después lo hizo también la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Dos de las principales figuras institucionales del oficialismo consideraron necesario salir a desmentir o relativizar las afirmaciones de una dirigente que hoy no ocupa ningún cargo de gobierno ni un escaño parlamentario.

La pregunta, entonces, no es qué dijo Camila Vallejo.

La verdadera pregunta es por qué el Gobierno sintió la necesidad de responder con tanta rapidez.

El regreso de una de las voces más reconocibles de la izquierda

Camila Vallejo no es una dirigente cualquiera.

Fue durante cuatro años la principal vocera del gobierno de Gabriel Boric. Antes había encabezado el movimiento estudiantil que marcó una generación y posteriormente se consolidó como diputada y una de las dirigentes con mayor conocimiento público del país.

Su capital político no depende exclusivamente de los cargos que ocupe. Depende de algo más difícil de construir: reconocimiento, experiencia comunicacional y capacidad para instalar temas en la agenda pública.

Eso explica que una sola entrevista haya generado más repercusión que decenas de declaraciones habituales de dirigentes opositores.

No reaccionaron simplemente frente a una militante del Partido Comunista.

Reaccionaron frente a una figura que todavía conserva capacidad para disputar el relato político.

El punto más sensible: la seguridad

No fue casual que Vallejo eligiera la seguridad como eje principal de sus críticas.

José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo precisamente aquello que, según sus propias palabras, los gobiernos anteriores no habían conseguido garantizar.

La seguridad fue el principal argumento de campaña.

Fue el tema que permitió construir una mayoría electoral.

Y fue también el terreno donde el entonces candidato prometió resultados rápidos.

Cuando Vallejo calificó esa promesa como «una gran estafa», no estaba haciendo una crítica cualquiera.

Estaba cuestionando el principal activo político del Gobierno.

Ese es probablemente el motivo por el cual la primera respuesta oficial vino desde el Ministerio del Interior.

En política importa tanto el contenido como el lugar donde se produce el impacto.

Y Vallejo golpeó exactamente donde el oficialismo considera que se juega buena parte de su legitimidad.

Una reacción que revela preocupación

Las respuestas oficiales buscaron desacreditar el diagnóstico de la exvocera.

Claudio Alvarado defendió la gestión gubernamental y cuestionó las críticas de Vallejo.

Paulina Núñez hizo algo similar desde la presidencia del Senado.

Sin embargo, ambas respuestas produjeron un efecto inesperado.

Confirmaron que el Gobierno considera políticamente relevante a quien acababa de reaparecer.

Existe una regla bastante conocida en comunicación política.

Los gobiernos no responden con rapidez a aquello que consideran irrelevante.

Seleccionan cuidadosamente sus batallas.

Cuando dos autoridades de primer nivel salen a contestar una entrevista, el mensaje implícito es que esa intervención tiene potencial para influir en el debate público.

Paradójicamente, la mejor demostración del peso político de Camila Vallejo fue la rapidez con que sus adversarios decidieron responderle.

El progresismo comienza a reorganizarse

La entrevista tampoco ocurrió en un momento cualquiera.

Coincide con el cierre del Primer Congreso Ideológico y Estratégico del Frente Amplio, que acaba de definirse oficialmente como un partido socialista, feminista, ecologista y democrático y fijó como objetivo disputar nuevamente el gobierno en 2029.

Al mismo tiempo, el Partido Comunista ha iniciado su propia etapa de reorganización como oposición.

En ese contexto, la aparición de Vallejo parece formar parte de un proceso más amplio: la reconstrucción de liderazgos después de la salida de La Moneda.

Las oposiciones suelen atravesar un período de silencio tras perder el poder.

Necesitan redefinir prioridades, renovar discursos y reconstruir equipos.

Ese proceso parece estar llegando a su fin.

Una figura que trasciende al Partido Comunista

Durante años, Camila Vallejo ha conseguido algo que pocos dirigentes comunistas habían logrado desde el retorno de la democracia.

Su imagen pública trasciende el espacio tradicional del Partido Comunista.

Es conocida por votantes de izquierda, de centro e incluso por sectores que no comparten sus posiciones políticas.

Eso explica que sus declaraciones produzcan un impacto muy superior al de otros dirigentes de oposición.

No porque exista unanimidad respecto de sus ideas.

Sino porque existe la certeza de que cada una de sus intervenciones será ampliamente difundida y debatida.

Ese tipo de liderazgo constituye un activo político escaso.

Y el oficialismo parece haber actuado en consecuencia.

La disputa por el relato recién comienza

Los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por una intensa disputa política en torno a la seguridad, la economía, la denominada megarreforma, los recortes fiscales y una inusual sucesión de renuncias de autoridades.

Hasta ahora, el Ejecutivo había conseguido que buena parte de la discusión pública girara en torno a su propia agenda.

La entrevista de Camila Vallejo sugiere que esa situación podría comenzar a cambiar.

No porque una dirigente pueda modificar por sí sola el escenario político.

Sino porque representa el regreso de una oposición que empieza a recuperar vocerías con capacidad de instalar temas y disputar el sentido común.

Simón del Valle

Cuando el Gobierno deja de explicar: la pregunta que Quiroz aún no responde

 

PODER Y POLÍTICA PORTADA

By Simon Del Valle  28 Julio, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 16 segundos

Las buenas políticas públicas no se sostienen únicamente sobre mayorías parlamentarias.

Se sostienen, sobre todo, en la capacidad de convencer a la ciudadanía de que las decisiones adoptadas son razonables, justas y responden al interés general.

Por eso, cuando una medida genera una controversia amplia y transversal, el deber del Gobierno no consiste en cerrar el debate con un «se acabó». Consiste en explicar por qué eligió ese camino y no otro.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo con la compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años.

La polémica ya no gira en torno a la conveniencia de ayudar a las personas mayores. Ese consenso prácticamente existe. Tampoco se discute si los municipios deben ser compensados por los ingresos que dejarán de percibir. Nadie propone desfinanciarlos.

La verdadera discusión es otra.

¿Por qué el Gobierno decidió que la compensación debía hacerse de manera que las comunas que hoy más recaudan por contribuciones sean también las que más recursos reciban del presupuesto nacional?

Hasta ahora esa pregunta no ha tenido respuesta.

Una discusión que cambió de naturaleza

Durante los primeros días el Ejecutivo intentó presentar el debate como una confrontación entre el Gobierno y algunos alcaldes del Frente Amplio.

Sin embargo, esa lectura comenzó a derrumbarse rápidamente.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, resumió el argumento en una frase que desplazó completamente la discusión:

«Los alcaldes no estamos pidiendo más plata. Estamos pidiendo que la misma plata se distribuya con criterios mínimos de justicia.»

No es una demanda de mayor gasto.

No es una reivindicación ideológica.

Es una discusión sobre la forma en que el Estado distribuye recursos que pertenecen a todos los contribuyentes.

Poco después la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, endureció aún más el cuestionamiento.

Recordó la antigua consigna de la derecha —»con mi plata no»— para invertir completamente el argumento.

Ahora, sostuvo, serán precisamente los impuestos pagados por vecinos de comunas populares los que ayudarán a financiar presupuestos municipales de comunas con mayores ingresos.

La discusión dejó entonces de ser tributaria.

Se convirtió en una discusión sobre justicia territorial.

Cuando incluso la UDI discrepa

Pero el hecho políticamente más significativo ocurrió después.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, militante de la UDI, tomó distancia de la fórmula propuesta por el propio Gobierno.

«No quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector», declaró.

Y explicó por qué.

Porque, a su juicio, la propuesta es «regresiva».

No utilizó eufemismos.

No habló de ajustes técnicos.

Utilizó exactamente el mismo concepto que venían empleando los alcaldes de oposición.

Agregó además un argumento difícil de ignorar.

Si el Gobierno insiste desde hace meses en que las finanzas públicas atraviesan una situación estrecha y que por ello resulta indispensable contener el gasto, ¿cómo se justifica destinar alrededor de $190 mil millones para compensar principalmente a las comunas que más ingresos obtienen por contribuciones?

La pregunta ya no proviene únicamente del Frente Amplio.

Proviene también desde la derecha.

Y eso cambia completamente la naturaleza del debate.

Lo que Quiroz no respondió

Fue en ese contexto cuando el ministro Jorge Quiroz respondió:

«Si los alcaldes prefieren que no se compense, no se compensa. Se acabó.»

La frase llamó la atención por su tono.

Pero el verdadero problema no es el tono.

Es que el ministro no respondió la pregunta.

Nadie estaba pidiendo eliminar la compensación.

Los alcaldes proponían otra forma de distribuir exactamente los mismos recursos.

Una alternativa era fortalecer el Fondo Común Municipal, instrumento creado precisamente para corregir las enormes diferencias de ingresos entre comunas.

Otra posibilidad era focalizar el beneficio según ingresos o patrimonio, evitando que propietarios de viviendas de alto valor recibieran el mismo tratamiento que adultos mayores con dificultades económicas.

Ambas opciones fueron discutidas públicamente.

El Gobierno las descartó.

Lo que aún no ha explicado es por qué.

Gobernar también es justificar

En democracia las decisiones políticas no necesitan ser unánimes.

Pero sí necesitan ser justificadas.

Cuando un gobierno modifica el sistema tributario, decide quién paga impuestos y quién deja de pagarlos.

Cuando modifica la forma en que se distribuyen los recursos públicos, decide quién recibe más y quién recibe menos.

Esas decisiones nunca son neutras.

Expresan una determinada idea de justicia.

Por eso no basta con afirmar que una comisión mixta aprobó la fórmula o que ahora corresponde votarla.

La pregunta sigue siendo exactamente la misma.

¿Por qué esa fórmula resulta más justa que las alternativas disponibles?

Hasta ahora Hacienda no ha entregado una explicación convincente.

La contradicción fiscal

Existe además una tensión difícil de ignorar.

Desde el inicio de su mandato el Gobierno ha insistido en la necesidad de reducir el gasto público.

La estrechez fiscal ha servido para justificar recortes presupuestarios, moderación del gasto y llamados permanentes a la austeridad.

Sin embargo, cuando se trata de compensar la eliminación de contribuciones, aparecen recursos que el propio Ejecutivo estima en torno a los $190 mil millones anuales.

La contradicción se vuelve aún más evidente mientras el país enfrenta nuevos desafíos territoriales.

Las lluvias e inundaciones en Atacama y Coquimbo obligarán inevitablemente al Estado a financiar reconstrucción de viviendas, infraestructura, caminos, escuelas y sistemas sanitarios.

Es decir, las necesidades fiscales aumentan.

Y al mismo tiempo la megarreforma reduce ingresos permanentes y crea nuevas obligaciones de gasto.

La pregunta ya no es solamente económica.

Es política.

¿Cuáles son hoy las prioridades del Estado?

La política detrás de los números

El Gobierno ha intentado presentar esta discusión como un asunto técnico.

No lo es.

Toda política tributaria expresa una determinada concepción de sociedad.

Compensar exactamente lo que pierde cada municipio significa conservar la distribución actual de recursos.

Fortalecer el Fondo Común Municipal habría significado avanzar hacia una mayor redistribución territorial.

Focalizar el beneficio habría significado privilegiar la necesidad económica por sobre el valor de las propiedades.

Cada alternativa representa una idea distinta de justicia.

El Ejecutivo eligió una.

Tiene pleno derecho a hacerlo.

Lo que no puede hacer es evitar explicar por qué la considera la mejor.

El verdadero riesgo

Quizás el problema más profundo no sea la fórmula finalmente aprobada.

Las leyes pueden modificarse.

Los mecanismos pueden perfeccionarse.

Lo verdaderamente preocupante sería instalar la idea de que basta contar los votos para dejar de rendir cuentas sobre las decisiones adoptadas.

Cuando un ministro responde «se acabó», puede cerrar una conferencia de prensa.

Lo que no puede cerrar es la deliberación democrática.

Porque la democracia no termina cuando termina la votación.

Empieza precisamente ahí.

Es entonces cuando quienes gobiernan deben explicar por qué decidieron beneficiar a unos y no a otros, por qué descartaron alternativas y por qué consideran que el costo de esas decisiones será justo para el conjunto del país.

Hasta ahora, esa explicación sigue pendiente.

Y mientras no llegue, continuará creciendo una pregunta que ya no formulan solamente alcaldes de oposición, sino también autoridades de distintos sectores políticos.

¿Por qué todos los contribuyentes deben financiar íntegramente la pérdida de ingresos de las comunas que más recaudan por contribuciones?

Es una pregunta simple.

 Simón del Valle

 

Este debate se produce en medio de la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. La propuesta de exención de contribuciones para adultos mayores, la compensación a los municipios, las críticas del ministro Jorge Quiroz y las posiciones expresadas por alcaldes como Tomás Vodanovic, Javiera Reyes y Agustín Iglesias han abierto una discusión sobre el financiamiento municipal, el Fondo Común Municipal y la desigualdad territorial en Chile.