Con la confirmación de la sentencia en contra del exoficial de la DINA, por la desaparición de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, en 1974, las penas en su contra ya superan los mil años de presidio.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia y confirmó la condena en contra del exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, por la detención y desaparición del estudiante de la Universidad de Chile Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, en 1974.
Krassnoff, quien como miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), en la cual se desempeñó como jefe de la Brigada Caupolicán, fue condenado a la pena de 15 años de presidio como autor del delito de secuestro calificado de la víctima, superando con esta sentencia más de mil años de cárcel por su participación en diversos delitos de lesa humanidad.
De esta manera, el tribunal de alzada capitalino confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia dictada por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, del mismo tribunal, en diciembre de 2025.
La abogada querellante, Carolina Vega, del Estudio Caucoto, valoró el fallo, señalando que “la familia ha esperado décadas por un mínimo de justicia y esta sentencia constituye un hito significativo en ese sentido. Una nueva condena contra Miguel Krassnoff es un acto de justicia”.
Agregó que “la decisión de la Tercera Sala es acertada y representa un avance concreto en materia de verdad y reparación. Ahora, esperamos el actuar de la defensa del condenado y ante una eventual impugnación de la sentencia de segunda instancia, esperamos que la Corte Suprema confirme lo resuelto para que así la familia obtenga la justicia que tanto ha esperado”.
Araneda Pizzini fue identificado por testigos en el centro de detención clandestino de la DINA “Londres 38”, a cargo del mayor de Ejército Marcelo Moren Brito (fallecido) y del entonces capitán Miguel Krassnoff Martchenko. La víctima habría sido trasladada al cuartel 4 Álamos, desde donde desapareció y, pese a las gestiones realizadas por su familia, a la fecha se desconoce su paradero.
Los hechos
En el transcurso de la investigación la magistrada pudo comprobar que Araneda, que era militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 10 de agosto de 1974 en La Reina, cuando a eso de las 2.30 de la madrugada un grupo de sujetos llegó hasta la calle Lynch Norte Número 57, donde se estaba hospedando, identificándose como agentes de la DINA (Araneda se había mudado desde Concepción hasta Santiago, fruto de la persecución contra integrantes y simpatizantes del MIR).
Tras ello, exhibieron una orden de allanamiento para la detención de otra persona, llevándose sin explicaciones a Dignaldo Araneda, quien fue identificado por testigos en el cuartel de la DINA “Londres 38”, en el centro De Santiago,
A la fecha de los hechos, la Dirección de Inteligencia Nacional estaba a cargo de Manuel Contreras Sepúlveda (fallecido), y las distintas unidades operativas y centros de detención a su cargo, como ocurre con Londres 38, dependían de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, a cargo del entonces Mayor de Ejército César Manríquez Bravo (actualmente en estado de enajenación mental), recinto que funcionó desde fines de diciembre de 1973 hasta al menos septiembre de 1974.
A pesar de todas las diligencias llevadas a cabo por su familia y las acciones de búsqueda desplegadas en ejercicio de las acciones judiciales entabladas, no se logró dar con su lugar de destino, condición que se mantiene hasta la fecha.
El Complejo Penitenciario La Laguna tiene capacidad para 2.320 internos y cuenta con 14 módulos que permiten separar a los reclusos según su nivel de peligrosidad. El recinto comenzó a recibir este jueves a reos de alto compromiso delictual.
Fue inaugurada por el Presidente Gabriel Boric en enero de 2025 y el Presidente Kast le dio el vamos este jueves con el copamiento y traslado de presos de alta peligrosidad.
El Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado en el sector de Panguilemo, a unos 10 kilómetros al norte de Talca.
El recinto ha sido definido como uno de los complejos penitenciarios más modernos de Sudamérica.
Capacidad para más de 2.300 internos y 14 módulos
La cárcel cuenta con una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados y una capacidad máxima de 2.320 plazas una vez que complete su proceso de habilitación. Hasta antes del operativo de este jueves mantenía poco más de 400 internos.
Uno de los principales atributos del complejo es su capacidad para segmentar a la población penal. Sus 14 módulos permiten separar a los internos según si son condenados o imputados, su nivel de compromiso delictual, condiciones especiales y género.
El recinto también dispone de módulos de máxima seguridad con celdas individuales. A ello se suman locutorios especialmente diseñados para las visitas, que permiten mantener separados físicamente a los internos de quienes concurren a verlos.
La seguridad constituye uno de los elementos centrales del diseño de La Laguna. El penal cuenta con más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, además de más de 30 detectores de metales y tres escáneres corporales.
También dispone de tres equipos destinados a detectar drogas y explosivos y de un sistema de gestión de telecomunicaciones que permite bloquear el uso de teléfonos celulares, una de las herramientas consideradas relevantes para impedir que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
La infraestructura contempla además talleres industriales, una escuela y un centro de trabajo agrícola, instalaciones orientadas a desarrollar actividades de capacitación y reinserción.
La administración del complejo fue concesionada por el Ministerio de Obras Públicas a Constructora San José, responsable de su habilitación, operación y mantención.
En el debate político chileno, las frases desafortunadas no suelen ser meros lapsus linguae; son, más bien, destellos de una matriz cultural profunda que emerge cuando quienes ostentan el poder simbólico olvidan que la República exige modestia democrática. La reciente declaración de Magdalena Piñera —afirmando sin matices que «no quiero que el Congreso esté lleno de Manouchehris, creo que le hace un pésimo favor al país, un pésimo favor al Congreso»— no es una intervención política más. Es la manifestación violenta de una mirada que se atribuye el derecho de veto sobre quiénes tienen legitimidad para habitar el espacio de la representación popular.
Resulta indispensable situar a la emisora de la frase. Magdalena Piñera no ocupa hoy un cargo de representación popular, ni ha sometido su nombre a las urnas, ni lidera una institución pública. Su figuración responde, esencialmente, a una condición estamental: ser la hija de un expresidente y formar parte de una oligarquía histórica acostumbrada a confundir el destino de la patria con los intereses de su propia clase.
Esta actitud evoca de manera inevitable la célebre y desenfadada confesión de Eduardo Matte Pérez a fines del siglo XIX, cuando sentenció con absoluta naturalidad que ellos eran «los dueños de Chile, del capital y de todo lo demás». A más de un siglo de distancia, la estructura del discurso parece intacta: la convicción soterrada de que la política formal es un feudo familiar donde la aristocracia financiera concede o deniega credenciales de idoneidad moral. Es la misma matriz comunicativa que condujo a su madre, la ex primera dama Cecilia Morel, a calificar la protesta social durante la crisis de 2019 como una invasión de «alienígenas» frente a la cual el mandato supremo de las élites era «tener que compartir nuestros privilegios». Cuando el resto del país es percibido como una alteridad amenazante o un grupo de intrusos en el Congreso, la democracia deja de ser un espacio de iguales y pasa a ser tratada como un club privado con derecho de admisión.
La ceguera selectiva y el salvataje institucional
Lo que vuelve particularmente grave el juicio de Magdalena Piñera sobre el diputado Daniel Manouchehri no es solo su carácter despectivo, sino la profunda asimetría e hipocresía con la que evalúa el deterioro parlamentario. Al focalizar su condena en un legislador en particular, Piñera pasa por alto con una soltura alarmante los episodios más oscuros y provocadores que proliferan dentro de las filas de su propio sector político.
¿Dónde ha estado la indignación de la élite tradicional frente a los discursos que incitan explícitamente a la violencia o denigran los derechos fundamentales, reiteradamente pronunciados por figuras como Johannes Kaiser? ¿Cuál ha sido la condena hacia las destempladas intervenciones de parlamentarias de su sector como Camila Flores, o la preocupante tolerancia frente a legisladores imputados o condenados por faltas a la probidad y delitos de corrupción? La indignación de la oligarquía no es ética; es de clase y de conveniencia. Se escandalizan frente a la vehemencia de un diputado de oposición que fiscaliza, pero guardan un cómodo silencio cuando la degradación institucional proviene de sus propios pasillos.
Este doble rasero adquiere un tono aún más dramático al observar el telón de fondo de la contingencia política nacional: la evidente y orquestada «operación salvataje» que rodea al caso Audio, con el penalista Luis Hermosilla y el exministro del Interior del gobierno de su padre, Andrés Chadwick, en el centro de la escena. La ciudadanía asiste una vez más al espectáculo de una justicia de dos velocidades. Se trata de una película conocida cuyos precedentes inmediatos aún escocen en la memoria colectiva: desde la impunidad de Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas —quien ni siquiera fue citado a declarar en el marco del caso SQM — hasta las afrentosas «clases de ética» con que la justicia sancionó la corrupción sistemática de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta.
La desfachatez verbal de la élite no ocurre en el vacío. Crece y se alimenta del convencimiento de que sus redes de protección política y judicial son impenetrables. Se permite denostar públicamente a un parlamentario porque, en su fuero interno, percibe que las reglas del juego que aplican para el resto de los ciudadanos no alcanzan a sus redes de afecto e interés.
Epílogo: La urgencia de detener la violencia verbal
Chile atraviesa un momento institucional delicado, donde la confianza en la política y las instituciones democráticas se encuentra en mínimos históricos. En este contexto, el país no resiste ni un gramo más de violencia verbal como la ejercida por Magdalena Piñera. Lo trágico es que los chilenos nos hemos ido acostumbrando de manera anestesiada a este tipo de agresiones discursivas, en una normalización peligrosa que antecedió a los estallidos más profundos de nuestra historia reciente.
Es imposible no recordar la ola de desaciertos y frases indolentes vertidas por los ministros del segundo mandato de Sebastián Piñera en las semanas previas a octubre de 2019: desde mandar a los trabajadores a «madrugar más» para evitar el alza del pasaje, hasta sugerir a los enfermos que hicieran «vida social» en las filas de los consultorios. Aquella desconexión absoluta con la realidad y ese desprecio velado por el ciudadano común terminaron por dinamitar la convivencia social y gatillar una crisis institucional de la que el país aún no logra recuperarse del todo.
La intervención de Magdalena Piñera demuestra que la lección no ha sido aprendida. No podemos permitir que la descalificación clasista y la intolerancia política se consoliden como el estándar del debate público. La democracia chilena pertenece a los millones de ciudadanos que la sostienen a diario con su trabajo y su voto, no a una dinastía ni a una élite que se siente con el derecho patrio de decidir quién es apto para legislar. Exigir respeto, sobriedad y el fin de la arrogancia oligárquica no es solo un imperativo del debate parlamentario: es la condición mínima para evitar que la violencia de las palabras vuelva a traducirse en la fractura irreparable de nuestra sociedad.
La Operación Cancerbero desplegada por el Gobierno trasladó a centenares de internos y convirtió el procedimiento penitenciario en una demostración pública de autoridad encabezada por José Antonio Kast. Simón del Valle analiza qué hay detrás de esa puesta en escena, su dimensión de clase y el riesgo de transformar la seguridad en una frontera política entre quienes respaldan el endurecimiento y quienes cuestionan sus límites
Una operación penitenciaria no necesita convertirse en un acontecimiento televisivo para cumplir su objetivo.
Gendarmería puede trasladar internos de una cárcel a otra sin transmisión en directo, sin gráficas especialmente diseñadas, sin cámaras siguiendo los movimientos de los vehículos y sin que el Presidente de la República aparezca personalmente supervisando el procedimiento.
José Antonio Kast decidió hacerlo de otra manera.
La Operación Cancerbero desplegada este jueves comenzó antes de las siete de la mañana y movilizó a Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones para trasladar internos de alta peligrosidad hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca. El Gobierno informó de centenares de traslados durante la jornada y proyectó superar el millar en los días siguientes. Entre los primeros trasladados había integrantes y líderes de organizaciones criminales.
No hay nada necesariamente objetable en eso.
Separar a cabecillas de organizaciones criminales, impedir que continúen impartiendo órdenes desde prisión y segmentar adecuadamente a la población penal forman parte de las obligaciones elementales de un sistema penitenciario.
La pregunta interesante comienza después:
¿por qué el Gobierno necesitó que todo Chile lo viera?
El “cambio de mano” necesitaba una imagen
La respuesta probablemente comenzó algunos días antes.
En su cadena nacional, Kast anunció una nueva etapa de su Gobierno mediante una expresión cuidadosamente escogida: “la mano ha cambiado”.
La frase prometía autoridad, control y decisión. Pero las frases políticas necesitan adquirir una forma visible.
La ACOT —la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo— contiene proyectos de ley, modificaciones constitucionales, nuevas facultades y reformas institucionales. Todo eso resulta difícil de representar.
Una fila de presos esposados no.
Este jueves, Presidencia activó sus plataformas desde temprano. El traslado fue transmitido por streaming. Kast llegó hasta la Región del Maule acompañado por ministros y supervisó personalmente el despliegue. La puesta en escena fue planificada como parte de la comunicación gubernamental.
Incluso las redes oficiales difundieron posteriormente un video del operativo acompañado por Bye Bye Bye, de NSYNC, bajo un mensaje que contrapuso el crimen con la “máxima seguridad”.
Cancerbero convirtió así una política penitenciaria en una representación del poder.
Policías.
Gendarmes.
Helicópteros.
Vehículos.
Cárceles.
Uniformes.
Presos sometidos al control estatal.
Y, sobre ellos, el Presidente.
La promesa abstracta del “cambio de mano” adquirió finalmente una imagen.
El operativo es real; el espectáculo también
Carolina Tohá calificó Cancerbero como un “espectáculo”. Luis Cordero habló de una puesta en escena “muy al estilo Bukele”. Otros dirigentes opositores utilizaron expresiones semejantes.
Pero limitar la discusión a determinar si fue o no un show puede conducir a un callejón político.
Porque el operativo fue real.
Los presos fueron trasladados.
Entre ellos existen personas consideradas de alta peligrosidad y líderes de organizaciones criminales.
Y la prisión a la que fueron destinados ofrece condiciones para una segmentación y control penitenciario superiores a las de numerosos establecimientos antiguos.
Hay, además, una paradoja política: La Laguna fue inaugurada en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric. Tiene 2.320 plazas y, antes de Cancerbero, utilizaba apenas algo más de 400.
Kast puede entonces responder a sus críticos con un argumento difícil de neutralizar: quizás ustedes construyeron la infraestructura; nosotros estamos utilizándola.
La discusión verdaderamente importante no es, por tanto, operativo o espectáculo.
Pueden ser ambas cosas simultáneamente.
Mostrar autoridad no es necesariamente ilegítimo
Tohá introdujo aquí un matiz relevante.
Mostrar que el Estado tiene capacidad para actuar puede tener una función pública. Una ciudadanía atemorizada por el crimen necesita también percibir que sus instituciones no han perdido el control.
Eso forma parte de la política.
Un Gobierno comunica cuando inaugura un hospital, cuando entrega viviendas, cuando despliega recursos durante una catástrofe y también cuando desarticula una organización criminal.
El problema comienza cuando la comunicación deja de mostrar una política y empieza a sustituir la evaluación de esa política.
Cancerbero demuestra que el Estado puede trasladar centenares de internos.
No demuestra todavía que Chile sea más seguro.
No sabemos aún si disminuirán los delitos ordenados desde las cárceles.
No sabemos cuánto se debilitarán las organizaciones criminales afectadas.
No sabemos si caerán las extorsiones.
No sabemos si disminuirán los homicidios.
No sabemos cuál será el efecto sobre la reincidencia.
Esas son preguntas mucho más difíciles.
Y necesitan meses o años para ser respondidas.
La imagen, en cambio, produce una respuesta inmediata.
El Estado manda. El delincuente obedece.
De la eficacia a la representación
Ahí aparece uno de los rasgos centrales de la nueva política de seguridad.
La eficacia se mide.
La autoridad puede representarse.
Una política penitenciaria eficaz exige estadísticas, investigaciones, condenas, reducción de comunicaciones ilícitas, disminución de reincidencia y capacidad para desarticular estructuras criminales.
La representación del orden necesita otra cosa.
Necesita imágenes.
Y esas imágenes pueden producir una percepción de éxito antes de que existan resultados suficientes para demostrarlo.
No es un invento chileno.
Nayib Bukele comprendió extraordinariamente bien el poder político de las imágenes penitenciarias. Grandes grupos de presos sometidos a una disciplina visual extrema se transformaron en una de las representaciones internacionalmente más reconocibles de su Gobierno.
La comparación con El Salvador no surge únicamente de los críticos de Kast. Antes de asumir, el entonces presidente electo visitó a Bukele y buscó cooperación en materias penitenciarias. El propio Plan Cancerbero presentado durante la campaña proponía aislamiento de líderes criminales, restricciones severas a sus comunicaciones, uniformes obligatorios y un fuerte reforzamiento del control penitenciario.
Kast no necesita copiar íntegramente el modelo salvadoreño para comprender su eficacia comunicacional.
El comienzo de la polarización
Aquí aparece la advertencia de Tohá.
El problema no consiste simplemente en que Gobierno y oposición tengan opiniones diferentes sobre una política penitenciaria.
La polarización comienza cuando la seguridad se transforma en una división moral de la sociedad.
De un lado:
las víctimas, los ciudadanos honestos, las policías, la autoridad, el orden.
Del otro:
los delincuentes, los violentistas, los terroristas.
Hasta allí la distinción todavía parece sencilla.
Pero existe un tercer movimiento.
¿Dónde colocamos a quien cuestiona cómo se ejerce la autoridad?
Ese desplazamiento ya comenzó.
El diputado republicano Agustín Romero acusó esta semana al Frente Amplio y al Partido Comunista de estar “del lado de los delincuentes” y “del lado de los terroristas”.
Entonces la frontera deja de separar únicamente a ciudadanos de criminales.
Empieza a separar políticamente a quienes respaldan determinada concepción de la seguridad de quienes cuestionan sus límites.
El adversario deja de estar simplemente equivocado.
Pasa a ocupar moralmente el campo contrario.
¿Con quién está usted?
Ese mecanismo es extraordinariamente eficaz porque transforma discusiones complejas en preguntas elementales.
¿Está con Carabineros o con los delincuentes?
¿Con las víctimas o con los victimarios?
¿Con quienes ponen orden o con quienes protegen criminales?
Una vez formulado así el debate, preguntar por proporcionalidad, debido proceso, condiciones penitenciarias o límites al uso de la fuerza empieza a necesitar una explicación defensiva.
Y allí desaparece precisamente el espacio de la democracia.
Porque es perfectamente posible sostener simultáneamente que un líder criminal debe ser aislado y que conserva derechos fundamentales.
Es posible respaldar un traslado penitenciario y cuestionar su exhibición pública.
Es posible querer policías eficaces y exigir control sobre su actuación.
Es posible pedir penas severas para delitos graves y defender el debido proceso.
Nada de eso constituye una contradicción.
Salvo cuando la política necesita que lo sea.
La inseguridad tiene clase
Existe además una dimensión social que esta discusión suele ocultar.
La inseguridad no se distribuye uniformemente.
Los sectores de mayores ingresos pueden comprar parte de su protección.
Pueden vivir en condominios con vigilancia.
Contratar alarmas.
Utilizar transporte privado.
Pagar guardias.
Cambiar a sus hijos de colegio.
Incluso trasladarse de barrio.
Quienes viven en sectores donde una organización criminal controla una esquina, recluta adolescentes o disputa territorio mediante balaceras disponen de muchas menos alternativas.
Dependen del Estado.
Por eso existe una verdad que cierta izquierda tardó demasiado en asumir:
la seguridad pública también es un derecho social.
Quien no puede comprar seguridad privada necesita más que nadie una policía eficaz.
Pero el poder punitivo también tiene clase
La otra mitad de esa afirmación es igualmente importante.
Los mismos sectores que dependen con mayor intensidad de la seguridad pública suelen estar también más expuestos al funcionamiento cotidiano del aparato coercitivo.
Controles.
Allanamientos.
Detenciones.
Prisiones.
Procedimientos policiales.
Y tampoco todos disponen de las mismas herramientas cuando el Estado se equivoca.
Una persona con recursos puede contratar inmediatamente abogados y movilizar redes profesionales.
Una familia pobre depende mucho más de que las garantías institucionales funcionen por sí mismas.
Por eso quienes más necesitan un Estado fuerte frente al crimen son también quienes más necesitan límites frente al poder de ese Estado.
La contradicción desaparece cuando observamos a las personas reales.
La misma madre, el mismo hijo
Una madre que vive en una población controlada parcialmente por el narcotráfico puede querer que Carabineros entre a su barrio.
Puede exigir que detenga a quienes disparan.
Que desarticule la banda.
Que recupere la plaza.
Que impida que recluten adolescentes.
Necesita autoridad.
Pero esa misma madre necesita que su hijo no sea detenido arbitrariamente cuando vuelve del trabajo o de estudiar.
Que no sea considerado sospechoso simplemente por vivir allí.
Que si es detenido tenga derechos.
Que si es acusado exista un juicio.
Que si el Estado se equivoca existan mecanismos capaces de corregirlo.
Necesita garantías.
Es la misma madre. Es el mismo hijo.
Pedirles que elijan entre seguridad y derechos significa ofrecerles solamente la mitad de la ciudadanía.
¿Cómo imaginamos al delincuente?
Cancerbero introduce otra cuestión.
Cuando el Estado decide mostrar públicamente al criminal también contribuye a construir una representación social del delito.
El delincuente aparece esposado.
Uniformado.
En prisión.
Sometido físicamente.
Es una imagen poderosa porque transforma una categoría abstracta en un cuerpo visible.
Pero el delito posee muchas otras formas.
Lavado de dinero.
Corrupción.
Fraude.
Delitos económicos.
Redes financieras que permiten operar al narcotráfico.
Esos delitos rara vez proporcionan imágenes semejantes.
No vemos grandes transmisiones presidenciales mostrando las estructuras societarias utilizadas para lavar dinero.
No vemos filas de responsables de sofisticados delitos económicos convertidas en escenografía gubernamental.
No porque esos delitos sean necesariamente equivalentes a los cometidos por quienes fueron trasladados este jueves.
Sino porque no todos los delitos tienen la misma capacidad de representar políticamente el miedo.
Y tampoco todos los delincuentes tienen la misma apariencia social.
Ahí la política del espectáculo penal adquiere inevitablemente una dimensión de clase.
El Estado no está desapareciendo
La coincidencia con otra gran agenda gubernamental resulta sugestiva.
Mientras Cancerbero muestra toda la potencia material del Estado, la megarreforma económica acaba de completar su tramitación.
En ese ámbito, el Gobierno busca reducir impuestos empresariales, entregar estabilidad a grandes inversiones y ampliar espacios para la iniciativa privada.
En seguridad ocurre un movimiento diferente.
Más capacidades policiales.
Más inteligencia.
Más control penitenciario.
Más posibilidades sancionatorias.
Más instrumentos coercitivos.
Son políticas diferentes y sería simplista tratarlas como si fueran una sola.
Pero juntas permiten formular una pregunta:
¿Kast quiere realmente un Estado más pequeño o quiere redefinir los lugares donde el Estado debe retroceder y aquellos donde debe hacerse más poderoso?
Frente al mercado, facilitador.
Frente al crimen, coercitivo.
Frente al inversionista, certeza.
Frente al condenado, disciplina.
No desaparece el Estado.
Cambia de rostro según quién tenga delante.
La política de la fuerza visible
Cancerbero debería ser evaluada.
Si consigue aislar a los líderes criminales, impedir que impartan instrucciones y reducir la capacidad operativa de sus organizaciones, habrá sido una política penitenciaria eficaz.
Si no lo consigue, ninguna transmisión en directo podrá sustituir esos resultados.
Esa distinción será fundamental durante los próximos meses.
Porque Kast parece haber encontrado en la seguridad algo más que una política pública.
Ha encontrado una manera de representar su Gobierno.
La fuerza visible.
El orden recuperado.
El Estado que vuelve.
El Presidente que manda.
Eso puede producir apoyo político, especialmente en una sociedad que siente miedo.
Pero contiene también el riesgo señalado por Tohá: convertir la seguridad en una frontera moral entre ciudadanos.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser si una política funciona.
Pasa a ser de qué lado está quien la cuestiona.
El derecho a estar seguro de ambos
La alternativa democrática no consiste en negar autoridad al Estado.
Consiste en exigirle dos capacidades simultáneas.
Ser suficientemente fuerte para proteger a la ciudadanía frente al crimen.
Y suficientemente controlado para protegerla frente a sus propios abusos.
Para los sectores populares esas protecciones no son rivales.
Son especialmente inseparables.
El vecino que quiere que el narcotraficante salga de su población también quiere que su hijo vuelva seguro a casa.
La seguridad democrática empieza precisamente cuando comprendemos que ambas cosas forman parte del mismo derecho.
Cancerbero puede demostrar que el Estado es capaz de mover presos, desplegar policías y llenar una cárcel.
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