En medio de la severa polémica que se produjo durante la semana pasada y la presente debido a la instrucción emitida por la actual jefa del Programa de Derechos Humanos (entidad dependiente de la Subsecretaría de DDHH), Constanza Garrido, en orden a que los abogados de dicha entidad no apelaran en el caso tres condenados por violaciones a los DDHH que buscan la sustiución de sus penas argumentando razones médicas, esta tarde trascendió un documento firmado por el ministro de hacienda, Jorge Quiroz, en el cual aparece como discontinuado el Programa de DDHH para el año 2027.
Fuentes del mundo de los DDHH dijeron a El Mostrador que “se trata de la misma estrategia que se usó para frenar la expropiación de Colonia Dignidad: argumentar razones económicas”.
El documento firmado por Quiroz, fechado el 21 de abril recién pasado y enviado al gabinete del ministro de Justicia y DDHH, solicita al ministro Fernando Rabat “la formulación del anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 y la programación financiera 2028-2031 de esa secretaría de Estado y sus servicios dependientes o relaciones”, agregando que “el actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”.
Pese a que la gestión presidencial dura cuatro años, el ministro de hacienda solicita planes presupuestarios a cinco años y además se adjunta un listado de programas que “en virtud de los resultados del sistema de monitoreo y evaluación del gobierno central” presentan hallazgos u observaciones, derivados de evaluaciones ex ante, procesos de monitoreo o evaluaciones ex post”.
Tal como figura en la página 11 del documento, se trata de programas de la Defensoría Penal Pública, de Gendarmería, del Servicio nacional de reinserción juvenil, de la subsecretaría de justicia y de la subsecretaría de Derechos Humanos.
Es un total de 25 programas. De ellos, se recomienda efectuar un ajuste presupuestario de “al menos el 15%” en un programa de Gendarmería, en seis del Servicio nacional de reinserción juvenil, en dos de la subsecretaría de justicia y en uno de la subsecretaría de Derechos Humanos.
Además, se recomienda “Descontinuar” (SIC) solo dos programas: el de intermediación laboral para jóvenes sanciones, del Servicio de reinserción juvenil, y el Programa de Derechos Humanos, por un monto de 1.864.030.000 pesos. Asimismo, se propone efectuar un ajuste presupuestario en el Programa de Derechos Humanos de víctimas de violencia institucional.
Continuidad del informe Rettig
El Programa de DDHH es, en síntesis, la continuidad del Informe Rettig, y fue creado en dicho contexto en 1997, con el fin de proseguir con la búsqueda de detenidos desaparecidos, y quedó radicado en el Ministerio del Interior. En 2010, cuando se creó por Ley el Instituto Nacional de derechos Humanos se estableció que el Programa “seguirá prestando la asistencia legal y judicial que requieran los familiares de las víctimas”.
Posteriormente, cuando en 2015 se creó por Ley la Subsecretaría de DDHH, dentro del Ministerio de Justicia, se consagró la existencia del Programa de DDHH, traspasándoselo a la subsecretaría de DDHH “con todas las funciones y atribuciones” que tenía desde 2010.
“Cierta ignorancia”
La abogada Magdalena Garcés, una de las directivas del Programa de DDHH que fue despedida hace algunas semanas por instrucciones del ministro Rabat, dijo a El Mostrador que en función del estatus jurídico del programa, la recomendación de ponerle fin revela “cierta ignorancia de Hacienda”.
Más allá de ello, especifica, “el problema político de fondo es que están desarmando toda la institucionalidad en Derechos Humanos, y el programa de Derechos Humanos, pese a que siempre lo han jibarizado, lo han tratado invisibilizado mucho, se ha mantenido en el tiempo porque es una demanda a las víctimas y una obligación del Estado”.
También, dijo, este hecho “revela a la extrema derecha en todo su esplendor, presentando leyes que favorecen a los más ricos y reduciendo el Estado en materia, justamente, de Derechos Humanos. Es gravísimo, porque además desmiente lo que ha dicho el ministro y el subsecretario de que va haber una política de continuidad en el Plan Nacional ante Búsqueda. ¿Cómo va a haber una política de continuidad si hacen desaparecer el Programa de Derechos Humanos, que el órgano es ejecutor del plan nacional de búsqueda?”, se preguntó.
A su vez, el abogado experto en DDHH Francisco Bustos, planteó que esta recomendación es “la guinda de la torta ante todo lo que hemos sabido”, agregando que con ello, y el desestimiento en las causas en contra del exagente de la DINA César Manríquez, del exoficial de Carabineros Héctor Osses y del exjefede la CNI de Concepción Jorge Mandiola, “están renunciando a hacer uso de sus facultades de intervenir en procesos”, pero que ahora, además, “están dejando sin aplicación la ley, de facto, vulneran otras obligaciones, que son tanto constitucionales como reconocidas en tratados internacionales, en orden a investigar, a juzgar y, en su caso, a sancionar a los responsables de graves crímenes de lesa humanidad”.
Por ello, aseveró que si se llegara a concretar el fin del Programa de DDHH sería ilegal, sobre todo porque “bajo la excusa de la austeridad, lo que quieren es encubrir encubrir un objetivo de impunidad”. Al igual que Garcés, Bustos opinó que “esto también pone en duda la continuidad del plan de búsqueda, pese a las declaraciones del Ministro, porque el Plan de Búsqueda funciona como parte del Programa de DDHH”.
Cabe recordar que el miércoles pasado la Subsecretaría de DDHH emitió un largo comunicado, en el cual aseguraba que las instrucciones emitidas a los abogados del Programa de DDHH querellantes en las causas en contra de los agentes mencionados indicó que “se reafirma la vigencia y continuidad de los planes impulsados por esta subsecretaría”, asegurando que “el programa de Derechos Humanos continúa desarrollando su labor a lo largo del país mediante acciones de búsqueda, acompañamiento sicosocial a familiares, gestión de archivos y documentación, preservación de sitios de memoria y coordinación intersectorial e interinstitucional, así como la asistencia jurídica y el seguimiento de causas judiciales activas”.
La Asociación de Funcionarios del Programa de DDHH (Anfuddhh) reaccionó al hecho indicando, por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, que frente a lo indicado por Hacienda, “la Subsecretaría de Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a este tipo de recomendaciones, recogiendo la preocupación de esta asociación y la relevancia de dar continuidad a esta política pública”.
Ante ello, pidieron a la Dirección de Presupuestos (Dieres) y al Ministerio de Hacienda “retirar la recomendación de descontinuación del programa de Derechos Humanos”, así como que el ministerio encabezado por Jorge Quiroz “manifieste de manera clara, pública y formal su compromiso con la continuidad del financiamiento del Programa de Derechos Humanos”.
Lea el informe del Ministro de Hacienda
Lea el comunicado de la Subsecretaría de DDHH
Lea el desistimiento en el caso La Granja
