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sábado, 16 de mayo de 2026

SITIO DE MEMORIA EN CRISIS POR EL NO PAGO DE FONDOS ASIGNADOS POR LEY DE PRESUPUESTOS

Este viernes, Contraloría aprobó el convenio que permite la transferencia de recursos desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat) al sitio de memoria Parque de la Paz Villa Grimaldi. La aprobación se da después de que el Serpat reingresara a toma de razón el convenio tres veces sin corregir errores “de fondo y de forma”, según la resolución del ente fiscalizador, provocando un atraso de tres meses en el traspaso de fondos a Villa Grimaldi y poniendo en riesgo su funcionamiento. Serpat ingresó por cuarta y última vez el convenio a Contraloría el pasado 8 de mayo, cuando en años anteriores los recursos se transfirieron en febrero. CIPER consultó al Serpat sobre lo informado por Contraloría, pero no hubo respuesta hasta el cierre del reportaje.

La Contraloría General de la República aprobó este viernes 15 de mayo, el convenio que permite la transferencia de recursos a la Corporación Villa Grimaldi desde el Servicio Nacional del Patrimonio y la Cultura (Serpat), luego que este organismo tardó al menos tres meses en subsanar las observaciones presentadas por el órgano contralor, según logró reconstruir CIPER. La corporación que administra el sitio de memoria en el excentro de detención y tortura informó a principio de semana que el atraso en la entrega de los recursos –$416 millones asignados a Villa Grimaldi vía Ley de Presupuestos 2026– les significó una crisis financiera, imposibilitando el pago de remuneraciones y de mantención del museo. 

El oficio de la Contraloría donde se aprobó el convenio especificó que el organismo “ha acompañado el certificado actualizado de rendiciones de cuenta al día y finalmente se subsanaron las múltiples observaciones planteadas durante el estudio del referido acto y de los previos –con diversas numeraciones– que habían sido ingresados en tres oportunidades sin las correcciones de fondo y de forma requeridas conforme a la ley”.  (vea el documento

Antes de que Contraloría aprobara los recursos, CIPER había consultado al Serpat cuáles fueron las observaciones específicas que el ente contralor le había pedido subsanar para continuar con el proceso y así dar curso a la entrega de los recursos. Sin dar detalles, se limitaron a indicar que se trató de reparos “administrativos y jurídicos”. Con posterioridad a la aprobación del convenio por parte de la CGR, este medio volvió a hacer consultas al Serpat, esta vez, para saber por qué reingresaron los convenios de transferencia de recursos a la Contraloría sin haber subsanado las observaciones detectadas por la entidad fiscalizadora. Pero, hasta el cierre de este artículo, el servicio no dio respuesta.

LA HISTORIA

El pasado 8 de mayo, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi –entidad que administra el museo y el sitio de memoria– denunció a través de un comunicado y una conferencia de prensa el retraso en la transferencia de fondos estatales para este año por parte del Serpat. Esto provocó que la corporación no pudiera pagar las remuneraciones de su personal ni hacer frente a gastos de mantenimiento. 

“Tal convenio ha sido devuelto con observaciones al Serpat en tres oportunidades y se ha debido reingresar por una cuarta vez a la Contraloría General de la República”, detallaron desde la Corporación por la Paz Villa Grimaldi a través del comunicado (ver aquí). Asimismo, opinaron que había  “una falta de sentido de urgencia y oportunidad por parte de la Contraloría, institución a la cual respetamos en su labor de fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos”.

A raíz de esta situación, el martes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Senado ofició a la contralora Dorothy Pérez para conocer las razones de este retraso y pedir acelerar el traspaso de los recursos. 

En esa comisión, el presidente de la Corporación Villa Grimaldi, Álvaro Ahumada, criticó la falta de explicaciones sobre lo sucedido: “No tenemos claro cuales pueden ser aquellas modificaciones. En rigor, yo he firmado el contrato cuatro veces. El monto sigue siendo el mismo, la estructura presupuestaria sigue siendo la misma. No hay nada que ponga en cuestión el uso de los fondos”, afirmó.

Usualmente, según arguyen desde el sitio de memoria, la primera remesa correspondiente al presupuesto asignado por Ley de Presupuesto llega a mediados de febrero, por lo que en la actualidad la demora en la entrega de estos recursos suma un atraso de tres meses.

OBSERVACIONES SIN RESOLVER

El 9 de febrero, el convenio del Serpat con la Corporación Villa Grimaldi ingresó por primera vez este año a Contraloría. Pero, según dijo Serpat a CIPER, 16 días después, el 25 de febrero, el convenio fue retirado del proceso de toma de razón a raíz de observaciones que habría hecho el ente contralor (vea las respuestas del servicio a consultas de CIPER). 

Tres semanas después, el 20 de marzo, el Serpat volvió a ingresar el convenio a toma de razón. Sin embargo, el 9 de abril, este fue nuevamente retirado debido a la persistencia de las objeciones planteadas por la Contraloría. El tercer ingreso a toma de razón se produjo 11 días después y fue retirado por el Serpat el 7 de mayo debido a que persistían otra vez las observaciones. 

El cuarto ingreso a toma de razón ocurrió el 8 de mayo y fue aprobado este viernes por la Contraloría, entidad que, a través del oficio en que dio curso al convenio, afirmó que en las tres ocasiones anteriores, el Serpat había enviado el proyecto sin efectuar las correcciones que se solicitaban.

Antes de que la CGR aprobara el traspaso de recursos, el Serpat había admitido a CIPER, que la demora se debía al proceso de toma de razón del convenio y no por falta de recursos: “Los recursos asociados a Villa Grimaldi corresponden a transferencias aprobadas mediante la Ley de Presupuestos 2026 y el retraso en la transferencia no obedeció a falta de disponibilidad presupuestaria por parte del Servicio, sino exclusivamente al proceso de toma de razón actualmente en curso”, dijo el Serpat esa vez. 

Sheinbaum refrenda apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

 

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La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo recibió este viernes en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, a quien describió como “una mujer brillante” y promotora de “la paz con desarrollo y justicia”, cuya candidatura a la Secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es apoyada por México.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de la ex presidenta chilena, quien gobernó en dos ocasiones su país y ha desempeñado cargos de alto nivel en organismos internacionales.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia”, expresó Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal recordó además que hace algunos meses su gobierno anunció el respaldo de México para que Bachelet encabece la Secretaría General de la ONU.

“Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, señaló la presidenta.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional. Bachelet estuvo más temprano en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se reunió con el canciller Roberto Velasco Álvarez.

 

Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

La Jornada

¿Por qué los trabajadores abandonan a la Izquierda? ¿O es al revés?

 

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Desde hace un tiempo hay unas señales que a cualquier observador le llaman la atención; las más recientes han venido del Reino Unido, donde la semana anterior el laborismo (actualmente en el gobierno) sufrió una aplastante derrota en las elecciones locales y en las de las asambleas de Escocia y Gales. Dejemos de lado la cuestión de si el viejo Partido Laborista británico es o no de izquierda; en este análisis no es relevante. Lo que sí es relevante es el hecho de que en numerosas circunscripciones donde vive una mayoría de clase trabajadora, la votación se ha inclinado hacia el más reaccionario de los partidos británicos, el Reform UK, de Nigel Farage. Por cierto, no es un fenómeno nuevo: Marine Le Pen en Francia también goza de popularidad en áreas donde antes campeaba la izquierda. En Estados Unidos, vastos sectores de la clase obrera dieron su respaldo a Donald Trump. En Canadá, en las elecciones del año pasado el izquierdista Nuevo Partido Democrático fue prácticamente barrido y—una vez más—en condados predominantemente obreros, especialmente en Ontario, la provincia más industrializada del país, la votación favoreció al Partido Conservador. Si vemos el panorama electoral de los últimos tiempos en Chile y Argentina, este fenómeno de apoyo masivo a la extrema derecha y el consiguiente abandono de las alternativas progresistas o de izquierda también son muy evidentes.

Sin embargo, cabe preguntarse si lo que estamos viendo también puede plantearse desde el otro lado de la interrogante: por qué la izquierda parece haber abandonado a la clase trabajadora. A lo mejor, entonces, habrá que hablar de un abandono recíproco. Para la clase trabajadora, los partidos de la izquierda ya no parecen hablarle en un discurso que realmente la interprete y recoja sus inquietudes, aspiraciones y esperanzas.  La izquierda se habría convertido en un partido o conglomerado de partidos más, no muy diferente del resto. En algunos países sus dirigentes han incurrido incluso en las mismas prácticas que la izquierda históricamente denunció: el gusto por el poder y la corrupción.

Hay, por otro lado, un factor aún más persistente que se ha extendido en el discurso y la práctica de gran parte de la izquierda a nivel global: el traslado del foco desde la defensa de los intereses de la clase trabajadora a una serie de objetivos, muchos de ellos meritorios sin duda, pero que estarían diluyendo la razón de ser de la izquierda. Peor aún, en muchos casos la izquierda ha terminado asociada a esa modalidad de acción política conocida como el “wokismo” (del inglés woke, despierto), que ha fragmentado y distraído a la izquierda de su meta, llevándola, en cambio, hacia lo que Susan Neiman ha criticado como “tribalismo”.  En su libro La izquierda no es woke, ella ha señalado que el discurso del “wokismo” es confuso porque, si bien evoca emociones que cualquier persona progresista comparte —empatía con los marginados, indignación ante los actos de opresión—, esas emociones son “descarriladas por preceptos teóricos que, en última instancia, las socavan”.  La defensa de la libertad de expresión, una bandera tradicional de la izquierda y de los sectores progresistas, por ejemplo, se ha visto afectada por las políticas de “cancelación” que, en más de una ocasión, han apuntado a individuos de la propia izquierda que disienten de las posturas establecidas por una mayoría circunstancial.

Aunque en principio es correcto que la izquierda agregue a su radio de acción las causas que apuntan a eliminar situaciones de injusticia evidente, como la discriminación racial o la negación de derechos a las mujeres, o el despojo territorial de los pueblos originarios, por ejemplo, ello debe hacerse entendiendo que cada uno de esos fragmentos del tejido social trae consigo también sus propias peculiaridades y potenciales contradicciones.

El reconocimiento del feminismo como una fuerza de cambio social es importante, pero no debe llevar a la ilusión de que no pueda presentar contradicciones con otros grupos que también se alinearían en el campo progresista. La reciente decisión del Comité Olímpico a nivel mundial de no permitir que mujeres transgénero participen en competencias femeninas fue apoyada y aplaudida por la mayoría de las feministas, pero ha sido rechazada —como era de esperar— por los colectivos de mujeres transgénero. (Las mujeres transgénero son las nacidas hombres, cuya identidad psicológica ha sido reconocida como femenina; las transexuales son las que además han hecho su transición completa, habiéndose sometido a la remoción quirúrgica de sus genitales masculinos; aquellas que no han hecho esa transición aún seguirían secretando hormonas masculinas, las que tendrían un efecto que las favorecería en competencias deportivas donde se requiriera velocidad o fuerza—Ese fue el razonamiento para la decisión olímpica, todavía objeto de debate).

El apoyo a la causa de los pueblos originarios—por ejemplo, en Chile, donde a menudo ocurren incidentes de violencia—puede entrar en contradicción con los intereses de los trabajadores del sector forestal que operan en el territorio mapuche. En los hechos, ha habido obreros forestales que han resultado heridos o han perdido sus empleos debido a la situación en la región. Por cierto, la causa de esta situación no radica en las acciones de los mapuches ni en que haya trabajadores que dependan del pago de esas empresas, sino en las políticas implementadas históricamente por sucesivos gobiernos en esa región. A la izquierda, esto le plantea un problema: apoyar la causa mapuche y, al mismo tiempo, proteger los derechos laborales de los obreros madereros, muchos de ellos mapuches también. El gobierno progresista anterior se comportó de un modo muy indeciso, cuando no ambiguo, ante este dilema.

Los derechos de las minorías sexuales, otra causa que la izquierda ha asumido, también han tenido efectos perjudiciales cuando se los ha abordado con el criterio “woke”. Un profesor de psicología en una universidad de Ontario terminó haciéndose famoso por estar en el centro de una polémica por negarse a usar los pronombres que algunos de sus alumnos/as preferían. Una polémica al final trivial terminó en la cancelación del profesor (que desde entonces tampoco se vio muy afectado; ahora gana más dinero dando conferencias y escribiendo libros valiéndose de una condición de víctima de la “izquierda woke”). En realidad, fue más bien blanco de una minoría empeñada en alterar el uso del idioma inglés.

Hablando de lenguaje, nuestro idioma tampoco ha estado exento de las incursiones de algunos fanáticos del “wokismo” que, en realidad, no tienen nada que ver con la izquierda; más bien en este caso la ponen en una situación ridícula en particular cuando en la década pasada surgió la moda de inventar términos aparentemente neutrales para ser inclusivos con aquella minoría de personas que no se identifican ni como hombres ni mujeres (los no-binarios). Así, algunos empezaron a hablar de “compañeres” en una suerte de juego de letras, más parecido a esa canción en la que el estribillo se repetía con cada vocal, “le mer estebe serene…” que a cualquier enfoque político serio sobre el tema. Otros escribían “compañerxs” volviendo locos a los correctores de texto. Afortunadamente, tengo la impresión de que toda esa moda de meter la letra “e” o la pobre “x” a la fuerza, inventando términos que no existen, ha quedado atrás, excepto por aquellos que, sin muchas luces ni mayor educación política o de la otra, siguen gustando de esas modas retro.

El medio ambiente, otra noble causa sin duda, también ha generado más de alguna contradicción para la izquierda, en particular la puesta en marcha de proyectos que generan empleos, especialmente cuando se trata de obras de alta intensidad laboral como la extracción y el procesamiento de recursos naturales, pero que, como contrapartida, pueden tener un fuerte impacto ecológico. Las recientes políticas impulsadas por Donald Trump (Drill, baby, drill!) han estimulado la producción petrolera no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, y seguramente se expandirá en Venezuela, bajo el control virtual de Washington. ¿Dónde situarse aquí? En Canadá y Estados Unidos, los sindicatos apoyan la producción petrolera. Los pueblos originarios están divididos sobre el tema, algunos se oponen por la expansión de oleoductos en tierras indígenas, pero al menos en Canadá, hay naciones indígenas que dan la bienvenida a esas instalaciones porque les proveen empleos y, en algunos casos, beneficios económicos por el pago de royalties por pasar por sus tierras. En Canadá hay al menos un oleoducto que una nación indígena está interesada en adquirir. En Chile, también podría darse esa colisión entre proyectos que generan empleo y los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Para una izquierda que intente satisfacer a distintos fragmentos de su membresía o de su periferia, resulta difícil definir una posición clara sobre todos estos temas, en los que persisten contradicciones. En el ámbito energético, se esgrime a menudo el énfasis en las nuevas tecnologías limpias o verdes para producir electricidad, pero la puesta en marcha de esos proyectos aún toma tiempo, mientras el petróleo y el gas natural están allí, mucho más al alcance de la mano (relativamente hablando, por cierto).  Los derechos de las minorías sexuales son crecientemente reconocidos, aunque episodios de discriminación todavía ocurren. La izquierda debe apoyarlos, pero sin caer en el fanatismo de lenguaje ya explicado. No agrega nada a la conversación, se puede decir.

El foco central, sin embargo, debe seguir centrado en la defensa de los intereses de los trabajadores. Sobre esto, por cierto, debe entenderse que, en general, en muchos países hoy esa clase trabajadora ha cambiado mucho. El término “clase obrera”, por ejemplo, traía a la mente imágenes de trabajadores en usinas, involucrados en trabajo en línea, un poco al estilo del que Chaplin parodia genialmente en su film Tiempos Modernos. Sin embargo, esa imagen ha cambiado en gran medida, pero las demandas e intereses de clase de los trabajadores siguen siendo los mismos, independientemente de que ahora se trate de gente empleada para asear centros comerciales, hacer delivery en motocicletas, conducir buses o trabajar como guardias de seguridad en supermercados. Trabajos que, por su naturaleza, no se ejercen en el mismo ambiente de “socialización productiva” de la industria manufacturera, lo cual, sin duda, incide en que el desarrollo de su nivel de conciencia de clase sea más tortuoso. A ellos hay que agregar la creciente masa de profesionales empleados, ya sea del Estado —como profesores, asistentes sociales o personal médico— o de empresas privadas —como periodistas, ingenieros o contadores—, que también califican como trabajadores, aunque algunos no siempre se vean en tal categoría.

Sí, hay que admitirlo, en su afán de incluir una variedad de sectores y temas programáticos, la izquierda—no sólo en Chile, sino a nivel casi mundial—ha descuidado el segmento social fundamental para su programa a largo plazo: una sociedad socialista. Otros segmentos pueden sumarse de buena fe y en buena onda a ese objetivo (el capitalismo es el mayor destructor de la naturaleza, y eso los medioambientalistas deben entenderlo); otros pueden ser más indiferentes a la meta del socialismo (¿Cómo ha sido el trato a las minorías sexuales en los proyectos socialistas que existen o han existido? Quizás la respuesta no satisfaga mucho a ese segmento).  En todo caso, la estridencia del “wokismo” no le ha hecho gran favor a la izquierda. Hasta se podría decir que el “wokismo” es a la izquierda lo que el grotesco personaje Bizarro es a Superman: un fallido intento de duplicación.  En ese sentido, en más de una ocasión, este accionar “woke” ha hecho que las propuestas serias de la izquierda sean objeto de ridículo y que la clase trabajadora, el sector que naturalmente debería apoyar a la izquierda se sienta abandonada por una fuerza política que, en algunos países, hace de sus programas políticos una suerte de bazar donde se ofrece de todo a todos, sin advertir las contradicciones que pueden surgir entre los receptores del mensaje, y al final, sin responder a las necesidades de quienes debieran ser su principal foco de atención.

 

Sergio Martínez

(desde Montreal, Canadá)

Exdiputado UDI Joaquín Lavín León seguirá en prisión preventiva tras rechazo de su recurso de amparo. Está acusado de corrupción

 16 May 2026

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva en contra del exdiputado UDI Joaquín Lavín León tras rechazar el recurso de amparo presentado por su defensa.

Lavín se encuentra en prisión preventiva desde el viernes 8 de mayo, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar en el marco de la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil con un eventual perjuicio de 104 millones de pesos. 

El exdiputado cumple la medida cautelar en el anexo Capitán Yáber.

La Corte apuntó a que la revisión de la medida cautelar debía ser revisada a raíz de un recurso de apelación y no un recurso de amparo.

De acuerdo con la resolución, el recurso de amparo -previsto en el artículo 21 de la Constitución Política-  no tiene lugar ya que "es un mecanismo excepcional de tutela urgente de la libertad personal y de la seguridad individual, y no una vía general de revisión de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunal competente dentro de un procedimiento legalmente tramitado".

"La pregunta a responder sería ¿qué alegación formulada por la defensa en el recurso de amparo no podría revisarse y discutirse en un recurso de apelación de la medida cautelar? La respuesta es clara, todas las alegaciones pueden resolverse en la audiencia de revisión de cautelares derivada del ejercicio del recurso de apelación contemplado en el artículo 149 del Código Procesal Penal", señala el fallo del recurso presentado por la defensa de Joaquín Lavín. 

Además, desde el tribunal indicaron que "en el plano formal, de los antecedentes tenidos en consideración resulta que la resolución impugnada que dispuso la prisión preventiva del imputado Lavín León emanó de un juez competente, fue dictada en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales, en audiencia contradictoria, previa formalización y luego de extensa exposición de antecedentes por parte del Ministerio Público, querellantes y defensas", por lo tanto, "ésta se encuentra debidamente fundada"

jueves, 14 de mayo de 2026

LA ENTONCES SUPREMA PIDIÓ A LA JUEZA PORTEÑA QUE VOTARA POR CARLOS SWETT, LO QUE HOY INDAGA LA FISCALÍA

 

La llamada que hizo Vivanco a ministra de la corte de Valparaíso para intervenir en el concurso para conservador de Viña del Mar

14.05.2026

Por Paulina Toro y Catalina Olate

La investigación del Comité de Ética de la Corte Suprema sustentó la idea de que Ángela Vivanco intercedió, en 2022, en el concurso para dirigir el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. CIPER reconstruyó los pasos de la exsuprema en ese nombramiento y constató que la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, recibió una llamada de la entonces suprema para que votara por Carlos Swett, quien postulaba a ese cargo. Según esos antecedentes, Vivanco le señaló que ella y otras personas lo estaban ayudando y que si no votaba por él como primera opción, al menos lo hiciera en segundo orden. Quezada no votó por Swett, lo que le hizo saber a Vivanco en la misma llamada. Ella y Swett ya prestaron declaración ante la fiscalía de Valparaíso. Hasta ahora se sabía que Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, había tenido contactos con Swett relacionados con ese concurso y que el hermano de la exjueza, Arturo Vivanco, estuvo contratado en la Asociación de Notarios y Conservadores, de la que Swett era presidente.

El 26 de marzo pasado, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, declaró ante la fiscalía regional de Valparaíso. Pocos días después, el conservador de bienes raíces de Concón y presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, también compareció para entregar su testimonio. Ambas declaraciones quedaron bajo reserva. 

Según información constatada por CIPER, los antecedentes revisados en la Comisión de Ética de la Corte Suprema que dieron origen al proceso de  remoción de Ángela Vivanco del Poder Judicial en 2025, contenían un dato que se relaciona con estas citaciones que ha hecho ahora el Ministerio Público: que Vivanco llamó a la ministra Quezada para pedirle su voto para Swett, entonces notario de Quilpué, quien postulaba al Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. 

Según explican conocedores de la información allegada en su momento hasta la Comisión de Ética -que integraron los supremos Gloria Ana Chevesich, Ricardo Blanco y Andrea Muñoz-, como los ministro de corte tienen la facultad para emitir tres votos en estos concursos, Vivanco le pidió a Quezada que si no lo hacía por Swett en primera instancia, al menos lo hiciera como segunda opción. Y que con su tercer voto apoyara a otro postulante cercano: el ahora conservador de Chillán e imputado en la trama bielorrusa, Yamil Najle. 

Quezada le hizo saber a Vivanco, en la misma llamada, que no votaría por Swett. Los antecedentes públicos de ese concurso indican que, efectivamente, no lo hizo. Y no solo no estampó su voto para Swett en la primera votación donde eligió a otros tres candidatos (a Luis Enrique Fischer, Fernando Manterola y Jorge Osnovikoff), sino que tampoco lo hizo en las dos votaciones siguientes efectuadas ese mismo 26 de septiembre de 2022, por no haber votación suficiente para conformar la terna. En esas dos instancias, Quezada optó por Osnovikoff. 

Fuentes ligadas al mundo notarial de la Región de Valparaíso, explican que la ministra no tiene buena opinión del conservador Swett y que a partir de eso fue que Vivanco se habría desplegado para conseguir su voto. De igual modo,  Swett sí quedó en terna pero con solo 8 votos, mientras que Fischer obtuvo 14. 

Un hecho que complica el rol de Vivanco en esta nominación es que, tal como señaló CIPER en 2024, el hermano de la exministra, Arturo Vivanco, trabajó en la Asociación de Notarios y Conservadores, labor que desempeñó cuando Carlos Swett ya era presidente. Según registros, la última boleta emitida por el hermano de la exministra fue en febrero de 2022, cinco meses antes de que se abriera el concurso para conservador de Viña del Mar. En la asociación de notarios, en tanto, existe inquietud respecto al flanco judicial que Swett tiene abierto producto de esta causa. No solo debió comparecer ante la Comisión de Ética en 2024, sino que, ahora, ante la fiscalía. 

Cuando se tramitó la remoción de Vivanco, se tomó en cuenta un dato también publicado por CIPER: que Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, se había inmiscuido en el concurso para esa nominación a conservador en Viña del Mar. Y que había hecho una llamada justamente a Carlos Swett. Según explican conocedores de ese concurso, en vista de que el notario Swett no tenía posibilidades para conseguir ese cargo -no solo porque Quezada no accedió a votar por él, sino porque la mayoría de los jueces estaban con el postulante Luis Fisher-, Migueles le sugirió a Swett que se bajara, algo a lo que no accedió. Lo que no está claro es si su designación en Concón tuvo relación con Migueles o con Vivanco. Y solamente existe un antecedente: en la resolución de remoción de Ángela Vivanco se señala que ella reconoció haber intercedido en su designación en Concón. 

CIPER tomó contacto con la ministra Quezada para saber si informó a la fiscalía el contenido de la llamada de Vivanco cuando fue citada a declarar. Sin embargo, la jueza declinó hacer comentarios. 

Asimismo, Swett ha señalado públicamente que nunca pidió a Vivanco que intercediera por él. Y al ser consultado, confirmó que prestó declaración por estos hechos ante el Ministerio Público. 

INQUIETUD EN LA ASOCIACIÓN DE NOTARIOS Y CONSERVADORES

Swett, Vivanco y Migueles se conocen porque los tres formaron parte del llamado “grupo de Las Tacas”, el que integran autoridades del Poder Judicial que se juntaban en el balneario del mismo nombre. En estos se incluye al notario Francisco Leiva y al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a quien ahora se le abrió un cuaderno de remoción.  La Comisión de Ética describió así la relación de la exministra, su pareja y el conservador: “Existía cercanía entre el señor Swett y la ministra Ángela Vivanco y su pareja, señor Gonzalo Migueles, manifestada en diversos encuentros sociales”.     

A inicios de mayo pasado, según testigos, se llevó a cabo una reunión del directorio de la Asociación de Notarios donde se habló de su presidente, Carlos Swett. Hay dos versiones de lo sucedido en esa instancia. La primera, que algunos directores le dijeron al presidente que era mejor que diera un paso al costado, razón por la cuál desde ese día su calidad es de “congelado” en el cargo. Y la segunda, que el mismo conservador de Concón se “autocongeló” para tomar unas vacaciones, por lo que sigue como presidente. CIPER no recibió respuesta de Swett respecto de este punto. Y según fuentes vinculadas a la asociación, hay un sector de sus miembros que no recibió de buena manera el que haya declarado en una causa por su nombramiento. Según esta misma versión, Swett no habría notificado formalmente sobre su citación, lo que molestó a algunos integrantes. 

Asimismo, luego de que CIPER revelara que Swett tiene vínculos con la senadora RN, Camila Flores, hoy investigada por presunto fraude al fisco, la inquietud interna respecto a Swett creció. Esto, considerando que notarios y conservadores lidiaron una dura batalla legislativa en los últimos años -en la que desplegaron un intenso lobby ante parlamentarios- por la reforma a la Ley 21.772, que regula la labor de notarios y conservadores.  

Un hecho que llamó la atención a algunos integrantes de la asociación ocurrió este lunes 11, cuando la agrupación se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Según se ve en las imágenes difundidas por el Poder Judicial, la entidad gremial fue representada en ese encuentro por el conservador de Santiago, Carlos Miranda, quien se presentó como presidente subrogante de la asociación. Sin embargo, en la misma reunión también estaba Carlos Swett, aunque participó solo como integrante de la agrupación (vea ese registro).   

Dato desconocido: Subsecretaria de Prevención del Delito fue sancionada por usar su cargo en conflicto personal de su pareja con Carabineros. Es la funcionaria que llamó al "auto cuidado" cuando los asalten o roben

 14 May 2026

Una desconocida sanción administrativa afecta a la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, por un episodio ocurrido cuando se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público.

La subsecretaria, militante del partido que preside Johannes Kaiser, el Nacional Libertario y que habría renunciado para acceder al cargo, es la funcionaria que envio a los chilenos al "auto cuidado" cuando los delincuentes nos vayan a asaltar, realizar un portonazo o un hecho de mayor gravedad.

De acuerdo con antecedentes obtenidos, Quintana fue sancionada con una “amonestación privada” luego de intervenir en un conflicto personal de su entonces pareja, el abogado Andrés Morales Soza, ante Carabineros y guardias municipales de Lo Barnechea.

El hecho ocurrió en junio de 2019, cuando Carabineros recibió un llamado por una situación vinculada a una medida cautelar y una orden de alejamiento. Según el parte policial, Quintana se habría identificado como fiscal y habría exigido la entrega de un documento que, a su juicio, se encontraba adulterado.

La investigación interna en el Ministerio Público terminó con una sanción administrativa, la que fue confirmada en enero de 2020 por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, quien rechazó la apelación presentada por Quintana, según un reportaje de Canal 13.

El caso vuelve a generar debate debido al actual cargo que ocupa la autoridad en el Gobierno, especialmente por tratarse de una repartición vinculada directamente a la seguridad pública y la prevención del delito.

La resolución concluyó que la entonces fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, en un episodio que hoy vuelve a poner bajo la lupa los estándares de probidad exigibles a las autoridades públicas.

El propio fiscal regional, Héctor Barros, ordenó la reapertura del caso, en el que finalmente se le formularon cargos.

“En dicho lugar utilizó su cargo como fiscal adjunto del Ministerio Público, con el objeto que el conserje le entregara el acta de una notificación de medidas cautelares que pesaba en contra de su pareja (...) y así llevársela del lugar. A su vez, luego de que concurrieran los empleados de Seguridad Municipal (...), doña Ana Quintana Olguín se volvió a presentar como fiscal adjunto del Ministerio Público para insistir en llevarse el documento antes indicado”, dice la resolución.

Se consignó, además, que “luego de transcurrido un tiempo, llegaron los funcionarios de Carabineros (...) donde doña Ana Quintana Olguín se presentó en una tercera ocasión como fiscal adjunto del Ministerio Público, esta vez para que funcionarios policiales le tomaran una denuncia por el delito de falsificación de Instrumento Público. Con ocasión de los hechos indicados, doña Ana Victoria Quintana Olguín infringió la normativa contenida en el art. 63 letra g) de la Ley N°19.640,orgánica constitucional del Ministerio Público, norma que a su vez está descrita en el art. 40 letra g) del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público ‘usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones’”.

Los descargos de Quintana y su expareja
En el proceso, la hoy subsecretaria realizó sus descargos y rechazó haber incurrido en faltas administrativas.

“En virtud del insistente hostigamiento al que había sido sometida previamente por parte de todos ellos (carabineros y guardias municipales) para averiguar respecto de mi condición o no de Fiscal, les señalé expresamente a ellos que ella (la función) era indivisible, por lo que me daba lo mismo que me dijeran que si era Fiscal o no y que iba a denunciar”, expuso en el sumario.

Además, agregó que “en ejercicio de un derecho como ciudadana a que se tome una denuncia y la negativa de los funcionarios a hacerlo en razón de su cargo es que expresamente contesta que da lo mismo si es o no Fiscal y que dispone de 12 horas para denunciar un hecho constitutivo de delito”.

El conflicto ocurrió en medio de un proceso de separación de su entonces pareja, Andrés Morales, abogado que ha representado distintas causas, entre ellas algunas en defensa de imputados por tráfico de drogas.

Es más, de acuerdo al listado de Contraloría en el cual se registran los abogados que alegan causas de la Ley 20.000, Morales Soza aparece en 169 procesos.

La resolución final
A pesar de sus descargos, la sanción sobre la entonces fiscal Quintana fue confirmada. El fiscal regional Barros formuló cargos, ella apeló ante la Fiscalía Nacional, y finalmente, el organismo central del Ministerio Público, resolvió en contra de la abogada.

En la resolución, el exfiscal nacional, Jorge Abbott, expuso: “Particular cuidado en el uso de su autoridad o cargo deben tener los fiscales del Ministerio Público, porque en ellos se reúne la doble calidad de funcionarios públicos y autoridades de la República. Esa condición, hace exigible un comportamiento acorde a la dignidad del cargo, en el cual siempre debe prevalecer en forma exclusiva el interés público, propio de la función que desempeñan”.

Agregó que “en los hechos que se investigan en este sumario administrativo se concluye que la fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, al requerir del conserje del edificio, la entrega del acta de actuación-notificación que afectaba a su actual pareja, completamente ajena a sus funciones como fiscal adjunta de la Fiscalía de San Miguel”.

Por lo mismo, el exfiscal nacional decidió sancionar a Quintana con una “amonestación privada”, lo que significa la sanción disciplinaria más leve que se aplica a fiscales, y que se traduce como una reprensión verbal y confidencial.

¿Delatores o "sapos"? Proposición del Gobierno busca que hospitales, consultorios, colegios y escuelas denuncien a migrantes irregulares para buscar expulsarlos

 14 May 2026

Una nueva propuesta del Gobierno en materia de migración se dio a conocer en las últimas horas. La iniciativa obliga a distintas instituciones públicas y privadas a revelar a las autoridades información de migrantes en situación irregular cuando estos se presenten a hacer un trámite. 

El Ejecutivo ingresó esa indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones, y apunta a que servicios de salud y educación, entre otros, entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.

La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de ese proyecto en la comisión de Gobierno del Senado.

De acuerdo al citado medio, en caso de aprobarse, organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles se verían obligados a revelar antecedentes de extranjeros indocumentados. 

La idea del Ejecutivo es aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar trámites, para identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.

Algunos datos que el Gobierno podría solicitar posterior a esas instancias figuran domicilio, teléfono, y correo electrónico, entre otros. 

"El sistema de salud está superado" 

"Si vienen adultos con niños, ¿quién colabora en la educación de los niños? Cuando uno tiene una red de apoyo, uno puede pedir la colaboración...", fueron parte de las palabras que entregó el Presidente Kast al ser consultado sobre este tema. 

"Cuando llegaban los extranjeros con niños menores de edad, el Estado tenía que hacerse cargo. Han pasado muchos años, algunos no se han documentado en todas las oportunidades que se han dado y eso tenemos que ir analizándolo", argumentó el mandatar

Kast agregó que el sistema de salud "está superado", por lo que se debe "ir priorizando siempre a los más vulnerables, pero tenemos que saber bien quiénes son". 

"En Chile hay multiplicidad de maneras de reconocerse a través del RUT, de un número especial en salud, de un número especial en educación. Bueno, eso va a cambiar", añadió. 

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