El juicio de Salomón

OPINIÓNArchivo

11 julio, 2026

Por : Guillermo PickeringAbogado, exsubsecretario del Interior y de Obras Públicas.

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La pequeñez ha dejado de ser un defecto individual para transformarse en una forma de hacer política. Se celebra la humillación del adversario. Se confunde la firmeza con la incapacidad de dialogar. Se considera una traición o cobardía  cualquier intento de entendimiento. La pureza ideológica ha ree

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Cuenta el Antiguo Testamento que dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón disputándose la maternidad de un niño recién nacido. No existían testigos ni pruebas que permitieran discernir cuál de las dos decía la verdad. Solo dos relatos incompatibles y un juez obligado a decidir.

Entonces Salomón pronunció una sentencia desconcertante. Ordenó traer una espada y dividir al niño en dos partes, entregando una mitad a cada mujer.

Una de ellas aceptó la solución. La otra se derrumbó. Renunció inmediatamente a su derecho y pidió que el niño fuera entregado vivo a la otra mujer. Prefería perderlo, antes que verlo morir.

Fue entonces cuando Salomón comprendió que no necesitaba más pruebas. La verdadera madre no era la que reclamaba con mayor fuerza. Era la que estaba dispuesta a renunciar a su maternidad con tal de salvar la vida del hijo.

Desde hace casi tres mil años, esa escena constituye una de las más profundas lecciones sobre la naturaleza humana. El amor verdadero no destruye aquello que dice amar. Antes renuncia a sí mismo.

Chile parece haber llegado a un momento semejante.

Hace demasiado tiempo que contemplamos una política donde todos aseguran amar al país mientras, al mismo tiempo, lo someten diariamente a una interminable disputa de pequeñas ventajas, vetos recíprocos, agravios y descalificaciones. Cada sector proclama ser el único intérprete de la voluntad nacional. Cada uno acusa al otro de representar el peligro definitivo. Todos dicen defender a Chile. Sin embargo, el país aparece cada día más dividido, más cansado y más inmóvil.

Quizás la pregunta ya no sea quién tiene la razón. La pregunta es quién está dispuesto a perder una parte de esa razón para que Chile no siga desangrándose.

Hace apenas unas décadas, los chilenos discutíamos apasionadamente sobre el camino que debía seguir el país para alcanzar el desarrollo, pero existía un supuesto que casi nadie ponía en duda: todos pertenecíamos a una misma comunidad política. Éramos adversarios, nunca enemigos. Competíamos por conducir una casa que reconocíamos como nuestra, propiedad de todos.

Hoy, esa convicción se ha debilitado peligrosamente.

Vivimos en países paralelos. Cada grupo ha construido su propio relato, sus propios héroes, sus propias víctimas y hasta sus propios hechos. Lo que para unos constituye una evidencia, para otros es una manipulación. Lo que unos celebran, otros lo consideran motivo de vergüenza. Ya no compartimos únicamente opiniones distintas; comenzamos a habitar realidades distintas.

Quizá esa sea la fractura más grave de todas.

Porque una democracia puede sobrevivir al desacuerdo. Lo necesita. Incluso puede fortalecerse en la controversia, cuando esta se desarrolla dentro del respeto mutuo. Lo que ninguna democracia puede soportar indefinidamente es la desaparición del reconocimiento recíproco. Cuando dejamos de ver en quien piensa distinto a un compatriota y comenzamos a verlo como una persona o un grupo que hay que aplastar, la política deja de ser una conversación sobre el bien común y se convierte en una disputa entre tribus que solo aspiran a imponerse unas sobre otras.

Entonces, el país deja de existir como proyecto compartido. Permanece el territorio, permanecen las instituciones, permanece la bandera. Pero desaparece aquello que les da sentido: la voluntad de vivir juntos.

Por eso la pregunta pertinente no es simplemente quién gobernará Chile. La pregunta es mucho más elemental: ¿Seguimos creyendo que existe un “nosotros” llamado Chile? ¿O hemos llegado al extremo de preferir la derrota del país antes que aceptar el éxito de quienes no piensan como nosotros?

El juicio de Salomón vuelve entonces a adquirir una actualidad inesperada. El niño no pertenece a ninguna de las dos mujeres. La patria tampoco pertenece a ningún partido, a ninguna generación ni a ninguna ideología. Es un bien que todos recibimos y que todos estamos obligados a entregar, íntegro, a quienes vendrán después de nosotros.

Porque existen diversas maneras de creer que se ama a la patria. Una consiste en reclamar permanentemente su propiedad moral, convencido de que solo uno posee la verdad suficiente para gobernarla. La otra acepta que ninguna generación, ningún partido y ninguna ideología agotan la riqueza de un país cuya historia siempre ha sido más amplia que cualquiera de sus gobiernos.

Durante los mejores momentos de nuestra historia predominó esa segunda actitud.

La Independencia reunió sensibilidades distintas bajo un propósito superior. La colonización del sur impulsada por Vicente Pérez Rosales fue una empresa nacional, antes que partidista. La expansión minera, la construcción de puertos, caminos y ferrocarriles, la reducción de la mortalidad infantil, la reforma agraria, la recuperación democrática después de 1990, incluso la paciente construcción de instituciones respetadas dentro y fuera de Chile, fueron posibles porque hubo generaciones capaces de anteponer el país a sus propias querellas.

No estaban de acuerdo en todo. Ni siquiera en mucho. Pero comprendían algo esencial: cuando una nación pierde la capacidad de construir propósitos comunes, comienza lentamente a consumir su propio futuro.

Hoy ocurre exactamente lo mismo.

La pequeñez ha dejado de ser un defecto individual para transformarse en una forma de hacer política. Se celebra la humillación del adversario. Se confunde la firmeza con la incapacidad de dialogar. Se considera una traición o cobardía cualquier intento de entendimiento. La pureza ideológica ha reemplazado al sentido de Estado.

Mientras tanto, los problemas reales permanecen intactos. La vivienda se aleja de los jóvenes. La delincuencia altera la vida cotidiana. El crecimiento económico se debilita. La natalidad cae. El envejecimiento avanza. La confianza desaparece. Y una generación completa comienza a acostumbrarse a vivir sin un horizonte compartido.

La igualdad y el crecimiento, por ejemplo, han sido presentados como enemigos irreconciliables. Sin embargo, la experiencia demuestra exactamente lo contrario. Son las dos caras de una misma moneda. Cuando una sociedad deja de crecer, también deja de generar oportunidades para distribuir. Cuando abandona la igualdad de oportunidades, termina frenando su propio crecimiento. Avanzan juntas o se paralizan juntas.

Tal vez ha llegado el momento de que los ciudadanos ocupemos el lugar de Salomón.

No para dividir el país, sino para descubrir quién está dispuesto a salvarlo.

Porque la verdadera grandeza política nunca ha consistido en vencer al adversario. Consiste en negarse a sacrificar a Chile para derrotarlo.

Quien prefiera que el país fracase antes que reconocer algún mérito en quienes piensan distinto, quizá gane una elección. Pero habrá perdido algo infinitamente más importante: habrá demostrado que nunca fue la verdadera madre.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

¿Quién decide y quién ejecuta? Élites, coerción estatal y violencia política en la historia de Chile.

Recreación de la Matanza Laja San Rosendo.

TEXTOS DESTACADOS

By José Cácer.es S  11 Julio, 2026  

Tiempo de lectura aprox: 8 minutos, 44 segundos

Una aproximación sociológica a la utilización de las fuerzas armadas y policiales en la preservación del poder político y económico de la clase dominante.

 

La relación entre poder, dominación y coerción constituye uno de los problemas clásicos de la sociología histórica y la filosofía política. Desde la formación de los Estados modernos hasta los conflictos sociales contemporáneos, la utilización de la fuerza organizada ha desempeñado un papel central en la preservación de determinados ordenamientos políticos, económicos y culturales; en otras palabras, en la mantención y reproducción del statu quo. Sin embargo, más allá de las explicaciones centradas en las instituciones o en las élites dirigentes, persiste una interrogante fundamental: ¿quiénes toman las decisiones que conducen al uso de la coerción y quiénes asumen los costos humanos de ejecutarla?

Karl Marx y Friedrich Engels sostuvieron que la historia de las sociedades humanas ha estado marcada por la confrontación entre grupos sociales con intereses contrapuestos. Según los autores, «la historia de todas las sociedades ha sido la historia de luchas entre las clases que la componen. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, gremiales y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos, han estado siempre en oposición directa» (Marx & Engels, 2023, p. 31). Desde esta perspectiva, los conflictos políticos no constituyen fenómenos aislados, sino manifestaciones de disputas estructurales vinculadas a la distribución del poder, la riqueza y los recursos materiales. En consecuencia, las instituciones estatales y los mecanismos de coerción pueden ser comprendidos como expresiones históricas de las relaciones sociales y de las tensiones derivadas de la organización desigual de la sociedad.

Una aproximación complementaria fue desarrollada por Weber (2007), quien definió al Estado moderno como “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio…, reclama —con éxito— para sí el monopolio de la violencia física legítima” (p. 10). Esta formulación permite comprender que la acción coercitiva no representa una anomalía dentro de la vida política, sino una característica constitutiva de la organización estatal moderna. Bajo esta premisa, una pregunta crítica permanece abierta: ¿quiénes ejercen materialmente esa violencia y en beneficio de qué proyecto político o social?

En América Latina, esta problemática adquiere características específicas. Mariátegui (2007) observó que las repúblicas surgidas tras los procesos de independencia conservaron importantes estructuras de dominación heredadas del período colonial. Para el autor, las élites económicas mantuvieron posiciones privilegiadas dentro de los nuevos Estados nacionales, reproduciendo formas de subordinación social bajo marcos institucionales renovados. Consecuentemente, las tesis del pensador peruano abren un espacio fértil para examinar críticamente la articulación entre el poder económico, el aparato estatal y los despliegues de coacción en la historia latinoamericana.

La historia de Chile constituye un escenario particularmente significativo para abordar estas cuestiones. Durante el siglo XIX, las movilizaciones impulsadas por Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad expresaron tempranamente las tensiones entre proyectos democratizadores y estructuras oligárquicas consolidadas. Fundada en 1850 por Bilbao y Santiago Arcos, la organización promovió demandas de participación política, igualdad ciudadana y ampliación de derechos, siendo posteriormente reprimida por el gobierno de Manuel Montt, situación que culminó con la persecución y exilio de varios de sus dirigentes (Grez Toso, 2007a). Este episodio anticipó conflictos que reaparecerían recurrentemente en la historia social chilena.

Las transformaciones económicas y sociales asociadas a la denominada cuestión social profundizaron estas tensiones. Diversos estudios han demostrado que las movilizaciones obreras y populares de comienzos del siglo XX fueron enfrentadas mediante mecanismos de control y represión que involucraron activamente a las fuerzas armadas y policiales. Las matanzas de Valparaíso en 1903, la denominada Huelga de la Carne en Santiago en 1905, los sucesos en plaza Colón de Antofagasta en 1906 y la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 constituyen algunos de los episodios más emblemáticos de este proceso (Grez, 2007b). Investigaciones históricas han señalado que la utilización de mecanismos coercitivos por parte del Estado no se limitó a los conflictos obreros de comienzos del siglo XX, sino que continuó manifestándose bajo distintas formas a lo largo del siglo pasado y comienzos del siglo XXI (Salazar, 2006). Como señala Grez (2007b), la respuesta estatal frente a las demandas populares combinó mecanismos de exclusión política con el uso recurrente de la fuerza para preservar la estructura social existente.

Esta dinámica de violencia institucionalizada encuentra un sólido correlato teórico en la sociología del Estado de Pierre Bourdieu (1997), quien conceptualiza al Estado no solo como un aparato administrativo, sino como un “meta-campo” donde se concentra el monopolio de la violencia física y, fundamentalmente, de la violencia simbólica legítima. Bajo esta lectura analítica, las matanzas obreras ejecutadas por las fuerzas armadas chilenas no constituyeron meros excesos de fuerza bruta, sino la activación de la violencia de Estado como la última ratio para resguardar las estructuras de dominación oligárquica. La intervención militar opera aquí como un mecanismo de imposición soberana que busca naturalizar el orden social vigente, despojando a los sectores subalternos de toda capacidad legítima de contestación política (Bourdieu, 1997).

Esta articulación entre la violencia oficializada y la preservación del modelo social permite dialogar estrechamente con las teorías de la dominación de la tradición marxista occidental. Así, desde un enfoque teórico convergente, Gramsci (2013) sostuvo que los grupos dominantes no conservan su posición de supremacía exclusivamente mediante la coerción, entendida como el ejercicio organizado de la fuerza, o, desde una interpretación más rígida, como una manifestación material de la violencia, sino también mediante mecanismos de legitimación cultural e ideológica capaces de construir consenso (hegemonía). La escuela, la prensa, las instituciones religiosas y, posteriormente, los medios masivos de comunicación desempeñan un papel relevante en este proceso. Sin embargo, cuando el consenso resulta insuficiente para contener los conflictos sociales y el poder hegemónico se debilita, la coerción reaparece como el instrumento destinado a preservar el sistema político y económico imperante.

El estudio gramsciano se vislumbra en las transformaciones experimentadas por Chile durante la segunda mitad del siglo XX, periodo que ofrece nuevos elementos para esta discusión. Diversas investigaciones han documentado que el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar contaron con el respaldo de importantes sectores empresariales nacionales, los cuales – actuando como un poder fáctico – recibieron apoyo político, financiero y estratégico del gobierno de Estados Unidos. Al respecto, la historiografía basada en archivos oficiales desclasificados evidencia la participación de agencias estadounidenses en operaciones destinadas a impedir la consolidación del gobierno de Salvador Allende y favorecer las condiciones para su derrocamiento (Central Intelligence Agency, 1970, 2000; Kornbluh, 2013). Materializado coercitivamente el quiebre institucional, estos sectores empresariales contaron con las condiciones para realizar profundas modificaciones en la estructura económica nacional. En ese sentido, Mönckeberg (2001) ha demostrado que los procesos de privatización desarrollados durante dicho período favorecieron el fortalecimiento de importantes grupos económicos privados, generando una significativa concentración de la propiedad y de los recursos estratégicos. De este modo, la utilización de la fuerza estatal y la reestructuración económica aparecen históricamente vinculadas dentro de un mismo proceso e interés político de la clase que domina la esfera social.

Con todo, el propósito central de este trabajo no consiste únicamente en examinar a las élites económicas o políticas que impulsan determinados proyectos históricos. La atención se dirige también a cómo la clase en el poder dicta directrices para que sean ejecutadas materialmente y, a su vez, obedecidas por conscriptos, soldados, marineros, suboficiales y carabineros. En tal sentido, Mills (1987) señaló que las decisiones fundamentales en las sociedades modernas tienden a concentrarse en grupos reducidos de poder económico, político y militar, mientras que su ejecución recae sobre estructuras jerárquicas compuestas por actores situados en niveles inferiores de decisión. A ello se suman investigaciones sobre memoria histórica y justicia transicional que han mostrado cómo las consecuencias judiciales, sociales y psicológicas de los procesos de violencia política suelen recaer de manera diferenciada sobre los distintos actores involucrados, afectando principalmente a los ejecutores de bajo rango en comparación con las élites dirigentes (Stern, 2013). Por su parte, en Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Arendt (2003) analiza la relación entre obediencia y responsabilidad política, mostrando cómo la organización burocrática favorece una separación entre quienes adoptan las decisiones y quienes las ejecutan, circunstancia que puede contribuir a diluir la responsabilidad individual. En consonancia con la perspectiva marxista desarrollada previamente, esta dinámica permite comprender cómo los aparatos coercitivos del Estado pueden operar en función de los intereses promovidos por las élites políticas y económicas, mientras las consecuencias jurídicas e históricas han tendido a recaer principalmente sobre quienes ejecutan materialmente la violencia.

Complementariamente, Foucault (1975/2002) profundizó en el análisis de los mecanismos mediante los cuales las instituciones disciplinarias producen sujetos obedientes y funcionales a determinadas formas de organización del poder. En sus palabras, “la disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’” (p. 126). Esta perspectiva resulta especialmente útil para comprender cómo individuos provenientes de sectores populares se integran a estructuras jerárquicas encargadas de ejercer coerción sobre grupos de origen social similar. Desde este enfoque, las instituciones militares y policiales pueden comprenderse como espacios privilegiados de disciplinamiento, en los cuales la obediencia jerárquica, la normalización de conductas y la subordinación al mando constituyen elementos estructurales para el ejercicio de la función coercitiva del Estado.

No obstante, la incorporación a estas instituciones también responde a condiciones estructurales que el propio sistema social y económico contribuye a reproducir. La búsqueda de estabilidad laboral, la seguridad económica, las oportunidades de movilidad social y el acceso a beneficios institucionales constituyen, asimismo, factores relevantes que incentivan el ingreso a las fuerzas armadas y policiales. En consecuencia, individuos provenientes de sectores populares pueden incorporarse a organizaciones estatales encargadas del ejercicio de la coerción y, en determinados contextos históricos, participar en acciones dirigidas contra grupos pertenecientes a su mismo origen social. Esta circunstancia permite comprender que la obediencia institucional responde no solo a mecanismos de disciplinamiento, sino también a incentivos materiales y expectativas de movilidad social que contribuyen a la reproducción de las estructuras de poder existentes.

Desde esta perspectiva filosófica y sociológica, el análisis histórico permite responder, al menos parcialmente, la interrogante acerca de cómo los sectores subalternos, al incorporarse a las instituciones armadas, han participado en determinados contextos históricos orientados al mantenimiento del orden político y social institucionalizado por la clase dominante, ejerciendo coerción frente a grupos pertenecientes a su propio tejido social. En este sentido, Salazar (2000) ha mostrado que gran parte de los trabajadores y peones provenientes de los sectores populares, que conformaron históricamente la base social chilena, constituyeron también una fuente permanente de reclutamiento para las fuerzas armadas y policiales.

Esta constatación permite plantear una interrogante sociológica de fondo: ¿hasta qué punto quienes ejercen la coerción estatal pertenecen a la misma realidad social de aquellos sobre quienes se aplica dicha fuerza?

Finalmente, bajo una perspectiva sociohistórica de larga duración, la separación entre quienes definen los conflictos políticos y quienes ejecutan materialmente la coerción trasciende los límites del Estado moderno y puede identificarse en diversos procesos históricos. Las investigaciones sobre el Jesús histórico coinciden en que su actuación pública fue percibida por las autoridades religiosas y políticas de Judea como una amenaza para el orden establecido (Pagola, 2007). En este contexto, la decisión de neutralizar a Jesús fue el resultado de la convergencia entre las élites sacerdotales y el poder político romano, mientras que su ejecución material correspondió a agentes subordinados como los guardias del Sanedrín y las tropas romanas encargadas de aplicar la pena de crucifixión. Desde una perspectiva sociológica, este episodio ilustra una dinámica recurrente en las relaciones de dominación: la separación entre los centros donde se adoptan las decisiones políticas y las estructuras jerárquicas responsables de ejecutar la coerción. Más que un acontecimiento exclusivamente religioso, constituye un ejemplo histórico de la distribución diferenciada de funciones dentro de los sistemas de poder, donde quienes ejercen la violencia material no necesariamente participan en la definición de los objetivos políticos ni son los principales beneficiarios de sus resultados.

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo propone analizar el vínculo entre la élite económica, la coerción estatal y las fuerzas armadas y de orden en la historia de Chile, con especial atención a la distribución desigual de los costos humanos asociados a la violencia política. Se plantea como hipótesis central que, en distintos períodos históricos, los beneficios derivados de la preservación de determinados ordenamientos políticos y económicos tienden a concentrarse en los sectores dominantes que ocupan posiciones privilegiadas dentro de la estructura de poder; en contraste, las consecuencias materiales, psicológicas, sociales y judiciales de la acción coercitiva recaen con mayor intensidad sobre las clases subalternas encargadas de ejecutarla de manera fáctica. En términos históricos, esto implica que los sectores populares incorporados a los aparatos policiales y militares han sido utilizados recurrentemente para reprimir conflictos sociales y políticos que involucraban a comunidades pertenecientes a su misma clase social, contribuyendo a la reproducción de relaciones de dominación estructurales cuyos principales beneficios han tendido a concentrarse en la élite económica y en sus grupos políticos dirigentes.

 

José Cáceres S.

Magíster en Educación.

Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública.

 

Referencias:

 

• Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal (C. Ribalta, Trad.). Lumen. (Obra original publicada en 1963).
• Bourdieu, P. (1997). Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. En P. Bourdieu, Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción (T. Kauf, Trad., pp. 91-138). Anagrama. (Obra original publicada en 1994).
• Central Intelligence Agency. (1970). TRACK II [Memorando desclasificado de operaciones encubiertas en Chile]. CIA Freedom of Information Act Electronic Reading Room. https://www.cia.gov/readingroom/document/01301923
• Central Intelligence Agency. (2000). CIA activities in Chile (Report to Congress). CIA Freedom of Information Act Electronic Reading Room. https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp09t00207r001000020053-5
• Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI Editores Argentina. (Obra original publicada en 1975).
• Gramsci, A. (2013). Antología (M. Sacristán, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1970).
• Grez Toso, S. (2007a). De la «regeneración del pueblo» a la huelga general: Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). RIL Editores.
• Grez, S. (2007b). Los anarquistas y el movimiento obrero en Chile (1893-1915). LOM Ediciones.
• Kornbluh, P. (2013). Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile (2.ª ed.). Catalonia.
• Mariátegui, J. C. (2007). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Fundación Biblioteca Ayacucho. (Obra original publicada en 1928).
• Marx, K., & Engels, F. (2023). Manifiesto del Partido Comunista (B. García Vázquez, ed.). Dykinson.
• Mills, C. W. (1987). La élite del poder (F. M. Torner, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1956).
• Mönckeberg, M. O. (2001). El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Ediciones B.
• Pagola, J. A. (2007). Jesús: Aproximación histórica. PPC Editorial.
• Salazar, G. (2000). Labradores, peones y proletarios: Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX. LOM Ediciones.
• Salazar, G. (2006). La violencia política popular en las «grandes alamedas»: La violencia en Chile, 1947-1987 (una perspectiva histórico-popular). LOM Ediciones.
• Stern, S. J. (2013). Cerrando la caja de la memoria del Chile de Pinochet: En vísperas de la verdad y el desenlace, 1989-2003 (P. Sandoval, Trad.). Ediciones Universidad Diego Portales.
• Weber, M. (2007). El político y el científico (M. Johannsen Rojas, Trad.). Universidad Autónoma de la Ciudad de México. (Obra original publicada en 1919).

Mientras cae la economía, el Gobierno acelera su apuesta por las grandes empresas

PODER Y POLÍTICA PORTADA

By Félix Montano  11 Julio, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 28 segundos

La política también habla a través de sus prioridades. Y cuando un gobierno decide qué modificar, qué acelerar y qué dejar fuera de una reforma, está enviando un mensaje mucho más elocuente que cualquier conferencia de prensa.

Eso ocurrió esta semana en el Senado.

Mientras la encuesta Black & White mostraba que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, obtiene una de las peores evaluaciones del gabinete y que la economía desplazó a la delincuencia como la principal preocupación ciudadana, el Ejecutivo optó por profundizar el núcleo de su denominada megarreforma económica: ampliar la rebaja del impuesto de primera categoría para las grandes empresas desde el 23 al 22 por ciento. Aunque horas más tarde Quiroz retrocedió, el talante y el objetivo no se altera.

Porque no se trata de un ajuste técnico. Es una definición política.

El Gobierno pudo haber aprovechado la tramitación para reforzar medidas dirigidas a aliviar el costo de la vida, fortalecer la inversión pública o incorporar mecanismos de protección para los sectores más golpeados por la desaceleración. Eligió otro camino. El centro de gravedad volvió a instalarse sobre la competitividad empresarial y la reducción de la carga tributaria del gran capital.

La decisión confirma que la megarreforma nunca fue únicamente un plan para enfrentar la coyuntura económica. Es, sobre todo, un intento de rediseñar las reglas del modelo económico chileno.

La rebaja del impuesto corporativo no llega sola. Se suma a la reintegración del sistema tributario, a la invariabilidad tributaria por 25 años que el Ejecutivo intenta convertir en ley y a un conjunto de normas destinadas a entregar mayor estabilidad regulatoria a la inversión privada. Vista en conjunto, la arquitectura del proyecto apunta a consolidar un marco económico que trascienda el actual período presidencial.

Ese es precisamente el debate que hoy comienza a emerger.

La discusión ya no gira únicamente en torno a cuánto crecerá la economía o cuántos puntos aumentará la inversión. La pregunta es otra: ¿qué capacidad tendrá un futuro gobierno para modificar este diseño si las mayorías democráticas deciden recorrer un camino distinto?

La llamada invariabilidad tributaria se vuelve, en ese contexto, mucho más que un incentivo económico. Se convierte en un mecanismo destinado a limitar la capacidad de futuros gobiernos para redefinir la política tributaria. No es casual que diversos juristas y economistas hayan recordado el antiguo Decreto Ley 600, que durante décadas otorgó garantías extraordinarias al capital extranjero y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de los amarres institucionales heredados de la dictadura.

Mientras tanto, los indicadores económicos siguen deteriorándose. La producción industrial acumula caídas, el desempleo continúa elevado y la promesa de una recuperación rápida todavía no encuentra respaldo en la experiencia cotidiana de miles de hogares.

Quizás por eso la encuesta difundida por Emol resulta especialmente significativa. No porque provenga de un medio cercano al mundo empresarial, sino porque refleja que incluso ese espacio comienza a registrar el desgaste del principal responsable de la política económica del Gobierno. Cuando la discusión abandona el terreno ideológico para instalarse en la percepción ciudadana, el problema deja de ser comunicacional.

Paradójicamente, el Ejecutivo ha respondido a ese escenario profundizando la misma estrategia que prometía revertir el ciclo económico.

Hay una lógica política detrás de esa decisión. El Gobierno parece convencido de que una reducción más agresiva de impuestos generará confianza en los inversionistas y terminará produciendo crecimiento, empleo y mayores ingresos fiscales en el mediano plazo. Es una tesis conocida, aplicada en distintos momentos y países, cuyos resultados siguen siendo motivo de controversia entre economistas.

Pero la política no espera al mediano plazo.

Las familias evalúan el presente. Evalúan el precio de los alimentos, las cuentas de fin de mes, el empleo disponible y los salarios. Es ahí donde se construye o se pierde la legitimidad de un proyecto económico.

La paradoja es evidente. Cuando la ciudadanía comienza a exigir respuestas frente al deterioro económico, el Gobierno opta por profundizar una reforma estructural orientada a redefinir las reglas del mercado. No es una rectificación. Es una apuesta.

Y como toda apuesta política de gran escala, su éxito o su fracaso no dependerá únicamente de los indicadores macroeconómicos. También será juzgada por una pregunta mucho más simple: quiénes perciben primero sus beneficios y quiénes siguen esperando que esos beneficios alguna vez lleguen.

Félix Montano

«Lo peor de lo peor»: ICE y el caso del exagente de la DINA Armando Fernández Larios

10.07.2026

Por Peter Kornbluh

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al exagente chileno por delitos de homicidio… y luego lo dejó en libertad. Hace 50 años, Fernández Larios participó en el complot de Pinochet para asesinar a Orlando Letelier en Washington, D.C.. También formó parte de la «Caravana de la Muerte» que ejecutó a civiles tras el golpe militar de septiembre de 1973.

*Este artículo corresponde a una traducción del original, publicado en la página del Archivo de Seguridad Nacional. Visite ese reportaje haciendo clic aquí.

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El 27 de octubre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) silenciosamente detuvieron a Armando Fernández Larios, un exagente de la policía secreta chilena que vivía en Florida. Su encarcelamiento en el Centro de Detención Krome, en Miami, pasó desapercibido hasta que apareció en la lista de “Lo peor de lo peor” del Departamento de Seguridad Nacional, una de las varias maniobras publicitarias de la administración de Trump a partir de enero de 2026 destinadas a demostrar que el ICE estaba deteniendo a inmigrantes con antecedentes penales reales. A pesar de haber detenido a Fernández Larios por delitos pasados de “homicidio”, el ICE lo liberó después de que él presentara una demanda por “detención ilegal”, según registros judiciales publicados hoy por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA) junto con documentos desclasificados sobre su papel en un acto de terrorismo internacional en Washington, D.C., hace 50 años.

En lugar de responder a la demanda, los funcionarios del ICE liberaron a Fernández Larios el 19 de marzo de 2026, según un fallo judicial del caso obtenido por el Proyecto de Documentación de Chile del NSA.

La sentencia del 30 de marzo, dictada por la jueza principal del Tribunal de Distrito de EE.UU., Cecilia Altonaga, desestimó la demanda contra Fernández Larios por considerarla ”sin objeto”, ya que el ICE ya lo había puesto en libertad. Sin embargo, la sentencia ofrece detalles sobre el último giro en la saga de un notorio violador de los derechos humanos chileno que ha vivido en libertad en Florida durante décadas, a pesar de su participación en el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976, que le costó la vida al exembajador chileno Orlando Letelier y a su colaboradora de 25 años, Ronni Karpen Moffitt, en el centro de Washington, D.C.; y también su condena en una demanda civil federal de 2003 por su participación en la “Caravana de la Muerte”. 

EL ASESINATO LETELIER-MOFFITT

En su demanda contra ICE, Fernández Larios presentó “una demanda por incumplimiento de contrato”, argumentando que el gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal celebrado a principios de 1987, durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de ser “cómplice después del hecho de un homicidio”, y accedería testificar con veracidad sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en ella. A cambio, el Departamento de Justicia de EE.UU. recomendó una reducción de la pena y prometió que “no intentaría deportarlo a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se violara el acuerdo”.

Ahora, según la demanda de Fernández Larios, el gobierno de Estados Unidos habría “incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un proceso de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Hace cincuenta años, Fernández Larios era un agente de 26 años de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile —la policía secreta del régimen de Pinochet responsable de gran parte de la represión durante los primeros años de la dictadura militar, incluidas las operaciones de asesinato a nivel internacional—. A mediados de 1976, Fernández Larios y el principal sicario de la DINA, Michael Townley, recibieron la orden de llevar a cabo una operación en Estados Unidos contra el principal crítico del general Pinochet en el exilio, Orlando Letelier. El subdirector de la DINA, el coronel Pedro Espinoza, le ordenó a Townley que él y el teniente coronel Armando Fernández Larios viajaran a Paraguay para obtener pasaportes falsos y visas estadounidenses, y luego se dirigieran a Washington, D.C., para una misión “cuyo resultado sería el asesinato de Orlando Letelier”, según un resumen desclasificado del caso del Departamento de Estado.

Townley y Fernández Larios viajaron a Asunción, Paraguay, como parte de una colaboración entre los servicios de inteligencia del Cono Sur conocida como la Operación Cóndor, donde obtuvieron pasaportes falsos de las autoridades paraguayas. Tras cierta demora, la embajada de Estados Unidos les otorgó visas, después de que alegaran que se encontraban en una misión secreta para reunirse con el subdirector de la CIA, Vernon Walters, en la sede central de Langley, en Virginia. Pero en lugar de volar a Estados Unidos, regresaron a Santiago, preocupados de que las autoridades estadounidenses sospecharan de su coartada.

Tras esperar un mes para ver si la operación contra Letelier se había visto comprometida, Fernández Larios viajó a Washington utilizando un pasaporte chileno falso a nombre de Armando Faúndez Lyon. Su misión consistía en realizar una vigilancia previa de los movimientos de Letelier. El 9 de septiembre de 1976, en el baño de hombres del aeropuerto John F. Kennedy, Fernández se reunió en secreto con Townley para entregarle un mapa de vigilancia, notas sobre las direcciones del hogar y la oficina de Letelier, además de dinero en efectivo para la operación. Posteriormente, Townley reclutó a miembros del violento grupo de exiliados cubanos anticastristas, el Movimiento Nacional Cubano, para que lo ayudaran a fabricar, colocar y detonar el auto bomba.

El 21 de septiembre de 1976, Letelier y su colega de 25 años del Instituto de Estudios Políticos, Ronni Karpen Moffitt, perdieron la vida cuando explotó la bomba instalada en el chasis del Chevrolet Chevelle en el que viajaban, mientras se dirigían al trabajo en el centro de Washington, D.C. El esposo de Moffitt, Michael, fue el único sobreviviente del atentado.

Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA).

En una “declaración de hechos” entregada a funcionarios estadounidenses a principios de febrero de 1987, Fernández Larios afirmó que había sido excluido de todas las discusiones sobre la eliminación de Letelier. Pero, admitió que “entendía que el verdadero propósito podría ser distinto de la misión de vigilancia limitada que se le había descrito, [y] que el resultado para el objetivo de la misión, Orlando Letelier, bien podría ser un daño o incluso la muerte”. Una prueba de polígrafo que se le realizó en Brasil cuando funcionarios estadounidenses intentaban determinar su credibilidad, mostró “signos consistentes de engaño en las negativas de Fernández” de que no conocía la verdadera intención de su misión para la DINA. “Ahora reconoce que su vigilancia contribuyó a la muerte de Letelier y Moffitt”, según un resumen secreto de los resultados de su prueba de polígrafo incluido en la publicación de hoy.

Tras el asesinato, Fernández Larios participó en un extenso encubrimiento orquestado por altos funcionarios de la DINA —y por el propio general Pinochet—. Fernández Larios admitió haber engañado a los investigadores militares oficiales, haber testificado falsamente ante la Corte Suprema de Chile (después de que la prensa estadounidense y chilena lo identificara, junto con Townley, como uno de los principales sospechosos del atentado con auto bomba) y haber mentido a los investigadores estadounidenses del FBI y del Departamento de Justicia.

Después de que el gobierno de Carter exigiera su extradición en 1978, Fernández Larios permaneció recluido en un hospital militar de Santiago durante 14 meses, junto con el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, y el subdirector, Pedro Espinoza. Cuando dejó en claro que quería ir a Estados Unidos “para resolver este asunto”, lo convocaron a una reunión con el general Pinochet, quien le ordenó que se quedara donde estaba. “Sé un buen soldado, aguanta”, le dijo Pinochet, “y este problema tendrá un final feliz”. Una revisión exhaustiva de la CIA sobre su información de inteligencia relativa al caso Letelier-Moffitt, realizada unos meses después de la deserción de Fernández Larios, concluyó que había “evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato”. La evaluación agregaba que Pinochet posteriormente “decidió hacer un bloqueo informativo sobre el caso para ocultar su participación y, en última instancia, para proteger su control sobre la presidencia”.

A finales de 1985, funcionarios estadounidenses utilizaron a un intermediario para ponerse en contacto con Fernández Larios, quien renovó sus esfuerzos por desertar y viajar a Estados Unidos. A mediados de enero de 1987 tuvo lugar en Santiago una primera reunión secreta con varios funcionarios estadounidenses, que duró diez horas. Posteriormente, funcionarios del Departamento de Estado y del FBI organizaron una sesión informativa con él en Brasil a finales de ese mismo mes y, más tarde, lo llevaron a Estados Unidos.

El 4 de febrero de 1987, Fernández Larios compareció ante el juez Barrington Parker en un tribunal de Washington. No se le acusó de ser cómplice de un ataque terrorista, sino de ser “cómplice después del hecho”, ya que «testificó falsamente y proporcionó información falsa” para ayudar a sus superiores de la DINA a “escapar de ser detenidos para ser juzgados y castigados”. Para conseguirle una reducción de la pena, los funcionarios del Departamento de Justicia se comprometieron a “informar al tribunal sobre la naturaleza y el alcance de la cooperación del Sr. Fernández Larios con todas las ramas del gobierno de Estados Unidos a las que está asistiendo”, lo que sugiere que Fernández Larios podría estar compartiendo información sobre las operaciones de la DINA con las agencias de inteligencia estadounidenses.

Monumento conmemorativo a Letelier-Moffitt, Sheridan Circle, Washington D. C. (Crédito de la foto: Peter Kornbluh)

El 6 de mayo de 1987, el juez Parker lo condenó a una pena de hasta siete años de prisión. Casi de inmediato, funcionarios estadounidenses comenzaron a presionar para que fuera liberado. “He llegado a conocer bien al Sr. Fernández Larios y su carácter”, escribió el asesor legal del Departamento de Estado, Michael Kozak, a la Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos en julio de 1987. “Puedo dar fe de que, cuando salga de prisión, seguirá siendo castigado todos los días. Ha renunciado a muchas cosas debido a su disposición a dar un paso al frente y saldar su deuda con Estados Unidos y con la sociedad en general”, afirmó Kozak. “En mi opinión, el Sr. Fernández Larios es una persona extraordinariamente estable y responsable que no representa ningún peligro para la sociedad”.

Después de solo cinco meses encarcelado, Fernández Larios fue puesto en libertad condicional el 11 de septiembre de 1987 –durante el 14vo aniversario del golpe de Estado chileno.

LA CARAVANA DE LA MUERTE

Como parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo con la fiscalía, según un resumen confidencial de su primera entrevista con funcionarios estadounidenses, Fernández Larios era “plenamente consciente de que, si no superaba cualquier otra prueba de credibilidad… en cualquier aspecto significativo, incluida su participación en otros actos violentos, cualquier acuerdo quedaría sin efecto y se encontraría en grave peligro”. Sin embargo, Fernández Larios parece haber ocultado información sobre las múltiples atrocidades contra los derechos humanos que cometió como miembro de una unidad militar de élite conocida como la “Caravana de la Muerte”. En las semanas posteriores al golpe, un equipo de agentes militares se trasladó en helicóptero a pueblos pequeños del norte y el sur de Chile para detener a funcionarios municipales —alcaldes, concejales, jefes de policía y otros— que apoyaban al Presidente derrocado, Salvador Allende. Aproximadamente 72 personas fueron ejecutadas sumariamente; muchas de ellas desaparecieron posteriormente. Varios testigos identificaron a Fernández Larios como uno de los miembros más despiadados del escuadrón de la muerte militar.

Fernández Larios durante el juicio civil por la Caravana de la Muerte, julio de 2003 (Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA)).

Después de que Pinochet fuera obligado a abandonar el poder en 1990, comenzaron las investigaciones sobre las atrocidades cometidas por su régimen. A medida que se localizaban y exhumaban los cuerpos de las víctimas de la Caravana, las autoridades chilenas iniciaron procesos judiciales contra los responsables, entre ellos Fernández Larios.

El 19 de marzo de 1999, la familia de Winston Cabello, un director de planificación regional de 28 años de la ciudad de Copiapó, en el norte del país, ejecutado junto con otros 12 presos políticos por la Caravana de la Muerte el 17 de octubre de 1973, presentó una demanda federal contra Fernández Larios en Florida por “ejecución extrajudicial, tortura, crímenes de lesa humanidad y trato cruel e inhumano”. La familia estuvo representada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco, con el apoyo del bufete de abogados Wilson Sonsini Goodrich Rosati, de Palo Alto, y del abogado Robert Kerrigan, con sede en Florida. Tras más de tres años de investigación —gran parte de la cual fue llevada a cabo por la hermana de Cabello, Zita Cabello-Barrueto—, el equipo legal localizó y tomó declaración a testigos chilenos que identificaron a Fernández Larios como participante en la tortura y las ejecuciones de prisioneros en varios municipios. En Copiapó, según declaró un testigo, Fernández Larios habría matado a Cabello a puñaladas con un cuchillo curvo conocido como “corvo”. Durante el juicio, Fernández Larios declaró que él era el único miembro de la unidad militar que llevaba esa arma como “adorno” en su uniforme.

Winston Dwight Cabello Bravo (Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA)).

El juicio, que duró tres semanas, concluyó el 15 de octubre de 2003, 30 años después de la muerte de Cabello. El jurado declaró a Fernández Larios culpable de ejecuciones extrajudiciales, tortura y crímenes de lesa humanidad, y le otorgó a la familia una indemnización de $4 millones de dólares. “Nuestra demanda marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos en que, en un juicio con jurado, se declaró a alguien responsable de crímenes de lesa humanidad”, escribió Zita Cabello-Barrueto en sus memorias sobre el caso de su hermano, titulada En busca de la primavera.

“También fue la primera vez que un colaborador de Pinochet fue juzgado en Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile”, contó Cabello-Barrueto.

SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

Durante el juicio civil contra Fernández Larios, el jurado también escuchó testimonios sobre otro delito contra los derechos humanos que cometió: el secuestro y la desaparición del exgerente de la mina de cobre más grande de Chile, David Silberman. El 4 de octubre de 1974, un equipo de agentes de la DINA llegó al centro penitenciario de Santiago, donde Silberman se encontraba recluido como preso político, y se lo llevaron en una camioneta sin distintivos: nunca más se le volvió a ver. El director de la cárcel declaró que el jefe de la unidad de la DINA que se lo llevó era Fernández Larios. 

La desaparición de Silberman se convirtió en otro crimen contra los derechos humanos vinculado a Fernández Larios; y, tal como lo habían hecho en los casos de la Caravana de la Muerte, las autoridades judiciales chilenas solicitaron su extradición desde Estados Unidos. De hecho, desde finales de la década de 1990, Fernández Larios ha sido objeto de cinco intentos de extradición, el más reciente como parte de una investigación sobre el asesinato de Ronni Moffitt, ocurrido en septiembre de 1976. El mes pasado, la magistrada chilena, Paola Plaza, anunció que había dado por concluido ese caso, tras declarar culpables a otros tres agentes de la DINA por participar en el complot terrorista de hace 50 años. Estados Unidos nunca respondió a la solicitud de extradición de Chile respecto a Fernández Larios.

Es de suponer que Fernández Larios sigue a salvo de ser extraditado a Chile; sin embargo, aún podría ser deportado a un tercer país —una práctica que la administración de Trump ha utilizado notoriamente para expulsar a inmigrantes de Estados Unidos— y desde allí ser trasladado a Chile. Además, su detención por parte del ICE el pasado octubre revela que la situación migratoria de Fernández Larios sigue en el limbo, como lo ha estado durante décadas. 

En 2005, Fernández Larios intentó obtener una visa “S”, que protege a los informantes extranjeros de la expulsión de Estados Unidos. Sin embargo, altos funcionarios del gobierno estadounidense se opusieron a que se le otorgara ese estatus de protección. “Algunos funcionarios de inmigración han querido detener a Fernández Larios para someterlo a un proceso de deportación, alegando su falta de documentos migratorios y una ley de 1996 que ordena la deportación de extranjeros condenados por delitos graves”, informó el Miami Herald en ese momento.

Más de 20 años después, parece que se ha vuelto a examinar ese intento poco conocido de deportarlo. Aunque Fernández Larios vive, una vez más, en libertad en Florida, es probable que el próximo 50.º aniversario del asesinato de Letelier y Moffitt vuelva a llamar la atención sobre su papel en una de las atrocidades más infames jamás cometidas en las calles de Washington, D.C. “Si hay alguien que realmente merezca el calificativo de ‘lo peor de lo peor’”, señala Peter Kornbluh, analista principal del Archivo para Chile, “ese es Armando Fernández Larios”.

-Documento 1: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Armando Fernández-Larios, demandante, contra Charles Parra y otros, demandados, 30 de marzo de 2026 

Fuente: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida

Esta resolución de cuatro páginas de la jueza principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., Cecilia Altonaga, revela detalles clave sobre lo que ocurrió después de que agentes del ICE detuvieran al exagente de la DINA chilena Armando Fernández Larios en octubre de 2025. Tras pasar casi cuatro meses en el Centro de Detención de Krome, en Miami, el 20 de febrero de 2026, Fernández Larios presentó una petición de hábeas corpus, impugnando su detención, junto con una demanda adicional por “incumplimiento de contrato”. En esa demanda se argumentaba que el gobierno de Estados Unidos había violado un acuerdo de declaración de culpabilidad que Fernández Larios había firmado en 1987 para proporcionar información sobre el asesinato mediante un auto bomba, ocurrido el 21 de septiembre de 1976, de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, a cambio de una reducción de su pena de prisión y la promesa de que el gobierno “no intentaría deportarlo a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile”. El juez ordenó al ICE que respondiera a la demanda a más tardar el 19 de marzo de 2026. Pero, en lugar de responder, los funcionarios de ICE liberaron a Fernández Larios. “El 19 de marzo de 2026 —el mismo día en que vencía el plazo para que los demandados presentaran su respuesta—”, señaló la jueza en su fallo, “el Gobierno concedió la libertad condicional a [Fernández Larios]”. En virtud de su liberación y al no haber “ningún procedimiento de expulsión pendiente ni amenaza de procedimiento”, la jueza desestimó la demanda de hábeas corpus.

-Documento 2: Departamento de Estado, Roger Channel Cable, [Puntos destacados de la entrevista de diez horas del equipo estadounidense con Fernández Larios], Ultra secreto/Sólo para lectura, 15 de enero de 1987

Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile

Este cable clasificado como “Top Secret/Roger Channel” de la Embajada de Estados Unidos en Santiago informa sobre una reunión secreta de diez horas entre Armando Fernández Larios y funcionarios estadounidenses. Fernández Larios relata su papel en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, y revela que el general Augusto Pinochet participó personalmente en el encubrimiento del crimen al impedir que Fernández Larios se entregara a Estados Unidos. “Pinochet estaba molesto porque Fernández había adoptado esa actitud, y le dijo que tenía que ser un buen soldado, que siguiera luchando y que este problema tendría un final feliz”. Los funcionarios estadounidenses consideraron a Fernández Larios “creíble” e informaron que “lo que tiene para aportar como testigo tiene un impacto sustancial tanto desde el punto de vista de la aplicación de la ley como de la política exterior”.

-Documento 3: Departamento de estado, Roger Channel Cable, “Letelier”, Secreto, 26 de enero de 1987

Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile

Tras interrogar a Fernández Larios en Santiago a mediados de enero de 1987, las autoridades estadounidenses facilitaron su salida de Chile el 22 de enero con destino a Brasil. Allí se le sometió a nuevos interrogatorios y a una serie de pruebas de polígrafo para determinar su credibilidad. En cuanto al tema clave de su conocimiento de la verdadera intención de su misión relacionada con Letelier, no superó la prueba. El polígrafo mostró “signos consistentes de engaño en las negativas de Fernández”, y “ahora reconoce que su vigilancia contribuyó a la muerte de Letelier y Moffitt”, según este cable secreto que resume los resultados de los exámenes con el polígrafo. “El examen con el polígrafo ha llevado a Fernández a reconocer que, antes de su viaje a Paraguay, ‘suponía’ que la operación provocaría la muerte de Letelier”.

-Documento 4: Departamento de Estado, memorándum, “Resultados de la entrevista con el asesino de Letelier acusado”, Secreto/Confidencial, 26 de enero de 1987

Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile

En un informe sobre los resultados de las entrevistas a Fernández Larios, un funcionario no identificado del Departamento de Estado parece ignorar los resultados de las pruebas del polígrafo y afirma que “Fernández no es un asesino ni está involucrado en una conspiración para asesinar”. El documento señala que “Fernández también niega cualquier participación en otros delitos”, una afirmación que más tarde quedó desmentida por las pruebas de su participación en la Caravana de la Muerte y otras operaciones de la DINA. El informe señala que la información que él aporta sobre el caso Letelier-Moffitt es “de valor limitado”, pero que “los beneficios en materia de política exterior son sustanciales” y justifican un acuerdo de negociación de la pena a cambio de su cooperación.

-Documento 5: Departamento de Justicia de EE. UU., “Exposición de hechos”, 4 de febrero, 1987

Fuente: DNSA, Chile y EE. UU.: U.S. Policy toward Democracy, Dictatorship, and Human Rights, 1970-1990

Este informe de 15 páginas resume la confesión testimonial de Fernández Larios sobre los hechos relacionados con el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, así como los esfuerzos posteriores del general Pinochet y de altos mandos de la DINA por encubrir el papel del régimen en un acto de terrorismo internacional. Fernández Larios ha convencido a las autoridades estadounidenses de que nunca se le informó que participaba en una misión de asesinato internacional. Sin embargo, admite en su declaración que “entendió que el verdadero propósito podría ser distinto de la misión de vigilancia limitada que se le había descrito, [y] que el resultado para el objetivo de la misión, Orlando Letelier, bien podría ser un daño o incluso la muerte”. La declaración detalla su papel en el encubrimiento tras el asesinato, así como sus interacciones con el general Pinochet, cuyo papel en el ataque terrorista era precisamente lo que se pretendía ocultar con dicho encubrimiento.

-Documento 6: Tribunal de Distrito Federal, Transcripción, [Audiencia de acuerdo de culpabilidad de Fernández Larios], 4 de febrero de 1987 

Fuente: Tribunal de Distrito Federal

El 4 de febrero de 1987, Armando Fernández Larios compareció ante el juez Barrington Parker en la sala de audiencias de Washington, D.C., para declararse culpable de un cargo de “complicidad posterior al hecho en el asesinato de una persona protegida internacionalmente”. En la audiencia se abordó su cooperación a cambio de una reducción de la pena; el Departamento de Justicia solicitó una pena de prisión de siete años y aseguró al juez que “informaría al tribunal sobre la naturaleza y el alcance de la cooperación del Sr. Fernández Larios con todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos a las que está prestando su apoyo”.

-Documento 7: Departamento de Estado, Carta, [Carta del asesor jurídico Michael Kozak a la Junta de Libertad Condicional sobre la puesta en libertad de Fernández Larios], 21 de julio de 1987 

Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile

Casi tan pronto como Fernández Larios ingresó a la cárcel, funcionarios estadounidenses comenzaron a presionar para que se le concediera la libertad anticipada. El asesor jurídico del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta a la Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos en julio de 1987, en la que elogiaba a Fernández Larios por haber dado un paso al frente y haber aportado pruebas sobre un delito internacional en el que había participado. “Personalmente, he llegado a conocer bien al Sr. Fernández Larios y su carácter”, escribió Kozak a la Comisión de Libertad Condicional. “Puedo dar fe de que, cuando salga de prisión, seguirá siendo castigado todos los días. Ha renunciado a muchas cosas por su voluntad de dar un paso al frente y saldar su deuda con Estados Unidos y con la sociedad en general”. Sus esfuerzos de lobby dieron resultado. Tras solo cinco meses de encarcelamiento, Fernández Larios salió en libertad condicional en el otoño de 1987.

-Documento 8: Departamento de Estado, Memorándum del secretario Shultz al Presidente Reagan, “Pinochet y los asesinatos de Letelier y Moffitt: implicaciones para la política de Estados Unidos”, Secreto, 6 de octubre de 1987

Fuente: Solicitud especial del Gobierno chileno para obtener documentos de EE. UU. con motivo del 40º aniversario del asesinato de Letelier y Moffitt

La deserción de Armando Fernández Larios y su testimonio, en el que implicaba al general Augusto Pinochet en un acto de terrorismo internacional en Washington, D.C., reavivó el interés por el asesinato de Letelier y Moffitt, tanto en Estados Unidos como en Chile. Dentro de la administración Reagan, el secretario de Estado George Shultz aprovechó la renovada atención que suscitaba el caso para presionar al Presidente a que retirara el apoyo de Estados Unidos a la dictadura de Pinochet. Shultz ordenó a la CIA que revisara sus expedientes de inteligencia sobre el papel de Pinochet en el asesinato y luego utilizó sus conclusiones —según las cuales Pinochet había “ordenado personalmente” la operación— como argumento para convencer a Reagan de que era hora de apoyar el retorno a la democracia en Chile. En este memorándum secreto dirigido al presidente, Shultz se basa en el informe de la CIA y en el testimonio de Fernández Larios. “Las revelaciones de Fernández han tenido un impacto político significativo en Chile y la CIA concluye que Pinochet será ‘incapaz de satisfacer la preocupación de los militares de que Pinochet tome medidas efectivas para reparar el daño ya causado a la reputación de las fuerzas armadas’”, informa Shultz a Reagan. “Aunque algunos miembros del Gobierno de los Estados Unidos habían creído anteriormente que Pinochet había ordenado los asesinatos, y había indicios claros de que estaba involucrado en el encubrimiento, la CIA nunca antes había llegado a la conclusión —ni la había presentado— de que existieran pruebas tan contundentes de su papel de liderazgo en este acto de terrorismo”.

-Documento 9: Departamento de Estado, «El caso Letelier: antecedentes y resumen de los hechos», enero de 1989

Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile

Mientras el gobierno de Estados Unidos presiona al régimen de Pinochet para que expulse a los funcionarios de la DINA acusados y los entregue a Estados Unidos, el Departamento de Estado ofrece una historia detallada del caso Letelier-Moffitt y de los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia. Según el resumen oficial, “a finales de junio o principios de julio de 1976, el coronel Pedro Espinoza, director de Operaciones de la DINA, ordenó a Michael Vernon Townley, un ciudadano estadounidense expatriado que vivía en Chile, y a Armando Fernández, un teniente del Ejército chileno, para que participaran en una misión cuyo resultado sería el asesinato de Orlando Letelier”. El resumen de nueve páginas presenta una cronología de los esfuerzos de Estados Unidos por lograr la extradición de Espinoza y del jefe de la DINA, Manuel Contreras, así como la continua obstrucción a la justicia por parte del régimen de Pinochet en este caso. “Estados Unidos sigue exigiendo que Chile coopere para llevar este asunto a una resolución satisfactoria”, concluye el informe.

-Documento 10: Tribunal Supremo de Chile, solicitud de extradición de Armando Fernández Larios en relación con las operaciones de la “Caravana de la Muerte”, 9 de noviembre de 2016

Fuente: Corte Suprema de Chile

En 2016, el juez de derechos humanos Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la “Caravana de la Muerte”, perpetrados bajo las órdenes de Pinochet en las semanas posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En una solicitud de extradición autorizada por la Corte Suprema de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro del escuadrón de la muerte militar que desembarcó en La Serena el 16 de octubre de 1973 y ejecutó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende. Según el resumen de los hechos que figura en la solicitud, las víctimas fueron enterradas posteriormente en una fosa común. Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile contra Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo involucrado. El gobierno de Estados Unidos devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, que incluían un pedido para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile a fin de ser juzgado por el asesinato de Ronni Moffitt, quien murió junto a Orlando Letelier en el atentado con bomba contra un automóvil, hace 50 años, el 21 de septiembre de 1976.