lunes, 23 de marzo de 2026
Recorte del 3% del área Salud: La atención primaria debe prepararse para enfrentar un verdadero y triste desastre, no una «emergencia»
"Es el momento de hacerse cargo de los efectos que tiene un gobierno con las características del que se eligió. Sabemos perfectamente que detrás de un proceso de precarización viene consigo una ola privatizadora, a la cual no podemos darle ni un centímetro de espacio".
Por Fabricio González Berríos, presidente de Confusam Región de Valparaíso
EL CIUDADANO
La atención primaria de salud viene enfrentando desde el fin de la pandemia un escenario adverso, crudo y desesperanzador.
La reducción sistemática de los presupuestos, el congelamiento del per cápita por dos años consecutivos y la disminución de las dotaciones que crecieron sostenidamente para cubrir áreas sensibles de los centros de salud durante la pandemia del COVID, han generado un aumento en la carga laboral y la disminución evidente de la calidad de los servicios, sobre todo en las zonas más vulnerables del país.
El cambio de gobierno, por cierto, nunca tuvo altas expectativas. La estrategia macroeconómica del equipo del expresidente Boric, encabezada por su ministro de hacienda Mario Marcel, fue estabilizar la macroeconomía, que presentaba negativos indicadores como la inflación cercana al 12% heredada del gobierno de Sebastián Piñera, y que impactaba directamente en la capacidad adquisitiva de las familias.
A través de una clásica receta neoliberal, se redujo el gasto público y se aumentó la disciplina fiscal, por lo que en algunas áreas sensibles como la sanitaria estos ajustes impactaron negativamente. La falta de personal y la dificultad de los servicios para adquirir insumos y medicamentos fueron habituales desde el año 2023.
Ahora, con el nuevo gobierno que durante toda su campaña erigió al sector público y a sus funcionarios como grasa parasitaria, y que además prometió reducir los impuestos a los grandes consorcios nacionales y transnacionales, haciendo que el estado recaude cada vez menos recursos, la esperanza de contar con un presupuesto superior y más amplio, es casi nula.
Por lo mismo, no sorprende la noticia del recorte del presupuesto nacional en un 3%, a través de la circular N°12 despachada por el nuevo ministro de hacienda, sr. Jorge Quiroz (empresario involucrado en la colusión de los pollos); recorte que bordearía los 517 millones de pesos sólo en el sector salud, sin contar educación, vivienda y otras áreas involucradas con determinantes sociales de salud que, si bien no responden a la organización formal del sistema sanitario a través del Minsal, sí tendrán impacto en la salud de las personas ya que modifican y precarizan condiciones sociales y económicas.
Tal cual lo anuncia la circular, los años venideros estarán marcados por una pérdida permanente, como ya lo hemos venido asumiendo, de derechos y condiciones laborales para las funcionarias y funcionarios de salud que tendrán que adaptarse a situaciones como: la modificación de ley de licencias médicas, que lamentablemente castiga al trabajador o trabajadora enferma; el no reemplazo a funcionarios con licencia, dando la responsabilidad a los equipos de salud en redistribuir sus tareas; la disminución gradual de las dotaciones comunales producto del congelamiento de contrataciones y no reemplazos de las vacantes dejadas por nuestros compañeros que se acogen a retiro; la eliminación de programas de reforzamiento de la APS que no cumplen con el ‘impacto’ o resultados (productividad) por el cual existen; priorización de las inversiones que termina en retrasos de la renovación e implementación de nuevas infraestructuras para los Cesfam de todo el país y por los cuales funcionarios y la comunidad han esperado por años.
Ante esta fatídica, desesperanzadora y restrictiva realidad: ¿Podemos cumplir los funcionarios de APS con las obligaciones, responsabilidades y la entrega del cuidado y del derecho a una salud digna a las personas que viven en Chile?
La respuesta es contundente. La APS desde la pandemia demostró que posee una particularidad, tenemos flexibilidad para adaptarnos a escenarios complejos y realidades difíciles, ya que existe una mística y compromiso inalienable con la salud pública del país, que va desde adaptarse a atender en boxs que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, a cuidar la vida y la salud de las personas en catástrofes, como lo demostraron los incendios en Viña del Mar y Bio-Bio en los últimos años.
Sin embargo, desmantelar la APS como se pretende hacer a través de recortes presupuestarios, disparará ineludiblemente los indicadores epidemiológicos del país, los cuales han sido reconocidos internacionalmente por estar controlados por una red sólida y única en Suramérica.
Esto afectaría la calidad de vida de las personas y de las comunidades, inyectándole mayor presión al sector secundario, con miles de descompensados de patologías cardiovasculares en el país, entre otras patologías que son de control primario, desembocando así en un desastre sanitario, previsible y evitable.
Hoy las trabajadoras y trabajadores afiliados a la Confusam tenemos una mayor responsabilidad: resguardar a la APS y nuestros derechos laborales, consagrados en el estatuto de atención primaria y que han garantizado un piso mínimo de calidad y estándar de atención para las comunidades que se atienden en los Cesfam.
Es el momento de hacerse cargo de los efectos que tiene un gobierno con las características del que se eligió. Sabemos perfectamente que detrás de un proceso de precarización viene consigo una ola privatizadora, a la cual no podemos darle ni un centímetro de espacio.
Las sociedades médicas tienen una historia de presión sostenida por ocupar espacios en la atención primaria, y escenarios de crisis y de municipios endeudados y moribundos financieramente, son el caldo de cultivo para que el negocio de la salud entre a jugar en el sector público.
La posibilidad de entregarle la administración de nuestros dispositivos y Cesfam al sector privado sí podemos calificarlo como Emergencia, pues desarticularía el sistema de salud tal cual lo conocemos hasta ahora; configurando un panorama de ausencia total de acceso a un derecho considerado universal como lo es la salud. Es decir, un verdadero y triste DESASTRE.
(*) Fabricio González Berríos es presidente de Confusam Región de Valparaíso, Kinesiólogo egresado de la Universidad de Valparaíso, estudiante de Magíster de Salud Pública de la UNAB, y funcionario del centro de salud Dr. Miguel Concha de Quillota.
Argentina y el último golpe de Estado: 50 años son nada
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Reza el tango de Le Pera que «Veinte años no es nada, que, febril la mirada, / errante en las sombras te busca y te nombra…”, poema que resuena mientras se piensa que para ciertos desgarros el paso del tiempo a veces no resulta en sanación. Así, este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe de Estado en Argentina, que devino en la dictadura encabezada por una Junta Militar, primero liderada por Videla, de 1976 a 1983.
A medio siglo de ese hecho, es importante resaltar sus rasgos y efectos centrales. Ahí destaca lo siguiente: la asonada militar contra Estela Martínez de Perón no fue singular, sino que profundizó una inercia iniciada en 1954 con el golpe a Árbenz, en Guatemala, donde élites latinoamericanas, en consonancia con la política de contención anticomunista de Estados Unidos, buscaron replegar proyectos desarrollistas, aunque no fueran comunistas.
También, el golpe en Argentina consolidó otra etapa en ese proceso, porque con el pinochetismo ―que había tenido vínculo con grupos violentos de ultraderecha argentinos previos a 1976, como la Triple A― dieron pábulo a la Operación Cóndor, que formalizó la coordinación entre varias dictaduras para efectuar una represión selectiva trasnacional. La brutalidad de Pinochet y de la Junta argentina ―que se ensañó incluso contra adolescentes y recién nacidos― acumuló el mayor número de muertos, desaparecidos y crímenes en los sangrientos registros de los regímenes militares del Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX, lo que contribuyó a su desprestigio internacional.
El rasgo ideológico de esa dictadura argentina ―vinculado al anticomunismo geopolítico de la Guerra Fría― fue, como señala Ernesto Semán, contener una “agresión marxista y populista”, que implicó validar una persecución contra izquierdistas y debilitar a los sindicatos. La violencia inadmisible se buscó justificar principalmente con dos mentiras: que no era represión, sino “guerra” entre fuerzas simétricas, donde la “subversión” izquierdista inició todo.
En ese sentido, a diferencia de otras dictaduras del Cóndor, Argentina sí llevó a juicio y castigó a varios de sus represores, hecho histórico en la región que incluyó a varios militares encerrados (Videla murió en la cárcel mientras Pinochet como senador vitalicio en Chile, por ejemplo) y el singular caso de un jerarca eclesiástico castigado por su participación en crímenes dictatoriales, como el capellán policial Christian Von Wernich, el cura del diablo, que justificaba el desaparecer “zurdos” (así los llamaba) para que “no se mataran entre sí”. El efecto de este hecho histórico fue el consenso del “nunca más”, gestado tras los juicios a la Junta en 1985 y fortalecido por el kirchnerismo en 2004, cuya política de memoria deslegitimó los residuos pro dictadura y reabrió causas contra sus miembros.
Hoy que se conmemora el quincuagésimo aniversario del comienzo de una etapa oscura, Argentina debería ser vanguardia de la memoria por su excepcional proceso de justicia. En vez de ello, encabeza el país Javier Milei, representante de una derecha “libertaria” cuya esquizofrenia política le permite asegurar que antes de él su país vivió “100 años de socialismo” (¡incluida la dictadura!) que destrozaron su riqueza.
Milei es la envoltura estridente que explotó la fragilidad económica y emocional de muchos votantes en el duro proceso pospandemia. Su corrimiento al centro de la política argentina y su entorno son más relevantes, porque en ellos hay un protagonismo esencial: un grupúsculo abiertamente negacionista vinculado a los crímenes de la última dictadura argentina, donde sobresalen la vicepresidenta Victoria Villarruel, pionera de la farsa de la “memoria completa” (reacción contra la política de memoria de Kirchner y que reivindica a los represores porque estaban “en guerra”); ideólogos fascistoides como Agustín Laje (que blanquea a la Junta y asume que sus crímenes son justificables, o, acaso, excesos), o alienta a que, de plano, descendientes de represores, como Ricardo Bussi en Tucumán, se sumen a la imagen de Milei (por algo será).
A este grave retroceso se suma la incontinencia verbal de Milei, donde brilla su lacayuna dependencia electoral de Trump y su postura que reivindica no al plural judaísmo, sino al genocidio que comete un ente, Israel, gobernado por fanáticos. Aquí se destaca una paradoja: la ultraderecha del nacionalismo católico argentino ―donde se formó Von Wernich― fue siempre judeófoba rabiosa. Hoy, la derecha radical de Milei se postra ante el sionismo religioso, acaso por coincidir con su supremacismo violento, que el segundo ejerce contra Palestina y el primero, en sus múltiples complejos personales, cree ostentar. Mientras un respaldo a la dictadura de 1976 exigía formación en sótanos del oscurantismo religioso, la autocomplaciente hinchada de Milei se deforma en la posverdad dañina de cloacas de Internet.
Milei nos recuerda algo. En 2022 el historiador Rafael Poch alertó con razón de cómo la rusofobia de Occidente ―más allá de la válida crítica a Putin― tenía como efecto (deseado o no) romper el consenso antifascista de la posguerra en 1945. Hoy Milei y su coro contra “zurdos de mierda” rompen el vital consenso del “nunca más” y tuercen la historia, como si los victimarios de 1976 fueran los agraviados por una herida abierta por ellos mismos hace 50 años que, como decía el tango, no son nada, mientras la febril mirada del gobierno argentino busca, en las sombras de la mentira, cómo redimir una dictadura que nunca hallará justificación en la realidad.
domingo, 22 de marzo de 2026
Negacionista y promotora de violencia política: Cuestionan elección de Gloria Naveillán en Comisión de DDHH y Pueblos Originarios
Gloria Naveillán (PNL), con un historial de declaraciones contra derechos indígenas y causas mapuche, contra víctimas de crímenes de lesa humanidad y diversidades, asume la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara. Organizaciones y parlamentarios denuncian una provocación. Su primer anuncio apunta a modificar la Ley Indígena, reactivando el rechazo transversal por su perfil extremista.
EL CIUDADANO
Diputada que calificó a Camilo Catrillanca como “maldito delincuente” presidirá la Comisión de Derechos Humanos: Polémica instalación
La diputada Gloria Naveillán (PNL) fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja. La representante del distrito 22 se impuso con 7 votos contra 3 a la legisladora del Partido Comunista, Lorena Pizarro, en una decisión que ha generado una oleada de críticas en el espectro político y social, dado el amplio prontuario de la parlamentaria en contra de las colectividades que precisamente deberá resguardar en su nuevo cargo.
Un historial de controversias que choca con el cargo
La trayectoria de Naveillán está salpicada de episodios de alta tensión y declaraciones que han sido repudiadas por organismos de derechos humanos. Su perfil público quedó marcado en 2018 tras el homicidio de Camilo Catrillanca, a quien en un audio de WhatsApp calificó como “maldito delincuente”, justificando la acción de Carabineros con una versión que la justicia descartó posteriormente.
A ello se suman acusaciones directas contra comuneros mapuche sin respaldo judicial y su convocatoria a civiles en 2020 para “enfrentar” manifestaciones en Municipalidad de Curacautín y otras comunas, acciones que evidencian una trayectoria incompatible con el cargo que ahora asume.
En mayo de 2019 acusó públicamente al comunero mapuche Adán Huentecol de participar en un ataque incendiario en Collipulli, sin embargo, la denuncia fue rechazada por el afectado, quien presentó una querella por injurias y calumnias, entre numerosos otros episodios.
El nombramiento ha sido calificado como una afrenta directa por parte de líderes indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Danko Marimán, dirigente mapuche de Txawun de comunidades de Temuko y candidato al Consejo Indígena de Conadi, fue enfático al señalar los alcances de esta designación, afirmando textualmente: “La diputada #Naveillan participó de hechos de violencia política ocurridos en Curacautín en el año 2020, ahora fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la cámara baja a pesar de su vinculación con grupos violentos de extrema derecha como el #APRA”.
Marimán además advirtió que el primer anuncio de la legisladora es modificar la Ley Indígena 19.253, un intento que calificó como un “traje a la medida” de los intereses de la multigremial de la zona.
Mira las declaraciones de Danko Mariman en siguiente video:
Rechazo y señales de peligro
El diputado opositor Gustavo Gatica calificó la elección como una de las “señales provocadoras de un mundo que no tiene aprecio por los derechos humanos”.
En tanto, la Fundación Zamudio emitió una declaración dura contra la nueva presidenta, advirtiendo que sus posturas representan “un retroceso inaceptable” en el reconocimiento de las violaciones ocurridas en dictadura. La entidad enfatizó que es “más grave aún” que dichas afirmaciones provengan de una autoridad que debería resguardar la memoria y la dignidad de las víctimas.
Agrega: “Cuestionar la existencia de violencia sexual y tortura contra mujeres no solo desconoce testimonios y antecedentes documentados, sino que también instala una peligrosa duda sobre hechos que han sido ampliamente acreditados por informes oficiales y organismos internacionales”.
“Es poner a un pirómano a cargo de bomberos”
Fuera del Congreso, la percepción de la ciudadanía y los analistas políticos es de absoluta alarma. Comentaristas del ámbito legislativo han sintetizado el sentir general al señalar que situar a Gloria Naveillán al frente de una comisión tan sensible como la de Derechos Humanos es un contrasentido ético.
El símil que ha resonado con mayor fuerza en redes sociales y medios especializados es el de “poner a un pirómano a cargo de bomberos”, reflejando la preocupación por la orientación que tomarán las discusiones sobre memoria histórica y pueblos originarios en los próximos meses.
Mira las declaraciones en TURNO
Lo llaman “pérdida de confianza”: suman y siguen las remociones de Kast en el aparato público
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Desde el día siguiente al cambio de mando que marcó el inicio del gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo partió una saga de remociones en diversas reparticiones públicas, entre servicios y ministerios, varias de las cuales han generado preocupación por las repercusiones que tendrán en ámbitos como el del medio ambiente o la educación.
Es el caso de dos autoridades a cargo de medio ambiente, biodiversidad y áreas protegidas que fueron destituidas en las horas siguientes a que Kast favoreciera vía decreto a más de cincuenta proyectos de inversión en proceso de revisión en la institucionalidad medioambiental. Y es también la remoción del Superintendente de Educación en las mismas horas en que ese organismo ministerial se disponía a anunciar sanciones por el caso de la cuestionada Universidad San Sebastián.
La casi totalidad de las autoridades cesadas en sus funciones habían llegado a sus cargos luego de cumplir con los concursos del sistema de Alta Dirección Pública. Sin embargo los despidos han sido justificados en base a la “pérdida de confianza” o al argumento de la evaluación de jefaturas, y en algunos casos corresponden a la atribución legal que permite al Ejecutivo nombrar directamente hasta a doce jefaturas de servicio durante los primeros tres meses de administración, sin necesidad de acudir a la Alta Dirección Pública.
Vivienda, Medio Ambiente y Pensiones: primeras remociones
Al día siguiente del cambio de mando tomó la iniciativa Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo. Poduje pidió el 12 de marzo la “renuncia no voluntaria” de la abogada María Luz Gajardo, hasta entonces directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en la región del Biobío, nombrada en octubre de 2023 por Gabriel Boric tras ganar un concurso público del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Dos días más tarde fue el Ministerio del Medio Ambiente el que concentró la atención cuando el gobierno removió a dos autoridades validadas por el mismo sistema: Marie Claude Plumer (de la Superintendencia del Medio Ambiente) y Aarón Cavieres (director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas). Las renuncias fueron pedidas sólo días después de que Kast firmara un decreto para “destrabar” 51 proyectos de inversión en la institucionalidad ambiental. Cavieres había sido nombrado a fines de 2025 tras ganar un concurso público del sistema ADP, en un organismo cuya misión es gestionar la conservación de la biodiversidad del país y del sistema nacional de áreas protegidas.
Luego el 16 de marzo el gobierno notificó de cese de sus funciones a Osvaldo Macías, a cargo de la Superintendencia de Pensiones, quien había sido nombrado en 2016 mediante el sistema de ADP por Michelle Bachelet, y ratificado por Sebastián Piñera y Gabriel Boric. En su lugar fue designado Joaquín Cortez, ex presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Vinculado además al negocio de la previsión social, en su condición de ex gerente de inversiones y ex director de la AFP Provida, Cortez tendrá a su cargo, esta vez desde el poder ejecutivo, la implementación de la reforma de pensiones.
Salud, Trabajo y Conadi: destituciones regionales
Un primer despliegue nacional de destituciones tuvo lugar en el Ministerio de Salud el 18 de marzo, con las remociones de directores de Servicios de Salud de seis regiones. Según información pormenorizada por Emol, salieron María Paz Iturriaga, acogida a retiro y subrogada por Rafael Villalobos en la región de Tarapacá; Francisco Grisolía, reemplazado por Fabiola Roa en Antofagasta; Luis Infante en el Servicio de Salud Metropolitano Norte; Marta Ercira en el Maule, Walter Alvial, sucedido por Manuel Herbage en Biobío; Marianela Rubilar, subrogada por Erick Vargas en Los Ríos, y Bárbara del Pino en Reloncaví.
El 19 de marzo se intensificaron las remociones. en el Ministerio del Desarrollo Social y Familia, fue removido por el gobierno el director nacional de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Marileo. Había asumido el puesto en 2024, como director subrogante y luego ratificado en un proceso de ADP en marzo de 2025. Horas después del cambio de mando del 11 de marzo, Morales se había negado a interrumpir tres procedimientos de compra de tierras, según dijo en una entrevista al diario El Austral: “Al día siguiente me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”.
También el 19 de marzo, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue pedida la renuncia de Andrea Soto, de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), quien había asumido el cargo en diciembre pasado, y tomó su puesto Patricia Soto como interina. Lo mismo pasó con Romanina Morales, hasta ese día directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cargo que ocupaba desde 2023. Será subrogada por Rodrigo Valdivia en espera del concurso público para el nombramiento definitivo.
Educación: la Universidad San Sebastián a la palestra
La cartera de Educación registró cambios especialmente cuestionados cuando el mismo 19 de marzo el gobierno pidió la renuncia del abogado José Miguel Salazar a la Superintendencia de Educación Superior. Salazar, que había asumido el cargo en 2023 a través del sistema de ADP, se sumó así a las remociones de Camila Rubio el 18 de marzo, nombrada en 2022 en la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), y de Loreto Orellana el 19 de marzo, designada en agosto del año pasado en la Superintendencia de Educación, ambas tras ser elegidas también por medio de concursos de ADP.
Según la versión oficial del ministerio, la renuncia de José Miguel Salazar fue pedida por “pérdida de confianza”. Sin embargo la decisión se produjo luego de que la Superintendencia de Educación Superior, tras una investigación reservada de quince meses, había formularon cargos y observaciones contra una serie de personas involucradas en las contrataciones irregulares y las altas remuneraciones pagadas por la Universidad San Sebastián, vinculada a la derecha, según informó el medio Reportea. De acuerdo con el diario La Tercera, Salazar fue removido el día después de que fueron conocidos los resultados de la investigación, a las puertas de que la superintendencia iniciara la etapa de definición de sanciones.
«El gobierno de Kast debe explicar por qué sacar a un superintendente en medio de una investigación que afecta a la derecha. El caso USS no puede quedar en nada», manifestó al respecto en redes sociales la diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio. También se refirió a la destitución la senadora Daniella Cicardini, del Partido Socialista: “El Presidente Kast pidió la renuncia del superintendente de Educación por pérdida de confianza. Yo me pregunto si la confianza la perdió sospechosamente el día anterior, cuando el superintendente anunció que habría sanciones contra la Universidad San Sebastián por su rol como refugio y caja pagadora millonaria a políticos de derecha, involucrando incluso recursos públicos, lo que denunciamos en su minuto junto al diputado Daniel Manouchehri. Acá no puede haber impunidad. Las sanciones se deben aplicar con la fuerza y la gravedad que ameritan los hechos y no con un tirón de orejas o un simple saludo a la bandera”.
Comisión para el Mercado Financiero y Obras Públicas: nombramientos directos
Siguiente organismo en anunciar cambios fue la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). servicio público vinculado al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda. La recién nombrada presidenta del ente regulador, Catherine Tornel, cesó en sus funciones a Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado; a Nancy Silva, directora general de Estudios, y a José Antonio Gaspar, de la Dirección Jurídica, quienes, según detalló Emol, serán sucedidos respectivamente por los actuales funcionarios Nicolás Álvarez (Conducta de Mercado), Alfredo Pistelli (Estudios) y Claudia Soriano (Dirección Jurídica),
Los cambios más recientes fueron anunciados ayer 21 de marzo en la cartera de Obras Públicas, donde el ministro Martín Arrau despidió a los diez directores de áreas, desde la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) a la que llega el ingeniero civil Joaquín Daga Kunze. Ésta es precisamente la cartera en la que Kast ya hizo uso de su facultad para designar a dos de las doce jefaturas de servicio de primer nivel que puede nombrar sin concurso de por medio, según la normativa del propio sistema de Alta Dirección Pública. Esos nombramientos fueron los de la abogada Francisca Morandé en la Fiscalía Nacional del MOP, quien vuelve a ese puesto luego de haberlo ocupado entre 2018 y 2022, y del ingeniero Eduardo Koffmann en la Dirección de Planeamiento, quien antes trabajó en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2019.