Operativo que marcó inicio del gobierno permitió detener a 193 acusados de delitos violentos: homicidio, secuestro y robo con intimidación
24.03.2026
miércoles, 25 de marzo de 2026
CAÍDA LIBRE
Inédito y un verdadero record para quince días de Gobierno: Desaprobación de administración Kast aumentó 30 puntos. Y la aprobación bajó 17 puntos. 48% en contra y 42% a favor del gobierno
Bachelet, la ONU y el vasallaje
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 37 segundos
El actual gobierno, recién llegado, ha partido disparándose en los pies. No es extraño. Muchos de sus integrantes y seguidores son admiradores de personajes como Trump y Milei, caracterizados por sus despropósitos y egolatría, e incluso del criminal de guerra Netanyahu. Individuos con poder que nos tiene al borde de un conflicto nuclear y de un colapso civilizatorio. Como alguien por allí señaló: “niños jugando con lanzallamas”.
Lo sorprendente es que quienes alardean de ser patriotas e incluso andan con sus chapitas exhibiéndolas, en los momentos de tomar decisiones optan no por la autonomía y la independencia que ha caracterizado hasta ahora a los patriotismos, sino que optan por el vasallaje.
La candidatura de Michelle Bachelet para suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas sitúa a Chile ante una oportunidad diplomática sin precedentes. Con cinco aspirantes oficiales —tres de ellos mujeres— y la tradición no escrita de rotación regional que favorece a América Latina, la expresidenta chilena parte con ventajas relevantes, pero también enfrenta riesgos que definirán el desenlace.
Conveniencia para Chile
Una eventual elección de Bachelet consolidaría a Chile como un actor de peso en el escenario global. Más allá del prestigio simbólico, el país pasaría a tener voz directa en la definición de la agenda multilateral durante diez años, con capacidad de influir en temas como cambio climático, reforma del sistema ONU y desarrollo sostenible. En paralelo, el vínculo comercial con los dos países que respaldan su postulación —Brasil y México— se vería fortalecido.
El respaldo conjunto de estas naciones no es menor: concentran más de la mitad de la población latinoamericana y son los principales socios regionales de Chile. Con Brasil, Chile mantuvo en 2025 un superávit de USD 3.050 millones, impulsado por exportaciones de cobre, pesca y frutas. México, aunque octavo socio global del país es un mercado estratégico para productos de alto valor como salmón y vinos. Contar con ambos como patrocinadores convierte la candidatura en un proyecto de Estado, no solo en un reconocimiento individual.
Probabilidades de elección
La expectativa de que el próximo Secretario General provenga de América Latina —región que no ocupa el cargo desde 1991— es el primer factor a favor. A ello se suma la presión por elegir por primera vez a una mujer, impulsada por la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock. Bachelet compite en esa terna con Rebeca Grynspan y Virginia Gamba, pero es la única que ha sido jefa de Estado y que ha liderado dos agencias ONU (ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos).
Su principal activo geopolítico es el respaldo explícito de Brasil y México, que le otorga densidad diplomática y capacidad de movilizar apoyos en África, Asia y el Caribe. Ninguna otra candidatura latinoamericana cuenta con una alianza regional tan explícita.
Sin embargo, enfrenta riesgos. Argentina mantiene la candidatura de Rafael Grossi, director del OIEA, lo que podría fragmentar el voto latino en el Consejo de Seguridad. Además, si la negociación se empantana, el perfil técnico de Grynspan podría emerger como alternativa de consenso. Por último, su paso por el caro de Alta Comisionada generó roces con algunos gobiernos, factor que podría incidir en eventuales vetos de los miembros permanentes.
Conclusión
Solo la ignorancia y la mezquindad lleva a quienes empujaron al presidente Kast a tomar esta decisión desconociendo que, para Chile, la candidatura ya representa un éxito diplomático: logró que las dos potencias regionales —Brasil y México— respalden a una figura nacional con una apuesta conjunta inédita. Si América Latina logra mantener la unidad y Argentina retira a Grossi a cambio de otros espacios internacionales, Bachelet se perfila como la favorita. Si la región llega dividida al Consejo de Seguridad, podría imponerse una candidatura de consenso menor. En cualquier escenario, el posicionamiento alcanzado por Chile constituye un salto cualitativo en su proyección externa.
Preguntas abiertas
¿Qué paradójico sería si la candidatura de Michelle Bachelet siguiera adelante, apoyada por Brasil y México sumando apoyo de otros gobiernos, molestos por los desatinos y permanentes insultos y agresiones recibidas de parte de Donald Trump y por la profunda necesidad de exigir el respeto del Derecho Internacional y de los organismos de autogobierno colectivo, como la propia Naciones Unidas, los cuales se han construido para mantener la paz, el respeto y la armonía entre los pueblos? ¿Qué pasaría si al producirse cambios en las correlaciones de fuerza y alianzas, triunfa esa candidatura y pese a la oposición del Gobierno chileno alcanza el enorme honor para nuestra patria de que una mujer y ciudadana chilena de ser la primera mujer en alcanzar ese honor? ¿Qué dirían de eso los Padres de la Patria?
Antonio Elizalde
Chile no está quebrado: lo que sí está en quiebra es el discurso del gobierno
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 14 segundos
No. Chile no está en quiebra.
Y repetirlo desde una cuenta oficial del Estado no lo convierte en verdad: lo convierte en irresponsabilidad.
El gobierno ha decidido instalar una narrativa alarmista —“no hay plata”, “Estado quebrado”, “caja vacía”— como si se tratara de un eslogan más en la batalla política diaria. Pero esto no es una consigna cualquiera. Es lenguaje económico con consecuencias reales.
Porque cuando un Estado dice que está quebrado, no está opinando. Está enviando una señal al mundo.
Y esa señal, en términos estrictos, significa una sola cosa: que el país no puede pagar sus deudas.
Eso no es Chile hoy. Ni cerca.
Una afirmación grave —y falsa
Un país quebrado es un país en default. Sin acceso al crédito. Con su moneda desplomándose. Con inversionistas huyendo. Con su reputación financiera dañada por años.
Nada de eso está ocurriendo.
Chile sigue financiándose en los mercados internacionales, mantiene su capacidad de pago y continúa operando con normalidad en su institucionalidad fiscal. Sí, con tensiones. Sí, con menos margen. Pero funcionando.
Entonces, ¿por qué decir que está quebrado?
Porque políticamente conviene.
La construcción de un relato
El mensaje es claro: herencia desastrosa, Estado devastado, manos atadas. Es un relato útil para justificar decisiones impopulares y trasladar costos al pasado.
Pero ese relato se construye sobre una distorsión deliberada.
Chile no está en quiebra. Tiene déficit. Tiene deuda. Como la mayoría de los países después de una pandemia global. Pero sigue siendo un país solvente.
Confundir —o hacer creer— que ambas cosas son lo mismo no es un error técnico. Es una estrategia.
El peligro de creerse el propio discurso
El problema es que estas palabras no circulan solo en redes sociales. También son leídas por mercados, inversionistas y agencias internacionales.
Decir que el país está quebrado, aunque sea en tono político, erosiona la credibilidad. Y la credibilidad es uno de los activos más importantes de una economía.
Se puede perder rápido. Recuperarla cuesta años.
Jugar con eso para ganar una discusión interna es, como mínimo, imprudente.
El Mepco como coartada
La excusa inmediata es el precio de la bencina: no se puede bajar porque “no hay plata”.
Pero el Mepco nunca fue una herramienta para fijar precios a voluntad. Es un mecanismo de estabilización con límites. Su uso depende de decisiones fiscales, no de una supuesta quiebra.
El Estado podría decidir gastar más en subsidios. La pregunta es si quiere hacerlo y a qué costo.
Pero decir que no puede porque el país está quebrado es una simplificación burda.
No es falta de capacidad. Es una decisión.
Cuando la política degrada la economía
Aquí hay algo más profundo que una discusión técnica. Hay un deterioro del estándar del debate público.
Cuando el gobierno exagera la situación económica hasta niveles ficticios, no solo desinforma. También rebaja la conversación a un terreno donde los hechos importan menos que el impacto.
Y eso tiene consecuencias.
Porque gobernar no es solo tomar decisiones. Es también explicar la realidad con precisión. Sin adornos, pero sin distorsiones.
El costo de la exageración
Hoy Chile no está en quiebra.
Pero instalar esa idea sí puede generar daño.
Puede aumentar la incertidumbre. Puede debilitar la confianza. Puede afectar la percepción internacional del país.
Todo por una narrativa que, en el fondo, busca algo bastante simple: justificar el presente culpando al pasado.
Una línea que no se debió cruzar
Hay discusiones legítimas sobre gasto público, deuda y prioridades fiscales. Son necesarias. Urgentes, incluso.
Pero hay una línea que no se debió cruzar: decir que el país está quebrado cuando no lo está.
Porque cuando el Estado habla, no habla como un usuario más. Habla con el peso de una institución.
Y ese peso exige responsabilidad.
Hoy, más que las finanzas públicas, lo que está en cuestión es algo igual de importante: la seriedad con que se ejerce el poder.
Simón del Valle
martes, 24 de marzo de 2026
Argentina. A 50 años de la dictadura militar: El valor de resistir siempre
By Resumen Latinoamericano marzo, 2026
Por Carlos Aznárez* /Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2026.
(publicada en Telesur)
foto: manifestación obrera en plena dictadura.
Medio siglo después, la dictadura cívico-militar-empresarial y religiosa instaurada en Argentina el 24 de marzo de 1976, sigue dando mucho que hablar.No solo porque 50 años siempre es una cifra que convoca a evocar acontecimientos dolorosos o gratos, sino porque las consecuencias de ese atropello brutal a todo un pueblo está tan vigente en la actualidad.Tanto, que una gran mayoría de funcionarios del actual gobierno, empezando por el presidente y su vice, están empeñados en campañas negacionistas y se confiesan admiradores de los militares genocidas. De tal forma, que los pocos asesinos uniformados que aún quedan en prisión por crímenes de lesa humanidad, pueden llegar a salir libres e impunes por obra y gracia de un indulto presidencial.
La dictadura del 76 es como Hiroshima, ya que como ocurre con ese ataque criminal realizado, cuando no por Estados Unidos, contra población civil, en Argentina, no hay un día en que sus consecuencias políticas y económicas no se cuelan en los engranajes de los gobiernos que suelen llenarse la boca con la palabra «democracia». En las antípodas, lo mismo ocurre con quienes haciendo uso de una memoria fértil no han dejado de recordar y reivindicar a los 30 mil hombres y mujeres que fueron detenidos, desaparecidos y asesinados por luchar por una Revolución que aún sigue pendiente.
Es por ello que en este 50 aniversario, se hace necesario recordar que si bien la andanada criminal represiva apeló a una crueldad sin límites, recogiendo las enseñanzas de la Escuela de las Américas, monitoreada por EE.UU, como también la de la «escuela francesa» instrumentada contra la insurgencia argelina, también hubo en todos los años en que gobernaron los militares e incluso en el período «democrático» de Isabel Perón, una fuerte resistencia popular que abarcaba a todos los sectores de la sociedad.
La militancia argentina, con todos sus matices, política, sindical, social, y además la protagonizada por las organizaciones revolucionarias que asumieron una práctica armada, no dejaron de luchar contra la estrategia de aniquilamiento impuesta por los militares y sus cómplices. Estrategia que ya comenzó a avisorarse en 1975, con la actuación criminal de la Triple A, asesinando a cientos de militantes populares, y que provocó respuestas contundentes. En este último aspecto, con grandes movilizaciones sindicales, huelgas, cortes de rutas, tomas de fábricas, ocupación de facultades e innumerables acciones armadas, generando entre otras victorias, la caída del ministro de Economía, Celestino Rodrigo y el ministro de Bienestar Social e inspirador de la Triple A, José López Rega. Ambos, empeñados -como hoy lo hace el actual gobierno de Milei- en destruir las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras.
¿Por qué para hablar de la dictadura del 76, es necesario remontarse con lo ocurrido uno o dos años antes? Sencillamente porque ese período fue el que abrió la puerta a lo que vendría después, Los militares y la oligarquía más recalcitrante no podían tolerar que el movimiento de masas con características claramente revolucionarias, esos miles de jóvenes que luchaban por una Patria Socialista, estuvieran a punto de “tocar el cielo con las manos”. El fracaso del gobierno de Perón, quien se recostó en la franja más retrógrada y derechista de su movimiento, y la política entreguista de su esposa y sucesora, sumado a la connivencia con el estamento militar, decidieron a estos últimos dejar de lado intermediarios y hacerse con el poder en marzo de 1976..
Lo que vino después, en lo que hace a la represión, es bien conocido: un poderoso tsunami de horrores arrasó con todos los derechos, asesinando, encarcelando o enviando al destierro a decenas de miles de personas.
Sin embargo, y eso es algo muy importante de recordar ahora que este 50 aniversario vuelve a poner sobre la superficie tantos episodios de crueldad, nunca se dejó de resistir. Y esto se hizo en todos los ámbitos, por todas las formas.De eso, precisamente, es necesario hablar en este aniversario.
Resistencia sindical
Hubo y mucha.Se luchó contra la represión, la intervención de gremios, las detenciones y asesinatos de delegados y comisiones internas de trabajadores de la producción, estatales o de servicios. Fueron precisamente los trabajadores el principal blanco de la dictadura militar, y se calcula que el 66% de los detenidos-desaparecidos son de ese sector. Era lógico, ya que desde el inicio, los militares prohibieron el derecho de huelga, amén que el plan económico del ministro José Martínez de Hoz, provocó, entre otras pervesidades, una pérdida importante del valor salarial
Para enfrentar esa realidad, la clase obrera realizó sabotajes, «trabajo a tristeza», huelgas, movilizaciones, y en algunos casos, se acompañaron las protestas más duras con el apoyo de organizaciones armadas, sobre todo en los dos primeros años del golpe militar. En ese momento, la organización Montoneros, había constituido en la clandestinidad la CGT en la Resistencia, que contaba con delegados de base que habían sobrevivido a las campañas de secuestros que se produjeron en las grandes fábricas de todo el país. Experiencias similares produjo el Ejército Revolucionario del Pueblo y otros grupos menores.
Pocos meses después de ese 24M, en octubre del 76 se produjo un paro de los trabajadores de Luz y Fuerza. La demanda salarial no se consiguió finalmente, y la represión se ensañó con delegados combativos, además de ser secuestrado y desaparecido el secretario general del gremio, Oscar Smith.
En ese mismo período, cuando el país empezaba a convertirse en un cementerio, también fueron a la huelga, los telefónicos, ferroviarios, trabajadores de subterráneos y de algunos ingenios azucareros.
Posteriormente, entre septiembre y noviembre de 1979, se produjeron en el país 60 conflictos obreros en empresas importantes, terminando varios de ellos en triunfos parciales o totales. Es significativo el aumento de salarios de los obreros de la Peugeot, que paralizaron tareas, y en su lugar de trabajo cantaron varias veces el himno nacional. Luego se sumaron otras empresas, todas por reclamos similares, como es el caso de Ducilo, Standard Electric, Chrisler y Gilera. estas dos últimas del gremio de mecánicos. Ese mismo año se produjo un paro general por parte de la «Comisión de los 25» (que agrupaba a varios gremios con mayoría peronista, de la producción). Esa medida de fuerza contó con un acatamiento del 50% en toda la rama industrial, y significó un fuerte desafío al gobierno militar.
Pero la más grande movilización, de carácter multisectorial, fue convocada por la combativa CGT Brasil, a cuyo frente estaba el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, quien en los años venideros adquiriría un importante rol en el movimiento obrero. La marcha fue planteada a Plaza de Mayo y se llevó a cabo el 30 de marzo de 1982, bajo la consigna «Paz, Pan y Trabajo». El dictador Leopoldo Galtieri la prohibió pero decenas de miles de trabajadores ganaron las calles, hubo fuerte represión a balazos, siendo asesinado el obrero Benedicto Ortiz y encarcelados los principales dirigentes de la CGT Brasil, incluido Ubaldini. Dos días después de esa importante rebelión popular, la dictadura sacó de la galera una gigantesca maniobra distractiva, ocupando las Islas Malvinas, pero la «hazaña» terminó en un nuevo baño de sangre para los jóvenes argentinos que fueron enviados en esa expedición, mientras sus jefes se rendían cobardemente.
Después de esa derrota, la dictadura quedó debilitada, aunque no faltaron nuevas acciones represivas, pero el movimiento obrero siguió gestando conflictos salariales, y el 6 de diciembre de 1982 se produjo un nuevo paro general convocado por la CGT Brasil y la burocrática CGT de Azopardo, con apoyo multipartidario. En la multitudinaria marcha que acompañó al paro, fue asesinado el obrero metalúrgico Dalmiro Flores.
Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo
El accionar represivo de la dictadura impuso un método, que si bien tenía algunos antecedentes en años anteriores, no se había desarrollado masivamente, que fue el del secuestro y desaparición de personas, muchos de los cuales terminaban hacinados en campos de exterminio, y posteriormente,muchos eran asesinados. Frente a esta figura de la crueldad militar, se levantaron precisamente las madres de quienes eran violentamente detenidos y no se volvía a saber nada de su paradero. Después de recorrer infinidad de comisarías y cuarteles militares en su búsqueda, esas mujeres valientes decidieron salir a la calle a visibilizar su protesta, y el 30 de abril de 1977, comenzaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Plaza de Mayo, primero en silencio y luego (todos los jueves, hasta el presente) exigiendo saber «donde están».
Fueron tachadas de «locas», de «terroristas», pero no cedieron, y uno de esos primeros jueves, encabezadas por Azucena Villaflor, decidieron ponerse a modo de pañuelo en la cabeza, un pañal de cuando sus hijos eran pequeños. Ese símbolo junto a una lucha tenaz y extremadamente valiente (varias de ellas fueron secuestradas y asesinadas) dio la vuelta al mundo y significó un golpe letal para la impunidad de los militares asesinos.
Resistir es vencer
«Si no se hubiera resistido por todas las formas posibles, la dictadura militar hubiera durado muchos años más», solía decir en sus intervenciones públicas, el fallecido dirigente montonero Roberto Perdía. Y es real que, más allá del miedo y la parálisis que podía provocar el temor a engrosar la lista de los desaparecidos, surgieron muchas iniciativas y militantes que hicieron lo posible e imposible para desgastar a los genocidas.
Hubo Resistencia Cultural, a través de una lucha no violenta, utilizando el arte, la literatura y la música para desafiar la censura y la represión. Se crearon espacios independientes y clandestinos para mantener viva la memoria y denunciar violaciones de derechos humanos. En los últimos dos años de la dictadura, cobró importancia Teatro Abierto, nacido en 1981 como respuesta de dramaturgos, actores y directores a la censura, persecución y prohibición artística impuesta por la dictadura.
En el caso de la Resistencia estudiantil, fue también muy compleja ya que la dictadura intervino todas las Universidades, organizó quema masiva de libros de izquierda o de pensamiento crítico. En septiembre de 1976, fuerzas represivas secuestraron y desaparecieron a estudiantes secundarios en La Plata que exigían derechos estudiantiles, marcando uno de los episodios más atroces de la represión, conocido como “La noche de los lápices”. Los estudiantes participaron de la resistencia general junto a gremios y organizaciones de derechos humanos.
También hubo Resistencia Comunicacional, con numerosas publicaciones paralegales y algunas transmisiones radiales clandestinas organizadas por Montoneros y el ERP. En este rubro, se destacó a partir de mayo de 1976, la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA), dirigida por el periodista, escritor y militante montonero, Rodolfo Walsh. ANCLA significó la posibilidad de romper la censura total y suministrar en el país y en el exterior, información sobre lo que realmente estaba ocurriendo con la actuación criminal de la dictadura. Un pequeño grupo de comunicadores –entre los que estaba quien esto escribe- realizaron esa tarea durante un año y medio, hasta que Walsh fuera asesinado, otra de las compañeras del grupo fuera secuestrada en la ESMA, y parte de la redacción tuviera que partir al exilio, De esa manifestación de resistencia periodística, vale recordar la Carta a la Junta Militar, escrita por Walsh, denunciando todas las atrocidades de la dictadura..
Hubo también Resistencia armada, a pesar que las organizaciones revolucionarias estaban debilitadas por sufrir serios golpes represivos, pero de todas maneras se produjeron numerosos atentados y sabotajes en todo el país. En este mismo ámbito, Montoneros organizó una «contraofensiva» a partir de 1979, con el reingreso al país de militantes que se hallaban en el exilio. Dicha operación produjo varias acciones guerrilleras exitosas pero también sufrió golpes represivos que dejaron un saldo de numerosos militantes asesinados.
Por último, desde 1976 a 1983, puede decirse que hubo también una Resistencia silvestre, es decir, hombres y mujeres que se auto-organizaron en barrios, fábricas y universidades, a veces de forma legal y otras semiclandestina, para de distintas maneras, expresar su rechazo a la brutal militarización del país, a la tortura, a los crímenes y a la sinrazón de un gobierno que llegó para destruir todos los lazos sociales, hipotecar la soberanía y permitir el despojo impuesto por las multinacionales y el capitalismo. Un gobierno, aquel de los uniformes y las botas, con un programa corrosivo muy similar al actual.
Conclusión: 50 años después, el pueblo consciente -trabajadores, estudiantes, jubilados, militantes de derechos humanos- no solo vuelve a homenajear a los que lo dieron todo peleando contra la dictadura, sino que gesta todos los días nuevas acciones de resistencia. Como bien dijo la Madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, porque solo así «Venceremos».
*Periodista, escritor, director de Resumen Latinoamericano. militante social y político desde los años 70 hasta el presente.
MEGA-OPERATIVOS DE ESTE TIPO, CON CARABINEROS Y PDI, SE REALIZAN DESDE EL AÑO PASADO
El lunes 16 de marzo el gobierno informó que un operativo conjunto de la PDI y Carabineros permitió el arresto de 2.905 personas. El desglose de ese total indica que 193 de ellas están acusadas de delitos altamente violentos, como homicidio, secuestro, violación y robo con intimidación (categoría en la que figuran portonazos, encerronas y turbazos), que son crímenes que generan temor en la ciudadanía. Muchos de los detenidos tenían orden de detención, pero por delitos que no incluyen violencia física, como hurto o deuda de pensión de alimentos. Hasta ahora, el Ejecutivo desconoce el número de personas que pasaron a control de detención, cuántas quedaron en prisión preventiva o con otra cautelar y cuántas fueron dejadas en libertad, aunque en la cartera de Seguridad aseguran que se hará ese seguimiento. Este tipo de mega-operativo, con miles de detenidos, ya se había realizado en tres ocasiones en el gobierno anterior.
(Crédito de imagen de portada: Diego Martín/Agencia UNO)
Fue hace una semana que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunció que entre el 12 y el 14 de marzo, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un mega-operativo denominado “Operación Seguridad Total”. El procedimiento, según se informó, culminó con 2.905 detenidos. La decisión del nuevo gobierno reactivó una fórmula que ya había sido aplicada tres veces durante la administración del expresidente Gabriel Boric, con la participación de ambas policías y con un resultado de miles de detenidos.
De los 2.905 detenidos que arrojó esta nueva versión del mega-operativo policial, CIPER contabilizó a aquellos que están acusados de cometer cuatro tipos de delitos altamente violentos que provocan temor en la población: homicidio, secuestro, violación y robo con intimidación. Este último abarca, por ejemplo, los denominados portonazos, encerronas y turbazos, así como asaltos a locales comerciales con armas de fuego, robos a transeúntes con armas blancas y asaltos en viviendas en las que se encañona a sus ocupantes, entre otros delitos similares. Los detenidos en el mega-operativo por estos delitos suman 193 personas, cerca del 7% del total de arrestados.
En el caso de la PDI, según información del Ministerio de Seguridad, de las 1.577 personas detenidas por esta policía, cuatro lo fueron por la acusación de homicidio; dos por secuestro; nueve por violación y 31 por robo de intimidación. En total, 46 personas. En la misma cartera indicaron a CIPER que, de los 1.328 individuos aprehendidos por Carabineros, 143 tenían orden de detención por robos violentos con intimidación y otros cuatro por homicidio. En total, 147.
En sus reportes habituales, Carabineros y la PDI utilizan el concepto de “delitos de alta connotación”, que corresponde a una definición más amplia que la selección hecha por CIPER, pues incluye otros delitos, no necesariamente violentos, pero frecuentes, como receptación de especies, tráfico y hurto. En ese sentido, la PDI capturó en el mega-operativo a otras 41 personas por tráfico de drogas; 104 por microtráfico; 23 por abuso sexual y 47 por porte de armas de fuego.
Carabineros también detuvo a 26 personas por delitos contra el parque vehicular; 74 por infracciones a la ley de drogas; 34 por delitos sexuales; 13 por delitos contra Carabineros y otras ocho por infracción a la ley de armas. Si se consideran todas estas categorías informadas por ambas policías, son 563 los detenidos en el operativo que eran buscados por alguno de estos delitos. Los 2.342 restantes que no cuadran en estas categorías se explican, en gran parte, porque muchos detenidos, si bien tenían orden vigente, no era por delitos que incluyen violencia física, como hurto o personas deudores de pensiones de alimentos.
Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI y experto en seguridad pública y privada, explicó a CIPER que delitos como el robo con intimidación “no solamente te genera impacto a ti, sino que a tu entorno, tu familia, por lo que significa que a ti te asalten. La percepción de inseguridad no solamente va a ser tuya, sino que también de tus entornos”. Por ello, detalla que la priorización de la detención de autores con esos antecedentes “genera en la sociedad que la policía y el Estado, en sí, están haciendo un buen trabajo, porque de una u otra manera están sacando de circulación a un grupo criminal que hace un daño enorme a las personas”.
El pasado lunes 16 de marzo, CIPER consultó a Carabineros a través del Departamento de Comunicaciones por el desglose completo de los delitos imputados a las personas detenidas, la misma solicitud se hizo a la PDI, pero ninguna de las policías estuvo disponible para entregar la información.
También se consultó a través de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad si se hará un seguimiento para saber el número de personas que pasaron a control de detención tras el operativo, cuántas quedaron en prisión preventiva y cuántas quedaron bajo otra medida cautelar o en libertad. Desde la cartera señalaron que: “Respecto a los casi 3.000 detenidos del operativo en el que participaron de manera conjunta Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Seguridad sí hará un seguimiento al número de personas que pasarán a control de detención, así como a cuántas quedarán en prisión preventiva u otra medida cautelar”.
El 24 de marzo, CIPER preguntó al Ministerio si es que existía alguna actualización de ese seguimiento, quienes señalaron que los primeros días de la próxima semana será posible tener esos datos.
RONDAS MASIVAS ANTERIORES
A través de una revisión de prensa, CIPER identificó que, al menos desde 2016, Carabineros ya realiza operativos nacionales de seguridad. Uno de esos casos ocurrió el 24 de marzo de 2016, cuando la policía capturó a 1.141 personas, de las cuales 515 mantenían una orden judicial pendiente y 626 fueron detenidas cometiendo delitos violentos.
Durante el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre el 11 de marzo de 2018 y el 4 de febrero de 2019, el Ministerio del Interior informó que “a la fecha, han sido once las rondas masivas que Carabineros ha realizado en diversos puntos del país, las cuales han dejado un balance de 51.015 detenidos, gracias a más de 2 millones de controles policiales”.
Por ejemplo, en mayo de 2018, registros de prensa dan cuenta de que tras un despliegue nacional de Carabineros durante tres días, se concretaron 5.085 detenciones, de las cuales 1.959 corresponden a personas que se encontraban con órdenes de detención pendientes y otras 3.126 estaban cometiendo delitos flagrantes.
En la administración de Gabriel Boric, también hay registros de 2022 a 2024 de operativos masivos realizados por Carabineros. Pero en agosto de 2025, estos procedimientos se perfeccionaron y, bajo el nombre Plan Fortaleza, comenzaron a efectuarse en conjunto por la policía uniformada y la PDI. Con esa estrategia, en tres procedimientos nacionales realizados entre agosto y noviembre del año pasado, 7.978 individuos fueron detenidos. Y, en dos de esos operativos, poco más de la mitad de los aprehendidos contaban con una orden de detención pendiente.
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