CIPER revisó las historias detrás del “Archivo Berrutti”, una colección de documentos de la inteligencia militar uruguaya que hasta ahora permanecían casi inexplorados. Los registros revelan operaciones conjuntas de las dictaduras del Cono Sur contra opositores, aún antes del Plan Cóndor. También hay evidencia de espionaje permanente a artistas, con una preocupación casi obsesiva por el poeta Mario Benedetti, además de intelectuales chilenos, como Ariel Dorfman. Los documentos muestran que la preocupación de la inteligencia uruguaya por Chile es anterior al golpe de Estado de 1973, así como su inquietud por las acciones de la Logia P-2 en Montevideo.
El llamado “Archivo Berrutti” es una colección de documentos de inteligencia castrense microfilmados y descubiertos en instalaciones militares durante la gestión de Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa de Uruguay, entre 2005 y 2008, pero que fueron mantenidos lejos del escrutinio público por casi dos décadas. CIPER accedió a esta documentación y, uniendo trabajo periodístico con herramientas de inteligencia artificial, procedió a revisar parte de este acervo histórico, cuya información se mantiene inexplorada en su mayoría.
Los documentos analizados por CIPER serán incorporados ahora a “Papeles de la Dictadura”, la plataforma de consulta pública que es una iniciativa de este medio en conjunto con el CIP.UDP y que pone a disposición de los ciudadanos miles de registros de la época del régimen militar (acá puede ingresar y explorar los archivos de “Papeles de la Dictadura”).
Estos informes y registros fueron producidos casi en su totalidad por el Servicio de Información de Defensa (SID), actual Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE) de Uruguay. En dichos rollos se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, resúmenes de escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, fichas de líderes de izquierda, memorándums sobre diversos asuntos, recortes de prensa, solicitudes de información, órdenes de captura y reproducciones de publicaciones incautadas, entre una amplia variedad de textos.
Es decir, estos archivos proporcionan evidencia de los crímenes cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), incluyendo detenciones generalizadas, procesamientos arbitrarios contra civiles en la justicia militar, secuestros transfronterizos en el marco del Plan Cóndor, desapariciones y persecuciones socioeconómicas masivas de personas opositoras, a través de la inclusión en listas negras, entre otras acciones.
Pero también revelan información sobre operaciones en y con otros países del Cono Sur latinoamericano, con registros del seguimiento en Chile a líderes de izquierda de diversos países de la región aún antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 (vea ese documento).
Estos registros reafirman que estos tratos crueles, inhumanos y degradantes no fueron aleatorios, sino que se articularon como componentes de un sistema deliberado, organizado y sistemático de terrorismo de Estado, impulsado desde los más altos mandos del país y en ocasiones en colaboración con otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur.
La colección registra, además, las justificaciones ideológicas que el régimen uruguayo enarboló en sus comunicaciones internas para desarrollar sus acciones, presentándolas siempre como una defensa necesaria de la nación contra los movimientos revolucionarios de influencia foránea. Es decir, una perspectiva asentada en la doctrina de seguridad nacional y su concepción del enemigo interno, como muestra documentación revisada por CIPER (vea uno de esos registros).
A modo de ejemplo, en estos rollos microfilmados es posible observar que, además de etiquetar a las personas, los servicios de seguridad uruguayos dedicaron importantes recursos a mapear las estructuras opositoras, incluso fuera de sus fronteras, como ocurrió con grupos que operaban en Chile (vea uno de esos documentos).
Las transcripciones de los interrogatorios revelan un proceso metódico para identificar jerarquías y roles dentro de las organizaciones que eran objeto de vigilancia. En ocasiones, esta información fue utilizada en los procesos judiciales llevados a cabo por la Justicia Militar en Uruguay.
El volumen y la extensión cronológica del archivo subraya la escala de la operación de inteligencia. De hecho, los documentos hallados abarcan desde 1964 hasta 2004. Es decir, hasta dos décadas después de la recuperación de la democracia en Uruguay.
Al igual que en el caso chileno, es importante destacar que esta vasta acción de vigilancia y control tuvo una dimensión internacional, debido al exilio masivo de ciudadanos uruguayos.
De hecho, el régimen desplegó un sistema de espionaje internacional que incluyó desde la recopilación de expedientes personales hasta la interceptación de comunicaciones de quienes vivían en condición de extrañamiento. Todo esto con la finalidad de neutralizar la disidencia a escala global. Es decir, los sistemas establecidos para monitorear y clasificar personas en Uruguay no eran solo una preocupación interna (ver documento).Más bien, el régimen comprendió que las comunidades exiliadas podían convertirse en poderosas voces de denuncia, capaces de movilizar a gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos en su contra.
En consecuencia, rastrear las palabras, movimientos y asociaciones de sus ciudadanos en el extranjero se convirtió en una prioridad estratégica, con el objetivo de impedir la consolidación de un frente antidictatorial a nivel mundial. Y en ese camino la cooperación con las dictaduras conosureñas, a quienes llaman “gobiernos amigos”, estuvo presente (ver documentos).
De hecho, en la documentación aparece información relevante sobre historias como el secuestro y hallazgo de los niños uruguayos Julien-Grisonas en Chile; las operaciones logísticas del grupo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en nuestro país antes del 11 de septiembre de 1973; el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, en Brasil; las operaciones de la «Cábala», una organización previa al Plan Cóndor, y las filtraciones de seguridad desde la embajada de Argentina en Chile a Uruguay, entre otros temas.
Según los registros del Servel, la organización civil “Unidos somos más fuertes” recibió donaciones por casi $33 millones para financiar su campaña por el Rechazo a la propuesta constitucional de 2022. Los documentos del mismo servicio indican que, de ese dinero, $4 millones fueron aportados por Enrique García, el socio chileno del argentino Fernando Cerimedo, el llamado “rey de los bots” detenido en Bolivia por intento de femicidio. Otro donante fue Tomás Yáñez, quien ahora integra el gabinete del ministro Martín Arrau. Los registros del Servel muestran que “Unidos somos más fuertes” financió la difusión de la campaña denominada “Así no”. CIPER revisó volantes y mensajes radiales de esa propaganda y comprobó que incluyeron al menos tres informaciones falsas y dos engañosas sobre la propuesta constitucional.
“Unidos somos más fuertes” fue una de las organizaciones civiles que -gracias a las normas especiales que se aplicaron en el plebiscito constitucional de 2022- fue autorizada para recibir donaciones y hacer propaganda en ese proceso electoral. Según registros del Servel, este grupo reunió casi $33 millones y los usó para difundir una campaña denominada “Así no”, a favor del Rechazo, la opción que ganó con amplia ventaja ese proceso electoral.
La campaña “Así no” estuvo compuesta principalmente por mensajes radiales, pero también por volantes que se repartieron en la vía pública. CIPER confirmó que en esa propaganda se incluyeron al menos tres informaciones falsas y dos engañosas sobre el contenido de la propuesta constitucional, en materias relacionadas con seguridad pública, salud y educación.
El Servel decidió que los datos de los integrantes de estas «organizaciones de la sociedad civil» (OSC) debían mantenerse bajo reserva, pero en 2023, se vio obligado a responder a una solicitud de transparencia y entregó la lista de representantes de los OSC. Según esa información, la persona que inscribió a «Unidos Somos Más Fuertes» es un excandidato a concejal de Renovación Nacional (vea un reportaje de La Bot y CIPER al respecto). A las organizaciones, tampoco se les pidió una rendición detallada de sus gastos, por lo que no se sabe quién prestó el servicio de diseñar esta propaganda con datos falsos.
Pero, lo que sí se puede saber son los nombres de quienes donaron dinero a estas organizaciones. Al menos los de aquellos que decidieron hacer pública su identidad. Los registros del Servel indican que una de las personas que aportó fondos a “Unidos somos más fuertes” fue el socio chileno de Fernando Cerimedo, el argentino acusado en Bolivia de contratar a sicarios para asesinar a su pareja, hoy conocido como el “rey de los bots”. El socio de Cerimedo en Chile es el abogado Enrique García Arancibia. Otro aportante a la misma organización fue el periodista Tomás Yáñez Pelay, quien se desempeña actualmente en el gabinete del ministro de Seguridad, Martín Arrau (vea acá el documento del Servel con el aporte de García en el Nº 2.435 y el de Yáñez en el Nº 5.017).
Según el mencionado registro del Servel, García Arancibia donó $4 millones a esta entidad que difundió la campaña “Así no”, aporte que se materializó el 10 de agosto de 2022. En tanto, Yáñez Pelay le donó $1.080.000, lo que se concretó el 29 del mismo mes.
CIPER intentó contactar a García y a Yáñez, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
INFORMACIÓN FALSA Y DATOS ENGAÑOSOS
La campaña “Así no” incluyó volantes que se entregaron en la vía pública y la difusión de mensajes en radios. CIPER revisó algunas piezas de esa propaganda (vea aquí uno de los volantes) y confirmó que en ellas se incluyeron al menos tres mensajes falsos sobre el contenido de la propuesta constitucional de 2022:
Que le quitaba a Carabineros la tarea del orden público.
Que permitía a manifestantes entrar a la casa de una persona sin su autorización.
Que eliminaba el bono de libre elección en Fonasa.
Y también se incorporaron dos informaciones engañosas:
Que tres millones de personas se cambiarían a Fonasa, colapsando el sistema público de salud.
Que se podrían eliminar rápidamente los colegios particulares subvencionados.
75 ORGANIZACIONES
“Unidos somos más fuertes” fue creada especialmente para la campaña del plebiscito de salida de 2022. Es una de las 75 organizaciones civiles de la opción Rechazo, que se inscribieron ante el Servel para recibir aportes y hacer campaña. En su caso -y en el de una decena de estas entidades- no tiene un registro oficial. Según la información de aportes a la campaña, la organización recaudó $32,91 millones, el que gastó mayoritariamente ($27 millones) en difusión radial.
La organización difundió la campaña titulada “Así No”, lo que quedó registrado en sus declaraciones de las publicaciones que hizo en medios (vea una ficha con estas declaraciones). Parte del material difundido bajo el slogan “Así No” fue recopilado por CIPER en medio de la campaña de 2022 (vea ese artículo).
No es posible conocer quién diseñó la estrategia de “Así No” y definió sus contenidos, ya que para el plebiscito de 2022 el Consejo Directivo del Servel resolvió que las organizaciones de la sociedad civil no estarían obligadas a la rendición de gastos electorales, pero sí debían informar los aportes monetarios y la contratación de propaganda en medios y redes sociales (vea aquí ese acuerdo).
“Unidos somos más fuertes”, es una de las organizaciones que registró un alto gasto de publicidad en medios para el plebiscito 2022. Otras que destacaron en este ítem fueron “Impulso Norte” y “Aconcagua Rechaza”, las que también rindieron gastos relacionados con la consigna “Así no” y fueron creadas especialmente para ese plebiscito constitucional.
EL FACTOR CERIMEDO
La conexión entre Cerimedo y García se conoció en 2023, por un artículo de La Bot que también fue difundido por CIPER (vea ese reportaje). El abogado creó en Chile la agencia Numen SpA en septiembre de 2020, sociedad que lleva el mismo nombre que la empresa de publicidad que Cerimedo fundó en Argentina. Si bien el trasandino no aparece en la constitución de la sociedad en Chile, García sí figuraba en la web de la agencia argentina bajo la denominación de Socio/Country Manager. En el segundo proceso constitucional, García fue uno de los 12 árbitros del comité que decidió qué elementos eran admisibles en la Nueva Constitución. Esa vez actuó como representante del Partido de la Gente.
El nombre de Fernando Cerimedo ha estado en la palestra luego de que fue detenido en Bolivia acusado del intento de femicidio contra su pareja. Cuando la policía lo arrestó encontró un dispositivo para manejar bots, que son cuentas automatizadas en redes sociales para difundir contenidos que aparentan masividad, lo que permite manipular el debate público. Tras la noticia de su detención, en Chile el foco ha estado puesto en sus contactos con la derecha local y, particularmente, con personas cercanas al Presidente José Antonio Kast. El tema fue atizado por las declaraciones de la pareja de Cerimedo que sufrió el intento de femicidio, Nadia Beller, quien sostuvo que el argentino decía que había participado en la campaña presidencial de Kast (vea una nota de Biobío con sus declaraciones).
El rastro de Cerimedo en Chile parte en el primer plebiscito constitucional, en 2020. Entonces, su agencia Numen elaboró encuestas -que fueron cuestionadas por problemas metodológicos- para la organización Casa Común. En ese entonces trabajaban en esa misma entidad el actual jefe de los asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval, y el jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, Felipe Costabal, uno de los artífices de las exitosas campañas del mandatario. Por esta razón, ya antes de la intervención de la expareja de Cerimedo se especulaba sobre la cercanía del asesor argentino con miembros del círculo de confianza de Kast.
En 2023, el propio Cerimedo aseguró haber participado en la campaña del rechazo del plebiscito de salida. En una entrevista que le otorgó al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) para la investigación Mercenarios Digitales dijo: “A mí me quiso contratar un grupo de empresarios, una especie de mesa de dinero, que me convenía económicamente. Pero tomamos otro camino para trabajar, que sea gente que tenga algún interés genuino en la Constitución. Logramos juntar 52 asociaciones civiles, les hicimos una propuesta de trabajo y ellos nos pagaron”.
Según publicó The Clinic, durante la campaña de 2022, Cerimedo llegó hasta la sede de Renovación Nacional, allí se reunió con personeros de la UDI, del Partido de la Gente e incluso con miembros del segundo piso del Presidente Kast. El encuentro quedó registrado en una fotografía que se ha viralizado en redes sociales, allí se puede ver a Enrique García a un lado de Cerimedo.
Fernando Cerimedo en la sede de RN durante la campaña del plebiscito de 2022 Fuente: The Clinic
Cerimedo, quien ha sido vinculado a las campañas de Jail Bolsonaro y Javier Milei, no detalló a qué organizaciones se refería, tampoco la forma en que habría prestado servicios a esta cincuentena de organizaciones. Y no es posible conocer a quien asesoró, porque, como ya está dicho, el Servel estableció que estas organizaciones civiles no debían identificar a quiénes contrataron para ejecutar sus campañas.
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la constitución de una Comisión Investigadora para determinar si hubo manipulación de la opinión pública en las elecciones presidenciales y plebiscitos, y la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación penal para determinar la eventual existencia de delitos a partir del rol que habría tenido Cerimedo en campañas políticas.
La reciente encuesta Cadem, publicada este 3 de septiembre, reveló que la desaprobación al Presidente José Antonio Kast subió al 61%, la más alta desde que asumió en marzo. O sea más de 6 de 10 chilenos/as rechazan al mandatario según este sondeo.
De acuerdo al sondeo, ante la pregunta 'Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma cómo José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?', el 61% rechazó el trabajo del Mandatario.
Además, el 34% dijo aprobar la gestión de Kast, siendo igualmente el número más bajo desde su llegada a La Moneda.
Cabe señalar que el alto rechazo a Kast superó a la de momentos complejos del mandato, como el denominado 'bencinazo', cambio de gabinete y el alza en el desempleo.
Igualmente, la encuesta reveló que el 79% considera "mala o muy mala" la actual situación económica de Chile, mientras que el 37% cree que esta "se mantendrá igual" y el 36% afirmó que "empeorará".
Al respecto, el 83% reconoció que "no le sorprende" las negativas cifras entregadas por el Banco Central en cuanto al Imacec de julio.
La excandidata presidencial Evelyn Matthei abordó sobre la investigación abierta por el Ministerio Público respecto a los nexos entre figuras políticas del entorno del presidente Kast y el consultor argentino conocido como el rey de los trolls, bots y cuentas falsas Fernando Cerimedo. Este sujeto que está preso en Bolivia por intentar asesinar a través de sicarios a su pareja que sobrevivió del ataque, ha participado en campañas politicas en Chile, donde hay videos e imágenes con personeros de la derecha extrema en nuestro país.
La excandidata de Chile Vamos no escatimó en calificativos al referirse al asesor político trasandino y expresó su preocupación por el impacto que estas prácticas pueden tener en el sistema democrático chileno.
Matthei fue categórica al tildar de “delincuente” a Cerimedo, fundamentando su afirmación en la información que se ha ido conociendo públicamente. La ex candidata explicó que su principal inquietud no radica en lo ocurrido durante la campaña presidencial pasada, sino en las implicancias que estas prácticas tienen para el funcionamiento democrático del país.
“Lo que me preocupa es que el uso de bots puede hacer simular como que todo un país está de acuerdo con una medida, cuando en realidad eso es falso“, señaló, agregando que estas cuentas falsas “instalan mentiras y a punta de repetirla una y otra y otra vez” logran influir en la opinión pública, según consigna radio Biobío.
La ex candidata reveló que los ataques en su contra comenzaron en enero del año pasado y fueron sistemáticos, siendo el episodio más conocido el relacionado con presuntas afirmaciones sobre Alzheimer. Matthei era candidata en la interna de la derecha contra Kast, el candidato de la extrema derecha.
Matthei explicó el mecanismo mediante el cual estas campañas de desinformación afectan la democracia: cuando las personas perciben que la mayoría está de acuerdo con algo, tienden a cambiar sus opiniones, un fenómeno que puede ser artificialmente manipulado mediante cuentas simuladas.
“A mí lo que me preocupa es cómo se gobierna un país, cómo se puede alterar la democracia mediante el uso inaceptable de cuentas simuladas, de cuentas falsas“, enfatizó, respaldando la decisión de la Fiscalía de investigar estos hechos que, en su opinión, afectan directamente el funcionamiento democrático del país.
«¿Alguna vez han tenido la sensación de que los han estafado? Buenas noches».
Johnny Rotten. No Fun.
Hay fechas que pertenecen al calendario y otras que pertenecen a la memoria. El 4 de septiembre es de estas últimas. Durante buena parte de nuestra historia republicana, hasta aquel lejano 1970, fue el día en que Chile elegía a sus presidentes. Era una fecha cargada de solemnidad cívica, de ritual republicano, de esa antigua convicción —hoy bastante maltrecha— de que las diferencias políticas podían resolverse contando votos y no cadáveres, ni barricadas, ni campañas de odio.
Por eso resulta inevitable volver a ella cada vez que septiembre se instala sobre Chile.
Pero este 4 de septiembre tiene una particularidad. Ya no permite mirar solamente hacia atrás. Obliga a mirar hacia adelante. Porque si algo ha quedado claro después de dos décadas de crisis sucesivas es que los chilenos hemos ido acostumbrándonos peligrosamente a una política que pierde primero la legitimidad en las instituciones y termina recuperándola —o intentando recuperarla— en la calle. Es la vieja historia del péndulo.
Unos ganan prometiendo refundarlo todo. Otros llegan prometiendo salvarlo todo. Unos hablan de derechos; otros, de orden. Unos ofrecen dignidad; otros, seguridad. Unos anuncian una nueva Constitución; otros prometen terminar con la incertidumbre constitucional. Y todos, llegado el momento, descubren la misma verdad que suele aparecer cuando se apagan las luces de campaña: otra cosa es con guitarra.
El problema es que entre una promesa y su fracaso pasan años, pero la paciencia ciudadana dura bastante menos.
La tesis que he venido sosteniendo en estas páginas y en mi trabajo como historiador, nada original por lo demás, es que Chile tiene una relación mucho más compleja con su institucionalidad de lo que solemos admitir. No somos simplemente el país ordenado, institucional y excepcional que nos gusta imaginar. Nuestra historia republicana está atravesada por conflictos, rupturas, golpes, reventones y episodios en que la política institucional fue incapaz de procesar las tensiones sociales que ella misma había acumulado. He hablado precisamente de esa “violencia histórica” que acompaña nuestra trayectoria republicana y de esos “reventones” periódicos que aparecen cuando las élites han agotado la capacidad de representar y conducir. Y quizás ahí esté una de las claves para comprender este Chile de 2026.
EL PAÍS DE LAS ELECCIONES QUE SE GANAN ANTES DE GOBERNAR
José Antonio Kast ganó legítimamente la elección presidencial de diciembre de 2025. Eso no está en discusión. El Servel ratificó su triunfo con un 58,17% de los votos válidamente emitidos. Asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2026. Lo que sí puede discutirse —y debe discutirse— es cómo se construyó el clima político y comunicacional que hizo posible esa victoria.
Porque una elección no se gana solamente el día en que se cuentan los votos. Se gana mucho antes: cuando una sociedad empieza a percibir que determinadas afirmaciones son verdades, aunque nadie pueda probarlas; cuando ciertos rumores adquieren categoría de noticia; cuando una sospecha se transforma en certeza y cuando el miedo consigue imponerse sobre la deliberación.
Eso fue precisamente lo que comenzó a hacerse evidente con el ecosistema digital que rodeó las elecciones recientes y, particularmente, con las investigaciones que han vuelto a poner el nombre del argentino Fernando Cerimedo en el centro de la discusión política chilena.
La Cámara de Diputados acaba de aprobar una comisión investigadora para examinar su eventual huella en Chile. Cerimedo ha sido vinculado a operaciones digitales y a una red de bots, mientras Evelyn Matthei ha denunciado campañas de desinformación en su contra durante la elección presidencial de 2025. Kast, por su parte, ha reconocido conocer a Cerimedo, pero niega haber trabajado con él o que su partido haya recurrido a sus servicios. Precisamente por eso corresponde investigar y establecer responsabilidades con evidencia, no mediante consignas. Pero hay algo más profundo.
El problema no es solamente saber quién apretó el botón, quién contrató a quién o quién administraba determinadas cuentas anónimas. El problema es que la mentira política dejó de ser un accidente y se convirtió en un método.
El propio Servel ha debido desarrollar mecanismos permanentes de detección y desmentido de información falsa durante los procesos electorales. Para las elecciones de 2025 identificó publicaciones desinformativas clasificadas según las categorías de la UNESCO, entre ellas falsas encuestas, declaraciones atribuidas falsamente a candidatos y contenidos destinados a generar desconfianza. Eso debiera preocuparnos mucho más que una determinada elección.
Porque cuando una democracia comienza a funcionar sobre la base de que cada ciudadano recibe una realidad distinta en su teléfono, la democracia deja de ser un espacio común de deliberación y comienza a transformarse en una disputa por quién consigue imponer la ficción más eficaz. Y aquí aparece una paradoja incómoda. Kast ganó. Pero ganar una elección no significa necesariamente haber ganado un proyecto político.
SEIS MESES PARA DESCUBRIR LA REALIDAD
La historia reciente chilena ofrece un extraño patrón.
Sebastián Piñera llegó en 2010 prometiendo una nueva derecha, eficiente, moderna, capaz de combinar crecimiento económico con una gestión empresarial del Estado. Luego vino el desgaste, las protestas estudiantiles y una administración que nunca consiguió consolidar el relato político con el que había llegado a La Moneda.
Michelle Bachelet regresó en 2014 con una agenda transformadora y la promesa de modificar las bases del modelo heredado. El resultado fue una administración marcada por reformas, dificultades de gestión, cambios de gabinete, renuncias y una pérdida progresiva de impulso político.
Piñera volvió en 2018 ofreciendo experiencia, crecimiento y estabilidad. Terminó enfrentando el estallido social de 2019 y una crisis institucional de proporciones. Aunque lo salvó la pandemia.
Y luego vino Gabriel Boric.
Su administración terminó políticamente el 4 de septiembre de 2022. No porque dejara de existir jurídicamente —gobernó hasta marzo de 2026—, sino porque aquel día perdió el proyecto político que había llevado a su generación al poder. Lo que siguió fue una larga espera, con aciertos y desaciertos, zigzagueos, inflexiones y renuncias.
Ahora parece comenzar una película conocida. Kast llegó con una promesa particularmente poderosa: orden, seguridad, eficiencia, reducción del gasto, recuperación económica y un Estado que dejaría atrás la supuesta incapacidad de los gobiernos anteriores.
Era un discurso perfecto para una sociedad agotada. El problema aparece cuando llega el momento de gobernar.
A poco más de cuatro meses de iniciado el gobierno, ya habían salido 36 autoridades entre ministros, subsecretarios y seremis. Antes de cumplir cinco meses, distintos medios contabilizaban más de treinta salidas en ministerios, subsecretarías y gobiernos regionales.
A eso se sumaron conflictos comunicacionales, polémicas económicas, el aumento de los combustibles, el concepto de “Estado en quiebra”, el anuncio de discontinuar 142 programas sociales y el primer cambio de gabinete a solo 69 días de asumido el Gobierno.
No es todavía el fracaso de una administración completa. Pero sí permite sostener algo distinto y quizás más importante: el proyecto político con el que Kast llegó al poder comenzó a mostrar fisuras mucho antes de lo que probablemente sus propios partidarios imaginaron.
La derecha que durante años reclamó contra la improvisación, las volteretas, la falta de experiencia y la incapacidad administrativa de la izquierda descubrió rápidamente que gobernar es bastante más difícil que criticar al Gobierno anterior. Es, nuevamente, otra cosa con guitarra.
EL ESPEJISMO DE LAS VICTORIAS
Hay algo que las derechas latinoamericanas han aprendido extraordinariamente bien: construir elecciones alrededor del miedo. El miedo al comunismo. El miedo a la delincuencia. El miedo a los inmigrantes. El miedo a perder los ahorros. El miedo a la expropiación. El miedo a la izquierda. El miedo al desorden. El miedo, finalmente, a que el país deje de ser reconocible. El problema no está en hablar de esos temores. Muchos son reales. El problema aparece cuando la política deja de responderlos con soluciones y comienza a explotarlos como combustible electoral.
Eso ya lo vimos en 2022. El texto que sirve de base a esta columna advertía que la campaña del Rechazo había convertido la contienda democrática en una suerte de “guerra de ingeniería social de baja intensidad”, donde el miedo y la sospecha fueron utilizados como instrumentos de movilización. La lección, sin embargo, no fue aprendida.
La izquierda creyó que la derrota se explicaba por las fake news y la derecha aprendió que las fake news podían ser útiles. Unos se refugiaron en la victimización. Los otros, en la impunidad. Y así llegamos a 2025.
No sería serio afirmar que Kast ganó exclusivamente gracias a la desinformación. Ganó porque existía un profundo malestar social, porque la seguridad se convirtió en una preocupación central, porque había cansancio con el ciclo político iniciado en 2019 y porque millones de ciudadanos querían una alternativa al oficialismo. La propia elección, con un 58,17%, expresa una mayoría contundente. Pero tampoco sería serio negar el efecto que puede tener una maquinaria de desinformación sobre una democracia. Una elección puede ser legal y, al mismo tiempo, estar rodeada de una degradación brutal del ecosistema informativo. Ese es el punto que debiéramos discutir.
LA LARGA ESPERA
Y entonces aparece nuevamente el 4 de septiembre. Porque el problema chileno ya no parece ser solamente quién gobierna. El problema es que cada gobierno termina demasiado pronto como proyecto político y demasiado tarde como administración.
Eso ocurrió con Piñera 1. Ocurrió con Bachelet 2. Ocurrió con Piñera 2. Ocurrió con Boric. Y comienza a insinuarse ahora con Kast. Después viene la larga espera.
Una espera hecha de discursos, ajustes, cambios de gabinete, explicaciones, responsabilizar al gobierno anterior, responsabilizar al Congreso, responsabilizar a los medios, responsabilizar a las redes sociales y, finalmente, responsabilizar a la ciudadanía.
Mientras tanto, el país sigue ahí. Esperando. Esperando seguridad, empleo, pensiones dignas, salud. Esperando que las instituciones funcionen. Esperando que quienes ganaron una elección sean capaces de gobernar más allá de su propia tribu.
Porque el problema de Chile no es que cambien los gobiernos. El problema es que cambia el gobierno, pero no cambia la forma de hacer política. Y cuando esa política fracasa, el fracaso no desaparece. Se acumula. Se acumula en la desconfianza. En el voto antisistema. En la rabia. En las redes sociales. En las calles…. Hasta que finalmente revienta.
Lo hemos advertido desde hace años: Chile es un país que ha vivido demasiados “reventones”, demasiadas crisis en que las élites desnudas terminan encontrándose con una sociedad que ya no está dispuesta a soportar el abuso, la distancia o la indiferencia.
Quizás por eso el 4 de septiembre debiera dejar de ser solamente una fecha electoral. Debiera transformarse en una advertencia.
Porque hubo un tiempo en que Chile elegía presidentes cada 4 de septiembre y creía que, después de contar los votos, comenzaba el tiempo de la política.
Hoy parece ocurrir exactamente al revés. Contamos los votos y comienza la espera. Esperamos que el ganador cumpla. Esperamos que el perdedor se reorganice. Esperamos que el Congreso funcione. Esperamos que los partidos recuperen sentido. Esperamos que la calle no vuelva a explotar. Esperamos que la mentira no termine reemplazando a la política.
Y esperamos, sobre todo, que la próxima elección no tenga que ser nuevamente una elección contra el miedo.
Porque si algo debiera enseñarnos este cuarto día de septiembre es que una democracia no se destruye solamente cuando alguien rompe las urnas. También puede comenzar a morir cuando la ciudadanía deja de creer en aquello que las urnas representan.
Y esa es, quizás, la verdadera tragedia chilena.
Durante veinte años hemos ido de una ilusión a una decepción, de una mayoría a otra, de una promesa refundacional a una promesa de restauración. Hemos cambiado de signo político, de coalición, de discurso y hasta de Constitución. Pero seguimos sin resolver la cuestión fundamental: cómo construir una institucionalidad política capaz de procesar democráticamente los conflictos de una sociedad que ya no acepta ser gobernada desde arriba ni manipulada desde abajo.
La violencia ha sido demasiadas veces la partera de nuestra institucionalidad. Primero fue la violencia política. Después, la violencia social. Ahora puede ser la violencia digital.
Y si no somos capaces de reconstruir un espacio público donde la verdad vuelva a importar, donde los adversarios no sean enemigos y donde ganar una elección no sea entendido como licencia para hacer cualquier cosa, el próximo reventón será solamente cuestión de tiempo.
Por eso este 4 de septiembre no debiéramos preguntarnos solamente quién ganó.
La pregunta verdaderamente republicana es otra: ¿qué nos queda después de que todos ganan y, seis meses más tarde, el proyecto ya está terminado? Quizás la respuesta sea incómoda.
Quizás llevemos veinte años eligiendo presidentes para descubrir, demasiado tarde, que lo que realmente necesitamos es volver a construir una República. Una República donde la política vuelva a ser política. Donde las instituciones no sean el escenario de una guerra permanente. Donde la calle no tenga que convertirse periódicamente en el último tribunal.
Y donde ningún gobierno —ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro— pueda esconder su fracaso detrás de la mentira, la victimización o la soberbia.
Porque los chilenos ya hemos esperado demasiado.
Y los pueblos que esperan demasiado, tarde o temprano, dejan de esperar…
Fundación del presidente de Codelco vinculada con trolls de redes sociales recibió más de $1.900 millones en donaciones anónimas e ingresos desde el extranjero
$1.906 millones en donaciones ha recibido la Fundación Ciudadanos en Acción, fundada por el actual presidente de Codelco, Bernardo Fontaine. Se trata de aportes anónimos que le han permitido financiar campañas políticas en redes sociales. Un influencer que participó en esas campañas manejaba una cuenta troll que difundió fakes news durante la pasada elección presidencial. El Servicio de Impuestos Internos se negó a entregar la nómina de donantes, arguyendo que eso vulneraría el secreto tributario.
La Fundación Ciudadanos en Acción (FCEA) apareció en el radar público el año pasado, cuando una investigación de Reportea y Vergara 240 —de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales— reveló que había recibido financiamiento de la Asociación de AFP para sus campañas en defensa de la industria previsional en medios de comunicación y redes sociales.
En las campañas de la fundación participó el influencer Matías Lorca, uno de los trolls que difundió mentiras en las redes sociales durante la última campaña presidencial. Un informe de Chile Vamos apuntó a la cuenta que él manejaba, “Canal de Mati”, como una de las que lideró el ataque contra la entonces candidata Evelyn Matthei, diciendo que sufría de alzheimer.
Reportea solicitó vía Ley de Transparencia las memorias de la fundación creada y liderada por Bernardo Fontaine, actual presidente de Codelco y quien el año pasado integró el comité estratégico y el equipo económico del comando de José Antonio Kast. En esas memorias, la FCEA señala haber recibido donaciones por $1.906 millones entre 2015 y 2024, incluyendo $209 millones recibidos desde el extranjero durante ese último año.
Los mayores aportes se registraron en 2022 y 2024, periodos en que la FCEA desplegó campañas en redes para apuntalar la opción Rechazo en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, y en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. En 2024, la fundación difundió una campaña contra la Estrategia Nacional del Litio desarrollada durante el periodo de Boric, criticando el rol que se le daría a Codelco y apoyando la idea de que el negocio fuera manejado exclusivamente por privados.
La información que no se transparenta en los documentos de la fundación es el origen del dinero recibido, pues no se identifica a ningún donante.
Bernardo Fontaine no estuvo disponible para responder preguntas para este reportaje. Desde el área de comunicaciones de Codelco explicaron que no se pueden referir a asuntos personales de su presidente.
Cuando el año pasado se reveló el uso de trolls en redes sociales para interferir en la campaña presidencial, el Ministerio Público activó una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía de Valparaíso. Sin embargo, esa indagatoria se archivó en enero pasado, según informó La Tercera.
En paralelo, la Superintendencia de Pensiones intentó fiscalizar el financiamiento de la Asociación de AFP a la fundación de Fontaine, pero no llegó lejos porque las administradoras de pensiones se ampararon en la libertad de expresión para no entregar ningún dato (revise nota de Reportea).
Ahora la discusión sobre el uso de campañas sucias en las redes se reactivó a partir de la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, un operador de derecha que ha reconocido públicamente el uso de trolls en elecciones desarrolladas en distintos países del continente, y que en Chile operó campañas de desinformación durante el proceso constitucional, según documentó un reportaje de La Bot. El diputado socialista Juan Santana presentó una denuncia en su contra y la Fiscalía Centro Norte analizará si existe mérito para abrir una causa penal.
La industria de la desinformación opera a nivel mundial y es un problema que enfrentan las democracias. El Oxford Internet Institute, de la Universidad de Oxford, indicó que en 2020 se detectaron campañas organizadas de manipulación de la opinión pública, a través de redes sociales, en 81 países. El mismo informe subrayó que esas campañas muchas veces provienen de empresas de relaciones públicas, y también de gobiernos y partidos políticos.
Hasta ahora, en Chile no existe una legislación específica que sancione las campañas de desinformación en redes sociales, aunque recientemente el diputado Jaime Bassa (FA) anunció un proyecto de ley para castigar el uso de bots en campañas electorales.
También en la Cámara de Diputados acaba de aprobarse una comisión investigadora para indagar el uso de bots y trolls en campañas electorales en Chile desde 2020 en adelante. Eso necesariamente incluirá las operaciones desplegadas por Cerimedo en el país, pero también la actuación de la red de trolls que funcionó durante la campaña presidencial del año pasado. La indagatoria podría llegar hasta Bernardo Fontaine, cuya fundación realizó pagos a uno de esos trolls, y se ha negado a transparentar quiénes son los donantes que financian sus performances en las redes.
Si es que es citado a la comisión, Fontaine estará obligado a asistir, debido a su nuevo rol como presidente del directorio de Codelco, una empresa estatal.
$1.906 millones en donaciones anónimas
La fundación liderada por Fontaine impulsa distintos tipos de campañas en redes sociales. Las que trabajaron junto a la Asociación de AFP, por ejemplo, consistían en mensajes grabados por influencers que no transparentaban que se trataba de una campaña pagada, y en la que no mencionaban ni a la FCEA ni a la gremial de las AFP. Y también están los mensajes que se incluían directamente en los perfiles en Facebook, Instagram o YouTube de la misma fundación.
El financiamiento proveniente de la Asociación de AFP tampoco se transparenta en ninguno de los documentos de la fundación revisados por Reportea. Pero el origen de los fondos fue confirmado por dos personas que han ocupado cargos directivos en esa agrupación gremial, y también por la agencia de comunicaciones Artool, que se encargaba de impulsar las campañas de la FCEA en redes como Facebook e Instagram. La misma información fue corroborada por fuentes que participaron de reuniones donde se coordinó el despliegue digital de la industria para oponerse a las reformas del sistema previsional.
Las memorias de la fundación sí mencionan la cantidad de dinero recibida a través de donaciones durante los últimos años. En 2018, cuando las protestas organizadas por el movimiento “No + AFP” convocaban a miles de personas y la gremial desplegaba una campaña en defensa del modelo de capitalización individual, la fundación reconoce haber recibido $80 millones en donaciones (ver aquí el documento).
Dos años después, la fundación registró el primer peak de donaciones: $207,6 millones, de acuerdo a la memoria de 2020 (ver aquí). De ahí en adelante, el financiamiento por esa vía fue al alza. En 2021 se reportaron $285,6 millones; en 2022, $335,1 millones; y en 2023, otros $318,4 millones.
La memoria de 2024 señala que ese año recibieron $344,2 millones, incluidos $209,7 millones desde el extranjero (ver aquí).
En todas las memorias aparece Bernardo Fontaine como presidente del directorio y representante legal de la fundación, excepto en 2021, cuando se presentó a las elecciones y ganó un cupo en la Convención Constitucional como representante de la zona oriente de Santiago (vea ese documento).
Lo que no aparece es la identidad de los donantes. A pesar de que a partir de 2021 entre el 39% y el 74% de los ingresos de la FCEA fueron donaciones que se acogieron a beneficios tributarios, el Servicio de Impuestos Internos rechazó una solicitud vía Ley de Transparencia para conocer la identidad de los donantes. El argumento fue que la divulgación de esa información vulneraría el secreto tributario (vea aquí la respuesta completa).
Contenido dudoso visto por millones de usuarios
La fundación ha publicado en redes sociales piezas de propaganda política en fechas clave de campañas electorales. Entre octubre y diciembre de 2021, en la recta final de la presidencial de ese año que enfrentaba a Gabriel Boric y José Antonio Kast, la FCEA pagó un anuncio en Facebook que se titulaba “con Boric perderás la propiedad de tus cotizaciones”. Según la biblioteca de anuncios de Meta, la empresa propietaria de redes como Facebook e Instagram, se desembolsaron cerca de US$3.000 para que esa pieza alcanzara cerca de 700.000 visualizaciones.
Campaña de la fundación de Bernardo Fontaine en Facebook.
En agosto de 2022, justo antes del plebiscito de salida del proceso constitucional, la fundación difundió un video en que se indicaba que “420.000 personas viven en tierras que podrían ser restituidas a pueblos indígenas”.
Campaña de la fundación de Fontaine en Facebook.
Estos son solo un par de ejemplos. Los avisos políticos se cuentan por decenas en los registros de la FCEA en Meta. Y a pesar de que se trata de propaganda política en época electoral, y que incluye mensajes cuya veracidad puede ser discutible, el dinero que se utilizó en su elaboración y difusión no fue declarado ante el Servel como gasto de campaña.
Según los documentos de la fundación, sus campañas han llegado a millones de ciudadanos. La memoria de 2018 indica que la ofensiva que desplegaron ese año para investigar, difundir y “explicar” en redes sociales el “sistema de pensiones y la reforma previsional”, alcanzó a 3.200.000 usuarios. Mientras que una segunda campaña sobre el sistema tributario habría alcanzado a otros 2.100.000.
Dos años después, en 2020, la situación era distinta. El estallido social había impuesto una agenda de cambios sociales y de fuerte crítica al empresariado. En paralelo, el país enfrentaba la pandemia del Covid-19, y junto con ella, una coyuntura especialmente sensible para la industria de las AFP: los sucesivos retiros del 10% de los fondos de pensiones.
Según la memoria de 2020, el foco de la FCEA ese año estuvo en la discusión previsional. Los videos generados por la fundación alcanzaron 12.252.000 visualizaciones. En el documento se indica que “logramos imponernos como una voz independiente y fuente experta en la reforma previsional, dado que nuestros expertos y representantes fueron fuentes en los medios de comunicación masivos nacionales y regionales, con un total de 157 publicaciones entre entrevistas, artículos, cartas y columnas en medios de comunicación”. También se resalta que fueron invitados a exponer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Ya en 2024, la difusión de la FCEA se volcó a una explícita oposición a la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric. Aun así, en la memoria de ese año también se auto describen como una fundación sin ideología política: “Somos una organización ciudadana y transversal, de carácter privado y cívico, sin fines de lucro, desvinculada de intereses partidistas o empresariales”.
En los videos de la campaña que la FCEA desplegó en redes sociales ese año, aparecen Bernardo Fontaine y Matías Lorca, quien controlaba la cuenta “Canal de Mati” —que participó de la campaña de desinformación durante la última elección presidencial— apuntalando la postura de las AFP frente a la reforma.
Bernardo Fontaine y Matías Lorca en campañas de Ciudadanos en Acción.
Los influencers en el Congreso
Parte de estas campañas fueron financiadas por la Asociación de AFP. Según ya informó Reportea, además de Lorca también participaron otros influencers como Catalina Olivares (“Cata Libre”) y Benjamín Peña y Lillo. Hoy, ambos son asesores parlamentarios.
Olivares es la jefa regional en Valparaíso de la Fundación Para el Progreso, el think tank ultraliberal financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, y actualmente asesora al diputado republicano Sebastián Zamora, según los registros de Transparencia del Congreso. El perfil en X de Olivares registra cerca de 50 interacciones con las cuentas trolls denunciadas por Evelyn Matthei por difundir mentiras sobre su candidatura (ver aquí).
Benjamín Peña y Lillo figura como asesor de los diputados republicanos Luis Sanchez y Alejandro Riquelme.
El actual diputado Francisco Orrego (RN) también participó en iniciativas de la fundación de Fontaine. Fue rostro y vocero de “Con mi plata no”, la campaña que lanzaron en 2022 para oponerse a los cambios al sistema previsional.
Consultado por Reportea, el diputado señaló que ya no trabaja en la fundación desde hace varios años, y evitó responder preguntas sobre los pagos que percibió por esa labor.
Que Codelco no administre el litio
Entre abril y mayo de 2024, cuando Fontaine era presidente y representante legal de Ciudadanos en Acción, hicieron circular publicidad pagada en Facebook e Instagram contra la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el gobierno de Boric.
“El gobierno insiste en entregar la explotación del litio a Codelco y Enami, dos empresas en números rojos.Mejor, que se encarguen los privados, que ya saben de litio, y paguen impuestos al Estado. O si no, los recursos del litio podrían terminar pagando las deudas de Codelco y Enami”, decía un anuncio por el que se pagaron entre 200 y 300 dólares.
Propaganda de Ciudadanos en Acción en Facebook.
Bernardo Fontaine también se manifestó personalmente en contra del plan en su cuenta de X y en una carta publicada en El Mercurio, argumentando que la fabricación de baterías podría no ser rentable en Chile, y que ningún privado querría aportar capital para la administración estatal. También criticó a los “operadores políticos” de las empresas estatales.
Desde Codelco tampoco accedieron a referirse a estas declaraciones.
Activismo digital
Bernardo Fontaine Talavera constituyó la Fundación Ciudadanos en Acción el 23 de marzo de 2015, fecha en la que quedó anotada en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, del Registro Civil. Los estatutos se formalizaron dos meses antes en una notaría de Curicó, ciudad en la que fijó su domicilio.
Fontaine, ingeniero comercial de la Universidad Católica, construyó su carrera como ejecutivo y director de empresas —estuvo en el Citibank, Falabella, La Polar, Lan y Bicecorp, entre otras—, hasta que en 2014 comenzó a involucrarse directamente en política. Ese año estuvo entre los representantes de la oposición al gobierno de Michelle Bachelet que negociaron cambios a la reforma tributaria, y por primera vez, realizó rondas de entrevistas en medios para criticar la iniciativa.
En un perfil que le dedicó la extinta revista Qué Pasa en 2014, un amigo de Fontaine comentó entonces que “lo que a él le interesa es ser parte de la opinión pública, estar en el debate de ideas”. Y fue justamente lo que hizo a partir del año siguiente, cuando creó Ciudadanos en Acción.
En un inicio, el nombre de la fundación no fue público, pero sirvió como vehículo legal para las campañas que Fontaine desplegaba en redes y medios. La primera fue “Reforma la reforma”, la plataforma desde la que hizo oposición a las reformas del segundo gobierno de Bachelet. Ese primer año, indica la memoria de la FCEA de 2015, la organización recibió $129,4 millones en donaciones (vea memoria 2015 aquí).
En los documentos de la fundación hay una idea se repite con fuerza: son una organización transversal, desvinculada de cualquier ideología política o interés empresarial, y que vela por educar e informar a los ciudadanos sobre materias de interés público. Pero los hechos contradicen esa definición.
Mientras la memoria de 2015 indica que ese año la fundación centró sus esfuerzos en estudiar y simplificar la reforma laboral impulsada por Bachelet, “para su conocimiento masivo”, las entrevistas que entonces otorgaba Fontaine dan cuenta del tono que tenía la campaña, donde por lo general se extremaban los argumentos: “Por ejemplo, si se aprueba la reforma, Metro podrá paralizar su servicio durante una huelga, afectando a 2 millones de pasajeros al día porque prohíbe el reemplazo de trabajadores”, dijo a El Líbero en abril de ese año.
Junto a Fontaine, por el directorio de la FCEA han pasado nombres como Diego Fleischmann Chadwick, sobrino del exministro del Interior, Andrés Chadwick, que ha compartido sociedades con los creadores de Sosafe y Predictable Media, empresa experta en big data electoral; Manuel Hurtado Rourke, socio histórico de Fontaine en sus negocios; Luis Fernando Ovalle, uno de los dueños de Predictable Media; Lorena Medel González, asesora de confianza del empresario Nicolás Ibáñez; y Carmen Luz Assadi, quien también ha integrado el directorio de Pivotes.
Según el registro de 2024, en el directorio también aparece Fernando Del Sol Santa Cruz, quien hasta mediados del año pasado era el gerente general de la administradora de fondos Sigma, según publicó Estrategia.
De acuerdo a la información alojada en el Registro Civil, la fundación sigue vigente. En Meta continúan apareciendo piezas de propaganda pagadas, claro que ahora en defensa de las iniciativas del gobierno.
