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miércoles, 13 de mayo de 2026

Senadores Flores (DC) y Cicardini (PS) arremeten contra Kast por señalar que expulsión de migrantes era "una metáfora": "Puro show" y "un mal poeta"

 13 May 2026

Tras las declaraciones del presidente Kast, quien aseguró este miércoles que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” fue “una metáfora”, el senador DC Iván Flores manifestó su malestar apuntando a la inconsistencia entre lo prometido por el entonces candidato Kast y la realidad, señalando que “no se gobierna con metáforas”.

“No me sorprende lo que el gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir, no se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta, hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes" señaló el senador Flores.

Y el parlamentario añadió que "la única expulsión que ha habido en más de dos meses de gobierno, fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado y quedan todavía 36 a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas”, señaló el parlamentario.

Flores agregó que “no vengan con historias, o sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva, entonces esto fue un puro show”.

Senadora Cicardini: La gente no lo eligió como mal poeta

La senadora Daniella Cicardini (PS) calificó como “una metáfora” su promesa de realizar expulsiones masivas al iniciar su mandato.

“Kast en campaña tenía una cuenta regresiva diciendo que faltaban pocos días para las expulsiones de migrantes. Y resulta que ahora dice que todo eso, esos compromisos de campaña, eran una metáfora. ¿Los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también eran una metáfora?".

Y siguió: "¿El "yo te amo PGU" también era una metáfora? ¿El plan de reconstrucción que compromete más crecimiento, inversión y más trabajo también es una metáfora?".

Cicardini planteó: "Yo le quiero decir al Presidente Kast que la gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser Presidente, para entregar certeza, para dar soluciones. Y a 60 días, este gobierno no se las ha entregado a los chilenos y chilenas.”

Villa Grimaldi denuncia crisis financiera por retraso en traspaso de recursos estatales

 

CHILE AL DÍA


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La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció este lunes una grave crisis financiera producto del retraso en la transferencia de recursos públicos correspondientes al presupuesto 2026, situación que, según advirtió la institución, pone en riesgo parcial o total el funcionamiento del histórico sitio de memoria ubicado en Peñalolén.

En una declaración pública emitida este 11 de mayo, el directorio de la corporación explicó que los fondos aún no han sido transferidos debido a que el convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la organización permanece en proceso de “toma de razón” en la Contraloría General de la República. El documento ha sido devuelto en tres ocasiones con observaciones y debió ser reingresado por cuarta vez.

Según la corporación, esta demora ha afectado directamente el pago de remuneraciones, servicios básicos y suministros esenciales para mantener abiertas las instalaciones y desarrollar las actividades habituales del sitio de memoria.

La declaración sostiene que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural realizó las modificaciones solicitadas por Contraloría, pero cuestiona la falta de coordinación efectiva entre ambas instituciones para resolver un convenio que, afirman, “en lo medular y sustantivo” no ha cambiado en sus distintas versiones.

El texto también apunta a una “falta de sentido de urgencia y oportunidad” por parte de la Contraloría, aunque aclara que la corporación respeta el rol fiscalizador del organismo respecto de la legalidad de los actos administrativos y el uso de fondos públicos.

Riesgo para uno de los principales sitios de memoria del país

La situación ha encendido alertas en el ámbito de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. Villa Grimaldi fue uno de los principales centros de detención, tortura y desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y posteriormente se convirtió en el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en América del Sur tras el retorno a la democracia.

La corporación advirtió que, de mantenerse la incertidumbre financiera, existe un “riesgo real” de paralización de actividades vinculadas al trabajo de memoria, educación en derechos humanos y relación con las comunidades, tareas que la institución desarrolla desde hace más de tres décadas.

Durante 2025, más de 25 mil personas visitaron el parque, incluyendo cerca de 8 mil estudiantes que participaron en recorridos pedagógicos y actividades educativas.

La declaración también instala una crítica más amplia al modelo de financiamiento de los sitios de memoria en Chile. Según el directorio, la actual emergencia “vuelve a evidenciar la ausencia de políticas públicas permanentes y estables” para garantizar la sostenibilidad de estos espacios.

En ese contexto, la organización recordó que diversos organismos internacionales han señalado que los sitios de memoria forman parte de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a violaciones graves a los derechos humanos.

Memoria, derechos humanos y tensiones institucionales

El caso ocurre en un momento de creciente debate sobre las políticas de memoria y derechos humanos en Chile, particularmente respecto del financiamiento estatal a instituciones vinculadas a la preservación de la memoria histórica. Organizaciones de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones sobre la fragilidad administrativa y presupuestaria de muchos sitios de memoria, cuya continuidad depende año a año de convenios y transferencias sujetas a procesos burocráticos y decisiones políticas.

La situación de Villa Grimaldi adquiere además una dimensión simbólica relevante. El recinto no solo cumple funciones patrimoniales y educativas, sino que se ha transformado en un espacio de referencia internacional en materia de memoria y derechos humanos. Su eventual paralización representaría un golpe significativo para las políticas de memoria desarrolladas desde la transición democrática.

En su declaración, la corporación sostuvo que “el derecho a la memoria no pertenece únicamente a las víctimas y sus familias, sino a toda la sociedad”, subrayando que la preservación de estos espacios constituye una herramienta contra la impunidad y el negacionismo.

Finalmente, el directorio agradeció el compromiso de sus trabajadores y el apoyo recibido desde otros sitios de memoria y organizaciones sociales y de derechos humanos, reafirmando su voluntad de continuar con sus labores pese a la crisis financiera.

Un gobierno para perfumes caros

 

COLUMNISTAS PORTADA


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No fue necesario consultar a ninguna gitana para saber cómo sería este gobierno en el periodo 2026-2030.

El gobierno de la extrema derecha llegó a La Moneda sustentado en la mentira y el miedo, el viejo fantasma del comunismo entregó sus frutos. Lo mismo que el Chilezuela, en los tiempos de Piñera. Chile nunca ha sido comunista, pero volvía en todo su esplendor la propaganda que los rojos/zurdos se comen las guaguas, que matan a los pastores evangélicos y que serían cerrados todos los templos.

Recordar que en la última campaña presidencial salieron cientos de venezolanos a predicar algo así como la leyenda del viejo del saco para pagar la deuda con quienes los invitaron aquel día en Cúcuta.

Kast y sus equipos no dudaron en insistir hasta el cansancio que todos los ilegales serían expulsados, que no serían atendidos en los hospitales públicos y que quedaban automáticamente marginados del sistema escolar. Se les negará todo beneficio que entregue el Estado.

De público conocimiento fue el silencio para no dar una digna batalla política. Kast optó por esconderse bajo un programa que se sabía era favorable a los grupos económicos. La extrema derecha al igual que sus primos estaban obligados a cumplir lo prometido. Es verdad que tuvieron sus diferencias, pero las superaron con la mirada atenta y la ordenanza neoliberal del 1% más rico del país que los obligó a ponerse de acuerdo.

Para los que miran a Chile desde un fajo de billetes los aportes para las campañas políticas son compromisos que deben ser cancelados. Así son tratados los asuntos entre ellos y vienen desde que estaban en la educación media en sus colegios sin número del barrio alto.

A la derecha no le interesa el país, su norte es el beneficio, sus privilegios y su clase, aquello fue reconocido por la esposa del presidente Piñera sin el menor rubor. Es por aquello que no llama la atención ni el asombro.

Posiblemente algún asesor, parásito presidencial nacido un 30 de febrero, soñó que Chile se caía a pedazos, que estaba quebrado y la cantinela prendió. La realidad era otra y la inmensa mayoría de ciudadanos se tragaron las ruedas de carreta, lo que significó mayor velocidad, hasta que el día que se contaba el último voto, el país ya tenía comprador y se colocaría a la venta al kilo.

El gobierno de Boric tuvo sus luces y sombras, medidas erradas y también tuvo que convivir con el fuego amigo que no dio pausa, basta escuchar las opiniones del senador Espinoza que se mareaba al no comprender absolutamente nada. Fue muy digno el gobierno al reconocer a los sinvergüenzas de Democracia Viva que le costó la pérdida de una diputada que era parte del cartel de impuros.

Es el tiempo de los ricos, son las horas de los privilegiados, llegaron los calendarios con los impuestos en oferta y descuentos. El bien común duerme el intencionado olvido al que lo condena la extrema derecha. Existe un sueldo mínimo y eso ya es suficiente.

El ensayo económico del gobierno traerá consecuencias que inevitablemente caerán como latigazos en los sectores más pobres. No está comprobado como lo dicen estudios y economistas con diferentes miradas que bajar impuestos a los más ricos aumenta la caja fiscal y genera empleos. Aquello es una falacia, una explicación mínima, palabras lanzadas al voleo.

Si bajo los impuestos a los más ricos los hago dos veces más ricos.

Defensores de un Estado pequeño hace que los pocos derechos obtenidos se posterguen hasta hacerlos desaparecer. Se salva el hombre por su trabajo dicen, pero sucede que el salario no alcanza y nuevamente se llega al último día de la semana con hambre y con más deudas. Esa mirada del desarrollo no puede tener espacio, es ya el tercer milenio. Lo dice el calendario no mirándose frente al espejo.

El ministro de Hacienda lo firmó.

La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá recortar $ 1.442.113.000. El Instituto Nacional de la Juventud 3.859.735.000. Subsecretaría de la Niñez $ 3.359180.000.

Chile, un país donde la clase media es pequeña y los pobres la superan con creces, la política fiscal que pretende instalar la extrema derecha se encuentra en el filo de crímenes de Lesa Humanidad. Condenar al hambre a la población es un delito.

Ser pobre no es regalo de Dios como lo declara la ministra de Ciencias. No está enterada de la vida que vivieron sus antepasados. Allá ella.

Es la relación extremadamente desigual entre el patrón y el que vende su fuerza trabajo, la nefasta relación capital-trabajo que cuando llega a niveles insoportables entonces las esperanzas se desbocan hacia tiempos más felices.

El recorte de fondos que exige el ministerio de Hacienda impedirá seguir avanzado en el Plan de Búsqueda para los Detenidos Desaparecidos. Ese es un asunto entre el presidente y sus amigos, entre Kast y los torturadores.

Kast llegó para refundar Chile, para cercenar derechos, para negar la verdad, para justificar crímenes y desapariciones. Razón tendrían los delincuentes que votaron por él en las cárceles chilenas.

En el otro lado las propuestas que se perdieron en el primer plebiscito constitucional, posiblemente lo más cercano a la dignidad desde 1990. Ese ya es un buen punto de partida. Es la mirada de un país para todos con marcada intencionalidad donde los desvalidos, postergados, miserables y traicionados superen los pesados años lleno de momentos grises y amargos. El asunto es dar la batalla todos los días.

 

Pablo Varas

Invitación lanzamiento sitio web de Memoria

 

Pablo Ruiz Espinoza

martes, 12 de mayo de 2026

MINISTERIO DE SEGURIDAD DICE QUE NO SABE CUÁNTOS DETENIDOS EN LOS OPERATIVOS QUEDAN EN PRISIÓN

 

Ministro Alvarado deja en evidencia que aún no hay plan de seguridad: solo se realizan operativos para detectar a sujetos con orden de detención

12.05.2026

Por Catalina Olate

“Algunos dicen ‘¿dónde está el plan?’. Pero, aquí lo que importa es que se realicen acciones […]. Acá no se trata de tener un [documento] anillado con el diseño de las políticas en materia de seguridad, acá lo que importa es que las cosas se hagan y, poco a poco, vayan dando resultado”. Esto fue lo que dijo este martes 12, en Radio Pauta, el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Sus palabras dejaron en evidencia que el gobierno aún no tiene un plan de seguridad. En todo caso, el ministro dijo que “se están realizando acciones” y mencionó operativos policiales que terminan “con un número importante de personas detenidas”. Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad ha dado a conocer al menos cuatro de estos procedimientos, con miles de detenidos. Pero, ese mismo ministerio informó a CIPER que no sabe cuántas de esos sujetos quedaron efectivamente en prisión, porque eran buscados por delitos violentos. Y ese dato es clave para poder evaluar la efectividad de estos operativos.

Créditos imagen de portada: Gobierno de Chile.


“El tema de la seguridad se está abordando y avanzando. Algunos dicen ‘¿dónde está el plan?’. Pero, aquí lo que importa es que se realicen acciones, y yo quiero recordar que en los gobiernos anteriores si uno analiza los planes de seguridad del gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera 1 y 2, tardaron entre cuatro a seis meses desde que se asume. Y en el caso del Presidente Boric fueron casi 14 meses”. Con estas palabras, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó este martes 12, en Radio Pautalas críticas al gobierno por la ausencia de un plan de seguridad pública a dos meses de haberse iniciado esta administración. Sus declaraciones dejaron de manifiesto que, efectivamente, aún no hay un plan de seguridad y que, tal como ocurrió con gobiernos anteriores, podría tardar meses contar con uno. El problema para los actuales ocupantes de La Moneda es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, ellos prometieron que la seguridad pública sería el eje principal de su administración.

A falta de un plan de seguridad, en la misma entrevista el jefe del gabinete ministerial señaló que, en este ámbito “se están realizando acciones […] desde que asumió su cargo, la ministra [de Seguridad, Trinidad Steinert] ha encabezado diversos operativos junto a las policías, los que han concluido con un número importante de personas detenidas con órdenes pendientes”. Así, las palabras de Alvarado indican que, al menos por ahora, la estrategia de seguridad del gobierno le da crucial importancia a la realización de operativos policiales y controles migratorios en distintas zonas del país.

En su intervención en Radio Pauta, Alvarado recordó que el pasado 8 de abril la ministra Trinidad Steinert presentó ante la Comisión de Seguridad del Senado los ejes que integrarían el trabajo de la cartera, entre ellos la presencia del Estado frente al crimen organizado y la recuperación de territorios habitados irregularmente y controlados por la delincuencia. Pero, hasta ahora aquello no se ha traducido en un plan concreto.

Incluso, tras esa intervención de la ministra han surgido críticas desde el oficialismo. Entre ellas, la del diputado republicano Álvaro Carter, quien señaló: “Es cierto, nosotros en dos meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo, pero sí armar un plan. A la ministra se le está acabando el tiempo, y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad”, sostuvo el parlamentario en entrevista con La Tercera.

Este martes 12 de mayo está previsto que la ministra Steinert exponga en mayor profundidad ante la Cámara de Diputadas y Diputados los alcances de los ejes que planteó ante la Comisión de Seguridad.

Hasta la fecha, durante la administración de la ministra Trinidad Steinert, se han dado a conocer al menos cuatro “mega-operativos”, realizados en conjunto entre la PDI y Carabineros, sin contar otros tres operativos de control migratorio. Esa fórmula ya había sido aplicada en tres ocasiones durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, también con participación de ambas policías y con resultados que sumaron miles de detenidos. El problema de esta modalidad, es que el Ministerio de Seguridad no cuenta con información que permita evaluar la efectividad que tienen estos operativos para sacar de circulación a sujetos que han cometido delitos violentos que efectivamente provocan temor en la población, como “portonazos”, “encerronas”, “turbazos”, asaltos en parcelas, homicidios, violaciones y secuestros extorsivos.

Por ejemplo, en el operativo policial que se desarrolló en los primeros días del nuevo gobierno se informó, el 16 de marzo pasado, que fueron arrestadas 2.905 personas con orden de detención vigente. En esa oportunidad, basado en los datos expuestos la PDI y el Ministerio de Seguridad, CIPER reveló que 193 aprehendidos en ese operativo (7% del total) estaban acusados de delitos altamente violentos, entre ellos homicidio, secuestro, violación y robo con intimidación —categoría que incluye “portonazos”, “encerronas” y “turbazos”—, ilícitos que generan gran preocupación ciudadana (lea ese artículo:”Operativo que marcó inicio del gobierno permitió detener a 193 acusados de delitos violentos: homicidio, secuestro y robo con intimidación”).

CIPER consultó nuevamente al Ministerio de Seguridad si tiene los datos acerca de cuántos de los detenidos en estos operativos efectivamente salen de circulación porque pasan a prisión preventiva, cifra que podría ser un indicador de la efectividad de estos procedimientos. Pero, este 12 de mayo desde esa secretaría de Estado respondieron, a través de su departamento de Comunicaciones: “El Ministerio de Seguridad no se encarga de la persecución penal, sino más bien de coordinar operativos para que las policías puedan detener a prófugos de la justicia y personas que cometan delitos. Ya una vez que eso se realiza, es tarea del Ministerio Público y el Poder Judicial condenar a los detenidos”.

HISTORIAL DE MEGAOPERATIVOS

El primero de los operativos policiales desarrollados bajo este gobierno fue informado el lunes 16 de marzo. En ese momento, CIPER consultó a los departamentos de comunicaciones del Ministerio de Seguridad, Policía de Investigaciones y Carabineros cuántas personas fueron puestas a disposición de tribunales para sus respectivos controles de detención y cuántas quedaron en prisión preventiva. No hubo respuesta. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron entonces: “Respecto a los casi 3.000 detenidos del operativo en el que participaron de manera conjunta Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Seguridad sí hará un seguimiento al número de personas que pasarán a control de detención, así como a cuántas quedarán en prisión preventiva u otra medida cautelar”. No obstante, la reciente respuesta recibida por CIPER desde el mismo Ministerio de Seguridad, indica que ese seguimiento, si es que se hizo, no ha arrojado resultados. 

A través de una solicitud de Transparencia, Carabineros informó posteriormente que, tras ese procedimiento realizado en marzo, 1.186 personas fueron puestas a disposición de control de detención. No obstante, la institución no precisó cuántas quedaron sujetas a prisión preventiva u otras medidas cautelares (vea esa respuesta).

Justicia reabre causa que investiga la muerte del exministro José Tohá, padre de la exsecretaria de Estado Carolina Tohá: Exministro fue asesinado, asegura abogado Caucoto

 12 May 2026

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir la causa que investiga la muerte del ex ministro del Interior y de Defensa del gobierno de Salvador Allende, José Tohá González, hecho ocurrido el 15 de marzo de 1974, en dependencias del Hospital Militar 

Los ministros revocaron las dos resoluciones apeladas y dictadas por la Ministra en Visita Extraordinaria Paola Plaza González, y en su lugar se declara que  se repone la causa al estado de sumario, decretado una serie de diligencias que contribuyan al esclarecimiento de la muerte del ex militante socialista.  

La decisión del tribunal se dio luego de escuchar los alegatos de los abogados querellantes Nelson Caucoto, representante de la familia de Tohá,  e Ilan Sandberg  del Programa de DD.HH del Ministerio de Justicia, quienes solicitaron la reapertura del caso al considerar que están todas las pruebas para demostrar que el ex ministro fue asesinado y que no se trata de un suicidio como lo informó la versión oficial de la dictadura en su momento. 

El sumario había sido cerrado en dos oportunidades por la ministra Paola Plaza de la Corte de Apelaciones de Santiago,  tras considerar que todas las diligencias solicitadas por los querellantes eran innecesarias y estimar que estaba agotada la investigación, siendo ambas resoluciones apeladas en su momento por los querellantes.

En una primera oportunidad, la Corte de Apelaciones lo abrió decretando una sola diligencia la que finalmente resultó infructuosa, cerrando nuevamente el proceso. 

Quien inició la investigación por la muerte de José Tohá, fue el ministro Jorge Zepeda, quien condenó a dos funcionarios de la FACH por el delito de tormento en perjuicio de Tohá, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema. Luego lo asumió el ministro Miguel Vasquez, quien concluyó con un procesamiento por homicidio en calidad de encubridor en contra del ex jefe de gabinete del director del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, quien falleció hace poco tiempo atrás. 

Es un nuevo impulso para llegar a la verdad

El abogado Nelson Caucoto, se mostró conforme con la resolución manifestando que “para nosotros es un nuevo impulso el que nos otorga la Corte de Apelaciones con esta reapertura, puesto que, es un caso histórico que tiene que ser aclarado y existen los fundamentos para ello. Es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen”, señaló.

 Caucoto indica que “nos ha costado 38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado de don José Tohá”. 

Finalmente el abogado expresa que “estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes de acuerdo al mandato del Derecho Internacional, a los familiares de las víctimas les asiste el derecho inalienable e inderogable a que los procesos en que investigan los delitos cometidos contra sus familiares sean completamente esclarecidos”. 

José Tohá, abogado y periodista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Posteriormente, estuvo detenido en la Isla Dawson, en el Regimiento Pudeto y la Academia de Guerra Aérea, donde fue sometido a múltiples torturas.

Al momento de su muerte, el 15 de marzo de 1974, estaba internado en el entonces Hospital Militar, y fue encontrado al interior del closet de la pieza, ahorcado con su cinturón y pesando 49 kilos, pese a que medía 1,92 metros.

Después de 36 años, el cuerpo de Tohá fue exhumado el 10 de diciembre de 2010. Dos informes forenses, del Servicio Médico Legal, SML y de las universidades de Chile y de Concepción lograron determinar que el deceso de Tohá “es atribuible a terceros”.

Diputados de oposición ofician y exigen informar a varios Ministros tras dichos de ministra Ximena Lincolao sobre empresas y patrimonios no declarados en el Gabinete de Kast

 12 May 2026

Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC) y la diputada Gael Yeomans (FA) anunciaron que oficiarán a todos los ministros de Estado tras las declaraciones de la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, quien admitió la existencia de sociedades que no fueron incorporadas en su declaración patrimonial y además sugirió que otros integrantes del gabinete podrían encontrarse en una situación similar.

La acción fiscalizadora surge luego de un reportaje publicado por el medio Fast Check, donde se reveló que la ministra Lincolao no habría incorporado en su declaración de patrimonio al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial norteamericano donde mantiene una propiedad.

Fue en ese mismo medio donde la ministra confirmó la existencia de dichas sociedades y, al ser consultada por las omisiones, respondió: “¿tú hiciste fact check (…) de los otros ministros también?”, generando preocupación respecto de eventuales irregularidades más amplias al interior del gabinete del Presidente Kast.

En esa línea, el diputado Juan Santana señaló que: “Hace pocos días atrás se hizo público la omisión de información por parte de la ministra Lincolao en su declaración de patrimonio, en donde omitió su vínculo con tres empresas, una de ellas vinculada al rubro de la tecnología, que es el sector que precisamente le corresponde regular como ministra de Estado. Esto es parte de una obligación legal contenida en el artículo 8 de nuestra constitución, pero además es una doble obligación, toda vez que se discute una reforma que eventualmente podría beneficiar también a los ministros de estado, como lo es la reforma tributaria a los super ricos. Además sus declaraciones del día de hoy, donde señala que los otros ministros también podrían haber ocultado información en sus declaraciones, nos parece muchísimo más preocupante”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) dijo: “Nos parece grave que en el contexto del debate respecto del proyecto de ley de súper ricos presentado por el gobierno, el gobierno aún no responda el oficio que enviamos nosotros mismos, los mismos parlamentarios, dirigido al Ministerio de Hacienda donde le pedimos que calcule, entregue la información respecto de los beneficios económicos cuantificados que van a recibir aquellos ministros que tienen sociedades y empresas de alto valor. Esta reforma, este proyecto de ley, está contaminado por los conflictos de interés y está contaminado también por el ocultamiento de información que ha sido bastante persistente por parte del gobierno del presidente Kast”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA) señaló que: “Lo que se está resguardando es evitar los conflictos de interés y mostrarle al país que, en cualquier debate, lo que va a primar va a ser el interés público y no el interés personal. Entonces, yo espero que sea el mismo gobierno y todos sus ministros que transparenten y aclaren esta situación inmediatamente”.

En ese sentido, el diputado Bernardo Salinas (PC) sostuvo que: “Aquí hay una incompatibilidad en lo que declara la ministra de Ciencia, porque justamente es ella quien tiene que supervisar y fiscalizar empresas que estarían ligadas a sociedades que, supuestamente, no manifestó en su declaración de interés y patrimonio. Por tanto, vamos a realizar todas las acciones legales necesarias. Y esto no es un punto político, es transparencia total, porque los chilenos merecen saber quiénes son sus autoridades y qué nivel de ética y principios tienen”.

Los parlamentarios señalaron además que, de confirmarse los antecedentes planteados por la ministra Lincolao respecto de eventuales omisiones patrimoniales en otras autoridades de Gobierno, recurrirán también a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad de dichas declaraciones y determine posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia y probidad pública.

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