Vistas de página en total

lunes, 31 de agosto de 2026

IMPACTANTE SECUENCIA DE 23 FOTOS MUESTRA EL BOMBARDEO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PILOTOS

 

Imágenes históricas inéditas: las fotos del ataque a La Moneda tomadas por la cámara de uno de los aviones Hawker Hunter

31.08.2026

Por Rodolfo Gárate

La productora The Union Films, con apoyo de CIPER, revela 23 fotografías hasta ahora desconocidas del bombardeo a La Moneda. Las imágenes fueron tomadas por la cámara de uno de los aviones Hawker Hunter que participó en el ataque. Proyectadas en secuencia, y en apenas algunos segundos, muestran la perspectiva que tuvieron los pilotos que dispararon al Palacio. Estas fotos fueron proporcionadas por una anticuaria, quien las obtuvo de un comerciante que, a su vez, se las habría comprado a la viuda de un general de la FACH. Al parecer, estaban en una especie de álbum conmemorativo que después del golpe de Estado se entregó a algunos oficiales de esa institución. En el siguiente texto, el director de The Union Films -productora que en 2023 estrenó el documental “Hawker Hunter. El ruido del silencio”-, cuenta cómo se recuperaron las fotos. La productora decidió entregarlas al Museo de la Memoria para su conservación como patrimonio histórico del país. Además, serán incorporadas a la plataforma «Papeles de la Dictadura», una iniciativa conjunta de CIPER y el CIP.UDP.

A principios de este año, a nuestra productora The Union Films se le hizo llegar información relacionada con el documental “Hawker Hunter. El Ruido del Silencio”, del que somos realizadores. Dicho film se estrenó en septiembre de 2023 con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En él se relató en detalle la operación de ataque de los aviones Hawker Hunter contra La Moneda el 11 de septiembre de 1973. 

El mensaje que recibimos indicaba que existían fotografías del bombardeo al Palacio Presidencial que fueron tomadas desde los mismos Hawker Hunter el día del golpe, y que se habrían estado subastando en sitios de internet dedicados a la compra y venta de antigüedades. La eventual existencia de material fotográfico y fílmico del ataque a La Moneda siempre nos pareció que tenía asidero, porque -como pudimos comprobar durante la investigación para realizar el documental- los Hawker Hunter de reconocimiento estaban equipados, de fábrica, con cámaras de alta calidad que permitían captar imágenes en vuelo. Esto no era solo una corazonada, ya que existía un rastro concreto: el 24 de noviembre de 1973 el diario El Mercurio publicó en su portada una fotografía aérea del bombardeo tomada desde un Hawker Hunter. Nunca volvieron a aparecer imágenes del mismo tipo. Hasta hoy.

Aunque en su momento consultamos a la Fuerza Aérea de Chile sobre la existencia de este tipo de registros, oficialmente la institución negó contar con dicho material, obviando la publicación de El Mercurio de noviembre de 1973. Además, en los últimos 20 años, en internet, han circulado imágenes del ataque que podrían haber sido tomadas desde las aeronaves. Según los textos que acompañaban a esas imágenes en la red, una habría sido tomada desde un helicóptero de la Armada y la otra -que muestra, en plano cenital, el Palacio de La Moneda en llamas- desde uno de los Hawker Hunter. 

Esta escasa evidencia hoy se ve enriquecida por un hallazgo tan sorprendente como impactante: 23 fotografías secuenciales que muestran la perspectiva de los pilotos de los Hawker Hunter que dispararon contra la casa de gobierno el día del golpe. La información que nos llegó a inicios de este año estaba en lo cierto: son fotos que se tomaron con la cámara de uno de los aviones que participó en el ataque. Ahora, en este nuevo aniversario del quiebre democrático, la productora The Union Films, con el apoyo de CIPER, entrega estas imágenes al público para aportar a la memoria histórica del país. 

A continuación, compartimos los enlaces a las fotos inéditas y una animación en secuencia del mismo set de imágenes. En ellas se aprecia el vuelo directo sobre La Moneda desde la perspectiva del piloto. Las fotografías deben pertenecer al segundo avión que disparó los rockets, ya que el Palacio Presidencial está humeante por los primeros disparos (vea acá el reportaje gráfico preparado por CIPER). En el siguiente video -realizado por Rodolfo Gárate con música de Alekos Vuskovic- se ven las fotos una a una y después en secuencia.

EL HALLAZGO

María Luisa Parés es anticuaria, una actividad que heredó de su padre, Guillermo Parés Guzmán. Tiene una casa de antigüedades en el centro de Concepción. En su rubro, relata, la búsqueda y la venta de objetos de interés se realizan, en un gran porcentaje, a través de internet. En eso estaba, precisamente, cerca de la medianoche del 31 de octubre de 2021, cuando vio algo que la impactó. “Vendo fotografías del bombardeo a La Moneda desde un Hawker Hunter”, leyó en una publicación de Facebook. María Luisa se interesó inmediatamente.

Por un lado, ella tenía un recuerdo traumático del golpe de Estado. Su padre -ya fallecido- fue un hombre de izquierda, admirador de Salvador Allende, y además estuvo detenido en la Isla Quiriquina durante los primeros años de la dictadura. Y, por otro lado, sabía que, si ese material era real, era un documento histórico. Decidió contactar al vendedor por inbox para verificar la verosimilitud del material y determinar si no se trataba de una estafa. Según cuenta, el nombre del anticuario que vendía las fotografías era Carlos Alberto Morales Martínez (fallecido en 2023). Su perfil de Facebook correspondía a una persona de convicciones de derecha. Ella pensó, entonces, que debía tratar el tema con cuidado.

Iniciaron una conversación vía chat. Morales le contó cómo encontró las imágenes. Comenzó relatándole que compraba cosas en desuso y que recorría la ciudad de Santiago, preguntando en casas particulares si tenían “cachureos” para vender. Así llegó hasta una casa en la comuna de Las Condes, donde, según le relató a la anticuaria, vivía la viuda de un general de la Fuerza Aérea del cual no recordaba el nombre. En ese lugar comenzó a revisar los objetos y documentos que la señora quería vender. Trajinando, dio con las fotografías.

Un dato relevante de la historia que Morales le contó a María Luisa Parés -de acuerdo con la versión de esta última-, es que la viuda le dijo que a su marido y a otros altos oficiales de la FACH de aquel entonces se les regaló, en 1973, un libro con copias de las imágenes desde la perspectiva de los pilotos de los Hawker Hunter. El obsequio incluía el recorte de El Mercurio del 24 de noviembre de 1973, en el que aparece en portada una fotografía de La Moneda, junto al titular “Blanco: La Moneda. Pilotos de la FACH relatan el ataque”. Este artículo recoge el testimonio anónimo de los aviadores que actuaron ese día. Morales, por chat, también comentó a la anticuaria que estas imágenes fueron reproducidas por la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la DIFA (organismo represivo que actuó luego del golpe y que es el antecedente directo de la conformación del Comando Conjunto).

La anticuaria cuenta que actuó rápido. Hizo una oferta: “Le doy 50 mil pesos por las fotografías”. Y cerró el trato. Ella procedió a depositarle. Luego, a través de una línea de buses, Morales le hizo llegar las fotos en un sobre de color café hasta Concepción. Ya en su poder, la anticuaria las revisó. Las imágenes efectivamente mostraban la perspectiva de los pilotos sobre La Moneda y, en su parte posterior, venían numeradas. Además, cada copia tenía una tela en los bordes con un elemento que podría ser algún tipo de adhesivo, lo que daba credibilidad a la historia que habían estado pegadas en una especie de álbum.

María Luisa Parés, ya con el material en sus manos, bloqueó al vendedor en Facebook. Las opiniones políticas de esta persona, indica, le parecían agresivas y decidió no tener más relación con él. Sin embargo, el vendedor le dejó un último mensaje en el chat: “Ojalá sean reproducidas y se conserve ese valor histórico”.

Luego vino lo de siempre: tratar de vender las fotos en internet. Pero nunca lo concretó. Siempre intuyó que, por su valor simbólico, el criterio para entregar las fotos no debía ser solo el del mejor postor. En el fondo, nunca quiso, realmente, deshacerse de ellas. Hasta que logramos contactarla y ella pudo canalizar su deseo de que este material histórico se hiciera público y quedara a resguardo. Para cumplir con ese requerimiento, el equipo de The Union Films decidió entregar el set de fotos al Museo de la Memoria para su mejor conservación, lo que se concretará este martes 1 de septiembre. Además, serán incorporadas a la plataforma «Papeles de la Dictadura», una iniciativa conjunta de CIPER y el CIP.UDP. 

LAS CÁMARAS DE LOS HAWKER HUNTER

De los Hawker Hunter que Chile compró a partir de 1967, tres disponían de equipamiento para fotografiar y filmar objetivos. Eran los modelos FR.MK.71A, identificados con las matrículas J-715, J-716 y J-717.

El sistema de reconocimiento que traían incorporado es el F.95, fabricado por la compañía inglesa W. Vinten Ltd., que lo desarrolló para equipos de fotografía aérea durante la Guerra Fría. En particular, los Hawker Hunter usaban un sistema tridimensional, que estaba compuesto por dos cámaras laterales oblicuas F-12, protegidas por vidrio; una cámara F-4 de nariz, también protegida por vidrio, y una tapa metálica que se abría cada vez que era seleccionada una de las cámaras. El chasis es de 100 pies de película de 70 mm (500 cuadros). Esta disposición de cámaras y película permitía obtener imágenes con profundidad de campo y alta resolución, detalles muy útiles para analizar objetivos y misiones. 

La cámara de cine F.95 entró en servicio en la RAF (Real Fuerza Aérea británica) a principios de la década de 1950 y permaneció en uso hasta 2004; fue diseñada para fotografía diurna, oblicua, a baja altitud y a alta velocidad (Créditos: Royal Air Force Museum).

Los Hawker Hunter con esta tecnología que estaban operativos el 11 de septiembre de 1973 eran dos: J-715 y J-717. El J-716 se había accidentado en enero de 1973.

Es relevante señalar que el J-717 formaba parte de la flota de aviones Hawker Hunter del Grupo Nº 7, con asiento en la Base de Cerrillos, en Santiago. Las naves y los pilotos de este grupo fueron los principales involucrados en los diversos ataques que la Fuerza Aérea llevó a cabo el día del golpe de Estado. A su vez, el Hawker Hunter J-715 era una aeronave operativa en la base aérea de El Tepual, en Puerto Montt. Desde ese lugar volaron cuatro Hawker Hunter hasta el aeropuerto Carriel Sur de Concepción, para sumarse a los preparativos para el golpe. 

Se puede concluir que, a las fundadas sospechas de que el Hawker Hunter J-731 disparó contra la casa de gobierno, se suma ahora la posibilidad de que tanto el J-715 como el J-717 hayan sido aeronaves que también participaron en el ataque a La Moneda. Los aviones J-715 y J-717 ya no existen. Ambos se estrellaron en 1992 y 1985, respectivamente. 

LAS FOTOGRAFÍAS

En el artículo publicado en El Mercurio en noviembre de 1973, uno de los pilotos, en forma anónima, dice: “Al disparar el rocket, el avión filma para que el piloto vea después el resultado de su misión”. Y autor del artículo agrega: “Cuatro fotografías son el mudo testigo aéreo de la misión del 11 de septiembre”. No se especifica qué fotografías son, pero se puede concluir que el redactor -que no es identificado en el artículo- pudo verlas.  

Como está dicho, en la investigación realizada para el documental “Hawker Hunter. El ruido del silencio”, se solicitó a la Fuerza Aérea de Chile, vía Ley de Transparencia, material fotográfico y fílmico producido por las cámaras de los Hawker Hunter. Pero, la institución negó contar con dicho material. Los requerimientos específicos se solicitaron a la unidad LAFCU (Laboratorio de Fotografía Unificado) del ALA Nº 1, encargada del servicio de revelado de las películas fotográficas dispuestas en las cámaras instaladas en los Hawker Hunter, tal como se indica en el siguiente documento:

Las 23 fotografías que The Union Films pone hoy a disposición del público constituyen, sin duda, un material histórico. Con este sorprendente descubrimiento cabe suponer que en algún lugar podría haber más fotografías e, incluso, un archivo fílmico realizado desde los Hawker Hunter. Ojalá algún día también puedan ver la luz. 

Chilenos protestan en Alemania: exigen justicia por víctimas del brazo derecho de Paul Schäfer, Hartmut Hopp en Colonia Dignidad

 31 August 2026

Prófugo de la justicia chilena, Hartmut Hopp reside desde hace 15 años en total libertad en la ciudad alemana de Krefeld. En Chile, había sido condenado a cinco años de prisión por complicidad en abuso sexual y violación de menores al interior de Colonia Dignidad, el asentamiento alemán en el sur de Chile. Sin embargo, evitó ir a la cárcel al huir a Alemania en 2011.

En la justicia alemana, en tanto, todas las investigaciones en contra del médico han sido cerradas sin que se dictara acusación alguna. Al mismo tiempo, fue rechazada la solicitud del Estado chileno para que Hopp cumpliera su condena en Alemania. Como este país no extradita a sus ciudadanos, el exdirector del hospital de la colonia, hoy de 82 años, ha logrado permanecer como un vecino más junto a su mujer en un tranquilo barrio residencial de esta ciudad cercana a Düsseldorf, en el estado de Reanania del Norte Westfalia.

Un grupo de 40 manifestantes chilenos y alemanes, familiares de víctimas y miembros de organizaciones de derechos humanos, provenientes de diferentes ciudades de Alemania, se reunieron frente al apartamento de Hopp y realizaron una manifestación. Así se conoce en Chile a esta forma de protesta y denuncia pública que busca exponer y repudiar casos de impunidad. Durante dos horas, estuvieron con carteles y fotos de las víctimas, y entre canciones con el dúo Contraviento y discursos se hicieron oír por el mismo Hopp, quien se encontraba en su casa junto a su mujer y fue notificado de la manifestación por la policía local.

"El caso de Hopp es una injusticia, porque él sabe qué pasó con mis familiares en Colonia Dignidad y no quiere entregar ninguna información", dijo a DW Juan Rojas Vásquez. Su padre y su hermano fueron detenidos en un cuartel policial cercano al asentamiento alemán en 1973 y desde allí habrían sido llevados a la colonia. Nunca más volvió a verlos.

En 1979, cuando tenía 20 años y ante el peligro de ser detenido, dejó Chile y se radicó en Alemania. Desde aquí ha continuado haciendo gestiones, enviado cartas a diversas autoridades y publicado dos libros sobre el caso y su lucha por encontrar a sus familiares.

"Hopp sabe que en la colonia torturaron y mataron personas. Él era el jefe del hospital. Necesito saber dónde están mis familiares para poder hacerles una tumba digna y tener un lugar donde despedirme, ir a dejar un ramo de flores y hacer el duelo", sostuvo. En una cancelación anterior en 2023, bailó en solitario una cueca, danza típica chilena, para recordar a su padre y su hermano desaparecidos. En esta ocasión no pudo estar presente por motivos de salud.

Historial de graves crímenes

Unos 100 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet habrían sido ejecutados y desaparecidos en este recinto, que funcionó como centro de detención clandestino en colaboración con los organismos de seguridad del régimen militar. Hopp, quien era mano derecha del líder de la secta Paul Schäfer, fue procesado por el secuestro de tres desaparecidos durante la dictadura.

En el asentamiento fundado en 1961 se cometieron por décadas crímenes contra alemanes y chilenos. Abuso sexual de menores, adopciones irregulares, medicación forzada y trabajo esclavo, entre otros. "Este no es un caso de delitos menores aislados, sino de los más graves crímenes contra los derechos humanos: cientos de casos de tortura, asesinato, abuso y lesiones físicas. No puede ser que todos estos hechos queden sin esclarecer y que los responsables vivan impunes en Alemania como si nada hubiera pasado, mientras que las víctimas ni siquiera tienen un lugar de duelo", señaló en su discurso Jan Stehle, investigador de la historia y los crímenes de Colonia Dignidad.

Un mensaje para Hopp

La funa fue convocada por la asociación Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum (Ayuda Médica a Refugiados), al coincidir con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró este 30 de agosto.

"El trabajo y la lucha de los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos es un tema muy importante para nosotros, que nos ha inspirado. En particular en el caso de Colonia Dignidad, porque existen vínculos con Alemania. Nos parece inconcebible que los tribunales alemanes nunca hayan tomado medidas al respecto", dijo a DW Bianca Schmolze, de Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum.

Esta es la quinta funa que se realiza en Krefeld desde 2008. A esta ciudad han llegado varias familias de excolonos, atraídos por una iglesia cristiana vinculada a la colonia, entre ellos algunas personas buscadas por la justicia, como Hopp. Las últimas cuatro funas (en 2013, 2018, 2023 y 2026) fueron frente al domicilio del médico.

"Es una señal, incluso hacia Chile, de que estamos del lado de los familiares de los desaparecidos y de que traemos su lucha hasta aquí. Seguiremos realizando esta acción una y otra vez, para dejar claro que aquí también se cometen injusticias. También queremos enviar un mensaje al señor Hartmut Hopp. Es un hombre de edad avanzada, pero tiene muchísima responsabilidad. Todavía podría revelar la verdad y ayudar a que se resuelvan estos casos", subrayó Schmolze.

Respaldo de parlamentarios alemanes

La funa contó con el apoyo de los diputados David Schliesing, del partido La Izquierda y Max Luchs, de Los Verdes, miembros de la comisión conjunta del Bundestag y el gobierno federal para investigar los crímenes de Colonia Dignidad, quienes enviaron mensajes para la funa. En su opinión, es un fracaso de la justicia y las autoridades que estos delitos no hayan sido perseguidos en Alemania.

"Es intolerable que hasta el día de hoy nadie sepa qué les pasó exactamente a los desaparecidos. Si personas como Hopp rompieran su silencio, al menos saldarían una parte de su culpa", expresó Schliesing.

Por su parte, Luchs señaló que "en este lugar no solo estamos frente a una casa, sino frente a una historia de los crímenes más graves contra los niños, los presos políticos e innumerables personas a quienes se les privó de su dignidad y libertad". En su opinión, la funa es importante, "pero no sustituye a la acción política" y se debe seguir luchando por la creación de un espacio conmemorativo.

Mientras tanto, en Chile, los planes de levantar un sitio de memoria en la excolonia, hoy conocida como Villa Baviera, son inciertos. Al iniciar su gobierno, la administración del presidente chileno José Antonio Kast anunció que revocaría el decreto de su antecesor Gabriel Boric, que ordenaba la expropiación de un terreno de 117 hectáreas para construir un memorial y centro de documentación, como es el plan de la Comisión Mixta Chile-Alemania por Colonia Dignidad.

En la sesión de julio pasado, fue uno de los temas que abordó la comisión. Sin embargo, aún no se han entregado detalles sobre los avances y cómo podría continuar el proyecto, que permitiría contar con un espacio para honrar a las víctimas.

Mathei reflexiona sobre los trolls y bots que arruinaron su campaña: “Cuando contratas una red de bots haciéndose pasar por seres humanos, eso no es libertad de expresión, es libertinaje, una amenaza”

 31 August 2026

La excandidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) se refirió al uso de bots y al caso del argentino conocido como el rey de los trolls y las noticias falsas Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei y del presidente de Bolivia, donde abordó las consecuencias que, a su juicio, puede tener la utilización de estas herramientas para influir en la opinión pública.

Matthei señaló que “nosotros ya sabíamos que Cerimedo fabricó una encuesta falsa en Chile en 2020 en el plebiscito de entrada" y que solo fue publicada en El Mercurio.

La exalcaldesa explicó que la combinación entre campañas automatizadas y encuestas puede terminar generando una percepción artificial sobre determinados temas.

"Cuando combinas bots que instalan una idea, alguna encuesta que ya sea que esté manejada o no pero que capte esos bots y tú convences a la opinión pública que es bueno razonable para Chile, de ahí a aprobar algo así hay un paso muy pequeño", indicó en Tele 13 Radio.

Matthei también se refirió a la decisión de haber contratado a Cerimedo y sostuvo que, en ese momento, no se conocían los antecedentes que posteriormente salieron a la luz.

La excandidata afirmó que cuando contrataron a Cerimedo "no sabíamos que era el monstruo que hoy sabemos que es. Y por lo tanto, uno también tiene que entender que es súper complicado cuando uno contrata a alguien y tres años después se empiezan a saber cosas muy complicadas".

Matthei recordó que “él vino en la campaña del plebiscito de entrada. En defensa de quienes lo contrataron en esa época no se sabía que era el monstruo que ha demostrado ser, pero es una persona que se mueve en varios círculos que conoce a todos los presidentes de derecha en Sudamérica”.

Respecto del uso de bots en Chile, Matthei planteó la necesidad de establecer un marco legal que regule la utilización de redes automatizadas que simulan ser personas reales.

"Es súper importante legislar en Chile sobre el uso de granja de bots. Eso no es libertad de expresión”, sostuvo.

“Cuando contratas una red de bots, que de forma automatizada haciéndose pasar por seres humanos, que no lo son, eso no es libertad de expresión, es libertinaje, una amenaza”, afirmó.

En esa línea, recalcó que el objetivo debe ser evitar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse en el futuro.

Y recalcó que "lo más importante es que eso no pase en el futuro y eso requiere claramente un marco legal".

Chile Mejor Sin TLC advierte que agenda de seguridad del Gobierno busca criminalizar la protesta social

 

CHILE AL DÍA


Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 30 segundos

La organización cuestionó la reforma constitucional sobre estados de excepción y la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, al advertir que podrían ampliar las facultades represivas del Estado y afectar el derecho a la protesta. “La seguridad no puede ser utilizada como pretexto para criminalizar la protesta social, concentrar el poder y restringir las libertades democráticas”, afirmó.

Chile Mejor Sin TLC expresó su rechazo a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y a la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, iniciativas que, a juicio de la organización, forman parte de una agenda que podría debilitar los controles democráticos, ampliar las atribuciones del Ejecutivo y criminalizar distintas formas de movilización social.

En una declaración pública fechada el 30 de agosto, la organización sostiene que el debate sobre delincuencia, narcotráfico y crimen organizado no puede desligarse de las garantías democráticas y los derechos fundamentales.

“No desconocemos los graves problemas de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado que afectan al país. El Estado tiene el deber de combatirlos con eficacia”, señala el texto. Sin embargo, agrega que la seguridad ciudadana no puede convertirse en una justificación para “restringir derechos fundamentales, debilitar las libertades públicas ni otorgar poderes excepcionales al Ejecutivo”.


La reforma constitucional y los estados de excepción

Uno de los principales cuestionamientos de Chile Mejor Sin TLC apunta a la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo para modificar el régimen de los estados de excepción.

La organización sostiene que el problema no debe reducirse a la duración de las medidas extraordinarias, sino que debe considerarse el conjunto de atribuciones que se pretende entregar al Ejecutivo y las consecuencias que estas podrían tener sobre los contrapesos institucionales.

Desde esa perspectiva, califica la iniciativa como un “grave retroceso democrático, de inspiración autoritaria y pinochetista”, al considerar que podría contribuir a normalizar mayores restricciones de las libertades públicas bajo el argumento de enfrentar la delincuencia.

El cuestionamiento se inserta en un debate político más amplio abierto durante las últimas semanas en torno a la agenda de seguridad del Gobierno, particularmente respecto de los límites que deben tener las facultades extraordinarias del Ejecutivo y los mecanismos de control político sobre ellas.

La “Ley Antibarricadas 2.0”

La declaración cuestiona también la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, que busca reforzar la persecución penal de las interrupciones de la circulación y otras acciones realizadas en el contexto de manifestaciones.

Para Chile Mejor Sin TLC, ampliar las sanciones en este ámbito abre la posibilidad de que acciones sindicales, estudiantiles, territoriales, medioambientales o de pueblos originarios terminen siendo tratadas fundamentalmente como problemas de orden público.

“La protesta social no es delincuencia”, afirma la organización, que reivindica el derecho a la movilización de trabajadores, estudiantes, comunidades y organizaciones sociales.

El documento advierte, además, sobre el riesgo de que mayores atribuciones policiales y estatales terminen favoreciendo situaciones de persecución política o impunidad frente a eventuales violaciones de los derechos humanos.

Del conflicto social al problema penal

Uno de los aspectos centrales de la declaración es la relación que establece entre la agenda de seguridad y las consecuencias sociales de las políticas económicas del Gobierno.

Chile Mejor Sin TLC plantea que eventuales protestas provocadas por aumentos de precios, recortes presupuestarios en salud, vivienda o educación, conflictos medioambientales o nuevas “zonas de sacrificio” podrían encontrarse en el futuro con un aparato estatal dotado de mayores herramientas coercitivas.

“Y el gobierno pretende encararlas tratándolas como un problema penal. Eso es inaceptable”, sostiene.

La organización vincula esta preocupación con su propia trayectoria de movilización contra los tratados de libre comercio y de inversión, el TPP-11 y los mecanismos internacionales de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

A su juicio, existe una contradicción entre un modelo que mantiene un Estado con capacidades limitadas frente a grandes poderes económicos y corporativos, mientras fortalece sus atribuciones frente a trabajadores, sindicatos, comunidades y movimientos sociales.

El secreto bancario y la lucha contra el crimen organizado

La declaración introduce también otro elemento en el debate sobre seguridad: el secreto bancario.

Chile Mejor Sin TLC cuestiona lo que considera una contradicción entre el endurecimiento de las políticas policiales y penales y la resistencia del Gobierno y sectores oficialistas a ampliar las posibilidades de levantamiento del secreto bancario.

La organización considera que seguir la ruta del dinero constituye una herramienta relevante para perseguir al narcotráfico, las mafias, el lavado de activos y las asociaciones ilícitas que sostienen económicamente al crimen organizado.

Desde esa perspectiva, sostiene que una política efectiva contra la delincuencia no debería concentrarse exclusivamente en aumentar penas, facultades policiales o restricciones a la protesta, sino también en fortalecer las capacidades financieras, investigativas y de inteligencia del Estado.

Esas herramientas, agrega, deben permanecer sometidas al control democrático y al respeto de los derechos humanos. La declaración rechaza asimismo cualquier subordinación de esas políticas a intereses extranjeros y menciona específicamente una eventual tutela de Estados Unidos bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Autoritarismo pinochetista bajo rostro civil”

El tono más duro del documento aparece al situar las reformas dentro de una continuidad histórica. Chile Mejor Sin TLC recuerda que durante la dictadura la apelación al “orden” fue utilizada para perseguir y reprimir a trabajadores y organizaciones populares.

“No aceptaremos la reinstalación de esa lógica pinochetista ahora instalada bajo un ropaje civil”, afirma.

La organización advierte además que la prolongada presencia militar en territorio mapuche podría funcionar como antecedente para extender mecanismos similares hacia otras zonas del país frente a futuros conflictos sociales.

Para Chile Mejor Sin TLC, por tanto, las iniciativas actualmente en discusión no pueden analizarse solamente como modificaciones técnicas de la legislación de seguridad. La organización las interpreta como componentes de una concepción política que amplía progresivamente el poder coercitivo del Estado y reduce los márgenes para la protesta y la organización social.

La declaración concluye con un llamado a sindicatos, organizaciones estudiantiles, feministas, territoriales, medioambientales y de derechos humanos, así como a las fuerzas democráticas, a movilizarse contra las iniciativas.

“Chile necesita más democracia y participación popular, no menos”, sostiene Chile Mejor Sin TLC, que plantea como alternativa una política de seguridad subordinada al control democrático, los derechos humanos, la soberanía popular y la justicia social.

 

 

Autor

Lo que la Encuesta Brecha Pública no dice: la corrupción del poder está en Chile y la ciudadanía debe movilizarse

 

COLUMNISTAS


Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 20 segundos

La encuesta Brecha Pública UCEN–Qualiz revela una fractura preocupante entre la ciudadanía y el mundo político: ambos parecen habitar realidades distintas y otorgar prioridades diferentes a los problemas del país. Pero hay un dato que debería provocar especial inquietud: en medio de los reiterados escándalos que comprometen a instituciones públicas, la probidad y la corrupción no ocupan el lugar que debieran en la agenda nacional.

Chile parece haberse acostumbrado a convivir con la corrupción como si se tratara de una sucesión inevitable de casos aislados. Investigaciones, tráfico de influencias, conflictos de interés, irregularidades en licitaciones y vínculos impropios entre dinero y poder aparecen periódicamente en las noticias, pero desaparecen rápidamente del debate político. La corrupción está ahí; lo que falta es una voluntad política sostenida para enfrentarla.

La ironía resulta todavía más grave cuando la propia encuesta registra una profunda distancia entre la ciudadanía y quienes ejercen responsabilidades políticas. Si la política no consigue interpretar las preocupaciones reales de la sociedad, tampoco parece capaz de convertir la probidad en una prioridad nacional. El problema no es solamente cuánto se roba o quién eventualmente delinque: es la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de representar, administrar y hacer justicia en nombre de todos.

Radio Bío Bío difundió el 8 de enero de 2026 los resultados de un estudio de Ipsos que deberían haber encendido todas las alarmas: el 57% de los encuestados identifica la corrupción como el principal problema del Poder Judicial, muy por encima de la lentitud de los procesos (39%) y de la falta de supervisión o auditoría de jueces y fallos (32%). Más inquietante todavía: un 78% cree que las decisiones judiciales reciben influencia de personas con poder y dinero, mientras un 66% percibe presiones de los partidos políticos.

Hechos más recientes enfatizan por qué la probidad no puede seguir siendo un asunto secundario. CIPER reveló el 27 de agosto que cinco ministros de la Corte Suprema aprobaron un trato directo por $26.889 millones con una constructora cuya oferta había sido rechazada ese mismo día en una licitación. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de contratación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los controles internos del máximo tribunal. No corresponde anticipar responsabilidades penales, pero sí exigir explicaciones públicas y controles rigurosos.

Este episodio se suma a una crisis de confianza que ya ha golpeado duramente al Poder Judicial. Los casos que involucraron a ministros de la Corte Suprema y las investigaciones sobre tráfico de influencias y nombramientos judiciales han mostrado que la corrupción y los conflictos de interés no pueden ser considerados un problema exclusivo de la política partidaria. Cuando las sospechas alcanzan a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, la exigencia de transparencia debe ser todavía mayor: nadie puede estar por encima del escrutinio ciudadano.

Por eso es insuficiente esperar que sean los partidos políticos quienes, espontáneamente, coloquen la corrupción en el centro de sus prioridades. La experiencia demuestra que la indignación aparece cuando estalla un escándalo y se extingue cuando las cámaras se apagan. La probidad necesita convertirse en una demanda ciudadana permanente, que debería superar las fronteras partidarias: transparencia, rendición de cuentas, control efectivo de los conflictos de interés y sanciones reales para quienes abusen del poder.

La ciudadanía tiene, por tanto, una tarea que no puede delegar. Es necesario construir un movimiento ciudadano por la probidad, capaz de instalar el problema en la conversación pública y exigir respuestas concretas a quienes ocupan cargos de poder. Y eso supone movilización democrática: organizaciones sociales, sindicatos, universidades, asociaciones profesionales y ciudadanos que ejerzan presión pública sostenida para impedir que la corrupción vuelva a ser relegada al silencio.

La encuesta Brecha Pública debería ser, entonces, una señal de alarma. Si existe una brecha entre ciudadanía y poder, cerrarla exige también enfrentar aquello que el poder parece preferir no discutir: la corrupción y la falta de probidad. Chile no necesita más indignación pasajera después de cada escándalo. Necesita una ciudadanía organizada que haga de la probidad una exigencia democrática permanente y obligue al poder, finalmente, a rendir cuentas.

Leopoldo Lavín Mujica

 

Autor

Caso Cerimedo escala en La Moneda: ministro Arrau aparece en la trama de las redes digitales de Kast

 

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 54 segundos

Nuevos antecedentes sobre la maquinaria digital que acompañó la campaña presidencial de José Antonio Kast amplían el alcance político del caso Fernando Cerimedo. Por primera vez aparece en esta trama un ministro del actual gobierno: Martín Arrau, titular de Seguridad y uno de los hombres de confianza del Presidente. No existe hasta ahora evidencia pública de una relación directa entre Arrau y Cerimedo, pero testimonios recogidos por Bío Bío Investiga atribuyen al actual secretario de Estado haber afirmado durante la campaña que su equipo tenía capacidad para instalar y mantener tendencias en redes sociales.

El caso Fernando Cerimedo comienza a acercarse al núcleo político del gobierno de José Antonio Kast. Hasta ahora, las conexiones chilenas del consultor argentino detenido en Bolivia remitían principalmente a asesores y funcionarios que participaron en la campaña del Rechazo de 2022 y que posteriormente llegaron a posiciones relevantes en La Moneda. Nuevos antecedentes incorporan ahora a un personaje de otro rango: Martín Arrau, actual ministro de Seguridad.

Una investigación publicada por Bío Bío Investiga recogió testimonios de personas que participaron de cerca en la segunda vuelta presidencial de 2025. Según esas fuentes, Arrau habría señalado a un dirigente de Chile Vamos que el equipo de Kast poseía capacidad suficiente para instalar y sostener temas en las tendencias de las redes sociales.

El episodio habría ocurrido cuando el comando buscaba coordinar esfuerzos con sectores de Chile Vamos. De acuerdo con el relato publicado, Arrau habría indicado que, ante un asunto considerado importante, podían comunicárselo porque su equipo tenía capacidad para mantenerlo como trending topic durante uno o dos días.

El antecedente adquiere importancia a la luz de las investigaciones que desde hace meses intentan reconstruir las redes digitales que intervinieron en la política chilena y, particularmente, las vinculaciones que Fernando Cerimedo estableció durante su paso por Chile.

Del Rechazo a La Moneda

Cerimedo, empresario de medios y estratega digital argentino actualmente sometido a varias investigaciones judiciales en Bolivia, participó en Chile durante la campaña del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

En ese espacio coincidió con personas que posteriormente ocuparon posiciones en el gobierno de Kast. Entre ellas aparecen Felipe Costabal, actual responsable de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda; Alejandro Irarrázaval e Ignacio Dülger.

Las investigaciones periodísticas publicadas hasta ahora han permitido reconstruir esas relaciones durante el plebiscito, pero todavía no existe evidencia pública concluyente que demuestre que Cerimedo trabajó directamente en la campaña presidencial de Kast en 2025.

Ese límite es importante.

Lo que agrega el antecedente sobre Arrau es otra pieza del rompecabezas: la existencia, reconocida según testimonios provenientes de la propia campaña, de una estructura digital con capacidad organizada para convertir determinados contenidos en tendencias y sostenerlos durante períodos prolongados.

Eso no demuestra que esa estructura utilizara bots ni que Cerimedo la controlara. Pero convierte en una pregunta política legítima establecer cómo funcionaba, quiénes la integraban y qué herramientas utilizaba.

Las cuentas anónimas y las “minutas”

La controversia se amplió además hacia la actual estructura comunicacional del Gobierno.

El diputado Gonzalo Winter ofició a la Secretaría de Comunicaciones para determinar si existieron relaciones entre la Secom y cuentas como Neuroc, DresTrumpi y Patito Verde, identificadas anteriormente en investigaciones sobre redes coordinadas de apoyo a Kast y ataques contra adversarios políticos.

La solicitud surgió después de que algunas de esas propias cuentas aludieran públicamente a supuestas “minutas” recibidas desde el aparato comunicacional.

El parlamentario pidió establecer quién elabora las minutas de la Secom, quiénes las reciben, por qué canales son distribuidas y qué funcionarios o proveedores trabajan en la estrategia digital del Gobierno.

La pregunta ya no se limita, por tanto, a determinar qué hizo Cerimedo en Chile durante el plebiscito de 2022.

La cuestión es también establecer si existió posteriormente una continuidad entre aquellas redes políticas digitales, la campaña presidencial de Kast y la estructura comunicacional instalada después en La Moneda.

Una investigación que se acerca al Gobierno

En paralelo, la denuncia presentada por el diputado Juan Santana sobre las eventuales operaciones de Cerimedo en Chile está siendo examinada por la unidad especializada del Ministerio Público encargada de delitos económicos, ciberdelitos y lavado de activos, que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para abrir una investigación penal.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia, donde las autoridades han incautado teléfonos, módems, chips y otros dispositivos cuyo análisis forense continúa. Hasta ahora no se han hecho públicas comunicaciones extraídas de esos equipos que vinculen directamente a Kast, Arrau, Costabal, Irarrázaval o Dülger con el argentino durante la campaña presidencial.

Esa sigue siendo la frontera entre los vínculos y coincidencias ya documentados y una eventual coordinación que todavía debe probarse.

Pero el escenario político ha cambiado. Ya no se trata solamente de antiguos participantes del Rechazo convertidos en asesores de La Moneda. La investigación sobre las redes digitales alcanza ahora al entorno de un ministro en ejercicio y uno de los hombres políticamente más cercanos al Presidente.

Determinar cómo funcionó aquella maquinaria digital, quién la dirigió y si tuvo alguna relación con la estructura internacional construida por Fernando Cerimedo se ha convertido en una pregunta que el Gobierno difícilmente podrá seguir dejando sin respuesta.

 

 

Autor

Seguidores