Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 6 segundos
Como una cuestión previa, ya que en nuestra última columna de opinión dimos cuenta del episodio impune de los guetos verticales contrarios a derecho en la comuna de Estación Central, refiriéndonos a la «operación» mediática de un arquitecto que afirmada que esos edificios eran legales, informamos ahora que la corrupta situación descrita en dicha columna fue acallada por la prensa que obedece las instrucciones de los grupos económicos.
Entonces, con el sano y único propósito de que los órganos políticos y profesionales del urbanismo se pronuncien al respecto, el reciente viernes 29 de mayo pasado, entregándoles toda la documentación de rigor, le solicitamos formalmente a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados y del Senado, al Colegio de Arquitectos de Chile y a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, en orden a que cada institución, emitiera una declaración pública sobre el asunto, lo que en condiciones normales debería ocurrir en los próximos días.
Pero, posiblemente, por diferentes motivos de fácil entendimiento, ninguna de las indicadas instituciones se atreverá a emitir el juicio que le corresponde, aunque cabe la remota posibilidad de que, al menos una o dos de ellas, en un súbito ataque de integridad, procedan en consecuencia, lo que se sabrá más adelante, dejándose en evidencia que al medio de prensa que avaló la opinión falsa del arquitecto, le propusimos una retractación o bien que entrevistara a este columnista para que sus lectores conocieran la verdad de los hechos. Su director optó por el silencio.
Pues bien, siempre relacionado con lo anterior, algunos medios de prensa han señalado que Jorge Quiroz, al ser hermano de un arquitecto que tiene una sociedad con un colega suyo de apellido Puelma, omitió esta necesaria información en su Declaración de Intereses y Patrimonio, comportamiento que pugna abiertamente con la transparencia, probidad y fe pública, razón por la cual un par de diputados denunciaron esta situación en la Contraloría General de la República. Es posible que al ministro «se le olvidó» mencionar en el formulario ad hoc su directa relación con su hermano inmobiliario, pero llama la atención que en el proyecto de reforma tributaria, cuyos contenidos fueron decididos por él mismo, se consideren una serie de gravitantes medidas que favorecen a dicha industria.
A modo de ejemplo, tenemos la radical y permisiva modificación, vía Decreto Supremo, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OCUC), la eliminación transitoria del IVA solo para las viviendas nuevas, luego para reducir el sobre stock y no para favorecer a las familias que, por sus menores precios de mercado, desean adquirir viviendas usadas, flexibilización de permisos de edificación en las direcciones de obras municipales, todo ello con el argumento de facilitar esta actividad sectorial para potenciar el crecimiento económico, conforme al plan de Kast.
No nos extrañó para nada que Quiroz intente ampliar la actual exención del pago de contribuciones de bienes raíces (impuesto territorial), para todos aquellos particulares que residan en sus «primeras viviendas», sin importar sus avalúos fiscales, determinados por la Subdirección de Avalúos del Servicio de Impuestos Internos (SII) ni sus ingresos monetarios, declarados ante el mismo SII. Se debe saber que los avalúos fiscales son significativamente menores que los avalúos comerciales y por ello, por el perjuicio que tendría el Fondo Común Municipal, muchos alcaldes ya han expresado su oposición a esta regresiva medida, aunque algunos desubicados sí la apoyan.
Los que están felices con esta inicua propuesta, para justificarla, ya han publicado cartas en los diarios despotricando en contra del SII y menospreciando la posición de los alcaldes, diciendo que «entre 2015 y 2025 el índice real de remuneraciones creció entre un 12% y un 15%, mientras el Fondo Común Municipal creció entre un 45% y un 55% real, o sea, el triple», lo que se considera absurdo. Otros reclaman que las contribuciones han subido en demasía y que, por ello, dado que sus jubilaciones son limitadas, claman por la futura aprobación para así quedar exentos de pagarlas por su 1era vivienda.
Recordemos que los privados de alto patrimonio tienen el dominio de sus viviendas, buscando provechos tributarios, a nombre de sus sociedades comerciales, luego ellos no calificarían para acogerse a la exención de sus «primeras viviendas», pues este beneficio resuelto por el gobierno, está orientado exclusivamente para las personas naturales mayores de 65 años, aunque vivan en casas-habitación de U$$ 1 millón o más, y no para las personas jurídicas. Por otro lado, los dueños de las viviendas con avalúos fiscales de hasta $ 60.030,710 no pagan contribuciones, existiendo el lucrativo negocio operado por las llamadas family office que arriendan los departamentos, considerados como instrumentos de inversión, de sus propios edificios, viviendas que obviamente pagan contribuciones, si sus avalúos fiscales exceden la suma antes señalada.
Por lo anterior y dado que en la vida todo puede ser perfeccionado, sería razonable que el ministro Quiroz decidiera aumentar, en una cierta proporción, la actual suma de $ 224.577.396 del avalúo fiscal tope de la «primera vivienda» de las personas que estarían exentas del pago de las contribuciones, restringiéndose por razones obvias esta regalía para aquellos privados de altos ingresos, fijándose para ellos una razonable cifra a determinarse. Con esta simple fórmula no se afectaría mayormente el Fondo Común Municipal, estableciéndose que todos los propietarios mayores de 65 años de sus «primeras viviendas», están en condiciones de objetar, ante el propio SII, el avalúo fiscal de las mismas, obligándose el Estado a cursarles ofertas de compra en esa supuesta elevada suma de dinero, si el SII no reduce para ellos dicho avalúo fiscal.
