Se ha querido imponer la idea de que los derechos humanos son de izquierda o que esta los tergiversa. La crítica, por supuesto, viene de la derecha.
En una mirada hacia el pasado reciente, el Comité Pro Paz, de carácter ecuménico y con profesionales valientes de diversas ideologías, fueron decisivos en la defensa de la vida, la integridad física y psíquica de miles de detenidos sin orden judicial alguna y denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos.
Perseguido por el poder dictatorial, el Comité Pro Paz fue acusado de ser “refugio de extremistas” y que enlodaba la nación ante la comunidad internacional con sus denuncias. El régimen presionó para cerrarlo, pero la Iglesia Católica (¿infiltrada por la izquierda?) lo reestructuró en la Vicaría de la Solidaridad. Así florecieron Fasic, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Codepu y Serpaj, entre otros, organismos plurales en términos políticos y religiosos, incluyendo a unas pocas personas de derecha que se sumaron.
La hostilidad hacia esos organismos era brutal y las amenazas a sus trabajadores era incesante (como sucedió en el caso de José Zalaquett y Luis Toro), pues la Doctrina de Seguridad Nacional operaba sin traba alguna, ya que la dictadura controlaba los demás poderes del Estado.
Los derechos humanos, sus organismos y defensores, incomodaban desde sus inicios al poder y su sustento ideológico. Se fueron constituyendo de forma plural con aquellas generaciones que no aceptaban el régimen dictatorial, fuesen de izquierda, centro o de sectores de derecha democrática.
En la transición hubo un alto grado de tensión en este campo, pues la impunidad y la resistencia a la verdad y la justicia se mantuvo desde partidarios de derecha (los “cómplices pasivos”) y las propias FFAA, colocando en cuestión las obligaciones del Estado respecto de la justicia transicional.
En resumen, ha sido y fue la sociedad civil, junto a los partidos democráticos de izquierda, centro y sectores de derecha, los que han logrado constituir una institucionalidad en torno a los derechos humanos.
Por otro lado, hay un sector de la derecha que aún se niega a decir “dictadura” -prefieren llamarla “período difícil y complejo”-, y menos a condenarla. Es ese sector de la derecha el que hoy reclama la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o denuncia su captura por el cuoteo político, desconociendo la participación de la sociedad civil en su promoción y protección desde hace décadas.
El discurso que sostiene a quienes vapulean los derechos humanos en la actualidad se parece bastante al discurso de la Doctrina de la Seguridad Nacional, desarrollado durante la dictadura.
Es importante señalar que, además, no es un discurso puramente local. Donald Trump, en el reciente aniversario de la fundación de EE.UU., tuvo como eje el ataque al comunismo externo e interno como “un cáncer” y como una ideología “despiadada y sin Dios” que es la peor amenaza para el país, que ataca las libertades tradicionales y la religión. Incluso, su canciller, Marco Rubio, ha convocado a ministros y funcionarios de 60 países con el objetivo de enfrentar a organizaciones calificadas como terroristas, extremistas de izquierda y sus redes. Mientras, su amigo y poderoso tecnoempresario Peter Thiel ha acusado al Papa León XIV de “comunista chino”.
Este clima, en el cual se ataca a las personas -sean de izquierda o no- y se las califica como “extremista radical”, “comunista”, “terrorista”, para descalificar a quien pueda ser un opositor al autoritarismo o defensor de derechos humanos, tiene una convergencia -esta vez en un contexto democrático- con la Doctrina de la Seguridad Nacional, pues esta se sustentaba en que el enemigo interno (“extremista”, “comunista”, “violentista”, “humanoide”) era una prolongación del “comunismo internacional”.
Estas calificaciones genéricas incluían como enemigo a quien el poder determinara, fuese de izquierda, un sindicalista, un artista o el ayudista que protegía vidas y también aquellos con una posición neutral, pues, en este enfoque, el país estaba en guerra contra sus enemigos, siendo la seguridad la prioridad y las medidas de excepción lo natural.
Así, “el otro”, el extraño, es el enemigo que se etiqueta para excluirlo del campo político y poder eliminarlo personal o institucionalmente, aunque en la práctica no sea enemigo del Estado-Nación. Así, comunista, socialdemócrata, migrante, sindicalista, defensores medioambientales, etc., caben en la misma etiqueta.
Luego, la seguridad como prioridad es un discurso que subordina el debate democrático y las garantías procesales, al colocar la situación como la amenaza total a la nación, de no tomarse medidas excepcionales, de emergencia.
Así, la categoría de “enemigo” se hace flexible, para aplicarla neutralizando acciones según el caso; ser precisos en lo que se persigue y cómo se sanciona es disfuncional a ese concepto de seguridad.
Modificar el derecho penal con ambiguas caracterizaciones, sin definiciones jurídica operativas de los delitos, debilita la proporcionalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia, generando penas desproporcionadas, rebajando garantías procesales y prejuiciando al acusado. De opositor se pasa a enemigo político de la democracia, del orden y el progreso, obteniendo duros castigos que no sorprenderán, pues con la etiqueta de enemigos “se lo merecen”.
La ideología de “enemigo interno” se ha trasladado al principal organismo autónomo del Estado para la protección de los derechos humanos, el INDH.
La reciente carta de diputados UDI y Libertarios al ministro de Justicia y DDHH, le acusa de “sesgo ideológico”, de estar cooptado por sectores de extrema izquierda y el Partido Comunista, entre otros argumentos. Esto, con el objetivo de eliminar al INDH de la institucionalidad conquistada luego de dos décadas de esfuerzos para que el Estado de Chile tuviera un organismo que vigilara al propio Estado para dar cumplimiento a los derechos humanos de todos.
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