El Colegio de Abogados de Chile envío un oficio a CIPER sobre vulneración del secreto profesional en el reportaje publicado por este medio digital en conjunto con Mongabay Latam sobre la empresa minera Quiborax.
Dicho artículo, titulado «La fórmula de minera Quiborax para saltarse las reglas en el Salar de Surire«, reveló una serie de conflictos entre la empresa minera y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que ponen en riesgo la biodiversidad única del Salar de Surire, ubicado en la Región de Arica y Parinacota y abren interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones ambientales en el país.
El texto sacó a la luz el contenido de correos electrónicos filtrados de la empresa minera, los cuales arrojan luz sobre las maniobras de la compañía para flexibilizar restricciones ambientales en el Salar de Surire.
Los emails revelaron que la empresa buscaba modificar las regulaciones para permitir la extracción de minerales en áreas protegidas, como el Monumento Natural Salar de Surire, en colaboración con autoridades gubernamentales locales.
Oficio del Colegio de Abogados
Según el oficio, el pasado 15 de marzo el Colegio de Abogados recibió una solicitud de amparo profesional por parte del abogado Daniel Ocqueteau Moreno, gerente legal de la empresa minera Quiborax S.A ., quien señaló que en la investigación periodística sobre la minera que publicó CIPER el día 6 de marzo se divulgaron correos privados del relacionados con su trabajo en la empresa.
La nota incluye «links» que permiten acceder a los correos electrónicos en formato digital, entre los que se encuentran correos que fueron enviados o recibidos por el jurista. CIPER habría reconocido explícitamente que el origen de dichos correos fue una filtración realizada por el grupo de hackers denominado Guacamaya el año 2022.
A juicio del abogado, estas acciones «significan un atropello a su ejercicio profesional y constituyen una violación al secreto profesional, a su derecho a la privacidad e intimidad y al deber de resguardar datos privados de la relación cliente-abogado».
Asimismo, planteó «que la conducta de CIPER podría ser constitutiva del delito informático del articulo 6 de la Ley Nº459, por lo que planea presentar una denuncia ante el Ministerio Público para su investigación».
Tras evaluar los alegatos de Ocqueteau, el Consejo General del Colegio de Abogados decidió por unanimidad acoger su amparo profesional.
En consecuencia, señalaron que el medio digital infringió el ejercicio profesional del abogado recurrente, al utilizar información amparada por secreto profesional, lo cual calificaron como «un atropello».
«En resguardo del secreto profesional se insta a poner término a la publicación de todas las comunicaciones del Recurrente con otros empleados de Quiborax y la información extraída de ellos», indicaron en el oficio.
CIPER: Secreto profesional no debe ser una herramienta para limitar la libertad de prensa
Tras recibir el oficio, desde CIPER ratificaron que las comunicaciones entre un abogado y su cliente o empleador pueden, y deben, ser difundidas por los medios de comunicación «si se constata de manera ética y rigurosa que ellas afectan el bien común, el Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
«Si el trabajo periodístico cumple con los estándares ya mencionados, puede contribuir a develar conductas que impliquen incumplimientos legales y contrarias al interés público, al tiempo de estimular el necesario debate para corregir las deficiencias en el ámbito institucional que corresponda», plantearon en un texto firmado por Mónica González, presidenta de directorio CIPER`.
Destacaron que la prensa no tiene deberes de confidencialidad en asuntos de interés público, «pues así lo establecen los principios subyacentes a la ley de prensa».
En el texto, CIPER se refirió al planteamiento realizado por el Colegio de Abogados, sobre que toda comunicación entre abogado y cliente, o entre abogado y empleador, no debe ser difundida por la prensa sin consentimiento, porque está amparada por el secreto profesional, argumentando que ese secreto profesional “se alza como el límite a las posibilidades legales de informar al público en el ejercicio de la libertad de prensa”.
«De esta forma, el colegio fija una posición gremial -las comunicaciones amparadas por el secreto profesional del abogado no deben ser difundidas- en los precisos momentos en que en el país se debate sobre eventuales límites al conocimiento público de los chats contenidos en el celular del abogado Luis Hermosilla y que hoy se encuentran en manos del Ministerio Público. En esta discusión pública se ha postulado que las comunicaciones contenidas en los chats entre Hermosilla y sus clientes estarían protegidas por el secreto profesional», señalaron.
«Un punto crucial en este debate ha sido la acción del abogado Mario Vargas, quien aduciendo su relación personal con el abogado Hermosilla y las comunicaciones que han intercambiado por WhatsApp, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que una copia de los chats sea entregada al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En una reciente entrevista planteó que todos los mensajes que no están relacionados con el caso Factop (investigación a un grupo financiero relacionada con la incautación del celular del abogado Luis Hermosilla) deben ser destruidos», agregaron.
Por tal motivo, desde el medio digital plantearon que de aceptarse los criterios mencionados por el colegio, se limitaría gravemente la libertad de prensa, «impidiendo que la ciudadanía se entere de eventuales ilícitos que se hayan planificado en conversaciones entre abogados y sus clientes».
«La prueba más reciente de aquello es que CIPER no podría haber difundido el audio de una reunión entre Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y su cliente Daniel Sauer, uno de los controladores de Factop. El tenor de los ilícitos mencionados en esa conversación, generó urgencia a las investigaciones del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre posibles delitos relacionados con ese factoring. Una de las aristas de esas investigaciones hoy tiene en prisión preventiva a dos de los seis formalizados en ese proceso, acusados de delitos tributarios, estafa y lavado de activos. Y fue por ese mismo camino investigativo que se llegó a las comunicaciones del abogado Hermosilla con el entonces jefe de la PDI, Sergio Muñoz, que develan la posible ejecución de otros graves ilícitos para interferir en importantes investigaciones en curso», argumentaron.
Además, en el texto aclararon que ni CIPER ni Mongabay Latam han violado la privacidad ajena, señalando que lo que han hecho «es revisar correos ya filtrados -y puestos a disposición de cualquiera persona en internet- por el grupo Guacamaya».
También destacaron que para la redacción el reportaje, se hicieron las consultas pertinentes a Quiborax, lo que permitió consignar su versión en el artículo.
Con relación al mensaje del Colegio de Abogados que “insta” a CIPER “a poner término a la publicación de todas las comunicaciones del recurrente con otros empleados de Quiborax”, el medio digital respondió que, «tal como lo hemos hecho hasta ahora», procederán a analizar «los antecedentes de este caso, y de otros similares que puedan surgir a futuro, bajo los estándares éticos que regulan el ejercicio del periodismo para decidir cómo proceder.»
«A lo que CIPER insta en este debate -necesario y relevante- es a hacer todos los esfuerzos, y desde los distintos ámbitos, para que el secreto profesional de los abogados no termine siendo una herramienta que implique limitar la libertad de la prensa para informar sobre la comisión de ilícitos. Es decir, que propicie la impunidad», destacaron.
Puedes ver la respuesta completa de CIPER acá.
Críticas al Colegio de Abogados
La decisión del Colegio de Abogados de Chile de oficiar a CIPER por incluir en su reportaje sobre Quiborax, datos y correos del jurista y gerente general de la empresa minera, Daniel Ocqueteau Moreno, generó una serie de reacciones por parte de lo cibernautas.
Los usuarios de la red social «X», calificaron el oficio como un acto «vergonzoso» que busca intentar censurar al medio digital.
Asimismo, señalaron al Colegio de Abogados como «parte del engranaje» de la corrupción en nuestro país.
