El presidente José Antonio Kast aseguró en la última Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), a través de un video enviado a la cumbre realizada en Hungría el 21 de marzo de este año, que el modelo del primer ministro Viktor Orbán era una “inspiración para nuestro trabajo desde el primer día de Gobierno”. La frase la pronunció apenas 11 días después de asumir la Presidencia en Chile.
Además de alabar la seguridad fronteriza de Hungría –constituida por zanjas y muros que buscaría replicar en el país–, el Mandatario dijo que con la CPAC compartía “principios y desafíos comunes” e, incluso, se tomó el tiempo de llamar a los húngaros a que eligieran a Orbán en las pasadas elecciones, una declaración que analistas interpretaron como un acto de intervencionismo político.
A pesar de los sinceros deseos de José Antonio Kast, la derrota de Viktor Orbán fue estrepitosa. Tras 16 años de gobierno, el 12 de abril de este año –el líder conservador, anticomunista, antiwoke, antiislamista y contrario a las organizaciones de diversidad sexual– fue superado en las urnas por Péter Magyar, un exmiembro de su círculo íntimo que terminó arrebatándole el poder.
Si bien Magyar aún no asume como primer ministro, ya anunció una investigación en contra de su antecesor en el cargo, buscando esclarecer si es que el financiamiento de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) –la organización estadounidense que agrupa a partidos, fundaciones y think tanks de extrema derecha de todo el mundo– fue realizada con fondos públicos provenientes de la administración de Orbán.
“Creo que el Estado nunca debió haberlos financiado; eso fue un crimen”, dijo Magyar durante el anuncio de abrir una indagatoria en contra de la CPAC, la conferencia conservadora por donde han pasado desde Donald Trump, Elon Musk y Steve Bannon, hasta Nayib Bukele, Javier Milei, Jair Bolsonaro y el propio José Antonio Kast.
“Mezclar la financiación de partidos políticos con el gasto público del presupuesto estatal es, en mi opinión, un delito, y esto deberá ser investigado por las futuras autoridades, incluida la Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de los Bienes Públicos, ya que esos fondos presupuestarios no estaban destinados a financiar eventos de partidos políticos”, agregó Magyar hace unos días.
El primer ministro electo busca desmantelar el sistema de financiamiento instalado por su predecesor y revelar los alcances de la red de influencia ideológica que alimentó el ecosistema donde se movieron las elites reaccionarias internacionales durante los últimos años, cuyo poder solventó escuelas de liderazgo, medios de comunicación, influencers, cumbres internacionales, partidos políticos y diversas organizaciones alrededor del mundo.
La investigación pretende destapar los denominados “Orbán Files”, archivos secretos de la administración del ex primer ministro de Hungría que pueden comprometer no solo el financiamiento de partidos políticos como Vox en España, que obtuvo un crédito de la banca Húngara para financiar campañas electorales, sino también aquellos organismos que han pululado con frecuencia por las orillas del Danubio.
Entre estos últimos destacan el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), dirigido por la nieta de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal; la Heritage Foundation; la fundación española Disenso; el centro de pensamiento húngaro, Mathias Cornivius Collegium; y la Political Network for Values (PNfV), una corporación sin fines de lucro que capacita a activistas de extrema derecha, presidida por José Antonio Kast entre los años 2022 y 2024.
Consultado sobre el anuncio realizado por Péter Magyar, el exministro de Relaciones Exteriores y representante de Chile ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, aseguró a El Mostrador que le parece relevante que “se investigue de dónde vienen las platas de la ultraderecha en la región, así como las relaciones de Vox y Orbán con América Latina”.
“En el mundo socialdemócrata es muy conocido el trabajo con la Fundación Friedrich Ebert o la Democracia Cristiana con la Fundación Adenauer, eso siempre ha sido transparente, tienen oficinas en Santiago y pagan impuestos. Pero cuando hay organizaciones funcionando y mucha plata que circula, más aún cuando el propio Orbán ha sido acusado de tener problemas financieros, me parece muy bien que esto se investigue”, aseguró el excanciller.
“Orban files”
La búsqueda por esclarecer la adjudicación de fondos provenientes de Hungría es un tema que también ha preocupado a la Unión Europea, que congeló 17 mil millones de euros debido a falta de transparencia, concentración de poder y el eventual uso discrecional de recursos públicos.
Hace pocos días, la vocera del organismo europeo, Paula Pinho, aseguró que “hemos escuchado atentamente las primeras palabras del primer ministro electo y confiamos en que ocurrirán muchas cosas, en cuanto a lo que necesita hacerse para desbloquear los fondos, pero, por supuesto, ahora necesitamos ver resultados concretos”.
Las acciones anunciadas por Peter Magyar, en rigor, van en busca de esos “resultados concretos”. Para el académico experto en política de la Universidad de Szeged en Hungría, Andras Lénárt –contactado por El Mostrador–, el anuncio del primer ministro electo no solo busca restituir los fondos congelados de la Unión Europea, a través de medidas como no volver a financiar la CPAC, sino particularmente “investigar a fondo las relaciones de Orbán y su contribución económica a las organizaciones de derechas y extrema derecha, tanto húngaras como internacionales”.
Es en este punto donde la Political Network for Values podría verse involucrada en la indagatoria que –según diversos medios de prensa en Hungría– podría abrir incluso la puerta a investigaciones de carácter judicial, considerando que la ley en Hungría prohíbe a cualquier extranjero, incluido un Gobierno, entregar dinero para financiar campañas políticas. No solo eso, sino también respecto al uso indebido de los recursos del Estado en eventos políticos, como anunció Magyar.
“Los contribuyentes húngaros han financiado durante demasiado tiempo a los mercenarios pseudointelectuales extranjeros de Orbán. Recuperar parte de ese dinero es poco probable, pero no imposible. No obstante, es una pista sólida para el periodismo de investigación transfronterizo”, aseguró el periodista de investigación Szabolcs Panyi.
Respecto a los dineros en cuestión, la Gaceta Húngara –equivalente a nuestro Diario Oficial– publicó en mayo de 2020 que el Gobierno de Orbán autorizó la asignación de más 38 millones de florines del presupuesto de ese año para financiar a una organización conservadora húngara, sin hacer mención a su nombre, pero aclarando que era con el fin de cooperar con la plataforma Political Network for Values.
Un año después, el Gobierno húngaro volvió a otorgar una subvención de 140 mil euros a la PNfV, para financiar la cuarta Cumbre Trasatlántica, que reunió a representantes políticos de Europa, América y otras regiones del mundo, celebrada en noviembre de 2021 en el Parlamento húngaro.
Para entonces, la Political Network for Values –con raíces en el extremismo católico y vínculos con agrupaciones como HazteOir, Citizen Go, El Yunque y el Opus Dei– era presidida por Katalin Novák, política que en 2022 se convirtió en presidenta de Hungría, siendo José Antonio Kast el encargado de asumir la posta luego de su salida del organismo.
Una investigación realizada por el medio Húngaro Atlatszo, publicada el año pasado, dio cuenta de que el principal think tank húngaro, el Centro de Derechos Fundamentales, recibió del gobierno 4.300 millones de florines el año 2024 y que 722 millones del aporte total se usaron para financiar la CPAC de ese mismo año realizada en Budapest. En ese mismo encuentro, Kast aseguró que Chile estaba gobernado por un “Presidente woke” que llegaba tarde a trabajar.
El Centro de Derechos Fundamentales, según una investigación de la ONG Ipas, ha sido un copatrocinador permanente de Political Network for Values. Esta última ha tejido una importante red de vínculos con el Gobierno de Hungría, entre ellos, con la exministra de Justicia, Judit Varga. Un ejemplo de aquello es la conformación del Comité Interparlamentario Chileno Húngaro, presidido por el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, y la visita que realizó a Chile en 2024 el entonces director del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría: Miklós Szánthó, quien aseguró que debería haber una CPAC en nuestro país.
Otro asunto a considerar: la Political Network for Values fue anfitriona de la CPAC el año 2022, al alero del Centro de Derechos Fundamentales, mientras Kast se desempeñaba como presidente de la organización, un vínculo entre organismos que deberá aclarar la investigación propuesta por Péter Magyar.
Para el analista y profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, la indagatoria en cuestión no solo puede abrir un flanco a la Presidencia de Chile, sino “a todos los políticos que hicieron de la Budapest de Orbán un destino permanente, un país donde hoy día estamos empezando a ver investigaciones respecto a casos –digámoslo claramente– de corrupción”.
Mladen Yopo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, agrega que, además del eventual uso irregular de fondos públicos, lo más grave es para lo que habrían sido utilizados estos recursos. “Más allá de quien participe, sean Kast, Bolsonaro, Bukele, se han usado para la manipulación política, lo que ha impedido, de alguna forma, que la ciudadanía pueda elegir conscientemente, o sobre la base de ciertos estándares y no en base a falsedades”, aseguró.
La Unidad de investigación de El Mostrador se comunicó con varios representantes de Presidencia, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos información sobre los requerimientos planteados.
CULTURACrédito: MOP
