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El deterioro político del gobierno de José Antonio Kast dejó de ser una advertencia formulada exclusivamente desde la oposición. Un editorial de El Mercurio, columnas de Carlos Peña, Daniel Mansuy y otros analistas, reportajes de La Tercera y Diario Financiero y nuevas encuestas describen un escenario de creciente desgaste presidencial. La controversia por Fernando Rabat concentra la atención, pero el desempleo, las dificultades económicas, las tensiones ambientales y las diferencias dentro del oficialismo amplían los cuestionamientos a la conducción del Ejecutivo.
El diagnóstico más severo sobre la situación del gobierno de José Antonio Kast no provino este domingo de la oposición. Fue publicado por El Mercurio, en un editorial titulado «Crisis política en el Gobierno», que advierte sobre la ausencia de conducción y coordinación política en La Moneda y reclama cambios para enfrentar el deterioro de la administración.
La intervención del diario de la oligarquía resulta significativa por su posición histórica dentro del debate político y económico chileno. Su cuestionamiento no se limita al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ni a las rebajas de condenas que desencadenaron la controversia. También aborda el desempleo, las demandas sociales, las disputas entre autoridades y las dificultades del Ejecutivo para sostener una estrategia coherente.
El editorial considera que el gobierno enfrenta su semana más difícil y que la permanencia de Rabat amenaza con prolongar una controversia que ya ha provocado importantes costos políticos.
Aunque el diario cuestiona la procedencia jurídica de una eventual acusación constitucional contra el ministro, considera incomprensible que Kast reconozca errores en la actuación del Ministerio de Justicia y, al mismo tiempo, mantenga en su cargo a la autoridad responsable.
La distinción es relevante: el cuestionamiento ya no se concentra exclusivamente en la legalidad de los decretos, sino en la responsabilidad política de quienes adoptaron y defendieron las decisiones.
Una caída que registran distintas encuestas
La advertencia editorial coincide con un nuevo deterioro de la evaluación presidencial.
La encuesta Pulso Ciudadano, difundida este domingo 1 de noviembre y realizada entre el 29 y 30 de octubre, situó la aprobación de Kast en 22,1%, una caída de 6,1 puntos respecto de la medición anterior. La desaprobación alcanzó el 67,5%, con un aumento de 9,9 puntos.
Se trata del registro más bajo obtenido por el mandatario en esa serie desde su llegada a La Moneda.
La misma medición identificó a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Justicia, Fernando Rabat, entre las autoridades con mayor percepción negativa. Quiroz concentró un 40,3% de menciones negativas y Rabat un 32,6%.
Los resultados incorporan una dimensión que trasciende la controversia judicial: el ministro responsable de la política económica aparece también entre las figuras más cuestionadas del gabinete.
Por su parte, la encuesta Cadem número 702, adelantada por Diario Financiero, registró una aprobación presidencial de 26% y una desaprobación de 69%. En la medición anterior, los resultados habían sido de 29% y 66%, respectivamente.
El desacuerdo con la decisión de mantener a Rabat en el Ministerio de Justicia aumentó del 64% al 70%.
Aunque ambas encuestas utilizan metodologías diferentes y no deben compararse directamente, coinciden en mostrar un deterioro de la evaluación del Presidente y un rechazo mayoritario a la continuidad del ministro.
Roberto Izikson, gerente general de Cadem, sostuvo en Diario Financiero que la controversia afecta directamente la promesa de seguridad con la que Kast llegó al gobierno. También vinculó el deterioro político con las dificultades económicas y el desempleo.
Su análisis apunta a una pérdida de respaldo que comienza a afectar no solamente la imagen presidencial, sino también la relación del Ejecutivo con los partidos que lo apoyan y sus posibilidades de construir acuerdos legislativos.
La crítica de los columnistas: no es solamente Rabat
La preocupación también aparece en columnas publicadas durante el fin de semana.
Francisco José Covarrubias, en un artículo titulado «El desangre», publicado el sábado en El Mercurio, comparó el impacto político del caso Rabat con el que tuvo el caso Monsalve sobre el gobierno anterior.
Su argumento es que ambas controversias afectan compromisos centrales de las respectivas administraciones: la seguridad en el caso de Kast y el feminismo en el de Gabriel Boric.
Covarrubias considera que la controversia podría haberse contenido, pero que las decisiones posteriores del gobierno terminaron ampliando sus consecuencias. Cuestiona especialmente la tendencia a transformar la defensa de un ministro en una demostración de lealtad al Presidente, aun cuando su permanencia genere crecientes dificultades políticas.
Pero este domingo, en las mismas páginas de El Mercurio, Carlos Peña llevó el cuestionamiento más allá de los errores ministeriales.
En su columna «Un país disparatado», el rector de la Universidad Diego Portales comienza describiendo una sucesión de episodios que retratan el desorden gubernamental: un ministro que debe explicar una decisión políticamente controvertida, un subsecretario que intenta deslindar responsabilidades, enfrentamientos entre autoridades y reacciones opositoras que también considera desmesuradas.
Sin embargo, Peña identifica un problema de mayor profundidad: la falta de conducción y de ideas en el Presidente y sus colaboradores más cercanos.
Para ilustrarlo, recurre al discurso pronunciado por Kast en el Encuentro Nacional de la Empresa, Enade. El columnista ironiza sobre una intervención presidencial que considera particularmente deslucida, carente de diagnósticos y propuestas, construida sobre lugares comunes y una metáfora futbolística que juzga poco afortunada.
Peña observa incluso las dificultades que habrían enfrentado los medios para encontrar una frase significativa del discurso. Una de las pocas que obtuvo difusión fue el llamado presidencial a los empresarios para que contrataran trabajadores. Otra, recuerda el columnista, fue la afirmación de Kast de que el gobierno ya había cumplido su tarea y correspondía ahora al empresariado hacer la suya.
La crítica no se refiere solamente a la calidad de una intervención pública. Para Peña, un gobierno necesita elaborar un horizonte político que permita comprender el sentido de sus decisiones. Cuando ese horizonte no existe, los errores dejan de aparecer como episodios particulares y comienzan a ser interpretados como síntomas del funcionamiento general de la administración.
Es precisamente lo que, a su juicio, ha ocurrido con el caso Rabat.
Mansuy y el fracaso de la apuesta tecnocrática
También este domingo, Daniel Mansuy publicó en El Mercurio una columna titulada «El fin de las ilusiones», en la que cuestiona los supuestos sobre los que se organizó el gobierno de Kast.
El académico identifica una serie de expectativas que, según su análisis, no han resistido la experiencia de estos primeros meses: que era posible gobernar con los partidos a distancia, que bastaba un gabinete de expertos para enfrentar las emergencias, que la experiencia técnica podía sustituir al oficio político y que la economía mejoraría por el solo hecho de que la derecha llegara al poder.
Mansuy describe un Ejecutivo en el que las autoridades actúan sin una dirección común y donde resulta difícil identificar un mensaje político central.
La crisis de Justicia constituye, para él, una demostración de esas contradicciones. Primero, el gobierno defendió la actuación de Rabat. Después, el propio Presidente reconoció un error. Pero, pese a ese reconocimiento, decidió mantener al ministro en su cargo.
El resultado, según su interpretación, es una secuencia de decisiones que termina debilitando la autoridad presidencial y prolongando la controversia.
Mansuy plantea que el Ejecutivo necesita dirigentes con experiencia política, capaces de ordenar prioridades, coordinar al gabinete y conducir la agenda pública. Su conclusión es que el diseño inicial de la administración debe ser revisado.
El planteamiento resulta especialmente relevante porque cuestiona uno de los atributos que el gobierno había presentado como una fortaleza: la incorporación de especialistas y profesionales independientes, supuestamente menos condicionados por las prácticas de los partidos tradicionales.
La crítica de Mansuy no niega la importancia de las competencias técnicas, pero sostiene que estas no reemplazan la capacidad de negociación, la conducción política ni la construcción de una coalición.
Desde La Tercera, Daniel Matamala también ha situado la controversia en un marco más amplio. En sus análisis sobre las rebajas de condenas ha cuestionado las explicaciones del Ejecutivo y la forma en que La Moneda ha enfrentado las responsabilidades políticas derivadas de sus decisiones.
Los tres columnistas provienen de tradiciones intelectuales diferentes y no comparten necesariamente sus conclusiones jurídicas o políticas. Sin embargo, sus análisis coinciden en una preocupación: la permanencia o salida de Fernando Rabat no resuelve por sí sola los problemas de conducción que observan en el gobierno.
La falta de oficio político
Un reportaje de Rocío Latorre publicado por La Tercera el 31 de octubre aborda el problema desde una perspectiva más amplia.
Bajo el título «La falta de oficio político detrás de los tropiezos del gobierno de Kast», la periodista examina una sucesión de episodios en los que La Moneda ha debido corregir, explicar o enfrentar resistencias frente a decisiones que inicialmente consideró justificadas.
El reportaje identifica una dificultad recurrente para anticipar las consecuencias políticas de las medidas gubernamentales.
Una de las explicaciones recogidas apunta al diseño del gabinete, integrado por numerosos ministros independientes y profesionales provenientes del sector privado, algunos con experiencia limitada en la administración del Estado.
Ese perfil fue presentado inicialmente como una fortaleza del gobierno, asociado a la capacidad técnica y a la distancia respecto de las prácticas tradicionales de los partidos.
Sin embargo, el análisis plantea que las competencias técnicas no reemplazan la negociación política, la coordinación entre ministerios ni la construcción de acuerdos parlamentarios.
El reportaje recuerda, entre otros episodios, las dificultades de la reforma constitucional de seguridad que finalmente fue retirada, las controversias que precedieron a cambios ministeriales y los problemas políticos generados por los ajustes contemplados en el Presupuesto 2027.
La controversia de Justicia aparece así como el episodio más grave de una serie de dificultades que ya se habían manifestado en otras áreas de la administración.
Quiroz, el desempleo y las dificultades económicas
La crisis política coincide con un escenario económico complejo.
La tasa de desempleo llegó al 9,8%, con más de un millón de personas desocupadas, según los antecedentes destacados por la prensa económica.
A ello se suma la caída interanual de 2,7% de la producción industrial en septiembre, impulsada principalmente por una contracción de 8,7% en la actividad minera.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta así cuestionamientos que no se explican por el caso Rabat, sino por la evolución de la economía y las expectativas que el gobierno había generado sobre crecimiento, inversión y empleo.
El propio editorial de El Mercurio advierte que la falta de coordinación y la debilidad política pueden afectar la confianza de los agentes económicos.
En Diario Financiero, Izikson también relacionó el deterioro de la aprobación presidencial con las dificultades para recuperar la inversión y negociar reformas.
Son evaluaciones de analistas y medios económicos, no una demostración de que la caída en las encuestas haya provocado por sí misma un retroceso de la inversión.
Sin embargo, revelan que la preocupación por la conducción del gobierno se está extendiendo hacia sectores que inicialmente concentraban sus expectativas en la agenda económica de Kast.
Las diferencias dentro del oficialismo
La continuidad de Rabat también ha abierto diferencias entre el Partido Republicano y dirigentes de Chile Vamos.
Mientras los republicanos han defendido al ministro y respaldado la decisión presidencial de mantenerlo, parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI han expresado reparos al costo político de esa determinación.
La diputada Ximena Ossandón, de RN, advirtió en declaraciones recogidas por Ex-Ante que las explicaciones jurídicas no han conseguido modificar la percepción ciudadana y que el episodio está perjudicando a la derecha.
Otros parlamentarios han señalado que la lealtad al Presidente no debería impedir advertir sobre decisiones que pueden afectar la estabilidad del gobierno.
La Cámara de Diputados aprobó durante la semana una resolución solicitando las renuncias de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La iniciativa obtuvo votos favorables y abstenciones de parlamentarios vinculados al oficialismo.
La destitución de Silva, anunciada el viernes después de que difundiera un video explicando su participación en los decretos, tampoco cerró el conflicto.
Rabat permanece en el ministerio, mientras la oposición prepara una acusación constitucional y la Fiscalía desarrolla una investigación sobre los hechos denunciados.
Otros frentes de conflicto
La controversia judicial se produce, además, en un momento de creciente actividad de organizaciones sociales.
Este sábado se realizaron manifestaciones ambientales contra el proyecto Dominga y las decisiones del gobierno en materia de protección ambiental.
Para los próximos días están anunciadas movilizaciones feministas contra las rebajas de condenas a agresores sexuales, protestas de estudiantes secundarios por las condiciones de la educación pública y una marcha del Colegio de Profesores frente a los recortes presupuestarios.
No existe evidencia suficiente para afirmar que estas movilizaciones constituyan un movimiento coordinado ni que respondan a una causa única.
Pero representan conflictos simultáneos que demandan respuestas de distintos ministerios, precisamente cuando los análisis de la prensa tradicional advierten sobre problemas de coordinación dentro del Ejecutivo.
La discusión del Presupuesto 2027 agregará nuevas tensiones, especialmente en educación, derechos humanos y programas sociales.
Una crisis que ya no describe solamente la oposición
El cambio más relevante de los últimos días está en el origen de los cuestionamientos.
La oposición exige responsabilidades políticas y anuncia una acusación constitucional. Pero, paralelamente, medios tradicionalmente cercanos al mundo empresarial, columnistas identificados con distintas corrientes políticas y dirigentes de los partidos oficialistas están planteando sus propias críticas a la conducción gubernamental.
No todos comparten las mismas explicaciones ni proponen idénticas soluciones. Algunos defienden la legalidad de las decisiones del Ministerio de Justicia, otros cuestionan la oportunidad de una acusación constitucional y varios consideran que el gobierno necesita modificaciones más profundas en su gabinete y estrategia.
Lo que sí comienza a aparecer como un diagnóstico compartido es que el problema excede a Fernando Rabat.
La caída de las encuestas, las dificultades económicas, las controversias administrativas, las tensiones entre partidos y las movilizaciones sociales forman parte de un escenario en el que la capacidad de conducción presidencial está siendo examinada desde distintos sectores.
La pregunta que comienza a instalarse no es únicamente cuánto tiempo podrá permanecer Rabat en Justicia, sino qué decisiones adoptará Kast para recuperar coordinación política, responder a las demandas sociales y reconstruir los apoyos necesarios para gobernar.
Por ahora, las advertencias más severas ya no llegan solamente desde quienes se oponen al gobierno. También se publican en las páginas de los diarios que tradicionalmente han acompañado las posiciones económicas y políticas de la derecha chilena.
Redacción de El Clarín
