domingo, 22 de marzo de 2026
Negacionista y promotora de violencia política: Cuestionan elección de Gloria Naveillán en Comisión de DDHH y Pueblos Originarios
Gloria Naveillán (PNL), con un historial de declaraciones contra derechos indígenas y causas mapuche, contra víctimas de crímenes de lesa humanidad y diversidades, asume la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara. Organizaciones y parlamentarios denuncian una provocación. Su primer anuncio apunta a modificar la Ley Indígena, reactivando el rechazo transversal por su perfil extremista.
EL CIUDADANO
Diputada que calificó a Camilo Catrillanca como “maldito delincuente” presidirá la Comisión de Derechos Humanos: Polémica instalación
La diputada Gloria Naveillán (PNL) fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja. La representante del distrito 22 se impuso con 7 votos contra 3 a la legisladora del Partido Comunista, Lorena Pizarro, en una decisión que ha generado una oleada de críticas en el espectro político y social, dado el amplio prontuario de la parlamentaria en contra de las colectividades que precisamente deberá resguardar en su nuevo cargo.
Un historial de controversias que choca con el cargo
La trayectoria de Naveillán está salpicada de episodios de alta tensión y declaraciones que han sido repudiadas por organismos de derechos humanos. Su perfil público quedó marcado en 2018 tras el homicidio de Camilo Catrillanca, a quien en un audio de WhatsApp calificó como “maldito delincuente”, justificando la acción de Carabineros con una versión que la justicia descartó posteriormente.
A ello se suman acusaciones directas contra comuneros mapuche sin respaldo judicial y su convocatoria a civiles en 2020 para “enfrentar” manifestaciones en Municipalidad de Curacautín y otras comunas, acciones que evidencian una trayectoria incompatible con el cargo que ahora asume.
En mayo de 2019 acusó públicamente al comunero mapuche Adán Huentecol de participar en un ataque incendiario en Collipulli, sin embargo, la denuncia fue rechazada por el afectado, quien presentó una querella por injurias y calumnias, entre numerosos otros episodios.
El nombramiento ha sido calificado como una afrenta directa por parte de líderes indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Danko Marimán, dirigente mapuche de Txawun de comunidades de Temuko y candidato al Consejo Indígena de Conadi, fue enfático al señalar los alcances de esta designación, afirmando textualmente: “La diputada #Naveillan participó de hechos de violencia política ocurridos en Curacautín en el año 2020, ahora fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la cámara baja a pesar de su vinculación con grupos violentos de extrema derecha como el #APRA”.
Marimán además advirtió que el primer anuncio de la legisladora es modificar la Ley Indígena 19.253, un intento que calificó como un “traje a la medida” de los intereses de la multigremial de la zona.
Mira las declaraciones de Danko Mariman en siguiente video:
Rechazo y señales de peligro
El diputado opositor Gustavo Gatica calificó la elección como una de las “señales provocadoras de un mundo que no tiene aprecio por los derechos humanos”.
En tanto, la Fundación Zamudio emitió una declaración dura contra la nueva presidenta, advirtiendo que sus posturas representan “un retroceso inaceptable” en el reconocimiento de las violaciones ocurridas en dictadura. La entidad enfatizó que es “más grave aún” que dichas afirmaciones provengan de una autoridad que debería resguardar la memoria y la dignidad de las víctimas.
Agrega: “Cuestionar la existencia de violencia sexual y tortura contra mujeres no solo desconoce testimonios y antecedentes documentados, sino que también instala una peligrosa duda sobre hechos que han sido ampliamente acreditados por informes oficiales y organismos internacionales”.
“Es poner a un pirómano a cargo de bomberos”
Fuera del Congreso, la percepción de la ciudadanía y los analistas políticos es de absoluta alarma. Comentaristas del ámbito legislativo han sintetizado el sentir general al señalar que situar a Gloria Naveillán al frente de una comisión tan sensible como la de Derechos Humanos es un contrasentido ético.
El símil que ha resonado con mayor fuerza en redes sociales y medios especializados es el de “poner a un pirómano a cargo de bomberos”, reflejando la preocupación por la orientación que tomarán las discusiones sobre memoria histórica y pueblos originarios en los próximos meses.
Mira las declaraciones en TURNO
Lo llaman “pérdida de confianza”: suman y siguen las remociones de Kast en el aparato público
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Desde el día siguiente al cambio de mando que marcó el inicio del gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo partió una saga de remociones en diversas reparticiones públicas, entre servicios y ministerios, varias de las cuales han generado preocupación por las repercusiones que tendrán en ámbitos como el del medio ambiente o la educación.
Es el caso de dos autoridades a cargo de medio ambiente, biodiversidad y áreas protegidas que fueron destituidas en las horas siguientes a que Kast favoreciera vía decreto a más de cincuenta proyectos de inversión en proceso de revisión en la institucionalidad medioambiental. Y es también la remoción del Superintendente de Educación en las mismas horas en que ese organismo ministerial se disponía a anunciar sanciones por el caso de la cuestionada Universidad San Sebastián.
La casi totalidad de las autoridades cesadas en sus funciones habían llegado a sus cargos luego de cumplir con los concursos del sistema de Alta Dirección Pública. Sin embargo los despidos han sido justificados en base a la “pérdida de confianza” o al argumento de la evaluación de jefaturas, y en algunos casos corresponden a la atribución legal que permite al Ejecutivo nombrar directamente hasta a doce jefaturas de servicio durante los primeros tres meses de administración, sin necesidad de acudir a la Alta Dirección Pública.
Vivienda, Medio Ambiente y Pensiones: primeras remociones
Al día siguiente del cambio de mando tomó la iniciativa Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo. Poduje pidió el 12 de marzo la “renuncia no voluntaria” de la abogada María Luz Gajardo, hasta entonces directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en la región del Biobío, nombrada en octubre de 2023 por Gabriel Boric tras ganar un concurso público del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Dos días más tarde fue el Ministerio del Medio Ambiente el que concentró la atención cuando el gobierno removió a dos autoridades validadas por el mismo sistema: Marie Claude Plumer (de la Superintendencia del Medio Ambiente) y Aarón Cavieres (director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas). Las renuncias fueron pedidas sólo días después de que Kast firmara un decreto para “destrabar” 51 proyectos de inversión en la institucionalidad ambiental. Cavieres había sido nombrado a fines de 2025 tras ganar un concurso público del sistema ADP, en un organismo cuya misión es gestionar la conservación de la biodiversidad del país y del sistema nacional de áreas protegidas.
Luego el 16 de marzo el gobierno notificó de cese de sus funciones a Osvaldo Macías, a cargo de la Superintendencia de Pensiones, quien había sido nombrado en 2016 mediante el sistema de ADP por Michelle Bachelet, y ratificado por Sebastián Piñera y Gabriel Boric. En su lugar fue designado Joaquín Cortez, ex presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Vinculado además al negocio de la previsión social, en su condición de ex gerente de inversiones y ex director de la AFP Provida, Cortez tendrá a su cargo, esta vez desde el poder ejecutivo, la implementación de la reforma de pensiones.
Salud, Trabajo y Conadi: destituciones regionales
Un primer despliegue nacional de destituciones tuvo lugar en el Ministerio de Salud el 18 de marzo, con las remociones de directores de Servicios de Salud de seis regiones. Según información pormenorizada por Emol, salieron María Paz Iturriaga, acogida a retiro y subrogada por Rafael Villalobos en la región de Tarapacá; Francisco Grisolía, reemplazado por Fabiola Roa en Antofagasta; Luis Infante en el Servicio de Salud Metropolitano Norte; Marta Ercira en el Maule, Walter Alvial, sucedido por Manuel Herbage en Biobío; Marianela Rubilar, subrogada por Erick Vargas en Los Ríos, y Bárbara del Pino en Reloncaví.
El 19 de marzo se intensificaron las remociones. en el Ministerio del Desarrollo Social y Familia, fue removido por el gobierno el director nacional de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Marileo. Había asumido el puesto en 2024, como director subrogante y luego ratificado en un proceso de ADP en marzo de 2025. Horas después del cambio de mando del 11 de marzo, Morales se había negado a interrumpir tres procedimientos de compra de tierras, según dijo en una entrevista al diario El Austral: “Al día siguiente me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”.
También el 19 de marzo, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue pedida la renuncia de Andrea Soto, de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), quien había asumido el cargo en diciembre pasado, y tomó su puesto Patricia Soto como interina. Lo mismo pasó con Romanina Morales, hasta ese día directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cargo que ocupaba desde 2023. Será subrogada por Rodrigo Valdivia en espera del concurso público para el nombramiento definitivo.
Educación: la Universidad San Sebastián a la palestra
La cartera de Educación registró cambios especialmente cuestionados cuando el mismo 19 de marzo el gobierno pidió la renuncia del abogado José Miguel Salazar a la Superintendencia de Educación Superior. Salazar, que había asumido el cargo en 2023 a través del sistema de ADP, se sumó así a las remociones de Camila Rubio el 18 de marzo, nombrada en 2022 en la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), y de Loreto Orellana el 19 de marzo, designada en agosto del año pasado en la Superintendencia de Educación, ambas tras ser elegidas también por medio de concursos de ADP.
Según la versión oficial del ministerio, la renuncia de José Miguel Salazar fue pedida por “pérdida de confianza”. Sin embargo la decisión se produjo luego de que la Superintendencia de Educación Superior, tras una investigación reservada de quince meses, había formularon cargos y observaciones contra una serie de personas involucradas en las contrataciones irregulares y las altas remuneraciones pagadas por la Universidad San Sebastián, vinculada a la derecha, según informó el medio Reportea. De acuerdo con el diario La Tercera, Salazar fue removido el día después de que fueron conocidos los resultados de la investigación, a las puertas de que la superintendencia iniciara la etapa de definición de sanciones.
«El gobierno de Kast debe explicar por qué sacar a un superintendente en medio de una investigación que afecta a la derecha. El caso USS no puede quedar en nada», manifestó al respecto en redes sociales la diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio. También se refirió a la destitución la senadora Daniella Cicardini, del Partido Socialista: “El Presidente Kast pidió la renuncia del superintendente de Educación por pérdida de confianza. Yo me pregunto si la confianza la perdió sospechosamente el día anterior, cuando el superintendente anunció que habría sanciones contra la Universidad San Sebastián por su rol como refugio y caja pagadora millonaria a políticos de derecha, involucrando incluso recursos públicos, lo que denunciamos en su minuto junto al diputado Daniel Manouchehri. Acá no puede haber impunidad. Las sanciones se deben aplicar con la fuerza y la gravedad que ameritan los hechos y no con un tirón de orejas o un simple saludo a la bandera”.
Comisión para el Mercado Financiero y Obras Públicas: nombramientos directos
Siguiente organismo en anunciar cambios fue la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). servicio público vinculado al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda. La recién nombrada presidenta del ente regulador, Catherine Tornel, cesó en sus funciones a Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado; a Nancy Silva, directora general de Estudios, y a José Antonio Gaspar, de la Dirección Jurídica, quienes, según detalló Emol, serán sucedidos respectivamente por los actuales funcionarios Nicolás Álvarez (Conducta de Mercado), Alfredo Pistelli (Estudios) y Claudia Soriano (Dirección Jurídica),
Los cambios más recientes fueron anunciados ayer 21 de marzo en la cartera de Obras Públicas, donde el ministro Martín Arrau despidió a los diez directores de áreas, desde la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) a la que llega el ingeniero civil Joaquín Daga Kunze. Ésta es precisamente la cartera en la que Kast ya hizo uso de su facultad para designar a dos de las doce jefaturas de servicio de primer nivel que puede nombrar sin concurso de por medio, según la normativa del propio sistema de Alta Dirección Pública. Esos nombramientos fueron los de la abogada Francisca Morandé en la Fiscalía Nacional del MOP, quien vuelve a ese puesto luego de haberlo ocupado entre 2018 y 2022, y del ingeniero Eduardo Koffmann en la Dirección de Planeamiento, quien antes trabajó en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2019.
Sector de la cuesta Chada en Paine es declarado monumento nacional histórico
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«Cuesta Chada, Campesinos Asentamiento El Escorial». Así se denomina el nuevo monumento nacional reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales y categorizado como monumento histórico. En ese lugar fueron hallados los cuerpos de 13 campesinos del asentamiento agrícola El Escorial ubicado en la comuna de Paine. Los hombres fueron secuestrados el 3 de octubre de 1973 por soldados que los trasladaron hasta una de las quebradas del Cerro Redondo en la Cuesta Chada y los ejecutaron. En enero de 1974 vecinos del sector encontraron los cuerpos y avisaron a los familiares. Los restos de las víctimas fueron llevados por carabineros al Servicio Médico Legal, donde permanecieron sin identificación por más de 17 años. Tras los análisis de ADN y la determinación de las causas de muerte fueron entregados a sus familias en 1991.
La solicitud de la declaratoria había sido presentada en 2019 por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine, la Corporación Memorial Paine, la Corporación Memorias del Quillay, la Agrupación Mártires de Paine y la Agrupación José Calderón Miranda. En 2024 se insistió en la petición y se sumaron la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, el Sitio de Memoria Estadio Nacional y la Corporación Memorial Cerro Chena. Para reforzar la solicitud, la Agrupación José Calderón Miranda reunió 86 cartas y 486 firmas digitales de familiares y vecinos además de agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil.
El monumento histórico consta de dos zonas. En el “sector memorial” existe una placa conmemorativa y un “espacio de contemplación”. Este sitio era de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales y es administrado por el Ministerio de Obras Públicas. La segunda zona, descrita como “sector quebrada”, pertenece a la firma Hacienda Chada S.A. En el documento de la declaratoria este lugar es definido como el “sector principal” ya que corresponde al terreno donde fueron asesinadas las trece victimas, todos ellos campesinos sin militancia política.
Muchos eran jóvenes o incluso adolescentes. Sólo uno de ellos tenía más de cuarenta años. En esa quebrada fueron ejecutados Héctor Guillermo Castro Sáez y Víctor Manuel Zamorano González, de 18 años; Francisco Javier Calderón Nilo, de 19 años; José Ángel Cabezas Bueno y Aurelio Enrique Hidalgo Mella, de 21 años; Domingo Octavio Galaz Salas, Juan Rosendo González Pérez y Bernabé del Carmen López López, de 23 años; José Emilio González Espinoza, de 32 años; Juan Bautista Núñez Vargas, de 33 años; Héctor Santiago Pinto Caroca, de 34 años; Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, de 39 años; y Hernán Pinto Caroca, de 42 años.
En el texto dado a conocer por el Consejo de Monumentos Nacionales se reconoce la Cuesta Chada como “un espacio emblemático de la memoria histórica debido a la represión ejercida tras el golpe de Estado contra la población rural de Paine. El sector registra la mayor proporción de víctimas fatales del país, con 70 personas asesinadas, de las cuales 14 fueron ejecutadas en esta quebrada, que se constituye como una huella material de una de las masacres más sangrientas del campo chileno”.
También se plantea que la preservación del espacio representa una contribución a la educación y promoción de los derechos humanos del conjunto de la sociedad, como expresión de la obligación estatal de garantizar la verdad de los hechos, reparar simbólicamente a las víctimas, sus familiares, a la sociedad en su conjunto y generar garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio.
sábado, 21 de marzo de 2026
Chile.Primeros días de Kast, ajuste contra el sector público y colonialismo del capital estadounidense
By Resumen Latinoamericano marzo, 2026
Por Andres Figueroa Cornejo (Rebelion)/ Resumen Latinoamericano 20 de Marzo 2026
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, este lunes 16 de marzo, ofició un recorte del gasto público de un 3% a cada uno de los ministerios porque, según él, la caja fiscal que dejó el gobierno de Boric, «es considerablemente menor a la de las administraciones anteriores», y señaló que «por ejemplo, el Ministerio de Salud sólo en enero (de 2026) gastó 6% más que el año pasado».
El anuncio lo hizo como estreno de un proceso detallado de revisión de las cuentas fiscales que realizan los flamantes inquilinos de La Moneda.
El actual gobierno es el mismo que se opuso a la reforma tributaria fracasada del Ejecutivo anterior, basada en un impuesto progresivo al segmento más rico de la población del país para intentar detener el déficit fiscal de arrastre y realizar algunas reformas sociales. Y ahora Quiroz se encuentra con que «no hay plata» para las carteras que más afectan a las grandes mayorías.
El proceso de recorte informado se agrega a los ajustes fiscales sucesivos durante, al menos, los 3 últimos años. O sea, se está reestructurando regresivamente sobre otras reestructuraciones.
Cada día que pasa va quedando más claro el tipo de shock sobre el sector público que empezó a ejecutar Hacienda.
El objetivo del gobierno para el 2026 es recortar 3 mil millones de dólares (3% parejo por cartera), y que se suma a los 800 millones de dólares menos, programados por el gobierno anterior. Quiroz adicionó «otro esfuerzo» de mil millones de dólares. Es decir, el 2026, el recorte presupuestario total del sector público llegaría a cerca de 5 mil millones de dólares.
¿Y cómo lo hará Hacienda? Mediante la figura del llamado Plan de Ajuste Fiscal (comenzado este marzo), de carácter permanente. Según el plan, los recursos saldrán de tres fuentes: «combate a los abusos y malas prácticas, mayor eficiencia del gasto, y austeridad fiscal» en cada unidad del Estado. En términos inmediatos, se ejecutará una revisión de gastos en servicios, revisión de «abuso funcionario (licencias médicas, sumarios, duplicidad de funciones, ausentismo, distribución territorial de servicios, no renovación de cupos de funcionarios acogidos a retiro, no reemplazo de funcionarios por enfermedad o cualquier otra causa legal (por ejemplo, postnatal)); detención de nuevos programas; revisión y freno de estudios de personas naturales o jurídicas en carrera; y congelamiento de cualquier gasto que al 10 de marzo pasado no signifique una obligación legal (se ubica el 10 de marzo como parteaguas debido a que Kast asumió la presidencia el 11 de marzo).
En el panorama más amplio, el gobierno pretende terminar con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), o subvención a la importación de petróleo (Chile es importador neto de combustibles fósiles), que si se aprueba, liberaría los precios según el mercado internacional, sin regulación alguna. En otras palabras, se precipitaría un alza indeterminada (inflación) del costo general de la vida, en el país que junto a Uruguay, es el más caro del continente. A ello se añade el propósito gubernamental de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), empezando por imponer fuertes restricciones para su acceso.
Asimismo, bajo la plena integración del sistema tributario (implantado por la dictadura para favorecer directamente a las grandes corporaciones privadas), se estableció una rebaja sustantiva al impuesto a la ganancia de Primera Categoría del 27% a 23% (rentas de capital). Este tributo desde hace décadas tiene un arsenal de exenciones y resquicios. Al final del día se le permite al empresario que debe cancelar X monto en impuestos corporativos, si tiene que pagar tributos personales de igual cantidad, pues que se le descuente el impuesto corporativo como crédito. Flor de negocio. En otras palabras, persiste la política de subsidiariedad del Estado al capital (al punto de echar mano hasta una «flexibilización cuántica» a la chilena cuando es preciso).
Entre las iniciativas más sonoras informadas por el gobierno de Kast, hasta el momento en que se escribe esta nota, se encuentran el retiro del proyecto de ley de negociación colectiva por rama económica (que sólo la propuso el gobierno de Boric a última hora y sin convicción); posible término de feriados irrenunciables para las y los trabajadores que tienen ese derecho; retiro de 43 proyectos de protección de zonas ricas ecológicamente para ser revisadas; desfinanciamiento para sitios de memoria y derechos humanos, etc.
El golpe antisocial ya se venía aplicando antes de Kast. De hecho, la administración recién llegada y sus presentes medidas necesitaban de las leyes represivas propuestas y aprobadas por la administración Boric, contra cualquier disidencia política y social respecto del orden establecido. El capital precisa para su acumulación y reproducción ampliada la paz de los cementerios. No por nada existen casi 150 prisioneros políticos mapuche, distribuidos en distintas cárceles, a quienes se les acusa de recuperar sus tierras ancestrales y ofrecer resistencia al capital forestal, hidroeléctrico y todos aquellos intereses empresariales que destruyen su territorio.
Ahora bien, esta semana el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se dirigió al gobierno de Kast, indicando que «existe la necesidad de adoptar screening (filtro, selección) de inversiones para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país».
Ello significa evaluar la inversión extranjera directa y analizar los riesgos financieros, legales y de seguridad nacional en sectores estratégicos (energía, minería, tierras raras, telecomunicaciones, todo lo que sirva para la industria cibernética y de IA, etc.) con el fin de reservar los intereses críticos a los capitales estadounidenses, y prohibiendo la inversión china en esas zonas económicas. Tal cual ocurrió con el caso del «cable chino», donde el gobierno de Boric cedió a las presiones estadounidenses (BBC).
Así, la administración Kast retoma a su manera las políticas socio económicas larvadas largamente no sólo por el Frente Amplio, sino que por la contrarrevolución neo-capitalista inaugurada con el golpe de Estado de 1973, y por los gobiernos civiles desde 1990. Al respecto, es válido sostener que las decisiones de las representaciones políticas a cargo de la institucionalidad chilena han estado sometidas a las contradicciones, oscilaciones y situación de las correlaciones de fuerza tiempo-espaciales determinadas por la lucha de clases; su condición dependiente en relación a los capitalismos centrales; y la división internacional del trabajo. De hecho, no es posible comprender el devenir de la lucha de clases y la realidad en Chile sin considerar al país como un subsistema modelado conforme a la historia del sistema mundo y la modernidad capitalista.
Hoy, Chile revela su integración subordinada a la guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados versus China y sus aliados.
Amnistía Internacional lanza alerta mundial por riesgo de indulto a agentes condenados en Chile por graves violaciones a los DDHH
La organización alerta que indultar a exuniformados condenados por violaciones a DDHH en el estallido social ampliaría la impunidad. Con menos del 2% de los casos judicializados con sentencia, pide al Presidente Kast no avanzar en esta medida que vulnera compromisos internacionales y la reparación a las víctimas.
EL CIUDADANO
El 12 de marzo de 2026, el presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró la posibilidad de indultar a ex carabineros y ex militares condenados por delitos de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el estallido social.
Los indultos son medidas de gracia que perdona total o parcialmente la pena impuesta por una sentencia judicial. Es decir, perdona la pena pero no borra el delito cometido. El presidente de Chile es quien tiene la potestad de realizar esta acción según indica la Constitución de la República de Chile.
Actualmente y según las últimas cifras entregadas por la Fiscalía Nacional (octubre 2025) se ingresaron 11.506 casos de denuncia, dentro de los cuales se identificaron más de 12 mil delitos cometidos por agentes del Estado contra personas particulares. Después de casi siete años, menos de un 2% de los casos han obtenido una condena.
“Son muy pocos los casos que avanzan a juicio y aún menos los que terminan en condena. Indultar a los escasos funcionarios que han sido responsabilizados no solo ampliaría la brecha de impunidad, sino que también contravendría las obligaciones internacionales del Estado y debilitaría los procesos de verdad, justicia y reparación para miles de víctimas y sus familias”, expresa Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
La acción solicita al presidente José Antonio Kast a cumplir con las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos y no avanzar en medidas que incrementen la impunidad.
Información adicional
¿Qué es una Acción Urgente? Cuando Amnistía Internacional toma conocimiento de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, emite una “Acción Urgente” y activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que aúnan su capacidad de presión enviando cartas y correos electrónicos a las autoridades competentes.
Para participar de una acción urgente de Amnistía Internacional, sigue estos pasos:
- Descarga la carta directamente de este enlace.
- Copia y pega en tu correo electrónico, puedes usar tus propias palabras, este sólo es un modelo.
- Envía el correo electrónico al presidente José Antonio Kast a esta dirección dgcp@presidencia.cl
- Ya estás participando de la acción urgente, alzando tu voz y exigiendo justicia.
Enlace Acción Urgente: Chile: No al indulto para binerexcaraos y exmilitares condenados – Amnistía Internacional Chile
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