Una investigación reservada de la Fiscalía de Valparaíso detectó dos pagos por un total de $27 millones que llegaron a la cuenta de Gonzalo Migueles, entonces pareja de Ángela Vivanco, desde inmobiliarias cuyos proyectos dependían de fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que integraba la exministra. Entre los socios de esas empresas figuran el conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, Luis Fischer, los empresarios Eduardo Dib Maluk y Fabio Traverso, el economista Paul Fontaine, y el animador de televisión Rafael Araneda.
El intercambio por WhatsApp es explícito: “¿Quién es Rodrigo Ortúzar?”, preguntó Mauricio Vidal Roa, gerente general de la Inmobiliaria Argenta, y Rodrigo Andreucci, asesor de la misma empresa, le respondió: “El abogado que Argenta contrató la semana pasada para hablarle en la oreja (lobby) a los ministros”.
La inmobiliaria Argenta enfrentaba a inicios de 2021, cuando se produjo ese chat, un litigio judicial clave para un millonario proyecto que buscaba desarrollar en Reñaca, y que estaba tratando de ser frenado por organizaciones ambientalistas. Todo se iba a definir en la Corte Suprema. Por eso, según plantean en el chat, se habría contratado a Rodrigo Ortúzar, notario de San Miguel.
Pero la versión de Ortúzar es otra. Dice que emitió una factura por $14,7 millones para esa inmobiliaria, a pesar de que no realizó ningún trabajo para ella, y que ni siquiera conocía a alguien de esa empresa. Cuenta que siguió instrucciones de Gonzalo Migueles, quien en esa época era la pareja de Ángela Vivanco, por entonces una ministra muy influyente en la Tercera Sala de la Corte Suprema, la misma donde se revisaría el fallo del que dependía que Argenta pudiera desarrollar su proyecto.
El pago finalmente terminó en una cuenta bancaria de Migueles.
Ese es uno de los hallazgos de una investigación reservada que comanda la Fiscalía de Valparaíso desde enero pasado, que comenzó indagando la compra y venta de cargos judiciales, y terminó encontrando pistas de nuevos pagos sospechosos para el entorno de Vivanco.
Las diligencias de la fiscalía se han desarrollado en completo sigilo, y en diez meses de investigación incluyen la incautación de celulares, la apertura de cuentas bancarias y declaraciones tomadas a decenas de personas relacionadas con estos antecedentes. Se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros.
El dinero de la Inmobiliaria Argenta no es el único que terminó en el bolsillo de Migueles justo cuando la exministra Vivanco debía fallar una causa relacionada con quien hacía el pago. En mayo de 2023, Migueles recibió $12 millones en su cuenta bancaria, a través de tres transferencias por $4 millones cada una. Quien originalmente realizó el giro fue la Inmobiliaria Alta Vista Pucón, que también tenía un millonario proyecto que dependía de la definición de la Corte Suprema, en la que Vivanco participaría.
Claro que el pago no fue directo. Al igual que en el caso anterior, pasó primero por las cuentas bancarias de dos notarios. La inmobiliaria le depositó los $12 millones a Rodrigo Ortúzar, quien luego los transfirió a Fernando Martel —que ha sido notario interino de La Cisterna y está casado con una notaria de Coquimbo—, quien finalmente los giró, fraccionados, a la cuenta de Migueles en el Banco BCI.
Ambos notarios declararon en la causa y aseguraron desconocer el origen de ese pago. Indicaron que Migueles los llamó y les pidió que fueran transfiriendo el dinero.
Ese modo de operar para recibir pagos, es similar al que detectó la Fiscalía Regional de Los Lagos, que tiene a su cargo la llamada “trama bielorrusa”, donde ya formalizó a Vivanco por haber recibido coimas a cambio de los fallos que beneficiaron al Consorcio Chileno Bielorruso Belaz Movitec y a la Inmobiliaria Fundamenta. Allí los pagos también fueron recibidos por Migueles —justo cuando Vivanco debía fallar en el máximo tribunal—, no sin antes pasar por varias manos (vea aquí el detalle). Es una fórmula antigua que se utiliza para ocultar el origen ilícito del dinero.
Angela Vivanco ya estuvo más de cuatro meses en prisión preventiva por la “trama bielorrusa”, y ahora, mientras cumple arresto domiciliario total, su situación podría complicarse aún más. Con los nuevos antecedentes descubiertos por el Ministerio Público, ya son cuatro las causas en las que falló Vivanco como ministra de la Suprema y que podrían tener pagos aparejados.
Entre los dueños de las inmobiliarias que le realizaron pagos a Migueles, hay un viejo conocido de Vivanco: el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, Luis Fischer, socio de la Inmobiliaria Argenta. Una de las razones esgrimidas por la Corte Suprema cuando expulsó a Vivanco del Poder Judicial, es que ella habría intervenido en el nombramiento de Fischer como conservador. Algo que, en todo caso, ella niega hasta ahora. Los otros socios de Argenta son los empresarios Eduardo Dib Maluk y Eduardo Rossi Soffia.
Mientras que en el caso de la Inmobiliaria Alta Vista Pucón, al momento de realizarse el pago entre sus accionistas figuraban el empresario Fabio Traverso, el economista Paul Fontaine, y el animador de televisión Rafael Araneda, entre otros.
Clientes inmobiliarios
La investigación secreta de la Fiscalía de Valparaíso donde se descubrieron estos nuevos antecedentes tuvo un origen triple.
En noviembre del año pasado Reportea reveló que Rodrigo Ortúzar había escalado rápidamente en su carrera como notario, mientras en paralelo registraba millonarias transferencias bancarias con Gonzalo Migueles y también con Sergio Yáber, Conservador de Puente Alto y quien es otro de los imputados en la “trama bielorrusa”. A eso se sumó que la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, que lideró el sumario judicial sobre Yáber, Ortúzar y otros notarios, concluyó luego de su investigación que podía existir la comisión de delitos, por lo que presentó una denuncia penal. Además, otra investigacion de Reportea dio cuenta de que Yáber le pagaba mensualmente $1 millón a Antonio Ulloa, entonces ministro de la Corte de Santiago. Con toda esa información, se abrió la causa que al interior de la fiscalía se bautizó como “agencia de nombramientos”, porque trabajan bajo la hipótesis de que existe compra y venta de cargos judiciales.
Por eso los hallazgos sobre los pagos a Migueles que podrían estar vinculados con fallos de Vivanco fueron una sorpresa.
El notario Rodrigo Ortúzar, uno de los mejores amigos de Yáber —estudiaron juntos en la Universidad Gabriela Mistral— estaba como imputado desde el origen de la causa y fue uno de los primeros en declarar ante el equipo comandado por la Fiscal Regional Claudia Perivancich. Lo hizo el pasado 1 de abril.
La fiscalía ya tenía sobre la mesa el detalle del pago por $15 millones que Ortúzar realizó a Migueles a través de cuatro transferencias entre el 4 y el 8 de marzo de 2021. Lo que entonces no sabían era que ese dinero provenía originalmente de la Inmobiliaria Argenta. Esto respondió Ortúzar cuando le preguntaron:
“Puedo señalar que, un día tipo 19.00 hrs me llama Migueles al celular para derivarme un cliente de naturaleza inmobiliaria (…) me cobró $15.000.000 a modo de comisión (pacto de derivación) para lo cual Migueles me emitió la boleta de honorarios electrónica N° 100 del 08.03.2021 (…) cuya glosa es consultoría en gestión inmobiliaria”, partió relatando el notario.
Siguió así: “Le pedí a Gonzalo Migueles que me mandara los antecedentes del cliente, pasan cinco o seis días y no me llegó nada. Pasó una semana y no me llegaron los antecedentes. Empecé a llamar a Gonzalo Migueles para que me devolviera los $15.000.000 que le había pagado por concepto de comisión (…) Migueles me dijo que el cliente me la devolvería, y al cabo de 30 días un tercero, que supongo que era el cliente, me devolvió $14.704.020, para lo cual me pidieron emitir una factura (…) a Inmobiliaria Nueva Reñaca (…) cuya glosa era ‘asesoría legal tramitación recurso de protección ante Corte Suprema 22220- 2021’”, cerró Ortúzar.
Las fechas de los pagos calzan justo con la tramitación del recurso de la inmobiliaria en la Corte Suprema. Vivanco rechazó el recurso que habían presentado los ambientalistas el 6 de abril de ese 2021, y un día después el notario Ortúzar emitió la factura a una empresa filial de Argenta, que es la titular del proyecto inmobiliario.
Vivanco volvió a rechazar un requerimiento de los opositores al proyecto, quienes habían presentado un recurso de reposición y enmienda, pocos días después, el 22 de abril de 2021. En todo caso, ambas sentencias fueron unánimes. Además de Vivanco votaron a favor de Argenta los entonces ministros Sergio Muñoz y Mario Carroza, la ministra Adelita Ravanales, y dos abogados integrantes.
El pago para Ortúzar se concretó menos de dos semanas después, el 3 de mayo.
En marzo de 2021, Rodrigo Ortúzar era gerente legal en Subus, una de las concesionarias del transporte público en Santiago. A través de Sergio Yáber —a quien considera como “su hermano”, según declaró en el sumario de la Corte de San Miguel— conoció a Gonzalo Migueles, cuando este asesoraba a Yáber en el Conservador de Puente Alto.
Justo después de la maniobra de pagos para Migueles en la que participó, Ortúzar comenzó a postular a concursos de distintas cortes para convertirse en notario. De hecho, el 13 de marzo de ese 2021 fue invitado al cumpleaños que Ángela Vivanco celebró en el Hotel Las Acacias, en la comuna de Vitacura. Varios de los asistentes a esa fiesta le dijeron a Reportea que Migueles presentó en sociedad a Ortúzar señalando que buscaba convertirse en notario. Lo logró cuando a fines de 2021 fue nombrado interino en una notaría de Salamanca. Y menos de nueve meses después fue trasladado a San Miguel, donde actualmente ejerce como titular.
Claro que su futuro está en veremos. La Corte de San Miguel ordenó su destitución y él presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular esa medida. El TC ya tomó una decisión el pasado 8 de septiembre, pero hasta ahora no se ha hecho pública.
El influyente señor Fischer
Sergio Yáber, el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto que está imputado en la “trama bielorrusa”, tuvo un arrebato de rabia hace algunos meses, cuando ya había sido formalizado y protagonizaba titulares de prensa. Escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp de la Asociación de Notarios y Conservadores, en el que se quejó de que lo habían dejado solo y que no medían con la misma vara a todos: “Fischer contrató Vivanco en una causa por sus inmobiliarias y consta en el proceso!”, escribió Yáber.
Ahora, con los nuevos antecedentes recopilados por la fiscalía, esa denuncia podría tener asidero.
Cuando ese mensaje de chat se hizo público, Ángela Vivanco fue consultada por La Tercera: “Yo no tenía ninguna solicitud ni relación con esa causa en el sentido de que me hayan pedido o yo me haya comprometido a alguna decisión. Si es que yo estaba presidiendo la sala, cosa que no recuerdo, lo más probable es que la causa haya llegado bajo el nombre de una inmobiliaria y, en consecuencia, ni siquiera pude haber sabido que le pertenecía a Fischer. Y Fischer jamás me pidió nada, ni tampoco tuve ningún compromiso con él de ninguna especie”, aseguró Vivanco.
Claro que entonces no se sabía nada sobre los pagos.
A pesar de que la investigación de la fiscalía estaba bajo reserva, jueces de las cortes de apelaciones y ministros de la Corte Suprema ya sabían que existía una relación que parecía espuria entre Luis Fischer y Ángela Vivanco. Había un antecedente: cuando en 2023 Fischer competía por dejar de ser notario y pasar a ser el Conservador de Viña (un ascenso que podía multiplicar sus ingresos), uno de sus competidores, Carlos Swett, actual Conservador de Concón, recibió una llamada de Gonzalo Migueles recomendándole que se bajara de la carrera en favor de Fischer. Swett declaró en la causa que no le hizo caso, aunque igualmente perdió esa competencia.
Luis Enrique Fischer fue catalogado en 2019 por un reportaje de El Mostrador como el notario más poderoso de la Región de Valparaíso. Según ese artículo, cultiva relaciones cercanas con políticos y ministros de las cortes. Incluso, habría invitado a varios de ellos a ver partidos de la fase final de la Copa América cuando se disputó en Chile, y en otra ocasión habría realizado una celebración con 800 invitados en el Sporting Club, de Viña del Mar. El reportaje también señala que es un hombre influyente en los nombramientos judiciales.
Por eso, los ministros de la Corte Suprema consultados por Reportea sobre el vínculo de Fischer con Vivanco, no se mostraron sorprendidos. Varios de ellos indicaron que el actual conservador de Viña opera por debajo de la mesa, y que hay supremos que contaron con su apoyo para lograr sus cargos. Eso sí, advirtieron dos ministros, con estos nuevos antecedentes la pista se le puede complicar. No solo porque ya figura como imputado en la causa de la fiscalía, sino que también se le podría abrir un cuaderno de remoción.
Hay un antecedente relevante que es importante destacar. Cuando Ángela Vivanco fue expulsada del Poder Judicial, una de las razones esgrimidas por sus pares fue que ella aceleraba causas en las que tenía especial interés. Y el fallo que benefició a la inmobiliaria de Fischer se tramitó con extrema rapidez. El recurso de los opositores al proyecto inmobiliario ingresó el 30 de marzo de 2021, y una semana después ya había sentencia.
Eso sorprendió incluso a la plana directiva de la Inmobiliaria Argenta. En el chat que comparten los dueños con los gerentes de esa empresa, y que forma parte del expediente de la fiscalía, fue algo que se comentó: “Extraordinaria noticia”, escribió Eduardo Dib, uno de los dueños, cuando el 6 de abril se enteraron del resultado en la Suprema. “Y mucho antes de lo esperado”, señaló el gerente general. “Inesperadamente pronto”, agregó otro ejecutivo.
Lo que está claro es que Rodrigo Ortúzar no cumplió un rol en ese triunfo. No solo por lo que declaró él ante el Ministerio Público, sino porque tampoco aparece con patrocinio en la tramitación de la causa, según la base de datos del Poder Judicial.
Según un informe entregado a la fiscalía por la Inmobiliaria Argenta, y firmado por su oficial de cumplimiento (que está encargado de prevenir prácticas corruptas), no hubo contrato de prestación de servicios con Rodrigo Ortúzar por el pago que le giraron. Y eso se explica, porque el pago fue requerido “de manera directa por un director, señor Luis Fischer”, señala textual el informe.
Fischer declaró ante la fiscalía el pasado 2 de julio, en calidad de imputado, y negó todo. Dijo que Vivanco no jugó un rol en su nombramiento —al contrario, según él, ella patrocinaba otras candidaturas—, y que el pago a Rodrigo Ortúzar fue por un servicio que el notario efectivamente prestó para la empresa.
Aseguró que cuando en la inmobiliaria se enteraron de que los opositores a su proyecto Barrio Foresta —una inversión de US$60 millones para construir 19 torres con 435 departamentos en las cercanías de un humedal en Reñaca— recurrirían a la Corte Suprema, se preocuparon de buscar un abogado para que los representara. Fischer declaró que a Ortúzar se lo recomendó otro abogado de Valparaíso: Juan Luis Solari. Esa parte de su declaración es incomprobable, porque Solari falleció en febrero pasado.
“Me dijeron que tenía experiencia en proyectos inmobiliarios, que había sido abogado jefe de la Municipalidad de Vitacura y que era muy serio y competente”, argumentó Fischer ante los fiscales. Y luego relató un episodio, que según el propio Ortúzar, nunca sucedió: “Yo llamé por teléfono a Rodrigo Ortúzar, le expliqué el caso, le di detalles (…) estuvo dispuesto a tomar el caso y me dio los honorarios por whatsapp”.
El conservador de Viña presentó ante la fiscalía supuestos mensajes de WhatsApp que le habría enviado Ortúzar para negociar sus honorarios. Pero no se trata de un archivo de WhatsApp original, sino de mensajes reenviados por Fischer a sus socios en la empresa, que supuestamente habrían sido escritos por el notario.
La versión de Fischer no es consistente con los datos que están sobre la mesa y que sí pueden comprobarse. Por ejemplo, según él, el 7 de abril seguía negociando con Ortúzar el monto de sus honorarios, siendo que el día anterior la Corte Suprema ya había emitido una sentencia, y en la empresa lo sabían. Prueba de ello es el grupo de WhatsApp de sus socios y ejecutivos celebrando el mismo 6 de abril.
Pero Fischer mantuvo su historia. Incluso le leyó a la fiscal Paola Castiglione, quien le tomó la declaración, un supuesto mensaje que le habría enviado a Ortúzar a las 09:05 del 7 de abril: “Por favor indícame tu correo, para enviarte unos informes de 300 páginas que te van a ayudar en el entendimiento de la causa”. Una causa que se había fallado el día anterior. Más adelante, Fischer reconoció que nunca envió esos informes.
Ante la inconsistencia, Fischer acusó que el notario pudo haberlos engañado: “Rodrigo Ortúzar prestó un servicio para nosotros, o nos lo hizo creer, y si no lo hizo, nos engañó. Porque con gran sorpresa al estudiar la causa, la causa nuestra se vio a las 9.00 de la mañana del día 06.04.2022 (se equivocó de fecha, porque fue en 2021) y a las 16.13 hrs del mismo día, Rodrigo Ortúzar nos dice cuáles son sus honorarios aceptando rebajarlos al 50% de lo que había cobrado originalmente”.
Fischer cerró su declaración negando que haya buscado realizar un pago a Migueles: no “es efectivo que yo o Inmobiliaria Reñaca hubiera formado parte de una estrategia para triangular dineros para favorecer a Gonzalo Migueles”.
$12 millones a través de dos notarios
El segundo pago para Migueles que detectó la fiscalía está fechado el 23 de mayo de 2023, y tiene su origen en la Inmobiliaria Alta Vista Pucón, que por entonces buscaba desarrollar un condominio con 6 edificios, 306 departamentos y dos piscinas en la comuna de Pucón. El problema para sus socios comenzó cuando a fines de 2022 el Tercer Tribunal Ambiental acogió el reclamo de los vecinos del lugar y anuló el permiso para su construcción.
Fue ahí que la inmobiliaria presentó dos recursos de casación ante la Corte Suprema, uno por la forma y otro por el fondo. La Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía también buscó anular la decisión del Tribunal Ambiental.
Esos recursos ingresaron al máximo tribunal el 19 de enero de 2023, y en mayo las partes se preparaban para los alegatos.
El 23 de mayo, desde la Inmobiliaria Alta Vista Pucón se giraron tres pagos para la sociedad Asesorías e Inversiones Ortúzar Spa, propiedad del notario Rodrigo Ortúzar. Dos pagos fueron por $5 millones cada uno, y el tercero por otros $2 millones. En total, $12 millones.
Durante su segunda declaración ante la fiscalía, realizada el pasado 23 de abril, Ortúzar entregó su versión sobre esos pagos.
“Revisando las cartolas de la sociedad, yo tengo tres abonos por transferencia en total por $12.000.000, todos del 24.05.2023 por $5.000.000, $5.000.000 y $2.000.000 provenientes de una empresa que aparece identificada como Inmobiliaria Al, RUT 76.614.097-1, que corresponde a la empresa Alto Pucón, según pude verificar. Haciendo memoria, efectivamente con esa misma fecha se comunicó conmigo Gonzalo Migueles advirtiéndome de esta transferencia”, contó Rodrigo Ortúzar.
Sobre la llamada de Migueles, explicó que la entonces pareja de Ángela Vivanco le hizo una solicitud: me pidió “si le podía transferir esa plata a Fernando Martel, lo que efectivamente constaté según consta en la cartola que acompaño, dado que luego transferí como me pidió Gonzalo Migueles, al destinatario (…) Martel los mismos montos en tres cargos por transferencia de $4.000.000 cada una en la misma fecha 24.05.2023. Puedo señalar que la situación en su momento me incomodó mucho, porque no estoy acostumbrado a que me depositen de la nada esos montos de dinero”.
Fernando Martel ha sido notario interino en La Cisterna, periodo en el que le realizó pagos a Migueles por cerca de $2 millones mensuales, y está casado con María José Montesino Bianchi, actual notaria en Coquimbo. Ella también le realizó pagos mensuales a Migueles cuando asumió su cargo.
Martel declaró en la causa el 10 de marzo, y se refirió a las transferencias por $12 millones que le llegaron desde la sociedad de Ortúzar: “Gonzalo Migueles me llamó por teléfono y me señaló que Rodrigo Ortúzar me había depositado $12.000.000 porque había un problema con la cuenta de Migueles y que por alguna razón Ortúzar no podía hacerle una transferencia a Migueles, por lo que me había hecho la transferencia a mí y me pedía si yo se lo podía transferir a él”, declaró Martel.
Agregó que aceptó realizar las transferencias a Migueles porque lo conocía y porque no quería quedar mal con él. En la cartola bancaria de Migueles en el Banco BCI consta que Martel le giró los $12 millones en tres transferencias realizadas entre el 23 y el 25 de mayo de 2023.
Si los notarios dicen la verdad, sería un nuevo episodio de pagos al entorno de la exministra Ángela Vivanco, desde empresas que podían beneficiarse con sus fallos.
Pero este caso es confuso. Porque el 4 de agosto de 2023, poco más de dos meses después del pago, la Tercera Sala de la Suprema rechazó los recursos presentados por la Inmobiliaria Alta Vista Pucón, por decisión unánime, incluyendo el voto de Vivanco. Eso fue una dura derrota para la empresa, porque el máximo tribunal confirmó la anulación del permiso ambiental.
También es nebuloso qué ocurría al interior de Alta Vista Pucón por esas fechas.
Según los documentos que tuvimos a la vista, solo consta la declaración de uno de los socios originales del proyecto, Claudio Cordero, quien el 17 de agosto indicó que él vendió sus acciones en la empresa a inicios de 2022. Según dijo, quien continuó liderando la inmobiliaria fue Fabio Traverso Marzili, integrante de la familia dueña de la empresa que vende sucedáneos de limón y vinagre, y que ha hecho noticia durante los últimos años por ser fanático de los Porsche y por peleas judiciales con sus socios en otros negocios. En 2023 fue formalizado por administración desleal en medio de una disputa al interior de Megatime, la empresa de inversión publicitaria.
Cordero y Traverso fueron socios en varios otros proyectos inmobiliarios, junto a un grupo que también integraban el economista Paul Fontaine —histórico asesor de Anibal Mosa y actual director de Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo—, el actual gerente general de Vivo Corp, Rodrigo De Diego, el animador de televisión Rafael Araneda, y Samuel Larraín Greene, director de la Federación Chilena de Polo. Todos ellos, excepto Cordero, eran accionistas de Alta Vista Pucón cuando se giró el pago que terminó en la cuenta de Migueles.
Consultados por Reportea, algunos de los socios no accedieron a responder preguntas, aunque todos coincidieron en que nunca supieron del pago a Migueles. Rafael Araneda indicó que su participación accionaria era menor, que nunca se involucró en asuntos administrativos y que vendió sus acciones hace algunos meses, mientras que Cordero se limitó a señalar que ya no era socio de la inmobiliaria cuando se realizaron las transferencias.
Varios de los socios indicaron fuera de micrófono que en 2023 quien dirigía todo en la empresa era Fabio Traverso, quien trabajaba con un gerente de su confianza llamado Marcelo Varas. Traverso no respondió los mensajes que le enviamos para conocer su versión.
Hasta ahora, en la causa judicial que se tramita en la Fiscalía de Valparaíso, y en lo que concierne a los pagos realizados a Migueles, figuran también como imputados los notarios Rodrigo Ortúzar, Fernando Martel y María José Montesinos, además de los conservadores de bienes raíces Luis Fischer y Sergio Yáber.
