Carabineros la retiró: Artista nacional «Papas Fritas» impactó con intervención urbana sobre impunidad de exoficial Claudio Crespo

A través de esta obra, "Papas Fritas" también denunció cómo la ley Naín Retamal representa un giro del gobierno Boric, desde promesas de refundar la institución a respaldarla, "perpetuando herencias de la dictadura y desarmando la resistencia popular ante el autoritarismo". Tras un rato instalada, personal de Carabineros se hizo presente en el lugar y procedió a retirar la escultura, llevándosela con destino desconocido. 

EL CIUDADANO

El artista nacional Francisco Tapia Salinas, conocido popularmente como «Papas Fritas», presentó el sábado 31 de enero una «grotesca obra» -como él mismo la llamó- en la que retrató al exoficial Claudio Crespo Gálvez limpiando sangre, simbolizando así la «limpieza de imagen» de Carabineros post-estallido social, favorecida por la Ley Naín-Retamal promulgada por Gabriel Boric.

La pieza fue emplazada en las afueras del Teatro de la U. de Chile en pleno centro de Santiago, llamando de inmediato la atención de las y los transeúntes y turistas extranjeros que pasaban por el lugar.

En la intervención se muestra a Crespo con la camisa y gorra de Carabineros, y un overol con el logo de Fullclean S.A., su empresa familiar, trapeando sangre en el espacio público.

«Fullclean S.A., de la familia Crespo-Cúneo (esposa, suegra y cuñada), se adjudicó en 2021 un contrato de $6.500 millones por 36 meses con el Hospital de Carabineros, mientras Crespo estaba en prisión por dejar ciego a Gustavo Gatica Villarroel», comentó el artista nacional. 

«Durante una década», agregó, «esta empresa acumuló licitaciones por sobre $10 mil millones con entidades como la Escuela de Oficiales y municipalidades de derecha como Providencia y Lo Barnechea, cuestionadas por posibles irregularidades que financian defensas legales de victimarios». 

Ley Naín Retamal

A través de esta intervención urbana, «Papas Fritas» también denunció cómo la ley Naín Retamal representa un giro del gobierno Boric, desde promesas de refundar la institución a respaldarla, «perpetuando herencias de la dictadura y desarmando la resistencia popular ante el autoritarismo».

«La obra critica la falacia de una ‘probidad intrínseca’ en Carabineros, fracturada por escándalos de corrupción, tráfico de drogas y armas, malversación como Pacogate, y vínculos con crimen organizado», puntualizó el artista. 

En esa línea, Tapia acusó al marco legal de «validar asimetrías de poder, negando el derecho al disenso y resistencia violenta ante abusos estatales, en un contexto donde el Partido Republicano y elites económicas ultraderechizan el debate, priorizando represión sobre justicia social».

«Absuelto en enero 2026, Crespo simboliza la impunidad post-revuelta, donde gobiernos ‘progresistas’ promueven amnesia colectiva sobre desfalcos sistemáticos y actos ilegales en Carabineros. La escultura interpela a la sociedad chilena a confrontar estos lazos entre poder, instituciones represivas y negocios, exigiendo escrutinio a herencias pinochetistas que el oficialismo ha validado, traicionando demandas populares», añadió Tapia. 

Carabineros la retiró

Tras un rato instalada, personal de Carabineros se hizo presente en el lugar, procediendo a retirar la obra, tal como se aprecia en la siguiente secuencia fotográfica. 

El artista Francisco Tapia tiene una interesante trayectoria en «arte operacional», como fue por ejemplo la quema de documentos de deudas estudiantiles que realizó en 2014.

Ahora, usó el espacio público para cuestionar cómo licitaciones «truchas» limpian la imagen «de una institución criminal durante el estallido, mientras sectores de izquierda crítica rechazan la dubitativa gestión de Boric que fortalece el aparato represivo en detrimento de la dignidad colectiva», cerró «Papas Fritas».

 

Tiempo de zozobra

 

Al centro, Francisco Undurraga, futuro ministros de las Culturas.

COLUMNISTAS

By Walter Garib  2 Febrero, 2026 

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“La cultura, el alma del pueblo, debe tratarse con amor”. Dionisio Albarrán

¿Regresa la censura a nuestro país? Algo empieza a oler mal en el Reino de Chile. ¿Y cuál es la inquietud, queridos feligreses, donde se incluyen los ateos e iconoclastas? Veamos este ejemplo el que llega a estremecer los pilares de la cultura. En Chile, el actual Pase Cultural es un beneficio de $50.000, que permite pagar diversos bienes, servicios y experiencias culturales, como: cine, teatro y danza. Así se entiende hasta hoy y el sistema funciona bien, aunque algunos sinvergüenzas lo utilizan en forma torcida. Todo dentro de nuestra cultura criolla, entendida en su amplia variedad. De súbito, don Francisco Undurraga, quien se hará cargo del Ministerio de la Cultura desde marzo, en la administración de Antonio Kast, anuncia que lo suprimirá. Quizá, tuvo un sueño maligno como los faraones, donde vio síntomas del Apocalipsis, a causa de la Inteligencia Artificial. Hordas de Patipelados concurriendo al Museo de Bellas Artes, al palacio de La Moneda o al teatro Municipal, a perturbar su quietud y a ensuciar con barro sus pulcras alfombras persas, fabricadas en China.

Casi, uno se atreve a pensar en la dictadura de la oligarquía-militar, desde 1973-1990 y que nos salpica hasta hoy. En aquella nefanda época de miedo y muerte, la censura asfixiaba el pensamiento. Cavilar distinto a como lo hacían las instituciones perversas del régimen, constituía una temeridad. El destino de quienes infringían esta norma, en el mejor de los casos, se llamaba cárcel o destierro. Época, donde la cultura y los medios de comunicación, críticos al régimen, permanecían sepultados en el cementerio del olvido. Publicar libros, revistas, diarios o la lira popular que se vendía en los trenes, debían someterse a la censura. Se podía escribir y pensar distinto, aunque en la clandestinidad. A escondidas. Funcionaba la Sociedad de escritores de Chile, desde luego a medio andar, vigilada por la DINA o la CNI.

¿Acaso, Francisco Undurraga aspira a restaurar aquellos días de oscurantismo?  Extraño por no decir sorprendente. En aquella época maligna, andaba en bicicleta y su mundo se desenvolvía sin apremios. ¿Ha evaluado las consecuencias de una medida acelerada? ¿Ha apresurado su andar, como don Quijote de la Mancha, en busca de aventuras? Nadie sabe en una época donde pocos saben, cuánto va a suceder el día de mañana. Algo tiene de su jefe don Antonio Kast, quien anduvo de viaje protocolar, visitando cárceles en estos días, y ni siquiera se asomó por una universidad, o institución cultural, empeñado en conocer su funcionamiento. Sí, al parecer, estuvo en una clínica de emergencia a curase el meñique, el cual se atrapó en una puerta giratoria. No visitó fábricas de armamentos, pues habría sido un mayúsculo disparate.

En los medios de la cultura, don Francisco Undurraga, es un aparecido de última hora. Alguien sin anclajes para dirigir un Ministerio en permanente ebullición, donde las certezas no existen. Un ministro testaferro, barnizado a la diabla, llamado a perturbar la cultura. A revolver el gallinero en un espacio que día a día se renueva. Donde todo se cuestiona y se halla en permanente ebullición. Quizá, él lo ignore y si no lo ignora, se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato. Aún es tiempo de recular, Undurraga, donde siempre el piso está jabonado. Consulta con la almohada tus equívocos pasos, que quizá te conduzcan a la defenestración, unido al repudio popular. Demuestra la sensatez, que te atribuye el escritor Jaime Hales. Aún es tiempo de enmendar rumbos en el tormentoso Estrecho de Magallanes. No siempre la audacia es sabiduría y el cementerio es el mejor ejemplo.

 

Walter Garib

Fernández Larios y la muerte de Allende

 

COLUMNISTAS

By Juan Pablo Cárdenas  2 Febrero, 2026  

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 19 segundos

No es de extrañar el desconcierto que manifestaron algunos periodistas, especialmente de la televisión, ante la noticia de la detención del ex teniente del Ejército chileno Armando Fernández Larios, considerado “lo peor de lo peor” dentro de lista de delincuentes en que hay otros 42 chilenos próximos a ser expulsados de los Estados Unidos.

El golpe de estado de 1973 y el largo gobierno de facto de Augusto de Pinochet se han nublado en la memoria nacional, cuando tenemos ya varias generaciones de chilenos que no habían aún nacido para entonces y muchos millones más que tampoco han recorrido entero el largo tiempo de posdictadura. En efecto, han pasado 50 años desde la insurrección militar, pero que siguen conmoviendo, pese al olvido colectivo, a tantos chilenos que vivieron y padecieron los rigores del régimen autoritario.

Es explicable, entonces, que la prensa haya reaccionado titubeante frente a una resolución estadounidense muy importante puesto que Fernández Larios fue parte de la siniestra DINA y participó en el homicidio terrorista cometido en Washington contra el ex Canciller de Allende, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffit. Todo acreditado por el juicio que se llevó en Estados Unidos en contra de los perpetradores de un crimen que culminó con una muy discreta condena de cárcel a Fernández Larios, pero quien quedara luego en libertad como “testigo protegido” por este país dada su colaboración a esclarecer los hechos.  Acogiéndose a un beneficio que le permitió vivir sin contratiempos durante largos años en ese país, y escapar de las múltiples solicitudes de extradición de la Justicia chilena por haber participado en este atentado. Un crimen acometido también por Michael Towney, un agente de la CIA al servicio de las operaciones de “inteligencia” del régimen castrense chileno. Requerido Fernández Larios, además, por haber participado en la llamada Caravana de la Muerte que recorrió el país por mandato del Dictador para eliminar a decenas de presos políticos.

No está claro aun cuándo y cómo Estados Unidos repatriará a los numerosos detenidos por el cuestionado ICE, comando militar que Donald Trump ha dispuestos para capturar y hasta asesinar a miles de inmigrantes. La defensa de Fernández Larios está alegando el beneficio otorgado a éste para radicar en los Estados Unidos, lo que podría sacarlo de la lista de los inminentes expulsados de este país si a Trump se le antoja. De allí que sea tan importante que desde nuestro país se reclame su comparecencia ante la Justicia nacional y cumpla condena en una cárcel chilena. Seguramente en la de Punta Peuco donde están recluidos los más horripilantes criminales de la Dictadura.

Es justa la alegría de los centenares de víctimas por la detención de este ex oficial chileno y ojalá que sus solicitudes de extradición sean acogidas lo antes posible, para que se alcance por fin justicia y la edad avanzada de Fernández Larios no consagre finalmente su impunidad, tratándose de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, en Chile estamos próximos a la ascensión de un nuevo gobierno de derecha y cuyo Presidente electo ha incorporado a sus equipos a varios y destacados pinochetistas renuentes a reconocer todavía los crímenes de la Dictadura y que incluso se desgañitaron por salvar a Pinochet de un juicio internacional. Muchos de los cuales ahora abogan por indultos en favor de los agentes condenados de la DINA y la posterior Central Nacional de Inteligencia (CNI). Sin que alguno de estos, como se sabe, haya reconocido sus crímenes, pedido perdón o colaborado, por ejemplo, para conocer el destino de las decenas de detenidos desaparecidos que pasaron por sus manos.

Todo esto hace propicio que, en las postrimerías de su gobierno, Gabriel Boric asuma la urgencia de repatriar a este agente, así como la Corte Suprema acelere los procedimientos al respecto. Aunque permanezcamos en la duda de qué hará la Casa Blanca con este peculiar “peor de lo peor” cuando descubra su plena identidad y los beneficios que se le habían otorgado. Así como, también, tememos de la actitud que asuma el nuevo gobierno de Kast al respecto. Un mandatario electo por una contundente votación ciudadana con amnesia respecto de lo que sucedió en dictadura, pero muchos como de firmes adherentes de las ideas del pinochetismo. Cuyo legado, sigue tan presente en toda nuestra institucionalidad.

Muy conveniente resultaría que Fernández Larios fuese interrogado y condenado en Chile por la posibilidad que aclare cuál fue su participación como teniente en el asalto armado a La Moneda y la muerte del Presidente Allende el 11 de setiembre de 1973. No olvidamos que, ya instalado en Estados Unidos después de renunciar al Ejercito, fuera interrogado por el fiscal Eugene Propper, mandatado por el Gran Jurado que investigó el atentado a Orlando Letelier y su secretaria.

En su libro Laberinto este Fiscal desahució la versión del suicidio de Allende señalando que el extinto mandatario fue realmente asesinado por el comando militar, y en particular por el oficial René Riveros, quien “le vació la mitad de su cargador al Presidente” cuando se enfrentó con él en el segundo piso de La Moneda. Señalando que la versión del suicido se convirtió por el general Pinochet como secreto de estado reactivo.

Consta también que René Riveros se ufanó posteriormente frente a un grupo de detenidos de haberle él disparado al Presidente, mostrándoles como “souvenir” el reloj del Primer Mandatario ahora en su brazo. Uno de estos detenidos, el ingeniero Robinson Guerrero, entregó años después esta versión a Radio Universidad de Chile sin que por este testimonio fuera convocado a declarar ante los Tribunales de Justicia y el ministro sumariante que seguía investigando los sucesos ocurridos en el Palacio Presidencial. Como tampoco la Justicia se hizo cargo del documentado libro La verdad sobre su muerte, de la periodista Maura Brescia.

Entre todas las pertenencias de Allende que se exhibieron después del magnicidio, se pudieron observar, entre varios otros elementos, los anteojos partidos del Presidente. Pero no su reloj.

 

Juan Pablo Cárdenas S.

A los 103 años falleció Adolfo Bañados, el juez que se atrevió a encarcelar a Manuel Contreras

 

PAÍSCaptura de pantalla

1 febrero, 2026

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El exintegrante de la Corte Suprema estuvo a cargo de las primeras investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos tras el regreso a la democracia. Fue él quien emitió la primera sentencia chilena por el caso Letelier y previamente indagó el caso de los hornos de Lonquén.

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Esta tarde, la Corte Suprema informó del fallecimiento del exministro de dicho tribunal Adolfo Bañados Cuadra, cuyo deceso que se produjo en la madrugada de hoy, a los 103 años de edad.

El exministro Bañados Cuadra nació el 27 de septiembre de 1922 y tuvo una carrera judicial de 50 años, en la cual ejerció en todos los grados del escalafón judicial.

En 1948 asumió como secretario judicial y notario conservador de Calbuco y tres años más tarde asumió como juez del Juzgado de Letras de Yungay.  En 1953 juró como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua y seis años más tarde como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.

En 1963 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y en el año 1966 como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal de alzada el que estuvo por casi 25 años y del que fue su presidente en los 1984-1985.

Durante su paso por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Bañados tuvo un rol clave en la jurisprudencia de la revisión de medidas adoptadas por la dictadura contra opositores políticos en 1984.

En junio de 1984, Bañados integró la sala que revisó el recurso de amparo de la exsenadora Julieta Campusano (PC), quien tenía prohibición de ingresar al país. Aunque la mayoría de la sala rechazó el amparo, Bañados emitió el voto de minoría a favor de acogerlo, oponiéndose a la medida drástica del gobierno.

Poco después, tras la expulsión de los dirigentes del PC Jaime Insunza y Leopoldo Ortega, Bañados como  presidente de la Sexta Sala, recibió a los abogados defensores para tratar sus recursos de amparo. La justicia acogió los recursos y Bañados comunicó mediante oficio al Ministerio del Interior que se había declarado el derecho de ambos a entrar al país y que debían ser puestos en libertad.

En septiembre de 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema, cargó en el que cesó en enero de 1998 al cumplir el límite de edad para permanecer en la judicatura.

En su trayectoria como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, a Adolfo Bañados le correspondió investigar importantes casos de violaciones de derechos humanos, como el llamado “Caso Lonquén” y el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington, en el que condenó a los máximos líderes de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras y Pedro Espinoza, a seis y cinco años de cárcel, respectivamente.

Luego de una serie de dilaciones, el “cúmplase” de dicha sentencia se intentó ejecutar en 1995, pero Contreras se atrincheró en su fundo de la comuna de Fresia, desde donde fue trasladado posteriormente en una maniobra realizada por la inteligencia militar hasta el Hospital Naval de Talcahuano, donde finalmente fue notificado de la resolución judicial.

En diciembre de 2022 la Sala Penal del máximo tribunal rindió un homenaje al exministro Bañados Cuadra con motivo de la celebración de su centenario colgando una fotografía en la sala de acuerdos de esa sala.

Los datos sobre velatorio y funerales acerca del exministro serán informados en las próximas horas.

El déficit como coartada: Jorge Quiroz y otra vez el libreto del ajuste

 

ECONOMÍA Y MERCADOS EN MARCHA OPINIÓN E IDENTIDADES PORTADA

By Félix Montano  1 Febrero, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 25 segundos

Las recientes declaraciones del economista Jorge Quiroz sobre el déficit fiscal no son un simple ejercicio técnico ni una advertencia neutral. Son, más bien, el primer acto de una obra conocida: la instalación del relato que busca naturalizar una política de ajuste, recortes y contracción del gasto público bajo el nuevo ciclo político que se abre con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

En Chile, el déficit fiscal nunca es solo un número. Es un argumento político. Y Quiroz lo sabe.

El economista del orden

Jorge Quiroz, como otros economistas neoliberales,  ha adoptado una figura habitual cuando el poder económico necesita voceros con credenciales “técnicas” para decir lo que la política no se atreve a formular de manera directa. Desde hace décadas, el rol  de estos economistas oficiantes del modelo de mercado ha sido el de advertir, alarmar y presionar en nombre de la disciplina fiscal, siempre desde una premisa inamovible: el gasto público es el problema y el Estado debe achicarse.

Hoy, el conocido diagnóstico vuelve a escena con fuerza. Déficit “grave”, gasto “insostenible”, riesgos para la credibilidad y para la clasificación de riesgo. El libreto está completo. No hay sorpresa. Lo novedoso no es el contenido, sino el momento y el contexto en que se instala.

El déficit como antesala del recorte

Las advertencias de Quiroz aparecen justo cuando comienza a delinearse la política fiscal del próximo gobierno. No es casual. La insistencia en el déficit cumple una función clara: preparar el terreno para justificar decisiones que, de otro modo, serían políticamente impopulares.

Recortes al gasto social, freno a nuevas políticas públicas, revisión de programas estatales, congelamiento de salarios en el sector público y reducción del rol del Estado. Todo eso necesita una narrativa que lo haga parecer inevitable. El déficit cumple ese papel a la perfección.

En este marco, el déficit deja de ser un problema a resolver colectivamente y se convierte en una coartada para desmantelar derechos.

Lo que el relato oculta

El discurso de Quiroz tiene un punto ciego estructural. Nunca se pregunta quién paga el ajuste. Tampoco problematiza las causas profundas del desequilibrio fiscal ni las alternativas posibles para enfrentarlo.

No hay una sola palabra sobre evasión y elusión tributaria, que siguen drenando miles de millones al fisco. No hay cuestionamiento a los privilegios tributarios de los grandes grupos económicos. No hay reflexión sobre un sistema impositivo regresivo que recauda poco de quienes más tienen. El déficit está muy vinculado a estas actividades de elusión pero Quiroz, que ha sido asesor y gurú tributario de estos grandes grupos, elude y evade el tema.

El ajuste, en su visión, siempre debe recaer sobre el gasto. Y cuando se habla de gasto, en la práctica, se habla de salud, educación, cuidados, vivienda y seguridad social.

Técnica sin política: una ficción conveniente

Quiroz presenta sus números como si fueran verdades incontestables, ajenas a cualquier marco ideológico. Pero la economía no es una ciencia neutra cuando se discute el destino de los recursos públicos. Cada decisión fiscal implica una opción política.

Reducir el déficit recortando gasto social no es una obligación técnica: es una elección. Una elección que privilegia la estabilidad de los mercados por sobre la estabilidad social, que protege rentabilidades privadas mientras exige sacrificios a trabajadores y sectores medios.

La “responsabilidad fiscal” invocada selectivamente se transforma así en una ética asimétrica: estricta con el Estado social, indulgente con el poder económico.

El déficit y el programa de Kast

No es difícil ver la sintonía entre el discurso de Quiroz y el programa del gobierno entrante. La promesa de reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos a las empresas y restringir el gasto público necesita de un diagnóstico previo que declare el modelo actual inviable.

Ahí aparece el economista como figura clave. No para debatir alternativas, sino para cerrar el marco de lo posible. Si el déficit es el enemigo, toda expansión social se vuelve irresponsable. Si el gasto es el problema, cualquier demanda ciudadana pasa a ser un exceso.

El resultado es una política fiscal que no discute prioridades, solo impone límites.

Ajuste y memoria reciente

Chile ya conoce este camino. Las políticas de ajuste, aplicadas en nombre de la disciplina fiscal, han dejado huellas profundas: precarización, desigualdad, endeudamiento de los hogares y un malestar social que estalló en 2019.

Ignorar esa experiencia y volver a presentar el recorte como solución técnica es no haber aprendido nada. O peor aún, haber aprendido demasiado bien cómo administrar el descontento sin modificar el modelo.

El déficit, en este sentido, no es solo un problema contable: es un campo de disputa política y social.

Lo que no se discute

Mientras se agita el fantasma del déficit, quedan fuera del debate preguntas fundamentales: ¿qué Estado necesita Chile?, ¿qué nivel de protección social es compatible con una democracia estable?, ¿quién debe financiar ese Estado?, ¿qué se entiende por desarrollo?

El discurso de Quiroz clausura esas preguntas antes de que se formulen. Reduce el debate a una ecuación contable y despolitiza decisiones que afectan la vida de millones.

El ajuste como destino impuesto

Presentar el ajuste como inevitable es, en sí mismo, una operación política. Es decirle a la sociedad que no hay alternativas, que el sacrificio es el único camino y que cualquier resistencia es irresponsable.

Pero las alternativas existen. Lo que falta no es técnica, sino voluntad política para enfrentar intereses poderosos y redistribuir cargas de manera justa.

Más allá de los números

El déficit fiscal puede y debe discutirse. Pero no como dogma, ni como amenaza, ni como excusa para desmontar derechos. Convertirlo en el eje exclusivo del debate económico es una forma de empobrecer la política y reducir la democracia.

Las declaraciones de Jorge Quiroz no anuncian solo un ajuste presupuestario. Anuncian una disputa mayor: quién define las prioridades del país y a favor de quién se gobierna.

Y esa disputa, a diferencia de los balances contables, no se resuelve con cifras, sino con política, memoria y organización social.

Félix Montaño

Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín

Académicos cuestionan a Iván Poduje: crítica frontal al desprecio por la evidencia y al uso político de la emergencia

 

PODER Y POLÍTICA PORTADA

By El Clarín De Chile  1 Febrero, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 49 segundos

Las recientes declaraciones de Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de José Antonio Kast, generaron una reacción transversal en el mundo académico, científico y profesional, particularmente en el sur del país. Más de un centenar de académicas y académicos firmaron una carta abierta en la que rechazan lo que califican como una forma “simplista, prepotente y peligrosa” de abordar la reconstrucción tras los incendios forestales, y alertan sobre una concepción de política pública que desprecia la evidencia científica y el conocimiento territorial.

La polémica se originó luego de una intervención de Poduje en un seminario realizado en la Región del Biobío, donde sostuvo que proyectos de reconstrucción y obras públicas estarían siendo frenados por lo que denominó “activismo ambiental”, reduciendo los obstáculos a caricaturas como “un árbol, un roedor o un hallazgo arqueológico”. Las frases, ampliamente difundidas, fueron leídas por sus críticos como una señal temprana del enfoque que tendría el próximo gobierno en materias de vivienda, planificación urbana y medioambiente.

La carta: una respuesta desde el conocimiento

La carta abierta, suscrita por académicos de diversas universidades —especialmente de la Universidad del Bío-Bío y otras casas de estudio regionales— no se limita a una defensa corporativa del quehacer académico. El texto apunta al corazón del problema: la falsa dicotomía que Poduje instala entre reconstrucción y protección ambiental, como si se tratara de intereses irreconciliables.

Los firmantes sostienen que oponer personas y naturaleza no solo es intelectualmente pobre, sino políticamente irresponsable, sobre todo en un país marcado por catástrofes socioambientales recurrentes. Recuerdan que la normativa ambiental, los estudios de impacto y la protección del patrimonio natural y cultural no son caprichos ideológicos, sino herramientas construidas precisamente para evitar tragedias mayores, malas inversiones públicas y daños irreversibles.

“La evidencia científica no retrasa la reconstrucción: la hace viable y sostenible”, señala el documento, que acusa a Poduje de menospreciar décadas de investigación en ordenamiento territorial, gestión de riesgos y planificación urbana.

Emergencia y oportunismo

Uno de los puntos más duros de la crítica es el uso político de la emergencia. Para los académicos, el discurso de Poduje instrumentaliza el dolor de las comunidades afectadas por los incendios para justificar un relajamiento de estándares ambientales, lo que —lejos de acelerar soluciones— reproduce el mismo modelo que ha profundizado la vulnerabilidad de amplios territorios.

La carta subraya que gran parte de las zonas devastadas por el fuego corresponden a áreas previamente degradadas, con monocultivos forestales, expansión urbana desregulada y ausencia de planificación estatal. En ese contexto, responsabilizar a la normativa ambiental o a la ciencia aparece como una forma de eludir responsabilidades estructurales.

Una forma de hacer política

Más allá del contenido específico, la misiva pone en cuestión una forma de hacer política que el mundo académico identifica como creciente en la derecha chilena: el descrédito del conocimiento experto cuando este incomoda intereses económicos o proyectos ideológicos. En esa línea, los firmantes advierten que reducir la discusión pública a consignas o frases efectistas no solo empobrece el debate democrático, sino que debilita la capacidad del Estado para responder a crisis complejas.

El reproche no es solo técnico, sino ético. Quien está llamado a dirigir la política habitacional del país, señalan, debiera promover soluciones integrales, dialogar con los territorios y respetar la evidencia acumulada, en lugar de caricaturizarla.

Reacciones políticas y señales tempranas

Las declaraciones de Poduje también generaron críticas desde el mundo político, particularmente desde sectores ecologistas y regionales, que ven en sus palabras un anticipo de un gobierno que podría priorizar la rapidez del mercado por sobre la planificación democrática del territorio.

Aunque desde sectores afines al futuro ministro se intentó relativizar sus dichos, calificándolos de “caricaturas” o malinterpretaciones, la carta abierta deja en claro que el problema no es semántico, sino político. No se trata de un error comunicacional, sino de una concepción de Estado que ve en la regulación y en el conocimiento un obstáculo, y no una garantía.

Un debate que recién comienza

La controversia en torno a Iván Poduje no es un episodio aislado. Se inscribe en un contexto más amplio, marcado por la llegada al poder de un gobierno de ultraderecha que ha anunciado recortes, desregulación y una redefinición del rol del Estado. En ese escenario, la reacción del mundo académico adquiere una dimensión mayor: no es solo una defensa sectorial, sino una advertencia temprana sobre los riesgos de gobernar desde la simplificación y la confrontación.

La carta abierta, en ese sentido, no cierra el debate. Lo abre. Y plantea una pregunta de fondo que seguirá marcando el próximo ciclo político: ¿puede Chile enfrentar sus crisis sociales, habitacionales y ambientales prescindiendo de la evidencia, la ciencia y la memoria territorial?

Por ahora, la respuesta de los académicos es clara. Y el silencio —o la insistencia— del futuro ministro será también una señal de lo que viene.