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martes, 17 de noviembre de 2026

Plan Nacional de Búsqueda: Ministro Sergio Troncoso encabezó nuevas diligencias en mina La Veleidosa de Tocopilla


En 1975 y 1978, este pique minero fue dinamitado con la intención de imposibilitar el trabajo de identificación de cuerpos y cualquier investigación que se quisiera realizar. Finalmente, en 1990, tras una querella por inhumación ilegal, se logró excavar encontrando osamentas de 4 personas detenidas desaparecidas. 

Absalón Opazo


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabezó tres días de diligencias en busca de rastros de personas detenidas desaparecidas en la mina La Veleidosa de Tocopilla (causa rol 64-2016, tomo B). 

Además, según informó el boletín del Poder Judicial, en la oportunidad, el ministro Troncoso hizo entrega de los antecedentes de esta causa al ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, encargado de Derechos Humanos, Jaime Rojas Mundaca, tal como lo instruyó la Corte Suprema, que designó al ministro Rojas «con dedicación preferente», para hacerse cargo de los antecedentes relacionados con la causa.

Lo anterior, detalla la información, «exclusivamente para los fines vinculados al cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia; sin que por ello se altere la competencia del ministro señor Sergio Troncoso Espinoza para la sustanciación de los procesos penales actuales y futuros correspondientes a los territorios jurisdiccionales de Antofagasta, Copiapó y La Serena». 

La nota detalla que durante las labores de búsqueda en la mina, el ministro Jaime Rojas también realizó una visita inspectiva con el fin de conocer en terreno el lugar donde se llevan a cabo las diligencias.

Además, se entrevistó con las agrupaciones de familiares de Tocopilla que han acompañado los trabajos que contempla el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. 

El caso de La Veleidosa

El proyecto Desierto de Memorias reúne en un sitio web distintos antecedentes sobre los sitios de memoria de la Región de Antofagasta.

En su página dedicada a lo ocurrido en la mina, se indica: «Existieron otros lugares donde personas fueron fusiladas, y sus cuerpos ocultados. Tal es el caso de La Veleidosa, un pique minero ubicado a 15 kilómetros entre los cerros de la cordillera de la costa, siguiendo el camino de la Huella Tres Puntas por la ruta B-160. Ahí fueron ocultados los cuerpos de al menos, cuatro personas».

La información agrega que «durante los ‘70 se rumoreaba entre los pirquineros de la zona que en alguna mina del sector habría cuerpos de los desaparecidos. A medida que el rumor se fue extendiendo, diferentes organismos comenzaron las correspondientes gestiones para ubicar el 

Así se llega al año 1975, cuando el pique «fue dinamitado para imposibilitar el trabajo de identificación de cuerpos y cualquier investigación que se quisiera realizar». El procedimiento se repitió tres años más tarde, en 1978.

Finalmente, en 1990 por una querella por inhumación ilegal se logra excavar en la mina encontrando osamentas correspondientes a cuatro detenidos desaparecidos:

–Carlos Miguel Garay Benavides, 25 años, supervisor de Cobrechuqui, militante comunista. Detenido el 12 de septiembre de 1973.

–Luis Orozimbo Segovia Villalobos, 28 años, ingeniero de ejecución, militante socialista. Detenido el 11 de septiembre de 1973.

–Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, 34 años, médico. Detenido entre el 15 y el 17 de septiembre de 1973.

-Posteriormente, en 1991, es identificado y entregado a sus familiares para su sepultación, Claudio Rómulo Tognola Ríos, 42 años, médico, militante del PS. Detenido el 16 de septiembre de 1976.

Lee la historia completa en la página Desierto de Memorias (click aquí).

 

Mil pesos para la memoria: una afrenta a la democracia

 

Mil pesos para la memoria: una afrenta a la democraciaOPINIÓN


Andrea Jösch
Por : Andrea JöschDirectora Escuela de Arte, Universidad Diego Portales
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Proponer un presupuesto que debilita económicamente estas instituciones significa poner en riesgo años de trabajo, investigación, conservación de archivos, programas educativos y vínculos construidos con las comunidades.


La propuesta de reducir radicalmente el financiamiento a los Sitios de Memoria y asignar apenas mil pesos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son hechos que constituyen una señal profundamente preocupante para nuestra democracia. No se trata solamente de una cuestión presupuestaria. Proponer una cifra tan irrisoria a una institución de esta relevancia es también un gesto simbólico de desprecio hacia la memoria histórica y hacia el compromiso que, como sociedad, hemos asumido con los derechos humanos.

Los Sitios de Memoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cumplen un papel fundamental en la educación, la cultura y la formación de una ciudadanía consciente de su historia, respetuosa de los derechos fundamentales y comprometida con la democracia. Su trabajo no se limita a conservar testimonios y documentos del pasado: son espacios vivos de reflexión, investigación, creación y encuentro, que colaboran permanentemente con establecimientos educacionales, universidades, organizaciones culturales y comunidades.


Hemos tenido la oportunidad de colaborar con estas instituciones en distintos procesos formativos, y hemos visto instituciones rigurosas y comprometidas con su trabajo y motivadas por su compromiso con las nuevas generaciones. Porque aprender sobre nuestra historia no consiste únicamente en conocer los hechos, sino también en desarrollar una mirada crítica, comprender sus consecuencias y reconocer nuestra responsabilidad frente al presente y el futuro de nuestra sociedad.

Los Sitios de Memoria cumplen, además, una tarea insustituible: preservar y transmitir las experiencias de quienes sufrieron la violencia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura. Son lugares que nos recuerdan un periodo en que el propio Estado fue responsable de vulnerar los derechos fundamentales de miles de personas. Por ello, es también responsabilidad del Estado contribuir a su preservación, a los procesos de reparación y a las garantías de no repetición.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, por su parte, ha alcanzado un importante reconocimiento internacional. Es un espacio de referencia para visitantes nacionales y extranjeros, con una programación cultural, artística y educativa que permite abordar la memoria desde múltiples perspectivas. Su relevancia trasciende nuestras fronteras y forma parte del patrimonio cultural y democrático del país.

Proponer un presupuesto que debilita económicamente estas instituciones significa poner en riesgo años de trabajo, investigación, conservación de archivos, programas educativos y vínculos construidos con las comunidades. Pero también implica algo más profundo: debilitar los espacios desde los cuales una sociedad puede interrogar críticamente su propia historia para plantearse un futuro donde la violación sistemática a los derechos humanos no sea posible.

La memoria no es un asunto exclusivo de quienes vivieron la dictadura ni pertenece a una determinada generación o sector político, es una responsabilidad colectiva, es un piso mínimo y una condición necesaria para construir una convivencia democrática que reconozca la dignidad humana como un principio irrenunciable.

Una democracia no se fortalece silenciando su pasado ni precarizando las instituciones que trabajan por mantenerlo presente. Se fortalece cuando es capaz de reconocer sus heridas, asumir sus responsabilidades y transmitir esos aprendizajes a las nuevas generaciones. Así parece haberlo entendido la Cámara de Diputados. Esperamos que, en las próximas instancias de discusión presupuestaria, esta convicción sea compartida por todos.

La memoria no vale mil pesos: su valor es incalculable y su resguardo es una responsabilidad que no podemos abandonar. 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Justicia después de 53 años: Condenan a presidio perpetuo a excoronel del Ejército por crímenes de 17 campesinos en matanza de Chihuío, Futrono. También fue procesado general (R) y senador designado Santiago Sinclair, pero quedó impune por fallecimiento

 17 November 2026

La ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó sentencia definitiva de primera instancia en una de las aristas del llamado caso Chihuío y condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez, teniente coronel del Ejército (R) a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados y consumados de 17 campesinos y trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, ocurrido el 9 de octubre de 1973 en el sector Termas de Chihuío, comuna de Futrono, en la Región de Los Ríos.

La magistrada ordenó el ingreso inmediato de Rodríguez a prisión preventiva debido a la cuantía de la pena y la gravedad de los hechos. 

En su resolución, la ministra sobreseyó a Santiago Sinclair Oyaneder, foto arriba, general del Ejército, (R) quien fue procesado en este caso y falleció durante la tramitación de la causa en diciembre de 2025. Sinclair fue miembro de la Junta de Gobierno y vice comandante en Jefe del Ejército. Y a la vuelta a la democracia, Pinochet lo impuso como senador designado.

Las víctimas, entre las que se encontraba un menor de 17 años, fueron detenidas, torturadas y ejecutadas por múltiples impactos de balas. Sus restos fueron removidos por los militares y enterrados en fosas clandestinas con la intención de que se perdieran sus rastros. Años más tarde los cuerpos fueron exhumados y, algunos de ellos, identificados mediante fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de diversos objetos personales asociados a los campesinos. 

El querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, valoró la sentencia señalando que “luego de 53 años, nuestra justicia, a través de la Ministra Paola Plaza, dicta sentencia de primera instancia en este episodio Chihuío, que da cuenta de hechos que configuraron una masacre en perjuicio de 17 víctimas que fueron ejecutadas, cometida por personal del Ejército de Chile, hechos en los cuales tuvo una intervención criminal relevante el acusado Rodríguez Olivares, a quien se le impuso el presidio perpetuo simple como sanción privativa de libertad, así como también otras penas accesorias, por ser autor de esos crímenes de homicidio calificado”. 

Destacó que “esta sentencia es una evidencia más que da cuenta que el transcurso del tiempo y la edad de los agentes no constituye un impedimento para el juzgamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Ello, en consonancia con aquello a lo que nos obliga el derecho internacional, que es también derecho interno: nuestro Estado debe investigar, juzgar y sancionar, con penas proporcionales a la gravedad de los hechos y de manera efectiva, a estos macrocriminales”.  

Pese a lo anterior, Ugás, señaló que  “sin perjuicio de lo anterior, no podemos obviar que el encargado del Regimiento, Santiago Sinclair Oyaneder, (exmiembro de la junta de Gobierno de la dictadura y senador designado por Pinochet) terminó impune, al operar en su favor la impunidad biológica. Situaciones como estas nos fuerzan a pedir un pronto juzgamiento de los casos penales actualmente vigentes, para que los criminales puedan ser sancionados en vida y cumplir las penas impuestas, y que la impunidad, en cualquiera de sus formas, no les ampare y favorezca”.

El caso principal de Chihuío fue fallado el año 2011 por la Corte Suprema. En dicha oportunidad habían sido condenados en sentencia definitiva, el ex oficial de Ejército Luis Alberto Osorio Gardasanich a 10 años y un día de presidio, por 16 víctimas, y el ex suboficial de carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría a 3 años y día de presidio, por 4 víctimas, pero ambos fallecieron. 

LAS VÍCTIMAS

La víctimas que cobró la llamada matanza de Chihuío son: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

LOS HECHOS

De acuerdo a la investigación la ministra Plaza ha podido establecer  los siguientes hechos 

“Que, en la provincia de Valdivia, determinadamente en la comuna de Futrono, al interior del sector del Fundo Arquilhue y en los caseríos de Curriñe, funcionaban las oficinas de la Administración y la Pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli, emplazadas en el poblado de Chabranco, en las inmediaciones del complejo termal conocido como “Termas de Chihuió", En dicho lugar se encontraba constituida la sede del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", al cual se hallaban afiliados los trabajadores agrícolas y forestales del referido complejo; constatándose que, internándose unos 16 kilómetros en dirección a la cordillera de los Andes, se halla el sector de Chihuío. En este contexto geográfico e histórico, y como consecuencia directa de la violencia política desplegada institucionalmente en contra del sector de la población civil rural de esa zona que era considerada partidaria del régimen depuesto, a contar del 13 de septiembre de 1973, funcionarios pertenecientes a Carabineros de Chile iniciaron de manera concertada y organizada la privación de libertad de diversos obreros de la zona, sin orden judicial alguna que lo autorizara.

Que, el día 7 de octubre de 1973 se realizaron nuevas detenciones arbitrarias en contra de civiles residentes de dicho sector por idénticos móviles de persecución política.

El día 9 de octubre de ese mismo año, personal militar perteneciente a los Regimientos de Caballería N°? "Cazadores" y de Artillería Motorizada Nº2 "Maturana", ambos con guarnición en la ciudad de Valdivia, salió con rumbo a la localidad de Futrono al mando de un Oficial y secundado por otros Oficiales de la unidad, conformando una comitiva armada compuesta por camiones institucionales y vehículos menores tipo jeep, que movilizaba una dotación aproximada de noventa efectivos de tropa. La caravana militar se dirigió deliberadamente hacia el sector sur del Complejo Maderero y Forestal de Panguipuili con la instrucción precisa de privar de libertad a campesinos y obreros sindicalizados previamente, seleccionados mediante nóminas confeccionadas con antelación, con la activa participación de lugareños motivados en razones desconocidas.

Que, es así como el referido 9 de octubre de 1973, efectivos militares procedieron a irrumpir en un almacén de la localidad de Futrono para aprehender y privar de libertad a (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años, casado, padre de cuatro hijos, quien se desempeñaba como cajero y bodeguero agrícola en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin que registrase militancia política conocida. Posteriormente, una vez apostados en la localidad de Llifén, la comitiva castrense concurrió hasta el Retén de Carabineros local, recinto donde los funcionarios policiales de esa dotación hicieron entrega formal a los militares de un grupo de trabajadores de la zona que mantenían encerrados bajo custodia por motivos ideológicos, entre los cuales figuraba el civil (2) Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años, casado, padre de dos hijos, quien ejercía funciones como Jefe de Fábrica en el aludido complejo forestal y era militante activo del Partido Socialista, individuo que previamente había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en el sector de Arquilhue por Carabineros de Lifén y conducido a Futrono el día siguiente. Asimismo, se unió al contingente de prisioneros el ciudadano (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin colitancia politica conocida, quien se había presentado de forma voluntaria en el Retén de Lifén el 7 de octubre de 1973 bajo promesas de seguridad, quedando recluido en el lugar, para ser conducido a Futrono el 8 de octubre de ese año. De igual manera, el personal militar mantuvo privado de su libertad al campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia partidista, quien había sido detenido por Carabineros de Llifén el 7 de octubre de 1973 y entregado formalmente el día 9 a los mandos de la caravana militar.

Que, el destacamento militar prosiguió su avance por la ruta cordillerana hasta arribar al sector de Curriñe, lugar donde los Oficiales dispusieron cercar y reunir a la totalidad de la población masculina del caserío, ordenándoles colocarse en fila con las manos en alto. En este sitio, premio dors de listas con nombres específicos de personas, procedieron a apartar y privar de libertad a las siguientes víctimas: (5) José Rosamel Cortés Díaz, de 35 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del Complejo Panguipulli e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (6) Neftalí Rubén Durán Zúñiga, de 22 años, casado, padre de un hijo, obrero forestal afiliado al mismo sindicato, sin adscripción partidista conocida; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, de 20 años, soltero, obrero maderero del complejo forestal, sin militancia política; (8) Juan Walter González Delgado, de 31 años, casado, padre de seis hijos (naciendo el menor de ellos encontrándose su progenitor en cautiverio), empleado administrativo del Complejo Panguipulli y Secretario del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, de 21 años, quien presentaba una invalidez física, desempeñándose como radioperador del complejo y afiliado al sindicato antes mencionado, sin militancia partidista; y (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años, viudo, padre de ocho hijos, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli en calidad de Jefe de Predios, sin militancia conocida.

Que, las víctimas aprehendidas en Curriñe fueron subidas por la fuerza y bajo constantes malos tratos a la parte posterior de los camiones militares, prosiguiendo el convoy su marcha hacia el sector rural de Chabranco.

En la localidad de Chabranco, los efectivos militares privaron de libertad a un nuevo grupo de pobladores civiles, individualizados como: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, de 46 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del complejo e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política; (12) José Orlando Barriga Soto, de 32 años, casado, padre de cuatro hijas, oficial herrero del Complejo Panguipulli y Tesorero del Sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia conocida; (13) Narciso Segundo García Cancino, de 31 años, casado, padre de cuatro hijos, obrero forestal, sin adscripción partidista conocida; (14) Daniel Méndez Méndez, de 42 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y expresidente del sindicato campesino referido; (15) Rubén Vargas Quezada, de 56 años, casado, padre de diez hijos, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia conocida; y (16) Sebastián Mora Osses, de 47 años, casado, obrero forestal del complejo y extesorero del sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida. En este sector cordillerano, la tropa militar detuvo al menor de 17 años, (17) Fernando Adrián Mora Gutiérrez, obrero maderero del complejo y afiliado al citado sindicato; sin militancia partidista, quien era hijo de Sebastián Mora Osses y fue obligado a abordar el vehículo tras indagar voluntariamente por el destino de su padre.

Que, los diecisiete campesinos y trabajadores forestales detenidos en el transcurso del operativo militar fueron trasladados bajo estricta custodia y en condiciones inhumanas hasta las Termas de Chihuío, lugar donde fueron ingresados y mantenidos atados con alambres en una dependencia de la casa patronal del fundo homónimo, de propiedad de la sucesión de la familia Gonzalez Torres. En ese sitio, durante la noche del 9 de octubre de 1973, en medio de la lluvia, el barro y la oscuridad, los prisioneros, quienes presentaban evidentes signos de haber sido sometidos a severos maltratos físicos, fueron sacados de su lugar de encierro por el personal militar y conducidos a pie a un bosque de hualles y arbustos situado a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble principal, En las inmediaciones de dicho sector forestal, los efectivos del Ejército, actuando sin justificación legal y de manera concertada, procedieron a ejecutar a todos los prisioneros mediante ráfagas de fusilería de asalto de dotación institucional, provocandoles la muerte en el lugar sin que mediara proceso judicial, consejo de guerra o instrucción administrativa previa de ninguna especie que legitimara tal proceder.

Que al amanecer del día siguiente, un testigo de la zona constató de manera directa la presencia de los cuerpos inertes de los ejecutados tendidos en la faja boscosa del predio, advirtiendo que los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala, desgarros y heridas cortantes visibles en sus extremidades y abdomen. Los restos mortales de los campesinos permanecieron abandonados a la intemperie en el mismo sitio del crimen durante varios días, cubiertos rústicamente con ramas, troncos y vegetación del lugar por disposición del personal a cargo del operativo, hasta que, transcurrido dicho lapso y por instrucción de la superioridad militar de Valdivia, una patrulla del Ejército regreso al sector con la finalidad de ocultar los cuerpos, mediante la inhumación clandestina de las víctimas, procediendo para ello a sepultarlos en tres fosas comunes previamente excavadas en el terreno rocoso y arcilloso del fundo.

Que, con posterioridad a dicho enterramiento irregular y clandestino, los cadáveres de las víctimas fueron exhumados de noche por orden del mando militar y mediante la intervención de terceros no identificados, con el claro propósito de hacer desaparecer de forma definitiva toda evidencia del crimen. Sin perjuicio de ello, años más tarde, familiares y civiles interesados se constituyeron en el paraje de Chihuío para indagar la ubicación de las sepulturas originales, constatándose formalmente mediante posteriores prospecciones arqueológicas, antropológicas y judiciales el hallazgo de múltiples fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de vestimentas, calzado y diversos objetos personales asociados a las víctimas, confirmando científicamente que los cuerpos de los ejecutados habían sido inhumados en dicho predio y desenterrados clandestinamente mediante una remoción mecánica de tierra efectuada por terceros, sin que hasta la fecha de hoy haya sido posible determinar el paradero de los restos óseos que fueron removidos e ignorándose el destino final dado a los mismos, privando de esta forma de manera permanente a sus familias de la posibilidad de recuperar y dar digna sepultura a los restos de sus seres queridos con arreglo a sus convicciones éticas o creencias religiosas.

Que, con la finalidad de consolidar el ocultamiento de la masacre, las autoridades militares y administrativas procedieron a practicar ficticias inscripciones de defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en favor de diversas víctimas de este episodio, consignando que los decesos se habían verificado en la lejana localidad cordillerana de Liquiñe, atribuyendo el fallecimiento a "causas no precisadas" bajo la fecha del 9 de octubre de 1973. Para dotar de apariencia de legalidad a estas inscripciones, se requirió de manera obligatoria la comparecencia ante el Oficial Civil de soldados conscriptos del Regimiento de Caballería "Cazadores", quienes figuraban registrando domicilio procesal en el mismo recinto militar de Valdivia, forzándolos a deponer falsamente en calidad de "testigos de comprobación de defunción” , en circunstancias de que estos ni siquiera conocían a las víctimas respecto de las cuales declaraban, cumpliendo de esta forma con órdenes verbales expresas emanadas de sus mandos superiores dirigidas a encubrir de manera permanente las ejecuciones sumarias perpetradas en las inmediaciones de las Termas de Chihuío".

Las paradojas de la vida: El Presidente más anticomunista de la historia de Chile se reune con el líder comunista más poderoso del mundo. Kast llegó a China y lo recibe Xi Jinping y los chinos no están felices con Kast por sede del Tratado de Alta Mar y el cable submarino

 17 November 2026

Por Alfredo Peña R.

Esta es una historia para contarla. 
El Presidente Kast, que usó y abusó de la bandera del anticomunismo en las tres candidaturas presidenciales en las que se ha presentado, llegó en nuestra madrugada a China para buscar estrechar relaciones con el gigante asático. Ahí lo recibirá el ultra todopoderoso líder chino Xi Jinping, que preside un país de más de 1.415 millones de habitantes.

La bilateral entre Kast y el Presidente de China y Presidente del Partido Comunista chino, el partido más importante y grande del mundo con más de ¡101 millones de militantes! no va ser fácil.

Hoy Xi Jinping es el político más importante del mundo: Tan importante es que Trump y Putin se reunirán con él en Shenzhen, China en la que ha sido calificada como la cumbre más crucial de los últimos 80 años, desde la que se realizó en Yalta, Crimea, luego de la segunda guerra mundial en 1945 donde se juntaron José Stalin (Unión Soviética), Winston Churchill (Reino Unido) y Franklin D. Roosevelt (Estados Unidos).

Y como siempre hay un tuit o un video de Kast criticando a Bachelet, Piñera o Boric como los que se conocieron por Vietnam y Ho Chi Minh, se conoció el tuit por la gira de Boric a China donde fue recibido por Xi Jinping.
En octubre de 2023, durante la gira a China del entonces presidente Gabriel Boric, Kast publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) cuestionando la delegación y el contexto económico del país.
El mensaje que volvió a circular en redes sociales tras la actual gira del presidente Kast a Asia señala:

"En medio de una grave crisis económica, un país en recesión y el desempleo al alza, el Presidente Boric se va de gira a China con seis ministros de Estado, incluyendo a la vocera. ¿Cómo se explica esto?"

"Falta de respeto" acusan los chinos a Kast

Xi Jinping -no se lo va demostrar a Kast porque es chino, pragmático y paciente- no está feliz con el gobierno del anticomunista Kast. No por su anticomunismo furioso, sino por la disputa por la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar. Chile, junto a Bélgica, impulsa una candidatura que contempla a Valparaíso y Bruselas, mientras China busca instalarla en la ciudad de Xiamen.

Este viernes, como aperitivo de la reunión de Xi y Kast, el gobierno chino fue extrañamente duro con la administración Kast. 

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, cuestionó el entendimiento entre Chile y Bélgica y acusó que la decisión habría pasado por alto los procedimientos multilaterales establecidos para definir las sedes del organismo internacional.

“Bélgica y Chile resolvieron a escondidas asuntos que deberían haber sido determinados colectivamente por las partes del acuerdo. Esto viola lo estipulado en el acuerdo y es una falta de respeto a la autoridad de la Conferencia de las Partes”, afirmó la portavoz.

La representante china también advirtió sobre las consecuencias de dividir las instalaciones entre dos continentes. “La propuesta de Bélgica y Chile, que sitúa la Secretaría y el CHM por separado a través del océano, sin duda aumentará los costos operativos, reducirá la eficiencia de la gestión e incrementará la carga financiera para las Partes del Acuerdo”, sostuvo en una vocería singularmente dura.

Además, Beijing cuestionó el equilibrio geográfico de la iniciativa, argumentando que Europa ya concentra numerosas instituciones internacionales. En ese contexto, Mao acusó a Chile y Bélgica de “politizar el proceso de licitación y dividir a los miembros en bandos opuestos”.

Cable submarino chino

Lo más probable que Xi o algún otro alto político chino abordarán el proyecto de cable submarino chino y los vínculos comerciales entre ambos países, cuestión que Kast ha sido reticente a la instalación de ese cable que uniría Hong Kong con Valparaíso.

Desde que llegó al poder hace ocho meses, Kast ha tenido gestos de acercamiento con la Administración de Donald Trump, como la adhesión al llamado Escudo de las Américas, una coalición multilateral de seguridad impulsada por EE.UU. al que no le gusta el proyecto de cable submarino chino. 

La propuesta ha generado un intenso conflicto geopolítico. Estados Unidos ha manifestado fuertes reparos de seguridad nacional respecto al manejo de datos e infraestructura crítica, lo que derivó en presiones diplomáticas e incluso en la revocación de visas a funcionarios chilenos vinculados al tema.

El premio literario anulado y los límites del poder político sobre la cultura

 


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El Ministerio de las Culturas dejó sin efecto la evaluación de un jurado que había seleccionado un poemario sobre las víctimas del estallido social. La cartera invoca errores administrativos y la necesidad de incorporar nuevas postulaciones. Escritores, artistas e intelectuales denuncian una posible intervención sobre la autonomía de los premios públicos. El conflicto reabre la disputa por la memoria de octubre de 2019.

Un libro de poesía sobre las víctimas del estallido social de octubre de 2019 ha colocado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el centro de una controversia que trasciende el ámbito literario. La decisión de dejar sin efecto la evaluación de un jurado que había seleccionado la obra Persona sin identificar, de Verónica Jiménez Dotte, provocó una reacción de escritores, artistas e intelectuales que advierten sobre los riesgos de intervención política en los mecanismos públicos de reconocimiento cultural.

El Gobierno sostiene que la medida responde a irregularidades administrativas y que busca garantizar la igualdad de condiciones entre los participantes. La autora y varios integrantes del jurado cuestionan esa explicación, especialmente la decisión de sustituir a los evaluadores originales después de que estos hubieran adoptado y documentado su veredicto.

El conflicto ocurre bajo un gobierno que ha convertido su interpretación crítica del estallido social en uno de los componentes de su discurso político. Ese antecedente no demuestra que exista censura, pero explica por qué una decisión administrativa sobre un premio literario ha adquirido una dimensión pública considerable.

Un premio decidido que nunca fue anunciado

El 10 de noviembre, el Ministerio de las Culturas difundió los resultados de los Premios Literarios 2026, uno de los principales reconocimientos estatales a la creación literaria chilena.

Sin embargo, las categorías de poesía publicada e inédita quedaron fuera del anuncio.

La omisión llamó la atención de la poeta y periodista Verónica Jiménez Dotte, autora de Persona sin identificar, publicado por Garceta Ediciones en 2025.

Al investigar las razones de esa ausencia, Jiménez conoció que el jurado de poesía publicada había seleccionado su libro para el primer lugar. Según su testimonio, la decisión había sido adoptada por unanimidad y formalizada en un acta.

La versión fue respaldada públicamente por Milagros Abalo y Gastón Carrasco, dos de los cinco integrantes de la comisión evaluadora. Posteriormente se sumó otra integrante, Paula Miranda.

Los jurados confirmaron que existió una deliberación concluida y un veredicto formal. También señalaron que, después de esa decisión, se les informó que algunas obras no habían sido consideradas debido a problemas administrativos.

Según explicaron, manifestaron su disposición a evaluar las postulaciones pendientes. No obstante, el Ministerio resolvió reemplazar la comisión y realizar una nueva evaluación.

El procedimiento dejó sin efecto el resultado alcanzado por los especialistas, aunque la cartera sostiene que el premio todavía no estaba jurídicamente adjudicado.

La distinción es importante: una cosa es la decisión literaria del jurado y otra su formalización mediante una resolución administrativa. La controversia gira precisamente en torno a las facultades de la autoridad para intervenir entre ambas etapas.

La explicación del Ministerio

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes ha señalado que durante el concurso se acogieron recursos de reposición que obligaron a incorporar tres postulaciones adicionales.

Según la autoridad, todas las obras admisibles deben evaluarse en igualdad de condiciones. Para garantizar la objetividad e imparcialidad del procedimiento, resolvió conformar nuevas comisiones.

La cartera también sostuvo que no corresponde reconocer oficialmente ganadores antes de que las resoluciones respectivas hayan completado su tramitación.

El argumento administrativo no puede descartarse sin examinar los antecedentes. Si existían obras indebidamente excluidas, el Ministerio tenía la obligación de corregir esa situación y resguardar los derechos de sus autores.

Pero la explicación deja abierta una pregunta decisiva: ¿por qué fue necesario reemplazar a los jurados que ya habían evaluado las obras, en lugar de permitirles examinar las postulaciones pendientes?

La diferencia no es menor.

Incorporar obras omitidas puede constituir una corrección necesaria. Sustituir a quienes ya habían emitido un veredicto introduce un problema adicional, porque permite que una nueva comisión reconsidere la totalidad del resultado después de que la autoridad conoce la decisión original.

La proporcionalidad de esa medida, su fundamento normativo y su correspondencia con las bases del concurso son aspectos que requieren una explicación documentada.

Un libro sobre las víctimas de octubre

Persona sin identificar es un poemario de 76 páginas que aborda las muertes, la represión policial y las experiencias de violencia durante el estallido social de 2019.

La obra establece vínculos entre esos acontecimientos y la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Su autora posee una trayectoria reconocida en la literatura chilena. Ha publicado poesía y ensayos, ha recibido distinciones literarias y anteriormente ha participado como jurado en concursos públicos.

El contenido del libro adquiere particular relevancia en el contexto político actual.

Desde su trayectoria como candidato, José Antonio Kast ha sostenido una interpretación fuertemente crítica del estallido social, destacando los episodios de violencia, destrucción de infraestructura y alteración del orden público.

Para el mandatario y su sector político, octubre de 2019 constituye un acontecimiento que debe ser examinado principalmente desde sus consecuencias sobre la seguridad y la institucionalidad.

En cambio, el poemario de Jiménez aborda otra dimensión del mismo período: las víctimas, el sufrimiento, la violencia institucional y las huellas que esos acontecimientos dejaron en personas y comunidades.

Ambas perspectivas forman parte de una disputa todavía abierta sobre la memoria reciente del país.

La pregunta que plantea el caso es si una obra que desarrolla una interpretación distinta de la defendida por el Gobierno puede ser evaluada y reconocida por instituciones públicas sin interferencias derivadas de esa diferencia política.

Hasta ahora no se han presentado pruebas públicas suficientes para establecer que el contenido del poemario motivó la decisión ministerial. La sospecha de censura expresada por la autora y sus partidarios debe ser investigada, no asumida como un hecho demostrado.

Pero tampoco basta invocar razones administrativas para cerrar la discusión. La transparencia exige conocer las resoluciones, los fundamentos de la sustitución del jurado y la forma en que se garantizará la independencia de la nueva evaluación.

La comunidad cultural reacciona

La controversia provocó una declaración pública suscrita inicialmente por 201 personas y organizaciones vinculadas a la cultura.

Entre los firmantes figuran Raúl Zurita, Diamela Eltit, Nona Fernández, Alfredo Castro, Faride Zerán, Nivia Palma, Horacio Salinas y Jorge Coulon.

El documento, titulado En defensa de la democracia, la memoria y contra la censura institucional, cuestiona la anulación de un veredicto adoptado por un jurado especializado e independiente.

Los firmantes consideran que la medida establece un precedente preocupante para la autonomía de las instituciones culturales y solicitan restituir el resultado original.

La reacción tiene una importancia que excede la defensa de una autora.

Los premios literarios públicos existen para reconocer la creación artística mediante procedimientos especializados, no para establecer una versión oficial de la historia ni determinar qué interpretaciones de los acontecimientos nacionales merecen reconocimiento.

La autonomía de los jurados es, por tanto, una garantía institucional. No significa que sus decisiones sean inmunes a la legalidad administrativa, pero sí que cualquier intervención posterior debe estar suficientemente fundada y respetar las competencias que las bases del concurso entregan a los evaluadores.

Si una autoridad pudiera sustituir libremente a un jurado después de conocer su veredicto, la independencia del reconocimiento artístico quedaría debilitada.

La cuestión adquiere especial sensibilidad cuando la obra seleccionada aborda acontecimientos sobre los cuales el Gobierno mantiene posiciones políticas explícitas.

¿Corrección administrativa o censura?

El término censura exige precisión.

En este caso, el Ministerio no ha prohibido la publicación, circulación o venta de Persona sin identificar. El libro existe y puede ser leído independientemente del resultado del concurso.

La controversia se refiere a una decisión estatal de reconocimiento y financiamiento cultural.

Sin embargo, la libertad artística no se reduce a la ausencia de prohibiciones. También requiere procedimientos institucionales que impidan que las preferencias políticas de las autoridades determinen qué obras reciben apoyo o reconocimiento público.

Una intervención administrativa puede afectar esa autonomía incluso sin impedir la circulación de una obra.

Por eso, la discusión no debería limitarse a establecer si hubo una orden explícita de censura. También corresponde examinar si la autoridad respetó las reglas del concurso, si la sustitución del jurado fue necesaria y si existieron garantías suficientes para evitar una influencia política sobre el resultado.

El Ministerio tiene derecho y obligación de corregir irregularidades. Los participantes tienen derecho a que sus obras sean evaluadas conforme a las bases. Y los jurados deben contar con condiciones que protejan la independencia de sus deliberaciones.

Esos principios no son incompatibles. Precisamente por ello, la administración debe explicar cómo los concilió en este caso.

La memoria del estallido como territorio de disputa

Siete años después de octubre de 2019, el estallido social continúa siendo objeto de interpretaciones profundamente divergentes.

Para algunos sectores, representa una crisis de violencia y destrucción que debilitó la convivencia democrática. Para otros, expresó demandas sociales acumuladas y abrió una discusión sobre desigualdad, derechos y representación política.

También dejó víctimas de violencia estatal, personas con lesiones graves, denuncias de violaciones a los derechos humanos y procesos judiciales cuyos efectos siguen presentes.

La literatura, el cine, las artes visuales y la investigación histórica han abordado esas experiencias desde perspectivas diversas.

Ningún gobierno tiene la obligación de compartir todas esas interpretaciones. Pero la administración de los recursos culturales exige distinguir entre las convicciones políticas de sus autoridades y la evaluación de las obras.

Esa separación resulta particularmente importante cuando el Estado actúa como promotor de la creación artística.

El reconocimiento público de una obra no implica que el Gobierno adhiera a sus ideas. Significa que una comisión competente ha valorado sus méritos de acuerdo con criterios previamente establecidos.

Confundir ambas cosas puede convertir la política cultural en una prolongación de las disputas partidarias.

La Contraloría y las preguntas pendientes

Verónica Jiménez anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para cuestionar el procedimiento.

La eventual intervención del organismo fiscalizador podría contribuir a esclarecer la legalidad de las decisiones adoptadas.

Entre los antecedentes que resultan necesarios figuran el acta del jurado original, las resoluciones que acogieron los recursos de reposición, las bases del concurso y el acto administrativo que dispuso la designación de nuevos evaluadores.

También es importante establecer si la incorporación de las tres postulaciones exigía jurídicamente repetir toda la evaluación o si existían alternativas menos invasivas para corregir el procedimiento.

La ceremonia de entrega de los Premios Literarios está prevista para el 25 de noviembre en el Centro Cultural La Moneda. Las categorías cuestionadas permanecen pendientes.

Lo ocurrido con Persona sin identificar ha convertido una controversia sobre un premio de poesía en una discusión sobre las relaciones entre cultura, memoria y poder político.

La cuestión no consiste en determinar si el Gobierno comparte la visión de octubre de 2019 expresada por Verónica Jiménez. Tampoco en exigir que una obra sea premiada por su contenido político.

Se trata de establecer si el Estado garantiza que las decisiones literarias sean adoptadas por quienes tienen la responsabilidad de evaluar las obras y que cualquier corrección administrativa se realice conforme a reglas conocidas, verificables e independientes de las preferencias del poder.

La resolución de este caso tendrá consecuencias que pueden ir más allá de un premio.

Porque lo que está en discusión no es solamente el reconocimiento de un libro sobre el estallido social, sino las garantías que protegen la libertad de creación y la autonomía cultural frente a los cambios de gobierno.

 

Simón del Valle

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