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A pocas semanas de asumir la Presidencia, Keiko Fujimori enfrenta su primer conflicto social de envergadura. El fuerte aumento del diésel y las gasolinas provocó paros y bloqueos en distintas regiones del país, con especial intensidad en Ucayali. El gobierno respondió con un subsidio temporal de hasta 20%, pero transportistas advierten que las movilizaciones podrían extenderse a ocho regiones.
El gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba social apenas iniciado su mandato. El fuerte aumento del precio de los combustibles ha provocado paros de transportistas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que comenzaron con especial intensidad en la Amazonía peruana y que amenazan con extenderse hacia otras regiones del país.
Ucayali se convirtió durante la última semana en el principal foco del conflicto. El paro regional iniciado el lunes 10 de agosto paralizó buena parte del transporte en Pucallpa y provocó bloqueos en la carretera Federico Basadre, principal vía terrestre que comunica la región amazónica con el resto del Perú. Las protestas también tuvieron expresiones en Loreto, Arequipa y Tacna.
La causa inmediata es el fuerte incremento de los combustibles. En distintas ciudades peruanas el precio del diésel ha llegado a situarse entre 21 y 24 soles por galón, mientras las gasolinas también han experimentado aumentos significativos. El fenómeno tiene efectos especialmente intensos fuera de Lima, donde las mayores distancias y la dependencia del transporte terrestre y fluvial multiplican su impacto sobre los precios de alimentos y productos básicos.
La situación se volvió particularmente delicada en Ucayali. Según informaciones publicadas este fin de semana, Pucallpa y otras localidades de la región llegaron a disponer de reservas de combustible equivalentes a apenas entre un día y medio y tres días de consumo.
Disturbios y enfrentamientos en Ucayali
La protesta escaló el viernes cuando efectivos de la Policía Nacional intentaron despejar sectores bloqueados de la carretera Federico Basadre.
Los enfrentamientos dejaron policías y manifestantes heridos, detenidos y un vehículo policial incendiado. También se informó de la muerte de una persona en una carretera durante las jornadas del paro, aunque las circunstancias del hecho deben distinguirse de los enfrentamientos directos entre manifestantes y policías.
La Cámara de Comercio de Ucayali estimó, por su parte, que cuatro días de paralización ocasionaron pérdidas económicas cercanas a los 200 millones de soles, una señal de la dimensión alcanzada por un conflicto que inicialmente surgió desde los gremios del transporte.
La presión obligó al gobierno a reaccionar rápidamente.
Fujimori anunció un subsidio temporal de entre 15% y 20% al combustible utilizado por el transporte de carga y pasajeros, que incluye a mototaxistas y al transporte fluvial. La medida comenzó a regir este fin de semana y tendrá inicialmente una duración de tres meses.
El gobierno comprometió alrededor de 105 millones de soles para financiar el mecanismo. En el caso de transportistas de pasajeros y carga, la ayuda alcanzará aproximadamente cuatro soles por galón durante el período establecido.
Fujimori calificó la intervención como una medida “extraordinaria, responsable y temporal”, destinada a amortiguar el impacto del aumento internacional de los hidrocarburos.
¿Por qué subieron tanto los combustibles?
El problema, sin embargo, antecede al nuevo gobierno.
Perú ha sido golpeado durante 2026 por la combinación del encarecimiento internacional del petróleo, dificultades internas de abastecimiento y la delicada situación financiera y operacional de Petroperú.
El Banco Central de Reserva del Perú ha advertido además que los combustibles en el mercado interno han aumentado más que el propio precio internacional del petróleo. El gerente central de Estudios Económicos del organismo, Adrián Armas, vinculó parte de esta diferencia con problemas de suministro de Petroperú, especialmente en determinadas regiones del país.
El exviceministro de Energía Pedro Gamio ha señalado también un problema estructural: pese a ser productor de hidrocarburos y disponer de importantes reservas de gas natural, Perú mantiene una considerable dependencia del petróleo y derivados importados, lo que deja al país expuesto a las fluctuaciones internacionales.
La crisis energética que comenzó en marzo, después de problemas en el sistema de transporte del gas de Camisea, ya había tensionado el mercado energético peruano. Sin embargo, especialistas advierten que el nuevo aumento del diésel responde a factores adicionales y no puede explicarse exclusivamente por aquella emergencia.
El resultado es particularmente grave para las regiones alejadas de la capital. Allí, el precio del combustible se traslada rápidamente al transporte público, los alimentos, el comercio y la navegación fluvial, convirtiendo un problema energético en un conflicto social.
El paro se levanta, pero el conflicto continúa
Tras el anuncio presidencial, autoridades de Ucayali informaron del levantamiento del paro regional. Sin embargo, la normalización está lejos de significar el término del conflicto.
Sectores de transportistas cuestionaron los acuerdos alcanzados y este domingo elevaron nuevamente la presión sobre el Ejecutivo.
Weider del Águila, representante de los transportistas, anunció un ultimátum de 48 horas al gobierno y aseguró que organizaciones de otras zonas del país evalúan incorporarse a las movilizaciones.
Según el dirigente, ocho regiones estarían próximas a decidir nuevas paralizaciones si las respuestas del Ejecutivo no resultan suficientes.
La advertencia modifica la dimensión política del conflicto. Lo que comenzó como una protesta regional en la Amazonía puede transformarse en un movimiento de alcance nacional si el aumento de los combustibles continúa trasladándose a las tarifas del transporte y al costo de los alimentos.
Una temprana prueba para Fujimori
La crisis sorprende a Keiko Fujimori en las primeras semanas de su gobierno y constituye su primer enfrentamiento relevante con organizaciones sociales desde que asumió la Presidencia.
La rapidez con que el Ejecutivo recurrió a un subsidio revela la dimensión política que adquirieron las protestas. El gobierno optó por intervenir directamente sobre los precios antes que esperar que las fluctuaciones internacionales se trasladaran íntegramente hacia transportistas y consumidores.
Pero el mecanismo tiene fecha de vencimiento: tres meses.
Por ello, el problema de fondo permanece abierto. Si los precios internacionales continúan elevados, el gobierno tendrá que decidir entre prolongar el gasto fiscal, modificar el mecanismo de estabilización de precios o permitir que una mayor parte del costo sea absorbida por transportistas y consumidores.
El conflicto también vuelve a mostrar una fractura histórica del Perú: la enorme distancia económica y política entre Lima y las regiones. Un incremento del combustible que en la capital encarece el desplazamiento cotidiano puede tener consecuencias mucho mayores en territorios amazónicos donde prácticamente toda la actividad económica depende del transporte terrestre o fluvial.
Ucayali ha sido la primera advertencia.
Apenas iniciado su mandato, Keiko Fujimori ha debido responder con recursos fiscales a una movilización surgida lejos de Lima y protagonizada por sectores directamente afectados por el costo de vida. Ahora la atención estará puesta en las próximas 48 horas: si fracasan las negociaciones con los transportistas y nuevas regiones se incorporan a las protestas, la crisis de los combustibles podría convertirse en el primer gran conflicto nacional del nuevo gobierno peruano.
Fuentes: La República, Prensa Latina, Infobae
