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lunes, 13 de julio de 2026

OPINIÓN


 

Una izquierda que no tenga miedo ser de izquierda 

Por Verónica Aravena Vega

Lo que te queda, cuando renuncias a tocar quién tiene la plata, es el reconocimiento: nombrar a los que el país nunca nombró, celebrar identidades que antes se escondían. Y reconocer importa, costó sangre arrancarlo. La trampa aparece cuando llega solo, sin un peso detrás, de premio de consuelo por lo que no se reparte. 


Hay una versión cómoda de esta historia, y es la primera que hay que tirar a la basura. Dice que la izquierda se olvidó de los pobres y del reparto porque se entretuvo discutiendo pronombres, que cambió la lucha de clases por el lenguaje inclusivo y se puso fina. Es falsa, o es la mitad de la verdad, la mitad que no obliga a mirar lo importante.

La izquierda no dejó de hablar de reparto por frívola. Le pasó algo peor: dejó de creer que el mundo se podía cambiar y se puso a administrarlo. Cambió la promesa de emancipación por la promesa de que la plata te alcance hasta fin de mes, que no es ni su sombra.

El golpe global tiene fecha. Cuando cayó el muro en el 89 y el modelo se quedó sin enemigo, repartir empezó a sonar a cosa de viejos, a utopía con olor a humedad. «No había alternativa», repetía Thatcher, y media socialdemocracia europea le creyó y firmó. Piketty lo midió con números: más de trescientas elecciones en veintiún países entre 1948 y 2020, y siempre lo mismo. En los cincuenta votaba a la izquierda el que tenía menos estudios y menos plata. Hoy la vota el que tiene posgrado. Dejó de ser el partido de la mayoría que vive de su trabajo para volverse el de una minoría con título.

En Chile la cosa fue más descarada. Los socialistas volvieron del exilio europeo con la valija llena de «democracia de mercado» y a Marx lo dejaron en alguna pieza de Berlín. Gobernaron, como dijo Aylwin, «en la medida de lo posible», y lo posible resultó ser bien poco: se quedaron veinte años con la constitución del 80 y con las AFP que Pinochet armó en el 81. Cuatro gobiernos de Concertación y la vejez siguió administrada por privados, igualita a como la dejó la dictadura. Bajaron la pobreza, sí. Pero la desigualdad la firmó Pinochet y la mantuvo intacta el que llegó después diciéndose de izquierda: el 1% más rico se queda con un cuarto de toda la riqueza mientras la mitad de abajo junta el dos por ciento.

Y están los que prometieron enterrar todo eso. El Frente Amplio llegó a La Moneda jurando cambiarlo todo, y el discurso se le diluyó antes de los seis meses. Mandó una reforma tributaria para tocar a los más ricos, la Cámara se la rechazó en el 2023, y en vez de salir a pelear esa derrota y mover el tablero, bajó los brazos y se puso a administrar lo que había. Hasta su reforma de pensiones, la única grande, terminó transada con la derecha y dejó las AFP de pie. Y el costo más caro no se mide en encuestas: la gente dejó de creer que la izquierda pueda cambiar algo.

Lo que te queda, cuando renuncias a tocar quién tiene la plata, es el reconocimiento: nombrar a los que el país nunca nombró, celebrar identidades que antes se escondían. Y reconocer importa, costó sangre arrancarlo. La trampa aparece cuando llega solo, sin un peso detrás, de premio de consuelo por lo que no se reparte. Nancy Fraser la nombró hace treinta años, y al lado nombró otra: se puede repartir parchando el resultado sin tocar la máquina que lo fabrica, un bono, un punto más de PGU para estirar la pensión. Repartir en serio es cambiar la máquina, quién decide qué se produce y para quién. La izquierda se quedó con lo más barato de las dos, una identidad celebrada sin tocarle un peso al dueño de todo. Darle a la señora para que sobreviva no es lo mismo que cambiar el sistema que la dejó pobre, y en el camino se perdió esa diferencia, donde vivía la transformación.

Buena parte de los que conducen esta izquierda fueron al mismo colegio que los dueños de Chile y viven en sus mismas comunas. Dejaron de preguntar quién es el dueño porque dejaron de sentarse en mesas donde esa pregunta incomoda. Es más hondo que la conveniencia: ya no pueden ni imaginar otra cosa. Cuesta soñar con el fin de un sistema en el que a uno le va bien, eso es el realismo capitalista. El partido del diploma no le muerde la mano a su propia clase.

La rabia del que no llega a fin de mes se quedó sin casa, porque la izquierda dejó de hablarle del bolsillo, y una rabia sin casa se muda con el primero que le abre la puerta.

Esa renuncia la pagamos todas y todos. La rabia del que no llega a fin de mes se quedó sin casa, porque la izquierda dejó de hablarle del bolsillo, y una rabia sin casa se muda con el primero que le abre la puerta. Le abrió la derecha, que no separa lo de comer de lo de creer: te vende orden, que es miedo bien administrado, y en la misma frase te jura que nadie va a meter la mano en tu sueldo para mantener al de al lado.

No se sale de esto eligiendo mejor entre reparto y reconocimiento. Esa pelea la armó el que no quería pagar ninguno de los dos. Una jaula más cómoda sigue siendo una jaula, y la llave es la pregunta más incómoda de todas: de quién es. De quién es el litio que se va en barco mientras acá se discute el sueldo mínimo. De quién es el suelo, que hoy te cobra por una pieza lo que tus viejos pagaban por una casa.

Sacar esas cosas de unas pocas manos y decidirlas entre todos tiene un nombre viejo que la izquierda aprendió a callar por miedo: socialismo. Nada de manuales viejos: el socialismo de cosas tan poco épicas como estudiar sin arrastrar el CAE veinte años, que un sueldo alcance para criar, jubilar sin rezarle a la bolsa. En ese mismo sentido, el cuidado lo deja todo al descubierto: pagarlo es reparto; llamarlo trabajo en vez de amor es reconocimiento. Porque, en realidad, ambas cosas fueron siempre lo mismo.

Mamdani ganó Nueva York con cosas que se tocan, arriendos congelados y jardines gratis, y a medio año la ciudad le cree. Defender las instituciones nunca llenó una urna. A la izquierda la mandan a cuidar la democracia justo cuando la amenazan, pero nadie sale a defender la jaula que lo encerró. La única forma de que la quieran defender es que por fin les sirva para algo.

Nada de eso se gana sin fuerza, y la fuerza no se junta diciéndole a la gente que la ves y nada más. La herida no llena una plaza. La llena la gente que vuelve a creer que esto se puede cambiar, y esa fe es lo único que la derecha, por más orden que prometa, no sabe falsificar.

izquierda nunca tuvo que elegir entre el pan y el nombre, ni entre sobrevivir y ser libre. Que la convencieran de elegir, y de elegir siempre la opción más chica, fue la derrota. Lo grave es que aprendió a llamarlo realismo.

Por Verónica Aravena Vega

Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram

Fuente fotografía


Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Justicia tardía: Condenan a 18 años de cárcel a oficial de Carabineros (R) por asesinar a tres pobladores en Estación Central en dictadura. Era conocido como "el teniente loco"

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó al oficial de Carabineros en retiro Óscar Patricio Ibacache Carrasco por los homicidios calificados de los obreros José Tomás Beltrán Lizama, Hernán Anselmo Cortés Velásquez; y del comerciante ambulante Eduardo Antonio Fonseca Torres, ocurridos en octubre de 1973 en la comuna de Estación Central.

La magistrada sentenció a Óscar Ibacache a la pena de 18 años de presidio por su responsabilidad como autor de los delitos que afectaron a las tres víctimas, todas ellas pobladores del entonces Campamento 18 de septiembre detenidos el 20 de octubre de 1973, fusilados y cuyos cuerpos fueron arrojados en un sitio eriazo del camino Lo Errázuriz de Maipú.

La investigación de la ministra en visita estableció:

1.- “Que el 11 de septiembre de 1973, se instauró en Chile un régimen militar que desde sus inicios implementó una política de persecución y represión generalizada contra todas las personas que se consideraban opositoras a las nuevas autoridades militares o simplemente perniciosas a sus objetivas, que contempló la práctica de fusilamientos, ejecuciones sumarias, torturas de diversa naturaleza incluidas agresiones sexuales, privaciones arbitrarias de libertad en recintos clandestinos o cuarteles, allanamientos y desapariciones forzadas, entre otras formas de violencia, originadas tanto en agentes estatales como en civiles que les asistieron.

2.- Como consecuencia del Golpe de Estado, por motivos operativos y de seguridad y a fin de lograr el control absoluto del orden público por la fuerza de las armas, unidades policiales de la actual comuna de Estación Central, entre ellas la Tenencia Los Nogales o Cabo Tomás Pereira, se reunieron con la dotación de la 11° Comisaría o Unidad Base, ubicada en la época en la intersección de las calles Ecuador y Ruiz Tagle, lo que significó, en los hechos que el territorio jurisdiccional correspondiente a cada una de ellas se viera alterado, permitiendo a los efectivos policiales participar en procedimientos en toda la comuna o sector.

3.- Para esa época y al menos hasta el mes de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros de Chile, en un número no inferior a cuatro, adscritos a la 11° Comisaría o Unidad Base, en la modalidad antes indicada, utilizaron un furgón color blanco tipo ambulancia, presuntamente incautado, que también fueron puestos a disposición de las distintas unidades policiales de la comuna, y se emplearon durante los días posteriores al golpe militar por un lapso de entre dos y tres meses para diversos procedimientos, entre ellos, de detención y traslado de prisioneros.

4.- Entre los funcionarios que se movilizaban entre estos vehículos, vecinos del sector y familiares de las víctimas de autos reconocen al menos a dos por sus apodos, “El Teniente Loco”, y “Hilton 100”, los que pertenecían a la dotación de la Tenencia Cabo Tomás Pereira, temporalmente suprimida por razones de seguridad.

5.- En la noche del 20 y la madrugada del 21 de octubre de 1973, fueron detenidos desde sus hogares ubicados en el entonces Campamento 18 de septiembre, sector que hoy corresponde a la comuna de Estación Central, José Tomás Beltrán Lizama, 25 años, soltero obrero; Eduardo Antonio Fonseca Castro, 26 años, soltero, comerciante ambulante; y Hernán Anselmo Cortés Velásquez, 22 años, soltero, obrero, todos ellos sin militancia política, quienes fueron sacados por la fuerza de sus casas, mediante golpes y sin orden alguna, por un grupo indeterminado de Carabineros que se movilizaban en una ambulancia, los que se encontraban al mando de los funcionarios apodados “Teniente Loco” y “Hilton 100”.

6.- Luego de subir a los detenidos al vehículo inician la marcha con destino desconocido, encontrándose los cuerpos sin vida de Cortés Velásquez, Fonseca Castro y Beltrán Lizama algunas horas más tarde, en un sitio eriazo en el Camino Lo Errázuriz, con señales externas de haber recibido numerosos impactos de bala; siendo recuperados sus restos mortales por familiares desde el Servicio Médico Legal, organismo que consignó en los respectivos informes de autopsia como causa de muerte, en cada caso, heridas múltiples de bala”.

Modo Empleo tipo aspirina: cuando el mercado no basta el Estado vuelve a ser el principal recurso

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El programa Modo Empleo busca enfrentar el aumento de la desocupación mediante subsidios a la contratación, empleos de emergencia y obras públicas focalizadas. Más allá de sus efectos inmediatos, el plan marca un giro en la estrategia económica del gobierno: después de apostar a que la inversión privada impulsaría por sí sola la creación de puestos de trabajo, La Moneda vuelve a recurrir al Estado como actor central para contener la crisis laboral.

 

Durante meses, el gobierno sostuvo que la mejor política de empleo sería el crecimiento. Escuchamos a Jorge Quiroz repetirlo de forma majadera. La promesa era conocida: una economía liberada de «trabas», una reducción de impuestos a las empresas, incentivos a la inversión y un nuevo clima de confianza terminarían generando más puestos de trabajo. Ese fue, en buena medida, el fundamento económico de la megarreforma impulsada por La Moneda. Sin embargo, la persistencia del deterioro del mercado laboral parece haber obligado al Ejecutivo a modificar el rumbo. El lanzamiento del programa Modo Empleo, anunciado por el presidente José Antonio Kast, no es solo un paquete de medidas para enfrentar el aumento de la desocupación. Es también el reconocimiento de que el mercado, por sí solo, no ha sido capaz de revertir una crisis que ya afecta a cerca de un millón de personas que buscan trabajo sin encontrarlo.

El programa fue presentado como una respuesta de emergencia ante una situación que el propio gobierno calificó como prioritaria. Tras reunirse con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Kast anunció la conformación de una Mesa Interministerial por el Empleo, integrada por los ministerios de Economía, Trabajo y de la Mujer, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en coordinación con gobiernos regionales y municipios.

La iniciativa contempla tres instrumentos concretos


El primero es un subsidio a la contratación equivalente a hasta el 50% del ingreso mínimo mensual durante cuatro meses para incentivar nuevas contrataciones por parte de las empresas. El segundo consiste en la creación de empleos transitorios mediante programas de ejecución directa de Conaf en las zonas con mayores niveles de desempleo. El tercero busca acelerar obras de mejoramiento urbano y de barrios que ya cuentan con financiamiento adjudicado, con el objetivo de transformarlas rápidamente en empleo local. En una primera etapa, el despliegue se concentrará en las regiones del Biobío, Ñuble y Antofagasta.

Al presentar el plan, el Kast evitó atribuir responsabilidades políticas por el deterioro del empleo y llamó a una respuesta conjunta entre el Estado, las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas y los gobiernos locales. «Tenemos un problema grave que nos afecta como nación», afirmó, insistiendo en que el empleo debe convertirse en una tarea compartida por todo el país.

El diagnóstico oficial tampoco deja espacio para interpretaciones optimistas. El Ejecutivo reconoce que cerca de un millón de personas busca empleo sin éxito, que más de dos millones de trabajadores permanecen en la informalidad y que la economía chilena lleva más de una década creciendo en torno al 2% anual, un ritmo insuficiente para absorber la demanda laboral y mejorar la calidad del empleo. En ese contexto, el gobierno optó por intervenir directamente para estimular las contrataciones.

Y es precisamente allí donde aparece la dimensión política del anuncio. El subsidio a la contratación no constituye una innovación. Chile ha recurrido a este tipo de instrumentos bajo gobiernos de distintos signos políticos, especialmente durante períodos de desaceleración o de emergencia, porque permiten reducir transitoriamente el costo de incorporar trabajadores y acelerar la generación de empleo. Para las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores restricciones financieras, un apoyo de este tipo puede facilitar decisiones de contratación que de otro modo serían postergadas. Del mismo modo, los programas de empleo directo y la aceleración de obras públicas ofrecen una respuesta relativamente rápida en territorios particularmente golpeados por el desempleo.

 

Las críticas: un programa tipo aspirina

Pero la eficacia de estas políticas siempre ha estado acompañada por un debate más profundo. Sus críticos advierten que los subsidios pueden terminar financiando empleos que igualmente habrían sido creados, o incentivar reemplazos temporales de trabajadores aprovechando el beneficio estatal. También recuerdan que, una vez terminado el subsidio, muchas contrataciones desaparecen si la actividad económica no logra sostenerlas por sí misma. Desde esa perspectiva, el programa funciona como un mecanismo de contención frente a la emergencia, pero difícilmente modifica las causas estructurales de un mercado laboral debilitado por años de bajo crecimiento y baja productividad.

Las primeras críticas desde el Partido Comunista no apuntaron directamente al subsidio, sino a otra discusión instalada por la Mesa de Reactivación Laboral. Entre sus propuestas figura ampliar el período sobre el cual se calcula el promedio de la jornada ordinaria, lo que permitiría semanas de mayor carga laboral —hasta un máximo de 52 horas considerando horas ordinarias y extraordinarias, límite que ya contempla el Código del Trabajo para casos excepcionales— compensadas posteriormente con jornadas más breves. Camila Vallejo y Jeannette Jara cuestionaron esa posibilidad, argumentando que una mayor flexibilidad puede traducirse, en la práctica, en un aumento efectivo de la carga de trabajo para quienes tienen responsabilidades familiares o estudian, especialmente en un mercado laboral donde la capacidad de negociación de los trabajadores sigue siendo desigual. El oficialismo, en cambio, sostiene que esquemas similares existen en diversos países de la OCDE y permiten adaptar la organización del trabajo a ciclos productivos cambiantes.

Sin embargo, el aspecto más significativo del anuncio no reside en esa controversia, sino en la transformación silenciosa que revela respecto del propio discurso económico del gobierno. Después de meses defendiendo que la inversión privada sería el principal motor de creación de empleo, el Ejecutivo termina recurriendo a herramientas clásicas de intervención pública: subsidia parte de los salarios, financia empleos de ejecución directa, coordina municipios y gobiernos regionales y acelera inversión pública para sostener el mercado laboral. Es una decisión comprensible frente a la magnitud del problema, pero también representa un giro respecto del relato que acompañó la tramitación de la megarreforma.

En rigor, no existe una contradicción económica insalvable. Incluso gobiernos liberales recurren a este tipo de instrumentos cuando el desempleo alcanza niveles preocupantes. La diferencia es política. El programa Modo Empleo parece admitir que el crecimiento esperado aún no llega con la intensidad necesaria y que, mientras eso no ocurra, el Estado vuelve a desempeñar un papel que durante años se intentó reducir: convertirse, al menos de manera transitoria, en uno de los principales motores para sostener el empleo.

El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá menos del número de subsidios entregados que de su capacidad para transformar contrataciones temporales en empleos permanentes. Si las cifras de desocupación comienzan a descender de manera sostenida, el gobierno podrá exhibir el programa como una respuesta eficaz frente a una coyuntura adversa. Pero si el deterioro persiste una vez concluidos los subsidios, el debate volverá inevitablemente al punto de partida: si el problema era simplemente la falta de incentivos para contratar o si, en realidad, la economía chilena enfrenta un desafío mucho más profundo que ninguna política de emergencia puede resolver por sí sola.

 

 

Félix Montano

Rubio convoca en Washington a 60 países a cumbre contra “terrorismo trasnacional de izquierda extrema”

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El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, ha instado a unos 60 países a participar en una cumbre en Washington este jueves contra la amenaza de lo que llama “terrorismo trasnacional de izquierda extrema”, lo que preocupa a algunos funcionarios de su país en privado y a analistas independientes que temen que tal iniciativa podría ser parte de una estrategia política para generar apoyo con el fin de justificar la represión de opositores políticos progresistas en Estados Unidos.

La reunión, que daría seguimiento a dos anteriores sobre el tema, forman parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para ampliar el elenco de los “enemigos” de Estados Unidos más allá de sólo inmigrantes y narcotraficantes, para incluir a lo que denomina –sin precisión– a la “izquierda radical”, que incluye comunistas, socialistas, anarquistas y a veces hasta demócratas centristas y a algo llamado antifa, que no existe como tal, en referencia a agrupaciones que se definen antifascistas.

En declaraciones recientes, el presidente y su equipo se han referido a “socialistas democráticos” –que incluyen al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y varios legisladores– como “comunistas”, y repite que muchos de ellos son y/o son apoyados por inmigrantes y otros extranjeros.

El gobierno de Trump ha acusado penalmente a manifestantes contra las medidas antimigrantes en varias partes del país con cargos de “terrorismo doméstico” y recientemente convenció a un tribunal en Texas de emitir condenas extremas de prisión –incluyendo una de 100 años– a manifestantes que se enfrentaron con autoridades en contra de las políticas antimigrantes, quienes, según el gobierno se identificaron o estaban vinculados a lo que llaman antifa.

El encuentro se realizará el jueves

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el pasado viernes que el encuentro internacional está programado para esta semana. La “reunión ministerial sobre la recurrencia de terrorismo político” juntará ministros y altos funcionarios de diversos países para mejorar el compartimiento de inteligencia y cooperaciones de fuerzas de seguridad pública con-tra la violencia políticamente motivada, informó. “Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, comentó un funcionario del Departamento de Estado a Reuters.

“El secretario estará invitando a más de 60 países de diversas regiones, incluyendo el hemisferio occidental, Europa y Asia”, indicó un funcionario del Departamento de Estado a La Jornada, aunque esa dependencia no respondió a la solicitud para una lista de los invitados. La Jornada se ha enterado extraoficialmente de que México está en la lista de los gobiernos invitados para enviar a su canciller u otro alto funcionario.

Escepticismo entre europeos

Varios gobiernos han expresado preocupaciones sobre su participación. “La iniciativa ha generado críticas de algunos funcionarios actuales y retirados, diplomáticos europeos y expertos sobre terrorismo, muchos de los cuales argumentan que el gobierno (de Estados Unidos) está exagerando la escala de la amenaza de la ultraizquierda”, reportó el sitio conservador de noticias The Daily Wire.

“Nosotros no tenemos antifa”, comentó un diplomático europeo a The Washington Post. “No pienso que podemos encontrar alguna razón de por qué estaríamos interesados en presentarnos a tal evento”, señaló otro diplomático al rotativo, mientras uno más explicó que “nuestras autoridades de seguridad pública no se han enfocado sobre el terrorismo de ultraizquierda porque no es considerado una amenaza de alta prioridad en nuestro país”.

Por lo menos una parte de este esfuerzo está vinculado a la campaña doméstica contra opositores del gobierno de Trump en Estados Unidos. En septiembre del año pasado, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva dirigida a grupos disidentes o activistas de izquierda denominados como parte de antifa, la cual fue designada “una organización terrorista doméstica” (cabe repetir que no existe tal entidad, aunque hay redes no centralizadas ni necesariamente coordinadas de agrupaciones que se consideran antifascistas). Expertos señalan que antifa –término acortado de “antifascista”– se refiere a los que identifican su trabajo político como resistencia a un régimen fascista y que, de hecho, hasta los veteranos de la Segunda Guerra Mundial podrían definirse como antifa. Hay playeras con la leyenda: “mi abuelo luchó contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial”.

Dentro del gobierno estadunidense también hay oposición a esta designación. “La incomodidad con la dirección del gobierno es tal que en reuniones de funcionarios de seguridad nacional de varias agencias, algunos analistas de inteligencia han rehusado abordar lo antifa porque no la consideran como una amenaza contraterrorista seria”, reportó The Washington Post. “Algunos funcionarios comentaron al diario que están preocupados de que esto es parte de un esfuerzo del gobierno de Trump de usar herramientas contraterroristas poderosas para reprimir a activistas estadunidenses que perciben como extremistas de izquierda”.

En semanas recientes, Trump ha buscado resucitar el vocabulario de la guerra fría acusando que los triunfos electorales de algunos políticos social demócratas –que se identifican como socialistas democráticos– son en verdad el regreso del comunismo. “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”, advirtió Trump en un discurso ante conservadores a fines de junio. “Pensamos que es la mayor amenaza que existe contra nuestra nación, tal vez desde nuestra fundación. Eso incluye la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre…”

Ese mensaje en varias versiones se ha repetido casi diario. El sábado difundió otro en el que acusa a los demócratas de socialistas y reitera: “¡América jamás será un país comunista!” Este domingo, el presidente renvió por sus redes sociales un mensaje de un ultraconservador proponiendo que se “criminalice” al socialismo democrático, sus líderes deportados”. Esos líderes incluyen al alcalde de la principal ciudad del país, varios legisladores federales, y el ex candidato presidencial y senador Bernie Sanders, entre otros.

“Es chistoso que los republicanos pueden ver el extremismo en todos los demás pero fracasan en reconocerlo en sí mismos”, escribió la columnista Sara Pequeño en el diario USA Today. “Mientras DSA (Socialistas Democráticos de América) quieren políticas absolutamente radicales como Medicare (seguro de salud federal para los de la tercera edad) para todos y cuidado de niños universal, el movimiento de Haz América Grande Otra Vez (MAGA, el encabezado por Trump) tomó por asalto el Capitolio de Estados Unidos y destruyó la red de protección social y se dedicó a aterrorizar a los inmigrantes y la comunidad transgénero e impuso “una guerra con Irán que deshizo la economía”.

Y siempre está presente el eco –para los que tienen memoria histórica– de la era macartista de los años cincuenta y su histeria anticomunista, algo que también se realizó en el ámbito internacional en la llamada lucha contra “el comunismo”.

 

David Brooks y Jim Cason

La Jornada

domingo, 12 de julio de 2026

Encuesta señala que todos los atributos personales del Presidente Kast registraron una creciente baja en la percepción ciudadana. Rechazo o desaprobación llegóal 55%

La reciente encuesta Criteria reveló un nuevo retroceso en la evaluación ciudadana del Gobierno del Presidente Kast, con una disminución en los niveles de aprobación y un incremento en la desaprobación de su gestión.

El estudio, aplicado el 9 de julio de 2026 mediante un panel online, indica que el respaldo al Ejecutivo llegó al 32%, lo que representa una caída de dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación alcanzó el 55%, aumentando dos puntos y ubicándose en su nivel más alto durante las últimas cuatro semanas.

La medición también analizó la percepción ciudadana sobre los atributos personales del mandatario y las capacidades que se le atribuyen a su administración. En ambos ámbitos se observa una tendencia negativa, con una disminución generalizada de los indicadores comparados entre mayo y julio.

Atributos personales de Kast registran una baja en la evaluación ciudadana
En la evaluación de las características personales del presidente, todos los aspectos consultados presentaron una disminución en el porcentaje de personas que consideran que Kast posee dichos atributos.

El atributo mejor valorado continúa siendo “es trabajador”, aunque descendió desde un 56% en mayo a un 51% en julio. También retrocedió la percepción de que el mandatario “es directo, va de frente”, indicador que pasó de 53% a 48% durante el periodo analizado.

La evaluación sobre sus capacidades para ejercer el cargo también mostró una baja. La afirmación “es competente, tiene las capacidades necesarias para el cargo” disminuyó de 50% a 46%, mientras que la percepción de que “es honesto” cayó de 44% a 41%.

Otros atributos vinculados con liderazgo y cercanía ciudadana igualmente registraron descensos. La consideración de que Kast “es un buen representante de los intereses de la gente” bajó de 39% a 35%, mientras que la afirmación “es el líder que Chile necesita” pasó de 42% a 34%.

En tanto, los indicadores relacionados con sensibilidad y cercanía también tuvieron variaciones negativas. La percepción de que el presidente “es sensible con los problemas de las personas” disminuyó de 37% a 33%, y la evaluación de que “es cercano a la gente” descendió de 34% a 30%.

María Rivera califica juicio contra comuneros mapuche como una «persecución política» y llama a impulsar movilización e iniciativas internacionales

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La abogada María Rivera, integrante del equipo defensor de Pelentaro Llaitul y de otros comuneros mapuche condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, calificó el proceso judicial como un «juicio político» dirigido contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y sostuvo que el objetivo de las condenas es debilitar la lucha por la recuperación territorial del pueblo mapuche.

Las declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio efectuado el miércoles pasado, pocos días antes de que el tribunal dé a conocer las penas que deberán cumplir los cinco comuneros declarados culpables por delitos vinculados a hechos ocurridos en la comuna de Lautaro en 2022.

En su intervención, Rivera comenzó presentando a algunos de los condenados y destacó sus trayectorias personales y comunitarias antes de abordar el desarrollo del juicio y la estrategia de la defensa.

Según explicó, el equipo jurídico sostuvo durante el proceso que los acusados participaban en una ceremonia mapuche y que el ejercicio de esa práctica constituye un derecho protegido. A su juicio, el caso constituye «otro más» de los procesos judiciales impulsados contra integrantes de la CAM.


Este es un juicio político directamente en contra de la CAM», afirmó la abogada, quien sostuvo que el sistema judicial tendría como propósito poner fin a la recuperación territorial impulsada por esa organización.

Rivera señaló que las elevadas penas solicitadas por el Ministerio Público buscan enviar una señal disuasiva a las comunidades mapuche. «Quieren poner como ejemplo.  No haga una ceremonia. No vaya a los territorios recuperados. Devuélvalo a las forestales», sostuvo durante su exposición.

La defensora también destacó que, durante el juicio, los comuneros reivindicaron públicamente su pertenencia a la Coordinadora Arauco Malleco, pese a que —según afirmó— existía la expectativa de que tomaran distancia de la organización.

«Los comuneros dijeron: ‘Somos de la CAM’. Y vinieron testigos a decir: ‘Yo también soy de la CAM’. Hemos tomado una clase de dignidad, una clase de moral», expresó.

Críticas a todos los gobiernos desde 1990

Durante su intervención, Rivera extendió sus cuestionamientos más allá del actual gobierno y aseguró que la política de persecución contra el movimiento mapuche ha sido sostenida por administraciones de distintos signos políticos.

«No es el gobierno de Kast, no es la ultraderecha; es la ultraderecha más el gobierno del Frente Amplio, más el gobierno de la ex Concertación, es el gobierno de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista. Todos los gobiernos desde el año 1990 para acá han tenido como objetivo derrotar la lucha mapuche», afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Partido Comunista también ha tenido responsabilidad en ese proceso, argumentando que participó en la aprobación de normas que, a su juicio, han profundizado la persecución judicial y la militarización del Wallmapu.

Rivera advirtió además que este proceso destaca por la magnitud de las penas solicitadas por la Fiscalía, las que calificó como excepcionalmente elevadas en comparación con otros juicios relacionados con el conflicto territorial.

 

Llamado a la movilización

La abogada también cuestionó la independencia del Poder Judicial y planteó la necesidad de internacionalizar las denuncias sobre el caso.

«Esto hay que denunciarlo a nivel internacional, porque no puede ser que los tribunales de justicia no digan la verdad, que no sean independientes un poder del otro», manifestó.

Finalmente, sostuvo que la defensa jurídica por sí sola no será suficiente para revertir las condenas y llamó a construir un amplio movimiento de apoyo.

«Desde nuestro equipo creemos que esta batalla no la vamos a ganar solos. Si no existe la movilización del mundo mapuche, junto con la movilización de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres chilenas, la vamos a perder. O los liberamos con movilización, o no vamos a liberar a los presos políticos mapuche», concluyó.

Las declaraciones fueron realizadas en el contexto de la reciente declaración de culpabilidad de Pelentaro Llaitul y otros cuatro comuneros mapuche, cuya sentencia será dada a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

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