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La oposición chilena ha quedado atónita con el voluntarismo del gobierno de Kast y, en especial, de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en su empeño por lograr una profunda reforma al sistema tributario. El Ejecutivo está confiando en aprobar su proyecto con solo los 26 votos de la derecha que controla en el Senado de la República. Apenas dos o tres sufragios más de los que suman los opositores.
La intransigencia oficial y sus oídos sordos a las posiciones opositoras se fundamentan en que esta iniciativa obedece a la promesa del actual gobierno de rebajarle considerablemente los impuestos a las empresas más ricas del país. Esto es del 27 por ciento que hoy tributan solo al 23; lo que, sin mucha certeza, podría atraer millones de dólares en inversiones y con ello, generar muchas plazas de trabajo, al tiempo de mejorar las alicaídas cifras de nuestra economía.
A nadie debiera causarle sorpresa que fue ese puñado de multimillonarios nacionales y extranjeros los que financiaron la onerosa campaña presidencial de José Antonio Kast como de los candidatos a parlamentarios de toda la derecha. Se trata, entonces, de un pacto de sangre de La Moneda con el gran empresariado, por lo cual el oficialismo está dispuesto a imponer esta importante reforma, aunque sea por un solo voto más, como han advertido algunas de sus destacadas figuras parlamentarias. Sobre todo, si ella incluye la cláusula de la invariabilidad tributaria que le daría a los potenciales inversionistas la seguridad de que hasta por 15 o 20 años ningún otro gobierno o parlamento les cambie las reglas del juego. Algo completamente iluso, por supuesto, salvo que la derecha que hoy gobierna se mantuviera por ese mismo tiempo en el gobierno. Más ingenuo, aún, si se considera la práctica cupular de la “alternancia en el poder “ que tanto caracteriza a nuestra peculiar democracia.
En las cifras, el Estado dejaría de recaudar ingentes recursos, por lo que quienes hoy nos gobiernan están procurando restringir el gasto fiscal y suprimir muchos de aquellos aportes fiscales destinados a los más pobres e indigentes, a la cultura y a los municipios, ávidos siempre de contar con los recursos demandados por sus hospitales y establecimientos educacionales, como financiar sus gastos vinculados a la protección del medio ambiente. Temas que no sensibilizan mayormente a las derechas.
Por lo demás, los que hoy nos gobiernan piensan que la oposición no constituye más que una montonera de referentes de centro y de izquierda incapaces de ponerse de acuerdo tan siquiera para oponerse a un mega proyecto monstruoso que nos pondría nuevamente a la cabeza de los países más ultra neoliberales del Planeta y dispuesto a entregar a dominio extranjero lo que queda de nuestros recursos naturales, empresas públicas, yacimientos y concesiones marítimas. Incluso la posibilidad de privatizar Codelco, la principal minera estatal que, para beneficio de este cometido, ha demostrado una pésima administración, se ha convertido en la alcancía de los gobiernos en el poder y ha sido ampliamente sobrepasada por la gestión de las grandes mineras privadas.
A pocos días u horas de la votación en el Parlamento de esta iniciativa, el Gobierno está demostrando que, además de sus votos, podría sumar a los parlamentarios descolgados del llamado socialismo democrático. Concretamente con el PPD, el ministro Quiroz y la Presidenta del Senado se ufanaron el fin de semana con un acuerdo con legisladores de esta colectividad, con lo cual sumarían más voluntades, dándole visos de mayor legitimidad a su ley miscelánea. Habrá que investigar cuánto le habrá costado al Ejecutivo lograr de estos parlamentarios del PPD cambien su posición. Sin embargo, una trampa del ministro Quiroz en la redacción posterior del texto, deja hasta ahora en duda si los senadores PPD van a mantener finalmente su pacto con el Ejecutivo.
Asimismo, fue público y bullado el encontronazo público entre algunos senadores socialistas y la presidenta del Partido, Paulina Vodanovic, al denunciar los primeros una secreta negociación de ésta y otros parlamentarios con algunos legisladores oficialistas, destinado a conseguir algunas reformas en el Proyecto que faciliten su aprobación más amplia en el Poder Legislativo.
El tono verbal de esta controversia fue extremo y lleva a pensar que más temprano que tarde se produzca un quiebre en el Partido de Allende y la dificultad de consolidar acuerdos o pacto con comunistas y frenteamplistas, hasta aquí férreamente dispuestos a oponerse al proyecto gubernamental e, incluso, a recurrir al Tribunal Constitucional para demostrar la inconstitucionalidad del mismo.
Todo lo anterior sucede, por cierto, a nivel cupular, al grado que hasta las militancias partidarias han quedado aisladas de los debates y los vergonzosos dimes y diretes que provoca la voluntariosa decisión del Gobierno de aprobar una ley de alta connotación y consecuencias económicas, sociales y políticas.
Ciertamente, ya no se le puede confiar a las cúpulas la organización de una amplia movilización social que detenga el desarrollo de la ideología ultraderechista e impida sus despropósitos en el poder. Ya sería hora que la clase política dejara de atesorar cargos y prebendas para su propio usufructo y se proponga la consolidación de un proyecto histórico nacional y popular, como aquellos de Frei Montalva y de la Unidad Popular. Una propuesta de cambios que sea capaz de conmover al pueblo para efectivamente consolidar democracia y abrirle las puertas del poder. Evitando que nuestros millones de jóvenes, pobres y chilenos de diversa condición abandonen la idea de que en los proyectos derechistas y ultra capitalistas puede haber alguna esperanza de justicia social y progreso.
