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Los intentos más significativos –desde el Gobierno del expresidente Aylwin hasta la reciente iniciativa del expresidente Boric– han fracasado. Y ese fracaso no es casual: demuestra que el poder de Colonia Dignidad no es un vestigio del pasado, sino una estructura que sigue operando en el presente.
En las últimas semanas nos hemos enterado de la negativa del actual Gobierno a avanzar en la expropiación y desarrollo de un Sitio de Memoria en la ex Colonia Dignidad, lo que constituye un retroceso deliberado en materia de derechos humanos. Esta no es una decisión administrativa ni técnica, es una decisión política.
Se pretende reducir el debate a 117.27 hectáreas, como si se tratara de una discusión inmobiliaria. Pero esas hectáreas –una fracción de las cerca de 4 mil que aún permanecen en manos de sus propietarios, tras la venta de más de 10 mil en menos de 20 años– concentran uno de los espacios más densos de criminalidad sistemática en la historia reciente de Chile.
No se trata de tierra. Se trata de un territorio donde cada metro cuadrado fue escenario de crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Los testimonios de sobrevivientes han identificado con precisión los lugares: la Bodega de Papas, el Galpón de Heno, el llamado “Museo Colonial”, la casa de Paul Schäfer –la Freihaus–, el actual hotel y anexos, el hospital y su anexo, el edificio Neukra, el cuartel de la DINA conocido por los colonos como Hildegard Halle, la actual casa de Patricio Schmidt Spinti, la llamada “casa de los locos”.
A ello se suman subterráneos, búnkeres y túneles que conformaban una verdadera ciudadela subterránea clandestina, de sólida construcción; el aeródromo, las fosas de inhumación, los sitios de enterramiento de documentos y restos de vehículos de prisioneros asesinados, las zonas de quema de cuerpos y las orillas de esteros y ríos donde fueron arrojados restos y cenizas de las víctimas, entre otros muchos lugares que niños y niñas abusadas, adultos esclavizados y campesinos expulsados podrían mencionar.
Y aun así, hay quienes sostienen que “un memorial” no necesita 117 hectáreas.
Ese argumento no solo es falso: es una forma de negacionismo.
Un sitio de memoria no es un gesto simbólico reducido a una placa o un “memorial”. Es la recuperación material de los espacios donde se cometieron graves crímenes contra la humanidad. Y eso es, precisamente, lo que algunos sectores buscan evitar.
Porque Colonia Dignidad no fue un centro de detención más. Fue un campo de concentración. No en sentido figurado, sino en términos históricos y operativos comparables a los campos europeos del nazismo: secuestro, tortura, asesinato, trabajo forzado, experimentación en seres humanos, uso de cámaras de gases, abusos sexuales sistemáticos, desaparición de cuerpos y destrucción de evidencia.
Los Estados chileno y alemán no han reconocido el enclave Colonia Dignidad como un campo de concentración, razón por la cual el lugar continúa con un régimen interno heredado de sus fundadores, ejerciendo a través de sus sociedades anónimas actividades comerciales y turísticas, para las cuales Alemania inyectó una importante suma en 2005.
Impacta la desidia de los Estados, pues la denuncia sobre los crímenes de la Colonia Dignidad comienza tempranamente, incluso antes del golpe de Estado civil militar en 1973, luego de lo cual las víctimas de la dictadura, familiares y sobrevivientes han declarado ante organismos nacionales e internacionales, ante la justicia y ante toda la sociedad, sus demandas: verdad, justicia y reparación.
La exigencia de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos por la recuperación del lugar y la construcción de un sitio de memoria tiene historia: manifestaciones de familiares en los portones de la Colonia en los 2000, la entrada de un grupo de víctimas y defensores de derechos humanos al interior de la Colonia en 2013, la declaratoria de Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico en 2016 y los actos conmemorativos y recorridos por los sitios del horror en fechas emblemáticas. Seminarios y otras múltiples acciones respaldan esta demanda.
La idea de la construcción de un espacio de memoria no comienza en 2017 en las oficinas de la diplomacia chilena y alemana, con la firma de un memorándum de entendimiento, ni con la constitución de una comisión mixta, la que a casi nueve años de funcionamiento sigue sin cumplir sus objetivos, dilatando y desviando la discusión hacia fórmulas de memorialización que evitan el núcleo del problema: la responsabilidad.
Peor aún, ha operado a espaldas de las organizaciones de víctimas, familiares, exprisioneros y campesinos, intentando imponer una narrativa que diluye las responsabilidades políticas y penales, mientras pretende hablar en nombre de quienes han sostenido por décadas la lucha por la verdad.
La contraparte alemana ha sido particularmente activa en esta operación de control: reuniones a puerta cerrada, reserva de actas, ocultamiento de información clave sobre la actual Villa Baviera, su estructura patrimonial y la distribución de bienes entre las sociedades creadas al final de la dictadura.
No es una omisión casual. Es una política de Estado.
Alemania supo todo lo que ocurría en Colonia Dignidad: el secuestro de niños, los abusos sexuales, el trabajo esclavo, las torturas. Y no hizo nada. No protegió a sus ciudadanos y ciudadanas. No denunció los crímenes. No interrumpió la operación del enclave y menos aún levantó la voz por los crímenes de lesa humanidad en contra de quienes fueron opositores a la dictadura, incluso hoy, pues luego de que la justicia chilena ha demostrado la participación en los crímenes de colonos alemanes que escaparon de la justicia, estos viven en Alemania en la más completa impunidad.
Pero el problema no se limita a la omisión. Las investigaciones recientes –basadas en documentos desclasificados e investigaciones académicas y periodísticas– sugieren un nivel de conocimiento e incluso de implicación en el contexto del golpe de Estado en Chile.
El caso del embajador Kurt Lüdde-Neurath es ilustrativo. Designado meses antes del golpe, contaba con información sobre los planes de las Fuerzas Armadas chilenas. Su trayectoria previa, vinculada al nazismo y a episodios de violencia masiva en Indonesia, no es un dato anecdótico: es un antecedente que obliga a revisar el rol del Estado alemán en contextos de represión política.
Las referencias al llamado “método Yakarta” y al posible apoyo logístico y de inteligencia –incluyendo el uso de Colonia Dignidad como punto de ingreso de armamento y entrenamiento– que incluye la participación de agentes del BND (Agencia de inteligencia exterior de Alemania), como los nazis Walther Rauff y Gerard Mertins, contratados por esta agencia para operar en nuestro país, abren preguntas que hasta hoy no han sido respondidas. Alemania no ha respondido.
A 36 años del retorno a la democracia, Chile también tiene responsabilidades. Ha tenido múltiples oportunidades para desmantelar este enclave, recuperar el territorio y terminar con esta anomalía histórica: un espacio de soberanía debilitada donde operó una estructura criminal dirigida por alemanes provenientes del nazismo, al servicio de la dictadura.
Los intentos más significativos –desde el Gobierno del expresidente Aylwin hasta la reciente iniciativa del expresidente Boric– han fracasado. Y ese fracaso no es casual: demuestra que el poder de Colonia Dignidad no es un vestigio del pasado, sino una estructura que sigue operando en el presente.
Hoy, el Gobierno de extrema derecha declara que la expropiación “no forma parte de su agenda”. No es una frase neutra. Es una definición política que se suma al retiro de iniciativas institucionales en materia de derechos humanos, al debilitamiento del Plan Nacional de Búsqueda, a señales explícitas de relativización de crímenes graves. Es, en definitiva, una política de retroceso.
Pero hay un límite que no pueden cruzar y, tal como nuestra Asociación lo ha señalado, hoy existe una verdad judicial que no admite discusión y una memoria social que no puede ser desmantelada por decreto.
Podrán intentar frenar la expropiación. Podrán obstaculizar la recuperación del sitio. Podrán dilatar los procesos, pero no podrán borrar lo ocurrido. No podrán reescribir la historia. No podrán silenciar a las víctimas.
La verdad no es reversible.
La justicia no es negociable.
La memoria no es optativa.
Porque frente a la impunidad y el negacionismo, lo que permanece –y lo que seguirá incomodando al poder– es la verdad.
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