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martes, 11 de agosto de 2026

ADVERTÍAN SUPUESTO INGRESO DE AGENTES EXTRANJEROS Y AUNQUE PIÑERA PIDIÓ RESPALDO DE LOS DATOS, NO LO RECIBIÓ

 

Mónica González reveló en la Cámara antecedentes sobre informes de inteligencia sin sustento entregados a Piñera al inicio del estallido social

11.08.2026

Por Diego Ortiz

“En momentos de crisis las decisiones se tienen que tomar sobre información fidedigna, que asegure la soberanía nacional y el cuidado de los ciudadanos”, dijo la periodista Mónica González ante la comisión de diputados que investiga el estallido social. En esa instancia, la Premio Nacional de Periodismo y presidenta de la Fundación CIPER, indicó que al inicio de las protestas el entonces Presidente Piñera fue informado por fuentes de inteligencia que lo alertaron sobre venezolanos y cubanos que supuestamente habían ingresado desde Bolivia para desestabilizar su gobierno. La periodista señaló que tanto Piñera como su entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le confirmaron que pidieron el respaldo documental de esos informes, pero que nunca lo recibieron. Y agregó que una alta fuente del Ejército le manifestó, con preocupación por la soberanía, que la información era falsa.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas (…). Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia con libertad y en paz”. Estas palabras del entonces Presidente Sebastián Piñera, pronunciadas el 20 de octubre de 2019, se han convertido en uno de los episodios icónicos del estallido social. El país llevaba dos días de protestas intensas, con miles de personas en las calles exigiendo mejoras en la calidad de vida, pero también con numerosos actos de violencia, incluida la quema de estaciones de Metro, el saqueo de locales comerciales y violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Ahora, la Premio Nacional de Periodismo 2019 y presidenta de la Fundación CIPER, Mónica González, reveló que horas antes de que el entonces Presidente Piñera hiciera estas declaraciones, el mandatario fue informado por fuentes de inteligencia que lo alertaron sobre supuestos agentes cubanos y venezolanos que habían ingresado a Chile cruzando la frontera con Bolivia, para desestabilizar y derrocar su gobierno. Pero, aunque el gobernante pidió el respaldo documental de esos datos, nunca los recibió. La periodista hizo esta revelación este martes 11 en una sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. 

Ante los parlamentarios, la periodista señaló que el propio Presidente Piñera y su entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le confirmaron que nunca recibieron datos que acreditaran la veracidad de lo indicado en estos informes, a pesar de que los solicitaron. Y agregó que el episodio también le fue confirmado por una alta fuente del Ejército –cuyo nombre mantuvo bajo reserva–, quien le indicó que los datos sobre los agentes extranjeros eran falsos y le manifestó su preocupación por la vulneración de la soberanía que implicaba haber entregado a las máximas autoridades del país estos informes sin sustento.  

Ante la comisión parlamentaria, la periodista reveló que hizo estos hallazgos después de preguntarse por qué el Presidente Piñera afirmó, aquel 20 de octubre de 2019, que el país estaba en guerra contra un “enemigo poderoso”. Un hito importante dentro de su indagatoria fue una entrevista que le realizó el 13 de marzo de 2021 a Mario Desbordes, entonces candidato presidencial y quien también ocupó el Ministerio de Defensa durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, después de la renuncia de Espina. Allí, Desbordes, consultado por el “enemigo poderoso” al que se refirió Piñera durante su discurso, aseguró que cubanos y venezolanos ingresaron a Chile de manera clandestina. La entrevista fue emitida en el canal de televisión La Red y replicada en múltiples medios.

Última sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno).

La periodista contó que, poco después de la difusión de la entrevista a Desbordes, se reunió con un alto oficial del Ejército, cuyo nombre mantuvo bajo reserva. Según relató a la comisión parlamentaria, este militar le aseguró que el supuesto ingreso de agentes extranjeros a Chile era completamente falso y que, en virtud de esa información inexacta, inicialmente se tomaron decisiones erróneas. 

“Yo decido consultar con el mismo Presidente Piñera, con el que he mantenido hasta el final una relación fluida de mucho respeto desde los años 80”, relató Mónica González a los diputados. Y reveló: “Quiero decir aquí que el ex Presidente Piñera me confirmó que había recibido esa información: que se la habían entregado oficiales [de Inteligencia] y también el ministro Espina. Me dijo: ‘Yo pedí reiteradamente que el ministro Espina me trajera el informe, y él lo pidió. Nunca nos entregaron un informe por escrito’”.

Ante la comisión, la periodista entregó sus conclusiones después de investigar el asunto: la presencia de supuestos agentes cubanos y venezolanos durante el estallido social es falsa y la entrega de esta información al entonces Presidente Piñera no solo afectó la soberanía nacional, sino que hizo perder tiempo a funcionarios de Carabineros, quienes debieron investigar a extranjeros en el país sin una justificación real.

Además, Mónica González destacó que entregar información errada como ésta a las policías y fuerzas armadas afecta su funcionamiento, ya que los funcionarios podrían haber salido a la calle a enfrentar lo que se asegura son agentes extranjeros que buscan desestabilizar al país, y no otros compatriotas. En esa línea y en relación también a los casos de violaciones a los derechos humanos en Chile, González afirmó: “No hay que olvidar algo de lo que nunca se habla: la tortura, el asesinato de inocentes, de civiles, no solamente daña a las víctimas, daña también a los victimarios. Todavía tengo en la piel los testimonios de gente que hasta el día de hoy tienen grabado ell grito de una mujer violada”.

Para la periodista, esta información errónea generó respuestas inadecuadas a las protestas, en un momento de fuerte debilidad para los efectivos de Carabineros –institución que ya venía golpeada por casos de corrupción y de montajes como la Operación Huracán y el asesinato de Catrillanca–, lo que a su vez favoreció un contexto en que el crimen organizado se fortaleció. “En momentos de crisis las decisiones se tienen que tomar sobre información fidedigna, que asegure la soberanía nacional y el cuidado de los ciudadanos”, reflexionó ante la comisión de diputados. 

ORIGEN DE LOS DATOS Y CONEXIÓN CON BOLIVIA

Respecto al origen de la información que llegó al Presidente Piñera sobre agentes extranjeros en el estallido social, Mónica González indicó a la comisión de diputados que maneja dos versiones. Una es que fue el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Guillermo Paiva, quien informó durante una reunión de la mañana del 20 de octubre de 2019 que “inteligencia venezolana y cubana había gestado una ofensiva insurreccional en Chile”, afirmando que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela había infiltrado 600 agentes en territorio chileno.

“La otra versión no difiere en contenido ni propósito”, explicó González a la comisión. El dato habría llegado desde un sector de la inteligencia militar boliviana, la cual, durante esos días, según cuenta la periodista, “organizaba un golpe de Estado que llevaría a Jeanine Áñez al poder” en ese país. Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que el Presidente Evo Morales renunciara a su cargo ante múltiples protestas y una petición de renuncia emitida por el Ejército. En junio de 2022, Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, sentencia que fue finalmente anulada en 2025. 

De acuerdo con esta segunda versión, era la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dirigida por el abogado Luis Masferrer (RN), la que manejaba los detalles entregados por la inteligencia boliviana. “El ministro Espina me dice a mí que le dijo a su director, Luis Masferrer, que le pasara el documento al Presidente. No lo hizo”, relató Mónica González. 

La periodista explicó a la comisión que la primera de estas dos versiones, donde se apunta al Ejército como el lugar desde donde proviene la información de agentes extranjeros en suelo chileno, le hace ruido. Y explicó por qué: “El 21 de octubre, después de que el presidente Piñera dijera lo que dijo, el general [de Ejército] Javier Iturriaga –y de eso no nos olvidaremos nunca– se desmarcó sutilmente del tono bélico del mandatario, y dijo: ‘Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie’. Y a todos nos pareció rarísimo”. 

“La información que yo tengo es que el Ejército sabía que esta información del destacamento de 600 cubanos y venezolanos era falsa. Como se probó, no hubo cubanos ni venezolanos desplegados a lo largo del territorio chileno”, concluyó Mónica González.

El Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Defensa, Alberto Espina y el general Javier Iturriaga, 20 de octubre de 2019 (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno).

MINISTROS ALVARADO Y PÉREZ MACKENNA

En la misma sesión de la comisión también expusieron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. 

Alvarado explicó que no podía dar detalles de los informes de inteligencia, debido a que, por ley, son reservados, pero sí entregó una mirada de carácter general respecto a lo sucedido a fines de 2019. En ese contexto reconoció el mal funcionamiento del sistema de inteligencia chileno en ese periodo. Y entregó tres conclusiones que, a su juicio, “permiten construir y mirar hacia adelante”: que hubo una falla de anticipación estratégica; que no existió coordinación interinstitucional para tomar decisiones; y que hubo una insuficiencia en la protección de infraestructura crítica. Todos estos elementos, a su parecer, han sido solucionados o mejorados a través de modificaciones a los sistemas de inteligencia y de coordinación interinstitucional, en especial con la nueva Ley de Inteligencia.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez-Mackenna expuso sobre los desafíos para las relaciones exteriores que significó la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la COP25, la cumbre climática de la ONU. El ministro no se refirió a temas de inteligencia en su exposición, pero, después de la intervención de Mónica González, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) le consultó si su cartera recibió información sobre la participación de agentes extranjeros en las protestas de 2019. Pérez-Mackenna aseguró que no llegó ningún informe o comunicación al respecto a la cancillería chilena. 

Casa del exPresidente Salvador Allende se vendió en mil millones de pesos: En 2024 el Estado intentó convertirla en museo y provocó la destitución de la senadora Isabel Allende

 11 August 2026

La empresa Linkapsis Geodesia e Ingeniería compró la casa que habitó hasta 1971 el expresidente Salvador Allende.

La venta del inmueble se concretó la semana pasada, el 4 de agosto. La casa, de la que eran dueños lss descendientes del exmandatario, como la exsenadora Isabel Allende (PS) y la exministra Maya Fernández (PS), fue adquirida por un valor comercial de mil millones de pesos ($1.000.000.000) según señala el medio ExAnte.

Del inmueble también figuraban como dueños la hermana de la exparlamantaria, Carmen Allende, y el hermano de la exsecretario de Estado, Alejandro Fernández.

La casa cuenta actualmente con un avalúo fiscal de $556.717.509, afecta al pago de contribuciones por $1.246.753.

La empresa que la adquirió es una dedicada a la ingeniería, a la “captura y análisis de datos geoespaciales”, destinada al uso de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, según se describen en su sitio web.

Asimismo, Linkapsis Geodesia e Ingeniería cuentan con una sucursal que colinda con el paño que acaban de adquirir por la compra, pues la compañía tiene como dirección Guardia Vieja 408, mientras que la casa en la que vivió el expresidente socialista es Guardia Vieja 392.

Una compraventa que costó cargos

La adquisición de la casa de Salvador Allende para convertirla en un museo fue una pretensión que hubo en la administración del expresidente Gabriel Boric.

Con ese fin fue que a finales de 2024 se buscó adquirir el inmueble, a través de un contrato que establecía su compra por cerca de $933 millones. La operación también consideraba adquirir la casa del expresidente Patricio Aylwin —cuyos objetos fueron rematados hace unas semanas— con el mismo fin.

No obstante, la operación dio un giro cuando se constató que en la firma de la compraventa se caía en una ilegalidad, pues dos de los propietarios de la casa de Allende estaban inhabilitados de establecer contratos con el Estado, como estaba ocurriendo: la entonces senadora Allende y su sobrina, la ministra Fernández.

La situación, al constatarse, provocó que el Gobierno rectificara en su compra y que, además, la oposición iniciara una ofensiva contra las involucradas. Así fue como, en el caso de la senadora Isabel Allende, se pidió un requerimiento de destitución ante el Tribunal Constitucional para que el TC la removiera de su cargo en el Senado, mientras que Fernández, en tanto, fue apartada por el propio Boric del gabinete.

Otra funcionaria que pagó un costo político fue Marcela Sandoval (Frente Amplio), ministra de Bienes Nacionales, cartera encargada de la adquisición.

El caso llevó a que también se iniciara una investigación penal para evaluar un posible tráfico de influencias y fraude al fisco. No obstante, la fiscalía cerró la investigación en julio pasado tras decidir no perseverar en la imputación de delitos.

Senador Urrutia (republicano) presiona a Kast por indultos para militares del golpe militar y uniformados del estallido. Propone comenzar el 11 de septiembre: "Prometimos que los íbamos a indultar y no ha pasado nada"

 11 August 2026

Como una “señal espectacular”, el senador del propio partido del Presidente Kast, Ignacio Urrutia (Republicano) propuso que el próximo 11 de septiembre se otorguen indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019 y de la dictadura militar, beneficio que, según advierte, está tardando en concretarse.

El legislador reconoció estar “bastante preocupado, porque este fue un compromiso de campaña que hizo el Presidente” y “esperábamos que, apenas asumiera, empezara a indultar de forma inmediata”.

“Vemos que pasa el tiempo y no indulta a absolutamente nadie, y se van acumulando las peticiones de indulto. Sería mucho más efectivo y rápido hacerlo de forma general. Si el Presidente lo quiere hacer caso a caso, que lo haga, pero que empiece a hacerlo ya, porque hay gente que se ha muerto en la cárcel. Y no solo es un tema del 18 de octubre, sino también con los uniformados que estuvieron durante el golpe militar. A todos les prometimos que los íbamos a indultar y aquí no ha pasado nada”, añadió el senador.

El senador ultra derechista planteó que otorgar indultos se trata de un acto de “valentía” porque “aquí se le va a tirar todo el mundo encima: los derechos humanos, los comunistas, la izquierda, la extremaizquierda, en fin. No va a pasar piola un indulto”, aunque aclaró que “no estoy diciendo que Kast sea cobarde ni nada por el estilo, pero sí hay que ser valiente para poder defender a los suyos” aseguró a La Tercera.

Junto con asegurar que habla con el Mandatario “más o menos seguido”, confesó que Kast le ha dicho que “va a haber indultos, pero que estos se están analizando caso a caso”.

“Yo estoy sumamente preocupado porque no veo que tenga avance. Es mucha la gente a la cual nos comprometimos a indultar. Y hacerlo uno por uno no se va a alcanzar en los cuatro años de gobierno”, manifestó el republicano.

Por otro lado, dijo que el gobierno de Kast debería preparar un “acto que ojalá convoque” para el aniversario del 11 de septiembre. “Yo haría una misa y no más allá de eso. El recuerdo, digamos, de la gente que murió en eso, pero no más allá de eso. Ahora, lo que sí, sería sería una señal espectacular que el día 11 empiece con los primeros indultos a uniformados”, manifestó.

“Sería una señal espectacular, tremendamente grande, para todos sus partidarios”, añadió y explicó que los indultos en aquella instancia deberían ser para condenados por el estallido social y en contexto de dictadura.

HILVANANDO,recuerdos y memorias,q siempre estarán presentes.

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lunes, 10 de agosto de 2026

ENTREVISTA CON UNO DE LOS AUTORES DEL NUEVO INFORME SOBRE PENSIONES: MARCO KREMERMAN

 

Estudio de Fundación Sol: trabajadores con $100 millones en sus cuentas de AFP obtienen una pensión autofinanciada menor al sueldo mínimo

De las 150 mil personas que jubilaron en 2025, la mitad solo obtuvo una pensión -considerando solo el financiamiento con su propio ahorro y sin aportes del Estado- por debajo de los $86 mil. Así lo indica un nuevo informe de Fundación Sol sobre el sistema de pensiones, elaborado por los economistas Marco Kremerman y Francisca Barriga. En esta entrevista con CIPER, Kremerman comenta sus principales hallazgos. En la actualidad, indica el estudio, el 73,1% de las personas próximas a jubilarse tienen ahorros inferiores a $50 millones y aquellos que cotizaron entre 35 y 40 años pudieron acceder a una jubilación de unos $290 mil.

Los datos muestran una realidad precaria. En 2025 se jubilaron 150 mil personas. Considerando solo el financiamiento con sus propios ahorros previsionales —es decir, sin incluir subsidios del Estado—, la mitad de ellas obtuvo una pensión por debajo de los $86 mil. Hoy, una persona con $100 millones ahorrados en su AFP no alcanza a obtener una pensión autofinanciada equivalente al sueldo mínimo vigente en diciembre pasado ($529 mil). Para la mitad de las personas que se jubilaron entre 2015 y 2022, la tasa de retorno sobre sus ingresos no superó el 17%. Esto es lo que muestra el estudio Pensiones sin Seguridad Social: ¿Cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile?, que publicaron los economistas Marco Kremerman y Francisca Barriga, de la Fundación SOL (vea acá el informe de la Fundación SOL).

De acuerdo con esta investigación, un hombre de 65 años, con cónyuge de 62 años y un ahorro de $100 millones, obtiene una pensión de $465.851 al mes en la modalidad de retiro programado, o de $439.047 en renta vitalicia. En el caso de una mujer de 60 años con un cónyuge de 63 años y el mismo monto de ahorro, la pensión es de $412.387 en retiro programado o de $385.541 en renta vitalicia.

El documento de Kremerman y Barriga resalta —también— que las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones registran que el 73,1 % de los hombres de entre 60 y 64 años posee un ahorro por debajo de los $50 millones. Y esa cifra escala al 85,5% en las mujeres de entre 55 y 59 años.

Por otra parte, quienes registraron cotizaciones durante 35 a 40 años obtuvieron una jubilación con una mediana de $290 mil, monto que equivale al 55% del sueldo mínimo de $529 mil vigente en diciembre de 2025. 

Pese a este escenario, quienes defienden el modelo de capitalización individual (representados por la Asociación de AFP y centros de estudios liberales, por ejemplo) argumentan que las deficiencias en los montos de las pensiones no se deben a la gestión de las administradoras, sino a factores externos —del mercado laboral— y a desajustes en los parámetros del sistema. Por ello, la Asociación de AFP ha propuesto en los últimos años aumentar la tasa de cotización, así como elevar y equiparar la edad de jubilación (ver enlace).

Este debate —cuyas cifras son reales y están registradas en la Superintendencia de Pensiones— ocurre en medio del envejecimiento poblacional del país. De hecho, según la base estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población en Chile alcanzará un máximo de 20,5 millones de personas en 2040, cuando unos 4,4 millones de ciudadanos serán mayores de 65 años. La esperanza de vida promedio para ambos sexos alcanzará los 83 años en ese momento (para interiorizarse en el debate, revise la columna “Una aproximación filosófica a la defensa técnica del modelo de AFP: idealización, financiarización y verdad y nuestros principales reportajes del Archivo AFP de CIPER).

Créditos: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

"UNA UTOPÍA"

En este marco, uno de los autores del estudio de la Fundación Sol, el economista de la Universidad Católica, Marco Kremerman, señaló en una entrevista a CIPER que la situación actual conducirá a una crisis previsional en diez a quince años. Además, indica que no bastará en el futuro con introducir cambios en la edad de jubilación o en el monto de cotización, pues, a su juicio, el problema está en el diseño del sistema.

– Más allá de las cifras, ¿cuál es el principal resultado del estudio?

– La conclusión central es que la forma como se calculan las pensiones que obtienen las personas al momento de cumplir la edad legal para pensionarse es algo muy intrincado, muy difícil de comprender, porque no es un beneficio definido, sino que es un valor que va cambiando, dependiendo de las condiciones financieras. Al mismo tiempo, otra conclusión muy contundente es que el sistema de cuentas individuales, como lo conocemos, es una utopía. Básicamente, porque nadie, o muy pocas personas, puede obtener una pensión que esté en relación con el salario que ganaba cuando trabajaba activamente, de manera remunerada.

– En ese contexto, ¿qué cifras o situaciones son socialmente más preocupantes?

– Que son muy pocas las personas a punto de jubilarse que logran acumular un ahorro que les permita financiar una pensión que se aproxime al salario mínimo. Hoy, solo el 11,9% de los hombres a punto de jubilarse acumulan $100 millones o más en ahorros previsionales. Y solo el 5% de las mujeres que están a punto de pensionarse. 

¿Para qué alcanzan estos $100 millones en ahorro previsional? De acuerdo con las condiciones de mercado de hoy, alcanza, en el caso de los hombres, para financiar una pensión que llega a lo sumo a $450 mil, y en el caso de las mujeres, en promedio, a los $400 mil.

– En esa línea, ¿qué implica el dato que muestra su estudio, acerca de que la mitad de las 150 mil personas que jubilaron en 2025 solo pudieron autofinanciarse una pensión menor a $86 mil? 

– En primer lugar, ese es un dato solicitado por la Ley de Transparencia a la Superintendencia de Pensiones. Y lo que dice es que de las nuevas personas que se jubilaron el año pasado, que fueron un poquito más de 150 mil, la mitad pudo autofinanciar una pensión de $86 mil o menos. Entonces, aquí podemos obtener dos conclusiones centrales. Primero, el sistema de cuentas individuales, que es el reflejo de una pensión autofinanciada, no permite hacerlo adecuadamente para la mayoría del país. Otro dato muestra que aquellas personas que se jubilaron el año pasado y que cotizaron casi 40 años obtuvieron una tasa de reemplazo de solo 29%. Para sintetizarlo en términos bien gráficos, si el salario promedio de estas personas era de un millón de pesos en los últimos 10 años, se jubilaron con menos de $290 mil. 

Segundo, en la práctica, este sistema por completo privatizado funciona principalmente con subsidios del Estado. O sea, opera como un sistema de reparto encubierto. En la práctica, de 100 pesos que se gastan en pensiones o en beneficios previsionales en Chile, 86,87 pesos los coloca el Estado y 13 pesos los colocan las AFP y las compañías de seguros. 

Es decir, a las AFP les ingresan cada año US$13.000 millones por cotizaciones y comisiones, pero el Estado cada vez debe aumentar más el gasto público para complementar esas bajísimas pensiones que se pagan. Es una gran contradicción, que es una bomba de tiempo, porque cada año se va a requerir más aporte estatal no para aumentar las pensiones, sino para mantener el poder adquisitivo de las pensiones que se están pagando en la actualidad.

Marco Kremerman, economista e investigador de Fundación Sol (Créditos: Fundación Sol).

"UN SISTEMA DE REPARTO ENCUBIERTO"

– ¿Qué va a significar en el futuro esta situación para el Estado chileno? ¿Hay forma de cuantificarlo?

Solo por un crecimiento vegetativo de la población que irá pensionándose, el Estado va a tener que colocar cada vez más dinero si queremos mantener el financiamiento comprometido por ley a través de la PGU. Ese gasto público, que hoy día está en torno al 2% del PIB, va a ir creciendo.  Para 2050, se va a requerir un gasto público que llegará a 7 o 7,2% del PIB. Entonces, tenemos un gran problema en ciernes, porque ese escenario al mismo tiempo se complementa con una caída libre en la tasa de rentabilidad que las AFP consiguen para los fondos que administran.

En cifras, en la década de 1980 la rentabilidad real era del 12% en promedio anual, cuando se creó el sistema. Ya en los años 1990 bajó a un poco menos del 10% promedio anual en términos reales.  Ahora bien, en la primera década de este siglo se redujo a 5,7%, mientras que en la década de 2010 retrocedió a 4,8%. En los seis años de la actual década suma un 0,2%.

– Ustedes han planteado que una solución podría ser un sistema de reparto. ¿Cómo operaría eso?

– Sí, existe una propuesta que nosotros hemos ayudado a construir. Incluso, la hemos evaluado actuarialmente, vale decir, proyectando las distintas variables posibles para el año 2100, considerando, por ejemplo, el cambio demográfico, el aumento del número de pensionados y la disminución de cotizantes.

– Pero, ¿es viable realmente?

– Se han ridiculizado los sistemas de reparto para crear la idea de que la única opción son las cuentas individuales. Pero, en el mundo lo que existe son sistemas que ocupan gran parte de la cotización para pagar pensiones, pero dejan un ahorro y ese ahorro se llama fondo de reservas técnicas o fondo de sustentabilidad social. Ese ahorro justamente sirve para enfrentar los cambios demográficos, económicos o de productividad que se produzcan en el futuro. Y, por tanto, esto permite que las garantías y el beneficio definido sean elementos consustanciales en un sistema de reparto. Vale decir, que haya una certeza de que las personas puedan decir “si yo cotizo 30 años, voy a obtener X porcentaje de lo que yo ganaba”.

Tampoco es correcta esta idea de que en un sistema de reparto el que cotiza mucho tiene que subsidiar al que no cotizó nada y esta lógica de que, supuestamente, el que no trabajó se lleva una pensión sin hacer nada, de manera gratuita.

Entonces, esta lógica de sistemas de reparto con reservas técnicas es moderna, porque se hace cargo de los desafíos que cualquier sistema de pensiones enfrenta con los cambios demográficos. Nadie puede desconocer esa realidad, pero establece beneficios definidos y da ciertas certezas y un derecho a la pensión. Y, con los valores que existen en Chile actualmente, se podrían mejorar las pensiones mucho más de lo que se paga actualmente, incluidas la PGU y los subsidios del Estado. 

– Pero, como algunos advierten, la vigencia de un sistema de reparto obligaría a reducir el apoyo de las AFP al mercado de capitales y las empresas.

– Nadie desconoce que se requiere un mercado de capitales donde haya financiamiento para que existan buenos créditos hipotecarios, para que las empresas puedan financiarse. En otros países existen mercados de capitales profundos y robustos, pero no a costa de quienes menos ganan, que son las trabajadoras y los trabajadores.

– ¿Cómo nos haríamos cargo, como sociedad, de ese mercado de capitales profundo sin el fondo de pensiones?  ¿Cómo sería esa salida?

– A ver, en primer lugar, hay un tema cultural vinculado a que las grandes empresas en Chile se acostumbraron a financiarse principalmente con los fondos de las AFP. Vale decir, las acciones o los bonos que emiten, en muchos casos, son comprados por las AFP, pero eso no ocurre en otros países.

Por cierto, hay que buscar un mecanismo distinto para el mercado de capitales. Chile es un país que atrae bastante inversión extranjera directa y que tiene uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, por lo tanto, perfectamente puede generar dinamismo de mucho dinero y mucho financiamiento. Además, los fondos de reserva técnica de un sistema de seguridad social con lógica de reparto también tienen que invertir los recursos. Y es muy importante que esos recursos ojalá puedan ser invertidos principalmente en Chile. 

Hoy, cerca del 55% de los fondos que invierten las AFP [al cierre de julio de este año, la Superintendencia de Pensiones calculó que los ahorros previsionales administrados por las AFP totalizaron $239.310 millones] están en el extranjero. Entonces, un fondo de reservas técnicas que va a tener una cantidad de dinero que no es menor, sobre todo los primeros 15 o 20 años, también va a tener que invertir esos fondos en instrumentos financieros, ojalá con criterios más completos, más integrales, considerando la contaminación del medio ambiente, las prácticas antisindicales o las normas de la OCDE.

Entonces, hay elementos para apalancar lo que en una primera instancia podría ser una recomposición del mercado de capitales, para que dependa menos de los sectores medios más pobres, y dependa más de quienes obtienen principalmente financiamiento, que son los sectores de mayor riqueza en Chile.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos y la ANEF acuden a la ONU por anuncios de Indulto

 10 August 2026

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) presentaron una solicitud formal ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)  para que intervenga ante el Estado de Chile,  y requiera información con suma urgencia respecto de los fundamentos y el alcance de los anuncios de indultos a agentes estatales condenados por violaciones a los derechos humanos (1973-1990) – (octubre 2019- marzo 2020) y realizar las comunicaciones  pertinentes para frenar la operatividad de instituciones o beneficios que no cumplan con los estándares mínimos del derecho internacional en materias de derechos humanos.

En una misiva dirigida Paula Berrutti, Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),  Fernando Zegers, presidente de la CCHDH y José Pérez Debelli, presidente de ANEF, advierten que la eventual concesión de indultos o atenuantes a responsables de delitos de lesa humanidad contraviene los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de Justicia, Verdad y No repetición, sentando un grave precedente de impunidad.

La presentación formal  busca que los relatores y organismos especiales del sistema de Naciones Unidas emitan pronunciamientos y recomendaciones directas a las autoridades chilenas para garantizar que la ejecución de las penas impuestas por la justicia local respete estrictamente los marcos normativos internacionales.

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