La gran verdad del municipio de Collipulli: una concejala enfrenta la corrupción

 La concejala Carolina Valenzuela expuso en el concejo del 16 de enero de 2026 una denuncia por posible conflicto de interés que involucraría al administrador municipal David Araya y a un proveedor del municipio de Collipulli. 

EL CIUDADANO

La concejala Carolina Valenzuela ha vuelto a poner en evidencia la corrupción en el municipio de Collipulli, en el último concejo municipal realizado el viernes 16 de enero de 2026. En esta ocasión, denunció al administrador municipal, David Araya, por un grave conflicto de intereses con un proveedor del municipio, Luisa Evelyn Beltrán Cea.

Garcés Garcés, quien además tiene una anotación prontuarial por coacción, está en proceso de divorcio y tiene como representante al abogado David Araya (causa C-295-2025 del Juzgado de Letras de Collipulli).

La concejala Valenzuela cuestionó, en primer lugar, cómo el administrador Araya, con un contrato por 44 horas y un pago mensual aproximado de $6.000.000, puede atender a sus clientes particulares durante las horas de trabajo. Además, apuntó al conflicto de intereses que se produciría con el proveedor, quien fue observado por Contraloría en la conocida causa del sobreprecio de los desfibriladores, situación que le costó la salida al Dideco y exadministrador municipal, Víctor Riquelme, hermano de la concejala en ejercicio Clara Riquelme.

A esto se suma la solicitud de renovación de patentes de alcoholes para el cliente del administrador Araya, Sebastián Garcés, lo que —según se indica— vuelve a poner al municipio bajo cuestionamientos, ya que la esposa de Garcés no estaría de acuerdo con la renovación de dichas patentes. 

Además, la concejala Valenzuela sostiene que ha sido amenazada por el administrador Araya y por el alcalde Macaya, a través de redes sociales, tergiversando antecedentes que existirían en el propio municipio, lo que habría generado indignación en la comunidad. ¿Hasta cuándo seguirán los tribunales y la Contraloría ocultando las irregularidades en el municipio?

Recordemos que la Contraloría Regional de Los Ríos emitió un pronunciamiento sobre un abogado contratado por una corporación municipal que también desempeñaba funciones en la municipalidad durante su horario laboral. Según Contraloría, esto contraviene el principio de probidad administrativa. La Ley N° 18.575 establece que los servidores públicos pueden ejercer libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral, para no perturbar el cumplimiento de sus deberes.

En un caso similar, la Contraloría de Talca destituyó a una asesora y funcionaria municipal por asistir a audiencias particulares en línea durante su horario laboral, lo que fue considerado una falta grave. Estos casos —según explica la concejala— demuestran el compromiso de la Contraloría en asegurar la transparencia y la probidad en la administración pública.

La interrogante es si la Contraloría de la Región de La Araucanía podrá llegar hasta este municipio y revisar dichos antecedentes. No olvidemos que, en la causa RUC 2310033770-3, RIT 727–2023, del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de documento público falsificado y prevaricación administrativa, se encuentran formalizados dos funcionarios municipales; uno de ellos, nada más y nada menos que el jefe de seguridad municipal. Además, se ha sumado como querellante el Consejo de Defensa del Estado.

Sumado a eso, la nueva jueza de Policía Local, quien ganó la terna para ocupar el cargo —encontrándose en tercer lugar y sin la experiencia de las primeras—, es hija del abogado Luis Egisto Mencarini Neumann, miembro del TER Araucanía, donde actualmente se tramita el requerimiento de remoción por notable abandono de deberes de alcalde y falta grave a las normas sobre probidad administrativa contra el alcalde Manuel Macaya. La concejala agrega que, sin inhabilitarse, la máxima autoridad edilicia provee las presentaciones. También sostiene que el abogado Fernando René Cartes Sepúlveda, defensor del alcalde, actúa como miembro de la Corte de Apelaciones de Temuco y participa en recursos de protección que se presentan contra el alcalde Macaya. ¿Cómo se llama esto… y nadie dice nada?

«¿Y si hubiera venido España a sacar a Pinochet?»: Rojo Edwards dijo apoyar que un país extranjero «saque a un dictador» pero quedó en blanco cuando le preguntaron por el genocida chileno

 En los últimos días se viralizó un extracto de un foro televisivo del canal CNN Chile, conducido por la periodista Mónica Rincón, en el cual el senador de derecha Rojo Edwards contradijo, en cuestión de segundos, su propio argumento. 

EL CIUDADANO

En los últimos días se viralizó un extracto de un foro televisivo del canal CNN Chile, conducido por la periodista Mónica Rincón, en el cual el senador de derecha Rojo Edwards contradijo, en cuestión de segundos, su propio argumento.

El episodio ocurrió cuando el panel analizaba el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EEUU. Consultado por Rincón, el parlamentario derechista afirmó, con absoluta seguridad, que a él «le encantaría que alguien venga y nos salve de un dictador que nos está matando y haciendo desaparecer gente como lo estaba haciendo Maduro».

Ante esto, la conductora del programa le preguntó: «Ya, pero por ejemplo, si hubiera venido España y sacaba a Pinochet del poder, ¿usted hubiera estado de acuerdo?», dejando a Edwards totalmente descolocado.

«Mire, tendría que analizarlo», contestó el senador de derecha. «Analícelo», le dijo Rincón, ante lo cual Edwards balbuceó algo así como que «gracias a dios Pinochet entregó el país en democracia», para luego tratar de desviar la conversación hacia la Constitución del ’80 señalando que «estaba vigente en ese momento». 

«Ya, pero yo lo estoy llevando a 1982, con una Constitución impuesta fraudulentamente: viene Brasil, agarra a Pinochet y se lo lleva», le planteó la periodista, ante lo cual Rojo Edwards contestó, con evidente incomodidad, que «en ese caso no me parecería».

Enero 2026 - RESUMEN DERECHOS HUMANOS EN CHILE

 

Corte Suprema elimina rebajas de penas a violadores de DDHH dando cumplimiento a sentencia de la Corte IDH Prensa FASIC 02 de enero: La Corte Suprema marcó un hito luego de que diera cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicó que el Estado de Chile transgredió las garantías internacionales que imposibilitan otorgar beneficios de reducción de penas a criminales de lesa humanidad, en el marco del conocido caso “Vega González vs Chile” y que afecta 14 causas por crímenes cometidos durante la dictadura. De este modo, el fallo de la Suprema dejó sin efecto la aplicación de la “media prescripción”, figura legal que permite reducir la pena cuando ha transcurrido al menos la mitad del plazo legal de prescripción del delito y que benefició a ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, señaló que la edad de los criminales no debe obstaculizar el cumplimiento de las penas. Corte de Santiago eleva indemnización a joven detenido y torturado por Carabineros en 1983 02 de enero: La Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 13.152-2024, fijó en 40 millones de pesos la indemnización que el Fisco deberá pagar a Marcelo Forné González, detenido con sólo 20 años y sometido a torturas por efectivos de Carabineros por supuestamente participar en jornada de protesta nacional, registrada el 14 de junio de 1983. Corte de Concepción confirmó condena por homicidios y secuestros calificados en 1973 en Ñuble 05 de enero: La Corte de Apelaciones de Concepción, en la causa rol 193-2025, rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia que condenó a oficial de Carabineros ® por secuestro calificado de Ricardo Troncoso León, Gustavo Domínguez Jara, Wilson Becerra Cifuentes, Tomás Domínguez Jara, Arturo Prat Martí, José Retamal Velásquez, Robinson Ramírez del Prado, Leopoldo López Rivas y Mario Moreno Castro; y los homicidios calificados de Gabriel Cortez Luna, Patricio Weitzel Pérez y Juan Poblete Tropa. Ilícitos perpetrados entre septiembre y diciembre de 1973, en las comunas de Chillán, San Nicolás y Chillán Viejo. En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el ministro Carlos Aldana Fuentes, que condenó como autor  al  teniente Patricio Jeldres Rodríguez a dos penas de 15 años y un día de presidio efectivo. En la causa, la sala condenó al civil Juan Sepúlveda a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, como cómplice del  secuestro calificado de Ricardo Troncoso León. En el aspecto civil, el ministro en visita condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 1.970 millones de pesos, por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas. Ordenan al Fisco indemnizar a hermanas de detenida desaparecida 05 de enero: El Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, en la  causa rol 20.971-2024, condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 20 millones de pesos, por concepto de daño moral, a las hermanas de María Bustillos Cereceda, estudiante universitaria, quien  fue detenida por agentes de la DINA, el 9 de diciembre de 1974, siendo trasladada a Villa Grimaldi,  desde donde se pierde su rastro. Cuarto TOP condena a 5 años y un día de presidio a autor de porte y lanzamiento de bombas molotov 05 de enero: El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en la causa rol 500-2025, condenó como autor a Tomás González Quezada a  5 años y un día de presidio, por dos delitos consumados de porte y arrojamiento de artefactos incendiarios. Ilícitos perpetrados en octubre de 2018 y diciembre de 2019, en el marco del estallido social, en el centro de la ciudad. Ordenan indemnizar a trabajador detenido y torturado en 1988 06 de enero: El Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 7.371-2025, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 60 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Elías Montesinos Yáñez, joven soldador de 20 años a la época de los hechos, detenido por primera vez el 14 de marzo 1988 y trasladado al cuartel general de la PDI, recinto donde fue interrogado bajo torturas; en tanto, el 23 de marzo de 1988 lo detienen y torturan agentes de la CNI. Corte de Santiago eleva indemnización a estudiante torturado en unidad militar y Estadio Nacional 07 de enero: La Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 19.126-2024, fijó en 60 millones de pesos  la indemnización que el Fisco deberá pagar, por concepto de daño moral, a José Soto Chávez, estudiante universitario, detenido el 4 de octubre de 1973, quien fue sometido a interrogatorios bajo tortura en unidad militar y en el Estadio Nacional. Corte Suprema confirma absolución de carabinero por homicidio en La Calera en 1985 07 de enero: La Corte Suprema, en la causa rol 8.619-2024, confirmó la sentencia que absolvió a un carabinero ® por el homicidio de Juan Calderón Pineda. Ilícito cometido en enero de 1985, en la comuna de La Calera. En fallo unánime, la Segunda Sala  descartó error de derecho al ordenar el sobreseimiento total y definitivo de la causa instruida, por tratarse de un delito común y no de un crimen de lesa humanidad. Corte Suprema ordena a fundación educacional indemnizar a alumna víctima de maltrato escolar 12 de enero La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en representación de la Fundación Educacional Colegio Providencia de La Serena, en contra de la sentencia que la condenó a una indemnización de 10 millones de pesos, por concepto de daño moral, a alumna de enseñanza media que fue víctima de maltrato escolar en el establecimiento. Justicia absuelve a carabinero que disparó a Gustavo Gatica 13 de enero: El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, invocando la Ley Naín Retamal, pese a que se acreditó en el juicio que fue quien disparó, en el contexto del estallido social, a Gustavo Gatica dejándolo ciego. El INDH, es parte de los querellantes en esta causa. El director del INDH, Yerko Ljubetic, expresó que “este hecho de alta gravedad y acreditado por el tribunal queda sin sanción en virtud de la aplicación de la Ley Naín Retamal, lo que nos hace pensar con mucha preocupación en el futuro de muchos otros casos de cientos personas que fueron gravemente afectadas en sus derechos por actuaciones de carabineros que no cumplieron con protocolos y reglamentos”. Recordemos que la actuación de agentes del Estado, durante la crisis social, condujo a que 464 personas resultaron con traumas oculares de diversa gravedad, lo que vulnera de manera grave e indesmentible los derechos a la vida, y la integridad física y psíquica de estas víctimas.  Conmemoran 50 años de la Vicaría de la Solidaridad 15 de enero: En el Palacio de La Moneda, se realiza acto de conmemoración por los cincuenta años de la fundación de la Vicaría de la Solidaridad. La actividad fue encabezada por el Presidente de la República, , y contó con la asistencia de autoridades, representantes de organizaciones de DDHH y de funcionarios que trabajaron en la entidad.  La Vicaría de la Solidaridad fue creada el 1 de enero de 1976 por el Cardenal Raúl Silva Henríquez y fue un organismo clave para la defensa y registro histórico de las violaciones a los DDHH ocurridos en Chile desde 1973.  Ordenan la prisión preventiva de imputado por parricidio en Máfil 16 de enero: El Juzgado de Garantía de Los Lagos dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante de su madre Julia Chuñil; y del delito frustrado de robo con violencia e intimidación a adulto mayor. Ilícitos perpetrados en noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. En la audiencia de formalización, el magistrado Andrés Riveros Cáceres ordenó el ingreso de Troncoso Chuñil al Centro Penitenciario Llancahue de Valdivia por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación. En la causa, el tribunal impuso a Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, imputados como coautores del delito consumado de parricidio y del robo con violencia e intimidación frustrado. En tanto, B.F.B.B. imputado en calidad de encubridor de los delitos de parricidio consumado y robo con violencia e intimidación frustrado, quedó con arresto domiciliario parcial nocturno. Tercer TOP de Santiago absuelve a suboficial de Carabineros por apremios ilegítimos 19 de enero: El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en la causa rol 226-2025, decretó la absolución del suboficial de Carabineros, a la época de los hechos, Jorge Sanzana Díaz de los cargos que le formuló el Ministerio Público y querellante particular, que le atribuían autoría en el delito consumado de apremios ilegítimos. Ilícito supuestamente cometido en enero de 2021, en la comuna de Providencia. Ministros del Poder Judicial reciben a encargada de la ONU sobre desaparición forzada 22 de enero: Una reunión de trabajo sostuvo el ministro Leopoldo Llanos con Ana Lorena Delgadillo, representante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Este equipo actúa como puente de comunicación entre familiares de víctimas y los estados interesados. En el encuentro también participaron las ministras en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago; y Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel. El ministro Llanos y las ministras  entregaron información actualizada de causas y el rol del Poder Judicial en el marco del Plan de Búsqueda. Los ministros presentes manifestaron que uno de los elementos más valiosos del Plan de Búsqueda -instaurado por el gobierno en el 2023 como un compromiso de Estado- es la colaboración entre todos los entes estatales que apoyan  la búsqueda de personas  desaparecidas, así como la disponibilidad de recursos para realizar las diligencias  necesarias”. Condenan a oficiales de Carabineros por detención ilegal y apremios ilegítimos a postulantes 23 de enero: El ministro en visita de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, en la causa rol 114.062, condenó, con costas, a dos oficiales ® de Carabineros por detención ilegal y aplicación de apremios ilegítimos a los jóvenes aspirantes Carlos Pinoleo Pinilla, Julio Parada Levet, Celín Riquelme Muñoz y Pablo Leiva Cretton. Ilícitos perpetrados entre fines de agosto e inicios de septiembre de 1974, en Temuco. En el fallo, se condenó al capitán de Carabineros a la época de los hechos Gonzalo Figueroa Nieto y al otrora teniente Johnson Catalán Macaya, a cumplir cuatro penas de 40 días de presidio como encubridores de las detenciones ilegales de los postulantes; más cuatro penas de 40 días de reclusión como encubridores de los apremios ilegítimos. Penas que se dan por cumplidas por el mayor tiempo que permanecieron los condenados sujetos a arresto domiciliario. En el ámbito civil, se dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicio deducida y condenó al Fisco a pagar la suma total de 120 millones de pesos, por concepto de daño moral, a las tres víctimas de la causa que demandaron. Ministro Carroza cierra ciclo de trabajo con mesa intersectorial de búsqueda de personas desaparecidas 23 de enero: El ministro de la Corte Suprema y coordinador nacional de las causas por graves violaciones a los DDHH, ocurridas entre 1973 y 1990, Mario Carroza, se reunió con los integrantes de la mesa intersectorial de instituciones que auxilian al Poder Judicial en la búsqueda de personas desaparecidas, además de miembros de Agrupaciones de Víctimas de Derechos Humanos, instituciones de memoria, entre otros. La actividad, realizada en dependencias del Palacio de Tribunales, tuvo como fin dar cierre al ciclo de trabajo del ministro Carroza en este cometido, “junto a quienes han sido parte de un esfuerzo silencioso, persistente y profundamente relevante para el país”, indicó.  El magistrado destacó el funcionamiento ininterrumpido de la mesa desde su reactivación el año 2021, mediante la suscripción y aprobación de un protocolo que fue reafirmado por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema. El ministro Carroza concluyó exhortando a los presentes a fortalecer lo avanzado y asegurar su continuidad. “Este encuentro marca efectivamente el cierre de un ciclo personal, pero de ningún modo debe entenderse como un cierre del trabajo de la mesa intersectorial”, dijo. Este grupo de trabajo está constituido por Carabineros de Chile, Ministerio Público, la Brigada de DDHH, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, SML, Registro Civil, Consejo de Monumentos, el Programa de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH; y los ministros y ministras en visita extraordinaria que tramitan las causas de derechos humanos. Detienen en EEUU a Armando Fernández Larios 27 de Enero: Armando Fernández Larios, exoficial de Ejército y exagente de la DINA, fue detenido en los Estados Unidos de acuerdo al portal “Arrested: Worst of the Worst” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, una plataforma que reúne casos de arrestos destacados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Recordemos que Armando Fernández Larios estuvo involucrado en el atentado de 1976 en Washington DC que terminó con la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt. Según Human Rights Watch, el exagente llegó a EEUU tras un acuerdo con fiscales federales: se declaró culpable por encubrimiento en ese crimen y cumplió una pena de prisión de cinco meses. En Chile, su nombre figura además en causas por violaciones a los DDHH. La organización estadounidense Center for Justice and Accountability lo vincula también a episodios asociados a la Caravana de la Muerte y a hechos ocurridos en los primeros meses de la dictadura. Se inicia ciclo de conversatorios Defendiendo los Derechos Humanos 31 de enero: Un nuevo ciclo de Conversatorios del Sitio de Memoria de FASIC titulado “Defendiendo los Derechos Humanos”, comenzaron durante este mes. Nuestro primer invitado fue Osvaldo Torres Gutiérrez, consejero del INDH, antropólogo social y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. También conversamos con Lorena Fries Monleón, abogada, ex directora del INDH, ex  subsecretaria de DDHH,  diputada y reelecta para un segundo mandato. También realizamos un conversatorio con Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos, quien fue parte de la Vicaría de la Solidaridad y del Área Jurídica de FASIC.

HASTA OCTUBRE DE 2025, EL SERVEL HABÍA ENVIADO 774 CASOS AL MINISTERIO PÚBLICO

 

1.369 denuncias en tres años por afiliaciones a partidos sin consentimiento: Social Cristiano, Amarillos, Demócratas y Evópoli encabezan la lista

08.02.2026

Por Ema Santa Cruz y María Agramunt 

Ciper Chile

Entre 2023 y 2025, el Servel ha recibido más de 1.300 reclamos por afiliaciones sin consentimiento. El Partido Social Cristiano encabeza la lista, le sigue Amarillos por Chile, Demócratas y Evópoli. El 79% de las denuncias que suman estos partidos se registraron durante el periodo de las elecciones primarias oficialistas. Hasta octubre pasado, el Servel había enviado al Ministerio Público 774 reclamos recibidos por ellos, porque podrían constituir el delito de suplantación de identidad. Desde la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señalan que todas las denuncias del servicio fueron derivadas a las fiscalías regionales respectivas.

En junio de 2025, Constanza Navarro denunció por la red social TikTok que el Partido Social Cristiano le quitó la posibilidad de “votar en las primarias presidenciales”. La publicación superó las siete mil reacciones y provocó más de mil comentarios de personas que afirmaban haber pasado por experiencias parecidas con distintos partidos. Entre ellos se encontraba el de Ignacia López, quien se dio cuenta de su afiliación gracias al video de Constanza y señala: «Cuando todavía estaba en la enseñanza media, en una plaza me preguntaron si quería firmar para ayuda a los niños del Sename, totalmente ingenua firmé. Si no fue ahí [la afiliación], no tengo idea cómo fue”. 

Constanza e Ignacia son parte de las 1.369 personas que realizaron denuncias por afiliación sin su consentimiento a un partido político en los últimos tres años, según datos obtenidos a través de una solicitud vía Ley de Transparencia enviada al Servicio Electoral (Servel). La mayoría de los partidos que concentran estas denuncias, podrían ser disueltos por no haber alcanzaron el mínimo de votos exigidos en las elecciones parlamentarias de 2025.

Para esta investigación, se solicitó al Servel todos los registros de reclamos por afiliación a partidos políticos sin consentimiento realizados entre enero de 2023 y noviembre 2025, pidiendo que se detallara qué colectividad fue la denunciada, en qué fecha y región. Además, se requirió el número de casos que han sido derivados al Ministerio Público para que se investigue un posible delito. 

Según la información entregada por el servicio, el Partido Social Cristiano (PSC) concentra la mayoría de las denuncias. Le siguen el Movimiento Amarillos por Chile, el Partido Demócrata y Evolución Política (Evópoli). El 79% de los reclamos que involucran a estos partidos se realizaron en el periodo de elecciones primarias del oficialismo realizadas en junio de 2025, proceso en el que solamente podían votar personas afiliadas a los partidos que llevaban candidatos, e independientes. Esta condición permitió que la mayoría de los denunciantes, incluyendo a Constanza Navarro, se dieran cuenta de que militaban en un colectivo.

En total hay 32 partidos con denuncias, pero 11 de ellos tienen más de 30 reclamos. Aparte de los cuatro que lideran, la lista de los 11 la completan el Partido de la Gente (PDG), Partido Alianza Verde Popular (PAVP), Renovación Nacional (RN), Partido Popular (PP), Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido Humanista (PH) y Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Además, ocho de estos partidos, no lograron en la última elección la representación parlamentaria que estipula la ley, por lo que podrían ser disueltos. 

El Servel confirmó que ha enviado 774 reclamos de afiliaciones irregulares al Ministerio Público con el fin de que se abra una causa si esa institución lo determina. Esto, ya que casi el 90% de las afiliaciones se realizan con Clave Única, por lo que su vulneración constituiría un delito de suplantación de identidad. 

Al ser consultada la fiscalía sobre el estado de esos antecedentes, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, aseguró que se están investigando. Y pese a que no existe un catastro, sí hay un mecanismo de coordinación: “Tenemos una coordinación con el Servel para intercambio de información necesaria para la persecución penal”, dice. Y agrega: “Cada una de esas denuncias formuladas, son derivadas a las respectivas fiscalías regionales en conformidad al territorio donde haya dado origen el comienzo del hecho ilícito. Y se encuentran con diversas diligencias, que son reservadas en conformidad a la ley”.

Los partidos que lideran la lista también fueron consultados acerca de si tenían conocimiento de sus denuncias. El Partido Social Cristiano indicó que tenían conocimiento de las denuncias, pero no de la cantidad relacionada. Demócratas afirmó a través de su vicepresidente, Marcelo Urrutia, que no tenían conocimiento de esta información. Desde Amarillos por Chile, su encargada de prensa no pudo responder debido a la posible disolución del partido y el único diputado de ese colectivo, Andrés Jouannet, no dio respuesta respecto al tema. Las comunicaciones de Evópoli derivaron al presidente del partido, Juan Manuel Santa Cruz, quien tampoco tuvo respuestas.

MÁS DE MIL DENUNCIAS

El objetivo de un partido político es representar a los ciudadanos de un país en la institucionalidad pública, por lo que requiere el apoyo de estas personas para su permanencia, de lo contrario, serán disueltos. Así lo establece el Artículo 42 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos donde se establece que un colectivo cae en disolución cuando no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. Luego de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del 16 de noviembre de 2025, 13 colectividades no cumplieron esta norma y se encuentran en riesgo de ser disueltas. La única manera de seguir existiendo es fusionándose con otros partidos para conservar su persona jurídica. Los cuatro colectivos que cuentan con más denuncias por afiliaciones sin consentimiento, también corren el riesgo de desaparecer: Social Cristiano, Amarillos, Demócratas y Evópoli. 

La afiliación a un partido se realiza principalmente de forma digital, utilizando la Clave Única. El subdirector de partidos políticos del Servel, Roberto Salim-Hanna, señala que casi el 90% de las afiliaciones se hacen online, en una plataforma diseñada especialmente: “Es una plataforma en la cual la persona, con su Clave Única, ingresa y pone el partido al cual desea afiliarse”, dice. Este sistema ha reemplazado al de años anteriores, donde una firma presencial o llenando una ficha de datos, permitían realizar la tramitación.

El Servel establece que la plataforma no permite que estos trámites los haga un tercero y no la persona que desea militar en un partido, pero Constanza, Ignacia y más de mil denunciantes confirman lo contrario: haber sido afiliadas a partidos políticos sin su consentimiento. 

El financiamiento estatal que tiene cada partido no está relacionado directamente con su número de militantes, pero sí con su representación parlamentaria y con la cantidad de regiones en las cuales ese colectivo está constituido. En esta última condición, sí es necesario tener militantes inscritos en cada zona.    

No todas las personas que son afiliadas sin su consentimiento denuncian, muchas solo renuncian al partido político. Es el caso de Elisa Matte, afiliada sin saber al partido Convergencia Social en 2021, quien afirma que no hizo el reclamo porque “esas plataformas siempre suelen ser muy engorrosas”, dice. Para realizar la denuncia, el Servel ha facilitado un portal al que se debe ingresar con Clave Única e iniciar el trámite informando datos personales (ingrese a ese portal).

Según Salim-Hanna, el Servel debe contrastar la solicitud de afiliación para verificar que la persona cumpla con los requisitos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para ser inscrita, entre ellos, ser mayor de edad, no estar afiliado a otro partido político y no ser parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o Carabineros. Esto, porque ningún uniformado puede tener afiliación política. De los 1.369 reclamos, seis casos de personas militando sin consentimiento, corresponden a miembros de la policía uniformada, lo que significa un problema mayor. En la Región Metropolitana, una denuncia por inscripción al partido Evópoli manifiesta la siguiente situación: “Por temas de trabajo me trae problemas ya que pertenezco a fuerzas armadas lo que está prohibido cualquier afiliación política”. 

No solo se ha burlado el sistema de verificación de requisitos con miembros de las FF.AA. o Carabineros, también pasa con menores de edad. Antonia Arancibia afirma haber sido afiliada antes de cumplir la mayoría de edad: “La papeleta que me aparecía cuando me di cuenta que estaba afiliada, decía que fue en enero del 2023, y yo para esa fecha aún tenía 17 años”.  

Estar afiliado a un partido político puede convertirse en un problema para el ámbito laboral, por ejemplo para alguien que busca trabajar en el Servel, funcionarios públicos que tampoco pueden militar. En los reclamos se detalla lo siguiente: “Me acaban de cancelar una reunión de trabajo ya que el único requisito era no militar en ningún partido político”.

Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno

LOS QUE LIDERAN LA LISTA

32 partidos políticos aparecen en el registro de denuncias por afiliaciones realizadas sin consentimiento. Algunos de estos partidos ya no existen y el 69% de estos (939 casos) se vincula a partidos de derecha y el otro 41% (430 casos) está asociado a partidos de izquierda. La cantidad de denuncias de los partidos con más reclamos son los siguientes: 

1. Partido Social Cristiano: 299 denuncias. 
2. Movimiento Amarillos por Chile: 149 denuncias. 
3. Partido Demócratas: 141 denuncias.  
4. Evópoli: 133 denuncias.
5. Partido de la Gente: 64 denuncias. 
6. Partido Alianza Verde Popular: 63 denuncias
7. Renovación Nacional: 63  denuncias. 
8. Partido Popular: 60 denuncias. 
9. Unión Demócrata Independiente: 48 denuncias. 
10. Partido Humanista: 38 denuncias. 
11. Federación Regionalista Verde Social: 34 denuncias.
12. Comunista de Chile: 28 denuncias. 
13. Revolución Democrática: 23 denuncias. 
14. Liberal de Chile: 21
15. Socialista de Chile: 21 denuncias 
16. Partido de Trabajadores Revolucionarios: 20 denuncias. 
17. Republicano de Chile: 19 denuncias. 
18. Acción Humanista: 19 denuncias. 
19. Partido Demócrata Cristiano: 17 denuncias. 
20. Comunes: 16 denuncias (disuelto). 
21. Frente Amplio: 16 denuncias.
22. Partido Por la Democracia: 16  denuncias. 
23. Igualdad: 15 denuncias. 
24. Convergencia Social: 14 denuncias.
25. Patria Progresista: 14 denuncias. 
26. Radical de Chile: 6 denuncias. 
27. Partido Progresista de Chile: 3 denuncias (disuelto). 
28. Partido Nacional Libertario: 3 denuncias. 
29. Partido Ecologista Verde: 3 denuncias. 
30. Centro Unido: 1 denuncia (disuelto). 
31. Sentido Común: 1 denuncia (disuelto).
32. Partido Nacional Ciudadano: 1 denuncia (disuelto). 

Los cuatro partidos que lideran la lista -PSC, Amarillos, Demócratas y Evópoli- podrían ser disueltos tras no conseguir la representación parlamentaria mínima que exige la ley. Esto último no es novedad para el Partido Social Cristiano, ya que lo formaron dirigentes independientes y exmilitantes del Partido Conservador Cristiano (PCC), disuelto en febrero de 2022 tras no alcanzar el mínimo de votos requerido en las elecciones parlamentarias de 2025.

Esos mismos colectivos han sufrido renuncias de militantes en 2025. Según los últimos datos publicados en diciembre pasado por el Servel, el PSC comenzó el año con 17.247 afiliaciones y para diciembre pasado, conservaba solo 13.351. Amarillos comenzó con la cifra de 8.087 militantes en enero 2025 y once meses después, figuraba con 5.932. La situación se repite para Demócratas, quienes partieron con 15.391 afiliados y a la última cifra publicada por el Servel, tenía 14.017. Por último, Evópoli: inició el año con 16.884 militantes y en diciembre se encontraban con 14.453.  La mayor cantidad de denuncias a los cuatro partidos fue en junio de 2025. 

La mayoría de las renuncias coinciden con los días en que el oficialismo inscribió la primaria Unidad por Chile, destinada a seleccionar un candidato único en la coalición. En estas elecciones, se estableció la restricción que por ley indica el Servel: “No podrán sufragar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan en las primarias”. Los partidos que formaron parte de esa primaria eran: Partido Socialista, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista. Y solo militantes de estos o independientes podían votar. 

El 7 de junio de 2025, el Servel abrió el portal de Consulta de Datos Electorales, donde se informaba quiénes fueron designados vocales y otras indicaciones, como mesa y local de votación. Además, en la última casilla, se informaba, con respecto a la restricción, si el consultante estaba habilitado para sufragar. Para la sorpresa de Antonia Arancibia, quien nunca dio consentimiento ni mostró interés en formar parte de un partido, la casilla indicaba: “No, el padrón electoral determinado por los partidos políticos no contempla su participación”. En la consulta, Antonia se dio cuenta que estaba afiliada al Partido Social Cristiano y no pudo ejercer su derecho a voto durante las primarias presidenciales.

La mayoría de los reclamos se concentró entre el 7 y el 9 de junio de 2025. Desde entonces, las denuncias han mantenido una tendencia al alza. En el caso del PSC, el 89% de los reclamos se presentaron después de la publicación de los datos electorales. En Amarillos, el 75% de las denuncias corresponde a ese mismo periodo; en Demócratas, el 89%; y en Evópoli, el 64%.

Estar inscrito en un partido político no es únicamente simbólico. Significa una serie de restricciones que impiden el desarrollo virtuoso de la vida democrática. El militante de un partido tiene derechos y deberes. Entre los primeros están, participar en las instancias como votaciones en elecciones internas; postularse a cargos; proponer cambios al partido y estar informado de aquello que no es reservado ni secreto -por ejemplo, mediante correos electrónicos-. De las fuentes testimoniales, ninguna recibió mails, ni se le abrieron instancias de participación, razón por la que se enteraron sorpresivamente sobre su afiliación.

PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA DENUNCIA

Las denuncias por afiliación involuntaria pueden ser realizadas de manera online ingresando con Clave Única al sitio web del Servel y también de manera presencial. Una vez realizada la denuncia, el Servicio Electoral debe responder al reclamante con su Certificado de Afiliación, para que pueda reconocer el documento que dio origen a su militancia. En el caso que la persona no reconozca la firma, el Servel indica que “se remiten los antecedentes al Ministerio Público para su investigación, dado que el desconocimiento, en caso de acreditarse, podría revertir caracteres de delito de competencia de tribunales de justicia”. Durante 2023, 2024 y hasta octubre de 2025, 774 antecedentes han sido derivados al Ministerio Público, 738 de ellos en 2025. Para que se comience a investigar, la fiscalía debe abrir una causa a partir de los antecedentes que recibe cuando se presume la comisión de un hecho que la ley califica como delito. 

En la Unidad de Comunicaciones del Servel indicaron que la mayoría de las afiliaciones son realizadas de manera online, utilizando Clave Única: “Durante el mes de agosto [de 2025], de un total de 3.429 afiliaciones, 3.405 fueron realizadas en línea y solo 24 de forma presencial, mediante ficha física”. 

Según Kenneth Pugh, senador independiente e ingeniero naval electrónico: “La Clave Única no es un sistema de identidad digital, no permite confirmar que efectivamente es la persona quien dice ser. Hoy las claves únicas se las pasan unos a otros, hay personas que hacen trámites por otra persona, usando su clave única. Por eso, es muy fácil que se filtre”. Añade que, otra forma fácil de filtración, es hackeando el sistema, por lo que Pugh propone “robustecer el sistema de identidad digital con múltiples factores de autenticación y dejar atrás el concepto de claves únicas”.

La Clave Única es una credencial de autenticación personal e intransferible, y su uso indebido -según los términos y condiciones que establece en la web-, se considera un delito de suplantación de identidad o fraude. La sanción por este delito está indicada en el Artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos (Ley 21.459): “Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte Unidades Tributarias Mensuales”. Aunque la Ley de Partidos Políticos no tipifica directamente como delito la afiliación forzosa, esta es la ley que dota de valor jurídico al registro de afiliación.

Para tener un sistema más seguro, Roberto Salim-Hanna afirma que el Servel, en septiembre de 2025, agregó al sistema de afiliación online una doble verificación donde se pide no solamente la Clave Única, sino que también los números del carnet del documento. El objetivo de la implementación es corroborar de mejor manera la identidad de la persona que solicita afiliarse a un partido político y también otros trámites del Servel.

*Este reportaje fue realizado por las estudiantes Ema Santa Cruz y María Agramunt, en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.