La guerra con Irán aceleró los tiempos y corroboró lo que para la Casa Blanca es una difícil realidad: Estados Unidos debe fortalecer sus cadenas de suministros de minerales críticos y estratégicos ya no sólo para afrontar una crucial competencia con China, sino también para enfrentar a cualquier enemigo que desafíe su voluntad hegemónica y su exaltado ánimo bélico.
Bolivia, con una enorme riqueza bajo su superficie, no podía permanecer al margen de esta empresa. El escenario de una inusitada protesta social fue, probablemente, una consecuencia no buscada aunque, en todo momento, incentivada por el gobierno y sus aliados externos e internos.
El 28 de abril de 2026, el vicesecretario estadounidense Caleb Orr y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron en La Paz un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, en el que el litio ocupa un lugar prioritario. Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el gobierno y cada vez más inclinado a la influencia de Donald Trump (foto), anunció el acuerdo como si se tratara de un hito histórico que le posibilita a Bolivia insertarse en las más amplias redes del comercio global de recursos minerales.
Más allá de las expectativas generadas, lo cierto es que el texto del memorando apenas fue publicado y se lo hizo de manera fragmentada. Habría varias razones que explicarían esta decisión.
El convenio no establece ninguna garantía de industrialización en territorio boliviano, así como tampoco obliga a las empresas estadounidenses interesadas a construir plantas de procesamiento ni mucho menos a definir mecanismos de transferencia tecnológica. Tampoco fija porcentajes mínimos de valor agregado local y deja abierta la principal pregunta: quién o quiénes se quedarían con las principales ganancias que proporcione la libre explotación de los recursos estratégicos.
La riqueza de Bolivia es indiscutible, y no solo con relación al litio De hecho, en el país se encuentran 31 de los 38 minerales críticos y tierras raras que actualmente se demandan para todo tipo de innovaciones tecnológicas como son el antimonio, el bismuto, el estaño, la plata, el zinc, el germanio, el manganeso, el niobio y el tantalio. Ya sea para la fabricación de baterías, inteligencia artificial, instrumental tecnológico de altísima precisión o recursos militares de última generación, hoy el subsuelo boliviano puede proveer varios de los minerales más requeridos por la industria tecnológica y armamentista.
El principal interés está puesto en el litio, del que Bolivia poseería 23 millones de toneladas, lo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos la convertiría en el mayor depósito de este recurso a nivel mundial. Sin embargo, en 2025 produjo poco más de 2 mil toneladas, frente a las 56 mil de Chile. La brecha no sería geológica, sino estructural: se requerirían enormes inversiones para asegurar el procesamiento del litio en función de la creciente demanda desde el norte.
La urgencia por conseguir dólares movilizó a Paz a negociar un préstamo con el FMI, rompiendo así uno de los principales puntos del acuerdo alcanzado con la izquierda que lo apoyó en el balotaje de octubre de 2025 para que no triunfara su oponente, Jorge “Tuto” Quiroga, de posturas inicialmente mucho más conservadoras y con estrechos lazos con la ultraderecha global.
A principios de mayo, el FMI finalmente aceptó el pedido del gobierno boliviano por 3.300 millones de dólares aunque, ya se sabe, los préstamos nunca son gratuitos y suelen venir acompañados de condicionamientos de distinto tipo, como ocurrió con la apertura de sectores vitales de la economía a la inversión privada, la reducción de la histórica participación del Estado y de su control en la administración de esos recursos y la flexibilización del mercado laboral.
Pese a las críticas, el préstamo fue presentado como un logro y como un avance en el proceso de modernización capitalista del país. Fue como arrojar un fósforo prendido a un tanque de gasolina: un detonante clave de las movilizaciones que han evidenciado la debilidad estructural del gobierno.
La posibilidad de brindar acceso abierto a su amplia riqueza mineral es hoy el quid pro quo fundamental sobre el que se establece el gobierno boliviano. Si por un lado Rodrigo Paz ambiciona la llegada de dólares, por el otro satisface a Donald Trump, cada más necesitado de minerales críticos y de tierras raras para afrontar una política exterior mucho más competitiva y hostil.
Sin embargo, para poder avanzar, Paz debe primero desarmar la legislación vigente y los contratos alcanzados previamente con China y con Rusia por sus dos antecesores, Evo Morales y Luis Arce, lo que sitúa a Bolivia en el filo de una controversia geopolítica de cada vez mayores dimensiones y de consecuencias imprevisibles. Mientras tanto, empresas mineras estadounidenses, canadienses y británicas esperan una mayor participación en el codiciado mercado boliviano.
Frente al ascenso de la protesta social, el gobierno se ocupó de alterar y de distorsionar el relato de la necesidad económica para avanzar, en cambio, en la esfera de la seguridad, uno de los intereses prioritarios del establishment estadounidense en lo que respecta a la América andina.
El regreso a Bolivia de la DEA, la agencia estadounidense contra las drogas, en noviembre de 2025 y tras 17 años de ausencia, se concretó finalmente bajo una razón central: la búsqueda y captura de Evo Morales, oculto en la región de El Chapare. Por estas horas el ex presidente es señalado como el principal instigador de las protestas y, por ende, como el enemigo número uno del gobierno de Rodrigo Paz. Hoy su detención es de máxima prioridad para Washington.
El desgobierno y el caos en las calles no sólo es un desafío para el presidente, sino también para los gobiernos de la región que comulgan en la misma ideología del ajuste y que lucen abroquelados bajo el ala protectora de su jefe político en la Casa Blanca. A la declaración de apoyo a Rodrígo Paz surgida de aquellos regímenes encolumnados dentro del Escudo de los Américas le siguió las críticas vertidas por Christopher Landau, subsecretario de Estado, quien aseguró que los manifestantes pretenden llevar adelante un violento “golpe de Estado” en contra del mandatario.
Sin mayores actos concretos de solidaridad entre los gobernantes trumpistas, se diferenció Javier Milei con el envío desde Argentina de aviones militares Hércules C 130 que, según la oposición boliviana, no contenían alimentos y recursos humanitarios sino armas y material antidisturbios. Nada nuevo después del traslado de implementos militares por parte de Mauricio Macri a los activistas de derecha en los días previos a salida del poder de Evo Morales en noviembre de 2019.
Para Trump y su gente resulta imperioso que en Bolivia se restablezca el orden a como dé lugar. De ese modo se expresaron los empresarios, representantes y funcionarios del gobierno republicano, de los Estados Unidos y latinoamericanos, reunidos por la celebración de la 56ª Conferencia de Washington sobre las Américas, realizada por el Consejo de las Américas en la noche del 19 de mayo.
En ese evento, Jarrod Agen, asesor presidencial y director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, no podría haber sido más enfático cuando refirió que “Cuanto más controlemos las cadenas de suministro de energía en el hemisferio occidental, mejor posicionados estarán Estados Unidos y nuestros aliados”.
Más allá de los objetivos declarados y de las intenciones expresadas por los personeros del trumpismo y de sus acólitos locales, el desborde social y la protesta en las calles que hoy surcan a Bolivia revela, a las claras, las consecuencias de un modelo antipopular, impuesto con violencia, y que no respeta los mínimos consensos democráticos y de defensa de la soberanía.
