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lunes, 16 de noviembre de 2026

Niñez, desalojos, periodismo y justicia laboral: el balance del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2026 de la UDP

 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presenta este martes 17 de noviembre la 24ª edición de su informe anual, que revisa cómo ha respondido el Estado a sus obligaciones en derechos humanos durante el cambio de gobierno. CIPER publica en exclusiva uno de sus ocho capítulos. En él, los académicos Pablo Salinas y Claudio Fuentes muestran que la justicia laboral está lejos de los plazos que fija la ley y advierten que esa demora pone a Chile en riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.

Imagen de portada: el informe está en su versión 24 (David von Blohn / Agencia Uno)


El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) lanzará este martes 17 de noviembre su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026, que llega a su edición número 24. Esta versión cubre el paso entre los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast y analiza si las medidas del Estado cumplen con sus obligaciones en la materia. Además de los temas del título, sus ocho capítulos revisan la autonomía de los organismos de derechos humanos, la situación educativa, la salud de las personas trans y de género diverso, y la atención de salud a las víctimas del estallido social. La presentación será a las 12:00 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UDP. Comentarán el informe la excandidata presidencial Evelyn Matthei; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; la periodista Mónica Pérez; el director de CIPER, Pedro Ramírez, y Marcela Zúñiga, editora general del informe.

Como adelanto, CIPER publica el capítulo «Radiografía a la justicia laboral chilena desde los derechos humanos: ¿más vale tarde que nunca? ¿Hasta cuándo?». Sus autores son los profesores de Derecho Procesal de la UDP Pablo Salinas Ibarra y Claudio Fuentes Maureira. Los autores cruzaron los registros públicos del Poder Judicial y comprobaron que la promesa de la reforma procesal laboral, que era resolver un conflicto en menos de 90 días, no se cumple. Entre 2023 y 2025, una causa laboral tardó en promedio 227 días entre la demanda y el cierre. Cuando la causa terminó en sentencia, el promedio subió a 338 días. Solo el 4,8% de las causas tuvo su audiencia preparatoria dentro de los 35 días que exige la ley. El caso más grave es el de la tutela laboral, el procedimiento pensado como vía urgente para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores: es el más lento de todos, y cuatro de cada diez tutelas falladas demoran más de un año.

El capítulo explica que el problema de fondo es un desequilibrio entre la cantidad de causas y la capacidad de los tribunales. En 2009 ingresaron 26.461 causas laborales y en 2025 fueron 112.083, sin que el número de tribunales creciera al mismo ritmo. Los autores reconocen que la Ley 21.839, que crea un tercer juzgado del trabajo en Santiago y suma jueces en Antofagasta, Concepción y Punta Arenas, es un avance. Pero advierten que no incluye ningún plan para poner al día las causas que ya están atrasadas.

Lee aquí el capítulo «Radiografía a la justicia laboral chilena desde los derechos humanos: ¿más vale tarde que nunca? ¿Hasta cuándo?». 

15.11.2026

Petición a World Press Photo para que investigue autoría de histórica fotografía de Allende en 1973

 

Petición a World Press Photo para que investigue autoría de histórica fotografía de Allende en 1973CULTURACrédito: Archivo


La campaña reúne adhesiones de profesionales de varios países y pide una revisión transparente de los antecedentes, con rigor documental y pleno respeto por la memoria, la trayectoria y las familias de los fotógrafos involucrados.


Más de 300 fotógrafas, fotógrafos, periodistas y otros profesionales de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Francia y Países Bajos han respaldado una solicitud dirigida a la Fundación World Press Photo para que realice una investigación independiente que permita esclarecer la autoría de la fotografía de Salvador Allende en el Palacio de La Moneda, tomada el 11 de septiembre de 1973 y distinguida como Foto del Año en 1974.

Entre los adherentes se encuentran los fotógrafos chilenos ganadores del Premio Pulitzer Edgard Garrido y Marco Ugarte, y Chas Gerretsen, ganador de la Medalla de Oro Robert Capa, junto a otros destacados profesionales de la fotografía y el periodismo. La convocatoria destaca que la transparencia y la investigación rigurosa son esenciales para fortalecer la confianza pública en el periodismo.


Asimismo, sostiene que identificar correctamente la autoría de una imagen constituye una responsabilidad con sus creadores, con las personas retratadas y con la sociedad que la reconoce como parte de su historia.

“Esta iniciativa nace exclusivamente de un principio esencial del periodismo: el compromiso con la integridad, la exactitud y la veracidad”, señala la carta respaldada por los firmantes.

El documento precisa que la campaña no persigue una reivindicación política, institucional o personal, ni pretende establecer anticipadamente quién realizó la fotografía. Una revisión de los antecedentes, sin conclusiones anticipadas La fotografía fue publicada por primera vez el 26 enero de 1974 en la portada del NYT sin firma de autor y, ese mismo año, recibió el máximo galardón de la Fundación World Press Photo: Foto del Año.

La autoría permaneció registrada como «NN, The New York Times» tanto en el periódico estadounidense como en el archivo de World Press Photo hasta 2007, cuando la imagen fue atribuida a Luis Orlando “Chico” Lagos, jefe de Fotografía de la Presidencia durante el gobierno de Salvador Allende.

Un reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, publicado por CIPER el 11 de septiembre de 2026, reunió antecedentes sobre la posible autoría de Leopoldo Víctor Vargas, también fotógrafo de la Presidencia. Entre ellos figuran su testimonio grabado, copias de la secuencia de fotografías conservadas por su familia y relatos relacionados con la adquisición y publicación de las imágenes por The New York Times.

La campaña solicita que los antecedentes relativos a ambos fotógrafos sean examinados con el mismo rigor, imparcialidad y respeto. Sus adherentes subrayan que apoyar la investigación no significa respaldar una autoría determinada, sino contribuir a una búsqueda documentada de la verdad.

Según el reportaje de CIPER, World Press Photo señaló que revisaba sus archivos y correspondencia histórica sobre el caso. La solicitud propone que esa revisión se traduzca en una investigación independiente, con un alcance y una metodología públicos, abierta a todas las personas e instituciones que puedan aportar información verificable. Transparencia y respeto por los autores

La petición plantea cuatro medidas: incorporar especialistas en fotoperiodismo, investigación documental, archivos y materiales fotográficos; reunir y contrastar los antecedentes sobre Lagos y Vargas, con participación de sus familias en igualdad de condiciones; solicitar la colaboración de The New York Times y otros archivos e instituciones; y publicar conclusiones fundamentadas, incluso si la evidencia no permite establecer definitivamente una autoría.

El documento pide que, a partir de esos resultados, World Press Photo confirme, precise o rectifique la información de su archivo, según corresponda. Los firmantes destacan que esclarecer la autoría no modifica los hechos registrados en la fotografía, sino que permite contar con un registro histórico más preciso y resguardar el reconocimiento que corresponde a su autor.

“No buscamos sustituir una atribución por otra sin pruebas ni construir una interpretación política de los hechos”, expresa la convocatoria.

Su propósito es verificar y documentar la autoría hasta donde las evidencias lo permitan, con pleno respeto por la memoria y la integridad profesional de ambos fotógrafos. La campaña mantiene abierta la invitación a la comunidad fotográfica, periodística y académica a sumar su apoyo y aportar antecedentes que contribuyan a esclarecer la historia de esta imagen.

Archivos del terror: dos nuevos procesamientos por robo de niños en dictadura

 

Archivos del terror: dos nuevos procesamientos por robo de niños en dictaduraINVESTIGACIÓNImagen generada con Inteligencia Artificial


Carlos Basso Prieto
Por : Carlos Basso PrietoEditor de Investigación de El Mostrador.
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Un colaborador de la exjueza de Menores de San Fernando fue encausado, lo mismo que una asistente social del Hospital Sótero del Río, que fue acusada de haber quitado de los brazos de su madre a una niña de tres días de vida, la cual fue entregada a ciudadanos de Estados Unidos.


Dos personas fueron sometidas a proceso por el ministro en visita que investiga las adopciones forzadas de menores en la época de la dictadura, Alejandro Aguilar. Se trata de un nuevo imputado en torno a la red de robo y tráfico de niñas y niños que encabezaba la exjueza de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez, pero además fue procesada una asistente social de Santiago, por el caso de una niña adoptada ilegalmente en 1985 y vendida a una pareja con domicilio en Estados Unidos.

En el primer hecho fue encausado Ismael Espinoza León, quien formaba parte del grupo que dirigía la exjueza, procesada por varios casos y actualmente refugiada en Israel, país al cual huyó en 1983, luego de ser acusada por el secretario del juzgado. 


De acuerdo con el auto de procesamiento, en enero de 1983 la exjueza y otra mujer, Laura Silva Sánchez, junto a Espinoza, “se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio Juzgado de Menores de la Jueza Ivonne Gutiérrez, en la cual el Egresado de Derecho Carlos Vega Segura efectuó una presentación para obtener la tuición de la niña y sacarla del país para ser adoptada por una mujer de nombre Geraldine Jeanette Diamon, situación que no prosperó, pero si bien se consumó, debido a la que a los días siguientes a la sustracción o robo, la madre junto a personal de Carabineros logró recuperar a su hija”.

Cabe indicar que Espinoza ya había sido procesado en 2025 por este caso, pero dicha medida fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago. No obstante, ahora aparecieron otros antecedentes, como los dichos de otra de las implicadas, Ruth Gutiérrez, quien declaró que “respecto del chofer, creo que su nombre era Ismael, fue unas tres veces a mi casa a llevarme guaguas, porque él andaba en eso, me llevó niños para que yo los engordara”. Además, agregó que “el rol del chofer de Ivonne era trasladar a los niños”.

Además, la madre afectada –una joven de 18 años al momento de los hechos, de extrema pobreza y madre soltera de tres niñas– reconoció en forma inequívoca a Espinoza como “el hombre delgado que junto a la procesada Ivonne fue a mi casa en tres oportunidades”.

En la primera ocasión, como si fuera un cuento de Hans Christian Andersen, ella relató al magistrado que la entonces jueza “llegó acompañada de un hombre moreno, delgado y de pelo más o menos largo. Fue en ese primer encuentro que Ivonne me pide a mi hija y yo no estaba segura. Yo a ella le pregunté qué iba hacer con la niña, le dije que si era para cuidados transitorios sí se la entregaba, pero si la niña iba a sufrir me la quedaba. A mí nunca me dijeron que la niña era para ser dada en adopción, ya que a mí Ivonne nunca me habló de entregar en adopción a la niña”.

En una segunda oportunidad, explicó, llegaron nuevamente a la casa de su madre “Ivonne, el hombre delgado y Laura, de la Posta del Huique” y “en la tercera oportunidad que llegó Ivonne se comprometió conmigo a que la niña estaría bien. El día que fueron a buscar a la niña andaban tres personas, Ivonne, Laura y el hombre delgado”, explicó.

Esa jornada, rememoró, “ellos le pasaron una muñeca muy linda con la cual mi hija se encariñó mucho y posteriormente a mí me entregaron una caja de cartón con mercadería, ese día se llevaron a la niña, yo quedé muy apenada, lloré mucho”.

Luego de consumado el robo de la niña, esta fue vendida a una decoradora de interiores domiciliada en Nueva York, identificada en la causa como Geraldine Jeanette Diamond. Sin embargo, por motivos que no están claros en la causa, esta desistió de llevarse a la menor (de un año y medio en ese momento).

La víctima señaló que “dos días después de que se llevaran a la niña, el hombre delgado que siempre acompañaba a doña Ivonne me fue a buscar a mi trabajo en la comuna de Palmilla, él me fue a buscar en un auto largo de un color oliva, me llevó a la notaría para que yo firmara un documento donde decía que yo estaba conforme de entregar a la niña para que él y la cojita se hicieran cargo de la niña”. 

Sin embargo, aseguró que en la notaría de Santa Cruz “no me dejaron leer el documento que tenía que firmar, el hombre delgado me apuraba y me decía que firmara rápido, porque él no tenía mucho tiempo, por lo que no alcancé a leer nada, yo me sentí presionada para firmar, ya que me apuraban mucho”. Asimismo, dijo que “jamás fue mi intención entregar en adopción a mi hija, yo solo le entregué la niña a doña Ivonne para que la cuidara temporalmente, yo jamás renuncié a mi derecho de ser madre”.

Luego de haberla recuperado, gracias a la intervención de la policía uniformada, sin embargo, a la semana “el hombre delgado”, como describe al imputado, “volvió solo a mi casa a pedirme nuevamente a la niña, a lo que yo me opuse rotundamente, le dije que no me va a volver a embolinar la perdiz, le dije que él y las otras mujeres ojalá algún día paguen por lo que hicieron”.


La asistente social

El otro caso aconteció en noviembre de 1985, en Santiago, hecho por el cual Aguilar sometió a proceso a la asistente social María Isabel Sanhueza Garrido, como autora de la sustracción de una niña de tres días de nacida, que fue arrebatada desde los brazos de su madre y entregada a un matrimonio de Estados Unidos en diciembre de 1985.

La investigación estableció que el 14 de noviembre de ese año, la víctima dio a luz a una niña en el interior de la maternidad del Hospital Sótero del Río, en Puente Alto, y fue dada de alta a los tres días. 

Cuando la mujer se disponía a irse con su guagua recién nacida a su domicilio, según señala el auto de proceso, “en un sector despoblado del referido nosocomio fue interceptada por la asistente social María Isabel Sanhueza Garrido, más un grupo de personas, quienes le quitaron a su hija de sus brazos”, lo que aconteció el 17 de noviembre de ese año. 

Con una velocidad inusual en los trámites judiciales chilenos, el robo de la niña fue consagrado legalmente por medio de un proceso realizado ante el antiguo Tercer Juzgado de Letras de Santiago. Gracias a ello, el 6 de diciembre de 1985 la niña salió desde el aeropuerto de Pudahuel hacia Estados Unidos, habiéndose entregado la tuición a una pareja domiciliada en ese país. 

Ello fue posible gracias a un informe suscrito por la ahora encausada, en el cual dice que “los padres de la referida niña desean entregar la tuición de su hija a un matrimonio que pueda brindarle apoyo, cariño y cuidado y un mejor porvenir”, lo que no se condice con lo que la madre señala: que la pequeña le fue arrebatada a la fuerza.

Kast bajo mirada internacional: Rebajas de condenas a criminales de lesa humanidad fueron llevadas ante la CIDH


 Organizaciones de DDHH denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el desmantelamiento institucional y los retrocesos en esta materia tras la llegada a La Moneda de José A. Kast. En una carta, exigieron que la CIDH requiera al Estado de Chile "explicaciones sobre los fundamentos y efectos de estas decisiones, así como medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de verdad, justicia, memoria y reparación".

EL CIUDADANO 


En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 9 de noviembre, cuatro organizaciones de la sociedad civil formalizaron su «profunda preocupación» por lo que califican como una sistemática desarticulación de las políticas de derechos humanos en el país.

La misiva —suscrita por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38 Espacio de Memorias, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)— fue dirigida a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, e incorpora 23 preguntas para que el organismo requiera explicaciones formales al Estado de Chile.

De acuerdo a lo informado, el primer punto planteado fue el que calificaron como «la estrategia de impunidad de Rabat», esto es, las salidas anticipadas y las rebajas de condena a criminales de lesa humanidad.

En la carta se denuncia que entre marzo y octubre, el Programa de Derechos Humanos no se presentó en 29 audiencias en las que se discutía la libertad de 24 agentes condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

Según la denuncia, esta decisión —impulsada por instrucciones del Ministerio de Justicia— resultó en la liberación inmediata de seis agentes y la reducción de penas de otros dos.

Para Magdalena Garcés, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, «se trata de una estrategia del Ministerio de Justicia y DDHH, que busca facilitar la salida anticipada de prisión de los agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos».

Asimismo, se cuestiona la rebaja por decreto de 19 meses al exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo, firmada por el ex subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, además de reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por abusos y violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Recortes al Plan Nacional de Búsqueda y Sitios de Memoria

El siguiente punto tiene que ver con el presupuesto proyectado para 2027 por el Ejecutivo chileno, donde se contemplan drásticas caídas en materia de Derechos Humanos y Justicia.

«El Plan Nacional de Búsqueda reduce sus recursos en un 27,71% real y el Programa de Sitios de Memoria cae un 60,69%, perdiendo la totalidad de sus fondos de inversión y enfrentando una reducción global del 78,6% respecto a 

«Se trata de una señal preocupante de negacionismo instalado en el Ejecutivo», remarcó Paulina Zamorano de la Red de Observadoras, advirtiendo que «estamos ante un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, que impacta directamente en la protección y resguardo de la memoria histórica».

Desde las organizaciones, asimismo, alertaron que en la discusión presupuestaria el Plan Nacional de Búsqueda y 14 Sitios de Memoria quedarían sin fondos.

En la misma línea, también alertaron sobre la paralización del proceso de expropiación en la exColonia Dignidad y la falta de garantías para proteger evidencias en el antiguo centro de tortura, sumado al llamado de la ONU a impedir usos del recinto que comprometan su preservación, según señalaron desde la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia Dignidad.

Reforma regresiva al INDH

Un tercer punto planteado en la carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la reforma que busca impulsar la administración de Kast al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Al respecto, la misiva informa que «el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para transformar profundamente el INDH», cuyos aspectos críticos serían, primero, «la propuesta de reducción del Consejo de 11 a 5 integrantes, que excluye a la sociedad civil de la designación directa de consejeros, y establece que el primer Consejo será nombrado por el Presidente de la República».

«Además, elimina las sedes regionales, quita al INDH la facultad de presentar querellas y reduce su presupuesto en 22%», añaden las organizaciones en su carta.

“No son cifras neutras: comprometen programas, empleos y derechos”

Desde la ANEF advirtieron que la actual discusión presupuestaria debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. «Mantenemos la alerta: ni un peso menos para la ciudadanía», dijo Nuvia Guajardo de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Justicia.

Aquí, se denunciaron recortes en el área de Culturas (10,1%) y el «limitado» financiamiento de Prodemu solo hasta marzo de 2027, con miras a su cierre, afectando con ello programas clave para la niñez, las mujeres y poblaciones vulnerables, entre otros.

Ante este escenario, las organizaciones firmantes exigieron que la CIDH requiera al Estado de Chile explicaciones sobre los fundamentos y efectos de estas decisiones, así como medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios públicos, proteger los testimonios y evidencias, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de verdad, justicia, memoria y reparación.

Seguiremos informando.

El candidato Kast descalificó al Presidente Kast por sus graves dichos contra líder vietnamita Ho Chi Minh a quién calificó de "genocida" y "asesino": "Quien habló en ese momento era el candidato"

 16 November 2026

Foto: Kast saluda al mandatario de Vietnam y secretario general del Partido Comunista Vietnamita, Tô Lâm, bajo la estatua del líder que ganó varias guerras de este país, el político Ho Chi Minh

El Presidente Kast realizó una actividad en la capital de Vietnam, llamada Ho Chi Minh en homenaje al político, revolucionario y estratega militar que le ganó la guerra al todopoderoso Estados Unidos en lo que se denominó la guerra de guerrillas. Kast depositó una ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh, durante su visita oficial.

Sin embargo, el gesto volvió a poner sobre la mesa antiguas y duras declaraciones del Mandatario, quien años atrás cuestionó duramente a la entonces Presidenta Michelle Bachelet por realizar el mismo homenaje y Kast calificó al histórico líder vietnamita como un "asesino en serie" y "genocida".

La ceremonia corresponde a una actividad tradicional dentro de las visitas de Estado a Vietnam. De hecho, anteriormente también fue realizada por los expresidentes Sebastián Piñera, en 2012, y Michelle Bachelet, en 2017.

En noviembre de 2017, respondiendo a una publicación en la que la entonces Presidenta Michelle Bachelet calificaba a Ho Chi Minh como uno de sus "líderes favoritos", Kast replicó: "23 años duró la dictadura de Ho Chi Mihn. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Mihn que por si soló asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam"

En ese contexto, Kast cuestionó públicamente a la exmandataria por el gesto y, posteriormente, profundizó sus críticas durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN.

"La presidenta Michelle Bachelet es socialista, pero tiene corazón comunista. Cuando ella corre a saludar y besar el anillo a Fidel Castro o cuando va a Vietnam y le pone flores a la tumba de Ho Chi Minh, un asesino en serie, ella es socialista marxista", sostuvo en aquella oportunidad.

En septiembre de 2020, el ahora Mandatario escribió: "Muchos horrorizados por el supuesto uso político del 'Derecho de vivir en paz' de Victor Jara, olvidan que la canción es en verdad un homenaje al genocida de Ho Chi Minh que asesinó a millones de vietnamitas y camboyanos en su sangrienta dictadura y su influencia en Asia".

A estos antecedentes se suman sus declaraciones de hace poco, agosto de 2021, cuando fue consultado por los dichos del entonces candidato presidencial Sebastián Sichel, quien había calificado a Augusto Pinochet como la persona "más mala del mundo".

Y Kast defendió a Pinochet de la siguiente manera: "Aquí en Vietnam…, ¿cómo se llamaba? Ho Chi Minh. Tú ves la película Los gritos del silencio y ves la cantidad de asesinatos. Claramente, el liderazgo de los más malos, de las personas más malas, se lo llevan entre los comunistas y los nazis", sostuvo en entrevista con La Cuarta.

Lo singular es que a propósito de esta publicación, se conoció que el padre de Kast, Michael Kast Schindele, y según registros del Archivo Federal de Alemania se confirmó que el papá del mandatario se inscribió oficialmente en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Partido Nazi) el 1 de septiembre de 1942, con el número de ficha 9271831, cuando tenía 18 años. Y antes de ello, formó parte de las Juventudes Hitlerianas y combatió como soldado de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Kast explica su homenaje a Ho Chi Minh

Tras la ceremonia de este lunes, Kast fue consultado por sus antiguas declaraciones y explicó que su participación en el homenaje responde a su actual responsabilidad como jefe de Estado.

"Quien habló en ese momento era el candidato, hoy represento una nación y como gobernante de una nación me debo a las relaciones de Estado", expresó durante un punto de prensa en Vietnam.

Asimismo, agregó que "las relaciones de Estado no se confunden con lo que uno pudo haber dicho de candidato y hoy nuestra ocupación es generar las mejores relaciones posibles con la República Socialista de Vietnam".

domingo, 15 de noviembre de 2026

Senador Gastón Saavedra dispara artillería pesada contra ministro de Hacienda: “Ministro Quiroz, por el bien del país, renuncie”. "Usted prometió crecimiento y nos entregó recesión". "Este es un modelo de colusión, de eso algo sabe"

 15 November 2026 

Cambio 21

El senador del Partido Socialista por la región del Biobío, Gastón Saavedra, publicó una columna en radio BioBio en la que exige la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su manejo de la economía y su respuesta a la crisis desatada por el paro de camioneros.

«Ministro Quiroz, hoy le hablo directamente, porque las cosas hay que decirlas de frente», comienza el texto. «Usted prometió crecimiento y nos entregó una recesión. Aseguró que no había, que con las reformas todo estaría bien. Semanas después no le quedó más que reconocer que la recesión llegó», sentencia Saavedra en su columna.

El parlamentario cuestiona el modelo económico del ministro y su impacto en la ciudadanía. «Por un lado pidió sacrificios a las familias y por otro, entregó beneficios tributarios a las grandes empresas con la excusa que la inversión iba a llegar. Una vez más todo estaría bien, pero la inversión no llegó ni se ve cerca de llegar y quienes buscan trabajo siguen esperando», escribió en su columna.

Y se pregunta: «¿Para quién funciona su modelo?». Su respuesta es categórica: «Funciona para quienes se benefician de la invariabilidad tributaria por veinticinco años. Funciona para quienes pueden esperar el derrame sin que se les atrase el pago de la cuenta. Funciona para quienes miran con interés una parte de Codelco».

Saavedra contrasta esa realidad con la de los trabajadores y las pymes: «Pero no funciona para el trabajador que lleva meses buscando empleo, ni para la familia que no llega a fin de mes, ni para la pyme. Mucho menos para el transportista que tiene que decidir si paga la cuota del camión o le pone petróleo».

Y Saavedra lanza una dura acusación: «Un modelo que le sirve a unos pocos y le pide paciencia a todos los demás no es un modelo de país: Es un modelo de colusión. Bueno, de eso algo sabe usted, ministro».

El senador también aborda la respuesta del Gobierno a la crisis por el alza de los combustibles y la propuesta de abrir Codelco a privados. «Frente a una crisis creada por su propio gobierno, usted propone abrirle la puerta al capital privado en el cobre. No importa cuánto se matice, ni cuántas veces se repita que es ‘a largo plazo’. El cobre es el sueldo de Chile desde 1971, y no se negocia», afirma. Y apunta directamente a la decisión de subir el precio de los combustibles: «Sobre todo cuando la decisión que tomas ante un paro nacional de camioneros por el alza de combustibles, es subir aún más el combustible. Eso es no comprender que la gente quiere vivir tranquila, quiere poder trabajar».

Finalmente, Saavedra cierra su columna en radio Biobío con un emplazamiento directo: «Por eso, ministro, le digo con toda la firmeza que corresponde: si usted cree en su modelo, la ciudadanía y la historia lo juzgarán. Pero si lo que de verdad le importa es el país y no el éxito de una idea, hágase a un lado y permita que Chile busque otro camino, porque el suyo sólo beneficia a sus amigos. Por el bien del país, renuncie».

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