Vistas de página en total

martes, 31 de marzo de 2026

FELIPE DÍAZ SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR DEL SERVICIO DESDE 2022

 

El sociólogo Felipe Díaz Rain asumirá como director subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) tras la solicitud de renuncia no voluntaria que se cursó a Priscilla Carrasco, desvinculación que causó controversia porque la ahora exjefa está en tratamiento por cáncer y porque llegó al cargo a través de la Alta Dirección Pública (ADP), por lo que no era personal de confianza de autoridades anteriores. Díaz se desempeña como subdirector del mismo servicio desde 2022, cuando fue electo tras un concurso de la ADP, a pesar de que hubo tres postulantes con mejor calificación. Desde 2016, está casado con la hija de la ministra de Energía, Ximena Rincón. El Presidente Kast afirmó que la salida de Carrasco se debe a que tenían “miradas distintas” sobre cómo gestionar el SernamEG, aunque no detalló esas diferencias.

Crédito imagen de portada: Víctor Huenante / AgenciaUno.

Este lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien llevaba cuatro años en el cargo. La determinación provocó controversia, debido a que la exdirectora está afectada por un cáncer de mama, lo que incluso generó críticas entre figuras del oficialismo.

En reemplazo de Carrasco asumirá como director subrogante el sociólogo y máster en Gobierno y Administración Pública, Felipe Díaz Rain, quien es yerno de la ministra de Energía, Ximena Rincón. Desde 2016, Díaz está casado con Valentina Latorre Rincón, hija de la ministra Rincón y del exdiputado Juan Carlos Latorre (DC).

Valentina Latorre también es funcionaria pública y, según registros de la Alta Dirección Pública (ADP), en 2025 concursó para obtener la dirección regional metropolitana del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, cargo en el que finalmente fue electa en mayo del año pasado.

Felipe Díaz es una cara conocida en el SernamEG: se ha desempeñado como subdirector de esa entidad desde 2022, cuando fue seleccionado mediante un proceso de reclutamiento llevado adelante por el sistema de ADP, al que también postularon otros 200 candidatos. Díaz resultó electo pese a que hubo tres postulantes con mejor calificación (no siempre se selecciona al candidato con mejor evaluación de la nómina propuesta por la ADP).

El informe de evaluación del concurso, consultable en los registros de la ADP y que fue revisado por CIPER, detalla el currículum de Díaz y una reseña personal, señalando que el sociólogo obtuvo nota 5,8, mientras que otros candidatos fueron evaluados con 5,9, 6,1 y 6,7.

El Ministerio de la Mujer dijo a CIPER que Díaz desempeñará el cargo de director del servicio ya que «la subrogación funciona por el solo Ministerio de la Ley, no es que el ministerio lo designe. Es por protocolo ya establecido. La autoridad no tiene incidencia en el nombramiento del subrogante». Además, indicó que la normativa establece que «el Subdirector subrogará al Director Nacional cuando por vacancia, ausencia u otra causa se encuentre impedido de desempeñar el cargo».

"LA CONFIANZA NO SE DIO"

La decisión de remover a Priscilla Carrasco causó polémica no solo porque la exdirectora se encuentra en tratamiento por cáncer, sino porque había obtenido el cargo a través de un concurso gestionado por el sistema de ADP hace cuatro años, por lo que no se trataría de una funcionaria que obtuvo el puesto sobre la base de su cercanía o confianza con el gobierno anterior.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la desvinculación de Carrasco en una entrevista que concedió, este martes 31 de marzo, a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi): “Es un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona”, dijo, en relación al cáncer que padece Priscilla Carrasco. “Pero -agregó-, tenemos que asumir con responsabilidad la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos”.

Hasta el momento, el gobierno no ha entregado razones concretas sobre la solicitud de renuncia a Carrasco. En su entrevista con la Archi, el mandatario solo señaló que “en este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como SernamEG”, pero no aclaró ni ejemplificó cuáles son esas diferencias. También dijo, en alusión a antecedentes recabados de manera inicial por una auditoría, que “hemos ido encontrando situaciones complejas”, pero tampoco se han entregado detalles sobre esas “situaciones”.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género difundió un comunicado en el que también señaló que una auditoría interna detectó “una gestión administrativa y de recursos deficientes” (vea una nota de Bío Bío), aunque esa secretaría de Estado tampoco expuso documentación que detalle esos antecedentes.

Despiden a 3 funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda y el gobierno dice que fue porque "no presentaron sus renuncias". Nos despidieron por razones políticas, dicen funcionarias

 31 March 2026

Este martes, desde el Gobierno de Kast se confirmó la desvinculación de tres funcionarios de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda pertenencientes a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

En concreto, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó que se trata de funcionarios de "exclusiva confianza" de la institución, "quienes no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad".

La medida se enmarca en un proceso de reestructuración interna destinado a optimizar el uso de recursos públicos y mejoras en la gestión: "Los cambios se han realizado bajo estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida", agregó el organismo.

Pese a estos cambios en la cúpula, la Subsecretaría fue enfática en señalar que tanto el Plan Nacional de Búsqueda como la referida unidad mantienen su continuidad operativa.

Respecto a quiénes asumirán las vacantes, la Subsecretaría indicó que los nombres de los nuevos titulares se darán a conocer en el mes de abril.

Funcionaria despedida: Fue por razones políticas

Paulina Zamorano, jefa del programa DD.HH. subsecretaría Derechos Humanos, se refirió a su remoción de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda.

Paulina Zamorano, quien se desempeñó como abogada litigante del programa durante más de 14 años, calificó la resolución como una "decisión política" y desmintió los argumentos técnicos entregados por el Ministerio de Justicia. Según las resoluciones firmadas por el ministro, las salidas se justificarían por una supuesta "falta de capacidad para liderar equipos".

"El resto de las coordinaciones no son de confianza legítima, ingresaron por concurso público, y son también desvinculaciones que, en virtud de lo señalado por las mismas resoluciones, que fueron firmadas por el ministro de Justicia, señalan que no tendrían la capacidad de liderar ni coordinar equipos, cuestión que se ha llevado ejerciendo durante los últimos años. Eso es falso", aseveró la jurista.
En esa línea agregó que: "No es casual que desvinculen a tres jefaturas cuando el Programa lidera más de 430 causas judiciales activas por la determinación de las responsabilidades de las graves violaciones a los DD.HH.", recalcó Zamorano.

La exjefa vinculó su salida con los recientes anuncios del Ejecutivo sobre eventuales indultos y liberaciones de agentes de la dictadura recluidos en Punta Peuco y Colina 1.

Junto a Zamorano, fueron notificadas Magdalena Garcés, coordinadora del área de Búsqueda y Trayectoria, y Tamara Lagos, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental, dichas áreas pertenecen al Plan Nacional de Búsqueda.

IMPUNIDAD EN CHILE CON EL GOBIERNO NAZI

 Martes 31 de Marzo 2026

Quiere reformarlo, pero lo usará igual: Kast insiste en conceder indultos y luego cambiar el sistema


 Kast indicó que tras ejercer la atribución constitucional del indulto para beneficiar a carabineros y militares condenados por la revuelta, buscará reemplazarla por un órgano colegiado 

EL CIUDADANO


José Antonio Kast insistió en que usará la facultad presidencial del indulto, tal como está establecida actualmente, para luego reformar el sistema. 

Durante una conversación con la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi), el mandatario de ultraderecha se refirió a la hoja de ruta que su administración tomará en una materia que ha generado controversia desde su llegada a La Moneda e indicó que utilizará la herramienta vigente para conceder beneficios a los carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante la revuelta social, al tiempo que impulsará un cambio estructural que, según sus propias palabras, reemplace la decisión unilateral del Presidente por un «órgano colegiado».

Al ser consulado sobre si encuentra legítima la herramienta del indulto tomando en consideración las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), quienes son partidarios de eliminar esta potestad constitucional del Presidente, Kast respondió de forma tajante: » Sí, lo voy a usar».

«Después vamos a generar una bonificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el ex ministro Larraín. Una suerte de comisión, yo creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado», señaló. 

«Nosotros vamos a tomar una determinación lo antes que podamos y después de eso vamos a presentar un proyecto de ley para que vaya en la línea de lo que ha señalado la presidenta de la Corte Suprema y el ex ministro de justicia», apuntó.

Kast aplicará el indulto y después modificará el sistema

Pese a los señalamientos y admitir la necesidad de que se implementen cambios en esta herramienta, el jefe de Estado ratificó que hará uso pleno de ella.

«Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle, a mi juicio, un cambio en la manera de quienes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista», afirmó, lo cual también contradice sus postura durante la campaña electoral cuando señalaba que «no utilizaría esta facultad» presidencial y que «los criminales tienen que pagar sus penas». 

Ante la pregunta de por qué lo va a usar y después hacer el cambio, Kast planteó que «hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar».

«Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones de hechos reales que ocurrieron», subrayó, al tiempo que argumentó que es proceso no significa «discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes (Ejecutivo y Judicial)», dijo.

En ese contexto, planteó que la revisión no implica cuestionar al Poder Judicial 

«El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez. Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial. Yo digo mire tengo una facultad legal que me permite en algunos casos indultar», sostuvo.

Luego de que se le señalara que al tomar la decisión de conceder un indulto a un condenado se superpone a una resolución judicial, el ultraderechista insistió en que no se estaba «hablando del fallo».

«Yo no estoy discutiendo lo que haya señalado un tribunal. Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada», dijo. 

¿Quiénes serán beneficiados por el indulto?

Ante la interrogante de que si su administración está estudiando aquellos casos que involucran a catorce funcionarios de Carabineros de las Fuerzas Armadas, vinculados con crímenes cometidos durante la revuelta social de 2029 y si en concreto figura el nombre del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillai —cuya abogada ya ingresó el requerimiento— Kast optó por no entrar en detalles.

El mandatario se limitó a decir que van a «estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponde».

Más allá de referirse a plazos para aplicar los indultos, reiteró que desde La Moneda prevén realizar un análisis en profundidad de cada caso «y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación lo vamos a comunicar» . 

Ante la pregunta de si su reflexión incluye a condenados por derechos humanos, el Presidente planteó que la atención de su gobierno «está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos»




































Rechazo a la reversión de la expropiación en Colonia Dignidad: organizaciones acusan retroceso en derechos humanos

 


CHILE AL DÍA


Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 54 segundos

Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su categórico rechazo ante el anuncio del gobierno de frenar el proceso de expropiación del sitio de memoria correspondiente a la ex Colonia Dignidad. A través de una declaración pública, advirtieron que la medida constituye un “acto político regresivo” que pone en riesgo compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia y reparación.

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, junto a agrupaciones de víctimas y colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos, señalaron que la decisión no puede ser entendida como un simple ajuste administrativo. Por el contrario, la calificaron como una señal preocupante de retroceso en políticas públicas relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

En el documento, las organizaciones recordaron que Colonia Dignidad fue uno de los principales centros de represión durante la dictadura, donde operó una estructura criminal en coordinación con organismos del Estado. Subrayaron además el valor judicial y probatorio del sitio, destacando que aún podría contener evidencia clave sobre el destino de personas detenidas desaparecidas.

Desde esta perspectiva, afirmaron que detener la expropiación afecta directamente las condiciones necesarias para avanzar en investigaciones judiciales en curso. “No estamos hablando de un terreno cualquiera”, enfatiza la declaración, sino de un espacio con relevancia histórica y jurídica para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.

Las críticas también apuntaron al argumento económico esgrimido por el gobierno. Según las organizaciones firmantes, no existe información pública suficiente ni transparente que respalde las cifras mencionadas para justificar la decisión. En ese sentido, señalaron que existen estudios previos —incluyendo tasaciones encargadas por Alemania a través de la GIZ, así como antecedentes del propio Estado chileno— que no habrían sido debidamente considerados.

Para los firmantes, el uso del factor económico sin sustento técnico constituye una justificación insuficiente y encubre una decisión política ya adoptada. A su juicio, lo que está en juego trasciende el proceso expropiatorio y afecta directamente la credibilidad del Estado frente a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional.

El documento advierte además sobre el impacto de esta medida en las víctimas y sus familias, quienes —según indican— enfrentan una nueva forma de abandono institucional. La señal, sostienen, es que incluso los reconocimientos oficiales de los crímenes pueden ser relativizados o postergados.

Las organizaciones enfatizaron que existen límites que el Estado no puede traspasar, especialmente cuando se trata de garantizar el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. En esa línea, recordaron que Chile mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser debilitadas por decisiones políticas.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando la recuperación del sitio como espacio de memoria, apoyar las investigaciones judiciales y defender el derecho de la sociedad a conocer la verdad.

“El proceso podrá ser retrasado u obstaculizado, pero no detenido”, concluye la declaración. “La verdad no es reversible. La justicia no es negociable. La memoria no es optativa”.

Organizaciones firmantes:

  • Centro Cultural 119 Esperanzas
  • Colectivo 119 de Familiares y Compañeros
  • Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca
  • Agrupación de Familias Campesinas Víctimas de Colonia Dignidad
  • Centro de Formación Memoria y Futuro
  • Asociación por los Derechos Humanos Parral
  • Fundación Ciudadana de Derechos Humanos
  • Agrupación de ex Presos Políticos de Talca
  • Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

lunes, 30 de marzo de 2026

Ocho diputados y altos personeros de Gobierno figuran con deudas universitarias impagas en medio del debate por el CAE

 30 March 2026

En medio de la discusión por el cobro de las deudas morosas por el Crédito con Aval del Estado (CAE), se conoció que ocho diputados en ejercicio y seis autoridades de Gobierno mantienen deudas impagas vinculadas a créditos universitarios.

Los antecedentes provienen de un análisis realizado por el dairio El Mercurio, que revisó la nómina pública de deudores del Fondo Solidario del Crédito Universitario de las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh).

Cabe recordar que el Presidente José Antonio Kast había instado a que las autoridades regularizaran sus deudas universitarias morosas: "Que se pongan al día porque no quieren que se expongan a una situación como esta frente a la opinión pública".

El informe indica que hay ocho parlamentarios y al menos seis autoridades de Gobierno que -hasta diciembre de 2025- aparecen como morosos, con montos que van desde poco más de un millón hasta 40 millones de pesos.

De acuerdo con la información, entre los diputados que figuran como morosos se encuentran:

Claudia Reyes (Partido Republicano), con una deuda cercana a los $38 millones.
José Carlos Meza (Partido Republicano), con cerca de $17 millones.
Nathalie Castillo (Partido Comunista), con aproximadamente $27,8 millones.
Sara Concha (Partido Social Cristiano), con cerca de $1,5 millones.
Carolina Tello (Frente Amplio), con alrededor de $12,9 millones.
Francisco Crisóstomo (Partido Socialista), con cerca de $1,2 millones.
Emilia Nuyado (Partido Socialista), con alrededor de $6,2 millones.
Héctor Ulloa (independiente), con una deuda cercana a $18,6 millones.  

Los montos varían considerablemente, desde cifras menores a $2 millones hasta deudas que superan los $30 millones.

Autoridades del Gobierno también aparecen como deudores

El informe también identificó a seis autoridades del Ejecutivo con deudas pendientes. Entre ellas:

Katherine López, delegada presidencial de Antofagasta, con cerca de $8,8 millones.
Ricardo Figueroa, delegado provincial, con una deuda cercana a $40 millones.
Abel Gallardo, delegado provincial, con aproximadamente $14 millones.
José Bravo, seremi, con cerca de $30 millones.
Carlos Zirotti, seremi, con alrededor de $3,2 millones.  

«Por encargo del Presidente»: Indignación por solicitud de «renuncia no voluntaria» a directora nacional de Sernameg que está en tratamiento por cáncer de mamas


 La afectada, Priscilla Carrasco, señaló que la actual ministra de la Mujer, Judith Marín, estaba en conocimiento de su diagnóstico, que su tratamiento finalizaría en julio, y que actualmente estaba en quimioterapia con pastillas e inmunoterapia cada 21 días. Decisión generó críticas incluso desde la misma derecha. 

EL CIUDADANO


Este lunes 30/3, el medio Contrapoder informó que el gobierno de Kast pidió la «renuncia no voluntaria» a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, quien accedió al cargo a través de la Alta Dirección Pública y además, actualmente está en tratamiento por cáncer de mamas. 

La noticia fue confirmada por la misma afectada a Contrapoder, declarando al respecto que «no he pedido licencias. He trabajado diariamente, muy comprometida en mi función con el Estado. Entonces la verdad es que sorpresa es al menos una palabra que me identifica en este momento».

«Soy una funcionaria que llegó a este cargo a través de la Alta Dirección Pública y por lo tanto entiendo los procedimientos administrativos. Me parece que es una situación compleja no sólo por mí, sino que por todas las mujeres que pueden tener algún tipo de diagnóstico de esta naturaleza y que implica un problema laboral, familiar. Es una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres de todo Chile», agregó Priscilla Carrasco.

Lee la nota completa de Contrapoder AQUÍ 

La noticia trajo inmediatas reacciones. En primer término, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que «además de estar en pleno tratamiento de Cáncer de Mama Triple Negativo, (Priscila Carrasco) encabezó la mayor expansión de atención a la violencia (contra la mujer) desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile».

Para Orellana, «hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral. Entre toma de razón y plazos ADP, serán meses sin directora titular. Evidencia es clara sobre cómo eso impacta gestión», advirtió la exministra.

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal (PPD) afirmó que «gobernar requiere humanidad y este caso revela una preocupante falta de sensibilidad. La directora de Sernameg, Priscilla Carrasco, lucha contra el cáncer en quimioterapia y se le pide la renuncia ‘no voluntaria’. ¡Sororidad y respeto para quienes luchan por su vida!», escribió la parlamentaria. 

También hubo críticas desde la derecha. La exministra Karla Rubilar declaró que «si esto es real, duele. Sacar a una directora de Sernameg con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar».

Seguidores