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jueves, 17 de septiembre de 2026

JULIO LILLO AFIRMÓ ADEMÁS QUE VIO A LA PARLAMENTARIA RECIBIR UN SOBRE DEL CONSERVADOR CARLOS SWETT

 

Exasesor de Flores declaró que Percy Marín le dijo que para apoyar la ley de notarios “se entregaban dineros a parlamentarios”

17.09.2026

Por José Gubbins y Diego Ortiz

En dos declaraciones prestadas como imputado, Julio Lillo, exasesor de la senadora RN Camila Flores, relató haber visto al expresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, entregar un sobre a la parlamentaria en las afueras de su domicilio, en plena campaña electoral y poco después de que se terminara de discutir la nueva Ley de Notarios en el Congreso. Lillo declaró haber comentado esto con Percy Marín (RN), expareja de Flores, quien le indicó que el lobby por ese proyecto de ley “había llevado a que se entregaran dineros a parlamentarios y que Camila Flores guardaba dinero en sobres en su closet”. El 16 de junio, Swett también compareció ante el Ministerio Público y confirmó que, efectivamente, se juntó con Flores y le entregó un sobre, pero que este contenía documentos: “Recuerdo que fueron declaraciones juradas de presidentes de juntas de vecinos”, aseguró. Desde la defensa de Flores afirmaron a CIPER que Swett nunca ha entregado dinero a Flores, y que no se referirán al contenido del sobre por tratarse de una investigación reservada.

Créditos imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno.


El exasesor de la senadora Camila Flores (RN), Julio Lillo, ha declarado en dos oportunidades ante el Ministerio Público a partir de la investigación por posible fraude al fisco donde la parlamentaria es la principal imputada. La primera vez fue en abril de 2026 y, la segunda, dos meses después, el 12 de junio pasado. 

En su primera comparecencia, Lillo no solo confirmó que la senadora le solicitaba parte de su sueldo que el Congreso le pagaba para asesorar a Flores, maniobra que ahora es conocida como la “cuota Flores”. También reveló antecedentes que abrieron una línea de investigación distinta al mal uso de asignaciones parlamentarias y que se relaciona con el presunto delito de cohecho en la tramitación de la Ley de Reforma Registral y Notarial. En junio pasado, CIPER ya había dado cuenta de parte de esta información (lea esa nota), la que ahora complementa con las declaraciones prestadas ante el Ministerio Público y nuevos antecedentes. 

En su testimonio de abril, Lillo explicó lo siguiente: 

El año pasado, debe haber sido en septiembre u octubre del año 2025, mientras Camila Flores estaba en campaña para senadora y yo trabajando por ella en terreno, recuerdo que en una oportunidad fui a su departamento”, dijo, explicando que cerca de las 7 de la mañana, vio llegar un vehículo que conducía el conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett: 

“Me percaté que la persona que manejaba el vehículo era Carlos Swett, presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. Él se bajó del vehículo y comenzó a manipular su teléfono como coordinando algo, luego subió al vehículo y se mantuvo en el lugar, momento en que veo a la diputada saliendo por el acceso principal del edificio, subiéndose al vehículo en el asiento del acompañante. Y luego de unos minutos desciende del vehículo con un sobre café en sus manos. Ingresa al edificio y al rato baja para empezar el día sin el sobre”. 

En ese mismo relato, Lillo agregó un punto hasta ahora desconocido: aseguró que comentó esa escena con el excónyuge de la senadora Flores, Percy Marín. Según le dijo a los fiscales, fue Marín quien asoció ese encuentro a la tramitación de la nueva ley de notarios:

Cuando le comenté esto a Percy Marín, él me habló sobre el lobby para el apoyo de esta ley que iba a afectar a la asociación de notarios, y me comentó que ese lobby había llevado a que se entregaran dineros a parlamentarios y que Camila Flores guardaba dinero en sobres en su closet”, declaró.

Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno

Dos meses después, el 12 de junio pasado, durante una segunda declaración, también prestada por Lillo, el Ministerio Público ahondó acerca del encuentro entre Swett y Flores y le preguntó al asesor qué le hacía creer que en ese sobre había dinero en efectivo. 

Por el lobby que se realizó por parte de la Asociación de Notarios y Archiveros Judiciales, encabezado en ese tiempo por el Sr. Carlos Swett, lo que es un hecho público y conocido, para que no se aprobara la modernización del sistema de notarios. Flores formaba parte de la Comisión de Constitución que trabajó en la redacción de la ley”, partió diciendo. 

Luego volvió a citar su presunta conversación con Marín: 

“Recuerdo que en una oportunidad le comenté a Percy Marín, después de la separación de ellos, que yo había visto a Carlos Swett a la 7 de la mañana en la entrada del edificio, ese día, у Percy Marín me comentó que él creía que era porque la Camila había intervenido en la redacción de esta ley. Además, fue en época de campaña, donde todo se compraba con dinero en efectivo, Camila pagaba todo en efectivo: la imprenta, la radio, a los brigadistas, a todos se les pagaba en efectivo. Qué otra cosa le iba a pasar Carlos Swett a Camila Flores en un sobre café a las 7.00 de la mañana que no fuera dinero”, afirmó. 

El Ministerio Público citó al actual conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett, para tomarle declaración y, entre otras cosas, preguntarle si financió la campaña de Camila Flores. Compareció en calidad de imputado el 16 de junio de 2026, instancia en la que, tal como señaló Lillo, confirmó haber ido a la casa de la parlamentaria y haberle entregado un sobre. Aseguró, sin embargo, que en este no había dinero, sino que “declaraciones juradas de presidentes de juntas de vecinos”. Esto relató a la fiscalía:

Recuerdo haber ido una o dos veces a su edificio (…), pero no fue a las 7.00 de la mañana como se me consulta, sino que fue cerca de las 8.15 de la mañana. Un día de septiembre u octubre, no recuerdo la fecha exacta como a las 8.15 u 8.30. Efectivamente yo le llevé documentos a Camila Flores, recuerdo que fueron declaraciones juradas de presidentes de juntas de vecino, yo la llamé por teléfono, ella bajó al auto, yo nunca me bajé del auto, Camila Flores entró al auto, se sentó en el asiento del copiloto, hablamos de su campaña y yo le pasé un sobre. Y luego ella se bajó y se fue. Fue algo muy corto”, explicó.

Respecto a entregarle dinero a Flores, Swett fue enfático en negarlo:

A su consulta, jamás le he entregado dinero a Camila Flores, tampoco a Yolanda Olfos [la secretaria parlamentaria de Flores], tampoco a Percy Marín, ni en efectivo, ni con transferencia bancaria, ni mediante depósito ni como persona natural ni como representante de la asociación de notarios. Tampoco le entregué dinero ese día y menos en un sobre”, aseguró. El conservador además autorizó en ese acto el alzamiento del secreto bancario de sus cuentas.

Según registros de la tramitación de la reforma a la ley de notarios, desde 2018, Flores, al ser parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, estuvo presente en la mayoría de las instancias de elaboración de esa ley. Esto incluye haber integrado la Comisión Mixta que, en enero de 2025 se constituyó para resolver las modificaciones que el Senado incorporó al texto en su segunda instancia, pero que la Cámara rechazó. 

A lo largo del proceso, la entonces diputada defendió, entre otras cosas, que se mantuvieran las categorías de los distintos oficios y criticó que el proyecto no otorgara suficiente relevancia a la experiencia para postular al cargo de notario o conservador. Según registros oficiales, la parlamentaria argumentó que no considerar la trayectoria de los candidatos, perjudica la carrera funcionaria y desincentiva la postulación a estos cargos en comunas más pequeñas, donde se suele iniciar la carrera. Además, Flores manifestó que, más que considerar la edad como un factor para cese de funciones en estos cargos (75 años) -otro aspecto muy discutido de la ley-, en su lugar deberían realizarse exámenes médicos para evaluar la competencia de los titulares, independiente de los años que tengan. La ley, finalmente, sí determinó el cese para notarios mayores a esa edad. 

El abogado de Camila Flores, Samuel Donoso, aseguró a CIPER que su representada jamás ha recibido dinero de Carlos Swett, lo que calificó como “absolutamente falso”. Agregó que Lillo declaró como imputado en esta causa y que, “como tal, no presta juramento ni promesa de decir verdad”. Además dijo que el exasesor tiene un doble rol en la investigación: “Un sujeto que además tiene la calidad de querellante, es decir, además es interesado en el resultado del caso”. 

Respecto al sobre que Swett le entregó a la senadora, Donoso indicó: “El contenido preciso de documentos que forman parte de una investigación sujeta a reserva legal, y su eventual finalidad, no se establecen por la prensa sino ante los tribunales. Ahí hemos pedido diligencias específicas para acreditar los hechos, incluida la efectividad misma de lo que afirma el señor Lillo, respecto de lo cual existen antecedentes que ponen en duda su versión. No vamos a discutir en los medios hipótesis construidas sobre un supuesto —la existencia de dinero— que es falso”.

Por último, el penalista reiteró la inocencia de su representada, asegurando que aquella quedará establecida “con pruebas y ante la justicia, no a partir de los dichos de un imputado que busca mejorar su propia situación procesal” (vea acá la respuesta completa).

En la investigación hay rastros de que el Ministerio Público se encuentra reconstruyendo los pasos de la tramitación de la ley de notarios en el Congreso, solicitando, por ejemplo, la comparecencia en calidad de testigo del senador RN, Andrés Longton, quien explicó que Camila Flores, al haber sido vocera de las conclusiones de la Comisión de Hacienda, por reglamento le tocaba integrar la Comisión Mixta. También declaró en varias ocasiones, el asesor de la bancada RN de la Comisión de Hacienda, Jorge Mera, quien entregó detalles sobre las intervenciones de la entonces diputada en esa tramitación. 

CIPER tomó contacto con el conservador Swett para conocer su versión sobre lo señalado por Lillo ante la fiscalía, en particular, por el supuesto pago de dinero a parlamentarios durante la tramitación de la reforma notarial que Percy Marín le habría comentado al exasesor. El conservador de Concón indicó que no puede referirse al tema, ya que esta es una investigación reservada. 

Julio Lillo declinó a referirse a sus declaraciones, dado el carácter reservado de la causa. Por su parte, Percy Marín también fue contactado, pero hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.

Memoria y reconciliación

 

Memoria y reconciliaciónOPINIÓNAlfredo Zamudio Concha (el quinto de izquierda a derecha) en la cárcel de Arica.


Alfredo Zamudio
Por : Alfredo ZamudioProfesor visitante de la Universidad Católica, sede Villarrica. Fue director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo.
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Nos llevaron a un albergue, limpio, tranquilo, todo amable. Nuestros vecinos eran refugiados de Vietnam y de otros lugares. La amabilidad que se sentía era como una medicina, me sentía tranquilo. Dejé de tartamudear dos semanas después. Las pesadillas tardarían un poco más en desaparecer.


El Mostrador Fuente Preferida

En un día como hoy, hace 50 años, mi padre Alfredo Zamudio Concha y yo llegamos a Oslo, Noruega. Hasta unas horas antes, había sido un preso político durante tres años, sobreviviendo golpes, humillación y hambre.

Todo había empezado tres años antes, el 12 de septiembre de 1973. Nosotros vivíamos al norte de Arica, cerca de la frontera con el Perú. Era un día miércoles pero no había clases, y tampoco era un día de alegría. Algo terrible había pasado en Santiago. Mi papá me mandó a comprar al almacén porque nos íbamos a ir caminando al Perú.

Alcancé justo a verlo cuando se lo llevaban en una camioneta. Me fui casi corriendo a mi casa, con la ilusión de que tal vez me había equivocado, que estaría ahí y que me preguntaría cuánto había salido todo. Abrí la puerta, pero no estaba. Vi todo el desorden que habían dejado. Las pocas cositas que teníamos estaban todas desparramadas, hasta habían rajado los colchones.

Encima de su cama había una camisa. La levanté y busqué su olor, como para sentirlo cerca. Con el tiempo entendí que justo en ese momento se terminó mi infancia, a los 12 años.

De un día para otro me había quedado solo y había que sobrevivir como se podía. Algunas veces me quedaba con amigos. Unos familiares abrieron sus puertas por algunos meses. Otros dijeron que no, por miedo quizás.

Una vez, cuando no daba más de hambre, confieso aquí que robé una gallina de una parcela, aunque no tuve el corazón de matarla y se la regalé a un viejito. Para dormir, un día hice un hoyo en la arena de un río. Casi no tenía ropa y saqué una camisa de un colgador. Todavía recuerdo la profunda sensación de vergüenza por haber hecho estas cosas, la soledad de vivir el día sin tener nada, mirar hacia adentro en muchas casas y esperar a que me dieran algo. Recuerdo los muchos encuentros con la violencia.

Los militares mataron a Gastón Valenzuela, Oscar Rippol y Manuel Donoso, amigos de mi papá. A mi papá lo condenaron a 11 años de cárcel. Estuvo preso en Arica, luego lo llevaron a La Serena, hasta llegar a Santiago. Yo lo visitaba y nos escribíamos cartas. En una de ellas le dije algo así como “Papá, por favor no me mande ropa, usted necesita la ropa más que yo”.

No recuerdo bien cómo ni cuándo, pero conseguí un documento que me permitía visitar a mi papá. Me habían dicho que a los presos les gustaba recibir cigarros, así que compré los más baratos que encontré. Los cigarros se llamaban Liberty (Libertad). “¿Cómo estás?”, me preguntó mi papá. No nos podíamos abrazar, parados de frente a frente. “Bien, todo está bien”, creo que le dije, casi sin pensarlo. No podía contarle que pasaba hambre.

Después de tres años, se abrió para los dos una puerta de esperanza, gracias a diplomáticos como Roberto Kozak, Lissen Elkin, ambos de lo que hoy es la OIM, y Frode Nilsen, el legendario embajador noruego. Mi papá podría salir en libertad, pero saldría expulsado de Chile.

Mi padre no tenía estudios superiores ni hablaba otros idiomas, pero el embajador Nilsen vio que mi papá necesitaba protección e hizo lo necesario para que Noruega nos recibiera. Después de meses de espera, llegó el aviso de que nos darían visas como refugiados. Un organismo de ayuda de las iglesias me dijo dónde podía sacar un pasaporte y ponerme una vacuna, y me dieron un cambio de ropa.

El 15 de septiembre de 1976 era el día de salida. No tenía plata, así que me fui a dedo y llegué un poco atrasado. Alrededor de mi papá había gendarmes y carabineros. Cuando llegué, se puso en modo papá y me dijo: “Llegaste tarde”.

Le quitaron las esposas, los grilletes y la cadena en la cintura. Aún recuerdo la mirada avergonzada de mi papá ante esta última humillación. El embajador Nilsen tomó a mi papá del brazo y les dijo: “Ahora me hago cargo yo”, y nos llevó al avión. Al día siguiente, en un vuelo que pasó por Buenos Aires, Río de Janeiro, Monrovia, Zúrich, Copenhague, aterrizamos en Oslo.

“¿Señor Zamudio?”, preguntó el funcionario del Consejo Noruego para Refugiados que nos esperaba. “Sí”, le respondimos los dos al mismo tiempo.

Nos llevaron a un albergue, limpio, tranquilo, todo amable. Nuestros vecinos eran refugiados de Vietnam y de otros lugares. La amabilidad que se sentía era como una medicina, me sentía tranquilo. Dejé de tartamudear dos semanas después. Las pesadillas tardarían un poco más en desaparecer, pero un día también se fueron. Empecé en el colegio y me enamoré por primera vez. Tenía 15 años.

Después de algunos buenos años de trabajo y libertad, mi papá cayó gravemente enfermo. Un día vimos las noticias de cuando Pinochet fue detenido en Londres y el exdictador parecía frágil. En un último ejemplo de empatía, mi papá me susurró, con lo que le quedaba de voz: “Ganamos, hijo, ganamos. No quiero que sufra lo mismo que yo, pero quiero que sí escuche todo lo que hizo”.

Comparto este relato porque las palabras de mi padre me han servido mucho cuando he trabajado en lugares con guerras y conflictos. He recogido heridos, ayudado a sobrevivientes.

Una y otra vez las víctimas me han hecho la misma pregunta: “¿Por qué nos hicieron esto, si éramos tan cercanos?”. No les he podido responder. La reconciliación no es fácil ni rápida, porque las memorias son emociones, con nombres, imágenes, sonidos. Cada país es distinto. En el nuestro podemos seguir dando vueltas en el mismo lugar, o hacer algo diferente, como escuchar las historias que nos faltan. No es fácil, y son muchas las memorias. Pero creo que tenemos que romper ese círculo y escucharnos, aunque duela.

Y me permito decir: feliz aniversario, papá. No ha sido en vano.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Presidente del Gobierno español recuerda a Víctor Jara a los 53 años de su asesinato

 

Presidente del Gobierno español recuerda a Víctor Jara a los 53 años de su asesinatoCULTURACrédito: EFE


EFE
Por : EFEAgencia de noticias en español
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“Su música sigue recordándonos que la cultura también es una forma de resistencia frente a quienes pretenden acabar con la democracia”, expresó en X.


El Mostrador Fuente Preferida

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó este miércoles al cantautor chileno Víctor Jara a los 53 años de su asesinato después de haber sido detenido y torturado por su militancia en el Partido Comunista en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende.

“Un día como hoy de hace 53 años asesinaron a Víctor Jara. Intentaron silenciar su voz porque sus canciones hablaban de libertad, dignidad y justicia. No lo consiguieron”, ha escrito en X Pedro Sánchez.



Y ha añadido:”Su música sigue recordándonos que la cultura también es una forma de resistencia frente a quienes pretenden acabar con la democracia”.

Jara murió el 16 de septiembre de 1973 tras recibir 44 disparos en el antiguo Estadio Chile de Santiago.

Con la vuelta de la democracia, el estadio fue denominado “Estadio Víctor Jara”.

Abogado Rendón denuncia nuevamente a Kast ante Contraloría por entregar cifras falsas sobre criminalidad

 

PODER Y POLÍTICA PORTADA


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Luis Mariano Rendón presentó una nueva denuncia ante la Contraloría General de la República luego de que el presidente José Antonio Kast afirmara que los homicidios aumentaron “en una forma muy importante” durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric. El abogado sostiene que las cifras oficiales muestran exactamente lo contrario y acusa al mandatario de vulnerar el principio de probidad administrativa.

El abogado Luis Mariano Rendón presentó una nueva denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) contra el presidente José Antonio Kast, luego de que el mandatario afirmara que los homicidios aumentaron durante los cuatro años del gobierno anterior.

La presentación sostiene que Kast habría infringido el principio de probidad administrativa al entregar información que, según Rendón, contradice directamente las estadísticas oficiales del Estado.

La controversia se originó durante una entrevista en radio Agricultura, en la que Kast aseguró que durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric los homicidios “aumentaron […] en una forma muy importante”.


Rendón fundamentó su denuncia con datos contenidos en documentación oficial. Según señaló, el Informe de Víctimas de Homicidios Consumados 2025 del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que consolida antecedentes de Carabineros, PDI, Fiscalía, Servicio Médico Legal y Ministerio de Seguridad Pública, registra una trayectoria descendente de los homicidios durante ese período.

Las cifras citadas por el abogado indican 1.330 homicidios en 2022, 1.249 en 2023, 1.209 en 2024 y 1.091 en 2025. Rendón sostiene además que durante esos años se produjo una reducción cercana al 20% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La afirmación de Kast fue también calificada como falsa por el medio de verificación Fast Check, según señala la información proporcionada por Rendón, que menciona además opiniones de especialistas del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y de un coronel en retiro de Carabineros.

Segunda denuncia en un mes

No es la primera presentación realizada por Rendón ante la Contraloría por declaraciones presidenciales relacionadas con las estadísticas de seguridad.

En agosto, el abogado denunció a Kast después de que el mandatario sostuviera en cadena nacional que Chile había registrado 218 mil robos violentos durante 2025. Rendón señaló entonces que los registros oficiales del Centro de Estudios y Análisis del Delito contabilizaban 69.777 casos, una cifra muy inferior a la mencionada por el jefe de Estado.

Para Rendón, la reiteración es precisamente uno de los aspectos centrales de esta nueva presentación.

“Esta no es la primera vez que el presidente Kast entrega a la ciudadanía cifras falsas sobre criminalidad. Hace apenas un mes lo denuncié por triplicar la cifra de robos violentos en cadena nacional, y hoy vuelve a hacerlo, esta vez afirmando que los homicidios aumentaron durante cuatro años cuando los datos oficiales de su propio gobierno muestran exactamente lo contrario”, señaló.

El abogado va más allá y sostiene que las declaraciones presidenciales no deberían considerarse simplemente una equivocación estadística.

A su juicio, “no es un error aislado”, sino una conducta destinada a “tergiversar la realidad para desprestigiar la gestión anterior y magnificar la propia”.

Rendón agrega otro elemento a su denuncia: asegura que durante la entrevista la periodista advirtió previamente al mandatario sobre el dato correcto. Para el abogado, esa circunstancia permitiría descartar que la declaración presidencial obedeciera solamente a desconocimiento o confusión respecto de las estadísticas.

“El jefe de Estado no puede engañar a los chilenos con las estadísticas del Estado que él mismo encabeza”, sostuvo.

Rendón pide que Contraloría investigue

La presentación solicita formalmente que la Contraloría instruya una investigación y requiera informes técnicos tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos.

También pide que el organismo contralor adopte las medidas que jurídicamente correspondan.

Rendón considera que las dos denuncias plantean un problema relacionado con el ejercicio de la función pública y el principio de probidad establecido en la Constitución y en la Ley de Bases de la Administración del Estado.

Por ello pidió un pronunciamiento de Contraloría sobre ambas presentaciones.

“Es indispensable que la Contraloría se pronuncie con prontitud sobre ambas denuncias y ponga así término definitivo a esta conducta contumaz, que vulnera el principio de probidad”, afirmó el abogado.

“Kast no puede seguir usando los recursos de todos los chilenos y su propia investidura para difundir información falsa”, concluyó Rendón.

Defensa de Héctor Llaitul denuncia persecución política, critica a la «prensa oficial» y anuncia nuevas acciones judiciales

 

CHILE AL DÍA PORTADA


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Los abogados Alberto Espinoza y John Maulén cuestionaron que la situación del dirigente mapuche sea presentada como un caso de delincuencia común, denunciaron irregularidades en su clasificación penitenciaria y anunciaron que recurrirán a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. También vincularon su situación con la prolongada militarización del Wallmapu y con antecedentes como la Operación Huracán.

La defensa de Héctor Llaitul Carrillanca emitió una declaración en la que cuestiona el tratamiento judicial, penitenciario y público de la situación del histórico dirigente mapuche y sostiene que su caso debe ser examinado en el contexto más amplio del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

Los abogados Alberto Espinoza y John Maulén rechazaron que la situación procesal de Llaitul sea presentada por lo que denominan la “prensa oficial” como un asunto de delincuencia común. A juicio de la defensa, esa caracterización omite tanto el carácter político de las reivindicaciones territoriales mapuche como las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado durante años la persecución penal contra distintos dirigentes.

En su declaración, los abogados sostienen que la atribución generalizada de violencia al pueblo mapuche es “injustificada y tendenciosa” y plantean que las acciones reivindicativas deben analizarse en el marco de las demandas históricas por territorio, autonomía y reconocimiento.

La defensa vincula además este conflicto con la utilización de mecanismos excepcionales por parte del Estado. Entre ellos menciona la prolongación del estado de excepción constitucional y el despliegue militar en la Macrozona Sur, así como la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en la condena contra Llaitul.

Para Espinoza y Maulén, este último elemento resulta particularmente relevante porque, según señalan, permite comprender una dimensión política y territorial de la persecución penal que denuncian.

Un conflicto judicial que viene de años

Los abogados recuerdan que sus cuestionamientos no comenzaron con la actual situación penitenciaria de Llaitul. Según el comunicado, desde 2011 existe una causa relacionada con él y otros dirigentes mapuche ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, actualmente en tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensa presenta este antecedente como demostración de que sus denuncias sobre el tratamiento penal de dirigentes mapuche se remontan a más de una década y no corresponden exclusivamente a las sentencias que actualmente cumple Llaitul.

El comunicado también recuerda la Operación Huracán, uno de los episodios más graves en la historia reciente de las investigaciones policiales vinculadas al conflicto mapuche. Aquella investigación quedó marcada por las irregularidades detectadas en las evidencias digitales utilizadas para imputar a dirigentes y comuneros mapuche y posteriormente derivó en procesos judiciales contra funcionarios policiales.

Para la defensa de Llaitul, ese antecedente tampoco puede ser separado del contexto en el que actualmente se encuentra su representado.

Cuestionamiento a Gendarmería

Uno de los puntos centrales de la declaración se refiere a la situación penitenciaria del dirigente.

Llaitul permanece recluido en el Complejo Penitenciario Biobío. Sus abogados afirman que Gendarmería lo ha clasificado como una persona condenada bajo la Ley de Conductas Terroristas, algo que —sostienen— no corresponde a las sentencias judiciales dictadas en su contra.

La defensa considera que esta clasificación carece de fundamento jurídico y la incorpora entre los antecedentes que pretende poner en conocimiento de organismos de derechos humanos.

Espinoza y Maulén también solicitaron el traslado de Llaitul a un establecimiento penitenciario que disponga de un módulo destinado a comuneros mapuche. La petición fue rechazada.

Los abogados argumentan que durante el cumplimiento de una pena privativa de libertad deben mantenerse los derechos culturales reconocidos a los pueblos indígenas y citan específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El asunto abre una discusión que excede el caso individual de Llaitul: hasta qué punto el sistema penitenciario chileno debe incorporar la pertenencia cultural y las garantías reconocidas internacionalmente a los pueblos originarios en las condiciones de cumplimiento de las condenas.

La dimensión internacional

El comunicado destaca además la reciente distinción recibida en París y entregada en representación de Llaitul a su hijo Ernesto. La defensa señala que este reconocimiento demuestra que el caso del dirigente y, en términos más amplios, las reivindicaciones mapuche han alcanzado una dimensión internacional.

Para sus abogados, esa internacionalización tendrá también una expresión jurídica.

Espinoza y Maulén anunciaron que continuarán interponiendo las acciones constitucionales, legales y administrativas que estimen pertinentes en Chile, pero también recurrirán a mecanismos internacionales cuando consideren que los derechos fundamentales de su representado han sido vulnerados.

“Continuaremos ejerciendo las acciones constitucionales, legales, administrativas tanto a nivel nacional como internacionales que correspondan para exigir el respeto de sus derechos”, señalaron.

La declaración concluye ampliando nuevamente el foco desde la situación particular de Llaitul hacia el conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche.

“La lucha del pueblo mapuche por sus derechos, su territorio, su autonomía y su dignidad ha trascendido las fronteras de Chile”, sostienen Espinoza y Maulén, quienes aseguran que esa causa ha encontrado reconocimiento y solidaridad internacional.

El comunicado de la defensa vuelve así a colocar el caso Llaitul en un terreno que nunca ha sido exclusivamente penal. Junto con las condenas judiciales existentes, permanecen abiertas las controversias sobre el uso de legislación excepcional, las condiciones penitenciarias de dirigentes indígenas, la militarización prolongada de territorios mapuche y el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios.

Ese es precisamente el terreno en el que los abogados anuncian que continuará la disputa jurídica: en los tribunales chilenos, ante las autoridades administrativas y, cuando corresponda, ante las instituciones internacionales de derechos humanos.

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