A 120 años de la masacre: Antofagasta recordó la sangrienta represión en Plaza Colón que la historia oficial quiso ocultar

 

Antofagasta conmemoró los 120 años de la masacre en Plaza Colón, donde fuerzas represivas mataron a cientos de huelguistas en 1906. Medios y agrupaciones reivindican la memoria del hecho como un acto de justicia pendiente, donde la historia oficial sigue minimizando. 

Memoria contra el olvido: A 120 años de la masacre de la Plaza Colón de Antofagasta 

Imagen: Pintura del destacado artista Raúl Navarrete «Lito»

Ayer, al conmemorarse 120 años de la masacre obrera en la Plaza Colón, diversas voces recordaron el violento episodio que la historia oficial intentó silenciar. Según un extenso reportaje de Regionalista.CL, «un episodio que la historia oficial intentó borrar, minimizar o empujar al olvido, pero que persiste con fuerza en la memoria colectiva de la ciudad».

La protesta, iniciada por trabajadores ferroviarios que exigían «media hora legal para colación», derivó en una huelga general que paralizó Antofagasta. La respuesta de las autoridades y la élite fue la formación de una fuerza paramilitar. El medio cita que, ante la intransigencia empresarial, el intendente «autorizó la creación de un cuerpo armado conocido como la ‘Guardia del Orden’», integrado por comerciantes y miembros de la élite local, respaldado por marineros de la fragata Blanco Encalada. 

El 6 de febrero de 1906, tras un mitin pacífico, la represión se desató. Regionalista.CL relata: «Abr[i]eron fuego de manera indiscriminada contra la multitud desarmada». La matanza, que duró minutos, dejó una cifra de víctimas nunca aclarada, oscurecida por el silencio oficial. «Las cifras oficiales de la época hablaron de 50 a 60 muertos, pero múltiples testimonios (…) sostienen que las víctimas podrían haber superado las 300 personas», precisa la fuente.

A 120 años del hecho, organizaciones ciudadanas buscan mantener viva la memoria. La publicación del medio concluye que «Recordar no es solo un acto de memoria: es un gesto de justicia». El viernes por la noche, una velatón en la Plaza Colón honró a las víctimas de esta herida histórica aún abierta.

Mira el video: Matanza Plaza Colon, 1906 (Al Norte de Chile)

 

Si Kast quiere empezar moviendo sus piezas con cierta habilidad, podría impulsar medidas en un área en que haya un apoyo transversal, la seguridad, por ejemplo. Foto: youtube.com/@JoséAntonioKastOficial

COLUMNISTAS PORTADA

En el final de un ciclo

By Sergio Martínez  7 Febrero, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 56 segundos

En poco más de un mes José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile, un proceso que pareciera algo así como el retorno a un punto de partida. Después de todos estos años de lo que se llamó la transición a la democracia, Chile estará presidido por alguien que ―independientemente de los matices que algunos quieran darle— es, después de todo, un genuino exponente de lo que fue el pinochetismo.

Por cierto, esto no significa que su gobierno vaya a ser una copia de lo que fue la dictadura. Eso simplemente porque, dado el grado de control que la clase dominante ha impuesto en Chile, esas medidas extremas no son necesarias. La idiotización de la población orquestada por la televisión, especialmente, hace innecesarias esas medidas. El deterioro de la educación y el acomodo a una cultura de individualismo más el evidente estado de precariedad en los empleos de mucha gente, hacen muy improbable que en un futuro inmediato vaya a verse movilizaciones muy significativas.

Queda por verse cuál va a ser el enfoque que Kast va a dar a su gobierno. Al respecto, Axel Kaiser, hermano del líder del Partido Nacional Libertario, recomendaba hace un tiempo: “ir al shock de inmediato, no adoptar el gradualismo como había hecho (Mauricio) Macri en Argentina porque eso fracasaba”. ¿Podría ser ese el modelo que adopte el futuro presidente? En cierto modo y desde una perspectiva de extremismo duro ese approach podría tener sentido: medidas que sacudan aspectos importantes de la estructura del país pueden sorprender a una ciudadanía básicamente desmovilizada. Eso sí, dependiendo de cuan “chocantes” sean las medidas, ello podría desencadenar, a mediano plazo, un proceso parecido a lo que fue el estallido de 2019. Kast también debe considerar esa arista en aquel hipotético escenario extremo.

Sin embargo, si quiere empezar moviendo sus piezas con cierta habilidad, podría impulsar medidas en un área en que haya un apoyo transversal, la seguridad, por ejemplo. Prácticamente todos están por atacar del modo más duro posible el flagelo de la criminalidad. En ese terreno, podría proseguir y profundizar medidas que ya se han estado implementando en la actual administración como la remoción de los llamados toldos azules en el sector poniente de la comuna de Santiago, tarea en la que han convergido el alcalde derechista Mario Desbordes y el delegado regional de la presidencia, Gonzalo Durán.

El desalojo de esos verdaderos campamentos de comercio ambulante, controlados por bandas criminales, es una medida necesaria y que un futuro gobierno en búsqueda de consenso, por lo menos en el inicio de su gestión, bien podría extender: la Alameda en Santiago o la Avenida Valparaíso en Viña del Mar, que hoy lucen como gigantescos bazares de baratijas, bajo los cuales además se mueve mucha droga, deberían ser limpiadas y devolver así cierta seguridad a esas zonas. Eso sí, esos desalojos podrían no agradar a algunos en su sector: los capos que controlan las calles puede que sean donantes de su propia campaña, en tanto que los ambulantes seguramente son parte de ese conglomerado de pobres que votan por Kast y la derecha.

En búsqueda de medidas populacheras pero efectistas, la nueva administración bien puede escoger un blanco fácil: la cultura. Ya durante la campaña para la primera vuelta la entonces candidata Evelyn Matthei había sugerido que algunos de los recursos destinados a la cultura mejor se canalizaran a la seguridad y al ministerio público. Para un tipo de mentalidad en que la actividad cultural y artística es vista como algo si no superfluo al menos prescindible, el futuro gobierno puede sentirse tentado a desmantelar las estructuras que en la actualidad proveen apoyo financiero a la cultura.

Por cierto, no es que la derecha no tenga una política cultural, la tiene, pero no cuesta imaginar que esa es una política de mercado, por ejemplo reducir el rol del Estado o incluso sacarlo del apoyo a la actividad cultural, promoviendo en cambio, mediante deducciones tributarias, el mecenazgo empresarial. No extrañaría tampoco que se intente implementar algo parecido a lo que ha sido la política de financiamiento del cine en Argentina bajo Milei: producir lo que el mercado pide. Una política cultural basada en el mercado nos llevaría necesariamente a que el modelo de vulgaridad y tontería que hoy prevalece en los matinales televisivos o en las rutinas de los “humoristas” del Festival de Viña se transforme en el paradigma de la cultura chilena bajo el próximo gobierno.

Si Kast decide seguir la recomendación de Axel Kaiser y dar un sacudón fuerte en materia de gastos sociales, cortando beneficios que hoy favorecen a sectores de menores ingresos en la sociedad, es posible que no encuentre una reacción eficaz inmediata, y la que pueda surgir sería respondida al estilo de Milei, reprimiendo a los jubilados, por ejemplo. La actual fragmentación de la izquierda y de la futura oposición en general, seguramente sería aprovechada por el gobierno de Kast en ese escenario de shock intenso. Pero, por otro lado, un tal sacudón, aunque no inmediatamente sino en un mediano plazo, podría echar las bases de un estallido mucho mayor (y, esperamos, con real conducción política y no con puros impulsos) que podría poner en jaque todo el modelo neoliberal que ahora Kast busca reforzar.

Por cierto, como muchos otros análisis que se están haciendo en diversos campos de la izquierda y de la futura oposición, todas estas son hipótesis cuya factibilidad no es posible predecir. Lo único claro es que la asunción de Kast al gobierno el próximo 11 de marzo marcará un hito importante incluso en términos generacionales. Aquella generación de jóvenes de los años 60, que marchamos por Cuba y Vietnam, que veíamos el mundo girar a la izquierda, que soñamos construir un nuevo país en 1970 (“porque esta vez no se trata de cambiar un presidente…” como decía la canción), que vimos esas esperanzas truncadas tres años más tarde, aun seguimos vibrando cuando los últimos soldados estadounidenses huían humillados de Vietnam o cuando Nicaragua era liberada, y que terminada la dictadura en Chile parecía que al fin podrían “abrirse las grandes alamedas”, hoy ya en los tramos finales de nuestras existencias vemos con frustración que en realidad, se ha llegado al final de un ciclo.

El período que se viene, y no sólo en Chile, sino que en prácticamente todo el mundo, se ve bastante oscuro. Nuestra generación ya no verá el amanecer, pero como Eduardo Galeano menciona en uno de sus textos refiriéndose a “para qué sirve la utopía”, la que equipara a la línea del horizonte que mientras más uno avanza, más parece alejarse, pues bien, dice Galeano, para eso sirve: “para caminar”. En ese camino, otros seguramente tomarán el relevo. Ahora, en este momento, es triste ver este lamentable final del ciclo, pero, si se me permite un “último acápite”, la travesía valió la pena. Y como decía Patricio Manns en una de sus canciones, “la derrota es siempre breve…” Aunque, claro está, uno bien puede preguntar qué es la brevedad.

 

Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD. Foto: "Derechos para la memoria y futuro".

CHILE AL DÍA

Gaby Rivera, presidenta de la AFDD: «Que el compromiso por los derechos humanos sea de todos»

By El Clarín De Chile  7 Febrero, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

Memoria, cultura en derechos humanos, dictadura, revuelta popular y el rol del Servicio Médico Legal en la búsqueda de justicia para las personas detenidas y desaparecidas en Chile son algunos de los asuntos abordados en el programa de conversación «Derechos parmemoria y futuro»,a la  presentado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD.

El más reciente capítulo de ese espacio, «Búsqueda, verdad y justicia», que es posible ver en el canal de YouTube de la agrupación, cuenta con participaciones de Gaby Rivera, presidenta de la AFDD, y de voces invitadas: la periodista y editora Mónica González, fundadora del medio de investigación Ciper y de larga experiencia en revistas como «Cauce» y «Análisis» durante la dictadura, y del diputado electo Gustavo Gatica, cegado por la represión policial durante la revuelta de 2019.

«Si no hay una cultura real y verídica de los derechos humanos vamos a seguir teniendo cada tanto tiempo nuevos Gustavo Gatica y compañeros que fueron cayendo ahora, en estos tiempos», alertó Gaby Rivera como parte de la transmisión, junto con poner en contexto el trabajo de la AFDD. «Las fuerzas armadas son importantes, pero cuando están con el pueblo, no contra el pueblo. Y lo que sucedió desde el ’73 al ’90 fue todo lo contrario: fue asesinar, fue torturar, fue hacer desaparecer».

Ya con motivo de los cincuenta años del golpe de Estado cumplidos en 2023 Gaby Rivera se había mostrado crítica con el rol del Servicio Médico Legal en la identificación de personas desaparecidas por la represión, y llamaba la atención sobre la existencia de 89 cajas con restos de personas en el SML como un «símbolo de la indolencia y el olvido». La presidenta de la AFDD también abordó ese asunto en el programa reciente.

«Perdimos todas las confianzas en el Servicio Médico Legal, en los primeros directores que fueron lo peor que pudo haber pasado, que siempre pusieron cortapisas para llegar a encontrar [a nuestros familiares]», dijo. «No hemos encontrado ningún cuerpo. Lo que hemos encontrado son restos de los compañeros, son pedacitos de clavículas, de tibias, de muchos otros fragmentos de osamentas de nuestros compañeros. Y eso es lo que se ha ido identificando para dar el nombre a cada uno de ellos».

La actual ola de restauración de las corrientes proclives a la dictadura pinochetista y la negación de las violaciones a los derechos humanos también fueron discutidos en el encuentro. «Siempre han dicho que nos hemos beneficiado con el tema de los derechos humanos. Pero yo no sé cuál es el beneficio. Un día se llevaron a los papás, se llevaron a los hermanos, y nunca más los vimos, nunca más llegaron a sus casas, nunca más le dieron el beso de buenas noches a sus hijos», recordó la presidenta de la AFDD.

«No podemos seguir estando solas», concluyó. «Involucremos a la sociedad completa, que la sociedad completa haga que ese compromiso (por los derechos humanos) sea de todos. Es el momento de organizarnos, de analizar, de discutir y de planear cuál es el futuro que queremos para Chile».

Gabinete de Kast, de emergencia en emergencia: el caso Duco

 

Natalia Duco en la imagen oficial difundida tras su nombramiento como ministra del Deporte en el gabinete de Kast. Foto: OPE.

PODER Y POLÍTICA PORTADA

By Verónica Palma Cornejo  6 Febrero, 2026

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 56 segundos

La atleta Natalia Duco sumó una nueva polémica a su cuestionado nombramiento como ministra del Deporte del gobierno de José Antonio Kast. A su falta de experiencia en gestión deportiva y al caso de dopaje que la mantuvo suspendida para competir en pruebas oficiales de atletismo a nivel nacional e internacional entre 2018 y 2021, se sumó la denuncia realizada por el periodista Juan Cristóbal Guarello en su espacio La Hora de King Kong.

A pesar de haber sido nombrada ministra el 20 de enero, la atleta seguía recibiendo la beca Proddar, un estímulo económico destinado por el Instituto Nacional del Deporte a exponentes chilenos de alto rendimiento que han obtenido logros internacionales, y que le fue asignada luego de su participación en los juegos Odesur en 2022.

En diciembre de 2025 Natalia Duco recibió $1.425.999, a pesar de que no competía desde fines de 2024, y sobre esa situación puso el foco Guarello el miércoles 4 de febrero, en el capítulo 386 del programa de YouTube en el que el periodista analiza temas de actualidad política y deportiva.

“Por ser medallista de los Odesur el 2022 tenías derecho a recibir una beca Proddar de cuatro años, y la Duco fue medallista el 2022 y recibió la beca Proddar de un millón y tanto”, señaló el periodista. “Además, ojo, ella recibió otras cosas… recibe bastante dinero del Estado, todavía. ¿Y qué pasó? Que tú puedes recibir esa beca por cuatro años, pero tienes que seguir compitiendo, y Natalia Duco se retiró a finales del 2024. No compitió en todo el 2025 y, obviamente, no va a competir el 2026. ¿Qué pasa con esta beca Proddar? ¿La va a seguir recibiendo? No tendría que haberla recibido todo el 2025…”,

El equipo verificador que no verifica

Los integrantes del equipo encargado de revisar los antecedentes de los próximos funcionarios de Kast tuvieron tiempo para chequear el historial de la lanzadora de bala antes de confirmarla como ministra el 20 de enero pasado. ¿Por qué no lo hicieron?

Y en el caso de que no hayan tenido la prolijidad de cotejar estos datos, ¿se puede pensar que la atleta omitió esta información por alguna razón que desconocemos? ¿A Duco no le pareció que se trataba de una situación incompatible con el cargo y que incluso ameritaba descartar su nombramiento? ¿Por qué anunció que renunciaría a la beca solo cuando Juan Cristóbal Guarello denunció la irregularidad en la que estaba involucrada?

“Desde mi nombramiento es lo correcto (renunciar al beneficio) por probidad y por respetar los recursos públicos de todos los chilenos”, respondió Natalia Duco al diario La Tercera. Sin embargo, agregó un dato que pone en cuestión la solvencia de su argumento. Declaró al mismo medio que tenía pensado competir en los juegos Odesur programados para septiembre de 2026 en Santa Fe, Argentina, pero —dijo— su designación en el Ministerio del Deporte modificó sus planes.

Entonces, si para el martes 20 de enero, cuando fue anunciada como secretaria de Estado, ya tenía claro que no participaría en los Odesur de septiembre (o seguramente lo sabía desde antes, ya que su nombre como miembro del gabinete circulaba desde el 9 de enero), ¿por qué no renunció antes a la asignación del Instituto del Deporte y no el mismo día en que fue expuesta por Juan Cristóbal Guarello? No se entiende, y tampoco nadie del gobierno electo ha entregado una explicación coherente.

¿Hay algo más que tengamos que saber sobre Natalia Duco que pueda afectar su desempeño como funcionaria? ¿O acaso será una ministra designada que no alcanzará a jurar (o prometer) el 11 de marzo de 2026?

Diario electrónico POLITIKA

 

¿Has reenviado este correo electrónico? Regístrate aquí para obtener más Diario electrónico POLITIKA La quiebra del orden multilateral y la abdicación de la soberanía "Lo haremos por las buenas, o por las malas..." Donald Trump LUIS CASADO FEB 7 escribe Luis Mesina - 6 de febrero de 2026 El escenario político global de 2026 marca un punto de inflexión histórico: el fin de la hegemonía del derecho internacional frente al resurgimiento de una lógica imperialista descarnada. A un año del segundo mandato de Donald Trump, se observa no solo una transformación económica, sino una parálisis política global. El silencio de los líderes mundiales no es neutralidad, sino una abdicación de la soberanía ante el retorno del “intercambio desigual” y la ley del más fuerte. El desmantelamiento del “paradigma globalista” constituye una verdadera bofetada a quienes en las últimas décadas se aferraron al designio del “fin de la historia”, creyendo que el capitalismo, en su forma más extrema y brutal se impondría definitivamente. El tablero político ha sido “pateado” por la administración estadounidense de Trump, ha invalidado todos los acuerdos de libre comercio y la fe, que profesaban la mayor parte de los gobernantes en los organismos multilaterales (FMI, OMC, OCDE), se ha desplomado estrepitosamente. Del mercado global al proteccionismo punitivo, la imposición de aranceles y la ruptura del NAFTA (Mexico, Canada) no son simples medidas económicas; son actos de fuerza que transforman la gobernanza global en una serie de transacciones bilaterales asimétricas. La fragilidad de las alianzas, en el caso de Dinamarca/Groenlandia devela la ficción de la “defensa colectiva europea”, tan cacareada en favor de Ucrania contra Rusia. La Union Europea (UE) que nació bajo la promesa de ser un bloque capaz de equilibrar el poder mundial, se enfrenta a una paradoja casi existencial: si no puede proteger la integridad territorial de uno de sus miembros frente a la ambición de un aliado (EE UU), la UE deja de ser un proyecto político estratégico para convertirse en un mercado cautivo. La OTAN, bajo esta lógica de transacciones bilaterales, deja de ser un “pacto de caballeros” para revelarse como un mecanismo de control donde la soberanía de los países está subordinada solo a la seguridad interna y a los intereses comerciales del imperio. La arquitectura de seguridad de la posguerra ha muerto definitivamente. La Unión Europea revela así, su condición de vasallaje tecnológico y militar, al igual que la mayoría de los países de nuestra America. El control por la coerción ya no es sutil, Trump ha mostrado todas sus cartas y la respuesta de los que ayer se autodenominaban representantes de la izquierda han quedado petrificados, incapaces de reaccionar ante tanta violencia simbólica y concreta de parte del imperio. Acciones como la asfixia económica total a Cuba y la captura de Nicolas Maduro en Venezuela, demuestran que el nuevo orden no busca consensos, sino la inhibición de la soberanía mediante el terror económico, político y militar. El silencio como síntoma de bancarrota política Se ha hecho común que ante la conflictividad bélica la mayoría de los gobernantes guarden silencio. Palestina es la muestra más evidente de ello, el genocidio contra un pueblo desarmado se materializa, sin que exista voluntad real de los estados por detenerlo. El fenómeno mundial que ha desatado Donald Trump provoca que muchos “miren hacia el lado”, evitando caer en el círculo que el imperio selecciona y clasifica como países poco amigables y, en consecuencia, quedar expuestos a sanciones económicas vía aranceles. El silencio y la inacción evidencia, además, una crisis de representación y valentía. Al aceptar el unilateralismo estadounidense sin resistencia pública, las élites políticas confirman la fragilidad del modelo que defendieron durante décadas. Este silencio, es la manifestación de una mediocridad estratégica que deja a los pueblos desprotegidos frente a las ambiciones de un poder imperialista que ya no utiliza sutilezas diplomáticas. La falta categórica de pronunciamientos y acciones de la socialdemocracia y las llamadas nuevas izquierdas ante el unilateralismo de Trump no es una omisión táctica, sino la confesión de impotencia, mediocridad y cobardía. Durante décadas, estos sectores se inclinaron y sometieron al nuevo “orden mundial” iniciado a comienzos de los 80, reemplazaron la lucha por la soberanía nacional y económica por una agenda elaborada por los organismos multilaterales de “gobernanza global” y “derechos abstractos”. Renunciaron a levantar las banderas de la igualdad, acuñando practicas discursivas completamente funcionales al mantenimiento del capitalismo y no a su transformación. Declinaron tomar partido en el conflicto capital trabajo y prefirieron algo más inocuo, apoyar cuestiones vacuas como las demandas identitarias. Hoy, ante un poder imperial que ignora las normas y que no trepida en pisotear los derechos más elementales de los pueblos, estas fuerzas políticas se descubren desarmadas, no tienen capacidad industrial, ni militar, ni el control financiero, ni la voluntad política de poder ofrecer alternativas. Su silencio revela que pasaron de ser meros administradores de un orden político y económico que Trump ha decidido liquidar. El reinado unilateral de Trump parece consolidado en el exterior gracias a la pasividad global de los gobernantes y de los partidos; pero, su vulnerabilidad reside en el interior. La historia demuestra que la fuerza de un tirano es inversamente proporcional a la resistencia de las instituciones y la calle. Las movilizaciones internas en EEUU, como las protestas contra el ICE, sugieren que el conflicto real no está solo entre Estados, sino entre un modelo de dominación y la voluntad de los pueblos por recuperar su soberanía. Podrán avasallarnos como decía Allende; pero, mas temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas, metáfora que hoy, ante el desamparo político de millones en el mundo retumba con fuerza, presagiando que el capitalismo en la era actual solo puede ofrecer barbarie y sobrevivir destruyendo sostenidamente fuerzas productivas, que son al mismo tiempo, la base material donde nacerá la futura fuerza para su superación. POLITIKA

 Miguel Alfonso Bellet, Alberto Soto y José Miguel Aguirre (de izquierda a derecha).

POLÍTICA

 6 DE FEBRERO DE 2026

Dos generales y un vicealmirante: el perfil militar de los posibles delegados presidenciales de Kast que buscarán controlar la inmigración irregular en la frontera

Para definir los delegados presidenciales que asumirían en Arica, Tarapacá y Antofagasta, la OPE decidió dejar de lado la pretensión de los partidos que exigían mayor presencia en la "segunda línea" y optaron por un perfil común: oficiales en retiro. Ello para enfrentar con fuerza la inmigración irregular en la frontera, una de las principales promesas -y prioridades- de la futura administración.

the Clinic 

“Ya está todo listo”, dijo el presidente electo, José Antonio Kast, sobre el anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales que dará a conocer mañana.

El futuro mandatario arribará en Santiago pasadas las 14:00 horas de este viernes, tras su gira por Europa, y mañana encabezará el acto donde dará a conocer a los representantes que asumirán en la “segunda línea”, cuya definición tampoco ha sido fácil por los equilibrios de poder que han demandado los partidos que lo respaldan.

Los ojos están puestos en el norte, donde se ha buscado priorizar la elección de exuniformados para las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, para abordar una de las principales prioridades de la futura administración denominado Plan Escudo Fronterizo: el control de la inmigración irregular en la frontera.

Sin embargo, uno de los asuntos que tenía pendiente la administración era definir quién asumirá la delegación por Antofagasta. Allí, si bien en las oficinas del presidente electo ha estado claro el criterio que se utilizará para el nombramiento, ha costado definir un nombre. 

Son varias las opciones que han rondado. En un comienzo, sonaba el nombre del excarabinero Francisco Franzani, sin embargo su opción terminó siendo descartada.

En la lucha por la representatividad de los partidos en los denominados cargos de “segunda línea”, se habló de Marco Antonio Díaz (RN), exintendente de la región; y Alejandro Cifuentes, CORE del Partido Republicano por Antofagasta.

Si bien ambos nombres estaban en consideración, les juega en contra el criterio que buscaba establecer la OPE respecto de tener en toda la macrozona norte a un exuniformado. Es allí donde entra el exgeneral de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), José Miguel Aguirre.

Actualmente es de las cartas favoritas para asumir la delegación presidencial, cargo que no le sería ajeno, puesto que ya fue jefe de zona en Antofagasta durante el estallido social.

De todas formas, las fuentes consultadas confirman que, hasta hoy, no estaba claro quien asumiría en representación de Antofagasta.

Quiénes son los delegados que asumirían por Arica y Tarapacá

Al igual que en Antofagasta, en Arica y Tarapacá la idea era que, para enfrentar los problemas migratorios y desplegar un plan especial para enfrentar problemas migratorios, había que optar por delegados que fueran oficiales en retiro.

Así, si bien en Arica en un comienzo se estaba debatiendo que fuera el general en retiro Luis Cuellar, nombre ligado al Partido Nacional Libertario, finalmente se habría optado por el oficial en retiro del Ejército, Miguel Alfonso Bellet.

El general (r) no sería un desconocido para la zona, donde se desempeñó como jefe de la defensa nacional tras el terremoto que golpeó a la región en 2014. Así también estuvo trabajando en la operación “Jarkaña” para la protección de la frontera norte entre 2016 y 2017.

Por Tarapacá, en cambio, asumiría el cargo el vicealmirante (r) de la Armada de Chile, Alberto Soto. Su nombre tampoco es nuevo en el entorno de Kast, de donde se barajaba como opción incluso para asumir en el Ministerio de Seguridad.

En la zona fue comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, en Iquique.

SE TRATA DEL EXMINISTRO LUIS SEPÚLVEDA, CUYA SEÑORA ADEMÁS FUE CONTRATADA POR CBR DE YÁBER

 

Hija de senador Gahona declaró que juez que la nombró notaria interina en San Miguel le pidió contratar a familiares

05.02.2026

Por Gabriela Pizarro y Macarena Segovia

La abogada Paulina Gahona, notaria interina de la 2da Notaría de San Miguel entre 2023 y 2025, declaró en la investigación sumaria que lleva la Corte de Apelaciones de San Miguel en contra de Sergio Yáber, el conservador de Puente Alto involucrado en la trama bielorrusa. La amistad entre Yáber y el padre de la abogada, el senador UDI Sergio Gahona, es conocida. En 2022, Yáber contrató a la hija de Gahona en Puente Alto, puesto que luego ella dejó para asumir como interina en la 2da Notaría de San Miguel. El nombramiento de Gahona en esa notaría fue decisión del exministro Luis Sepúlveda, quien ejercía como presidente de la corte de San Miguel en la época. Ahora, en el sumario contra Yáber, Paulina Gahona reconoció que Sepúlveda, luego de nombrarla en el cargo, le solicitó que contratara a su sobrino, cosa que hizo, pero también a otro familiar que no contrató. El sumario además confirma un antecedente similar de Sepúlveda publicado por CIPER: el ministro votó a favor del nombramiento de Sergio Yáber como conservador de Puente Alto, lugar donde luego fue contratada su esposa, Isabel Ponce.

En noviembre de 2018, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, llegó junto a su esposa, Isabel Ponce, a las oficinas del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto. El propio ministro se presentó ante los trabajadores como juez de esa corte y luego fue el conservador Sergio Yáber el que despejó cualquier duda, afirmando que Isabel Ponce era la cónyuge del ministro y que trabajaría en el conservador a partir del día siguiente. En ese momento, Yáber llevaba pocos días como conservador de esa comuna, cargo que consiguió con el voto favorable de Sepúlveda, a pesar de figurar en el noveno lugar en la lista de postulantes.

La escena de Sepúlveda llegando al CBR junto a su esposa es relatada por dos trabajadores del conservador que estuvieron presentes el día en que ocurrió el hecho. Esos testimonios hoy son parte del sumario que lleva la fiscal judicial Carla Troncoso, a petición de la Corte de Apelaciones de San Miguel para investigar los antecedentes sobre Yáber. El conservador está suspendido de sus funciones y bajo arresto domiciliario total, tras ser formalizado por lavado de activos en la trama conocida como la arista bielorrusa del caso Hermosilla.

En el sumario de Yáber se revelan ahora más antecedentes que apuntan al exministro Luis Sepúlveda: en 2023, mientras el juez ejercía como presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, nombró como notaria interina a Paulina Gahona, hija del senador UDI Sergio Gahona, para luego “ofrecerle” a la abogada la contratación de un sobrino suyo, también de apellido Ponce. 

Según la normativa vigente, son los presidentes de las cortes de apelaciones respectivas quienes tienen la facultad para nombrar a los notarios interinos. Y en este caso, fue por decisión de Sepúlveda que Paulina Gahona asumió como notaria interina de la 2da Notaría de San Miguel en mayo de 2023, donde luego fue contratado el sobrino del ministro para ejercer como oficial primero. 

Quienes han tenido acceso al sumario, explicaron a CIPER que este incluye la declaración de Paulina Gahona, donde la abogada niega haber sido forzada a contratar al sobrino de Sepúlveda, pero al mismo tiempo reconoce que esa contratación fue sugerida por el juez que la nombró en el cargo. En la misma declaración, la abogada también reconoce que el entonces ministro Sepúlveda ofreció nombres de más personas para que fueran contratadas en la notaría, pero ella no concretó esos ofrecimientos pues, según explicó a la fiscal judicial, la institución no necesitaba más personal y los ingresos eran bajos, razón por la que habría renunciado al cargo en enero de 2025 (vea el documento con la renuncia). 

A este hecho se suma la declaración de otro trabajador del CBR de Puente Alto, quien indica que el nombramiento de Gahona como notaria interina fue una recomendación de la esposa de Sepúlveda, Isabel Ponce, y que las gestiones para concretarlo ocurrieron mientras ambas —Ponce y Gahona— trabajaban en el conservador dirigido por Yáber. 

CIPER intentó contactar a Paulina Gahona a través de un correo que ella dispuso para una causa penal consignada en 2025 en el Poder Judicial, pero el mensaje no fue respondido. Tampoco contestó el senador Gahona, a quien llamamos para saber si a través suyo podíamos llegar a su hija. Asimismo, el exministro Sepúlveda, no recibió nuestras llamadas ni contestó nuestros mensajes enviados vía WhatsApp. 

Corte de Apelaciones de San Miguel (Fuente: Poder Judicial)

LA LLEGADA DE GAHONA A SAN MIGUEL

Según fuentes conocedoras de los vínculos de Yáber, el senador Sergio Gahona y el exministro Luis Sepúlveda forman parte de su círculo de amistades. En noviembre de 2025, CIPER publicó que la hija de Gahona había sido contratada por Yáber en el CBR de Puente Alto entre 2022 y 2023. En ese reportaje, el senador Gahona explicó que Yáber le pidió su contacto: “Cuando [Yáber] se enteró que mi hija era abogada de la Universidad de Los Andes y residía en Santiago, me consultó si ella podría estar interesada en trabajar en el sistema registral, le entregué el contacto telefónico de mi hija y establecieron una relación contractual”.

Además, Reportea publicó que en las cuentas corrientes de Yáber, existe un cheque por $4 millones girado el 4 de enero de 2023, a nombre del senador Gahona. 

CIPER tuvo acceso a los informes sumarios de los notarios dependientes de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, Fernando Martel y Claudio Barrena. Además pudo conocer parte del sumario que recomendó la apertura de un cuaderno de remoción contra el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber (vea ese reportaje). 

En la investigación sumaria en contra de Yáber hay antecedentes sobre los pasos que siguió Paulina Gahona para continuar su carrera profesional tras haber dejado el CBR de Puente Alto.

Según uno de los trabajadores ese conservador, cuya declaración se incluye en el sumario del notario Rodrigo Ortúzar, fue la esposa del entonces ministro Luis Sepúlveda, Isabel Ponce, quien promovió que Gahona se fuera a hacer un interinato a la notaría de San Miguel: “Isabel Ponce le gestionó el cambio a notario interino, cuestión que a Yáber le molestó muchísimo porque le levantó una funcionaria útil”, consigna el sumario. De acuerdo a la misma declaración, Gahona era una abogada bien evaluada, a diferencia de otras personas que habían llegado a desempeñar funciones a partir de relaciones personales de Yáber.

Paulina Gahona también fue citada a declarar en el sumario de Yáber. En esa instancia la fiscal judicial a cargo, Carla Troncoso, le consultó por esas supuestas gestiones realizadas por Isabel Ponce y también por las razones que habría tenido para postular como notaria interina. 

Gahona contestó que estaba interesada en el desarrollo de su carrera profesional en el sector inmobiliario y pensó que una suplencia o interinato en una notaría podría servirle en el futuro. Quienes tuvieron acceso a esa declaración, señalan que fue por esa razón que mandó un correo a la corte de San Miguel ofreciéndose para los cargos de suplente interina y notaria en esa jurisdicción. También explicó que se entrevistó con el entonces ministro Luis Sepúlveda en más de una ocasión, para finalmente concretar una postulación, pero descartó haber sostenido reuniones privadas con el juez. 

En esa época, Sepúlveda tenía la potestad de nombrar a los notarios interinos o reemplazantes de la zona, pues ejercía como presidente de la corte, cargo al que le corresponde esa responsabilidad, según se estipula en el artículo 402 del Código de Tribunales. Sobre las supuestas gestiones de la esposa de Sepúlveda a su favor, Gahona aseguró no saber si Isabel Ponce influyó en que ella fuera la elegida para el cargo. Sepúlveda, en tanto, jubiló en abril de 2025 tras cumplir 46 años en el Poder Judicial. 

EMPLEO PARA EL SOBRINO DEL MINISTRO

El nombramiento de Paulina Gahona como notaria interina de la 2da Notaría de San Miguel se concretó en mayo de 2023, solo cuatro años después de que la abogada realizara su práctica profesional. Así lo contó CIPER en un reportaje de noviembre de ese año. Pero lo que no se sabía hasta ahora es que, una vez concretado el nombramiento, el ministro Luis Sepúlveda le “ofreció” contratar a su sobrino en esa notaría. 

Según fuentes que conocen de cerca la investigación sumaria que lleva la corte de San Miguel, el testimonio de Gahona indica que no fue ella quien le solicitó recomendaciones de nombres para contratar en la notaría, sino que fue iniciativa del entonces ministro, justo después de que Gahona jurara para asumir el cargo. 

En la investigación no se consigna la identidad del familiar de Sepúlveda que finalmente fue contratado en la notaría de Gahona. Según fuentes que tuvieron acceso al sumario, se trataría de un ingeniero recién titulado de apellido Ponce. Las mismas fuentes indican que en la investigación también se comprobó que ese no fue el único intento por parte de Sepúlveda para que Gahona contratara a alguien relacionado a él, pues luego le hizo llegar el nombre de otro pariente para que fuera contratado, gestión que según la exnotaria finalmente no se concretó. 

Paulina Gahona renunció a la 2da Notaría de San Miguel en enero de 2025, lo que de acuerdo al sumario, habría respondido a los escasos ingresos que dejaba el oficio en ese lugar y otras razones personales. 

LA ESPOSA DE SEPÚLVEDA EN PUENTE ALTO: "HACÍA POCO Y NADA"

En noviembre de 2025, CIPER informó que Yáber contrató en Puente Alto a familiares de dos jueces de la corte de San Miguel que votaron por él para asumir como conservador: la esposa del entonces ministro Sepúlveda, Isabel Ponce, y el hermano del ministro aún en ejercicio Carlos Farías. 

CIPER tuvo acceso ahora a los sumarios que la Corte de Apelaciones de San Miguel lleva sobre Rodrigo Ortúzar y Fernando Martel, los otros abogados que se han desempeñado como notarios en esa jurisdicción y que están cuestionados junto a Yáber. En esas investigaciones se ahonda sobre esas contrataciones en el CBR de Puente Alto y sobre la idea de que estas fueran una retribución por parte de Yáber, a partir del voto a favor que recibió de ambos ministros.

Específicamente en el sumario contra Ortúzar, hay declaraciones donde otros empleados de Yáber se refieren al desempeño que tuvo la esposa del exministro Luis Sepúlveda, Isabel Ponce, mientras trabajó en el CBR de Puente Alto. Uno de esos testimonios es el de Nelson Vera, el trabajador más antiguo de ese lugar: 

“Consultado respecto de las labores efectivas de esta empleada, poco y nada hacía, ‘movía unos papeles y daba vuelta algunas cosas porque finalmente todo lo hacía Claudia [Soto, encargada contable del CBR Puente Alto] y lo poco que hacía esta señora había que revisarlo después porque no lo hacía bien’”.

En el mismo sumario contra Ortúzar se indica que a Isabel Ponce “se le remuneraba de mejor manera que a empleados a cargo de registros o inscripciones con más de 10 años de labores”. Según el mismo documento, en medio de la contingencia que implicó la pandemia por COVID, a la esposa de Sepúlveda se le mantuvo el sueldo sin reducciones, a diferencia de lo que ocurrió con la mayoría de los trabajadores del CBR. Esto, a pesar de que las labores de Ponce debían realizarse necesariamente de manera presencial, pues implicaba llevar registro de la asistencia del personal: Ponce recibía un sueldo de $1 millón por un contrato de media jornada.