10.07.2026
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al exagente chileno por delitos de homicidio… y luego lo dejó en libertad. Hace 50 años, Fernández Larios participó en el complot de Pinochet para asesinar a Orlando Letelier en Washington, D.C.. También formó parte de la «Caravana de la Muerte» que ejecutó a civiles tras el golpe militar de septiembre de 1973.
*Este artículo corresponde a una traducción del original, publicado en la página del Archivo de Seguridad Nacional. Visite ese reportaje haciendo clic aquí.
El 27 de octubre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) silenciosamente detuvieron a Armando Fernández Larios, un exagente de la policía secreta chilena que vivía en Florida. Su encarcelamiento en el Centro de Detención Krome, en Miami, pasó desapercibido hasta que apareció en la lista de “Lo peor de lo peor” del Departamento de Seguridad Nacional, una de las varias maniobras publicitarias de la administración de Trump a partir de enero de 2026 destinadas a demostrar que el ICE estaba deteniendo a inmigrantes con antecedentes penales reales. A pesar de haber detenido a Fernández Larios por delitos pasados de “homicidio”, el ICE lo liberó después de que él presentara una demanda por “detención ilegal”, según registros judiciales publicados hoy por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA) junto con documentos desclasificados sobre su papel en un acto de terrorismo internacional en Washington, D.C., hace 50 años.
En lugar de responder a la demanda, los funcionarios del ICE liberaron a Fernández Larios el 19 de marzo de 2026, según un fallo judicial del caso obtenido por el Proyecto de Documentación de Chile del NSA.
La sentencia del 30 de marzo, dictada por la jueza principal del Tribunal de Distrito de EE.UU., Cecilia Altonaga, desestimó la demanda contra Fernández Larios por considerarla ”sin objeto”, ya que el ICE ya lo había puesto en libertad. Sin embargo, la sentencia ofrece detalles sobre el último giro en la saga de un notorio violador de los derechos humanos chileno que ha vivido en libertad en Florida durante décadas, a pesar de su participación en el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976, que le costó la vida al exembajador chileno Orlando Letelier y a su colaboradora de 25 años, Ronni Karpen Moffitt, en el centro de Washington, D.C.; y también su condena en una demanda civil federal de 2003 por su participación en la “Caravana de la Muerte”.
EL ASESINATO LETELIER-MOFFITT
En su demanda contra ICE, Fernández Larios presentó “una demanda por incumplimiento de contrato”, argumentando que el gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal celebrado a principios de 1987, durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de ser “cómplice después del hecho de un homicidio”, y accedería testificar con veracidad sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en ella. A cambio, el Departamento de Justicia de EE.UU. recomendó una reducción de la pena y prometió que “no intentaría deportarlo a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se violara el acuerdo”.
Ahora, según la demanda de Fernández Larios, el gobierno de Estados Unidos habría “incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un proceso de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.
Hace cincuenta años, Fernández Larios era un agente de 26 años de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile —la policía secreta del régimen de Pinochet responsable de gran parte de la represión durante los primeros años de la dictadura militar, incluidas las operaciones de asesinato a nivel internacional—. A mediados de 1976, Fernández Larios y el principal sicario de la DINA, Michael Townley, recibieron la orden de llevar a cabo una operación en Estados Unidos contra el principal crítico del general Pinochet en el exilio, Orlando Letelier. El subdirector de la DINA, el coronel Pedro Espinoza, le ordenó a Townley que él y el teniente coronel Armando Fernández Larios viajaran a Paraguay para obtener pasaportes falsos y visas estadounidenses, y luego se dirigieran a Washington, D.C., para una misión “cuyo resultado sería el asesinato de Orlando Letelier”, según un resumen desclasificado del caso del Departamento de Estado.
Townley y Fernández Larios viajaron a Asunción, Paraguay, como parte de una colaboración entre los servicios de inteligencia del Cono Sur conocida como la Operación Cóndor, donde obtuvieron pasaportes falsos de las autoridades paraguayas. Tras cierta demora, la embajada de Estados Unidos les otorgó visas, después de que alegaran que se encontraban en una misión secreta para reunirse con el subdirector de la CIA, Vernon Walters, en la sede central de Langley, en Virginia. Pero en lugar de volar a Estados Unidos, regresaron a Santiago, preocupados de que las autoridades estadounidenses sospecharan de su coartada.
Tras esperar un mes para ver si la operación contra Letelier se había visto comprometida, Fernández Larios viajó a Washington utilizando un pasaporte chileno falso a nombre de Armando Faúndez Lyon. Su misión consistía en realizar una vigilancia previa de los movimientos de Letelier. El 9 de septiembre de 1976, en el baño de hombres del aeropuerto John F. Kennedy, Fernández se reunió en secreto con Townley para entregarle un mapa de vigilancia, notas sobre las direcciones del hogar y la oficina de Letelier, además de dinero en efectivo para la operación. Posteriormente, Townley reclutó a miembros del violento grupo de exiliados cubanos anticastristas, el Movimiento Nacional Cubano, para que lo ayudaran a fabricar, colocar y detonar el auto bomba.
El 21 de septiembre de 1976, Letelier y su colega de 25 años del Instituto de Estudios Políticos, Ronni Karpen Moffitt, perdieron la vida cuando explotó la bomba instalada en el chasis del Chevrolet Chevelle en el que viajaban, mientras se dirigían al trabajo en el centro de Washington, D.C. El esposo de Moffitt, Michael, fue el único sobreviviente del atentado.
Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA).
En una “declaración de hechos” entregada a funcionarios estadounidenses a principios de febrero de 1987, Fernández Larios afirmó que había sido excluido de todas las discusiones sobre la eliminación de Letelier. Pero, admitió que “entendía que el verdadero propósito podría ser distinto de la misión de vigilancia limitada que se le había descrito, [y] que el resultado para el objetivo de la misión, Orlando Letelier, bien podría ser un daño o incluso la muerte”. Una prueba de polígrafo que se le realizó en Brasil cuando funcionarios estadounidenses intentaban determinar su credibilidad, mostró “signos consistentes de engaño en las negativas de Fernández” de que no conocía la verdadera intención de su misión para la DINA. “Ahora reconoce que su vigilancia contribuyó a la muerte de Letelier y Moffitt”, según un resumen secreto de los resultados de su prueba de polígrafo incluido en la publicación de hoy.
Tras el asesinato, Fernández Larios participó en un extenso encubrimiento orquestado por altos funcionarios de la DINA —y por el propio general Pinochet—. Fernández Larios admitió haber engañado a los investigadores militares oficiales, haber testificado falsamente ante la Corte Suprema de Chile (después de que la prensa estadounidense y chilena lo identificara, junto con Townley, como uno de los principales sospechosos del atentado con auto bomba) y haber mentido a los investigadores estadounidenses del FBI y del Departamento de Justicia.
Después de que el gobierno de Carter exigiera su extradición en 1978, Fernández Larios permaneció recluido en un hospital militar de Santiago durante 14 meses, junto con el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, y el subdirector, Pedro Espinoza. Cuando dejó en claro que quería ir a Estados Unidos “para resolver este asunto”, lo convocaron a una reunión con el general Pinochet, quien le ordenó que se quedara donde estaba. “Sé un buen soldado, aguanta”, le dijo Pinochet, “y este problema tendrá un final feliz”. Una revisión exhaustiva de la CIA sobre su información de inteligencia relativa al caso Letelier-Moffitt, realizada unos meses después de la deserción de Fernández Larios, concluyó que había “evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato”. La evaluación agregaba que Pinochet posteriormente “decidió hacer un bloqueo informativo sobre el caso para ocultar su participación y, en última instancia, para proteger su control sobre la presidencia”.
A finales de 1985, funcionarios estadounidenses utilizaron a un intermediario para ponerse en contacto con Fernández Larios, quien renovó sus esfuerzos por desertar y viajar a Estados Unidos. A mediados de enero de 1987 tuvo lugar en Santiago una primera reunión secreta con varios funcionarios estadounidenses, que duró diez horas. Posteriormente, funcionarios del Departamento de Estado y del FBI organizaron una sesión informativa con él en Brasil a finales de ese mismo mes y, más tarde, lo llevaron a Estados Unidos.
El 4 de febrero de 1987, Fernández Larios compareció ante el juez Barrington Parker en un tribunal de Washington. No se le acusó de ser cómplice de un ataque terrorista, sino de ser “cómplice después del hecho”, ya que «testificó falsamente y proporcionó información falsa” para ayudar a sus superiores de la DINA a “escapar de ser detenidos para ser juzgados y castigados”. Para conseguirle una reducción de la pena, los funcionarios del Departamento de Justicia se comprometieron a “informar al tribunal sobre la naturaleza y el alcance de la cooperación del Sr. Fernández Larios con todas las ramas del gobierno de Estados Unidos a las que está asistiendo”, lo que sugiere que Fernández Larios podría estar compartiendo información sobre las operaciones de la DINA con las agencias de inteligencia estadounidenses.
Monumento conmemorativo a Letelier-Moffitt, Sheridan Circle, Washington D. C. (Crédito de la foto: Peter Kornbluh)
El 6 de mayo de 1987, el juez Parker lo condenó a una pena de hasta siete años de prisión. Casi de inmediato, funcionarios estadounidenses comenzaron a presionar para que fuera liberado. “He llegado a conocer bien al Sr. Fernández Larios y su carácter”, escribió el asesor legal del Departamento de Estado, Michael Kozak, a la Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos en julio de 1987. “Puedo dar fe de que, cuando salga de prisión, seguirá siendo castigado todos los días. Ha renunciado a muchas cosas debido a su disposición a dar un paso al frente y saldar su deuda con Estados Unidos y con la sociedad en general”, afirmó Kozak. “En mi opinión, el Sr. Fernández Larios es una persona extraordinariamente estable y responsable que no representa ningún peligro para la sociedad”.
Después de solo cinco meses encarcelado, Fernández Larios fue puesto en libertad condicional el 11 de septiembre de 1987 –durante el 14vo aniversario del golpe de Estado chileno.
LA CARAVANA DE LA MUERTE
Como parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo con la fiscalía, según un resumen confidencial de su primera entrevista con funcionarios estadounidenses, Fernández Larios era “plenamente consciente de que, si no superaba cualquier otra prueba de credibilidad… en cualquier aspecto significativo, incluida su participación en otros actos violentos, cualquier acuerdo quedaría sin efecto y se encontraría en grave peligro”. Sin embargo, Fernández Larios parece haber ocultado información sobre las múltiples atrocidades contra los derechos humanos que cometió como miembro de una unidad militar de élite conocida como la “Caravana de la Muerte”. En las semanas posteriores al golpe, un equipo de agentes militares se trasladó en helicóptero a pueblos pequeños del norte y el sur de Chile para detener a funcionarios municipales —alcaldes, concejales, jefes de policía y otros— que apoyaban al Presidente derrocado, Salvador Allende. Aproximadamente 72 personas fueron ejecutadas sumariamente; muchas de ellas desaparecieron posteriormente. Varios testigos identificaron a Fernández Larios como uno de los miembros más despiadados del escuadrón de la muerte militar.
Fernández Larios durante el juicio civil por la Caravana de la Muerte, julio de 2003 (Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA)).
Después de que Pinochet fuera obligado a abandonar el poder en 1990, comenzaron las investigaciones sobre las atrocidades cometidas por su régimen. A medida que se localizaban y exhumaban los cuerpos de las víctimas de la Caravana, las autoridades chilenas iniciaron procesos judiciales contra los responsables, entre ellos Fernández Larios.
El 19 de marzo de 1999, la familia de Winston Cabello, un director de planificación regional de 28 años de la ciudad de Copiapó, en el norte del país, ejecutado junto con otros 12 presos políticos por la Caravana de la Muerte el 17 de octubre de 1973, presentó una demanda federal contra Fernández Larios en Florida por “ejecución extrajudicial, tortura, crímenes de lesa humanidad y trato cruel e inhumano”. La familia estuvo representada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco, con el apoyo del bufete de abogados Wilson Sonsini Goodrich Rosati, de Palo Alto, y del abogado Robert Kerrigan, con sede en Florida. Tras más de tres años de investigación —gran parte de la cual fue llevada a cabo por la hermana de Cabello, Zita Cabello-Barrueto—, el equipo legal localizó y tomó declaración a testigos chilenos que identificaron a Fernández Larios como participante en la tortura y las ejecuciones de prisioneros en varios municipios. En Copiapó, según declaró un testigo, Fernández Larios habría matado a Cabello a puñaladas con un cuchillo curvo conocido como “corvo”. Durante el juicio, Fernández Larios declaró que él era el único miembro de la unidad militar que llevaba esa arma como “adorno” en su uniforme.
Winston Dwight Cabello Bravo (Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA)).
El juicio, que duró tres semanas, concluyó el 15 de octubre de 2003, 30 años después de la muerte de Cabello. El jurado declaró a Fernández Larios culpable de ejecuciones extrajudiciales, tortura y crímenes de lesa humanidad, y le otorgó a la familia una indemnización de $4 millones de dólares. “Nuestra demanda marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos en que, en un juicio con jurado, se declaró a alguien responsable de crímenes de lesa humanidad”, escribió Zita Cabello-Barrueto en sus memorias sobre el caso de su hermano, titulada En busca de la primavera.
“También fue la primera vez que un colaborador de Pinochet fue juzgado en Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile”, contó Cabello-Barrueto.
SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN
Durante el juicio civil contra Fernández Larios, el jurado también escuchó testimonios sobre otro delito contra los derechos humanos que cometió: el secuestro y la desaparición del exgerente de la mina de cobre más grande de Chile, David Silberman. El 4 de octubre de 1974, un equipo de agentes de la DINA llegó al centro penitenciario de Santiago, donde Silberman se encontraba recluido como preso político, y se lo llevaron en una camioneta sin distintivos: nunca más se le volvió a ver. El director de la cárcel declaró que el jefe de la unidad de la DINA que se lo llevó era Fernández Larios.
La desaparición de Silberman se convirtió en otro crimen contra los derechos humanos vinculado a Fernández Larios; y, tal como lo habían hecho en los casos de la Caravana de la Muerte, las autoridades judiciales chilenas solicitaron su extradición desde Estados Unidos. De hecho, desde finales de la década de 1990, Fernández Larios ha sido objeto de cinco intentos de extradición, el más reciente como parte de una investigación sobre el asesinato de Ronni Moffitt, ocurrido en septiembre de 1976. El mes pasado, la magistrada chilena, Paola Plaza, anunció que había dado por concluido ese caso, tras declarar culpables a otros tres agentes de la DINA por participar en el complot terrorista de hace 50 años. Estados Unidos nunca respondió a la solicitud de extradición de Chile respecto a Fernández Larios.
Es de suponer que Fernández Larios sigue a salvo de ser extraditado a Chile; sin embargo, aún podría ser deportado a un tercer país —una práctica que la administración de Trump ha utilizado notoriamente para expulsar a inmigrantes de Estados Unidos— y desde allí ser trasladado a Chile. Además, su detención por parte del ICE el pasado octubre revela que la situación migratoria de Fernández Larios sigue en el limbo, como lo ha estado durante décadas.
En 2005, Fernández Larios intentó obtener una visa “S”, que protege a los informantes extranjeros de la expulsión de Estados Unidos. Sin embargo, altos funcionarios del gobierno estadounidense se opusieron a que se le otorgara ese estatus de protección. “Algunos funcionarios de inmigración han querido detener a Fernández Larios para someterlo a un proceso de deportación, alegando su falta de documentos migratorios y una ley de 1996 que ordena la deportación de extranjeros condenados por delitos graves”, informó el Miami Herald en ese momento.
Más de 20 años después, parece que se ha vuelto a examinar ese intento poco conocido de deportarlo. Aunque Fernández Larios vive, una vez más, en libertad en Florida, es probable que el próximo 50.º aniversario del asesinato de Letelier y Moffitt vuelva a llamar la atención sobre su papel en una de las atrocidades más infames jamás cometidas en las calles de Washington, D.C. “Si hay alguien que realmente merezca el calificativo de ‘lo peor de lo peor’”, señala Peter Kornbluh, analista principal del Archivo para Chile, “ese es Armando Fernández Larios”.
Fuente: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida
Esta resolución de cuatro páginas de la jueza principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., Cecilia Altonaga, revela detalles clave sobre lo que ocurrió después de que agentes del ICE detuvieran al exagente de la DINA chilena Armando Fernández Larios en octubre de 2025. Tras pasar casi cuatro meses en el Centro de Detención de Krome, en Miami, el 20 de febrero de 2026, Fernández Larios presentó una petición de hábeas corpus, impugnando su detención, junto con una demanda adicional por “incumplimiento de contrato”. En esa demanda se argumentaba que el gobierno de Estados Unidos había violado un acuerdo de declaración de culpabilidad que Fernández Larios había firmado en 1987 para proporcionar información sobre el asesinato mediante un auto bomba, ocurrido el 21 de septiembre de 1976, de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, a cambio de una reducción de su pena de prisión y la promesa de que el gobierno “no intentaría deportarlo a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile”. El juez ordenó al ICE que respondiera a la demanda a más tardar el 19 de marzo de 2026. Pero, en lugar de responder, los funcionarios de ICE liberaron a Fernández Larios. “El 19 de marzo de 2026 —el mismo día en que vencía el plazo para que los demandados presentaran su respuesta—”, señaló la jueza en su fallo, “el Gobierno concedió la libertad condicional a [Fernández Larios]”. En virtud de su liberación y al no haber “ningún procedimiento de expulsión pendiente ni amenaza de procedimiento”, la jueza desestimó la demanda de hábeas corpus.
Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile
Este cable clasificado como “Top Secret/Roger Channel” de la Embajada de Estados Unidos en Santiago informa sobre una reunión secreta de diez horas entre Armando Fernández Larios y funcionarios estadounidenses. Fernández Larios relata su papel en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, y revela que el general Augusto Pinochet participó personalmente en el encubrimiento del crimen al impedir que Fernández Larios se entregara a Estados Unidos. “Pinochet estaba molesto porque Fernández había adoptado esa actitud, y le dijo que tenía que ser un buen soldado, que siguiera luchando y que este problema tendría un final feliz”. Los funcionarios estadounidenses consideraron a Fernández Larios “creíble” e informaron que “lo que tiene para aportar como testigo tiene un impacto sustancial tanto desde el punto de vista de la aplicación de la ley como de la política exterior”.
-Documento 3: Departamento de estado, Roger Channel Cable, “Letelier”, Secreto, 26 de enero de 1987
Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile
Tras interrogar a Fernández Larios en Santiago a mediados de enero de 1987, las autoridades estadounidenses facilitaron su salida de Chile el 22 de enero con destino a Brasil. Allí se le sometió a nuevos interrogatorios y a una serie de pruebas de polígrafo para determinar su credibilidad. En cuanto al tema clave de su conocimiento de la verdadera intención de su misión relacionada con Letelier, no superó la prueba. El polígrafo mostró “signos consistentes de engaño en las negativas de Fernández”, y “ahora reconoce que su vigilancia contribuyó a la muerte de Letelier y Moffitt”, según este cable secreto que resume los resultados de los exámenes con el polígrafo. “El examen con el polígrafo ha llevado a Fernández a reconocer que, antes de su viaje a Paraguay, ‘suponía’ que la operación provocaría la muerte de Letelier”.
Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile
En un informe sobre los resultados de las entrevistas a Fernández Larios, un funcionario no identificado del Departamento de Estado parece ignorar los resultados de las pruebas del polígrafo y afirma que “Fernández no es un asesino ni está involucrado en una conspiración para asesinar”. El documento señala que “Fernández también niega cualquier participación en otros delitos”, una afirmación que más tarde quedó desmentida por las pruebas de su participación en la Caravana de la Muerte y otras operaciones de la DINA. El informe señala que la información que él aporta sobre el caso Letelier-Moffitt es “de valor limitado”, pero que “los beneficios en materia de política exterior son sustanciales” y justifican un acuerdo de negociación de la pena a cambio de su cooperación.
-Documento 5: Departamento de Justicia de EE. UU., “Exposición de hechos”, 4 de febrero, 1987
Fuente: DNSA, Chile y EE. UU.: U.S. Policy toward Democracy, Dictatorship, and Human Rights, 1970-1990
Este informe de 15 páginas resume la confesión testimonial de Fernández Larios sobre los hechos relacionados con el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, así como los esfuerzos posteriores del general Pinochet y de altos mandos de la DINA por encubrir el papel del régimen en un acto de terrorismo internacional. Fernández Larios ha convencido a las autoridades estadounidenses de que nunca se le informó que participaba en una misión de asesinato internacional. Sin embargo, admite en su declaración que “entendió que el verdadero propósito podría ser distinto de la misión de vigilancia limitada que se le había descrito, [y] que el resultado para el objetivo de la misión, Orlando Letelier, bien podría ser un daño o incluso la muerte”. La declaración detalla su papel en el encubrimiento tras el asesinato, así como sus interacciones con el general Pinochet, cuyo papel en el ataque terrorista era precisamente lo que se pretendía ocultar con dicho encubrimiento.
-Documento 6: Tribunal de Distrito Federal, Transcripción, [Audiencia de acuerdo de culpabilidad de Fernández Larios], 4 de febrero de 1987
Fuente: Tribunal de Distrito Federal
El 4 de febrero de 1987, Armando Fernández Larios compareció ante el juez Barrington Parker en la sala de audiencias de Washington, D.C., para declararse culpable de un cargo de “complicidad posterior al hecho en el asesinato de una persona protegida internacionalmente”. En la audiencia se abordó su cooperación a cambio de una reducción de la pena; el Departamento de Justicia solicitó una pena de prisión de siete años y aseguró al juez que “informaría al tribunal sobre la naturaleza y el alcance de la cooperación del Sr. Fernández Larios con todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos a las que está prestando su apoyo”.
Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile
Casi tan pronto como Fernández Larios ingresó a la cárcel, funcionarios estadounidenses comenzaron a presionar para que se le concediera la libertad anticipada. El asesor jurídico del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta a la Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos en julio de 1987, en la que elogiaba a Fernández Larios por haber dado un paso al frente y haber aportado pruebas sobre un delito internacional en el que había participado. “Personalmente, he llegado a conocer bien al Sr. Fernández Larios y su carácter”, escribió Kozak a la Comisión de Libertad Condicional. “Puedo dar fe de que, cuando salga de prisión, seguirá siendo castigado todos los días. Ha renunciado a muchas cosas por su voluntad de dar un paso al frente y saldar su deuda con Estados Unidos y con la sociedad en general”. Sus esfuerzos de lobby dieron resultado. Tras solo cinco meses de encarcelamiento, Fernández Larios salió en libertad condicional en el otoño de 1987.
Fuente: Solicitud especial del Gobierno chileno para obtener documentos de EE. UU. con motivo del 40º aniversario del asesinato de Letelier y Moffitt
La deserción de Armando Fernández Larios y su testimonio, en el que implicaba al general Augusto Pinochet en un acto de terrorismo internacional en Washington, D.C., reavivó el interés por el asesinato de Letelier y Moffitt, tanto en Estados Unidos como en Chile. Dentro de la administración Reagan, el secretario de Estado George Shultz aprovechó la renovada atención que suscitaba el caso para presionar al Presidente a que retirara el apoyo de Estados Unidos a la dictadura de Pinochet. Shultz ordenó a la CIA que revisara sus expedientes de inteligencia sobre el papel de Pinochet en el asesinato y luego utilizó sus conclusiones —según las cuales Pinochet había “ordenado personalmente” la operación— como argumento para convencer a Reagan de que era hora de apoyar el retorno a la democracia en Chile. En este memorándum secreto dirigido al presidente, Shultz se basa en el informe de la CIA y en el testimonio de Fernández Larios. “Las revelaciones de Fernández han tenido un impacto político significativo en Chile y la CIA concluye que Pinochet será ‘incapaz de satisfacer la preocupación de los militares de que Pinochet tome medidas efectivas para reparar el daño ya causado a la reputación de las fuerzas armadas’”, informa Shultz a Reagan. “Aunque algunos miembros del Gobierno de los Estados Unidos habían creído anteriormente que Pinochet había ordenado los asesinatos, y había indicios claros de que estaba involucrado en el encubrimiento, la CIA nunca antes había llegado a la conclusión —ni la había presentado— de que existieran pruebas tan contundentes de su papel de liderazgo en este acto de terrorismo”.
-Documento 9: Departamento de Estado, «El caso Letelier: antecedentes y resumen de los hechos», enero de 1989
Fuente: Proyecto de Desclasificación de la Administración Clinton sobre Chile
Mientras el gobierno de Estados Unidos presiona al régimen de Pinochet para que expulse a los funcionarios de la DINA acusados y los entregue a Estados Unidos, el Departamento de Estado ofrece una historia detallada del caso Letelier-Moffitt y de los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia. Según el resumen oficial, “a finales de junio o principios de julio de 1976, el coronel Pedro Espinoza, director de Operaciones de la DINA, ordenó a Michael Vernon Townley, un ciudadano estadounidense expatriado que vivía en Chile, y a Armando Fernández, un teniente del Ejército chileno, para que participaran en una misión cuyo resultado sería el asesinato de Orlando Letelier”. El resumen de nueve páginas presenta una cronología de los esfuerzos de Estados Unidos por lograr la extradición de Espinoza y del jefe de la DINA, Manuel Contreras, así como la continua obstrucción a la justicia por parte del régimen de Pinochet en este caso. “Estados Unidos sigue exigiendo que Chile coopere para llevar este asunto a una resolución satisfactoria”, concluye el informe.
Fuente: Corte Suprema de Chile
En 2016, el juez de derechos humanos Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la “Caravana de la Muerte”, perpetrados bajo las órdenes de Pinochet en las semanas posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En una solicitud de extradición autorizada por la Corte Suprema de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro del escuadrón de la muerte militar que desembarcó en La Serena el 16 de octubre de 1973 y ejecutó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende. Según el resumen de los hechos que figura en la solicitud, las víctimas fueron enterradas posteriormente en una fosa común. Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile contra Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo involucrado. El gobierno de Estados Unidos devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, que incluían un pedido para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile a fin de ser juzgado por el asesinato de Ronni Moffitt, quien murió junto a Orlando Letelier en el atentado con bomba contra un automóvil, hace 50 años, el 21 de septiembre de 1976.
