martes, 7 de julio de 2026
Carabineros reporta posible incumplimiento del arresto domiciliario de Ángela Vivanco
PAÍSLa policía informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que la exministra de la Corte Suprema no respondió a una fiscalización realizada durante la madrugada del 5 de julio en su domicilio de Providencia.
Carabineros informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago un posible incumplimiento del arresto domiciliario total que pesa sobre la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, luego de que no respondiera a una fiscalización policial en su domicilio de Providencia.
Según informó BioBioChile, el procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo 5 de julio. De acuerdo con un oficio de la Subcomisaría de Carabineros de Providencia Sur, personal policial llegó hasta el inmueble informado por Vivanco para verificar el cumplimiento de la medida cautelar.
El documento señala que, a las 05:59 horas, los funcionarios tocaron en reiteradas oportunidades el citófono del edificio ubicado en avenida Los Leones. Además, efectuaron cuatro llamadas al número celular registrado por la exmagistrada y utilizaron un aparato sonoro, sin obtener respuesta.
Ante la falta de contacto, la unidad policial remitió los antecedentes al tribunal e informó un incumplimiento de la cautelar. El hecho quedó consignado en un oficio fechado el mismo 5 de julio y firmado por el teniente Francisco Cabezas Andrade, subcomisario de la unidad policial.
[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual no se debe considerar a los imputados mencionados como culpables ni los hechos como fehacientes hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.
Estados Unidos presiona a la ONU contra Cuba
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El 30 de junio, el ministro cubano del exterior, Bruno Rodríguez, anunció que su gobierno ha enviado una solicitud formal a Naciones Unidas para que tome cartas sobre la creciente agresión estadunidense hacia Cuba, y sobre la catastrófica crisis humana que ha desatado. Este 7 de julio está programada una votación en la Asamblea General para abrir un debate sobre la campaña de “máxima presión” del gobierno de Donald Trump, informó Rodríguez a reporteros en una conferencia de prensa en La Habana… si es que las “medidas coercitivas” no logran bloquear la iniciativa. “El aparato del Departamento de Estado”, sostuvo el ministro, “intenta impedir que la Asamblea General aborde ese tema de interés global urgente, utilizando presión, mentiras y amenazas” dirigidas a los estados miembros.
Eso, de hecho, es exactamente lo que el Departamento de Estado intenta hacer. En un revelador cable diplomático de “acción requerida” –titulado “Comprometer a estados miembros de la ONU en un debate público de la Asamblea General sobre Cuba”–, el secretario Mario Rubio ha instruido a las embajadas estadunidenses a presionar a sus naciones huéspedes para “afirmar nuestra objeción” a la votación en la ONU y oponerse a un debate en la Asamblea General con respecto a los actuales esfuerzos de su país por sofocar a la economía cubana. Si el debate se lleva a cabo, pese a las objeciones de Washington, “Estados Unidos está alentando a los estados miembros fuertemente alineados a que hagan declaraciones reprobatorias hacia Cuba por su dedicación a una teoría económica totalmente desacreditada, crasa incompetencia y corrupción masiva”. A los estados no alineados, les exige “abstenerse de emitir cualquier declaración” en la ONU. Y para los países que tradicionalmente han apoyado a Cuba, existe una clara advertencia: “Estados Unidos estará escuchando con mucha atención sus declaraciones en el debate y desalentará el uso de temas que pudieran crear fricción en nuestras relaciones bilaterales”.
Clasificado “SBU” –siglas en inglés de “delicado, pero no clasificado”–, el documento fue obtenido por el reportero de investigación Ken Klippenstein y entregado a The Nation. Contiene “temas de conversación” del Departamento de Estado, separados en categorías de países. Se aconseja a todos los países oponerse a la votación del 7 de julio sobre la base de que la “resolución anual sobre el ‘embargo económico’ de Cuba… ya ofrece al régimen una avenida anual para vender su propaganda y evitar la rendición de cuentas”, y de que un debate ahora sería un “desperdicio” de tiempo y recursos. Los embajadores estadunidenses dirán a los gobiernos huéspedes de naciones favorables a Washington que deben condenar a Cuba por violaciones a los derechos humanos y por apoyar el terrorismo internacional. Si el debate se realiza, gobiernos como el de México, que tradicionalmente han votado contra el bloqueo estadunidense –al igual que la vasta mayoría de las naciones del globo–, recibirán la advertencia de que deben ser “extremadamente cautelosos en la redacción de cualquier declaración que presenten, para evitar desviar la culpa de las fallas del propio régimen cubano”.
Culpar a Cuba por la creciente crisis humana a medida que el gobierno de Trump desata una guerra económica abierta contra ella –bloqueo petrolero, sanciones contra empresas extranjeras que operan en la isla, amenazas contra naciones que intentan ofrecerle apoyo humanitario– se ha convertido en un pasatiempo favorito en Washington. El cable de Rubio continúa ese esfuerzo orwelliano. “El régimen cubano no tiene una economía real”, afirma, y atribuye el estado ruinoso de la economía a mala administración, incompetencia y corrupción, en vez de a los esfuerzos punitivos y sistemáticos de Estados Unidos por ahogar toda actividad económica en la isla.
más dudosa es la afirmación del cable de que “Estados Unidos se interesa profundamente en el pueblo cubano, que es la razón por la que hemos ofrecido ayuda humanitaria por 100 millones de dólares”. (El cable culpa del retraso en la entrega de esa ayuda al gobierno cubano, el cual aceptó la oferta desde que se presentó, hace más de un mes.) Hace una semana, Estados Unidos mostró cuánto le interesa el pueblo cubano al votar (junto con Israel) contra un programa del Fondo Mundial de Alimentos por 116 millones de dólares para hacer frente a lo que el fondo llama “las crecientes dificultades para la seguridad alimentaria y la nutrición de muchas familias cubanas”. Veintisiete naciones votaron en favor de esa ayuda de emergencia a la isla.
Sin duda, el gobierno cubano ha hecho un manejo erróneo de la economía en años pasados; apenas ahora, bajo la extrema presión estadunidense, ha anunciado amplias medidas económicas para habilitar al sector privado y a la inversión extranjera como motores de desarrollo económico para el futuro. Pero esas reformas no tienen ninguna oportunidad de ser implementadas con éxito en tanto las severas sanciones estadunidenses se mantengan. La comunidad internacional tiene plena conciencia de que el gobierno de Trump empuja metódicamente a la nación isleña hacia un completo colapso socioeconómico, como parte de la estrategia para obligar a los líderes cubanos a doblar la rodilla y capitular a sus demandas.
Naciones Unidas tiene una vigorosa y profunda historia de oponerse al bloqueo comercial cubano hacia Cuba; la Asamblea General ha votado en 31 ocasiones continuas, de manera abrumadora, por condenar las restricciones comerciales y exigir su levantamiento. Pero, ahora que gran parte del planeta enfrenta la caprichosa amenaza de una agresión estadunidense, la ONU apenas está encontrando su voz para oponerse al extenso sufrimiento que la política de privación y sumisión de Trump ha acarreado al pueblo cubano. “Paquetes de sanciones tan severos, que afectan a sectores enteros de una economía y producen efectos extensos, indiscriminados y rigurosos a las poblaciones, son incompatibles con principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos”, sostuvo el mes pasado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. “Mueren niños porque los médicos carecen de acceso a provisiones médicas y medicamentos esenciales. Eso es inaceptable”.
“Cuba no es una amenaza”, expresó el ministro del exterior Rodríguez en una conferencia de prensa la semana pasada. “El bloqueo lo es. Es un crimen de lesa humanidad que ocurre justo ahora”. Debatir sobre esos crímenes, y actuar para detenerlos, es exactamente para lo que la Organización de Naciones Unidas fue establecida.
Peter Kornbluh
Traducción: Jorge Anaya
La oposición cambia de estrategia tras el dictamen contra Steinert: impulsa comisión investigadora y abre la puerta a una acusación constitucional
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El pronunciamiento de la Contraloría que concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert actuó fuera del marco legal reconfiguró el escenario político. Parlamentarios de oposición anunciaron una comisión especial investigadora y no descartan una acusación constitucional. A diferencia del fallido libelo contra Nicolás Grau, esta vez existe un pronunciamiento previo del órgano contralor que acredita una infracción a las atribuciones legales de una ministra de Estado.
La ofensiva de la oposición contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, comenzó a tomar forma este martes con el anuncio de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exsecretaria de Estado se extralimitó en sus funciones al solicitar antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones (PDI).
La iniciativa, impulsada por un grupo transversal de parlamentarios de oposición, busca esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del dictamen del órgano fiscalizador. Además, varios legisladores dejaron abierta la posibilidad de presentar una acusación constitucional, una herramienta que hasta hace pocos días parecía políticamente improbable.
El anuncio fue realizado por parlamentarios de distintas fuerzas de oposición, encabezados por la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio) y la diputada Daniela Serrano (Partido Comunista), quienes comparecieron junto al diputado Raúl Leiva (Partido Socialista), impulsor del requerimiento que dio origen al dictamen de la Contraloría, y al diputado Jaime Araya (PPD), integrante de la Comisión de Seguridad. Los legisladores destacaron que la decisión refleja una acción coordinada entre las bancadas opositoras para ejercer las facultades fiscalizadoras de la Cámara y reunir todos los antecedentes antes de resolver si corresponde avanzar hacia una acusación constitucional.
La decisión representa un cambio significativo en el clima político. Hace apenas unas semanas, la acusación constitucional presentada por Republicanos y otros sectores de la derecha contra el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, fue ampliamente rechazada por el Congreso debido a la debilidad de sus fundamentos jurídicos y a la percepción de que respondía más a una estrategia de confrontación política que a una infracción constitucional efectiva.
Un dictamen que cambia el escenario
La diferencia, sostienen parlamentarios y expertos, radica en que el caso Steinert cuenta ahora con un antecedente institucional de gran peso: un dictamen de la Contraloría que concluyó expresamente que la entonces ministra actuó fuera de las atribuciones que le confería la ley.
El órgano encabezado por la contralora Dorothy Pérez determinó que Steinert, pocos días después de asumir el Ministerio de Seguridad, solicitó a la PDI antecedentes detallados sobre funcionarios policiales que habían trabajado con ella cuando era fiscal regional de Tarapacá en la investigación del denominado «Clan Chen».
Si bien la Contraloría estimó que la solicitud general de información podía enmarcarse dentro de las facultades ministeriales, estableció que requerir antecedentes personales, disciplinarios y penales de esos funcionarios excedía las competencias legales del ministerio y, además, vulneraba el deber de abstención que debía observar la exfiscal respecto de investigaciones en las que había intervenido previamente.
Ese pronunciamiento no atribuye responsabilidades penales, pero sí configura una infracción administrativa y constitucionalmente relevante respecto del ejercicio de la función ministerial.
Comisión investigadora como primer paso
Los parlamentarios anunciaron que la Comisión Especial Investigadora tendrá como objetivo reconstruir la secuencia completa de los hechos, determinar quiénes conocieron o respaldaron las actuaciones de Steinert y establecer eventuales responsabilidades políticas dentro del Gobierno.
El diputado socialista Raúl Leiva, uno de los legisladores que originalmente recurrió a la Contraloría, sostuvo que el dictamen acredita un incumplimiento grave de la ley y adelantó que la oposición evaluará todas las herramientas disponibles «desde el punto de vista penal, administrativo y constitucional».
Otros parlamentarios, entre ellos integrantes de las comisiones de Seguridad, han planteado que la comisión investigadora permitirá reunir mayores antecedentes antes de decidir si corresponde avanzar hacia una acusación constitucional.
¿Una acusación constitucional viable?
El debate jurídico comienza precisamente allí.
A diferencia del caso Grau, donde la acusación fue ampliamente cuestionada por la ausencia de una infracción constitucional claramente acreditada, en el caso Steinert la discusión parte desde un escenario distinto: existe un órgano constitucional autónomo que determinó que la actuación de la exministra «no se ajustó estrictamente» a las atribuciones legales de su cargo y que incumplió el deber de abstención.
Eso no significa automáticamente que prospere un eventual libelo.
La acusación constitucional es un mecanismo de responsabilidad político-jurídica que exige reunir mayorías tanto en la Cámara como en el Senado y demostrar que la autoridad incurrió en alguna de las causales previstas por la Constitución.
Sin embargo, el dictamen de la Contraloría entrega un fundamento objetivo que no existía en otros intentos recientes de destitución de ministros.
El Gobierno intenta cerrar el episodio
Desde La Moneda el mensaje ha sido distinto.
El Ejecutivo ha señalado que valora tanto el trabajo desarrollado por Steinert durante su breve paso por el Ministerio de Seguridad como el pronunciamiento de la Contraloría, afirmando que la actual administración ha reforzado los resguardos para evitar cualquier intervención ministerial en investigaciones penales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que el ministerio mantiene exclusivamente funciones de coordinación estratégica y ha sido especialmente cuidadoso de no involucrarse en labores investigativas que corresponden al Ministerio Público y a las policías.
En paralelo, dirigentes del oficialismo han relativizado la posibilidad de una acusación constitucional, argumentando que la salida de Steinert del gabinete ya produjo las consecuencias políticas del caso y cuestionando el alcance jurídico del dictamen de la Contraloría. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), incluso planteó reparos al precedente que podría abrir el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
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