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domingo, 21 de junio de 2026

La despedida de una gigante

El emotivo recuerdo de Taty Almeida por part de su hija: “Eligió vivir y morir así, poniendo el cuerpo”

En una entrevista cargada de emoción, Fabiana Almeida evocó la fortaleza, la ternura y el compromiso militante de su madre, Taty Almeida, tras su muerte.

Taty Almeida
Taty Almeida Taty Almeida AFP -

La muerte de Taty Almeida dejó un vacío inmenso en los organismos de derechos humanos, en la militancia y también en quienes la conocieron en su faceta más íntima. En ese marco, su hija Fabiana la recordó con una mezcla admiración y ternura, y dejó una definición que resume toda una vida: “Eligió vivir y morir así, poniendo el cuerpo”.

En diálogo con el equipo de Qué me contás?, el programa liderado por Taty en Radio 750, Fabiana repasó los últimos días de su madre y la forma en que, aun con un cuerpo frágil y muy castigado, seguía aferrada a sus compromisos, a su agenda y a sus ganas de estar presente. “La llamaban y había que ir allá, y ella iba. No importaba si hacía calor o frío. Decía ‘Yo me comprometí’. Y eso es poner el cuerpo”, contó.

Según relató, incluso dos días antes de morir Taty seguía organizando actividades, pensando en la presentación de un libro y en el festejo de su cumpleaños número 96. “Su cabeza funcionaba demasiado bien para la edad que tenía y para cómo estaba su cuerpito”, aseguró, todavía conmovida.

Fabiana también agradeció el acompañamiento que recibió su madre en las últimas semanas de internación y el cariño que le hicieron llegar quienes la rodearon en la radio y en la militancia. En ese sentido, recordó que, cada vez que salía del hospital, Taty insistía con volver al estudio de Radio 750. “Yo le decía: ‘Mamá, vos estás loca, no podés’, pero ella quería venir igual”, dijo.

Ese vínculo con la radio ocupó un lugar especial en su recuerdo. Para Taty, el programa de los sábados era una cita impostergable. “Lo tomaba como un trabajo donde no tenía que faltar”, dijo Fabiana. Tanto era así que, cuando viajaban a visitar a uno de sus hijos a España, Taty quería volver rápido para no perderse su espacio al aire. “Disfrutaba muchísimo de hablar, de escuchar a la gente, de contar anécdotas. Ahí encontró un lugar que amaba”, resumió.

Fabiana confesó que antes del velorio pensó que no iba a ir tanta gente. Pero al llegar se encontró con una postal que todavía la emociona: largas filas de personas esperando bajo el frío para darle el último adiós. “No lo podía creer. Cuando bajé del auto y vi esas colas. Llegó a haber ocho cuadras de cola en un momento de la noche”, relató.

“Con mi vieja nos matábamos, porque las dos teníamos un carácter fuerte, pero había algo muy tierno en ella”, recordó acerca de su relación y agregó que “nunca pedía disculpas de manera explícita”, pero que después llamaba, buscaba recomponer y dejaba en claro, a su manera, que había entendido.

“Cuando le tocó ser madre y empezó a buscar a Alejandro -es algo que destaco- , dejó de lado a todas sus personas que no eran muy ‘sanitas’ por así decirlo. Dejó de ver a sus amigas que le decían que Alejandro estaba en España con los montoneros”, dijo. “Mamá bajó la persiana y le hizo muy bien porque encontró un lugar donde nunca más se fue”, expresó.

Pese al dolor, sostuvo que su madre nunca perdió la alegría. Fabiana la describió como una mujer capaz de sostener la risa, de recordar a Alejandro, de seguir reuniendo a la familia y, más tarde, de entregarse con la misma pasión a su rol de abuela. “Fue una abuela incondicional”, afirmó.

¿Qué enseña la experiencia de Allende para el mundo de hoy?

¿Qué enseña la experiencia de Allende para el mundo de hoy?OPINIÓN

Sergio Bitar Chacra
Por : Sergio Bitar ChacraEx ministro y ex senador.
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A más de cinco décadas de su gobierno, Salvador Allende continúa despertando interés en nuevas generaciones por la vigencia de la democracia, la justicia social y la dignidad humana. Su legado invita a reflexionar sobre la inteligencia artificial, la desigualdad y el desarrollo en el siglo XXI.


El Mostrador Fuente Preferida

Hace unos días me correspondió presentar el libro Allende. El legado y la proyección de un líder, de Federico Cana y Leonardo Cáceres. Ambos periodistas lo habían escrito en su juventud, pero su publicación fue impedida durante la dictadura. El manuscrito permaneció guardado durante décadas hasta que, con el apoyo de la Logia Salvador Allende, vio finalmente la luz en 2026.

La sala de presentación en la Feria Internacional del Libro de Santiago, en el Centro Cultural Estación Mapocho, estaba repleta. Pocos días después falleció Leonardo Cáceres. Sin embargo, su libro alcanzó a despertar un gran interés, especialmente entre los jóvenes. Ello me llevó a preguntarme: ¿por qué Allende sigue vigente? ¿Qué explica que continúe despertando interés entre nuevas generaciones que no vivieron su tiempo?


¿Qué atrae a los jóvenes?

Más allá de la memoria histórica o la nostalgia, Allende sigue siendo una referencia viva porque encarna valores que mantienen vigencia. Los autores del libro reconocen que sus ideales marcaron profundamente sus vidas. Para ellos, la Unidad Popular representó una época de expansión de libertades y esperanzas, un momento en que amplios sectores populares se sintieron protagonistas de la construcción de un país más justo.

La memoria de Allende sigue asociada a la organización de los trabajadores, a la búsqueda de una mayor igualdad de derechos, a la recuperación de capacidades nacionales para el desarrollo económico y al esfuerzo por combatir la pobreza y la exclusión social.

Sin embargo, la memoria histórica cambia con el tiempo. Cada generación la revisa, la enriquece y la interpreta desde sus propias preocupaciones. Yo mismo escribí El gobierno de Allende. Chile 1970-1973 después de mi prisión en Isla Dawson. Si lo escribiera hoy, pondría aún más énfasis en aquello que puede iluminar nuestro presente y nuestro futuro.

Los pilares de su legado

La vida de Salvador Allende ayuda a comprender la fuerza de su legado. Desde sus años de estudiante y médico, pasando por su labor como diputado, ministro, senador, presidente del Senado y candidato presidencial, hasta llegar a la Presidencia de la República, desarrolló una trayectoria excepcional de compromiso con la democracia, la justicia social y la dignidad humana.

Los discursos recogidos en este libro permiten identificar dos pilares fundamentales.

El primero es su profundo humanismo. Allende concebía la política como una herramienta para mejorar la vida de las personas, fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana y ampliar las oportunidades de educación, salud y movilidad social para los sectores más vulnerables. El segundo es su propuesta de construir una vía democrática al socialismo. En 1970, esa idea constituía una innovación de alcance mundial. Buscaba impulsar profundas transformaciones económicas y sociales respetando las instituciones democráticas, el pluralismo político y las libertades públicas.

Al asumir la Presidencia, el 5 de noviembre de 1970, expresó esa convicción con claridad:

“Chile, en su singularidad, cuenta con las instituciones sociales y políticas necesarias para materializar la transición del atraso y de la dependencia al desarrollo y a la autonomía, por la vía socialista”. Su aspiración era transformar la sociedad sin abandonar la democracia. Allí reside uno de los aspectos más perdurables de su legado.

Incluso en los momentos más difíciles, cuando el golpe militar parecía inminente, insistía en que el socialismo no podía imponerse por decreto ni por voluntarismo. En julio de 1973 advertía: “Mi gobierno no es un Gobierno Socialista; es un gobierno de transición (…) que tiene como tarea abrir camino al socialismo. Pero el socialismo no se impone por decreto”.

Esa combinación de convicción, realismo y coherencia personal explica una parte importante del respeto que sigue despertando.

El impacto de una experiencia histórica

El intento de realizar transformaciones estructurales dentro de la democracia tuvo repercusiones mucho más allá de Chile. Tras el golpe de Estado, la experiencia chilena abrió un intenso debate en los partidos progresistas de Europa y América Latina. Líderes de Francia, Italia, Inglaterra y Suecia nos señalaron, durante los años de recuperación democrática, cuánto influyó la experiencia chilena en sus propias reflexiones sobre democracia, reformas sociales y participación popular.

El gobierno de Allende dejó, además, realizaciones concretas que permanecen en la memoria colectiva: la nacionalización del cobre, el fortalecimiento del papel estratégico de los recursos naturales, el programa del medio litro de leche para los niños, la expansión de la vivienda popular y un notable impulso a la cultura. Durante esos años florecieron la música, el teatro, la literatura y las artes visuales. La editorial Quimantú democratizó el acceso al libro. La Nueva Canción Chilena proyectó una creatividad cultural que aún forma parte de la identidad nacional.

También permanece como símbolo de capacidad colectiva la construcción del edificio de la UNCTAD III —actual Centro Cultural Gabriela Mistral—, levantado en menos de un año para recibir una conferencia mundial de las Naciones Unidas.

Lecciones para el siglo XXI

El mundo actual es profundamente distinto al de 1970. La revolución digital, la inteligencia artificial y la aceleración tecnológica están transformando el trabajo, la economía, la política y la vida cotidiana.

Sin embargo, los valores que inspiraron a Allende conservan plena vigencia: la defensa de los derechos humanos, la protección de la democracia, la reducción de las desigualdades, la ampliación de oportunidades para los más vulnerables y la búsqueda de una autonomía nacional compatible con la cooperación internacional.

La diferencia es que esos objetivos deben realizarse en una sociedad completamente nueva. La inteligencia artificial abre enormes oportunidades para mejorar la productividad, la salud y la educación. Pero también crea riesgos inéditos. La concentración del poder tecnológico en pocas corporaciones puede afectar la calidad de la democracia mediante la manipulación de la información, la formación de opiniones y el control de datos personales. Asimismo, la automatización amenaza con sustituir numerosos empleos. Tal como ocurrió durante otras revoluciones tecnológicas, la respuesta no puede ser detener el progreso, sino gobernarlo democráticamente. Ello exige nuevas políticas de capacitación, educación continua y protección laboral, junto con la participación activa de trabajadores y organizaciones sociales en la definición de las transformaciones tecnológicas.

En este contexto, el Estado debe fortalecer su capacidad regulatoria, promover la inclusión social y construir consensos nacionales en torno a una estrategia de desarrollo compartida. La creciente competencia tecnológica y estratégica entre China y Estados Unidos hará aún más relevante la defensa de la autonomía nacional, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo.

Un desafío para el progresismo

El progresismo enfrenta hoy desafíos tan complejos como los que enfrentó en el siglo pasado. No basta con sostener ideales nobles. Se requiere capacidad para comprender los cambios tecnológicos, anticipar sus consecuencias y traducir los valores democráticos en soluciones eficaces para la ciudadanía.

La principal enseñanza de Allende no radica en reproducir las respuestas de ayer, sino en mantener la coherencia entre principios y acción, practicar la autocrítica cuando sea necesaria y perseverar en la búsqueda de una sociedad más justa dentro de la democracia.

Por eso su experiencia sigue despertando interés entre los jóvenes. Porque los contextos cambian, pero la aspiración a la dignidad humana, la justicia social y la libertad democrática continúa siendo una tarea permanente.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

410 millones de pesos. Empresario Jalaff admite millonaria coima a Luis Hermosilla para destrabar proyecto Parque Capital: Aparece involucrado exministro de Piñera, Felipe Ward

 21 June 2026

Una nueva declaración judicial emitió el empresario Álvaro Jalaff, en el marco de la investigación del caso Audios o Hermosilla. En su testimonio, detalló el rol clave que jugó el abogado asesor de Andrés Chadwick, (UDI)  ministro del Interior de Piñera, Luis Hermosilla, imputado en la bullada investigación, respecto a destrabar el proyecto inmobiliario Parque Capital. 

Se trata de un relato emitido ante la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, donde el empresario ratificó declaraciones anteriores y reveló un dato clave: le pagó 10 mil UF al abogado Luis Hermosilla sin respaldo documental. 

"El año 2019, volviendo de vacaciones, Luis habló nuevamente conmigo, señalándome que si queríamos obtener resultados teníamos que replantear el tema de su comisión, porque él había estado trabajando sin que se formalizara un acuerdo", comenzó planteando, para luego abordar el tema del pago. 

"Fue en esas circunstancias que me planteó que debía pagarle como $410 millones de pesos (aproximadamente UF 10.000 de la época), en efectivo, sin factura o boleta, lo que yo acepté, comprometiéndome a pagarle esa suma, indicándole que él, por su parte, se tenía que encargar de solucionar efectivamente todas las diferentes trabas legales y administrativas que tenían detenido el proyecto de Parque Capital en la SEREMI, de manera que éste siguiera avanzando hasta su terminación", siguió. 

En su testimonio, Jalaff planteó que a mediados de 2019 se produjo un "cambio importante" en el criterio de la Seremi, lo que "coincidió con lo que Luis me había señalado tiempo antes, en el sentido de que se reconocería que el proyecto cumplía con los requisitos legales".

"En esas circunstancias, Luis me pidió que le pagara la primera cuota, para lo cual le pedí un préstamo a Factop", complementó. 

El empresario indicó que le pagó "el equivalente a 10 mil UF por destrabar el proyecto Parque Capital" al abogado. 

De ese total, cerca de 6 mil UF "se le entregaron en dinero en efectivo" y los restantes 4 mil UF "por la vía de compensarlo con la deuda que él tenía con Factop". 

Jalaff y la mención a exministro Ward por Parque Capital 
En el inicio de su declaración, el empresario reconoce que "la prensa de la época informaba" sobre el rol del abogado Luis Hermosilla en el Ministerio del Interior de la época. 

"Luis tenía contacto directo, telefónico, con distintas autoridades de la Policía, del Gobierno, de los Tribunales, de la Fiscalía, etc., y, a mí me parecía, que él era muy respetado por todos ellos, siempre le devolvían los llamados, o los WhatsApp y le daban la información que él requería. Luis, incluso, se jactaba un poco de eso, de que tenía poder", sostuvo. 

En su relato, Jalaff también mencionó al exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward (UDI). En la instancia, indicó que "existen chats de la época, que intercambiamos con Luis, en que éste me señala que era muy cercano al ministro y que ya estaba en contacto con él por el tema de Parque Capital".

Además indicó que el abogado exhibió mensajes "que intercambió" con el exministro "para que yo confirmara que era cierto lo que él me decía, de que estaba en contacto directo con él". 

Despido libre y término de indemnización por años de servicio: la contrarreforma que liquida un siglo de conquistas obreras

COLUMNISTAS TRABAJO


By Gustavo Burgos   

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La iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema de seguro constituye uno de los ataques más profundos dirigidos contra los trabajadores desde la dictadura. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, planteó en El Dínamo que una de las fórmulas que se estudian considera una cotización adicional a cargo del empleador, la que se sumaría al Seguro de Cesant ía.Con este lenguaje tecnocrático de «modernización» y de «adaptación a los nuevos tiempos», lo que se pretende es alterar la estructura misma sobre la que descansa la protección jurídica del trabajo asalariado en Chile. La indemnización por años de servicio no es simplemente una compensación económica asociada al término de la relación laboral. Es uno de los mecanismos que obligan al empleador a justificar jurídicamente la decisión de despedir a un trabajador y que, por esa vía, permite la subsistencia efectiva del sistema de derechos laborales reconocidos por la legislación.

La historia de esta institución demuestra precisamente su carácter protector. La discusión actualmente abierta por el gobierno apunta a sustituir un sistema en que el empleador asume directamente el costo del despido por otro basado en fondos o seguros previamente financiados. Según diversos análisis publicados durante las últimas semanas, el Ejecutivo estudia fórmulas orientadas a reemplazar la actual indemnización por mecanismos de aseguramiento que desligan al empleador del pago directo al momento de despedir.

El problema central no radica únicamente en quién paga. Lo decisivo es que cuando desaparece el costo asociado al despido injustificado, desaparece también uno de los principales incentivos que obligan al empleador a respetar los derechos de sus trabajadores. Los artículos 160 y 161 del Código del Trabajo establecen causales específicas para poner término al contrato. La existencia de indemnizaciones obliga a justificar la decisión empresarial y permite que los tribunales revisen la legalidad de esa actuación. Si el despido pasa a financiarse mediante un seguro previamente constituido, el empleador queda liberado de esa carga económica y el despido tiende a transformarse en una facultad discrecional.

Las consecuencias de una medida de esta naturaleza se extienden mucho más allá de la pérdida de una compensación monetaria. El procedimiento de tutela laboral fue concebido precisamente para sancionar vulneraciones de derechos fundamentales producidas en el contexto de la relación de trabajo. La protección contra represalias antisindicales, discriminaciones, hostigamientos, acoso laboral, persecuciones por actividad gremial o vulneraciones a la libertad de expresión en el trabajo se apoya en un sistema en que despedir arbitrariamente tiene consecuencias para el empleador. Al eliminarse ese costo, la tutela laboral se debilita estructuralmente y los derechos fundamentales pasan a existir principalmente sobre el papel.


El mismo efecto devastador se proyecta sobre los derechos colectivos. En un país donde la huelga continúa restringida a los estrechos límites de la empresa heredados de la legislación dictatorial, entregar al empleador la posibilidad práctica de despedir sin costo equivale a destruir las bases materiales de la organización sindical. Ningún sindicato puede negociar eficazmente cuando la amenaza del despido deja de representar una carga para la empresa. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga quedan reducidos a formalidades vacías.

Particularmente revelador es que esta ofensiva no encuentre resistencia significativa en el régimen político. Mario Marcel ha manifestado recientemente su disposición a discutir fórmulas de reemplazo de la indemnización por años de servicio, destacando alternativas basadas en seguros o fondos especiales. Del mismo modo, iniciativas promovidas anteriormente por sectores del Frente Amplio, incluyendo propuestas asociadas al hoy senador Diego Ibáñez, han transitado en una dirección semejante bajo la fórmula de poner fin la límite de la indemnización por años de servicio. La convergencia entre gobierno y oposición en esta materia demuestra que las principales fuerzas parlamentarias burguesas comparten una orientación común destinada a reducir los costos laborales exigidos por el gran empresariado.

La eliminación de la indemnización por años de servicio, por todo lo indicado, no constituye una reforma aislada. Forma parte de un proyecto más amplio orientado a desestructurar el sistema de derechos laborales construido durante décadas de lucha obrera. El objetivo es instaurar de hecho el despido libre, debilitar la organización sindical y abaratar el costo de la fuerza de trabajo para incrementar las ganancias empresariales. Quienes presentan esta iniciativa como una medida técnica o administrativa buscan ocultar su verdadero contenido de clase.

Frente a esta ofensiva resulta indispensable impulsar un plan general de movilización en defensa de la indemnización por años de servicio y del conjunto de los derechos laborales. La defensa de esta conquista no es una cuestión corporativa ni jurídica. Es la defensa de uno de los últimos mecanismos que limitan el poder patronal dentro de la empresa. Si esta barrera cae, los trabajadores chilenos volverán al siglo XIX, quedando abierto el camino para una ofensiva aún más profunda contra los salarios, la organización sindical y las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora chilena.

La gravedad del momento radica precisamente en que el despido libre ya no constituye una mera hipótesis académica ni una propuesta marginal elaborada por centros de estudio empresariales. El proyecto forma parte de la agenda gubernamental y su discusión avanza aceleradamente en el Congreso. Durante las próximas semanas el Senado deberá pronunciarse sobre iniciativas que afectan directamente derechos históricos de los trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno ha impulsado la eliminación del feriado legal para las elecciones, demostrando que existe una orientación coherente destinada a reducir derechos democráticos y laborales considerados por el empresariado como obstáculos para aumentar la rentabilidad del capital. Lo que hoy se presenta como una reforma administrativa o un perfeccionamiento técnico constituye en realidad una transformación profunda de las relaciones sociales dentro de la empresa.

Por ello resulta ilusorio pensar que la indemnización por años de servicio puede ser sacrificada sin consecuencias sobre el resto del sistema de protección laboral. La experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Cada vez que el capital logra derribar una conquista fundamental, utiliza ese triunfo como plataforma para lanzar una nueva ofensiva. Si el empleador adquiere la facultad práctica de despedir sin costo, inmediatamente se debilita la capacidad de los trabajadores para organizar sindicatos, ejercer la negociación colectiva, denunciar abusos o participar en huelgas. El temor al despido se transforma entonces en el principal mecanismo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo.

La situación adquiere al día de hoy un carácter aún más urgente si se considera la pasividad de las direcciones sindicales y la convergencia política que comienza a configurarse entre gobierno y oposición parlamentaria en torno a la necesidad de sustituir la indemnización por mecanismos de seguro. Por supuesto la dirección de la CUT no ha estado a la altura de la amenaza. Mientras miles de trabajadores observan con preocupación el avance de esta reforma, la principal central sindical ha privilegiado una política de diálogo y colaboración institucional orientada a legitimar la discusión impulsada por el gobierno. La dramática ausencia de un plan efectivo de movilización nacional contrasta con la magnitud del ataque que se prepara contra las condiciones de trabajo de millones de personas.

La clase trabajadora no puede depositar sus expectativas en negociaciones parlamentarias ni en acuerdos de cúpulas que ya han demostrado su disposición a transar derechos históricos. La defensa de la indemnización por años de servicio exige la más amplia unidad de acción de sindicatos, federaciones, confederaciones, organizaciones territoriales y movimientos sociales dispuestos a enfrentar esta ofensiva antes de que se transforme en ley.

La lucha que se abre no se limita a preservar una determinada forma de compensación económica frente al despido. Lo que está en juego es la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital al interior de la empresa. Como hemos indicado, la indemnización por años de servicio representa una de las pocas restricciones efectivas que aún pesan sobre el poder patronal. Su eliminación abriría las puertas a una nueva etapa de precarización laboral, debilitamiento sindical y degradación de las condiciones de vida de millones de trabajadores que no tiene precedentes desde 1990. Precisamente por eso, la defensa de este derecho debe transformarse en una causa nacional de la clase trabajadora y en el punto de partida para una movilización general capaz de frenar una de las ofensivas patronales más agresivas de las últimas décadas.

 

 

Gustavo Burgos

La memoria esquiva y los costos de la unidad, una respuesta a Camilo Escalona


COLUMNISTAS

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El reciente y vehemente llamado a la unidad de la oposición o del Partido Socialista formulado por Camilo Escalona en las páginas de La Tercera no puede dejar indiferente a quien haya dedicado años de estudio a desentrañar los laberintos, dolores y mutaciones de nuestra vertiente histórica.

Como historiador, y habiendo depositado buena parte de esas reflexiones en mi obra El socialismo chileno de Allende a Bachelet, observo con genuina preocupación cómo la urgencia política del presente suele ser utilizada para edificar llamados de una pureza conceptual que colisiona de forma abierta con la terca realidad de los procesos históricos. La apelación a la cohesión de la oposición e interna del socialismo es, sin duda, un imperativo loable en tiempos de fragmentación, pero pierde su fuerza moral y su eficacia estratégica cuando se divorcia de la memoria y omite los propios actos que pavimentaron el actual estado de cosas.

Para analizar con rigurosidad el valor de este emplazamiento unitario, es indispensable examinar el itinerario político de quien hoy lo promueve.

En la mitología contemporánea que rodea al aparato partidario de calle París, se ha intentado instalar la idea de que los actuales liderazgos han sido eternos custodios de la cohesión interna. No obstante, la reconstrucción documental demuestra lo contrario. Si nos remontamos al crucial hito de la reunificación socialista de 1989 —un verdadero milagro político que permitió cerrar las heridas de la fractura de 1979 y proyectar al socialismo como eje articulador de la naciente Concertación—, el rol del exsenador fue nulo. Aquella gesta unificadora fue el resultado del esfuerzo generoso y sistemático de dirigentes que supieron leer las demandas de la sociedad civil y los desafíos de la transición democrática, en un diseño colectivo en el que las lógicas de exclusión y de control faccional que caracterizaron los años posteriores no tuvieron cabida.

Muy por el contrario, la consolidación de su influencia a comienzos de la década de los noventa coincidió con el progresivo desmantelamiento de lo que en su momento se conoció de manera promisoria como “la casa común de la izquierda”. Aquel espacio de convergencia amplia, pluralista y arraigado en el tejido social, fue sistemáticamente sacrificado en aras de una política de adaptación pragmática al poder y de una progresiva subordinación de la doctrina partidaria a las estructuras del Estado. En lugar de preservar al PS como el gran cauce de las aspiraciones populares, se optó por un viraje táctico hacia alianzas con los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, clausurando el debate interno e instalando una cultura política donde la deliberación de ideas fue sustituida por la disciplina burocrática y la negociación de meras cuotas de poder.

El punto más dramático de este diseño —y cuyas secuelas explican la fisonomía de la actual oposición— se escenificó el último fin de semana de enero de 2005, durante el XXVII Congreso General del Partido Socialista. Aquella cita, llevada a cabo en el entonces edificio Diego Portales, ha quedado registrada en los anales de nuestra historia política como un verdadero «golpe blanco» contra la directiva legítimamente elegida y encabezada por el economista Gonzalo Martner. La mesa conducida por Martner había ensayado un necesario recambio generacional e institucional tras la crisis de corrupción sistémica que azotó a la Concertación en 2003, abriendo el partido al debate programático, defendiendo con autonomía banderas históricas y delimitando con nitidez las fronteras entre el ejercicio de la militancia y el cabildeo corporativo, así como institucionalizando las decisiones políticas de la colectividad.

La respuesta de los denominados «barones» de la colectividad frente a esta autonomía fue implacable. En una maratónica jornada nocturna donde se relegó a un segundo plano cualquier discusión sustantiva sobre el proyecto de país, una alianza circunstancial articulada por Camilo Escalona, Ricardo Núñez y Ricardo Solari selló la defenestración de Martner por un estrecho e histórico margen de apenas diez votos. Este hecho político debilitó la institucionalidad interna e inició una de las fases más oscuras de la convivencia socialista: la instauración de una hegemonía faccional que priorizó el control disciplinario de la militancia por sobre la articulación de un proyecto transformador en democracia.

Las consecuencias de aquel descabezamiento no tardaron en manifestarse y adquirieron ribetes críticos durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, período en el cual Escalona ejerció la presidencia del partido con mano de hierro y se convirtió en el principal factótum político de la administración. Bajo su conducción, la colectividad experimentó una severa «archipielaguización». La inflexibilidad ante las demandas de apertura de nuevos liderazgos se tradujo en el sistemático bloqueo a las aspiraciones de sectores emergentes, gatillando una diáspora masiva y dolorosa que desangró al socialismo de sus cuadros intelectuales y juveniles más valiosos. Fue en este ciclo cuando se produjo la renuncia y partida de figuras emblemáticas de la historia socialista y de la izquierda, tales como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Marco Enríquez-Ominami y el mismo Gonzalo Martner, quienes se vieron forzados a buscar fuera de los muros partidarios los espacios de expresión que la asfixia interna les negaba.

Daño extendido

Pero el daño de esta política del atrincheramiento y el pragmatismo no se limitó a las fronteras del PS; afectó el corazón mismo de la coalición gobernante. La incapacidad para conducir el conflicto y la lógica de la exclusión terminaron por tensionar y quebrar las relaciones con los socios históricos, propiciando rupturas estructurales en el Partido Demócrata Cristiano —con la salida del sector de los «colorines»— y profundas escisiones en el Partido por la Democracia (PPD), simbolizadas en el abandono de liderazgos fundacionales. El corolario histórico de esta forma de administrar el poder fue la pérdida de la elección presidencial de 2010 frente a Sebastián Piñera, devolviendo a la derecha a La Moneda por la vía de las urnas tras medio siglo de ausencia. Aquella derrota significó el fin del proyecto progresista de la Concertación y el colapso de un bloque que, habiendo iniciado su andadura con amplias mayorías absolutas, concluyó sumido en la dispersión orgánica y la esterilidad programática.

Arturo Barrios, vicepresidente del PS y Camilo Escalona, secretario general. Crédito: https://www.facebook.com/

Hoy, cuando el mapa de la izquierda chilena se presenta como un archipiélago fragmentado, donde el Partido Socialista exhibe una evidente merma en su arraigo popular, el emplazamiento a la unidad requiere un examen de conciencia que trascienda la mera retórica de la contingencia. Como historiador, entiendo que la unidad auténtica no es un decreto de la dirigencia ni una herramienta para asegurar la supervivencia de aparatos burocráticos aislados de la sociedad; es el resultado de un compromiso ético con la verdad histórica, con la democracia interna y con un proyecto de transformación social de largo plazo.

El llamado que hoy leemos en la prensa, desprovisto de una autocrítica explícita sobre las responsabilidades individuales y colectivas en la demolición de nuestra convivencia pasada, corre el riesgo de ser percibido como un ejercicio estéril de realismo político. Para que la palabra «unidad» recupere su dignidad y su potencia transformadora dentro del socialismo chileno, es imperativo que quienes condujeron al partido hacia su paulatino ocaso asuman el costo histórico de sus decisiones. La reconstrucción del espacio común de la izquierda no puede cimentarse sobre el olvido de las diásporas pasadas, sino sobre el reconocimiento de los errores que las provocaron. Solo así, mirando de frente el espejo de nuestra propia historia, el socialismo podrá volver a ser la casa común de las esperanzas del pueblo de Chile

 

Edison Ortiz

Fuente: el Regionalista

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