Jueza sancionada por maltrato vuelve al tribunal y funcionarios afectados piden medidas de resguardo
07.04.2026
martes, 7 de abril de 2026
ACHS DETERMINÓ QUE TRES FUNCIONARIOS TIENEN ENFERMEDAD LABORAL POR HOSTILIDAD DE LA JEFATURA
A inicios de 2024 se inició una investigación sumaria por maltrato laboral en contra de la jueza titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo. Durante el sumario, Pardo fue destinada a otro tribunal. Finalmente, fue sancionada con una amonestación por maltrato laboral hacia cuatro funcionarios y este mes volvió al juzgado. Ante el retorno, los funcionarios afectados -tres de los cuales presentan enfermedad laboral por disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura, según calificó la ACHS-, presentaron una solicitud administrativa a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que se tomen medidas preventivas y de resguardo laboral.
En febrero de 2024, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt inició una investigación disciplinaria -por acoso y maltrato laboral- contra la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo. Durante el sumario, ella fue destinada fuera del tribunal y tres funcionarios que denunciaron -cuyas identidades CIPER mantiene bajo reserva- fueron calificados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con enfermedad laboral por disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura. En marzo de este año, la corte acreditó las denuncias de maltrato y la jueza fue sancionada con una amonestación, pero se le permitió volver al tribunal. Ante el reencuentro, los denunciantes solicitaron a la corte de Puerto Mont que adopte medidas de resguardo o que la magistrada sea reubicada.
Durante el transcurso de la investigación, la jueza fue destinada a un tribunal de Puerto Montt, mientras que el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad buscaba esclarecer los hechos denunciados. Esto hasta marzo de este año, fecha en la que la magistrada volvió al tribunal.
CIPER tuvo acceso a la solicitud administrativa de los denunciantes, la que indica que “la reincorporación de la Sra. Jueza doña Carolina Pardo Lobos como jefatura superior en el tribunal (órgano calificador, etc.) respecto de funcionarios con RECA [resolución que determina si una afección es de origen laboral] vigente, reinstala el “agente causante” ya identificado y reconocido, sin cesar la exposición, con lo cual se tensiona gravemente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 16.744 [ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales] y del Compendio SUSESO [Superintendencia de Seguridad Social]”.
La solicitud que enviaron los funcionarios a la corte de Puerto Montt pide que se evalúe la destinación de la jueza a otro tribunal o que se ordene la implementación obligatoria de medidas estructurales para evitar la reexposición al “agente causal” que identificó la ACHS: disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura.
Para este reportaje se consultó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sobre el manejo para evitar eventuales nuevas vulneraciones. Desde el tribunal indicaron: “Las medidas dispuestas por la ACHS fueron implementadas mediante la evaluación de riesgo, acompañamientos y destinación de la magistrada. Actualmente se está recabando la información para evaluar nuevas medidas”.
CIPER se comunicó telefónicamente el pasado jueves 2 de abril con el Tribunal Laboral de Castro para contactar a la jueza Pardo y formularle consultas sobre este tema. En ese juzgado se nos confirmó que le entregaron el recado a la jueza, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta de la magistrada. Además, CIPER pidió los datos de contacto de la jueza a la unidad de comunicaciones de la corte de Puerto Montt para enviarle nuestras preguntas. Entonces, se nos pidió que mandáramos las consultas por correo a esa misma unidad, desde donde las iban a reenviar a la magistrada. CIPER envió ese email el 25 de marzo y hasta el despacho de esta nota no hubo respuesta.
LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt comenzó el sumario administrativo contra la Jueza Titular del Tribunal Laboral de Castro en febrero de 2024, luego de conocer la primera denuncia de un funcionario por maltrato y acoso laboral. Luego, en mayo de ese mismo año, se amplió la investigación por hechos ocurridos contra otros dos funcionarios. Los tres fueron declarados con enfermedad laboral por la ACHS, condición que se mantiene vigente según la solicitud administrativa de las víctimas.
Según las denuncias, a las que CIPER tuvo acceso, en distintas oportunidades la magistrada se habría ofuscado por la forma en que los funcionarios hacían su trabajo. En tales casos, indican las acusaciones, les gritaba e increpaba frente a otros trabajadores.
En las denuncias se menciona un caso de 2023, en el que un funcionario en más de una oportunidad se acercó a la oficina de la jueza por consultas de trabajo, circunstancias en que la magistrada le habría gritado ante los demás miembros del tribunal. En el texto de la solicitud administrativa de los denunciantes se transcribió lo que, supuestamente, le decía la magistrada a ese funcionario: “‘Cuántas veces quieres que te expliquen, si ya te lo he explicado varias veces y tú lo sigues haciendo mal’; ‘cómo es que no entiendes cómo funciona el tribunal, cómo se trabaja en este tribunal’; ‘oiga, ¿usted es tonto? ¿Cómo no entiende algo así?’”.
En de la resolución de la corte de Puerto Montt, se indica que la magistrada desconoció y negó todos los hechos denunciados como maltrato, señalando que ella no gritaba en el tribunal y que había quienes consideraban fuerte su tono de voz.
Durante la investigación declararon ocho funcionarios, además de los denunciantes, ante el fiscal judicial. Ninguno de ellos descartó la ocurrencia de los hechos. Algunos indicaron que en ocasiones la magistrada alzaba la voz, para algunos gritando, para otros expresando molestia en términos inadecuados.
Desde la corte señalaron a CIPER que, según las mediciones de la Corte Suprema, el Juzgado Laboral de Castro mejoró en cuanto a los indicadores de gestión y ambiente laboral en el último año: “En las visitas de los años 2024 y 2025 se advirtió que el resultado del Cuestionario de Evaluación de Ambiente Laboral – Salud mental (CEAL-SM) aplicado durante el período arrojó “Riesgo Alto”, por lo que esta Corte ordenó que pasaran los antecedentes al Comité de Riesgo Psicosocial de la jurisdicción para realizar un acompañamiento y poder superar la situación. El año 2025 la encuesta de Clima Laboral dio como resultado un promedio general adecuado”.
Al cierre de esta artículo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no había llegado a una resolución sobre la solicitud administrativa de los denunciantes.
Australia rechaza el último recurso de Adriana Rivas y allana su extradición a Chile por crímenes de la dictadura
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La Justicia australiana dio este martes un paso decisivo para la extradición a Chile de Adriana Rivas, exagente de la policía secreta de la dictadura , al rechazar el último recurso presentado por su defensa para evitar su entrega. La resolución del Tribunal Federal pone fin a una prolongada batalla judicial y acerca a la acusada a ser juzgada en su país de origen por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante la década de 1970.
Rivas, de 72 años, es requerida por la justicia chilena por su supuesta implicación en siete casos de secuestro agravado cometidos en el marco de la represión política ejercida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el principal órgano represivo del régimen militar. La exagente ha negado reiteradamente los cargos y sostiene que no participó en los hechos que se le imputan.
El fallo del tribunal australiano desestimó los argumentos de la defensa, que buscaban impugnar la decisión previa del Gobierno de Australia de autorizar la extradición. Los abogados de Rivas alegaban que los delitos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad y no secuestros agravados, lo que, a su juicio, invalidaría el proceso al no existir equivalencia jurídica plena entre ambas tipificaciones en el momento en que ocurrieron los hechos.
Sin embargo, el juez concluyó que los cargos presentados por Chile están correctamente caracterizados como secuestro agravado, un delito reconocido en ambas jurisdicciones. Asimismo, determinó que las referencias a crímenes de lesa humanidad en la solicitud chilena no modifican la naturaleza de los cargos, sino que aportan contexto sobre su gravedad y sus implicaciones legales.
La decisión ha sido calificada como “histórica” por representantes de las víctimas. La abogada Adriana Navarro, que representa a familiares de los desaparecidos, destacó que el tribunal consideró que no existían fundamentos suficientes para revisar la orden de extradición. Según explicó, el fallo también reconoce la existencia de pruebas creíbles sobre la presunta participación de Rivas en los delitos investigados.
El caso de Adriana Rivas se ha prolongado durante más de una década y ha estado marcado por recursos legales y controversias jurídicas. La exagente fue detenida en Australia en febrero de 2019, después de haber residido durante más de 30 años en ese país, principalmente en el área de Bondi, en Sídney, donde trabajó como empleada doméstica y niñera.
Su presencia en Australia se remonta a finales de la década de 1970, cuando abandonó Chile tras el periodo más intenso de la represión. En 2006 regresó a su país, donde fue detenida en relación con los casos que hoy motivan su extradición. No obstante, logró eludir la acción de la justicia y volvió a Australia en 2009, donde permaneció hasta su arresto una década después.
Las autoridades chilenas la vinculan a varios episodios emblemáticos de la represión de la DINA, organismo que operó bajo el mando de Manuel Contreras y que fue responsable de numerosas violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entre los casos que se le atribuyen figura el secuestro de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, detenido en 1976 y desaparecido desde entonces.
También se le imputa participación en la desaparición de otras seis personas: Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, esta última embarazada en el momento de su detención. Todos ellos eran militantes de izquierda o personas vinculadas a la oposición al régimen.
El rechazo del recurso representa un avance clave en el proceso de extradición y deja a Rivas a las puertas de su eventual traslado a Chile, donde podría enfrentar un juicio por delitos que forman parte de las causas pendientes por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, que lo consideran un ejemplo relevante de cooperación judicial internacional en materia de justicia transicional. Para las familias de las víctimas, la decisión supone el cierre de una etapa marcada por años de incertidumbre y la posibilidad de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos.
A partir de ahora, se espera que las autoridades australianas coordinen los pasos finales del proceso de extradición. Aunque aún podrían existir instancias administrativas o logísticas pendientes, el fallo del Tribunal Federal reduce significativamente las opciones legales de la defensa y sitúa el caso en su fase definitiva.
lunes, 6 de abril de 2026
Defensa de Galvarino Apablaza recurre a la ONU para frenar su extradición desde Argentina
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El abogado argentino Rodolfo Yanzón, representante del exfrentista chileno Galvarino Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas con el objetivo de impedir su detención y eventual extradición a Chile.
La acción busca la intervención urgente del organismo internacional, argumentando que el proceso en curso en Argentina vulnera normas del derecho internacional y podría causar un “daño irreparable” al afectado.
Denuncia internacional por riesgo de vulneración de derechos
Según el escrito presentado —de aproximadamente 11 páginas—, la defensa sostiene que la extradición de Apablaza implicaría un riesgo real de sufrir tortura o tratos crueles, además de enfrentar una posible condena a prisión perpetua.
El abogado Yanzón afirma que existe una “criminalización anticipada” por parte de autoridades chilenas y argentinas, lo que pondría en duda la imparcialidad de cualquier proceso judicial en Chile.
En ese contexto, se solicitó al comité que dicte medidas cautelares urgentes para impedir que Argentina avance con la extradición mientras no se resuelvan los recursos judiciales pendientes.
El principio clave: no devolución
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el principio internacional de no devolución (non-refoulement), establecido en la Convención contra la Tortura.
La defensa argumenta que Argentina estaría incumpliendo esta obligación al avanzar en gestiones de detención y extradición, pese a que aún no se ha resuelto definitivamente la situación de refugiado de Apablaza.
Además, se cuestiona un cambio reciente en la legislación argentina que permitiría ejecutar la extradición incluso cuando existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, lo que —según los abogados— debilita las garantías de protección.
Situación legal: estatus de refugiado en disputa
Apablaza fue reconocido como refugiado político en Argentina en 2010, con respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sin embargo, ese estatus ha sido objeto de controversia en los últimos años:
- En 2017 se intentó revocar su condición de refugiado
- Actualmente, esa decisión no está firme y sigue en revisión judicial
- Existe un recurso pendiente ante la Corte Suprema argentina
La defensa sostiene que, mientras esta situación no se resuelva, cualquier intento de extradición sería ilegal.
Argumentos adicionales de la defensa
El documento también plantea otros elementos relevantes:
- La avanzada edad y estado de salud de Apablaza aumentan el riesgo de daño irreparable
- El proceso de extradición original (iniciado en 2004) estaría cerrado legalmente
- Chile debería iniciar un nuevo procedimiento si insiste en la solicitud
Asimismo, se invoca jurisprudencia internacional y recomendaciones del ACNUR que refuerzan la prohibición de extraditar a una persona mientras su condición de refugiado no haya sido resuelta definitivamente.
Galvarino Apablaza fue dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y es requerido por la justicia chilena por su presunta participación en:
- el asesinato del senador Jaime Guzmán (1991)
- el secuestro de Cristián Edwards
Desde hace décadas, su caso ha generado tensiones políticas y judiciales entre Chile y Argentina.
Qué viene ahora
El escenario inmediato dependerá de la respuesta del Comité contra la Tortura:
- Si acoge la solicitud, podría ordenar a Argentina suspender la extradición temporalmente
- Si no interviene, el proceso podría avanzar más rápidamente
En cualquier caso, el conflicto combina elementos jurídicos, políticos y de derechos humanos, por lo que su resolución podría extenderse en el tiempo.
La presentación ante la ONU marca un nuevo capítulo en un caso que lleva más de 30 años. La defensa apuesta por frenar la extradición mediante mecanismos internacionales, mientras el desenlace dependerá tanto de decisiones judiciales como de la presión política entre ambos países.
OPERACIÓN CÓNDOR
Caso Apablaza: defensa denuncia ilegalidad y acusa persecución política coordinada entre Chile y Argentina
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La situación judicial de Galvarino Apablaza ha escalado en los últimos días a un nuevo nivel de tensión, marcado por operativos policiales, una orden de detención cuestionada y un inminente conflicto internacional. Sin embargo, desde la defensa del exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) se insiste en un punto central: lo que está ocurriendo no solo carece de sustento jurídico, sino que constituye una persecución política.
Así lo afirmó su abogado, Rodolfo Yanzón, quien anunció que denunciarán ante Naciones Unidas la ilegalidad del proceso de extradición impulsado por los gobiernos de Chile y Argentina. Según el jurista, las acciones emprendidas vulneran directamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, instrumento internacional que protege a personas perseguidas por razones políticas.
“Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, sostuvo Yanzón, enfatizando que el proceso de extradición “está finalizado hace 16 años” y que cualquier intento de reactivarlo carece de validez jurídica.
Una operación irregular
El caso dio un giro cuando la jueza María Servini ordenó la detención de Apablaza en ausencia del juez titular de la causa, Ariel Lijo, quien se encontraba con licencia. Para la defensa, este movimiento no solo es irregular, sino que responde a una maniobra política.
“Aprovecharon la ausencia de Lijo para avanzar en una tramitación exprés en un tema extremadamente delicado”, acusó Yanzón, quien calificó la decisión como una “sucia jugada del gobierno” de Javier Milei.
La situación se agrava considerando que aún está pendiente la resolución de recursos judiciales presentados por la defensa para revertir la revocación del estatus de refugiado político que Argentina otorgó a Apablaza en 2010. Mientras ese proceso no se resuelva, sostiene el abogado, el exfrentista sigue protegido por el derecho internacional.
“Si no se define el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente. Lo que están haciendo es violar la Convención de Refugiados”, insistió.
Cacería y presión internacional
En paralelo, las autoridades argentinas han intensificado la búsqueda de Apablaza tras no encontrarlo en su domicilio en la localidad de Moreno, en Buenos Aires. Allanamientos, operativos policiales y una recompensa de 20 millones de pesos argentinos para quien entregue información han configurado un escenario que la defensa califica derechamente como una “cacería”.
El despliegue ocurre justo en la antesala de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Argentina, donde este lunes sostendrá una reunión con el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Rosada.
Un día antes, Kast realizó un punto de prensa en el que se refirió directamente al caso Apablaza, reafirmando la intención de su gobierno de lograr su extradición. Para la defensa, esta sincronía entre agenda política y acciones judiciales no es casual, sino una señal evidente de presión.
Yanzón fue explícito: “Quieren violar la Convención de Refugiados haciéndole un regalo a Kast. Se van a quedar con las ganas”.
Coordinación previa y operación fallida
Los antecedentes refuerzan esa lectura. Días antes del cambio de mando en Chile, autoridades de ambos países ya hablaban de una extradición “inminente”. Existía coordinación entre la Policía de Investigaciones (PDI) y fuerzas argentinas, incluyendo un avión dispuesto para trasladarlo.
Sin embargo, el operativo fracasó cuando Apablaza no fue encontrado en su domicilio, lo que activó un despliegue aún mayor de las fuerzas de seguridad trasandinas.
Para la defensa, esto confirma que no se trata de un proceso judicial regular, sino de una operación política que busca resultados inmediatos.
Dudas sobre el debido proceso en Chile
Otro de los puntos críticos es la falta de garantías para un juicio justo en Chile. El abogado recordó los vínculos entre el abogado Luis Hermosilla —histórico representante de la familia de Jaime Guzmán— y el ministro Mario Carroza, quien lideró investigaciones clave del caso.
Estas relaciones han sido cuestionadas judicialmente, incluyendo acciones impulsadas por Mauricio Hernández Norambuena, quien denunció colusión y tráfico de influencias.
A esto se suman errores del propio gobierno. La vocera Mara Sedini afirmó que Apablaza estaba “condenado”, lo que es falso, debiendo luego rectificar. Para la defensa, esto confirma un clima institucional adverso.
“Demuestran que en Chile no existen condiciones para un debido proceso”, sostuvo Yanzón.
Persecución política en desarrollo
Desde sectores políticos y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, el caso también es interpretado como parte de un proceso con fuerte carga política. En esa línea, se ha planteado que la situación judicial de Apablaza se desarrolla en un contexto de presión por parte de sectores de derecha tanto en Chile como en Argentina, lo que —según estas voces— influiría en la persistencia del caso en la agenda pública y en las decisiones institucionales.
Más allá del desenlace judicial, lo que está en juego es el uso del aparato estatal para perseguir a figuras vinculadas a la resistencia política, en un contexto donde las disputas por memoria histórica siguen abiertas.
Hoy, el caso Apablaza no solo se juega en tribunales. También se instala como un símbolo de persecución política en el Cono Sur.
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