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La democracia burguesa chilena no atraviesa simplemente una crisis de legitimidad, como acostumbran afirmar los analistas del régimen cada vez que las encuestas registran una caída de confianza en el Parlamento, los partidos o las instituciones. Lo que se encuentra crecientemente cuestionado es algo bastante más profundo: la capacidad misma de los mecanismos de representación establecidos para procesar las contradicciones sociales producidas por un régimen económico fundado en la concentración de la propiedad, el endeudamiento, la precarización del trabajo y la subordinación de todas las necesidades sociales a la acumulación del capital. El agotamiento de las ilusiones democráticas no significa que millones hayan llegado espontáneamente a una conclusión socialista ni que hayan dejado de votar; significa que la experiencia cotidiana demuestra, cada vez con mayor brutalidad, que la alternancia electoral no altera las relaciones fundamentales de poder. Cambian los gobiernos, las coaliciones, los nombres de los ministros y los discursos presidenciales, pero permanecen la propiedad de la gran minería, los bancos, las AFP, las grandes cadenas comerciales, los puertos, los medios de comunicación y las plataformas que crecientemente organizan la esfera pública. La democracia burguesa puede ampliar o restringir derechos, reformar constituciones y reemplazar administradores, pero no puede democratizar realmente una sociedad mientras preserve como derecho fundamental el poder privado del capital sobre la vida social.
La cuestión, por consiguiente, no consiste en oponer a esa democracia una denuncia moral acerca de sus imperfecciones. Desde un punto de vista marxista, la democracia burguesa constituye una forma histórica específica de la dominación de clase precisamente porque universaliza políticamente al ciudadano al mismo tiempo que reproduce materialmente al trabajador asalariado, al propietario y al capitalista como sujetos profundamente desiguales. El dueño de un banco y el trabajador que ese banco despide poseen formalmente un voto cada uno, pero sólo uno de ellos puede movilizar enormes recursos económicos, contratar equipos profesionales, financiar producción comunicacional, influir sobre asociaciones empresariales y participar cotidianamente de los espacios donde se articulan decisiones económicas decisivas. La igualdad jurídica termina exactamente donde comienza la propiedad. Ésta es la materialidad contemporánea de aquella definición leninista según la cual la república democrática constituye la mejor envoltura política posible para el capitalismo: no porque toda elección sea fraudulenta ni porque toda libertad sea ficticia, sino porque las libertades políticas funcionan sobre una estructura social que distribuye de manera radicalmente desigual las condiciones materiales para ejercerlas.
Chile ofrece una demostración extraordinariamente precisa de esta contradicción. El régimen de partidos establece poderosas barreras materiales para la intervención independiente; el financiamiento electoral reproduce ventajas previamente conquistadas; los grandes medios de comunicación permanecen concentrados; la publicidad estatal contribuye objetivamente a sostener una estructura comunicacional dominada por grandes empresas; las plataformas digitales han transferido una porción creciente de la formación de opinión hacia algoritmos administrados por corporaciones transnacionales; y, cuando el conflicto abandona los límites de la representación y se instala en las calles, reaparece todo el arsenal coercitivo del Estado: Ley de Seguridad del Estado, legislación antiterrorista, técnicas especiales de investigación, criminalización de bloqueos, persecución judicial y dispositivos policiales. La democracia burguesa chilena revela así su verdadera anatomía cuando la voluntad social pretende transformarse en fuerza material. Mientras el ciudadano escoge representantes, el régimen tolera e incluso celebra su participación; cuando los trabajadores, estudiantes o pobladores buscan alterar directamente las condiciones de funcionamiento de la sociedad, el conflicto comienza inmediatamente a desplazarse desde el derecho político hacia el derecho penal.
Octubre y la aparición material de una crisis de poder
El glorioso levantamiento popular iniciado el 18 de octubre de 2019 puso violentamente al descubierto esta contradicción. Su carácter revolucionario no depende de atribuirle retrospectivamente un programa que no tuvo ni de afirmar que existiera una dirección preparada para disputar el poder. Fue una ola revolucionaria porque durante meses millones dejaron de comportarse como espectadores de la política y entraron directamente en escena, quebrando los mecanismos habituales de representación y la ocupación militar de las ciudades, desbordando a las organizaciones existentes y colocando al Gobierno y al conjunto del régimen ante una crisis que no podía resolverse mediante los procedimientos ordinarios. El estado de emergencia, los militares en las calles, la represión y las concesiones parciales fueron incapaces de restablecer inmediatamente la normalidad. La movilización iniciada en octubre se prolongó, con distintos grados de intensidad, hasta marzo de 2020 y fue finalmente interrumpida materialmente por la pandemia. No fue una sucesión de manifestaciones: constituyó durante meses una modificación extraordinaria de la relación entre las masas y el Estado.
El 25 de octubre de 2019 representó el punto máximo de amplitud política de aquella irrupción. Alrededor de 1,2 millones de personas ocuparon Santiago según cifras de la propia autoridad y las movilizaciones se reprodujeron en las principales ciudades del país. Más allá de la cifra, aquella jornada estableció un hecho político decisivo: ninguna institución podía seriamente afirmar que representaba a esa multitud. Los partidos que habían gobernado durante tres décadas, la oposición parlamentaria, las centrales sindicales burocratizadas y el propio Gobierno fueron sobrepasados por una movilización cuya principal característica era precisamente no reconocer una conducción institucional. El país contempló algo extremadamente peligroso para cualquier régimen de dominación: una mayoría social comenzaba a reconocerse a sí misma fuera de los canales diseñados para representarla.
Pero la extraordinaria marcha del 25 de octubre mostró simultáneamente una limitación objetiva. La movilización de masas podía ocupar las calles, hacer retroceder al Gobierno, paralizar parcialmente las ciudades y producir una crisis política monumental, pero los grandes resortes materiales de la economía continuaban funcionando. Los bancos, las grandes empresas, la minería, los puertos, las telecomunicaciones, los supermercados y una parte sustancial del aparato productivo permanecían bajo control empresarial. Millones habían descubierto su fuerza numérica, pero todavía no habían convertido plenamente esa fuerza en poder social organizado. Ése es el significado decisivo de la diferencia entre la manifestación y la huelga. Una multitud demuestra que el régimen ha perdido autoridad; una huelga general comienza a demostrar que los explotados poseen la capacidad material de interrumpir la reproducción de ese régimen.
Por esa razón las jornadas del 11 y, sobre todo, del 12 de noviembre constituyen el segundo punto neurálgico de Octubre. Durante el 11 se desarrollaron movilizaciones educacionales y múltiples preparativos sectoriales de la paralización; el día 12, organizaciones portuarias, empleados públicos, profesores, trabajadores de la construcción, sectores de la salud, de la minería y numerosos sindicatos confluyeron en una huelga nacional convocada por Unidad Social y otras organizaciones. Aunque no alcanzó a ser una paralización absoluta del país por primera vez desde el comienzo del levantamiento apareció, en escala nacional, la posibilidad de transformar la rebelión social en una acción organizada desde los lugares de trabajo. El contenido político de aquella experiencia era incomparablemente más profundo que su porcentaje exacto de adhesión: la clase trabajadora comenzaba a aparecer no solamente como columna vertebral del levantamiento, sino como fuerza capaz de señalar una perspectiva de poder y paralizar la sociedad.
Ése fue el momento más peligroso para el régimen. El 25 de octubre había planteado una crisis general de legitimidad. El 12 de noviembre comenzó a insinuar una crisis material de autoridad. La pregunta dejaba de ser solamente cuántas personas podían marchar contra el Gobierno y comenzaba a transformarse en otra: quién podía hacer funcionar el país. El trabajador portuario descubría que sin su trabajo el puerto se detenía; el funcionario, que sin su actividad la administración no funcionaba; el profesor, que la escuela dependía materialmente de quienes trabajan en ella; los trabajadores del transporte, la industria y los servicios podían comprobar que aquella sociedad presentada ideológicamente como obra de empresarios, inversionistas y administradores era reproducida cada día por millones de asalariados. La huelga, ransformaba así una intuición política en una experiencia material.
El Acuerdo por la Paz: la operación de salvataje del régimen
Es precisamente en este punto donde adquiere su verdadero significado histórico el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre. Presentarlo únicamente como la apertura de un proceso constitucional significa aceptar retrospectivamente la narración que los propios partidos construyeron para legitimar su intervención. El acuerdo fue mucho más que eso. Constituyó la principal operación política de contención del levantamiento popular, destinada a trasladar el centro de gravedad desde la calle hacia el Congreso, desde la acción directa hacia el calendario electoral, desde los organismos embrionarios de coordinación social hacia los partidos del régimen y desde la crisis inmediata del poder hacia una promesa constitucional cuya realización quedaba cuidadosamente sometida a procedimientos, quórums, elecciones y plazos establecidos por las instituciones existentes.
No fue firmado literalmente por todos los partidos. El Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social quedaron formalmente fuera del acuerdo, y existieron diferencias y rupturas dentro del entonces Frente Amplio. Pero la precisión formal no modifica el significado político fundamental: el núcleo decisivo del oficialismo y de la oposición parlamentaria se agrupó alrededor de una salida común cuyo propósito contrarrevolucionario expresamente declarado era restablecer «la paz social y el orden institucional«. La propia Cámara de Diputados describió el pacto como un acuerdo alcanzado entre legisladores de Gobierno y oposición y la información institucional del Senado destacó explícitamente su compromiso con el restablecimiento de la “paz social y el orden público”. El Acuerdo unificó, allí donde hasta pocos días antes los partidos aparecían enfrentados, una defensa superior: la continuidad del Estado y la recuperación del monopolio institucional sobre la política.
La secuencia histórica resulta reveladora. El 12 de noviembre se desarrolló la huelga nacional; esa misma noche el criminal de lesa humanidad Sebastián Piñera —temiendo por su integridad personal— llamó públicamente a construir un acuerdo político; tres días después, oficialismo y una parte decisiva de la oposición sellaban el mecanismo institucional que terminaría conduciendo al proceso constituyente. Piñera fue rescatado del basurero de la historia y reinstalado en el poder por quienes suscribieron y se sometieron a tal Acuerdo. La burguesía y sus representaciones políticas comprendieron que el principal peligro no residía en que las masas exigieran una nueva Constitución, sino en que comenzaran a experimentar formas de acción independientes de todas las instituciones encargadas de administrarlas.
El Acuerdo por la Paz fue exitoso precisamente porque consiguió invertir esa dinámica. A partir de entonces la discusión comenzó progresivamente a desplazarse desde la organización del movimiento hacia las reglas de la Convención, desde la generalización de la huelga hacia los quórums constitucionales, desde la cuestión del poder hacia la discusión sobre el texto jurídico que debía reemplazar a la Constitución de 1980. Una energía social gigantesca fue transformándose paulatinamente en expectativa electoral. Los sectores que habían irrumpido directamente sobre el escenario político fueron convocados a delegar nuevamente su decisión, esta vez bajo la promesa de que el resultado electoral abriría finalmente las puertas de una transformación estructural.
Aquí reside la importancia estratégica del fracaso posterior del proceso constituyente. Más allá de las múltiples causas de la derrota constitucional, su desenlace confirmó un problema fundamental: la transferencia de la iniciativa desde las masas movilizadas hacia las instituciones permitió al régimen recomponer su autoridad. El proceso terminó organizándose dentro de un terreno donde los partidos, los medios de comunicación, los grandes propietarios, los recursos económicos y los mecanismos institucionales recuperaban progresivamente la ventaja. Lo que había comenzado como crisis de poder terminó convertido en una discusión acerca de la mejor arquitectura jurídica del mismo Estado. El régimen no venció a Octubre mediante una derrota militar en las calles. Lo contuvo políticamente, absorbió una parte de sus demandas, dividió sus fuerzas, recuperó la iniciativa y transformó la movilización en procedimiento. Ésa fue la función histórica fundamental del Acuerdo por la Paz.
La dirección revolucionaria no se construye antes de la lucha
La experiencia, por todo lo expuesto, plantea inmediatamente el problema de la dirección. Pero vamos por partes. Una explicación extendida dentro de sectores de la izquierda revolucionaria sostiene que Octubre fue derrotado porque no existía previamente una organización revolucionaria con suficiente implantación para disputarle la conducción al régimen. La primera parte de esta afirmación es evidente: no existió una dirección revolucionaria capaz de formular una salida política independiente. El error comienza cuando esa constatación se transforma en una estrategia según la cual sería necesario construir primero dicha dirección y sólo después plantear tareas capaces de generalizar la lucha.
Esta concepción separa artificialmente aquello que la lucha de clases mantiene unido. Una dirección revolucionaria no puede construirse fuera de la experiencia mediante la cual sectores reales de trabajadores verifican programas, consignas, métodos y organizaciones. Puede existir durante años un núcleo revolucionario doctrinariamente preparado y políticamente firme; pero únicamente se convierte en dirección cuando establece una relación material con franjas de la clase capaces de reconocer en su política una orientación para sus propios combates. La construcción de esa relación no comienza después de constituido el partido. Es el proceso mismo mediante el cual ese partido puede llegar a existir como dirección efectiva y no meramente como organización autoproclamada.
Octubre vuelve brutalmente concreta esta cuestión. Si después del 25 de octubre la tarea era simplemente “construir partido” mientras se aguardaba una nueva oportunidad histórica, entonces nada se comprendió de aquella experiencia. La cuestión era cómo llevar la enorme energía desplegada en las calles hacia los lugares de trabajo, cómo multiplicar coordinaciones, cómo disputar a las burocracias sindicales la dirección del movimiento, cómo transformar las asambleas territoriales en instancias capaces de establecer relaciones permanentes con organizaciones obreras y, después del 12 de noviembre, cómo preparar una nueva paralización superior a la anterior. Una política semejante no garantizaba la victoria. Ninguna consigna puede eliminar mecánicamente la correlación de fuerzas. Pero habría creado el terreno sobre el cual podían desarrollarse organismos independientes, probarse nuevas direcciones, seleccionarse cuadros, clarificarse programas y comenzar a disputar efectivamente la conducción de millones.
Esperar a poseer la dirección antes de formular tareas de generalización equivale a postergar indefinidamente la construcción de la propia dirección. Las grandes organizaciones revolucionarias de la historia nunca alcanzaron influencia sobre las masas limitándose a proclamar la corrección de sus programas. Se desarrollaron porque pudieron intervenir en acontecimientos reales y ofrecer respuestas a problemas que millones comenzaban a experimentar. La autoridad política se conquista demostrando capacidad para orientar la lucha, prever sus desarrollos y explicar sus derrotas. Una dirección no se fabrica únicamente mediante educación interna; se selecciona también en la confrontación, mediante victorias y fracasos, en la capacidad de transformar una reivindicación particular en experiencia política general.
Es en este punto donde la necesidad de conformar un movimiento por una huelga general adquiere importancia capital. La huelga general debe ser concebida no como una proclamación maximalista ni como el episodio final que ocurrirá cuando todo lo demás se encuentre previamente resuelto, sino como una tarea inmediata de construcción política. Por supuesto, no se trata de fijar arbitrariamente una fecha cuando las condiciones no existen, ni de convertir la fórmula en una consigna vacía repetida frente a cualquier conflicto. Se trata de organizar desde ahora la tendencia hacia la convergencia: impulsar coordinaciones entre organizaciones que luchan, levantar encuentros de sindicatos combativos, reconstruir la unidad obrero-estudiantil, conectar las movilizaciones por vivienda con las luchas salariales, unir trabajadores públicos y privados, desarrollar fondos de huelga, defender organizaciones perseguidas y colocar ante cada sector en conflicto el problema de cómo evitar que su combate sea derrotado aisladamente.
La huelga general se constituye en este sentido en un método de organización antes incluso de transformarse en acontecimiento. Obliga a pensar la lucha como totalidad. Obliga a superar el corporativismo que reduce cada conflicto al pliego correspondiente. Obliga a preguntarse qué programa puede unir al trabajador portuario, al profesor, al funcionario, al estudiante endeudado, al poblador amenazado por el costo de la vivienda y al asalariado precarizado. Obliga, en definitiva, a construir aquella vanguardia social que no surge simplemente de una declaración ideológica, sino de la experiencia compartida de luchar contra enemigos comunes.
Una Europa que vuelve a la calle
Esta discusión adquiere una extraordinaria actualidad internacional. Lejos de encontrarnos ante un período de estabilización de las democracias occidentales, Europa comienza nuevamente a mostrar síntomas profundos de agotamiento de los mecanismos mediante los cuales durante décadas consiguió transformar el conflicto de clase en negociación institucional. El viejo régimen de transacción social —salarios y derechos negociados dentro de determinados márgenes, servicios públicos relativamente extensos, partidos reformistas capaces de administrar las expectativas populares y burocracias sindicales integradas a mecanismos permanentes de concertación— encuentra crecientes dificultades materiales para reproducirse bajo condiciones de estancamiento, endeudamiento público, crisis de vivienda, deterioro de los servicios y presión por nuevos ajustes fiscales.
España constituye hoy un ejemplo extraordinariamente significativo. Las movilizaciones por la vivienda realizadas el 3 de octubre se extendieron por más de cincuenta ciudades. Sólo en Madrid, la Delegación del Gobierno calculó alrededor de 70.000 participantes mientras los organizadores entregaron cifras muy superiores. Lo fundamental no es nuevamente el debate aritmético: las movilizaciones adoptaron explícitamente la consigna “Hacia la huelga general” y la presión inicial del movimiento de inquilinos terminó arrastrando a las principales organizaciones sindicales.
La dinámica resulta particularmente instructiva para nuestra discusión. La iniciativa no nació de las grandes burocracias sindicales. El Sindicato de Inquilinas y organizaciones del sindicalismo alternativo comenzaron planteando la necesidad de una paralización; la magnitud de la protesta terminó obligando a CCOO y UGT a convocar una huelga general de 24 horas, fijada para el 11 de noviembre de 2026, la primera respaldada conjuntamente por ambas centrales en catorce años. La reivindicación que articula el movimiento tampoco surge directamente del contrato laboral tradicional: es el acceso a la vivienda. Precisamente por ello posee enorme importancia política. La contradicción clase entre salario y renta inmobiliaria comienza a conectar el lugar de trabajo con las condiciones generales de reproducción de la vida. Incluso los burócratas de CCOO y UGT han debido justificar la huelga señalando que un sindicato no negocia únicamente condiciones laborales, sino también condiciones de vida.
España muestra, por consiguiente, cómo una reivindicación inicialmente sectorial puede comenzar a actuar como eje de generalización. La incapacidad del Parlamento para resolver la crisis de vivienda no condujo simplemente a nuevas negociaciones: produjo acampadas, manifestaciones masivas, el desplome de la legislatura, elecciones anticipadas y una convocatoria a huelga general. Es exactamente la relación que interesa destacar: allí donde las instituciones dejan de ofrecer una mediación creíble, la acción directa comienza nuevamente a presentarse como mecanismo político.
En Francia, el proceso adopta otra forma pero expresa una contradicción semejante. El movimiento iniciado en septiembre entre estudiantes secundarios contra el deterioro de la educación pública se extendió en pocas semanas a centenares de establecimientos y adquirió una dimensión nacional. Más de mil liceos llegaron a incorporarse a las protestas durante una jornada de comienzos de octubre, y el 6 de octubre las movilizaciones reunieron oficialmente alrededor de 266.000 personas, mientras las organizaciones convocantes estimaron unas 450.000. Estudiantes universitarios, docentes, sindicatos y padres comenzaron a incorporarse a un conflicto que originalmente parecía limitado a la falta de profesores, el hacinamiento escolar, las condiciones de infraestructura y el rechazo a Parcoursup.
El Gobierno francés se encuentra frente a una dificultad característica de la etapa. En movilizaciones anteriores, la concesión fiscal permitió en diferentes ocasiones descomprimir conflictos sociales; hoy el margen se encuentra severamente restringido por el déficit, la deuda y las presiones financieras. Reuters ha señalado precisamente que la actual crisis se diferencia de otros grandes ciclos franceses porque el Estado dispone de mucho menos espacio fiscal para comprar paz social mediante gasto adicional. Éste es un punto decisivo. El problema europeo ya no consiste solamente en que los gobiernos adopten políticas equivocadas. Se deterioran las bases materiales del compromiso social mediante el cual el capitalismo europeo integró durante décadas a amplios sectores de la clase trabajadora.
La respuesta represiva francesa confirma la tendencia. Miles de detenciones, denuncias por violencia policial, investigaciones sobre lesiones graves a estudiantes y el despliegue de armamento antidisturbios contra menores muestran nuevamente el tránsito extraordinariamente rápido desde la ciudadanía democrática hacia el problema del orden público cuando la protesta adquiere capacidad de perturbación. Al mismo tiempo, la movilización consiguió ya arrancar una primera concesión gubernamental: el compromiso de incorporar miles de docentes calificados a establecimientos particularmente afectados. Los estudiantes han respondido anunciando que continuarán la movilización.
No se trata de sostener que España o Francia se encuentran inmediatamente ante situaciones revolucionarias. Sería una caracterización irresponsable. Se trata de comprender algo más importante: se multiplican las señales de agotamiento de los mecanismos tradicionales de mediación política y social. La vivienda, la educación, las pensiones, los salarios, los servicios públicos y el costo de la vida comienzan a producir conflictos cuya resolución supera crecientemente las posibilidades del compromiso parlamentario ordinario. Al mismo tiempo, el deterioro de los viejos partidos del centro político alimenta también a la extrema derecha, demostrando que el derrumbe de las ilusiones democráticas no posee por sí mismo un contenido progresivo. Si la clase trabajadora no construye una alternativa independiente, la descomposición del centro puede ser capitalizada por fuerzas reaccionarias que convierten la frustración social en nacionalismo, racismo y autoritarismo.
Una tarea para construir una nueva dirección
Es aquí donde la discusión deja de ser histórica y adquiere carácter urgente. La crisis de la democracia burguesa no produce automáticamente conciencia revolucionaria. El agotamiento de las expectativas parlamentarias puede conducir hacia la izquierda, hacia la abstención, hacia el cinismo o hacia la extrema derecha. La cuestión decisiva es quién organiza políticamente esa experiencia y alrededor de qué tarea concreta. En Chile no basta con esperar otro Octubre porque aunque rime la historia no se repite. Tampoco basta con declarar que hace falta construir una dirección revolucionaria.
La fórmula, aislada de una tarea, corre el riesgo de convertirse en una tautología: necesitamos una dirección para conducir las luchas y necesitamos luchas para construir una dirección. La única manera de resolver materialmente hoy esta contradicción es adoptar una orientación capaz de organizar desde ahora a la vanguardia dispersa, poner en contacto a los sectores que combaten y permitir que nuevos cuadros se prueben en la experiencia común. Esa tarea es trabajar conscientemente por la huelga general.
No como ultimátum artificial a organizaciones que no se encuentran preparadas. No como sustituto de un programa socialista. No como fantasía según la cual bastaría detener el país un día para que desapareciera el Estado burgués. Sino como eje de aglutinamiento político: construir desde cada conflicto las condiciones para una acción común de clase; establecer coordinaciones permanentes entre sindicatos en lucha; incorporar al movimiento estudiantil, de vivienda y territorial; levantar un programa que relacione salario, empleo, vivienda, educación, pensiones y libertades democráticas; enfrentar la criminalización de la protesta; disputar a las burocracias sindicales su política de aislamiento y colocar nuevamente sobre la escena nacional la posibilidad de que los explotados intervengan como fuerza independiente.
Octubre enseñó que millones pueden irrumpir espontáneamente contra un régimen. El 25 de octubre mostró la potencia de la multitud. El 12 de noviembre mostró, todavía embrionariamente, la potencia superior de la clase cuando comienza a paralizar. El 15 de noviembre mostró, a su vez, la capacidad del régimen para reaccionar políticamente, agrupar a sus fuerzas decisivas y transformar una crisis de poder en un calendario institucional. La lección no puede consistir en esperar pasivamente que aparezca una dirección mejor antes del próximo levantamiento. La lección es exactamente la inversa.
La nueva dirección debe construirse preparando desde ahora las condiciones para que el próximo ascenso de masas no pueda ser nuevamente reducido a un itinerario parlamentario.
Eso exige organizar una vanguardia alrededor de una tarea verificable. Crear vínculos donde hoy existen luchas aisladas. Construir organismos donde hoy existen solamente direcciones burocráticas. Desarrollar solidaridad de clase donde hoy domina el corporativismo. Preparar una paralización nacional no fijando ficticiamente su fecha, sino multiplicando los puntos de apoyo materiales que un día permitan realizarla.
La actualidad europea confirma la pertinencia de esta perspectiva. En España, un movimiento por la vivienda ha conseguido colocar una huelga general en la agenda de todo el país. En Francia, un conflicto iniciado por estudiantes secundarios comienza a arrastrar docentes, universitarios y organizaciones sindicales mientras desnuda simultáneamente la crisis fiscal del Estado y la violencia policial. Bélgica ha visto también decenas de miles movilizados contra reformas de pensiones, desempleo y austeridad. No asistimos a un retorno mecánico de 1968 ni a una revolución europea en marcha. Asistimos a algo previo y políticamente decisivo: el debilitamiento progresivo de un orden que durante décadas pudo prometer que los antagonismos sociales encontrarían solución dentro de la alternancia electoral, la negociación colectiva y la expansión gradual de derechos.
La promesa del Estado de Bienestar, conque la burguesía a sustentando su legitimidad como clase gobernante, pierde materialidad. Y cuando se derrumba una mediación histórica, comienza una disputa por aquello que la sustituirá. La extrema derecha ofrece una respuesta: Estado fuerte, nacionalismo, disciplina social, persecución de inmigrantes y destrucción de las organizaciones obreras. El reformismo ofrece otra: reconstruir mediante nuevas elecciones la confianza en instituciones cuyos márgenes materiales de concesión son cada vez menores. Una política revolucionaria necesita ofrecer una tercera: la organización independiente de los trabajadores y de todos los sectores explotados alrededor de su propia capacidad de lucha y una estrategia de poder, de gobierno obrero sustentado en una concepción insurreccional. Por eso la huelga general no debe ser entendida simplemente como una consigna para mañana. Debe convertirse desde hoy en un principio de construcción. La tarea no consiste en proclamar que la dirección revolucionaria ya existe. Consiste en empezar a construirla allí donde realmente puede nacer: en la lucha por unir aquello que el capitalismo necesita mantener separado.
Gustavo Burgos
