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viernes, 4 de septiembre de 2026

CIPER REDIFUNDE LAS REVELACIONES DE DOS ARTÍFICES DEL GOLPE DE 1973 QUE TERMINARON DENUNCIANDO A LA DICTADURA

 

Artículos históricos de Mónica González: las entrevistas al general Leigh y al dirigente empresarial Orlando Saénz publicadas en 1984

04.09.2026

Por Mónica González

A la serie de artículos históricos publicados durante el régimen militar por la periodista Mónica González que CIPER ha replicado e incorporado a la plataforma “Papeles de la Dictadura”, en esta nueva conmemoración del 11 de septiembre sumamos dos imprescindibles: las entrevistas al general Gustavo Leigh (junio de 1984) y al dirigente empresarial que integró el comando que dirigió la subversión contra Salvador Allende, Orlando Sáenz (septiembre de 1984). Estos artículos remecieron al país cuando dos promotores y protagonistas del hito que quebró la democracia en 1973 revelaron por qué terminaron hastiados del régimen de Pinochet: “Luchando por la libertad de Chile, hemos terminado en 11 años de tiranía», dijo Sáenz. Tras la entrevista a Leigh, en agosto de 1984, Mónica González fue recluida en la Cárcel de San Miguel. Pero, solo días después de recuperar su libertad, publicó la entrevista a Sáenz.

Las siguientes entrevistas a Gustavo Leigh y Orlando Sáenz, originalmente publicadas en 1984 por revista Cauce, se suman ahora a otros artículos históricos firmados por la Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González, que en CIPER hemos redifundido e incorporado a la plataforma “Papeles de la Dictadura”. Esto, pues son piezas periodísticas que fueron clave para acreditar las violaciones a los derechos humanos del régimen militar, el enriquecimiento ilícito de sus líderes y -como ocurre en estas conversaciones con Leigh y Sáenz- las maniobras de Augusto Pinochet para monopolizar el poder, purgando a colaboradores iniciales.

En agosto de 1984, tras la entrevista a Leigh, Mónica González fue detenida bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado y recluida durante 17 días en la cárcel de hombres de San Miguel. En este artículo histórico, el general Leigh, uno de los líderes del golpe militar, vaticinó con un alto porcentaje de acierto las dificultades que se deberían sortear para recuperar la democracia, debido a lo que llamó “la obsesión” de Pinochet por el poder. Y aunque subrayó que “a las FF.AA. no se les puede pedir cuentas”, anticipó que con el tiempo “los tribunales de justicia conocerán muchas cosas”.

Pocos días después de recuperar su libertad, Mónica González entrevistó a Orlando Sáenz. En esa conversación, el dirigente empresarial contó cómo operó, desde septiembre de 1971, el comando subversivo que conspiró contra el Presidente Salvador Allende y reflexionó: “Luchando por la libertad de Chile, hemos terminado en 11 años de tiranía». Su conclusión fue lapidaria: “Pinochet ha conducido el gobierno más nefasto de nuestra historia. Exhibe un desastre económico sin precedente, derechos humanos impresentables en el mundo, un país donde no existen dignidad ni derechos ciudadanos”.

La mayor parte de estas piezas periodísticas de Mónica González -fundadora de CIPER y presidenta de su directorio- son desconocidas para las nuevas generaciones. Hoy, cuando se intenta revisar las acciones y responsabilidades de militares y civiles que colaboraron con el régimen, CIPER pone en línea estos artículos y los incorpora a la plataforma “Papeles de la Dictadura”, para que los ciudadanos tengan acceso expedito a estos registros que acreditan cómo ocurrieron realmente estos hechos y conozcan las versiones de sus protagonistas directos. 

Vea acá la entrevista al general Leigh 

Vea acá la entrevista a Orlando Saénz 

Hasta siempre compañero Camilo Henríquez Escalona Medina

 Viernes 4 de Septiembre 2026

Hasta siempre compañero Camilo Henríquez Escalona Medina
1955- 2026
Gracias compañero por toda tu ayuda.
Marcos Rodriguez G.
Plazuela Hermanos Rodríguez
COMUNA EL BOSQUE
Ver menos

Entregan restos de cuatro asesinados por la Caravana de la Muerte en La Serena. Fueron fusilados al inicio de la dictadura

 04 September 2026

Cuatro familias recibieron los restos correctamente identificados de víctimas del episodio La Serena de la Caravana de la Muerte, luego de un proceso que obligó a realizar nuevas exhumaciones debido a errores detectados en identificaciones efectuadas durante la década de 1990.

La entrega se realizó en dependencias del Servicio Médico Legal (SML) de La Serena y estuvo encabezada por el ministro Sergio Troncoso, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

En esta oportunidad fueron restituidos los restos de Carlos Enrique Alcayaga Varela, Oscar Armando Cortés Cortés, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz y Manuel Jachadur Marcarian Jamett.

Los restos habían sido entregados originalmente a sus familias en 1998, pero fueron exhumados nuevamente a fines de 2024 tras detectarse errores en su identificación. El proceso posterior permitió realizar análisis destinados a establecer correctamente la identidad genética de cada víctima.

“Finalmente se pudieron conformar los cuerpos de manera que tuvieran una identidad genética determinada para ser asignados a cada grupo familiar”, explicó Troncoso, quien ha encabezado las diligencias de exhumación y restitución durante los últimos dos años.

Las cuatro víctimas, militantes del Partido Comunista (PC) y del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), fueron ejecutadas en octubre de 1973 durante el paso por La Serena de la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark.

De las 15 víctimas correspondientes al episodio ocurrido en esa ciudad, fueron exhumados 12 cuerpos. El procedimiento incluyó además a otras dos víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Región de Coquimbo.

Hasta ahora se han concretado 10 restituciones en distintas ceremonias efectuadas en La Serena, Ovalle, Illapel y Santiago. Según informó el Poder Judicial, las entregas pendientes se realizarán durante septiembre y octubre.

Troncoso explicó que durante las ceremonias se informó a cada familia sobre las diligencias efectuadas, además de responder las consultas relacionadas con el proceso de identificación.

También permanecen pendientes diligencias del SML respecto de restos de extremidades del músico y director de orquesta Jorge Peña Hen encontrados durante las exhumaciones. Por el momento no existe una fecha definida para su restitución.

Una vez concluida esa diligencia finalizará el proceso de entrega de los restos de los ejecutados en el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte, procedimiento iniciado durante la década de 1990.

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 1973 en el Regimiento Arica N° 2 de La Serena, cuando la comitiva comandada por Arellano Stark llegó a la ciudad. De acuerdo con los antecedentes establecidos judicialmente, 15 personas fueron ejecutadas sin sentencia previa y posteriormente sus cuerpos fueron trasladados a una fosa común del cementerio local.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema condenó al excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre como cómplice de los 15 homicidios correspondientes a este episodio.

Entre las víctimas se encontraba Jorge Peña Hen, músico, director de la Orquesta Filarmónica y creador de la Orquesta Filarmónica de Niños de la zona, reconocido además como hijo ilustre de La Serena.

jueves, 3 de septiembre de 2026

REGISTROS DE INTELIGENCIA DEL RÉGIMEN MILITAR URUGUAYO SE INTEGRAN A “PAPELES DE LA DICTADURA”

 

CIPER revisó las historias detrás del “Archivo Berrutti”, una colección de documentos de la inteligencia militar uruguaya que hasta ahora permanecían casi inexplorados. Los registros revelan operaciones conjuntas de las dictaduras del Cono Sur contra opositores, aún antes del Plan Cóndor. También hay evidencia de espionaje permanente a artistas, con una preocupación casi obsesiva por el poeta Mario Benedetti, además de intelectuales chilenos, como Ariel Dorfman. Los documentos muestran que la preocupación de la inteligencia uruguaya por Chile es anterior al golpe de Estado de 1973, así como su inquietud por las acciones de la Logia P-2 en Montevideo.

El llamado “Archivo Berrutti” es una colección de documentos de inteligencia castrense microfilmados y descubiertos en instalaciones militares durante la gestión de Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa de Uruguay, entre 2005 y 2008, pero que fueron mantenidos lejos del escrutinio público por casi dos décadas. CIPER accedió a esta documentación y, uniendo trabajo periodístico con herramientas de inteligencia artificial, procedió a revisar parte de este acervo histórico, cuya información se mantiene inexplorada en su mayoría.  

Los documentos analizados por CIPER serán incorporados ahora a “Papeles de la Dictadura”, la plataforma de consulta pública que es una iniciativa de este medio en conjunto con el CIP.UDP y que pone a disposición de los ciudadanos miles de registros de la época del régimen militar (acá puede ingresar y explorar los archivos de “Papeles de la Dictadura”).  

Estos informes y registros fueron producidos casi en su totalidad por el Servicio de Información de Defensa (SID), actual Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE) de Uruguay. En dichos rollos se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, resúmenes de escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, fichas de líderes de izquierda, memorándums sobre diversos asuntos, recortes de prensa, solicitudes de información, órdenes de captura y reproducciones de publicaciones incautadas, entre una amplia variedad de textos.

Es decir, estos archivos proporcionan evidencia de los crímenes cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), incluyendo detenciones generalizadas, procesamientos arbitrarios contra civiles en la justicia militar, secuestros transfronterizos en el marco del Plan Cóndor, desapariciones y persecuciones socioeconómicas masivas de personas opositoras, a través de la inclusión en listas negras, entre otras acciones.

Pero también revelan información sobre operaciones en y con otros países del Cono Sur latinoamericano, con registros del seguimiento en Chile a líderes de izquierda de diversos países de la región aún antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 (vea ese documento).

Estos registros reafirman que estos tratos crueles, inhumanos y degradantes no fueron aleatorios, sino que se articularon como componentes de un sistema deliberado, organizado y sistemático de terrorismo de Estado, impulsado desde los más altos mandos del país y en ocasiones en colaboración con otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur.

La colección registra, además, las justificaciones ideológicas que el régimen uruguayo enarboló en sus comunicaciones internas para desarrollar sus acciones, presentándolas siempre como una defensa necesaria de la nación contra los movimientos revolucionarios de influencia foránea. Es decir, una perspectiva asentada en la doctrina de seguridad nacional y su concepción del enemigo interno, como muestra documentación revisada por CIPER (vea uno de esos registros).

A modo de ejemplo, en estos rollos microfilmados es posible observar que, además de etiquetar a las personas, los servicios de seguridad uruguayos dedicaron importantes recursos a mapear las estructuras opositoras, incluso fuera de sus fronteras, como ocurrió con grupos que operaban en Chile (vea uno de esos documentos). 

Las transcripciones de los interrogatorios revelan un proceso metódico para identificar jerarquías y roles dentro de las organizaciones que eran objeto de vigilancia. En ocasiones, esta información fue utilizada en los procesos judiciales llevados a cabo por la Justicia Militar en Uruguay.

El volumen y la extensión cronológica del archivo subraya la escala de la operación de inteligencia. De hecho, los documentos hallados abarcan desde 1964 hasta 2004. Es decir, hasta dos décadas después de la recuperación de la democracia en Uruguay. 

Al igual que en el caso chileno, es importante destacar que esta vasta acción de vigilancia y control tuvo una dimensión internacional, debido al exilio masivo de ciudadanos uruguayos. 

De hecho, el régimen desplegó un sistema de espionaje internacional que incluyó desde la recopilación de expedientes personales hasta la interceptación de comunicaciones de quienes vivían en condición de extrañamiento. Todo esto con la finalidad de neutralizar la disidencia a escala global. Es decir, los sistemas establecidos para monitorear y clasificar personas en Uruguay no eran solo una preocupación interna (ver documento). Más bien, el régimen comprendió que las comunidades exiliadas podían convertirse en poderosas voces de denuncia, capaces de movilizar a gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos en su contra. 

En consecuencia, rastrear las palabras, movimientos y asociaciones de sus ciudadanos en el extranjero se convirtió en una prioridad estratégica, con el objetivo de impedir la consolidación de un frente antidictatorial a nivel mundial. Y en ese camino la cooperación con las dictaduras conosureñas, a quienes llaman “gobiernos amigos”, estuvo presente (ver documentos). 

De hecho, en la documentación aparece información relevante sobre historias como el secuestro y hallazgo de los niños uruguayos Julien-Grisonas en Chile; las operaciones logísticas del grupo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en nuestro país antes del 11 de septiembre de 1973; el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, en Brasil; las operaciones de la «Cábala», una organización previa al Plan Cóndor, y las filtraciones de seguridad desde la embajada de Argentina en Chile a Uruguay, entre otros temas.

REGISTRO DEL SERVEL MUESTRA SUS DONACIONES A LA ORGANIZACIÓN “UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES”

 

Socio chileno de Cerimedo y un asesor del ministro Arrau financiaron a grupo que difundió información falsa del “Rechazo”

03.09.2026

Por Macarena Segovia

Según los registros del Servel, la organización civil “Unidos somos más fuertes” recibió donaciones por casi $33 millones para financiar su campaña por el Rechazo a la propuesta constitucional de 2022. Los documentos del mismo servicio indican que, de ese dinero, $4 millones fueron aportados por Enrique García, el socio chileno del argentino Fernando Cerimedo, el llamado “rey de los bots” detenido en Bolivia por intento de femicidio. Otro donante fue Tomás Yáñez, quien ahora integra el gabinete del ministro Martín Arrau. Los registros del Servel muestran que “Unidos somos más fuertes” financió la difusión de la campaña denominada “Así no”. CIPER revisó volantes y mensajes radiales de esa propaganda y comprobó que incluyeron al menos tres informaciones falsas y dos engañosas sobre la propuesta constitucional.

“Unidos somos más fuertes” fue una de las organizaciones civiles que -gracias a las normas especiales que se aplicaron en el plebiscito constitucional de 2022- fue autorizada para recibir donaciones y hacer propaganda en ese proceso electoral. Según registros del Servel, este grupo reunió casi $33 millones y los usó para difundir una campaña denominada “Así no”, a favor del Rechazo, la opción que ganó con amplia ventaja ese proceso electoral.

La campaña “Así no” estuvo compuesta principalmente por mensajes radiales, pero también por volantes que se repartieron en la vía pública. CIPER confirmó que en esa propaganda se incluyeron al menos tres informaciones falsas y dos engañosas sobre el contenido de la propuesta constitucional, en materias relacionadas con seguridad pública, salud y educación.

El Servel decidió que los datos de los integrantes de estas «organizaciones de la sociedad civil» (OSC) debían mantenerse bajo reserva, pero en 2023, se vio obligado a responder a una solicitud de transparencia y entregó la lista de representantes de los OSC. Según esa información, la persona que inscribió a «Unidos Somos Más Fuertes» es un excandidato a concejal de Renovación Nacional (vea un reportaje de La Bot y CIPER al respecto). A las organizaciones, tampoco se les pidió una rendición detallada de sus gastos, por lo que no se sabe quién prestó el servicio de diseñar esta propaganda con datos falsos.

Pero, lo que sí se puede saber son los nombres de quienes donaron dinero a estas organizaciones. Al menos los de aquellos que decidieron hacer pública su identidad. Los registros del Servel indican que una de las personas que aportó fondos a “Unidos somos más fuertes” fue el socio chileno de Fernando Cerimedo, el argentino acusado en Bolivia de contratar a sicarios para asesinar a su pareja, hoy conocido como el “rey de los bots”. El socio de Cerimedo en Chile es el abogado Enrique García Arancibia. Otro aportante a la misma organización fue el periodista Tomás Yáñez Pelay, quien se desempeña actualmente en el gabinete del ministro de Seguridad, Martín Arrau (vea acá el documento del Servel con el aporte de García en el Nº 2.435 y el de Yáñez en el Nº 5.017).

Según el mencionado registro del Servel, García Arancibia donó $4 millones a esta entidad que difundió la campaña “Así no”, aporte que se materializó el 10 de agosto de 2022. En tanto, Yáñez Pelay le donó $1.080.000, lo que se concretó el 29 del mismo mes.

CIPER intentó contactar a García y a Yáñez, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

INFORMACIÓN FALSA Y DATOS ENGAÑOSOS

La campaña “Así no” incluyó volantes que se entregaron en la vía pública y la difusión de mensajes en radios. CIPER revisó algunas piezas de esa propaganda (vea aquí uno de los volantes) y confirmó que en ellas se incluyeron al menos tres mensajes falsos sobre el contenido de la propuesta constitucional de 2022:

  • Que le quitaba a Carabineros la tarea del orden público.
  • Que permitía a manifestantes entrar a la casa de una persona sin su autorización. 
  • Que eliminaba el bono de libre elección en Fonasa.

Y también se incorporaron dos informaciones engañosas:

  • Que tres millones de personas se cambiarían a Fonasa, colapsando el sistema público de salud.
  • Que se podrían eliminar rápidamente los colegios particulares subvencionados.

75 ORGANIZACIONES

“Unidos somos más fuertes” fue creada especialmente para la campaña del plebiscito de salida de 2022. Es una de las 75 organizaciones civiles de la opción Rechazo, que se inscribieron ante el Servel para recibir aportes y hacer campaña. En su caso -y en el de una decena de estas entidades- no tiene un registro oficial. Según la información de aportes a la campaña, la organización recaudó $32,91 millones, el que gastó mayoritariamente ($27 millones) en difusión radial. 

La organización difundió la campaña titulada “Así No”, lo que quedó registrado en sus declaraciones de las publicaciones que hizo en medios (vea una ficha con estas declaraciones). Parte del material difundido bajo el slogan “Así No” fue recopilado por CIPER en medio de la campaña de 2022 (vea ese artículo).

No es posible conocer quién diseñó la estrategia de “Así No” y definió sus contenidos, ya que para el plebiscito de 2022 el Consejo Directivo del Servel resolvió que las organizaciones de la sociedad civil no estarían obligadas a la rendición de gastos electorales, pero sí debían informar los aportes monetarios y la contratación de propaganda en medios y redes sociales (vea aquí ese acuerdo).

“Unidos somos más fuertes”, es una de las organizaciones que registró un alto gasto de publicidad en medios para el plebiscito 2022. Otras que destacaron en este ítem fueron “Impulso Norte” y “Aconcagua Rechaza”, las que también rindieron gastos relacionados con la consigna “Así no” y fueron creadas especialmente para ese plebiscito constitucional.

EL FACTOR CERIMEDO

La conexión entre Cerimedo y García se conoció en 2023, por un artículo de La Bot que también fue difundido por CIPER (vea ese reportaje). El abogado creó en Chile la agencia Numen SpA en septiembre de 2020, sociedad que lleva el mismo nombre que la empresa de publicidad que Cerimedo fundó en Argentina. Si bien el trasandino no aparece en la constitución de la sociedad en Chile, García sí figuraba en la web de la agencia argentina bajo la denominación de Socio/Country Manager. En el segundo proceso constitucional, García fue uno de los 12 árbitros del comité que decidió qué elementos eran admisibles en la Nueva Constitución. Esa vez actuó como representante del Partido de la Gente.

El nombre de Fernando Cerimedo ha estado en la palestra luego de que fue detenido en Bolivia acusado del intento de femicidio contra su pareja. Cuando la policía lo arrestó encontró un dispositivo para manejar bots, que son cuentas automatizadas en redes sociales para difundir contenidos que aparentan masividad, lo que permite manipular el debate público. Tras la noticia de su detención, en Chile el foco ha estado puesto en sus contactos con la derecha local y, particularmente, con personas cercanas al Presidente José Antonio Kast. El tema fue atizado por las declaraciones de la pareja de Cerimedo que sufrió el intento de femicidio, Nadia Beller, quien sostuvo que el argentino decía que había participado en la campaña presidencial de Kast (vea una nota de Biobío con sus declaraciones). 

El rastro de Cerimedo en Chile parte en el primer plebiscito constitucional, en 2020. Entonces, su agencia Numen elaboró encuestas -que fueron cuestionadas por problemas metodológicos- para la organización Casa Común. En ese entonces trabajaban en esa misma entidad el actual jefe de los asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval, y el jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, Felipe Costabal, uno de los artífices de las exitosas campañas del mandatario. Por esta razón, ya antes de la intervención de la expareja de Cerimedo se especulaba sobre la cercanía del asesor argentino con miembros del círculo de confianza de Kast. 

En 2023, el propio Cerimedo aseguró haber participado en la campaña del rechazo del plebiscito de salida. En una entrevista que le otorgó al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) para la investigación Mercenarios Digitales dijo: “A mí me quiso contratar un grupo de empresarios, una especie de mesa de dinero, que me convenía económicamente. Pero tomamos otro camino para trabajar, que sea gente que tenga algún interés genuino en la Constitución. Logramos juntar 52 asociaciones civiles, les hicimos una propuesta de trabajo y ellos nos pagaron”.

Según publicó The Clinic, durante la campaña de 2022, Cerimedo llegó hasta la sede de Renovación Nacional, allí se reunió con personeros de la UDI, del Partido de la Gente e incluso con miembros del segundo piso del Presidente Kast. El encuentro quedó registrado en una fotografía que se ha viralizado en redes sociales, allí se puede ver a Enrique García a un lado de Cerimedo.

Fernando Cerimedo en la sede de RN durante la campaña del plebiscito de 2022
Fuente: The Clinic

Cerimedo, quien ha sido vinculado a las campañas de Jail Bolsonaro y Javier Milei, no detalló a qué organizaciones se refería, tampoco la forma en que habría prestado servicios a esta cincuentena de organizaciones. Y no es posible conocer a quien asesoró, porque, como ya está dicho, el Servel estableció que estas organizaciones civiles no debían identificar a quiénes contrataron para ejecutar sus campañas.

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la constitución de una Comisión Investigadora para determinar si hubo manipulación de la opinión pública en las elecciones presidenciales y plebiscitos, y la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación penal para determinar la eventual existencia de delitos a partir del rol que habría tenido Cerimedo en campañas políticas. 

Encuesta asegura que más de 6 de cada 10 chilenos rechazan al Presidente Kast. 61% lo desaprueban, la cifra más alta desde que asumió hace seis meses

 03 September 2026

La reciente encuesta Cadem, publicada este 3 de septiembre, reveló que la desaprobación al Presidente José Antonio Kast subió al 61%, la más alta desde que asumió en marzo. O sea más de 6 de 10 chilenos/as rechazan al mandatario según este sondeo.

De acuerdo al sondeo, ante la pregunta 'Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma cómo José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?', el 61% rechazó el trabajo del Mandatario.

Además, el 34% dijo aprobar la gestión de Kast, siendo igualmente el número más bajo desde su llegada a La Moneda.

Cabe señalar que el alto rechazo a Kast superó a la de momentos complejos del mandato, como el denominado 'bencinazo', cambio de gabinete y el alza en el desempleo.

Igualmente, la encuesta reveló que el 79% considera "mala o muy mala" la actual situación económica de Chile, mientras que el 37% cree que esta "se mantendrá igual" y el 36% afirmó que "empeorará".

Al respecto, el 83% reconoció que "no le sorprende" las negativas cifras entregadas por el Banco Central en cuanto al Imacec de julio.

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