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lunes, 9 de noviembre de 2026

PRESIDENTA DE LA CORTE DE VALPARAÍSO DECIDE NO INHABILITARSE EN ELECCIÓN DE FISCAL REGIONAL QUE INVESTIGARÁ A SU HERMANO

 


Presidenta de la Corte de Valparaíso decide no inhabilitarse en elección de fiscal regional que investigará a su hermano

La ministra Silvana Donoso participa en la elección del nuevo Fiscal Regional de Valparaíso, autoridad que deberá resolver una arista clave del caso Hermosilla donde su hermano, el abogado Samuel Donoso, figura como imputado. En el concurso, la jueza votó a favor de excluir a Mario Carrera, fiscal de Arica que investiga al exministro Andrés Chadwick, representado por Samuel Donoso.

“No tengo ninguna causal de inhabilidad”, respondió la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, cuando Reportea le preguntó si iba a seguir participando en el proceso de elección del nuevo Fiscal Regional de la quinta región.

Ella formó parte del pleno de la Corte que este 6 de noviembre dio el pistoletazo de salida para escoger al nuevo jefe del Ministerio Público en Valparaíso, donde se tramitan varias aristas del caso Hermosilla. En una de ellas está en calidad de imputado el abogado Samuel Donoso, hermano de la jueza, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de soborno.

Quien resulte electo como nuevo jefe de los fiscales de Valparaíso, tendrá en sus manos la causa donde Samuel Donoso figura como imputado por hechos relacionados con su hermana. Según la querella del CDE, Donoso apoyó el nombramiento del exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, luego de las gestiones que Ulloa habría realizado en beneficio de Silvana Donoso cuando ella enfrentó una acusación constitucional en el Congreso.

Durante el pleno del viernes, la ministra Donoso concurrió con su voto a la decisión de declarar como inadmisibles las postulaciones de cinco candidatos al cargo, incluyendo la del actual Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, quien a su vez tiene a su cargo la arista del caso Hermosilla donde se indaga al exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien es defendido por Samuel Donoso.

Chadwick también participó en la defensa de la jueza Silvana Donoso cuando, hace seis años, enfrentó la acusación constitucional del Congreso, según consta en los chats alojados en el celular de Hermosilla.

El fiscal Carrera, y otros cuatro postulantes, quedaron fuera de competencia por no presentar de forma adecuada la documentación solicitada. En el caso del fiscal de Arica, por no indicar explícitamente que no es pariente del presidente José Antonio Kast (vea el acta de la sesión). Carrera, en todo caso, puede pedir que se reconsidere la decisión.

En la misma sesión, los ministros de Valparaíso definieron que los candidatos que siguen en carrera —cinco persecutores y funcionarios de la Fiscalía de Valparaíso, y uno de la Fiscalía Metropolitana Sur— deberán exponer ante el pleno de la Corte en una audiencia pública a partir del mediodía del lunes 16 de noviembre. Luego los ministros votarán y escogerán una terna, la que será enviada al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que escoja al nuevo jefe de los fiscales de Valparaíso.

Si la ministra Silvana Donoso persiste en su decisión de no inhabilitarse en el proceso, su voto será clave para la elección del nuevo jefe de los fiscales en Valparaíso, quien no solo deberá definir el futuro de su hermano como imputado, sino también el destino de causas en las que Samuel Donoso es su contraparte, como la indagatoria por corrupción contra la senadora Camila Flores (RN), quien es defendida por el abogado. En esa causa, Donoso presentó una denuncia contra la fiscal Paola Castiglione, por supuesta filtración de antecedentes.

La actual Fiscal Regional, Claudia Perivancich, concluye su periodo el próximo 29 de diciembre.

La influencia de Samuel

En la Fiscalía de Valparaíso se investigan varias causas que forman parte del caso Hermosilla, fundamentalmente las asociadas a nombramientos judiciales irregulares. En una de ellas, la que indaga al exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, Samuel Donoso está en calidad de imputado luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella en su contra por el delito de soborno.

Los chats alojados en el celular de Hermosilla contienen pruebas de que Donoso fue un respaldo fundamental para que Ulloa lograra su cargo a inicios de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ese momento Donoso era el abogado de Piñera en numerosas causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social y por el manejo de la pandemia del covid-19.

Donoso formó parte del grupo de confianza de Luis Hermosilla, junto al también abogado, y actual embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik. Los tres impulsaron nombramientos judiciales que ahora están bajo escrutinio del Ministerio Público (vea investigación de Reportea).

El mismo trío se activó cuando la hermana de Samuel, la jueza Silvana Donoso, enfrentó en 2020 una acusación constitucional del Congreso por haber autorizado la libertad condicional de Hugo Bustamante, quien ya en libertad asesinó a la adolescente Ámbar Cornejo. En un grupo de Whatsapp, los abogados Hermosilla, Donoso y Zaliasnik, y sus respectivos equipos de trabajo, coordinaron la defensa de la actual ministra.

Entre las estrategias que utilizaron, según consta en esos chats, estuvo utilizar su influencia sobre algunos congresistas para que estos convocaran a la comisión que revisó la acusación a invitados de la defensa, pero haciéndolos pasar como expertos independientes. También enviaron preguntas a diputados cercanos —mencionan a Juan Luis Castro, actual senador PS—, para que estos las formularan a los invitados durante el desarrollo de la comisión (vea reportaje de The Clinic).

Según la querella del CDE, quien también realizó gestiones para apoyar a la jueza Silvana Donoso fue el exministro Antonio Ulloa, quien habría conversado con los senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN) buscando que se rechazara la acusación contra la jueza. Según la querella, “en una conversación de WhatsApp sostenida con Luis Hermosilla el 24 de septiembre de 2020, Ulloa le señaló: ‘Yasna Provoste cumplió tb’, a lo que Hermosilla respondió: ‘Muchas gracias’, expresiones que dan cuenta de gestiones realizadas por Ulloa en favor de Silvana Donoso, justamente en el mismo periodo en que se encontraba solicitando el apoyo de Luis Hermosilla y su círculo cercano para ser nombrado como ministro en alguna Ilustrísima Corte de Apelaciones de su interés”.

Algunos meses después, Samuel Donoso intervino ante el mismo Hermosilla para que Ulloa fuera nombrado ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago: “100% Ulloa. Antiguedad, experiencia, lealtad”, se lee en el respectivo chat de Whatsapp.

Ulloa declaró ante la fiscalía que cuando se rechazó la acusación contra la jueza, los hermanos Donoso lo llamaron: “Después de rechazada la acusación, me llamó Samuel Donoso y también doña Silvana. Samuel se enteró por Luis que yo había conversado con los senadores y me agradeció la gestión (…) Me dice en esa conversación que estaba muy agradecido (…) me pregunta si yo estoy actualmente postulando a algún cargo, yo le dije que estaba postulando a varios cargos (…) pero Samuel me dice ‘vengase a Santiago a las ligas mayores’”, cita la querella del CDE.

El mismo libelo cita una declaración de Hermosilla sobre estos hechos: “Debo haber tenido información al respecto del lado de Samuel Donoso, quien conocía a Antonio Ulloa (…) Recuerdo que Samuel Donoso hizo muchas gestiones de apoyo para su hermana Silvana Donoso, habló con senadores del PPD donde tuvo un cargo de secretario general en el partido, y por ende entre esas gestiones debe haber pedido apoyo a Antonio Ulloa. Samuel Donoso debe haberle pedido ayuda a Guido Girardi, a Carolina Tohá, entre otras. Recuerdo que Samuel estaba feliz cuando se rechazó la acusación constitucional de su hermana”.

Luego, cuando Ulloa ya estaba instalado en la Corte de Santiago, indica la querella del CDE, resolvió causas a favor de Samuel Donoso sin inhabilitarse. Por ello, la querella le imputa a Donoso el delito de soborno y a Ulloa los de cohecho, prevaricación y revelación de secretos. La querella también se dirige contra Hermosilla, el abogado Mario Vargas, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

“La derecha no puede perder con los jueces”

La acusación contra la jueza fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de 2020. En esa instancia, quien la defendió fue el abogado Jaime Winter, que entonces trabajaba en el estudio de Zaliasnik. Para la etapa del Senado, quien entró en escena fue el propio Luis Hermosilla.

Fue entonces, según indican los chats respaldados en su celular, que el abogado contó con la colaboración del exministro del Interior, Andrés Chadwick, para influir sobre el voto de senadores que debían votar la acusación. Las conversaciones de Hermosilla y Chadwick muestran que la dupla sostuvo conversaciones con senadores durante las jornadas en las que el Senado debatió la acusación contra la jueza, el 23 y el 24 de septiembre de 2020.

El primer día de sesión, Hermosilla partió relatándole a Chadwick cómo iba el conteo de votos:

Hermosilla: Hasta aquí Ebensperguer, Bianchi, Letelier, Guillier, Allende en contra. Inhabilitados Guido, Chahuan y Ossandón. Nadie a favor hasta aquí

Chadwick: Bien !!

Hermosilla: La Coca va a votar a favor (en referencia a la entonces senadora Jacqueline Van Rysselberghe, de la UDI). Podrás llamarla? La derecha no puede perder con los jueces…

Según escribió algunos minutos después Chadwick a Hermosilla, el mensaje a la entonces senadora se entregó.

Chadwick: Le insistí a la Coca que era por ti que te importaba su voto

El principal flanco de la acusación estaba en la derecha, ya que esta fue impulsada por el entonces diputado, y actual senador, Andrés Longton (RN), quien representaba en el Congreso al distrito que incluye a la comuna de Villa Alemana, donde se produjo el asesinato de Ámbar Cornejo.

Los chats muestran que la entonces senadora Van Rysselberghe no fue la única que habría recibido mensajes de Chadwick para que rechazara la acusación. En otro momento de la conversación, el exministro del Interior le envía a Hermosilla mensajes del senador Iván Moreira (UDI), con quien estaba conversando sobre su voto en la acusación. “Igual se rechazará”, habría escrito Moreira, quien votó a favor.

El 24 de septiembre de 2020 la acusación contra Donoso se rechazó en el Senado. Los votos de Moreira y Van Rysselberghe
 fueron de los pocos que estuvieron por aptobarla

Al finalizar ese día, Chadwick le envió a Hermosilla un mensaje que habría recibido de Samuel Donoso, agradeciéndole:

Chadwick: (reenvía mensaje de Samuel Donoso) estimado, no sabes lo agradecido que estoy¡¡¡ muchas, muchas gracias¡¡¡ y Hermosilla se lucio hoy dia, un alegato de colección¡¡ por algo el hombre tiene la fama que tiene.

El próximo 11 de diciembre se realizará una audiencia para definir la situación procesal de Samuel Donoso en la causa en la que figura como imputado. Su defensa solicitó el sobreseimiento y los fiscales deberán exponer sus argumentos ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde se tramita la investigación. Ese debate se dará en medio de la elección del nuevo Fiscal Regional de Valparaíso, proceso en el que la hermana del penalista decidió no inhabilitarse.

La maniobra de Kast y Quiroz: las cifras infladas de Codelco como pretexto para privatizar el cobre

 

COLUMNISTAS


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La producción inflada (la derecha habla de “fraude”) de Codelco es real: lo reconoce la propia empresa. Lo discutible es la conclusión del gobierno de Kast: entregarla por partes a empresas privadas justo cuando el cobre vale más que nunca. Una salida democrática: vigilarlo, no venderlo. Pero unas cifras infladas no pueden ser pretexto para vender. La pregunta es otra: ¿por qué entregar Codelco a privados en plena fiebre mundial del cobre? Según el vespertino galo de referencia Le Monde, la tonelada subió casi 30 % en un año, y la Agencia Internacional de la Energía prevé que en 2035 la demanda supere en 25 % la oferta. Sebastián Claro, exvicepresidente del Banco Central, anuncia «un ciclo de precio del cobre alto». Vender ahora es renunciar a esa renta; hacerlo en plena crisis de reputación, malbaratarla.

El jueves 5 de noviembre, en la junta de accionistas de Codelco, cuyo único dueño es el Estado, el directorio informó que la producción de 2024 y 2025 se había inflado en 42.100 toneladas. Su presidente, Bernardo Fontaine, operador de la derecha neoliberal —exvicepresidente de Citibank Chile, líder de la campaña «Con mi plata no» en defensa de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), vocero del Rechazo en 2022 y hombre de la campaña de José Antonio Kast—, apuntó a la administración anterior: Máximo Pacheco, presidente del directorio, y Rubén Alvarado, presidente ejecutivo. El director Alfredo Moreno, también hombre de la derecha —canciller y ministro de Sebastián Piñera, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la cúpula del gran empresariado, nombrado en el directorio por Gabriel Boric en 2025 y mantenido por el gobierno de Kast—, señaló que, «aparentemente», participaron personas de control de gestión y de operaciones; el entonces gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, fue despedido en mayo. Las investigaciones siguen abiertas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se dijo «muy, muy preocupado» de que el «engaño» hubiera llegado «tan alto», y sacó su conclusión: pensar «mecanismos alternativos en algunas divisiones», sus grandes minas, y «tal vez espacios de capital privado». La Federación de Trabajadores del Cobre ya había advertido en julio que no acepta que Codelco se use en el debate político, y opone a su privatización un «categórico y absoluto rechazo». Y Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a los trabajadores de empresas contratistas, advirtió en agosto que privatizar sería «el golpe final» de la desnacionalización.

Codelco nació en 1976 de las minas que el Congreso nacionalizó por unanimidad en 1971, arrebatadas a las estadounidenses Anaconda y Kennecott. La dictadura de Augusto Pinochet no la vendió: la Ley Reservada del Cobre destinaba a las Fuerzas Armadas el 10 % de sus ventas al exterior. Durante décadas entregó casi todas sus ganancias al Fisco y, para invertir, tuvo que endeudarse. Así acumuló una deuda de más de US$25.000 millones. Aldo Binimelliz, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, lo resume: «todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco».

La producción inflada es grave, pero hay que medirla: unas 21.000 toneladas por año, menos del 2 % de la producción. Su efecto contable, hasta US$140 millones, no llega a la décima parte de lo que Codelco aportó al Fisco en 2025. El director de Codelco Ricardo Álvarez recordó la «fuerte presión» de Máximo Pacheco, presidente del directorio bajo Gabriel Boric, por cumplir la meta. Las cifras aún son preliminares: las auditoras KPMG y EY siguen revisando las cuentas. Y el primer caso salió a la luz en enero, bajo la propia administración de Pacheco: «la tercera línea de defensa» funcionó, dijo el director Eduardo Bitrán. Las cifras infladas no son un invento del gobierno, pero tampoco las descubrió él.

El gobierno promete que el Estado mantendrá el control: Quiroz dijo en julio que Codelco «nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado». Pero el control se pierde por tajadas. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quiere vender activos «prescindibles». Fontaine, presidente del directorio desde mayo, estudiará en 2027 «cambios en la estructura». Un proyecto oficialista busca sacar del directorio a los representantes de los trabajadores. «Mecanismos alternativos»,«espacios de capital privado», activos «prescindibles», «cambios en la estructura»: cuatro eufemismos para una sola palabra que nadie en el gobierno se atreve a pronunciar, privatizar.

¿Por qué tanta prisa? Porque el tiempo juega en contra del gobierno. Según Criteria, el 1 de noviembre Kast tenía apenas 25 % de aprobación y 65 % de rechazo, su peor cifra desde que asumió en marzo. Y a fines de julio, la encuestadora Descifra registró que el 75 % de los chilenos quiere que Codelco siga siendo 100 % estatal. Sin apoyo ciudadano, el gobierno apura una operación que solo puede beneficiar a la oligarquía minera, chilena y extranjera, antes de que las urnas se lo impidan.

Nadie ha dicho quién compraría. Las candidatas naturales son las gigantes que ya operan aquí: BHP, Anglo American, Glencore o la estadounidense Freeport-McMoRan, dueña de 51 % de El Abra, con Codelco como socia. Y en casa está el grupo Luksic: controla el 65 % de Antofagasta plc, dueña de Los Pelambres y Centinela, y su fortuna es la mayor de Chile, según Forbes. Buena parte de ella es renta del cobre hecha patrimonio familiar. El diputado comunista Luis Cuello exige saber «qué intereses están detrás». Cuando lo público se vende por partes y sin debate, el olor a negociado no es una sospecha gratuita: es la memoria de las privatizaciones de la dictadura en los años ochenta.

No es una alarma solo de izquierda. Chile Vamos también se declaró en julio contra la privatización de Codelco. Juan Ignacio Guzmán, consultor minero, juzga que vender ahora sería «un error político y económico». Y Óscar Landerretche, socialista y expresidente de Codelco, defensor de la gestión anterior, advirtió en abril que el gobierno preparaba «el argumento para privatizar una parte».

Nuestra tesis: la producción inflada se corrige con más control público, no con menos Estado. Por lo que se sabe, los responsables están en la gerencia, no entre los trabajadores de las minas. Vender las divisiones a privados sería entregarles la renta de la bonanza y dejarle al Estado la deuda, los relaves y los yacimientos envejecidos.

El gobierno habla de poner orden. En tiempos convulsos, con Washington y Beijing disputándose los minerales críticos y aranceles que cambian de un mes a otro, el verdadero orden se llama soberanía económica: que un país decida qué hace con su principal riqueza. El economista Manuel Riesco lo escribió en junio: defender Codelco «es un asunto de primer orden de seguridad nacional». Por eso protegerla es lo mínimo. Un programa de izquierda debería ir más lejos y reabrir la renacionalización del cobre que la ley minera de 1982 entregó por tiempo indefinido y que los gobiernos de la Concertación dejaron crecer en manos privadas, hasta sumar tres cuartos de la producción. Eso no lo hará ningún ministro por sí solo: requiere un pueblo movilizado, dispuesto a defender lo que Salvador Allende llamó «el sueldo de Chile», y no las ganancias de las multinacionales del cobre ni los miles de millones de los Luksic.

No por nostalgia de 1971, sino con números: entre 1988 y 2018, según el economista Benjamín Leiva, nueve grandes mineras retuvieron cerca del 60 % de la renta del cobre. Julián Alcayaga, economista y abogado, sostiene que, si la Constitución da al Estado el dominio absoluto de las minas, bastaría un decreto para recuperar las concesiones sin indemnizar a nadie. Otros juristas responden que la ley de 1982 obliga a pagarlas según el valor presente de sus ganancias futuras. Ese es el debate que Quiroz no quiere abrir.

Hay salida democrática: un Consejo de Vigilancia del Cobre. A diferencia de la Comisión Chilena del Cobre, que depende del gobierno de turno, sería autónomo: geólogos, auditores, economistas de universidades públicas, representantes de los trabajadores y de las comunidades mineras, elegidos por concurso y ratificados por el Senado. Tendría acceso a toda la información, publicaría informes y su visto bueno sería obligatorio para vender activos o asociarse.

Y una exigencia política: que ninguna división de Codelco, ni una sola participación, se venda o se entregue a privados sin una ley votada en el Congreso. Y si el gobierno insiste en cambiar la Constitución, como el propio Quiroz admite que haría falta, que lo someta a plebiscito. En 1971, Chile decidió de quién es el cobre. Si el ministro cree que la respuesta cambió, debe preguntárselo de nuevo a los chilenos.

 

Leopoldo Lavín Mujica

Presupuesto 2027: Quiroz cede ante las regiones mientras Educación, Ciencia y sitios de memoria enfrentan recortes y rechazos

 

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La discusión presupuestaria entra en una semana decisiva marcada por las negociaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con los gobiernos regionales y una serie de rechazos parlamentarios que afectan a educación, investigación científica, empleo, patrimonio y derechos humanos. Mientras el Ejecutivo consiguió un acuerdo para moderar las rebajas a las regiones, permanece abierta una disputa sobre el financiamiento de programas públicos y el futuro de instituciones vinculadas a la memoria histórica.

La tramitación del Presupuesto 2027 ha comenzado a mostrar las dificultades del Gobierno de José Antonio Kast para conciliar sus objetivos de ajuste fiscal con las demandas de los territorios, las instituciones públicas y los propios parlamentarios oficialistas. El proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha experimentado modificaciones importantes durante su discusión legislativa, aunque algunas de las partidas más controvertidas permanecen sin resolver.

La Cámara de Diputados inicia este lunes 9 de noviembre una etapa decisiva del debate, después de que la Comisión Mixta rechazara partidas completas y aprobara indicaciones que reducen drásticamente los recursos de determinadas instituciones. La discusión particular está prevista para el martes, cuando el Ejecutivo tendrá que definir cuáles de los programas cuestionados está dispuesto a financiar nuevamente.

El proceso ha dejado en evidencia una diferencia entre las prioridades originales del Gobierno y las exigencias que han surgido durante la negociación parlamentaria. También ha mostrado que las discrepancias no se limitan al enfrentamiento entre oficialismo y oposición.

Las regiones consiguen modificar el ajuste

El cambio más importante respecto de la propuesta original se produjo en el financiamiento de los gobiernos regionales.

El proyecto de Hacienda contemplaba reducciones de entre el 10% y el 20% en los recursos regionales, una disminución que, según estimaciones del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, representaba aproximadamente 250 mil millones de pesos para las 16 regiones del país.

La resistencia de los gobernadores y las negociaciones con parlamentarios de distintos sectores llevaron al Ejecutivo a modificar su posición. Después de tres meses de conversaciones, se alcanzó un acuerdo que permite aproximar el presupuesto regional al nivel de 2026, con una reducción cercana al 3%, de acuerdo con Mundaca.

El entendimiento incluye recursos adicionales para inversión, mayor flexibilidad en su ejecución desde enero y la posibilidad de que el 50% de los ingresos por venta de bienes públicos permanezca en los respectivos gobiernos regionales.

La Comisión Mixta aprobó el acuerdo por unanimidad.

El resultado muestra que el diseño presupuestario inicial podía ser modificado mediante negociación política. Sin embargo, esa disposición no se ha traducido, al menos hasta ahora, en soluciones equivalentes para otras áreas del gasto público.

Educación y Ciencia, dos partidas rechazadas

Una de las principales controversias se concentra en Educación, cuya partida, de aproximadamente 17,3 billones de pesos, fue rechazada durante la discusión en comisión.

Entre los puntos cuestionados figuran los recursos para universidades, establecimientos educacionales y programas específicos, incluida la eliminación de Yo Elijo Mi PC.

El rechazo de la partida no implica que los establecimientos, universidades o servicios educacionales hayan quedado sin financiamiento. Significa que el Ejecutivo deberá negociar las modificaciones necesarias para conseguir su aprobación durante las siguientes etapas legislativas.

Una situación similar enfrenta el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuya partida también fue rechazada.

El problema adquiere especial relevancia para las universidades, que podrían experimentar simultáneamente restricciones en sus aportes institucionales y en los recursos destinados a investigación.

La controversia ocurre en un país donde el gasto en investigación y desarrollo continúa siendo reducido en comparación con las economías de la OCDE. Por ello, las decisiones presupuestarias no solo afectan el funcionamiento inmediato de las instituciones, sino también las posibilidades de desarrollar capacidades científicas y tecnológicas a largo plazo.

Quiroz ha manifestado disposición a revisar algunas de las partidas cuestionadas, especialmente Educación y Salud, pero todavía no existe un compromiso de restitución general de los recursos objetados.

Los sitios de memoria, al centro de una disputa política

Una de las decisiones más controvertidas surgió durante la discusión de la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Mediante indicaciones presentadas por parlamentarios republicanos, la Comisión Mixta aprobó reducir a mil pesos cada una seis asignaciones destinadas a instituciones y programas vinculados con la memoria de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Las asignaciones afectadas corresponden al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tenía contemplados 2.642 millones de pesos; el Fondo Programa Sitios de Memoria, con 683 millones; Londres 38, con 420 millones; Estadio Nacional, Memoria Nacional, con 96 millones; el Museo y Memoria de Neltume, con 32 millones; y Ex Presos Políticos de Pisagua, con 30 millones.

En conjunto, estas instituciones y programas tenían contemplados aproximadamente 3.903 millones de pesos.

La reducción a mil pesos por asignación, de mantenerse en la ley definitiva, significaría en la práctica la desaparición de esos aportes presupuestarios específicos.

Es importante precisar que estos recortes no formaban parte de la propuesta original enviada por Hacienda. Fueron introducidos durante la tramitación parlamentaria y todavía pueden ser revertidos.

La diferencia no es menor. Mientras las reducciones iniciales del Ejecutivo responden a una política general de contención del gasto, las indicaciones que afectan específicamente a instituciones de memoria introducen una controversia adicional sobre el papel del Estado en la preservación de los testimonios, archivos y espacios relacionados con el terrorismo de Estado.

También quedó cuestionado el financiamiento de otras instituciones patrimoniales. La Comisión Mixta aprobó reducir a mil pesos la asignación del Consejo de Monumentos Nacionales, que originalmente alcanzaba los 10.972 millones de pesos, y rechazó el capítulo correspondiente a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

El INDH y los límites de la discusión presupuestaria

El Instituto Nacional de Derechos Humanos también quedó involucrado en la controversia. Su asignación, cercana a 16.972 millones de pesos, fue rechazada en la Comisión Mixta, aunque existe una discusión jurídica sobre las facultades del Congreso para reducir gastos establecidos por leyes permanentes.

La Dirección de Presupuestos ha sostenido que esos recursos cuentan con protección legal y que no pueden ser eliminados mediante la Ley de Presupuestos. Algunos parlamentarios cuestionan que esa protección alcance a la totalidad de la asignación.

Por lo tanto, el rechazo no significa que el INDH haya quedado sin financiamiento. La controversia deberá resolverse conforme a las normas constitucionales y presupuestarias aplicables.

El debate adquiere particular relevancia en momentos en que las políticas de derechos humanos y las instituciones encargadas de su protección se encuentran sometidas a un intenso escrutinio político.

A las reducciones de los sitios de memoria se suma otra cuestión: durante la discusión presupuestaria también fueron rechazadas disposiciones vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, tanto en el Servicio Médico Legal como en la Subsecretaría de Derechos Humanos. El alcance definitivo de estas decisiones dependerá de las próximas votaciones.

Empleo y capacitación: recortes en medio de un mercado laboral debilitado

La discusión también alcanzó a los programas de empleo y capacitación.

El proyecto original contemplaba una disminución considerable de los recursos destinados a subsidios laborales, que pasarían de aproximadamente 194 mil millones de pesos en 2026 a 89 mil millones en 2027.

Durante la tramitación fueron rechazadas asignaciones vinculadas al Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer y el Subsidio Unificado al Empleo. También se cuestionaron programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

Algunos de estos rechazos fueron promovidos por parlamentarios del propio oficialismo, interesados en conseguir mayores recursos para capacitación y empleabilidad.

La controversia ocurre en un escenario de elevado desempleo, especialmente entre mujeres y jóvenes, y de dificultades persistentes para incorporar trabajadores a empleos formales.

La discusión presupuestaria revela así una tensión entre los objetivos declarados de reactivación económica y las restricciones financieras aplicadas a determinados instrumentos de apoyo al empleo.

Salud y otras áreas: acuerdos parciales

No todas las negociaciones terminaron en rechazos.

El Ejecutivo consiguió acuerdos para reforzar los recursos de los gobiernos regionales, la Contraloría, el Poder Judicial y el Servicio Electoral. También se aprobó una suplementación destinada a garantizar la continuidad de las prestaciones de la Ley Ricarte Soto, cuyo financiamiento había generado cuestionamientos.

En cambio, quedaron pendientes controversias sobre programas de transporte regional, energización rural, capacitación laboral, atención a adultos con discapacidad y financiamiento de instituciones patrimoniales.

Las diferencias muestran que la negociación presupuestaria no se desarrolla exclusivamente entre Gobierno y oposición. En distintos capítulos han surgido cuestionamientos de parlamentarios oficialistas, que exigen modificar asignaciones inicialmente respaldadas por Hacienda.

El ajuste fiscal y las prioridades del Estado

Al concluir el trabajo de la Comisión Mixta, Jorge Quiroz defendió el proyecto como un presupuesto de ajuste moderado, con prioridades en seguridad, niñez, reactivación económica, empleo y obras públicas.

El ministro destacó que prácticamente todas las partidas habían sido aprobadas y valoró los acuerdos alcanzados durante la negociación.

Sin embargo, el avance legislativo deja abiertas preguntas sobre la distribución del esfuerzo fiscal.

La negociación con los gobiernos regionales permitió recuperar una parte importante de los recursos inicialmente recortados. En Educación y Ciencia, los rechazos obligan a buscar nuevos acuerdos. En el caso de los sitios de memoria, las indicaciones parlamentarias introdujeron reducciones mucho más profundas que las contempladas originalmente por el Ejecutivo.

De hecho, el proyecto inicial ya había reducido en un 25,3% el Fondo Programa Sitios de Memoria, desde aproximadamente 915 millones de pesos en 2026 a 683 millones para 2027, según una investigación de CIPER. La posterior indicación parlamentaria llevó esa última asignación a solo mil pesos.

La secuencia permite distinguir dos decisiones: primero, el ajuste propuesto por Hacienda; después, la reducción prácticamente total introducida por parlamentarios republicanos. Esta última fue aprobada en comisión sin que el Ejecutivo presentara entonces una indicación para restituir los recursos.

El debate sobre el Presupuesto 2027 se transforma, de este modo, en algo más que una discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas. También obliga a establecer qué funciones del Estado tendrán prioridad y cuáles deberán operar con menores recursos.

La Cámara de Diputados comenzará a resolver estas diferencias durante la semana. Posteriormente, el proyecto deberá pasar por el Senado y, si persisten discrepancias, por una nueva comisión mixta.

Hasta entonces, los rechazos y reducciones aprobados no constituyen todavía decisiones definitivas.

Lo que sí ha quedado establecido es que el presupuesto enviado originalmente por Jorge Quiroz ya no es el mismo que salió de la Comisión Mixta. Las regiones consiguieron modificar una parte importante del ajuste, mientras que Educación, Ciencia, patrimonio y memoria histórica llegan a las siguientes votaciones con su financiamiento todavía en disputa.

La decisión sobre cuáles recursos serán restituidos permitirá conocer con mayor precisión las prioridades efectivas del Gobierno para 2027.

 

Redacción El Clarín

domingo, 8 de noviembre de 2026

«Solo el pueblo apoya al pueblo»: CODEPU y sus 46 años de historia, un llamado a la unidad frente a la impunidad y el negacionismo


EL CIUDADANO

 La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) conmemora 46 años de trayectoria con un llamado a la unidad frente a la impunidad de los crímenes de la dictadura y el estallido social. Denunció las rebajas de penas por oficio desde el Ministerio de Justicia, el negacionismo y la grave crisis del sistema judicial chileno. 

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) conmemora este 8 de noviembre sus 46 años de vida pública, recordando su fundación en 1980, cuando sus primeras oficinas se ubicaron en la calle Grajales 1990.

En su declaración, la organización destacó que «en todo momento ha intentado acompañar al pueblo», inspirándose en los ejemplos de sus fundadores, entre ellos Fabiola Letelier, Blanca Rengifo, María Maluenda, Manuel Almeyda, Rafael Maroto y Juan Pablo Cárdenas, así como en el legado de Patricio Sobarzo, Fernando Vergara y tantos otros y otras que ocuparon un lugar en la lucha antidictatorial por la justicia, la verdad y contra la impunidad.

Los desafíos del presente

A 46 años de su nacimiento, CODEPU advirtió que la lucha por la verdad, la justicia social y la resistencia a la impunidad «continúan siendo desafíos para Chile».

En su análisis de la coyuntura, la organización identificó una «creciente impunidad para los perpetradores de gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el llamado estallido social iniciado en octubre de 2019», y denunció «la impunidad que, vía rebaja de penas, se dicta por 

Negacionismo y crisis judicial

La declaración también alertó sobre «la lucha contra el negacionismo en curso que, no solo intenta poner en duda y liberar a los responsables de crímenes en dictadura, sino que también criminaliza la revuelta social, ocultando las profundas injusticias que la impulsaron».

Asimismo, se refirió a «la lucha contra los retrocesos en derechos humanos que se observan en el punitivismo legal en curso y la grave crisis del sistema judicial y, en particular, del poder judicial, que nos indica que se requieren profundas y urgentes transformaciones».

Las injusticias que golpean a los hogares

CODEPU sostuvo que «las luchas y las resistencias se multiplican», y que la población percibe que las injusticias se acrecientan cuando las decisiones económicas golpean a los que trabajan cada día, cuando la cesantía supera los dos dígitos, cuando se rebajan condenas por delitos sexuales «sin considerar el enorme daño a las niñas y niños», y cuando la inflación transforma en irrisorios los ingresos.

Frente a este escenario, la organización hizo suyo el lema «Solo el pueblo apoya al pueblo», y asumió «la imperiosa necesidad de la unidad para luchar por más derechos que junto al protagonismo popular harán realidad la justicia social en nuestro país y en el mundo que habitamos».

El reconocimiento desde  El Ciudadano

El Ciudadano se suma al reconocimiento y valoración de la trayectoria de CODEPU, destacando su incansable labor por la memoria, la verdad y la justicia.

A lo largo de 46 años, la organización ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos en Chile, acompañando a las víctimas de la dictadura y del estallido social, y alzando la voz frente a la impunidad y el negacionismo. Su compromiso con la dignidad y la justicia social es un ejemplo de perseverancia y coherencia que merece ser destacado y celebrado.

Va a tener que cambiar la fracesita: "Todo va a estar bien" de Kast provoca decepción y rabia entre todos los ciudadanos, según encuesta

 08 November 2026

La frase "Todo va a estar bien", utilizada por el Presidente Kast, genera decepción en un 46% de los encuestados, según los resultados de Agenda Criteria publicados este domingo 8 de noviembre.

Ante la consulta por las emociones que provoca el mensaje presidencial, un 30% mencionó rabia, un 21% esperanza y un 15% confianza. La pregunta permitía seleccionar más de una alternativa, por lo que los porcentajes no suman 100%.

La expresión ha acompañado a Kast desde sus campañas presidenciales y al cierre del proceso electoral que lo llevó a La Moneda.

Entre quienes declararon haber votado por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025, la esperanza fue la emoción más mencionada, con un 41%, seguida por la decepción, con un 32%, y la confianza, con un 31%.

El estudio también consultó por la capacidad del Ejecutivo para lograr que al país le vaya bien: un 68% lo consideró poco o nada capaz, frente a un 23% que lo evaluó como bastante o muy capaz. Otro 9% señaló no tenerlo claro.

Solo un 16% identifica un plan claro de seguridad
En materia de gestión, un 47% de los encuestados consideró que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando, cinco puntos más que en agosto, la última medición disponible sobre esta materia.

En contraste, un 16% afirmó que existe un plan claro, mientras un 28% sostuvo que el Ejecutivo tiene algunas ideas, pero no un plan definido. Un 9% respondió que no sabe.

La percepción de improvisación también alcanzó un 48% en generación de empleo y un 44% en crecimiento económico. En esas áreas, quienes identificaron un plan claro representaron un 17% y un 20%, respectivamente.

Respecto de octubre, la percepción de improvisación aumentó tres puntos en empleo y disminuyó uno en crecimiento económico.

Al evaluar el camino que sigue el Gobierno para enfrentar lo que ha descrito como una situación de emergencia, un 55% lo calificó como incorrecto y un 26% como correcto. En marzo, esas cifras eran de 43% y 39%, respectivamente.

Aprobación presidencial llega a 24%
La aprobación de Kast se situó en 24%, un punto menos que la semana anterior, mientras la desaprobación subió dos puntos y llegó a 67%. Un 9% declaró no saber.

En la medición de Criteria difundida el 1 de noviembre, el respaldo al Mandatario se ubicaba en 25% y el rechazo, en 65%.

La encuesta también registró una disminución de los atributos presidenciales respecto de mayo. Quienes consideran que Kast tiene las capacidades necesarias para el cargo pasaron de 50% a 36%, mientras la proporción que lo identifica como "el líder que Chile necesita" bajó de 42% a 26%.

Los atributos con mayor reconocimiento fueron "es trabajador", con un 48%, y "es directo, va de frente", con un 39%, aunque ambos retrocedieron respecto de mayo, en ocho y 14 puntos, respectivamente.

Un Presidente en caída libre. Encuesta ratifica los malos numeros de Kast: Según Criteria tiene el registro más bajo desde que asumió. Y trae un dato muy complejo: 74% cree que no es el líder que Chile necesita

 08 November 2026

La evaluación del Presidente Kast registró su resultado más desfavorable desde el inicio de su mandato, según la última encuesta Criteria de noviembre. El sondeo muestra que un 67% desaprueba o rechaza la conducción de su Gobierno, mientras que solo un 24% respalda su gestión.

La semana pasada, dos encuestadoras, Pulso Ciudadano y Black&White, le dieron 22% y 20% de aprobación respectivamente, una cifra record para un mandatario a menos de ocho meses de asumir.

La medición, cuyos datos fueron recopilados entre el 5 y el 6 de noviembre, también evidencia un retroceso en la percepción de sus atributos personales y de liderazgo. Entre las características evaluadas, la cercanía con la ciudadanía y su capacidad para enfrentar las dificultades figuran entre las peor valoradas.

El estudio consideró 802 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD y residentes en distintas zonas del país. La encuesta se realizó mediante un panel online certificado.

Los resultados de noviembre muestran una diferencia de 43 puntos porcentuales entre la desaprobación y la aprobación presidencial.

En concreto, un 67% de los encuestados manifestó su rechazo a la manera en que Kast está conduciendo el Gobierno. En contraste, un 24% evaluó positivamente su gestión, mientras que el 9% restante declaró no tener una posición definida.

La cifra representa el resultado más bajo de aprobación y el más alto de desaprobación dentro de la serie histórica presentada por Criteria para 2026.

Los atributos mejor y peor evaluados del Presidente

La encuesta también examinó diez características personales y políticas del presidente, preguntando a los participantes si consideraban que el mandatario reunía determinadas cualidades.

En este apartado, ser trabajador aparece como el atributo mejor evaluado, aunque alcanza exactamente la mitad de las respuestas afirmativas.

Un 48% considera que Kast es trabajador, frente al 52% que no comparte esa percepción. Le sigue su estilo de comunicación directo, con un 39% de reconocimiento y un 61% de respuestas negativas.

Más atrás aparecen sus capacidades para ejercer el cargo. Un 36% considera que tiene las competencias necesarias para ser presidente, mientras que un 64% opina lo contrario.

En cuanto a la honestidad, aparece con un 36% de personas que consideran que el presidente es honesto, enfrentándose con un 64% que cree lo opuesto. Por otro lado, la capacidad de mando es respaldada por un 33%, mientras un 67% considera que no las tiene.

Por otra parte, un 27% estima que el mandatario representa adecuadamente los intereses de la gente.

Cercanía con la ciudadanía y manejo de dificultades

Las evaluaciones más desfavorables se concentran en características relacionadas con el vínculo de Kast con las personas y su desempeño frente a situaciones complejas.

Uno de los resultados más bajos corresponde a la cercanía con la ciudadanía: solo un 26% considera que Kast es cercano a la gente, mientras que un 74% no comparte esa percepción.

El mismo porcentaje aparece al consultar si ha enfrentado adecuadamente las dificultades que se le han presentado durante su mandato. Un 26% responde afirmativamente y un 74% considera que no ha manejado bien esos contratiempos.

La percepción sobre su liderazgo tampoco alcanza la mayoría. Solo un 26% cree que Kast es el líder que Chile necesita, frente a un 74% que descarta esa característica.

En tanto, un 29% considera que el presidente es sensible frente a los problemas de las personas, mientras que un 71% no lo identifica con esa cualidad.

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