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viernes, 24 de julio de 2026

Expresidente Boric se inscribió en la junta de vecinos de su nuevo barrio en San Miguel: así fue su bienvenida


 El Presidente Boric ayer se reunió con los vecinos que conforman la Junta de Vecinos 21 de San Miguel. Foto: Captura de pantalla.

CIUDAD

 24 DE JULIO DE 2026


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El expresidente, que desde febrero vive junto a su pareja e hija en el sector Lo Vial, oficializó su incorporación a la Junta de Vecinos 21, donde podrá participar en las actividades y decisiones de la comunidad como cualquier residente. 

Si bien para el expresidente Gabriel Boric las reuniones y giras con La Moneda quedaron atrás, continúa con una agenda activa, a lo que ahora suma un componente terrenal: convertirse oficialmente en un vecino de San Miguel.

El expresidente estuvo meses preparando y remodelando la casa que adquirió el año pasado, ubicada a pocos minutos del metro Lo Vial, a donde se cambió a fines de febrero.

Actualmente reside allí con su pareja Paula y su pequeña hija Violeta, a quien muchas veces se le ve acompañando a Boric en algunas de las actividades que realiza ahora que se encuentra fuera de La Moneda.

Sin embargo, el expresidente no necesariamente se mantiene alejado de la política. Sigue participando de los debates internos del Frente Amplio y ahora, después de cinco meses habitando la comuna, dio otro paso: se inscribió en la Junta de Vecinos 21 de Lo Vial, espacio desde el cual podrá participar de las actividades y decisiones que implican a su barrio como cualquier otro residente.

La imagen del expresidente con una parka y un gorro en la junta de vecinos luego de inscribirse rápidamente dio vuelta en redes sociales, sobre todo porque generalmente es una ceremonia de rutina que suele pasar inadvertida, pero en el caso de Boric implicó una bienvenida y un breve discurso.

De hecho, algunas de las concejalas de la comuna también fueron a recibir al expresidente, pese a no necesariamente pertenecer a la junta de vecinos, como Viviana Llambias (FA) y Carla Santana (PC).

“Una buena instancia de encuentro, comunidad y conversación con el expresidente y ahora vecino de San Miguel”, celebró Santana en Instagram.

Llambias también publicó que “nos invitaron a la bienvenida a la Junta de Vecinos 21 que le hicieron al Presidente Boric, quien, como siempre, nos llamó a mantenernos creando y participando de la comunidad. Una junta de vecinos con mucha historia, que sigue creciendo de la mano de sus dirigencias y vecinos”.

Investigador dice que Fernández Larios en EEUU “en este momento, es un número”

Investigador dice que Fernández Larios en EEUU “en este momento, es un número”INVESTIGACIÓNImagen realizado con IA


Carlos Basso Prieto
Por : Carlos Basso PrietoUnidad de Investigación El Mostrador
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El exagente de la DINA enfrentará una audiencia migratoria el próximo 5 de agosto, en Miami. Peter Kornbluh, investigador norteamericano, señala que el exagente de la DINA ya no cuenta con la protección de antaño y que hoy es parte de la cuota de inmigrantes a ser expulsados por ICE.


El Mostrador Fuente Preferida

Impactados quedaron los familiares de distintas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en la época de Augusto Pinochet cuando en enero de este año la Inmigrations and Customs Enforcement (ICE) dio a conocer su listado de “Lo peor de lo peor”. El listado reunía a los 42 delincuentes extranjeros más peligrosos que habían detenido, entre ellos el chileno Armando Fernández Larios, exoficial de Ejército e integrante de la DINA.

En su ficha policial aparecía arrestado por homicidio y, tal como sucedía con los demás miembros del listado, su destino evidente era la expulsión inmediata del país. Pero surgieron algunas dudas. Como integrante de la red de inteligencia que participó en el espionaje previo al asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier y la esposa de su asistente, Ronni Moffit (en Washington DC, en 1976), en 1987 Fernández Larios firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en función del cual se entregó en dicho país, aceptando su culpabilidad y cumpliendo solo cinco meses de prisión.

Por supuesto, eso no fue gratis. Como lo señala el mismo acuerdo, Fernández entregó las identidades de los agentes operativos que pusieron la bomba en el auto de Letelier y detalles acerca de cómo el crimen fue encubierto en Chile. En el acuerdo, el exagente aceptó someterse a pruebas de polígrafo (el “detector de mentiras”) y cooperar en todo lo que se le pidiera. 

Y aquí viene lo clave. En su punto “g”, el documento dice que “el gobierno de Estados Unidos también acuerda que no buscará deportar al Sr. Fernández desde los Estados Unidos hacia Chile ni cooperar en su extradición hacia Chile”, que es justamente lo que él alegó luego de su detención. Sin embargo, también se establecía que “si Fernández es condenado por cualquier otro crimen no cubierto por este acuerdo y que lo pudiera convertir en sujeto de deportación, el gobierno quedará en libertad de buscar su deportación”. 

Lo anterior dice relación con los otros crímenes en que participó, entre ellos, los homicidios cometidos por “La caravana de la muerte” y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otros.

De hecho, en 2003 fue condenado civilmente en Estados Unidos por el crimen de Winston Cabello, asesinado en Copiapó por un grupo de uniformados, entre ellos Fernández Larios, en medio de la “Caravana de la muerte”. Aunque la justicia le ordenó pagar cuatro millones de dólares a las víctimas, Fernández Larios nunca lo hizo.

El precedente

El 10 de julio el National Security Archive, que se dedica a la desclasificación de documentos reservados, dio a conocer una copia del acta de una audiencia de amparo, que dejó al descubierto varios datos respecto de la detención de Fernández. El primero de ellos es que en 2024 el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos citó a Fernández Larios y que este fue detenido el 27 de octubre de 2025.

En el recurso de amparo que el imputado interpuso el 20 de febrero de este año ante la Corte del Distrito Sur de Florida, este detalla que para ese entonces se encontraba prisionero en el centro de detención Krome, en Miami, una de las cárceles operadas por ICE, y alegaba dos hechos fundamentales: que su detención estaba en contra de la Constitución de Estados Unidos y que, además, violaba el acuerdo que él mantenía con el gobierno de ese país desde 1987.

El 19 de marzo de este año, sin explicación del motivo, el gobierno de Estados Unidos dejó en libertad bajo fianza a Fernández Larios. Una versión difundida por La Tercera indica que el imputado, de 76 años, salió de la cárcel debido a que dijo estar en “una condición médica mental deteriorada debido a su avanzada edad”, que es básicamente lo mismo que han alegado muchos de los exagentes en Chile. Sin embargo, quedó citado para una nueva audiencia que tendrá lugar en menos de dos semanas, el 5 de agosto. 

Al respecto, el abogado Francisco Ugás, que representa a la familia de varias víctimas de Fernández Larios, tanto por varios de los episodios de la “Caravana de la muerte”, como por el crimen del diplomático español Carmelo Soria, explica que el solo hecho de que Fernández Larios quedara en libertad es sintomático respecto de la importancia que tiene el exagente: “desde distintos medios de comunicación norteamericanos y mundiales hemos podido advertir de las extremas dificultades que tiene cualquier persona que se encuentra en Estados Unidos, que es detenida por ICE, para poder salir de los centros de detenciones en los cuales permanecen privados de libertad”. 

En ese sentido, precisa, “cuesta comprender que se le haya entregado la libertad condicional a este sujeto, que tiene estos cargos por participar en crímenes de lesa humanidad aquí en Chile”. Al menos desde 2016 existen peticiones de extradición en contra de Fernández Larios, aprobadas por la Corte Suprema chilena. Fuentes de tribunales afirman que ninguna de ellas ha sido respondida por Estados Unidos, sin perjuicio del proceso que se sigue en su contra en este momento por las leyes migratorias y que, pese a su libertad, está vigente. A tal punto que Fernández Larios sigue figurando en la página web del DHS

A ese respecto, Ugás indica que el único precedente que existe y que podría tener alguna semejanza es lo que ocurrió con el caso del exoficial chileno Pedro Barrientos Núñez, uno de los asesinos de Víctor Jara y Littré Quiroga. El abogado recuerda que en esa situación se pidió en múltiples oportunidades la extradición desde Chile, “pero nunca se nos contestó concretamente”. En 2013 se obtuvo información de que él, que se había naturalizado estadounidense, “había mentido en el formulario destinado a la obtención de la ciudadanía el cual, entre otras cosas, pregunta si el postulante ha participado en crímenes de derecho internacional. Él contestó que no y eso fue motivo para un proceso de desnaturalización”, el cual culminó con la expulsión de Barrientos desde Estados Unidos en diciembre de 2023.

Un número más

El investigador del proyecto Chile del NSA, Peter Kornbluh, quien dio a conocer por medio de Ciperchile el documento relativo al recurso de amparo de Fernández, dice a El Mostrador desde Washington DC que nadie sabe bien qué sucederá en la audiencia del 5 de agosto, aunque es claro que esta se refiere al estatus migratorio del exoficial de Ejército y recordó que la de Fernández Larios en EEUU “es una larga saga, pues no es la primera vez que ha estado bajo la presión de fuerzas de justicia dentro del gobierno norteamericano, que buscan echarlo, pues es un violador extremo de los derechos humanos, que ha cometido actos criminales de tortura y homicidio, la definición de un sujeto que está descalificado para estar en los Estados Unidos”.

Sin embargo, descarta que al día de hoy goce de alguna gran protección, pues aunque reseña que “no es un inmigrante normal”, asevera que dentro del rodaje de ICE “él, en este momento es un número, parte de la cuota que ellos tienen para echar inmigrantes”. Por supuesto, Ugás indica que en 1987 “había protección”, pero eso, asegura, ha cambiado.

De hecho, recuerda que en 2005, luego del fallo del caso Cabello, hubo varias discusiones a nivel gubernamental acerca del estatus de Fernández en Estados Unidos y paradójicamente, rememora el investigador, quienes estaban a favor de perseguir investigaciones en contra de Augusto Pinochet apoyaron la idea de que Fernández Larios se quedara en Estados Unidos, pues “necesitarían de él como un testigo en este proceso”. 

A ello se suman también quienes tienen posiciones legalistas al interior de la administración, “personas en el gobierno norteamericano que piensan que si lo echan no van a recibir cooperación de otros testigos en el futuro, en casos de terrorismo internacional”, debido a que expulsar a alguien con quien en sentido estricto se firmó un contrato significaría un mal precedente para quienes estén implicados en actos de terrorismo trasnacional y quieran cooperar con el gobierno de EEUU.

En todo ese contexto, Kornbluh señala que es muy difícil hacer una prognosis de lo que sucederá con Fernández, pero señala que una posibilidad es que el exagente sea expulsado “a un destino que no sea Chile necesariamente, sino a cualquier país como El Salvador, Congo, Namibia, México, donde Trump, está mandando a toda esta gente”.

Lea la sentencia de extradición contra Fernández Larios y otros

Lea el acuerdo de Fernández Larios con EEUU (en inglés)

QUE VERGÜENZA

 

Tendencia nacional y molestia. Delegado presidencial Germán Codina provoca indignación por esta frase: “Me perdí la final del Mundial por estar en rescate del Cajón del Maipo”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó más antecedentes sobre el rescate de las personas desaparecidas en la comuna de San José de Maipo, y aseguró que debido a este operativo se perdió la final de la Copa Mundial de 2026.

Las declaraciones del exjefe comunal de Puente Alto causaron indinación en las redes sociales, llegando a ser trending topic o tendencia nacional en la red X, extuiter y se dieron al abordar el operativo de rescate de las tres personas que estaban desaparecidas en San José de Maipo y que fueron halladas durante esta semana.

Codina señaló que desde el municipio cifraron el gasto de la operación en alrededor de $100 millones, y fue allí cuando comentó que se perdió el partido entre Argentina y España.

“La municipalidad de San José de Maipo establece una cifra aproximada de $100 millones, pero nosotros no hemos hecho un consolidado de los gastos. Lo que sí te puedo revelar es que soy de los que me perdí la final del Mundial, entre las cuatro y las cinco de la tarde del domingo, del partido entre España y Argentina”, indicó.

Explicó que “nosotros teníamos la posibilidad de utilizar el helicóptero del Ejército para llegar hasta este lugar. Pero teníamos que, primero, recibir información de la Policía de Investigaciones (PDI) que estaba haciendo diligencias en la zona. Como hay mucho problema de conectividad en el sector, recién la PDI logra bajar ya pasadas las 16:30 y comienza a nevar, y se hace imposible la operación del helicóptero”.

Otro senador de derecha complicado con la justicia y ya hay tres. PDI incauta celular y computador de parlamentario Alejandro Kusanovic (Ind. RN) por devolución de sueldos o "cuota Kusanovic"

 24 July 2026


La Policía de Investigaciones incautó este viernes un teléfono celular y un computador del senador Alejandro Kusanovic, (Ind. RN) en el marco de una causa por la devolución forzada de parte del sueldo de un exfuncionario parlamentario.

Detectives realizaron diligencias en la oficina parlamentaria y en el domicilio del legislador en Punta Arenas, desde donde retiraron dispositivos electrónicos para someterlos a peritajes.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de una solicitud presentada por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.

Además de los equipos pertenecientes a Kusanovic, la policía incautó dispositivos de su jefe de gabinete. Los investigadores buscarán comunicaciones, documentos y otros archivos que puedan estar relacionados con la denuncia.

Hasta el momento, con Kusanovic, hay tres senadores de la derecha con procesos judiciales en curso y que podrían ser desaforados proximamente. Esto traería consigo que la derecha y la ultra derecha, perderían la mayoría en la Cámara Alta. 

La senadora Camila Flores, (RN) el senador Miguel Calisto (Ind Evopoli) y Kusanovic (Ind. RN) están enfrentados a tres procesos judiciales distintos.

La denuncia contra el senador Kusanovic

La investigación comenzó en junio, luego de conocerse la denuncia presentada por Rodrigo Gutiérrez Soto, exencargado de la oficina parlamentaria del senador en Puerto Natales.

El denunciante trabajó para Kusanovic entre marzo de 2022 y diciembre de 2025 y sostiene que durante ese periodo habría sido obligado a devolver una parte de su remuneración.

Tras conocerse los antecedentes, la Fiscalía Regional de Magallanes abrió una causa y encargó las diligencias a la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribara.

La indagatoria busca determinar si existió un mecanismo de cobro de una presunta “cuota” a trabajadores de la oficina parlamentaria y cuál habría sido el destino del dinero.

Hasta el momento no se han informado formalizaciones ni personas imputadas en la causa. La investigación se mantiene en desarrollo.

Honduras: la masacre de Rigores y la larga sombra de la impunidad agraria

 

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Un crimen que revela una historia más larga

La masacre de 20 campesinos en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, no es un hecho aislado ni un estallido repentino de violencia. Es la expresión más reciente de un conflicto histórico que atraviesa la región desde hace décadas: disputas por la tierra, expansión de la agroindustria de palma aceitera, presencia de redes criminales y una ausencia estructural del Estado en la protección de las comunidades rurales. El asesinato de 14 hombres, tres mujeres y tres adolescentes —dos de 14 años y uno de 17— a manos de hombres armados vinculados presuntamente a grupos criminales, revela una continuidad de violencia que ha marcado la vida campesina en Honduras.

El ataque ocurrió cerca de una iglesia, al inicio de la jornada laboral. La brutalidad del crimen, la selección de las víctimas y el contexto territorial muestran que no se trata de un episodio espontáneo, sino de una acción planificada en un territorio donde la disputa por la tierra se ha convertido en un campo de batalla.

El Estado frente a su obligación de proteger

El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball‑Binz, recuerda que el Estado hondureño tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar. No se trata solo de identificar a los autores materiales, sino de desmantelar las estructuras que permiten que estos crímenes ocurran. En una región marcada por la colusión entre actores armados, intereses económicos y redes criminales, la respuesta estatal debe ser inmediata, efectiva y transparente.

La masacre afecta a las familias y comunidades directamente golpeadas, pero también a la sociedad hondureña en su conjunto. La violencia contra campesinos no es solo un ataque contra individuos: es un ataque contra la base social que sostiene la producción agrícola, la vida comunitaria y la defensa de los territorios.


La verdad como condición de justicia

El Relator exige una investigación conforme al Protocolo de Minnesota, que establece estándares internacionales para investigar ejecuciones extrajudiciales. Esto implica identificar no solo a quienes dispararon, sino también a quienes planificaron, ordenaron o facilitaron el crimen. La violencia en el Bajo Aguán ha sido históricamente acompañada de impunidad, y la ausencia de justicia ha permitido la repetición de ataques contra comunidades campesinas.

La verdad no es un acto simbólico: es una condición para la justicia. Las familias tienen derecho a saber qué ocurrió, quiénes participaron y por qué. La memoria de las víctimas exige claridad, no silencio.

Reparación como reconstrucción social

La reparación no puede limitarse a compensaciones económicas. Debe abordar el daño material, moral y social causado por la masacre. Las comunidades afectadas necesitan apoyo estatal para reconstruir sus vidas, superar el trauma y recuperar condiciones mínimas de seguridad. La reparación implica garantizar acceso a servicios, protección, acompañamiento psicosocial y medidas que permitan a las comunidades vivir sin miedo.

La violencia agraria no solo destruye vidas: destruye tejido social, rompe vínculos comunitarios y genera desplazamientos internos. La reparación debe ser integral para evitar que la masacre se convierta en un punto de inflexión hacia nuevas formas de vulnerabilidad.

Garantías de no repetición en un territorio marcado por la disputa

El Relator insiste en que la no repetición requiere medidas estructurales: fortalecer mecanismos de protección para comunidades campesinas, prevenir la violencia en zonas de conflicto agrario, combatir la impunidad y asegurar supervisión independiente sobre las autoridades involucradas. En el Bajo Aguán, donde la tierra es un recurso estratégico y la violencia un instrumento de control, estas garantías son esenciales.

La masacre de Rigores no puede quedar impune. Su gravedad exige una respuesta estatal que rompa con la tradición de negligencia y complicidad. La sociedad hondureña no puede aceptar que una tragedia de esta magnitud permanezca sin resolver. La memoria de las víctimas exige verdad, justicia y reparación.

jueves, 23 de julio de 2026

LUIS VILLA TIENE UNA SOCIEDAD CON HAIWEI XU, QUIEN COMPARTE SOCIOS CON IMPUTADO DE LA MAFIA CHINA

Empresario que ofreció aportes a senadora Flores tiene negocios con ciudadano chino que fue investigado por secuestro y casinos clandestinos

23.07.2026

Por Macarena Segovia y Catalina Olate

En junio pasado se reveló una reunión entre la senadora Camila Flores (RN) y Luis Villa, quien ha dicho que concurrió para ofrecer a la parlamentaria aportes de campaña provenientes de empresarios chinos. CIPER revisó los nexos de Villa con ciudadanos chinos y constató que su único socio de esa nacionalidad es Haiwei Xu, quien mantiene vínculos comerciales con personas que, a su vez, son socios de uno de los principales imputados por integrar un clan mafioso que opera en Chile. Xu también ha sido investigado por delitos como secuestro -por mantener encerrado a un trabajador-, soborno, apertura de casinos clandestinos e infracciones a la Ley de Aduanas.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno


En plena campaña senatorial, la entonces candidata Camila Flores (RN), sostuvo una reunión con el empresario Luis Villa Villar en un restaurante en Viña del Mar. En el encuentro, que se extendió por cerca de 20 minutos, se abordó la posibilidad de realizar aportes a la campaña de Flores, los que serían financiados por ciudadanos chinos representados por Villa. La reunión quedó al descubierto luego de que un tío de Villa interpusiera una demanda en contra de Flores por el no pago del servicio de impresión de imanes para su campaña,  la que fue revelada por  BioBío Investiga. Si bien la senadora ha negado que se reunió con Villa y que recibió servicios del tío del empresario, existen registros del carabinero de la Dirección de Protección de Personas Importantes (PPI) asignado a Flores, y de su vehículo de uso parlamentario, recogiendo el material desde la imprenta del tío de Villa.  

CIPER revisó las conexiones de Luis Villa con empresarios de origen asiático y detectó que, entre sus 13 sociedades inscritas en el Diario Oficial, cuenta solo con un socio chino: Haiwei Xu. En marzo de 2022, ambos constituyeron la sociedad Administradora de Establecimientos Comerciales SpA, de la que Xu tiene el 95% de participación. La sociedad mantiene giro vigente en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y su última actividad tributaria es del 2024. 

Haiwei Xu es un empresario de alto perfil, que ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de una gremial de empresarios chinos, la Asociación de Qingtian en Lishui-Chile, que es presidida por Zhengbo Xu, quien está detrás de la construcción de un megaproyecto cultural y comercial en Meiggs. Además, Haiwei Xu ha sido investigado por delitos graves, como secuestro -por mantener encerrado a un trabajador en un local que estaba clausurado-, y por otros vinculados al funcionamiento de casinos clandestinos, soborno y contrabando. En todas esas causas, las aristas que involucraron a Xu terminaron archivadas, con decisión de no perseverar por parte de la fiscalía o con una salida alternativa. 

El empresario chino también habría sido sindicado como sujeto de interés en una investigación sobre un grupo de la mafia china que operaba en Estación Central. En diciembre de 2025, un reportaje de Informe Especial aseguró que la principal denunciante en esta investigación apuntó a dos empresarios chinos como los “jefes” de la organización. Uno de ellos, según el reportaje, fue identificado por la PDI como Haiwei Xu. 

CIPER detectó una conexión entre Xu y el principal imputado en esa causa, el empresario chino Ping Lin, quien ha sido sindicado por la fiscalía como el líder de esta banda. El Ministerio Público lo acusó de trata de personas con fines de explotación sexual, narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego, y pidió 55 años de cárcel en su contra. Dos socios de Haiwei Xu son -a la vez- socios de Ping Lin en una empresa creada en 2020, cuya dirección coincide con la de un local de juegos de azar y máquinas tragamonedas en la comuna de Lautaro. Con uno de ellos, Xu mantiene una relación comercial desde hace años a través de dos sociedades que se mantienen activas.

CIPER consultó a la Fiscalía Supraterritorial si Haiwei Xu efectivamente figura en una causa como “jefe” de una organización mafiosa china. Sin embargo, el Departamento de Comunicaciones no respondió las consultas hasta el cierre de este artículo. 

Al igual que su socio, Luis Villa también tiene un nutrido expediente judicial y ha sido investigado por diferentes delitos: rotura de sellos de locales clausurados por el funcionamiento de casinos ilegales; fraude en compraventas de automóviles y por el no pago de arriendo de inmuebles; uso malicioso de cheques e, incluso, registra una condena por violencia intrafamiliar. En una de sus tantas declaraciones como imputado, Luis Villa dijo tener una empresa que se dedica a asesorar a ciudadanos chinos para conseguir documentación personal y para la instalación de sus negocios, como la obtención de patentes comerciales. Es decir, que les facilita los trámites ante instituciones públicas. En el mismo sentido, Villa ha dicho que a los chinos les gusta ayudar a “políticos” porque, de esa manera, después obtienen facilidades para hacer diligencias. 

– No es lo mismo cuando un documento queda abajo del escritorio a que quede arriba- fue lo que dijo Villa a BioBío Investiga, cuando explicó el interés de los empresarios chinos por colaborar con candidatos.

CIPER tomó contacto con la encargada de prensa de la senadora Camila Flores, para saber si conocía estos antecedentes de Luis Villa, pero declinó referirse al tema. Por otra parte, se contactó a los teléfonos y correos disponibles de Villa, Xu y de sus abogados representantes en las causas revisadas, pero tampoco hubo respuesta.

LOS ANTECEDENTES DE VILLA Y HAIWEI XU

Haiwei Xu, que cuenta con residencia definitiva en Chile desde 2014, tiene un alto perfil público. En agosto de 2021, durante la pandemia, Xu realizó una importante donación de insumos sanitarios a la Municipalidad de Antofagasta, la que, según registros en redes sociales, hizo en representación de la Embajada China. Desde la oficina diplomática dijeron a CIPER que no tienen registro de los ciudadanos chinos en Chile y, que si bien tienen conocimiento de un residente con ese nombre, no han tenido contacto directo con él durante los últimos años.

Un año más tarde, en diciembre de 2022, carabineros de la Tercera Comisaría de Los Andes llegó hasta uno de los negocios de Huawei Xu que había sido clausurado por la municipalidad, debido a que había instalado un casino de juegos sin contar con patente. La policía recibió una denuncia que indicaba que en el local había un trabajador de origen chino encerrado. Al llegar, encontraron una puerta oculta, con una chapa que sólo se podía abrir desde dentro del local, detrás de unas máquinas de juegos de azar. Luego de pasar a un cuarto, la policía halló al ciudadano de iniciales Y.F. tendido en un colchón en el suelo. 

El episodio dio origen a una investigación en la que Xu fue formalizado por el delito de secuestro. En esa causa, el Ministerio Público aseguró que el trabajador se encontraba “sin la posibilidad de poder desplazarse hacia el exterior del recinto”. En su defensa, el empresario explicó que no había advertido, al momento en que las autoridades instalaron los sellos de clausura del local, la presencia del trabajador. 

Según indicó el Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en julio de 2025 el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, dejando la formalización de Xu sin efecto, al igual que las medidas cautelares que se habían decretado en su contra. 

Local comercial clausurado por Municipalidad de Los Andes (Fuente: Poder Judicial)

Un día antes del hallazgo de la policía, el inmueble donde operaba la empresa Comercial Xinye Limitada había sufrido la rotura de los sellos de clausura por quinta vez. El negocio, que contaba con una patente comercial para la venta de alimentos y productos de bazar, fue cerrado en junio de 2022, luego de que autoridades municipales encontraran 65 máquinas de juegos de azar en su interior funcionando sin patente. Esa vez, los funcionarios encontraron a Haiwei Xu y Luis Villa en el local.

En su declaración, Villa dijo tener una empresa que ayuda a ciudadanos chinos a gestionar trámites legales, como la obtención de cédulas de identidad y patentes comerciales. Explicó que ese día, el 7 de diciembre de 2022, llegó a juntarse con uno de sus clientes chinos –Haiwei Xu– que necesitaba gestionar la patente para un negocio de juegos y que al llegar al local – que, según él, no tenía sellos ni candados– ingresó para tomar fotografías. Allí fue cuando el personal de la municipalidad lo vio y lo acusó de haber roto los sellos. La fiscalía abrió dos causas paralelas por estos hechos. En la investigación contra Haiwei Xu, decidió no perseverar debido a falta de pruebas. En la de Villa, el Ministerio Público no logró comprobar que él había roto los sellos, por lo que fue sobreseído en 2024 por el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Otro caso de funcionamiento ilegal de un local con máquinas tragamonedas vinculado a Villa quedó al descubierto en San José de Maipo. A mediados de 2024, la PDI allanó un negocio ubicado en calle Comercio que era operado por ciudadanos de origen chino y que no tenía patente comercial vigente. El inmueble era arrendado por Luis Villa a través de su empresa Sociedad Explotadora de Salones de Entretenciones Talagante SpA. Villa llevaba varios meses sin pagar el alquiler de $1 millón mensual, por lo que el dueño del inmueble lo demandó. Sin embargo, el empresario no fue notificado y el caso no prosperó.  Además, según fuentes consultadas por CIPER, Villa fue sujeto de interés en una investigación por explotación laboral relacionada con ciudadanos chinos, la que finalmente no prosperó.

En los registros del Poder Judicial también figura una condena en contra de Villa a tres años y un día de presidio por uso malicioso de cheques. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares lo declaró culpable por cobrar cinco cheques que sumaban $1 millón en una estación de servicio, pese a que estos habían sido denunciados como robados y tenían firmas falsificadas. En su declaración, Villa sostuvo que, además de desempeñarse como chofer, mantenía un negocio de venta de maquinaria, por lo que recibía cheques como forma de pago y posteriormente los cambiaba. Sin embargo, finalmente no cumplió la condena, ya que la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso presentado por Villa y anuló el juicio.

De acuerdo con el extracto de antecedentes incorporado en una de las causas en su contra, hasta 2017 Luis Villa registraba sanciones por otros delitos. En marzo de 2007 fue condenado al pago de 1 UTM por lesiones leves. En 2009, el Juzgado de Garantía de San Javier lo sentenció a un año de libertad vigilada por conducir sin licencia.

Posteriormente, en 2012, el Tribunal de Garantía de Talca lo condenó por estafa frustrada a 41 días de reclusión nocturna y al pago de una multa equivalente a 4 UTM. Además, en 2011 fue condenado por violencia intrafamiliar, causa en la que recibió una multa de 1 UTM y la prohibición de acercarse a la víctima durante un año.

Villa también ha enfrentado acciones judiciales en tribunales civiles de Talca. En ellos figura una demanda por indemnización de perjuicios presentada en 2012, luego de que no devolviera un automóvil que, según el demandante, le había prestado. Aunque el Juzgado de Letras ordenó el pago de una indemnización de $8 millones, Villa solo habría abonado $1 millón antes de abandonar el vehículo. Asimismo, en 2011 fue demandado por incumplimiento de una promesa de compraventa de dos autos —un Ford Fiesta y una camioneta Chevrolet LUV—. Según la demanda, Villa sólo pagó las cuotas iniciales y dejó de cumplir con las obligaciones pactadas. En ambos casos, las causas fueron archivadas por falta de movimiento.

Por su lado, Haiwei Xu ha sido investigado por falsificación y contrabando. Actualmente tiene una causa abierta en Valparaíso, a raíz del decomiso de cartones de cigarrillos marca Liqun y Chunghwa en el Puerto de San Antonio, avaluados en $119 millones, los que no fueron declarados por la Importadora Ailis Super Limitada, que actualmente lleva el nombre de Casa Bella Ltda. Xu fue socio de la importadora hasta el 13 de agosto de 2025. 

En Valparaíso se registra una indagatoria contra la empresa Guangli Limitada, de la que Xu era representante legal y propietario del 60% de sus acciones en el 2020. El 27 de octubre de ese año, la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso identificó 250 cargadores con las marcas falsificadas “APPLE”, avaluados en US$3 mil, las que habían sido ingresadas a Chile por Guangli Limitada. La empresa Apple se querelló por delitos contra la propiedad intelectual y consiguió un acuerdo reparatorio. También, según publicó Informe Especial, en la localidad de Chañaral, Xu registra un caso de soborno y cohecho, el que quedó con suspensión condicional, luego de que el empresario donara $1,5 millones a Bomberos. 

La última denuncia registrada en contra de Haiwei Xu es por estafa electrónica y data de 2025. La víctima aseguró que Xu la defraudó en $225 mil, luego de que le transfiriera ese monto por un arriendo que nunca se concretó. La fiscalía resolvió no iniciar una investigación por considerar que la denuncia no compromete gravemente el interés público y que el perjuicio contra el denunciante es bajo.

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