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viernes, 13 de noviembre de 2026

SEREMI DE SALUD AHORA ADVIRTIÓ INCONSISTENCIA EN MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AIRE

 

Por cuarta vez el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió que el proyecto inmobiliario Alto Santorini, uno de cuyos propietarios es Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, no permite descartar la posibilidad de remoción en masa. El nuevo informe del servicio surgió tras la presentación de un recurso de reclamación de la Fundación Yarur, que cuestionó la calificación favorable de la iniciativa por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. En agosto pasado CIPER reveló que el proyecto fue incluido en un plan del ministro Quiroz contra la “permisología” y aprobado a pesar del informe negativo del Sernageomin. En el nuevo proceso generado por la Fundación Yarur, la Seremi de Salud también advirtió inconsistencias en la propuesta de medición de contaminantes durante la construcción.

Créditos imagen de portada: Estudio de Impacto Ambiental “Edificio Alto Santorini”, marzo 2020.

El pasado 22 de octubre, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió nuevamente un informe negativo respecto al impacto medioambiental del proyecto inmobiliario Alto Santorini, que tiene entre sus titulares a Víctor Quiroz, hermano del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La iniciativa implica una inversión de US$43 millones. Esta es la cuarta vez que el servicio objeta la iniciativa de la inmobiliaria Lote 21, que pretende construir un edificio de 15 pisos en los alrededores del campo de dunas de Concón, debido a que persistiría el riesgo de remoción en masa. 

El nuevo informe se emitió en respuesta a un recurso de reclamación ingresado por la Fundación Yarur el 20 de agosto, que cuestionó la calificación ambiental positiva que se otorgó al proyecto. Las objeciones surgieron después de que CIPER reveló que Alto Santorini fue incluido en un plan del ministro Quiroz contra la “permisología”, destinado a apurar la tramitación ambiental de proyectos de inversión, y finalmente aprobado a pesar de las objeciones del Sernageomin por el riesgo de remoción en masa. Para la ejecución de este plan se creó el “Comité de Proyectos en el SEIA [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]”, en el que participan los subsecretarios de Medio Ambiente, Interior, Economía y Hacienda. Sobre el contenido de sus sesiones, no queda un registro público (vea ese reportaje).

A su vez, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso, a diferencia de su pronunciamiento de 2024, cuando se manifestó conforme con el proyecto, esta vez sí presentó observaciones. En un oficio enviado el 27 de octubre a la Subsecretaria de Salud Pública, el organismo regional advirtió “inconsistencias metodológicas” en el cálculo del impacto que tendrá la construcción del edificio en la contaminación del aire. La Seremi cuestiona cómo se midió la posible emisión de químicos contaminantes y la cantidad de ellos que se espera generar durante la etapa de edificación. El organismo cuestionó los períodos -días y horas- en que se consideró que serán emitidos los contaminantes, ya que ignoraría aspectos como “la variabilidad real del tránsito vehicular respecto a las faenas operativas”.

El recurso de reclamación de Fundación Yarur aún es tramitado en el SEIA. En esa acción, la organización solicita que se revoque la calificación ambiental favorable y que se rechace, o bien que se modifique, para integrar sus observaciones.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

PELIGROS QUE ADVIERTE SERNAGEOMIN

En su último informe, el Sernageomin advierte que hay deficiencias en los antecedentes que ha presentado la empresa desde el inicio de su evaluación ambiental en 2020. La entidad nuevamente indicó que no se podía descartar las remociones de masa en el sector, pues la inmobiliaria volvió a entregar los mismos antecedentes. El principal argumento del titular del proyecto es que las remociones en masa no deben ser evaluadas en el proceso de impacto ambiental, pues son condiciones de seguridad estructural que se resuelven en los permisos de edificación.

En esta línea, Sernageomin indicó en su oficio: “Las remociones en masa pueden modificar la geomorfología del terreno, desplazar materiales y alterar los drenajes. Su ocurrencia no constituye, por sí sola, un impacto ambiental atribuible al Proyecto, sin embargo, si las excavaciones o modificaciones del drenaje asociadas al Proyecto alteran la estabilidad de la ladera o generan efectos sobre el medio físico, esa interacción debe considerarse en la evaluación ambiental. Su tratamiento como contingencia no sustituye la caracterización geológica necesaria para examinarla” (vea ese oficio).

Si bien la empresa argumenta -en contra de la reclamación- que en la aprobación ambiental de Alto Santorini ya se dictó como condición la realización de estudios de remoción en masa, para Sernageomin aquello no es suficiente. Al respecto, la institución planteó en el oficio: “Que en la RCA [Resolución de Calificación Ambiental] se haya exigido la actualización de estos estudios antes de construir no acredita, por sí solo, que se subsanen las deficiencias técnicas identificadas al momento de la calificación ambiental”.

Parte de los cuestionamientos de Sernageomin surgen a raíz de lo ocurrido con el edificio Kandinsky, ubicado a un costado de donde se pretende instalar Alto Santorini. El edificio Kandinsky fue afectado en 2023 por un socavón que se abrió a metros de su estructura. En ese momento, el entonces director de Sernageomin, Patricio Aguilera, advirtió que informes de hacía más de diez años recomendaban no construir en el área. Por ello, en su nuevo informe, el servicio alude a ese episodio: “Alto Santorini se emplaza inmediatamente al este del edificio Kandinsky, por lo tanto, el análisis de estabilidad debe considerar los eventos históricos del sector”. 

CÁLCULO DE CONTAMINANTES

Si bien en su oficio la Seremi de Salud reconoce que los antecedentes revisados en julio de 2024 y marzo de 2026 bastaron para considerar “técnica y metodológicamente suficiente para reconstruir las emisiones y evaluar sus efectos previos al ingreso al SEIA”, ahora objetó cómo la empresa calculó la cantidad de contaminantes que se producirían al iniciar la etapa de construcción. Es decir, a pesar de que Alto Santorini cumple con las normas de calidad de aire, según los antecedentes que presentó Lote 21, hay errores en cómo se hizo ese cálculo (vea ese oficio).

En el escrito enviado por la Seremi de Salud de Valparaíso a la Subsecretaría de Salud Pública, la institución cuestiona cinco elementos inconsistentes en su medición: 

  • No se midió qué pasará con las partículas contaminantes en caso de que llueva y estas queden en el suelo.
  • No se incluyó la transformación química del monóxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos, si entran en contacto con otros elementos químicos, pueden generar otras partículas contaminantes. 
  • No se consideró la totalidad del período de construcción para medir cuánta contaminación generará este proceso.
  • Se determinó un horario rígido de operación de faenas, ignorando la variación horaria del tránsito vehicular, el que puede influir en la expansión de los contaminantes producidos.
  • Se asignaron los mismos valores de altura y dispersión de contaminantes, sin considerar que el proyecto se encuentra frente a las dunas (más altura) y frente al mar (menor altura). Esto, ya que la concentración de estas partículas es distinta según la altura en que se mida. 

Sobre esa evaluación, Juan Carlos Bordones, gerente técnico de la consultora ambiental Ambiosis, explicó a CIPER que todos los modelos de dispersión de contaminantes son optimizables, pero que, en este caso, probablemente los ajustes no se traducirían en un cambio que pudiera afectar la aprobación ambiental del proyecto. Aunque sí criticó cómo el Servicio de Evaluación Ambiental evaluó la iniciativa: «La revisión que hace el SEA [Servicio de Evaluación Ambiental] es deficiente porque no tiene los especialistas en el área y en este caso debe ser un analista distinto [al de 2024] de la Seremi de Salud el que revisó”. 

Si bien la Seremi de Salud estimó que la empresa acreditó que no se generarán impactos en la calidad del aire ni efectos en la salud de las personas, Bordones planteó que si se revisan los datos que la propia cartera objetó, aquello podría cambiar. Y explica que, de haber efectos adversos, en el marco del cumplimiento del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví, la empresa se vería obligada a repararlos.

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A estos quieren indultar diputados de ultra derecha. Teniente coronel del Ejército (R) fue condenado a cárcel perpetua por matanza de 17 campesinos de Futrono en dictadura: Recién ingresó a prisión

 13 November 2026

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó Marco Antonio Rubén Rodríguez,  teniente coronel en retiro del Ejército, como autor de los homicidios calificados de 17 campesinos, entre ellos un menor de edad, en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono.

En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo  por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

La magistrada ordenó el ingreso del condenado en prisión preventiva, pese tratarse de una sentencia de primera instancia, debido a la cuantía de la pena, la gravedad de los hechos por los que fue condenado y una eventual posibilidad que se reste de la justicia.

La investigación de la ministra estableció:

a) Que, a contar del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar de facto que desde sus inicios implementó y ejecutó de manera sistemática una política de persecución y represión generalizada en contra de todas aquellas personas que fuesen consideradas opositoras a las nuevas autoridades o derechamente tachadas de nocivas para el logro de sus fines políticos y estratégicos. Este programa estatal represivo contempló el uso sistemático de la fuerza armada y la comisión de graves atentados en contra de los derechos humanos, tales como fusilamientos sumarios, ejecuciones al margen de todo proceso legal, torturas y apremios ilegítimos de diversa índole, incluyendo agresiones de carácter sexual, privaciones de libertad arbitrarias perpetradas en cuarteles oficiales, recintos clandestinos de detención o facilitados por particulares, allanamientos masivos y desapariciones forzadas, conductas desplegadas de manera sincronizada tanto por agentes estatales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como por civiles que actuaron bajo su amparo, asistencia o aquiescencia.

b) Que, para la consecución de tales fines represivos, organismos de inteligencia y de seguridad así como patrullas de las distintas ramas castrenses operaron en diversos puntos del país, instalándose en cuarteles de paso, centros de detención, en emplazamientos clandestinos que permitieron secuestrar, recluir, torturar y dar muerte a un sin número de ciudadanos. En Paralelo, dependencias ordinarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública también sirvieron como eslabón logístico y operativo para tal propósito; recintos a los cuales acudieron voluntariamente centenares de compatriotas bajo engaño o atendiendo a bandos y llamados de la autoridad militar, o bien, fueron trasladados de manera forzada tras ser aprehendidos en la vía pública o en sus domicilios, sufriendo allí todo tipo de ultrajes a su dignidad, libertad, integridad física, psíquica y, por cierto, el despojo de sus vidas.

c) Que, en la provincia de Valdivia, determinadamente en la comuna de Futrono, al interior del sector del Fundo Arquilhue y en los caseríos de Curriñe, funcionaban las oficinas de la Administración y la Pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli, emplazadas en el poblado de Chabranco, en las inmediaciones del complejo termal conocido como “Termas de Chihuió", En dicho lugar se encontraba constituida la sede del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", al cual se hallaban afiliados los trabajadores agrícolas y forestales del referido complejo; constatándose que, internándose unos 16 kilómetros en dirección a la cordillera de los Andes, se halla el sector de Chihuío. En este contexto geográfico e histórico, y como consecuencia directa de la violencia política desplegada institucionalmente en contra del sector de la población civil rural de esa zona que era considerada partidaria del régimen depuesto, a contar del 13 de septiembre de 1973, funcionarios pertenecientes a Carabineros de Chile iniciaron de manera concertada y organizada la privación de libertad de diversos obreros de la zona, sin orden judicial alguna que lo autorizara.

d) Que, el día 7 de octubre de 1973 se realizaron nuevas detenciones arbitrarias en contra de civiles residentes de dicho sector por idénticos móviles de persecución política.

El día 9 de octubre de ese mismo año, personal militar perteneciente a los Regimientos de Caballería N°? "Cazadores" y de Artillería Motorizada Nº2 "Maturana", ambos con guarnición en la ciudad de Valdivia, salió con rumbo a la localidad de Futrono al mando de un Oficial y secundado por otros Oficiales de la unidad, conformando una comitiva armada compuesta por camiones institucionales y vehículos menores tipo jeep, que movilizaba una dotación aproximada de noventa efectivos de tropa. La caravana militar se dirigió deliberadamente hacia el sector sur del Complejo Maderero y Forestal de Panguipuili con la instrucción precisa de privar de libertad a campesinos y obreros sindicalizados previamente, seleccionados mediante nóminas confeccionadas con antelación, con la activa participación de lugareños motivados en razones desconocidas.

e) Que, es así como el referido 9 de octubre de 1973, efectivos militares procedieron a irrumpir en un almacén de la localidad de Futrono para aprehender y privar de libertad a (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años, casado, padre de cuatro hijos, quien se desempeñaba como cajero y bodeguero agrícola en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin que registrase militancia política conocida. Posteriormente, una vez apostados en la localidad de Llifén, la comitiva castrense concurrió hasta el Retén de Carabineros local, recinto donde los funcionarios policiales de esa dotación hicieron entrega formal a los militares de un grupo de trabajadores de la zona que mantenían encerrados bajo custodia por motivos ideológicos, entre los cuales figuraba el civil (2) Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años, casado, padre de dos hijos, quien ejercía funciones como Jefe de Fábrica en el aludido complejo forestal y era militante activo del Partido Socialista, individuo que previamente había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en el sector de Arquilhue por Carabineros de Lifén y conducido a Futrono el día siguiente. Asimismo, se unió al contingente de prisioneros el ciudadano (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin colitancia politica conocida, quien se había presentado de forma voluntaria en el Retén de Lifén el 7 de octubre de 1973 bajo promesas de seguridad, quedando recluido en el lugar, para ser conducido a Futrono el 8 de octubre de ese año. De igual manera, el personal militar mantuvo privado de su libertad al campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia partidista, quien había sido detenido por Carabineros de Llifén el 7 de octubre de 1973 y entregado formalmente el día 9 a los mandos de la caravana militar.

f) Que, el destacamento militar prosiguió su avance por la ruta cordillerana hasta arribar al sector de Curriñe, lugar donde los Oficiales dispusieron cercar y reunir a la totalidad de la población masculina del caserío, ordenándoles colocarse en fila con las manos en alto. En este sitio, premio dors de listas con nombres específicos de personas, procedieron a apartar y privar de libertad a las siguientes víctimas: (5) José Rosamel Cortés Díaz, de 35 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del Complejo Panguipulli e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (6) Neftalí Rubén Durán Zúñiga, de 22 años, casado, padre de un hijo, obrero forestal afiliado al mismo sindicato, sin adscripción partidista conocida; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, de 20 años, soltero, obrero maderero del complejo forestal, sin militancia política; (8) Juan Walter González Delgado, de 31 años, casado, padre de seis hijos (naciendo el menor de ellos encontrándose su progenitor en cautiverio), empleado administrativo del Complejo Panguipulli y Secretario del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, de 21 años, quien presentaba una invalidez física, desempeñándose como radioperador del complejo y afiliado al sindicato antes mencionado, sin militancia partidista; y (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años, viudo, padre de ocho hijos, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli en calidad de Jefe de Predios, sin militancia conocida.

Que, las víctimas aprehendidas en Curriñe fueron subidas por la fuerza y bajo constantes malos tratos a la parte posterior de los camiones militares, prosiguiendo el convoy su marcha hacia el sector rural de Chabranco.

g) En la localidad de Chabranco, los efectivos militares privaron de libertad a un nuevo grupo de pobladores civiles, individualizados como: (11) Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, de 46 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del complejo e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política; (12) José Orlando Barriga Soto, de 32 años, casado, padre de cuatro hijas, oficial herrero del Complejo Panguipulli y Tesorero del Sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia conocida; (13) Narciso Segundo García Cancino, de 31 años, casado, padre de cuatro hijos, obrero forestal, sin adscripción partidista conocida; (14) Daniel Méndez Méndez, de 42 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y expresidente del sindicato campesino referido; (15) Rubén Vargas Quezada, de 56 años, casado, padre de diez hijos, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia conocida; y (16) Sebastián Mora Osses, de 47 años, casado, obrero forestal del complejo y extesorero del sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida. En este sector cordillerano, la tropa militar detuvo al menor de 17 años, (17) Fernando Adrián Mora Gutiérrez, obrero maderero del complejo y afiliado al citado sindicato; sin militancia partidista, quien era hijo de Sebastián Mora Osses y fue obligado a abordar el vehículo tras indagar voluntariamente por el destino de su padre.

h) Que, los diecisiete campesinos y trabajadores forestales detenidos en el transcurso del operativo militar fueron trasladados bajo estricta custodia y en condiciones inhumanas hasta las Termas de Chihuío, lugar donde fueron ingresados y mantenidos atados con alambres en una dependencia de la casa patronal del fundo homónimo, de propiedad de la sucesión de la familia Gonzalez Torres. En ese sitio, durante la noche del 9 de octubre de 1973, en medio de la lluvia, el barro y la oscuridad, los prisioneros, quienes presentaban evidentes signos de haber sido sometidos a severos maltratos físicos, fueron sacados de su lugar de encierro por el personal militar y conducidos a pie a un bosque de hualles y arbustos situado a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble principal, En las inmediaciones de dicho sector forestal, los efectivos del Ejército, actuando sin justificación legal y de manera concertada, procedieron a ejecutar a todos los prisioneros mediante ráfagas de fusilería de asalto de dotación institucional, provocandoles la muerte en el lugar sin que mediara proceso judicial, consejo de guerra o instrucción administrativa previa de ninguna especie que legitimara tal proceder.

i) Que al amanecer del día siguiente, un testigo de la zona constató de manera directa la presencia de los cuerpos inertes de los ejecutados tendidos en la faja boscosa del predio, advirtiendo que los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala, desgarros y heridas cortantes visibles en sus extremidades y abdomen. Los restos mortales de los campesinos permanecieron abandonados a la intemperie en el mismo sitio del crimen durante varios días, cubiertos rústicamente con ramas, troncos y vegetación del lugar por disposición del personal a cargo del operativo, hasta que, transcurrido dicho lapso y por instrucción de la superioridad militar de Valdivia, una patrulla del Ejército regreso al sector con la finalidad de ocultar los cuerpos, mediante la inhumación clandestina de las victimas, procediendo para ello a sepultarlos en tres fosas comunes previamente excavadas en el terreno rocoso y arcilloso del fundo.

j) Que, con posterioridad a dicho enterramiento irregular y clandestino, los cadáveres de las víctimas fueron exhumados de noche por orden del mando militar y mediante la intervención de terceros no identificados, con el claro propósito de hacer desaparecer de forma definitiva toda evidencia del crimen. Sin perjuicio de ello, años más tarde, familiares y civiles interesados se constituyeron en el paraje de Chihuío para indagar la ubicación de las sepulturas originales, constatándose formalmente mediante posteriores prospecciones arqueológicas, antropológicas y judiciales el hallazgo de múltiples fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de vestimentas, calzado y diversos objetos persunales asociados a las víctimas, confirmando científicamente que los cuerpos de los ejecutados habían sido inhumados en dicho predio y desenterrados clandestinamente mediante una remoción mecánica de tierra efectuada por terceros, sin que hasta la fecha de hoy haya sido posible determinar el paradero de los restos óseos que fueron removidos e ignorándose el destino final dado a los mismos, privando de esta forma de manera permanente a sus familias de la posibilidad de recuperar y dar digna sepultura a los restos de sus seres queridos con arreglo a sus convicciones éticas o creencias religiosas.

k) Que, con la finalidad de consolidar el ocultamiento de la masacre, las autoridades militares y administrativas procedieron a practicar ficticias inscripciones de defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en favor de diversas víctimas de este episodio, consignando que los decesos se habían verificado en la lejana localidad cordillerana de Liquiñe, atribuyendo el fallecimiento a "causas no precisadas" bajo la fecha del 9 de octubre de 1973. Para dotar de apariencia de legalidad a estas inscripciones, se requirió de manera obligatoria la comparecencia ante el Oficial Civil de soldados conscriptos del Regimiento de Caballería "Cazadores", quienes figuraban registrando domicilio procesal en el mismo recinto militar de Valdivia, forzándolos a deponer falsamente en calidad de "testigos de comprobación de defunción” , en circunstancias de que estos ni siquiera conocían a las víctimas respecto de las cuales declaraban, cumpliendo de esta forma con órdenes verbales expresas emanadas de sus mandos superiores dirigidas a encubrir de manera permanente las ejecuciones sumarias perpetradas en las inmediaciones de las Termas de Chihuío.

El Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático de derecho en nuestro país, junto al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Está conformado por tribunales de diversa competencia tales como corte suprema, corte de apelaciones, civil, penal, laboral, cobranza y familia. Su labor está destinada a otorgar a las personas una justicia oportuna y de calidad.
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Cada día puede ser peor. Desfonde y caída de popularidad de Kast es total: Encuesta asegura que su aprobación es solo de 18%. Y 76% tiene ninguna confianza que logre mejorar la economía. Y sólo 9% de los jóvenes lo aprueban

 13 November 2026

La encuesta de Black & White del 13 de noviembre de 2026 revela una caída al 18% en la aprobación del presidente José Kast y un marcado deterioro en la percepción económica del país.

El estudio indica que el 68% de los encuestados percibe que la economía familiar ha empeorado en el último semestre, mientras que el 76% no confía en la capacidad del gobierno de Kast para revertir esta situación.

Hay cifras que debieran alarmar al gobierno: La aprobación es particularmente baja entre las mujeres, donde alcanza solo un 13%, y entre las personas de 18 a 34 años, segmento en el que llega apenas al 9%, meos que el Presidente Piñera para el estallido social.

El deterioro de la economía familiar se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Así lo refleja una nueva encuesta que reveló que el 68% de las personas considera que su situación económica ha empeorado durante los últimos seis meses, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y el costo de la vida.

De acuerdo a lo publicado por Emol, el estudio identificó que los gastos en transporte y combustibles representan la principal dificultad para el presupuesto familiar: un 36% de los encuestados los mencionó como el factor que más ha complicado sus finanzas durante el último semestre. En segundo lugar aparecen los gastos de alimentación, señalados por un 32%.

La preocupación por el incremento de los combustibles también tiene consecuencias en la evaluación de la gestión gubernamental. Según el sondeo, un 84% considera que las alzas han afectado negativamente su percepción del Gobierno del Presidente Kast. De ese grupo, un 66% declara que el impacto ha sido mucho y un 18% que ha sido bastante.

Respecto de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para contener el encarecimiento de los combustibles, las opiniones se encuentran divididas. Un 44% las considera una reacción tardía frente al descontento ciudadano, mientras que un 43% estima que son insuficientes para enfrentar el problema.

 La mayoría relativa (36%) declara que transporte y combustibles es el gasto que ha dificultado más su presupuesto familiar durante los últimos 6 meses. En tanto, un 32% apuntan a dificultades en gastos de alimentación.

El sondeo mostró además que la mayoría (68%) declara que su situación familiar ha empeorado en comparación con hace 6 meses. La proporción de quienes apuntan a una peor situación aumenta entre mujeres, del segmento C3, y a medida que disminuye la edad.

 Un 76% no tiene confianza en el gobierno de Kast para mejorar la economía Por otra parte, la mayoría (76%) tiene poca (24%) o ninguna confianza (52%) en que el Gobierno del Presidente Kast logrará mejorar la situación económica del país durante los próximos doce meses. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre mujeres, y a medida que disminuye el segmento socioeconómico y la edad. Además, la mayoría (60%) cree que la situación económica en Chile estará peor dentro de un año. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre mujeres, en los segmentos C3 y DE, y a medida que disminuye la edad.

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jueves, 12 de noviembre de 2026

MINISTRO NO OTORGÓ REBAJA EN CASOS DE FEMICIDIO, DROGAS Y HOMICIDIO DE CARABINERO

 

El ministro Fernando Rabat ha explicado que aprobó reducir las penas a 56 agresores sexuales de niños porque una vez que la Comisión de Rebaja de Condenas decide conceder ese beneficio la autoridad de gobierno no puede oponerse. Esta interpretación -conocida como la “doctrina Rabat”- comenzó a aplicarse en junio de este año. Pero, registros judiciales revisados por CIPER indican que, después de que puso en marcha su nueva doctrina, el ministro actuó contra ella al menos en 22 casos de otros delitos, como homicidio y tráfico de drogas, que tuvieron lugar entre junio y octubre. En todos ellos el ministerio interpretó que sí podía oponerse a la rebaja ya acordada por la comisión.

Créditos imagen de portada: Flickr Ministerio de Justicia.

Al presentarse ante la Cámara de Diputados el pasado miércoles 28 de octubre, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó por qué su cartera aprobó la reducción de condenas a 56 abusadores y violadores de menores. Según argumentó, solo las comisiones de Reducción de Condenas tienen la competencia para analizar los antecedentes de los reclusos y en ellas “se agota la instancia legal para ponderar el mérito de la solicitud”. Esto significa, explicó ante la Cámara, que una vez que estas comisiones determinan otorgar el beneficio, al ministerio no le queda otro camino que ratificarlo. Incluso, recalcó que exigirle a un ministro de Justicia que pondere estos antecedentes le significaría infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución: “Me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones”.

Esta interpretación del ministro, conocida como “doctrina Rabat”, comenzó a aplicarse en junio de este año. Antes de eso, la cartera sí rechazó reducciones de condenas para agresores sexuales de menores, tal como lo venían haciendo los gobiernos anteriores. Fue un reportaje de CIPER el que reveló que al menos en nueve casos el ministerio, bajo la gestión de Rabat, se opuso (vea ese artículo).

Ahora, una nueva revisión de documentos judiciales realizada por CIPER muestra que, después de la fecha en la que se puso en práctica su nueva doctrina, el ministerio de igual manera se opuso a lo que habían determinado las comisiones de Rebaja de Condena y rechazó conceder la reducción en al menos 22 casos de otros delitos, como homicidios y tráfico de drogas. CIPER revisó cada uno de los decretos en los que la autoridad plasmó su decisión de oponerse a la liberación anticipada.

Estos decretos argumentan que el Ministerio de Justicia tiene la atribución de rechazar una solicitud de reducción de pena, aprobada por las comisiones de Rebaja de Condenas, cuando, tras revisar los antecedentes, identifica alguna causa de exclusión. Por ejemplo, cometer un delito mientras se cumple condena, infringir la reclusión, estar condenado por delitos cuya sanción sea cadena perpetua, como el homicidio, y estar recluido por un crimen de carácter sexual contra menores de edad. Es justamente esta atribución del ministerio la que ha estado en controversia, ya que el jefe de la cartera ha justificado la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores, argumentando que el Ministerio de Justicia no puede revocar la decisión de las comisiones de Reducción de Condenas de asignar el beneficio. Estos 22 casos dejan en evidencia que el ministro Rabat sí contaba con esa atribución.

Cada uno de estos 22 casos dio origen a un recurso de amparo presentado por el recluso. CIPER los revisó todos. En algunos de ellos se reclamó por la lentitud del ministerio para tramitar la solicitud. En otros, se alegó por la oposición de la cartera a conceder el beneficio, bajo el argumento de que la comisión ya lo había aprobado. En nueve de estos recursos, la justicia se pronunció específicamente sobre la atribución del Ministerio de Justicia para rechazar la rebaja: en siete de ellos las cortes respaldaron la denegación, en uno se favoreció al condenado y el restante sigue en tramitación. Ninguno de estos antecedentes fue mencionado por Rabat cuando se presentó ante la Cámara a fines de octubre. 

LAS EXCLUSIONES QUE FIJA LA LEY

La normativa que establece los parámetros para acceder a las rebajas de condena es la Ley N°19.856. En su artículo 17, este cuerpo legal establece de manera expresa que las reducciones de penas no deben aplicarse a condenados por delitos que se sancionan con presidio perpetuo, a reclusos que cometan un nuevo delito mientras están cumpliendo la sentencia y a los agresores sexuales de menores, entre otros (vea esa norma). En los 22 decretos emitidos por el Ministerio de Justicia que se revisaron para este artículo, la autoridad argumentó que los reclusos en cuestión no podían acceder a ese beneficio porque cumplían con alguno de los criterios de exclusión.

Uno de los casos en que la Corte Suprema respaldó el rechazo adoptado por el ministerio corresponde al de un sujeto condenado por el homicidio de un carabinero, cuya solicitud fue rechazada por encontrarse cumpliendo una pena de presidio perpetuo.

En este caso, la comisión había aprobado el beneficio y no se había pronunciado sobre dicha causal de exclusión, y la cartera de Justicia resolvió rechazar su aprobación. La mayoría de los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el condenado. La única disidencia fue el ministro Leopoldo Llanos, quien sostuvo que, dado que el delito se había cometido con anterioridad a la reforma introducida a la ley sobre rebajas de condena (en 2022), la causal de exclusión no resultaba aplicable, atendiendo que dicha normativa no contemplaba expresamente su aplicación retroactiva. Este argumento también ha sido invocado en la controversia relativa a la exclusión de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad; sin embargo, en este caso fue desestimado por la Suprema.

La cartera también obtuvo el respaldo de la justicia en la denegación del beneficio a un condenado por femicidio, pese a que este ya contaba con la aprobación de la Comisión de Rebaja de Condenas y el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia. En este caso, el ministro Rabat resolvió rechazar la solicitud, al considerar que el femicidio contempla la cadena perpetua calificada como pena máxima, al igual que en el caso del homicidio del carabinero. En sus alegatos ante la Corte de Apelaciones local, el ministerio sostuvo que “tiene el deber de revisar los antecedentes a la luz del artículo 17 de dicha ley” y verificar si concurre alguna de las causales de exclusión contempladas en la normativa (vea el documento).

En este caso, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó que el Ministerio de Justicia resolvió “en estricta observancia del mandato contenido en la ley y en su Reglamento”, el que señala en su artículo 77 que el ministerio tiene la “obligación de dictar el decreto que rechaza el beneficio” en los casos en que se aplique alguna de las exclusiones de la ley de rebaja de condenas (vea aquí el reglamento).

En una causa que se tramitó en agosto pasado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la que otro condenado por femicidio pidió su rebaja de condena, la Seremi sí le advirtió al ministerio sobre la exclusión. El tribunal de alzada acogió el recurso a favor del reo, pero la Corte Suprema revocó la sentencia, negó el beneficio y respaldó la decisión de la cartera liderada por Rabat.

Si bien Rabat ha planteado que su criterio está determinado por lo que resuelva la Comisión de Reducción de Condenas, es decir, si es que esta acepta o rechaza una rebaja, él está impedido de cambiar esa decisión, los hechos demuestran algo distinto. Por ejemplo, el 20 de agosto de este año el ministro negó la rebaja de un reo tras considerar que éste había cometido dos veces el mismo delito: porte de arma y ocultación de identidad. La comisión le había reconocido al recluso la posibilidad de acceder a la rebaja, pero el jefe de la cartera razonó que, de acuerdo con la ley de reducción de pena, este estaba excluido de acceder al beneficio. 

En cambio, Rabat aplicó un criterio distinto en los casos que involucraban delitos sexuales contra menores. Por ejemplo, respaldó la decisión de la comisión, el 28 de julio pasado, cuando firmó un decreto que redujo la pena de un recluso condenado por violación de una menor de 14 años, a quien se le autorizó el beneficio pese a que la ley establece este delito como una causal de exclusión. 

El caso más reciente de los revisados por CIPER es del mes pasado. El 22 de octubre, el Ministerio de Justicia se negó a que un condenado por tráfico de drogas y lesiones graves pudiera optar a una rebaja de condena. La comisión le había reconocido el beneficio y la Seremi no se había pronunciado sobre el caso. La cartera esgrimió que el condenado volvió a cometer una falta durante el cumplimiento de la pena, cuando fue sorprendido con elementos tecnológicos en la cárcel. El 3 de noviembre, el condenado ingresó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que permanece en trámite. 

Ministro de Justicia, Fernando Rabat (Créditos: Agencia Uno).

EL REGLAMENTO OLVIDADO

El ministro Rabat dijo a los diputados que, tras escuchar sus intervenciones en la sala, se dio cuenta “que no se entiende el procedimiento de rebaja de condena, que no se dividen ni se señalan cuáles son las competencias que le corresponden a un ministro de Estado (…) en definitiva quien adopta las decisiones”. Según el ministro, el proceso se divide en dos etapas en las que intervienen distintas instituciones, como Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, las Secretarías Regionales Ministeriales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“En la primera gran etapa es que se dicta por única vez la resolución de calificación de la persona que va a obtener el beneficio de reducción de condena. Es allí, conforme al artículo 10 de la Ley 19.856, que se radica la competencia para calificar si la persona que va a obtener el beneficio tiene o no el carácter para poderlo recibir. Así se ha fallado expresamente, incluso dándole a esta comisión el carácter de tribunal”, dijo.      

Luego, agregó que “en la segunda etapa interviene la seremi respectiva y también el Ministerio de Justicia. Es la seremi, quien en conformidad con el artículo 14 de la ley, debe analizar los requisitos objetivos, insisto, objetivos, que establece la ley, y luego el Ministerio de Justicia simplemente formaliza, firmando el decreto respectivo para dar vida jurídica a la decisión que había adoptado con carácter de firme la comisión evaluadora respectiva”.

Lo que el jefe de la cartera no explicó en su intervención ante los diputados es que el reglamento de la Ley N°19.856 define que la atribución de la revisión de las exclusiones recae tanto en la Comisión de Rebaja de Condenas como en el Ministerio de Justicia. Este argumento es citado en los fallos de las cortes revisadas por CIPER para este artículo.

El reglamento también establece que Gendarmería deberá incluir en la información de los postulantes al beneficio los antecedentes que puedan excluirlos del proceso, como ser condenado por delitos sexuales contra menores. Según el texto, la primera tarea de las Comisiones de Reducción de Condena es revisar estos antecedentes y detectar si hay casos que deben ser excluidos. 

Pero, la revisión de las exclusiones no termina allí. El artículo 77 del reglamento, le reconoce explícitamente al Ministerio de Justicia la opción de rechazar el beneficio en caso de detectar alguna causa de exclusión:

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dictar el decreto que rechaza el beneficio sólo cuando de la revisión de la postulación se verifique alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la ley Nº 19.856”.

En los 22 decretos que revisó CIPER para este artículo, el Ministerio de Justicia dice haber detectado alguna causal de exclusión, la que no había sido advertida por la Comisión de Reducción de Condena. El mismo argumento utilizó -antes de cambiar su doctrina- para rechazar el beneficio en casos de condenados por delitos sexuales contra menores, que contaban con la aprobación de la comisión respectiva.

 Por ejemplo, en el Decreto N°1307, del 30 de abril de 2026, el ministro Rabat cita el artículo del reglamento para sustentar su decisión de rechazar la solicitud de un condenado por abuso y violación de un menor de 14 años, quien contaba con la aprobación de la rebaja por parte de la comisión. En ésa ocasión, antes del cambio de doctrina, el ministerio revocó la decisión tras revisar los antecedentes e identificar el tipo de delito por el que el reo cumplía la condena. 

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Se acabó la espera: oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat

 

Se acabó la espera: oposición ingresa acusación constitucional contra ministro RabatPAÍSFoto: AgenciaUNO
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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El libelo contempla tres capítulos por las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad y faltas a la probidad. Ahora comienza la disputa por los votos en el Congreso. [EN DESARROLLO]

Resumen

Después de dos semanas de anuncios, reuniones y ajustes jurídicos, la oposición ingresó este jueves 12 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las cuestionadas rebajas de condena y su actuación frente a los requerimientos de información del Congreso.

La ofensiva, anunciada inicialmente el 28 de octubre, busca establecer la responsabilidad constitucional del secretario de Estado por una eventual infracción de la Constitución y las leyes, conforme al artículo 52 de la Carta Fundamental.


El libelo contiene tres capítulos. El primero cuestiona los 56 decretos que rebajaron condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, argumentando que el ministro habría vulnerado normas de protección de la infancia y otorgado beneficios prohibidos por la legislación vigente.

El segundo apunta a las rebajas concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, mientras que el tercero acusa a Rabat de entregar información incompleta o inexacta al Congreso, lo que, según la oposición, constituiría una infracción al principio de probidad.


La presentación llega después de cuestionamientos por la demora en ingresar el documento. En declaraciones a la prensa, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, defendió el trabajo realizado: “Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”.

Con la acusación oficialmente ingresada, la disputa pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y la oposición deberán medir sus fuerzas. El Partido de la Gente (PDG), que hasta ahora no ha comprometido sus votos, aparece como un actor clave.

Si el libelo supera la Cámara, corresponderá al Senado resolver si el ministro es culpable de las infracciones imputadas. De prosperar esa segunda instancia, Rabat será destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.

La oposición finalmente puso la acusación sobre la mesa. Ahora deberá demostrar que, además de los argumentos, tiene los votos para sacarla adelante.

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