jueves, 14 de mayo de 2026

LA ENTONCES SUPREMA PIDIÓ A LA JUEZA PORTEÑA QUE VOTARA POR CARLOS SWETT, LO QUE HOY INDAGA LA FISCALÍA

La llamada que hizo Vivanco a ministra de la corte de Valparaíso para intervenir en el concurso para conservador de Viña del Mar

14.05.2026

La investigación del Comité de Ética de la Corte Suprema sustentó la idea de que Ángela Vivanco intercedió, en 2022, en el concurso para dirigir el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. CIPER reconstruyó los pasos de la exsuprema en ese nombramiento y constató que la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, recibió una llamada de la entonces suprema para que votara por Carlos Swett, quien postulaba a ese cargo. Según esos antecedentes, Vivanco le señaló que ella y otras personas lo estaban ayudando y que si no votaba por él como primera opción, al menos lo hiciera en segundo orden. Quezada no votó por Swett, lo que le hizo saber a Vivanco en la misma llamada. Ella y Swett ya prestaron declaración ante la fiscalía de Valparaíso. Hasta ahora se sabía que Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, había tenido contactos con Swett relacionados con ese concurso y que el hermano de la exjueza, Arturo Vivanco, estuvo contratado en la Asociación de Notarios y Conservadores, de la que Swett era presidente.

El 26 de marzo pasado, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, declaró ante la fiscalía regional de Valparaíso. Pocos días después, el conservador de bienes raíces de Concón y presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, también compareció para entregar su testimonio. Ambas declaraciones quedaron bajo reserva.

Según información constatada por CIPER, los antecedentes revisados en la Comisión de Ética de la Corte Suprema que dieron origen al proceso de remoción de Ángela Vivanco del Poder Judicial en 2025, contenían un dato que se relaciona con estas citaciones que ha hecho ahora el Ministerio Público: que Vivanco llamó a la ministra Quezada para pedirle su voto para Swett, entonces notario de Quilpué, quien postulaba al Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.

Según explican conocedores de la información allegada en su momento hasta la Comisión de Ética -que integraron los supremos Gloria Ana Chevesich, Ricardo Blanco y Andrea Muñoz-, como los ministro de corte tienen la facultad para emitir tres votos en estos concursos, Vivanco le pidió a Quezada que si no lo hacía por Swett en primera instancia, al menos lo hiciera como segunda opción. Y que con su tercer voto apoyara a otro postulante cercano: el ahora conservador de Chillán e imputado en la trama bielorrusa, Yamil Najle.

Quezada le hizo saber a Vivanco, en la misma llamada, que no votaría por Swett. Los antecedentes públicos de ese concurso indican que, efectivamente, no lo hizo. Y no solo no estampó su voto para Swett en la primera votación donde eligió a otros tres candidatos (a Luis Enrique Fischer, Fernando Manterola y Jorge Osnovikoff), sino que tampoco lo hizo en las dos votaciones siguientes efectuadas ese mismo 26 de septiembre de 2022, por no haber votación suficiente para conformar la terna. En esas dos instancias, Quezada optó por Osnovikoff.

Fuentes ligadas al mundo notarial de la Región de Valparaíso, explican que la ministra no tiene buena opinión del conservador Swett y que a partir de eso fue que Vivanco se habría desplegado para conseguir su voto. De igual modo, Swett sí quedó en terna pero con solo 8 votos, mientras que Fischer obtuvo 14.

Un hecho que complica el rol de Vivanco en esta nominación es que, tal como señaló CIPER en 2024, el hermano de la exministra, Arturo Vivanco, trabajó en la Asociación de Notarios y Conservadores, labor que desempeñó cuando Carlos Swett ya era presidente. Según registros, la última boleta emitida por el hermano de la exministra fue en febrero de 2022, cinco meses antes de que se abriera el concurso para conservador de Viña del Mar. En la asociación de notarios, en tanto, existe inquietud respecto al flanco judicial que Swett tiene abierto producto de esta causa. No solo debió comparecer ante la Comisión de Ética en 2024, sino que, ahora, ante la fiscalía.

Cuando se tramitó la remoción de Vivanco, se tomó en cuenta un dato también publicado por CIPER: que Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, se había inmiscuido en el concurso para esa nominación a conservador en Viña del Mar. Y que había hecho una llamada justamente a Carlos Swett. Según explican conocedores de ese concurso, en vista de que el notario Swett no tenía posibilidades para conseguir ese cargo -no solo porque Quezada no accedió a votar por él, sino porque la mayoría de los jueces estaban con el postulante Luis Fisher-, Migueles le sugirió a Swett que se bajara, algo a lo que no accedió. Lo que no está claro es si su designación en Concón tuvo relación con Migueles o con Vivanco. Y solamente existe un antecedente: en la resolución de remoción de Ángela Vivanco se señala que ella reconoció haber intercedido en su designación en Concón.

CIPER tomó contacto con la ministra Quezada para saber si informó a la fiscalía el contenido de la llamada de Vivanco cuando fue citada a declarar. Sin embargo, la jueza declinó hacer comentarios.

Asimismo, Swett ha señalado públicamente que nunca pidió a Vivanco que intercediera por él. Y al ser consultado, confirmó que prestó declaración por estos hechos ante el Ministerio Público.

INQUIETUD EN LA ASOCIACIÓN DE NOTARIOS Y CONSERVADORES

Swett, Vivanco y Migueles se conocen porque los tres formaron parte del llamado “grupo de Las Tacas”, el que integran autoridades del Poder Judicial que se juntaban en el balneario del mismo nombre. En estos se incluye al notario Francisco Leiva y al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a quien ahora se le abrió un cuaderno de remoción. La Comisión de Ética describió así la relación de la exministra, su pareja y el conservador: “Existía cercanía entre el señor Swett y la ministra Ángela Vivanco y su pareja, señor Gonzalo Migueles, manifestada en diversos encuentros sociales”.

A inicios de mayo pasado, según testigos, se llevó a cabo una reunión del directorio de la Asociación de Notarios donde se habló de su presidente, Carlos Swett. Hay dos versiones de lo sucedido en esa instancia. La primera, que algunos directores le dijeron al presidente que era mejor que diera un paso al costado, razón por la cuál desde ese día su calidad es de “congelado” en el cargo. Y la segunda, que el mismo conservador de Concón se “autocongeló” para tomar unas vacaciones, por lo que sigue como presidente. CIPER no recibió respuesta de Swett respecto de este punto. Y según fuentes vinculadas a la asociación, hay un sector de sus miembros que no recibió de buena manera el que haya declarado en una causa por su nombramiento. Según esta misma versión, Swett no habría notificado formalmente sobre su citación, lo que molestó a algunos integrantes.

Asimismo, luego de que CIPER revelara que Swett tiene vínculos con la senadora RN, Camila Flores, hoy investigada por presunto fraude al fisco, la inquietud interna respecto a Swett creció. Esto, considerando que notarios y conservadores lidiaron una dura batalla legislativa en los últimos años -en la que desplegaron un intenso lobby ante parlamentarios- por la reforma a la Ley 21.772, que regula la labor de notarios y conservadores.

Un hecho que llamó la atención a algunos integrantes de la asociación ocurrió este lunes 11, cuando la agrupación se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Según se ve en las imágenes difundidas por el Poder Judicial, la entidad gremial fue representada en ese encuentro por el conservador de Santiago, Carlos Miranda, quien se presentó como presidente subrogante de la asociación. Sin embargo, en la misma reunión también estaba Carlos Swett, aunque participó solo como integrante de la agrupación (vea ese registro).

Dato desconocido: Subsecretaria de Prevención del Delito fue sancionada por usar su cargo en conflicto personal de su pareja con Carabineros. Es la funcionaria que llamó al "auto cuidado" cuando los asalten o roben

14 May 2026

Una desconocida sanción administrativa afecta a la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, por un episodio ocurrido cuando se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público.

La subsecretaria, militante del partido que preside Johannes Kaiser, el Nacional Libertario y que habría renunciado para acceder al cargo, es la funcionaria que envio a los chilenos al "auto cuidado" cuando los delincuentes nos vayan a asaltar, realizar un portonazo o un hecho de mayor gravedad.

De acuerdo con antecedentes obtenidos, Quintana fue sancionada con una “amonestación privada” luego de intervenir en un conflicto personal de su entonces pareja, el abogado Andrés Morales Soza, ante Carabineros y guardias municipales de Lo Barnechea.

El hecho ocurrió en junio de 2019, cuando Carabineros recibió un llamado por una situación vinculada a una medida cautelar y una orden de alejamiento. Según el parte policial, Quintana se habría identificado como fiscal y habría exigido la entrega de un documento que, a su juicio, se encontraba adulterado.

La investigación interna en el Ministerio Público terminó con una sanción administrativa, la que fue confirmada en enero de 2020 por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, quien rechazó la apelación presentada por Quintana, según un reportaje de Canal 13.

El caso vuelve a generar debate debido al actual cargo que ocupa la autoridad en el Gobierno, especialmente por tratarse de una repartición vinculada directamente a la seguridad pública y la prevención del delito.

La resolución concluyó que la entonces fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, en un episodio que hoy vuelve a poner bajo la lupa los estándares de probidad exigibles a las autoridades públicas.

El propio fiscal regional, Héctor Barros, ordenó la reapertura del caso, en el que finalmente se le formularon cargos.

“En dicho lugar utilizó su cargo como fiscal adjunto del Ministerio Público, con el objeto que el conserje le entregara el acta de una notificación de medidas cautelares que pesaba en contra de su pareja (...) y así llevársela del lugar. A su vez, luego de que concurrieran los empleados de Seguridad Municipal (...), doña Ana Quintana Olguín se volvió a presentar como fiscal adjunto del Ministerio Público para insistir en llevarse el documento antes indicado”, dice la resolución.

Se consignó, además, que “luego de transcurrido un tiempo, llegaron los funcionarios de Carabineros (...) donde doña Ana Quintana Olguín se presentó en una tercera ocasión como fiscal adjunto del Ministerio Público, esta vez para que funcionarios policiales le tomaran una denuncia por el delito de falsificación de Instrumento Público. Con ocasión de los hechos indicados, doña Ana Victoria Quintana Olguín infringió la normativa contenida en el art. 63 letra g) de la Ley N°19.640,orgánica constitucional del Ministerio Público, norma que a su vez está descrita en el art. 40 letra g) del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público ‘usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones’”.

Los descargos de Quintana y su expareja
En el proceso, la hoy subsecretaria realizó sus descargos y rechazó haber incurrido en faltas administrativas.

“En virtud del insistente hostigamiento al que había sido sometida previamente por parte de todos ellos (carabineros y guardias municipales) para averiguar respecto de mi condición o no de Fiscal, les señalé expresamente a ellos que ella (la función) era indivisible, por lo que me daba lo mismo que me dijeran que si era Fiscal o no y que iba a denunciar”, expuso en el sumario.

Además, agregó que “en ejercicio de un derecho como ciudadana a que se tome una denuncia y la negativa de los funcionarios a hacerlo en razón de su cargo es que expresamente contesta que da lo mismo si es o no Fiscal y que dispone de 12 horas para denunciar un hecho constitutivo de delito”.

El conflicto ocurrió en medio de un proceso de separación de su entonces pareja, Andrés Morales, abogado que ha representado distintas causas, entre ellas algunas en defensa de imputados por tráfico de drogas.

Es más, de acuerdo al listado de Contraloría en el cual se registran los abogados que alegan causas de la Ley 20.000, Morales Soza aparece en 169 procesos.

La resolución final
A pesar de sus descargos, la sanción sobre la entonces fiscal Quintana fue confirmada. El fiscal regional Barros formuló cargos, ella apeló ante la Fiscalía Nacional, y finalmente, el organismo central del Ministerio Público, resolvió en contra de la abogada.

En la resolución, el exfiscal nacional, Jorge Abbott, expuso: “Particular cuidado en el uso de su autoridad o cargo deben tener los fiscales del Ministerio Público, porque en ellos se reúne la doble calidad de funcionarios públicos y autoridades de la República. Esa condición, hace exigible un comportamiento acorde a la dignidad del cargo, en el cual siempre debe prevalecer en forma exclusiva el interés público, propio de la función que desempeñan”.

Agregó que “en los hechos que se investigan en este sumario administrativo se concluye que la fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, al requerir del conserje del edificio, la entrega del acta de actuación-notificación que afectaba a su actual pareja, completamente ajena a sus funciones como fiscal adjunta de la Fiscalía de San Miguel”.

Por lo mismo, el exfiscal nacional decidió sancionar a Quintana con una “amonestación privada”, lo que significa la sanción disciplinaria más leve que se aplica a fiscales, y que se traduce como una reprensión verbal y confidencial.

¿Delatores o "sapos"? Proposición del Gobierno busca que hospitales, consultorios, colegios y escuelas denuncien a migrantes irregulares para buscar expulsarlos

14 May 2026

Una nueva propuesta del Gobierno en materia de migración se dio a conocer en las últimas horas. La iniciativa obliga a distintas instituciones públicas y privadas a revelar a las autoridades información de migrantes en situación irregular cuando estos se presenten a hacer un trámite.

El Ejecutivo ingresó esa indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones, y apunta a que servicios de salud y educación, entre otros, entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.

La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de ese proyecto en la comisión de Gobierno del Senado.

De acuerdo al citado medio, en caso de aprobarse, organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles se verían obligados a revelar antecedentes de extranjeros indocumentados.

La idea del Ejecutivo es aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar trámites, para identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.

Algunos datos que el Gobierno podría solicitar posterior a esas instancias figuran domicilio, teléfono, y correo electrónico, entre otros.

"El sistema de salud está superado"

"Si vienen adultos con niños, ¿quién colabora en la educación de los niños? Cuando uno tiene una red de apoyo, uno puede pedir la colaboración...", fueron parte de las palabras que entregó el Presidente Kast al ser consultado sobre este tema.

"Cuando llegaban los extranjeros con niños menores de edad, el Estado tenía que hacerse cargo. Han pasado muchos años, algunos no se han documentado en todas las oportunidades que se han dado y eso tenemos que ir analizándolo", argumentó el mandatar

Kast agregó que el sistema de salud "está superado", por lo que se debe "ir priorizando siempre a los más vulnerables, pero tenemos que saber bien quiénes son".

"En Chile hay multiplicidad de maneras de reconocerse a través del RUT, de un número especial en salud, de un número especial en educación. Bueno, eso va a cambiar", añadió.

El lado oscuro del Mes del Mar

CHILE AL DÍA

By Guillermo Correa Camiroaga 14 Mayo, 2026

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Para la Armada de Chile mayo es una fecha muy significativa y desde el año 1974 ha sido establecido como el mes del mar, resaltando la figura de Arturo Prat en el Combate Naval de Iquique que se conmemora cada 21 de mayo. Pero existe un lado “B”, un lado “oscuro” de la Armada, que tiene que ver con que fue la institución impulsora y gestora del golpe de Estado de 1973 en contra del gobierno constitucional encabezado por el presidente Salvador Allende, golpe que se inició precisamente acá en Valparaíso.

La participación de la Armada no solo se limitó al golpe de Estado, sino a la feroz represión desatada en contra de ciudadanas y ciudadanos chilenos por parte de sus integrantes y también a la instalación de numerosos recintos y campos de detención y tortura como por ejemplo el Cuartel Silva Palma, la Academia de Guerra Naval, el Barco Lebu, la Base Aeronaval de El Belloto, y los Campos de Concentración de Puchuncaví, Ritoque y Colliguay.

Respecto de este último recinto, El Campo de Prisioneros de Colliguay, localizado al interior de la Comuna de Quilpué, fue construido a semejanza de los campos de concentración nazis y denominado por la Armada de Chile como “Melinka” e “Isla Riesco” con el objetivo de ocultar a los familiares su localización. Hace algunos días atrás, el viernes 8 de mayo, se inauguró una exposición relacionada con este centro de detención en el Pabellón de Reos de la Ex Cárcel pública de Valparaíso, la que está a disposición de las porteñas y porteños con acceso gratuito hasta fines del mes de mayo, en horario de 10 a 20 horas, de lunes a domingo.

Ex prisioneros políticos, agrupados en el Colectivo Lebu Colliguay, desde hace varios años han venido desarrollando un trabajo de investigación sobre algunos recintos emblemáticos de represión y tortura de la Armada de Chile, como son el Barco Lebu, la Base Aeronaval del Belloto y Colliguay, trabajo que se ha materializado en documentos, libros, registros fotográficos, videos, crónicas, arpilleras y maquetas. Todos estos elementos están presentes en esta exposición, resaltando la maqueta del Campo de Prisioneros de Colliguay confeccionada por el artista popular Mario Puelche, integrante del colectivo.

Hoy, miércoles 13 de mayo, acudí hasta la Ex Cárcel de Valparaíso para hacer un registro de dicha exposición y me encontré con la presencia en el lugar de un numeroso grupo de alumnos y alumnas de Séptimo y Octavo año Básico de la Escuela Patricio Lynch del barrio Miraflores de Viña del Mar, acompañados por algunas profesoras quienes, dentro de una actividad escolar denominada salida pedagógica, habían visitado primero el Congreso Nacional y luego decidieron visitar la Ex Cárcel, Parque Cultural de Valparaíso, encontrándose casualmente con la exposición.

Ricardo Aravena, integrante del Colectivo Lebu Colliguay y ex prisionero político de dicho Campo de Concentración, aprovechó la ocasión para hacer una detallada exposición al grupo de alumnas, alumnos y profesoras quienes no solo escucharon con mucha atención el emotivo relato, sino que hicieron numerosas e interesantes preguntas para profundizar la exposición de Ricardo. Quiero resaltar una de estas preguntas, formulada por una alumna, quien al ver la maqueta que representaba este campo de prisioneros circundado por alambres de púas y una torre de vigilancia, seguramente relacionándola con las imágenes de los prisioneros de los campos de concentración nazis que había visto en alguna filmación, consultó si “los prisioneros usaban uniforme”, pero la sorpresa fue mayor cuando Ricardo le relató que andaban en ropa de calle y él estaba vestido con el uniforme de estudiante secundario, ya que estudiaba en la Escuela Industrial de Valparaíso y solo tenía 17 años cuando lo detuvieron. Para mí fue muy impactante ver la cara de asombro de los alumnos y alumnas vestidos con sus uniformes escolares ante dicha respuesta, porque, de alguna manera, probablemente se sintieron identificados con el testimonio que se les entregó.

La participación y los comentarios favorables emitidos por alumnos, alumnas y profesoras, dan cuenta de la importancia que tienen estos Sitios de Memoria y los espacios que permiten instalar estas exposiciones, que sirven para hacer visibles las violaciones a los derechos humanos efectuadas por agentes del Estado en contra de chilenos y chilenas durante la dictadura civil militar, que contribuyen de manera importante en mantener viva y trasmitir de manera pedagógica la memoria histórica.

Durante la inauguración de la exposición, el pasado viernes 8 de mayo, a la que asistieron más de un centenar de personas, Carlos Rivera Segovia, ex preso político e integrante del Colectivo Lebu Colliguay hizo una reflexión respecto a la exposición donde manifiesta lo siguiente:

“Nos encontramos en la galería de reos; dando cuenta de una muestra que quiere recopilar el trabajo de investigación sobre el Campo de Prisioneros políticos secreto habilitado inmediatamente después del golpe civil-militar por la Marina en la apartada localidad de Colliguay, al interior de un fundo cedido por la familia Matte para tal efecto.

Se lo construyó con trabajo forzado de prisioneros que fueron trasladados desde el Barco Lebu.

Se le designó con tres nombres: Isla Riesco, Melinka y Operativo X, todos permitían despistar geográficamente la ubicación del lugar, al corresponder los primeros a islas del extremo sur y el Operativo X a un sin lugar.

Se lo desmanteló de forma íntegra por los mismos prisioneros; sus elementos se ocuparon en transformar el Balneario Popular de Puchuncaví en otro Campo de Prisioneros, siempre por medio de trabajo forzado, en este caso de los prisioneros que fueron trasladados desde Colliguay a ese nuevo campo donde también serían ubicados prisioneros traídos desde Isla Dawson.

Tenemos etapas que configuran este dar cuenta:

Como antecedente originario está la visita e ingreso con sobrevivientes al interior del fundo con el ministro Jaime Arancibia.

La Enredadera de la Memoria fue un signo que de algún modo pedía profundizar la memoria del sitio con una representación más específica.

El libro “Memorias ocultas de Colliguay” da cuenta de una investigación que busca recoger las memorias de los prisioneros que ahí estuvieron.

La maqueta del maestro retablista Mario Puelche hace aparecer de un modo emotivo y de manera sensible lo que fue el campo de prisioneros y como se lo recuerda.

Se instala una primera placa conmemorativa que es vandalizada en muy corto tiempo. Se decide configurar un espacio definido de memoria, para eso se trabaja con el escultor Leandro Silva, quien desarrolla una obra en diálogo con la Enredadera y al sacarla del Bosque y ubicarlas de forma pública se conforma un Espacio de Memoria que tiene presencia y uso significativo.

Son estos los signos de que el Campo de Prisioneros sí estuvo ahí; y los actos convocados en el lugar permiten una reconstrucción de lo que la memoria puede después de años cobrar como suyo.

Los textos de los sobrevivientes son relatos difíciles, dejan en suspenso la condición humana, brutal y sin sentido encarnada en quien asume liquidar al perrito Riesco.

Por otra parte, la emotividad del texto de la hija de Ricardo Aravena nos debe hacer reflexionar, ella dice: «Ser hija de dos sobrevivientes de la prisión política y la tortura marca la piel, marca la forma de caminar y de mirar el mundo. Hoy, cuando vuelvo a estos cerros y dejo que las ventanas me hablen, siento la responsabilidad profunda de no olvidar.”

La reconstrucción mediante maquetas, textos, imágenes y planos nos trae a luz al objeto que está guardado en nosotros y asumimos también la responsabilidad profunda de no olvidar.

El “Colectivo Puntos Suspensivos”, Rafael, Michelle y Rafa participan con nosotros por opción; desde la aplicación de herramientas digitales de la arquitectura forense han recogido las experiencias comparadas relatadas por los sobrevivientes traduciendo así sus relatos en forma y en el emplazamiento de los objetos con sus medidas espaciales que dan cuenta de la dimensión del Campo de prisioneros en su terreno.

Entonces nos acercamos a una realidad más compleja, ya constituida por el objeto sensible y por el objeto tridimensional aparentemente desnudo de emoción.

Este trabajo se ha presentado en la Bienal pasada de arquitectura, en ponencias en Colombia y en una reciente convocatoria temática en la universidad de El Cairo.

Una característica propia de la dictadura fue el intentar borrar documentos, archivos, registros y textos, así desaparecieron edificios, cuerpos y vidas de compatriotas, pensando seguramente que borraban toda memoria.

Podemos decir con el trabajo expuesto respecto de Colliguay y en su momento del Barco Lebu, que no lo lograron.

Juan Tamayo, participante también del equipo desarrolla otro aspecto de estudio que enlaza la condición aislada, oculta e inaccesible del Campo de Colliguay a una cierta tradición que se repite por esa elección geográfica en la historia de la prisión política de Chile.

Esta dinámica de trabajo nos plantea nuevas tareas que requerirán otras colaboraciones: cómo el cuerpo responde a estas memorias cuando las trae a luz y cómo debe luchar consigo mismo.

Otra tarea es como poder dar cuenta de quienes vivieron, nos acompañan o ya no están para relevarlos desde la experiencia en común vivida y en certeza; no en aproximaciones.”

Guillermo Correa Camiroaga

Valparaíso 13 mayo 2026

TORTURA EN CHILE

DECLARACIÓN DE CASA MEMORIA JOSÉ DOMINGO CAÑAS FRENTE A LA BRUTAL REPRESIÓN EJERCIDA HOY CONTRA ESTUDIANTES MOVILIZADOS
Santiago, 14 de mayo 2026.
Desde Casa Memoria José Domingo Cañas y su Comisión de Observadores/as de Derechos Humanos denunciamos los graves hechos de violencia policial presenciados hoy durante la marcha convocada por estudiantes secundarios y la CONFECH.
Hoy fuimos testigos de una represión desproporcionada e indiscriminada contra una manifestación mayoritariamente pacífica. Observamos provocaciones y hostigamiento por parte de vehículos policiales, incluyendo un carro que avanzó a alta velocidad empujando a manifestantes mientras hacía sonar su bocina, poniendo en riesgo de atropello a estudiantes y asistentes.
Asimismo, constatamos detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes. Entre ellas, la de un estudiante con sangre en su rostro y otro joven que quedó inconsciente producto de golpes propinados por agentes COP, quien posteriormente fue arrastrado por el suelo y lanzado violentamente al interior de un vehículo policial. Exigimos conocer de manera urgente su estado de salud, su situación actual y las condiciones en las que se encuentra.
Denunciamos también el uso indiscriminado de gas pimienta aplicado directamente al rostro y ojos de manifestantes, así como maniobras extremadamente peligrosas de reducción, donde agentes policiales inmovilizaban a jóvenes detenidos utilizando rodillas y el peso de sus cuerpos sobre ellos. Estas prácticas han provocado muertes en distintos países y no pueden ser relativizadas ni normalizadas bajo ninguna circunstancia.
Exigimos información inmediata sobre todas y todos los estudiantes detenidos, garantías efectivas para su integridad física y psicológica, y el respeto irrestricto al derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hacemos también un llamado a las instituciones nacionales autónomas de derechos humanos, particularmente a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a ejercer activamente sus funciones de promoción, monitoreo y resguardo de los derechos fundamentales, especialmente frente a vulneraciones que afectan a niños, niñas, adolescentes y estudiantes. El derecho a la manifestación constituye una garantía esencial para la defensa y conquista de otros derechos, y su protección resulta indispensable en toda democracia.
Desde Casa Memoria José Domingo Cañas reafirmamos que la memoria no puede separarse de la defensa activa de los derechos humanos en el presente: allí donde se vulnera la dignidad de jóvenes y estudiantes, nuestra responsabilidad es denunciar, acompañar y exigir garantías de no repetición.
Atentar gravemente contra el derecho a la manifestación, como lo ocurrido hoy, no solo vulnera derechos individuales, sino que también afecta uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. La libre expresión, la protesta social y la participación de las y los estudiantes en el espacio público son condiciones esenciales para una convivencia democrática basada en el respeto, la justicia y los derechos humanos. Ver menos

Justicianadamas,peronadamenos

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