OPINIÓNArchivo (AgenciaUno)
Para los dictámenes que afecten diseño de política pública debería establecerse alguna forma de consulta pública obligatoria: las decisiones con efectos equivalentes a normas no pueden ser patrimonio exclusivo de un organismo que nadie eligió.
Kast llegó a La Moneda prometiendo la motosierra. Recortes, menos Estado, menos burocracia, menos gasto. Lo que nadie anticipaba del todo es que una parte importante de ese trabajo ya lo estaba haciendo alguien más, desde antes, sin campaña electoral, sin debate parlamentario y con el sello de legalidad que da un dictamen de Contraloría. Esa alguien es Dorothy Pérez. Y la paradoja es que la nombró Boric.
Pérez fue nominada por el gobierno anterior, ratificada con 46 votos en el Senado, celebrada como símbolo de meritocracia y modernización institucional. Menos de dos años después, la CUT la acusa de precarizar el empleo público, el gobierno anterior discutía en privado sus dictámenes sobre el Fondo de Educación Superior y una publicación la describía tomando decisiones coherentes con el pensamiento de José Antonio Kast. Hoy, con Kast en La Moneda, la pregunta ya no es incómoda para la izquierda solamente. Es incómoda para cualquiera que se pregunte quién controla realmente al controlador.
La respuesta más honesta no es que Pérez haya traicionado al gobierno que la designó. Es que la Contraloría tiene una lógica propia que tiende estructuralmente hacia la restricción del Estado, con independencia de quién la conduzca. No es una persona. Es una institución con cultura, con jurisprudencia acumulada, con un modo de ver el mundo formado en décadas de control cautelar. Pérez no la torció. La siguió. Y en el Chile de junio de 2026, con un gobierno que ya tiene su propia motosierra ideológica, esa lógica institucional y esa agenda política se están reforzando mutuamente sin que nadie lo haya votado explícitamente.
El primer dictamen de peso lo ilustra con claridad. A días de asumir, Pérez modificó el criterio sobre la confianza legítima de los funcionarios a contrata. Donde antes la Contraloría intervenía para proteger la estabilidad de quienes llevaban más de dos años renovados, ahora se abstuvo y los derivó a litigar caso a caso ante los tribunales. El efecto inmediato fue dejar a 270.000 trabajadores del Estado expuestos a la discrecionalidad de cada jefatura. El acto tenía forma técnica. La consecuencia era política. Y hoy, con un gobierno que recortó 413 mil millones en Salud, 200 mil millones en Vivienda y 198 mil millones en Educación, esa desprotección del empleo público ya no es solo una jurisprudencia abstracta. Es el piso legal sobre el que se ejecutan los recortes.
El segundo hito es más sofisticado. En octubre de 2025 la Contraloría dictaminó que los recursos del Fondo de Educación Superior debían registrarse como gasto fiscal y no como activo financiero, golpeando las metas de balance estructural del gobierno de Boric. Una controversia contable bloqueó funcionalmente la política social más ambiciosa de ese gobierno. No se discutió si el Estado debía o no expandir el acceso a la educación superior. Esa pregunta quedó sepultada bajo una discusión sobre clasificación presupuestaria. Con Kast en el poder ese episodio ya es historia, pero el mecanismo sigue activo y disponible para bloquear cualquier política que un futuro gobierno quisiera impulsar.
Ese es el mecanismo central. No se argumenta abiertamente que el Estado debe encogerse. Se construye un marco donde cualquier expansión estatal aparece como sospechosa, ineficiente o ilegal. El debate sobre derechos sociales queda subordinado a una discusión técnica. Y la discusión técnica la gana siempre quien controla el lenguaje técnico.
A fines de enero de 2026, pocas semanas antes de que Kast asumiera, Pérez extendió la toma de razón previa a nuevos organismos: el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Aguas, el Consejo de Monumentos Nacionales, las seremis de Salud, Educación y Vivienda. Sin reforma constitucional. Sin debate parlamentario. Por resolución. El timing no pasó inadvertido. Un gobierno entrante con agenda desreguladora recibía, como herencia institucional, una Contraloría con competencias ampliadas sobre los organismos que más inciden en la regulación ambiental, territorial y social. Nadie votó por ese paquete. Llegó igual.
El resultado es un patrón que hoy, en pleno ejercicio del gobierno de Kast, ya no puede leerse como coincidencia: desprotección del empleo público, restricción del espacio fiscal para la política social, narrativa pro-desregulación construida ante audiencias empresariales y extensión silenciosa del control preventivo sobre el Estado regulatorio. La motosierra que Kast prometió en campaña tiene ahora una segunda hoja, más discreta, con membrete institucional y respaldo jurídico.
El problema de fondo no es Dorothy Pérez. Es el diseño de la institución. Un organismo que concentra en un mismo ente el control de legalidad, la potestad dictaminante vinculante y la fiscalización de recursos públicos, sin mecanismos efectivos de contrapeso y sin definición legislativa precisa de sus límites, es estructuralmente proclive al activismo. Que ese activismo tienda hacia la restricción del Estado no es inevitable: es el resultado de una cultura organizacional que se puede cambiar. Pero requiere un diagnóstico que hoy brilla por su ausencia en el debate público, sepultado bajo la urgencia de los recortes presupuestarios y las cifras de desempleo.
Tres cosas concretas podrían hacerse, no para debilitar el control sino para democratizarlo. El Congreso debería aprobar una ley que defina con precisión los límites de la potestad dictaminante, incluyendo una prohibición expresa de pronunciamiento sobre proyectos en tramitación parlamentaria. Se necesita un mecanismo expedito de revisión judicial de los dictámenes de alto impacto, porque una jurisprudencia administrativa vinculante para toda la administración sin contrapeso jurisdiccional efectivo no es Estado de derecho, es hegemonía técnica.
Y para los dictámenes que afecten diseño de política pública debería establecerse alguna forma de consulta pública obligatoria: las decisiones con efectos equivalentes a normas no pueden ser patrimonio exclusivo de un organismo que nadie eligió.
Kast tiene su motosierra. La Contraloría tiene la suya. La diferencia es que una llegó con votos. La otra nunca los necesitó.
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