Vistas de página en total

domingo, 8 de noviembre de 2026

«Solo el pueblo apoya al pueblo»: CODEPU y sus 46 años de historia, un llamado a la unidad frente a la impunidad y el negacionismo


EL CIUDADANO

 La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) conmemora 46 años de trayectoria con un llamado a la unidad frente a la impunidad de los crímenes de la dictadura y el estallido social. Denunció las rebajas de penas por oficio desde el Ministerio de Justicia, el negacionismo y la grave crisis del sistema judicial chileno. 

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) conmemora este 8 de noviembre sus 46 años de vida pública, recordando su fundación en 1980, cuando sus primeras oficinas se ubicaron en la calle Grajales 1990.

En su declaración, la organización destacó que «en todo momento ha intentado acompañar al pueblo», inspirándose en los ejemplos de sus fundadores, entre ellos Fabiola Letelier, Blanca Rengifo, María Maluenda, Manuel Almeyda, Rafael Maroto y Juan Pablo Cárdenas, así como en el legado de Patricio Sobarzo, Fernando Vergara y tantos otros y otras que ocuparon un lugar en la lucha antidictatorial por la justicia, la verdad y contra la impunidad.

Los desafíos del presente

A 46 años de su nacimiento, CODEPU advirtió que la lucha por la verdad, la justicia social y la resistencia a la impunidad «continúan siendo desafíos para Chile».

En su análisis de la coyuntura, la organización identificó una «creciente impunidad para los perpetradores de gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el llamado estallido social iniciado en octubre de 2019», y denunció «la impunidad que, vía rebaja de penas, se dicta por 

Negacionismo y crisis judicial

La declaración también alertó sobre «la lucha contra el negacionismo en curso que, no solo intenta poner en duda y liberar a los responsables de crímenes en dictadura, sino que también criminaliza la revuelta social, ocultando las profundas injusticias que la impulsaron».

Asimismo, se refirió a «la lucha contra los retrocesos en derechos humanos que se observan en el punitivismo legal en curso y la grave crisis del sistema judicial y, en particular, del poder judicial, que nos indica que se requieren profundas y urgentes transformaciones».

Las injusticias que golpean a los hogares

CODEPU sostuvo que «las luchas y las resistencias se multiplican», y que la población percibe que las injusticias se acrecientan cuando las decisiones económicas golpean a los que trabajan cada día, cuando la cesantía supera los dos dígitos, cuando se rebajan condenas por delitos sexuales «sin considerar el enorme daño a las niñas y niños», y cuando la inflación transforma en irrisorios los ingresos.

Frente a este escenario, la organización hizo suyo el lema «Solo el pueblo apoya al pueblo», y asumió «la imperiosa necesidad de la unidad para luchar por más derechos que junto al protagonismo popular harán realidad la justicia social en nuestro país y en el mundo que habitamos».

El reconocimiento desde  El Ciudadano

El Ciudadano se suma al reconocimiento y valoración de la trayectoria de CODEPU, destacando su incansable labor por la memoria, la verdad y la justicia.

A lo largo de 46 años, la organización ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos en Chile, acompañando a las víctimas de la dictadura y del estallido social, y alzando la voz frente a la impunidad y el negacionismo. Su compromiso con la dignidad y la justicia social es un ejemplo de perseverancia y coherencia que merece ser destacado y celebrado.

Va a tener que cambiar la fracesita: "Todo va a estar bien" de Kast provoca decepción y rabia entre todos los ciudadanos, según encuesta

 08 November 2026

La frase "Todo va a estar bien", utilizada por el Presidente Kast, genera decepción en un 46% de los encuestados, según los resultados de Agenda Criteria publicados este domingo 8 de noviembre.

Ante la consulta por las emociones que provoca el mensaje presidencial, un 30% mencionó rabia, un 21% esperanza y un 15% confianza. La pregunta permitía seleccionar más de una alternativa, por lo que los porcentajes no suman 100%.

La expresión ha acompañado a Kast desde sus campañas presidenciales y al cierre del proceso electoral que lo llevó a La Moneda.

Entre quienes declararon haber votado por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025, la esperanza fue la emoción más mencionada, con un 41%, seguida por la decepción, con un 32%, y la confianza, con un 31%.

El estudio también consultó por la capacidad del Ejecutivo para lograr que al país le vaya bien: un 68% lo consideró poco o nada capaz, frente a un 23% que lo evaluó como bastante o muy capaz. Otro 9% señaló no tenerlo claro.

Solo un 16% identifica un plan claro de seguridad
En materia de gestión, un 47% de los encuestados consideró que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando, cinco puntos más que en agosto, la última medición disponible sobre esta materia.

En contraste, un 16% afirmó que existe un plan claro, mientras un 28% sostuvo que el Ejecutivo tiene algunas ideas, pero no un plan definido. Un 9% respondió que no sabe.

La percepción de improvisación también alcanzó un 48% en generación de empleo y un 44% en crecimiento económico. En esas áreas, quienes identificaron un plan claro representaron un 17% y un 20%, respectivamente.

Respecto de octubre, la percepción de improvisación aumentó tres puntos en empleo y disminuyó uno en crecimiento económico.

Al evaluar el camino que sigue el Gobierno para enfrentar lo que ha descrito como una situación de emergencia, un 55% lo calificó como incorrecto y un 26% como correcto. En marzo, esas cifras eran de 43% y 39%, respectivamente.

Aprobación presidencial llega a 24%
La aprobación de Kast se situó en 24%, un punto menos que la semana anterior, mientras la desaprobación subió dos puntos y llegó a 67%. Un 9% declaró no saber.

En la medición de Criteria difundida el 1 de noviembre, el respaldo al Mandatario se ubicaba en 25% y el rechazo, en 65%.

La encuesta también registró una disminución de los atributos presidenciales respecto de mayo. Quienes consideran que Kast tiene las capacidades necesarias para el cargo pasaron de 50% a 36%, mientras la proporción que lo identifica como "el líder que Chile necesita" bajó de 42% a 26%.

Los atributos con mayor reconocimiento fueron "es trabajador", con un 48%, y "es directo, va de frente", con un 39%, aunque ambos retrocedieron respecto de mayo, en ocho y 14 puntos, respectivamente.

Un Presidente en caída libre. Encuesta ratifica los malos numeros de Kast: Según Criteria tiene el registro más bajo desde que asumió. Y trae un dato muy complejo: 74% cree que no es el líder que Chile necesita

 08 November 2026

La evaluación del Presidente Kast registró su resultado más desfavorable desde el inicio de su mandato, según la última encuesta Criteria de noviembre. El sondeo muestra que un 67% desaprueba o rechaza la conducción de su Gobierno, mientras que solo un 24% respalda su gestión.

La semana pasada, dos encuestadoras, Pulso Ciudadano y Black&White, le dieron 22% y 20% de aprobación respectivamente, una cifra record para un mandatario a menos de ocho meses de asumir.

La medición, cuyos datos fueron recopilados entre el 5 y el 6 de noviembre, también evidencia un retroceso en la percepción de sus atributos personales y de liderazgo. Entre las características evaluadas, la cercanía con la ciudadanía y su capacidad para enfrentar las dificultades figuran entre las peor valoradas.

El estudio consideró 802 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD y residentes en distintas zonas del país. La encuesta se realizó mediante un panel online certificado.

Los resultados de noviembre muestran una diferencia de 43 puntos porcentuales entre la desaprobación y la aprobación presidencial.

En concreto, un 67% de los encuestados manifestó su rechazo a la manera en que Kast está conduciendo el Gobierno. En contraste, un 24% evaluó positivamente su gestión, mientras que el 9% restante declaró no tener una posición definida.

La cifra representa el resultado más bajo de aprobación y el más alto de desaprobación dentro de la serie histórica presentada por Criteria para 2026.

Los atributos mejor y peor evaluados del Presidente

La encuesta también examinó diez características personales y políticas del presidente, preguntando a los participantes si consideraban que el mandatario reunía determinadas cualidades.

En este apartado, ser trabajador aparece como el atributo mejor evaluado, aunque alcanza exactamente la mitad de las respuestas afirmativas.

Un 48% considera que Kast es trabajador, frente al 52% que no comparte esa percepción. Le sigue su estilo de comunicación directo, con un 39% de reconocimiento y un 61% de respuestas negativas.

Más atrás aparecen sus capacidades para ejercer el cargo. Un 36% considera que tiene las competencias necesarias para ser presidente, mientras que un 64% opina lo contrario.

En cuanto a la honestidad, aparece con un 36% de personas que consideran que el presidente es honesto, enfrentándose con un 64% que cree lo opuesto. Por otro lado, la capacidad de mando es respaldada por un 33%, mientras un 67% considera que no las tiene.

Por otra parte, un 27% estima que el mandatario representa adecuadamente los intereses de la gente.

Cercanía con la ciudadanía y manejo de dificultades

Las evaluaciones más desfavorables se concentran en características relacionadas con el vínculo de Kast con las personas y su desempeño frente a situaciones complejas.

Uno de los resultados más bajos corresponde a la cercanía con la ciudadanía: solo un 26% considera que Kast es cercano a la gente, mientras que un 74% no comparte esa percepción.

El mismo porcentaje aparece al consultar si ha enfrentado adecuadamente las dificultades que se le han presentado durante su mandato. Un 26% responde afirmativamente y un 74% considera que no ha manejado bien esos contratiempos.

La percepción sobre su liderazgo tampoco alcanza la mayoría. Solo un 26% cree que Kast es el líder que Chile necesita, frente a un 74% que descarta esa característica.

En tanto, un 29% considera que el presidente es sensible frente a los problemas de las personas, mientras que un 71% no lo identifica con esa cualidad.

Horacio Cartes, el poder detrás de Peña: sanciones por corrupción y negocios que llegan hasta Chile

 

CHILE AL DÍA PORTADA


Tiempo de lectura aprox: 8 minutos, 3 segundos

La caída del presidente paraguayo Santiago Peña, precipitada por el colapso de Ueno Bank, ha puesto al descubierto una trama de relaciones políticas, empresariales y financieras que trasciende las fronteras de Paraguay. En el centro de esa historia aparece Horacio Cartes, expresidente, empresario y dirigente del Partido Colorado, cuya influencia ha sobrevivido a las sanciones estadounidenses por corrupción y a las disputas internas de la organización que domina la política paraguaya.

La historia tiene también un capítulo chileno. Durante años, empresas vinculadas al grupo Luksic fueron socias de Cartes en negocios de bebidas y combustibles. Y, más recientemente, el presidente José Antonio Kast presentó el modelo económico paraguayo como un ejemplo para Chile, apenas cuatro meses antes de que una crisis bancaria provocara la destitución de Peña.

No se trata de una sola operación ni de una red de responsabilidades demostradas. Son relaciones de distinta naturaleza, documentadas a lo largo de más de una década, que permiten examinar cómo se cruzan el poder económico, la influencia política y los intereses internacionales.

El empresario que llegó al poder

Horacio Cartes gobernó Paraguay entre 2013 y 2018. Antes de llegar a la Presidencia había construido un conglomerado con intereses en banca, tabaco, bebidas, ganadería y otras actividades. Entre sus empresas más conocidas figuraban Banco Amambay, posteriormente Banco BASA, y Tabacalera del Este, conocida como Tabesa.

A diferencia de otros dirigentes que desarrollaron vínculos empresariales durante su carrera política, Cartes ingresó a la actividad partidaria desde una posición de considerable poder económico. Se incorporó al Partido Colorado en 2009 y cuatro años después alcanzó la Presidencia.

Su trayectoria fue objeto de una investigación de las autoridades estadounidenses que culminó en dos decisiones sucesivas.

En julio de 2022, el Departamento de Estado lo declaró involucrado en corrupción significativa y le prohibió ingresar a Estados Unidos. La declaración sostuvo que había obstaculizado una investigación internacional sobre delincuencia transnacional para protegerse a sí mismo y a un asociado.

En enero de 2023, el Departamento del Tesoro fue todavía más explícito. Bajo el régimen Global Magnitsky, sancionó a Cartes y a cuatro empresas relacionadas con él, acusándolo de utilizar recursos económicos para comprar apoyos políticos e influir en decisiones legislativas.

Según el comunicado oficial, Cartes habría pagado hasta 10.000 dólares a integrantes del Partido Colorado para apoyar su candidatura presidencial. Durante su gobierno, habría entregado pagos mensuales de entre 5.000 y 50.000 dólares a legisladores para asegurar su respaldo. Washington también sostuvo que en 2017 ofreció un millón de dólares para obtener votos favorables a una reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección.

Las autoridades estadounidenses describieron así un presunto mecanismo de intercambio de dinero por lealtades políticas que habría continuado después de su salida de la Presidencia.

Son acusaciones oficiales de considerable gravedad, aunque no equivalen a una condena penal dictada por un tribunal paraguayo. Cartes ha rechazado los señalamientos.

Un banco y un conglomerado empresarial

La importancia de Cartes en Paraguay no se explica solamente por su conducción partidaria. Durante décadas, su conglomerado reunió actividades financieras, industriales y comerciales que le proporcionaron una amplia presencia en la economía nacional.

Banco Amambay fue uno de los componentes de esa estructura. Su transformación posterior en Banco BASA no borró el interés periodístico por el origen y desarrollo de las operaciones financieras del grupo.

Investigaciones internacionales, entre ellas las del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), también identificaron estructuras offshore relacionadas con el entorno empresarial de Cartes. La existencia de sociedades en jurisdicciones extranjeras no constituye por sí misma un delito, pero permite examinar la organización internacional de sus negocios.

En el sector tabacalero, Tabesa adquirió especial notoriedad. En agosto de 2024, Estados Unidos amplió las medidas contra esa compañía, sosteniendo que había efectuado o previsto pagos millonarios a Cartes pese a las restricciones financieras que pesaban sobre él.

Estos antecedentes ayudan a comprender la dimensión del poder económico que Cartes acumuló antes de gobernar y conservó después de dejar el cargo.

La relación con el grupo Luksic

La conexión chilena está documentada en los registros de las propias empresas.

El 23 de diciembre de 2013, cuando Cartes ya ejercía la Presidencia paraguaya, CCU suscribió un acuerdo de asociación estratégica y compraventa de acciones con Horacio Cartes y su hermana María Sarah Cartes para ingresar al negocio de bebidas en Paraguay.

La memoria anual de CCU correspondiente a ese año registra la adquisición de una participación cercana al 50% en Distribuidora del Paraguay. La operación formó parte de la expansión regional de la empresa chilena, vinculada a Quiñenco y al grupo Luksic.

La asociación se extendió posteriormente al negocio de combustibles. En 2019, Enex ingresó al mercado paraguayo mediante una operación con empresas relacionadas con Cartes, que para entonces ya había abandonado la Presidencia.

Durante varios años, por tanto, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Chile mantuvo asociaciones comerciales con un expresidente que conservaba una influencia considerable en el sistema político paraguayo.

Las sanciones estadounidenses alteraron esa relación.

En marzo de 2023, después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Cartes en su lista de sancionados, el grupo chileno reorganizó sus participaciones. Sudameris Bank adquirió las acciones que el expresidente mantenía en las sociedades de bebidas y combustibles, mientras CCU y Enex incrementaron su participación.

Sudameris explicó entonces que las operaciones con Cartes se habían realizado mediante un canje de activos, bajo asesoría jurídica y considerando las restricciones estadounidenses.

La separación se completó en febrero de 2024, cuando las empresas chilenas adquirieron las participaciones restantes de Sudameris y alcanzaron el 100% de la propiedad de sus respectivas filiales paraguayas.

Este dato es esencial: Cartes y el grupo Luksic fueron socios, pero las asociaciones accionarias identificadas en CCU y Enex terminaron en 2024. No corresponde presentarlos como socios actuales.

Tampoco existe, en los antecedentes examinados, prueba de que esas operaciones hayan constituido actos ilícitos. Su importancia periodística reside en que muestran una relación empresarial sostenida entre capitales chilenos y un dirigente que simultáneamente ejercía o conservaba un poder político considerable.

Pérez Mackenna estuvo en la reunión con Cartes

El 6 de agosto de 2022, un avión privado trasladó desde Santiago a Asunción a Andrónico Luksic y cuatro de sus principales ejecutivos. Su destino era la residencia de Horacio Cartes, quien acababa de ser declarado por Estados Unidos involucrado en corrupción significativa.

Entre los integrantes de la delegación se encontraba José Francisco Pérez Mackenna, entonces gerente general de Quiñenco y hoy ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de José Antonio Kast. Lo acompañaban Rodrigo Hinzpeter, Patricio Jottar y Nicolás Correa, altos ejecutivos vinculados a los negocios del conglomerado chileno.

La reunión duró aproximadamente tres horas. Según la investigación conjunta de CIPER y ABC Color, los empresarios buscaban explicaciones sobre las acusaciones estadounidenses y una revisión de los contratos y registros contables de sus sociedades paraguayas.

Cuatro años después, Pérez Mackenna ocupa la Cancillería de un Gobierno que ha destacado públicamente el modelo económico paraguayo. Su participación en aquella reunión documenta un vínculo empresarial anterior con Cartes, aunque no permite establecer por sí sola irregularidades en su actual desempeño público.

La rehabilitación de Cartes en Washington

La historia dio otro giro en octubre de 2025.

Durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos levantó las sanciones económicas contra Cartes y las empresas relacionadas con él.

La explicación oficial fue que mantenerlas ya no resultaba necesario para incentivar cambios de comportamiento ni respondía a los objetivos estadounidenses de política exterior y seguridad nacional.

Cartes celebró la decisión. Sin embargo, el levantamiento de las sanciones no fue presentado como una absolución judicial ni como una retractación detallada de las acusaciones formuladas en 2022 y 2023.

El cambio modificó sustancialmente su situación internacional y eliminó restricciones que habían obligado a sus antiguos socios empresariales a reorganizar sus operaciones.

Peña, el presidente que proyectó el modelo paraguayo

Santiago Peña había sido ministro de Hacienda durante la presidencia de Cartes. Su candidatura de 2023 recibió el respaldo del movimiento Honor Colorado, la corriente partidaria encabezada por el expresidente.

Economista de formación, Peña construyó una imagen internacional asociada a la estabilidad macroeconómica, los impuestos bajos, la apertura a la inversión extranjera y la disciplina fiscal.

En 2024, Paraguay obtuvo por primera vez una calificación de grado de inversión de Moody’s. Ese reconocimiento se convirtió en uno de los argumentos centrales del Gobierno para presentar al país como destino atractivo para los capitales internacionales.

Peña también cultivó relaciones con dirigentes conservadores. Participó en espacios como la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, y promovió afinidades con Donald Trump y Javier Milei.

Su discurso combinaba políticas favorables a las empresas con posiciones conservadoras sobre familia, aborto y valores culturales.

Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad persistían disputas dentro del Partido Colorado y cuestionamientos a las relaciones entre autoridades públicas, empresas privadas y organismos reguladores.

El colapso de Ueno Bank

La crisis estalló a comienzos de noviembre de 2026, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por graves problemas de solvencia.

La entidad, que había experimentado una rápida expansión, atendía a millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, incluidos fondos vinculados al sistema de seguridad social.

Las investigaciones apuntan a posibles irregularidades en préstamos a empresas relacionadas, conflictos de intereses y deficiencias en la supervisión financiera.

Peña había mantenido una participación accionaria en la sociedad controladora del grupo propietario del banco hasta marzo de 2025. El expresidente sostiene que se desvinculó legalmente de esos negocios y ha negado haber cometido irregularidades.

La crisis provocó protestas, restricciones de acceso a depósitos y una rápida pérdida de respaldo político.

El 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó su destitución. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia para completar el período constitucional.

Peña enfrenta investigaciones penales, pero las responsabilidades individuales todavía deben establecerse judicialmente. La destitución política no equivale a una condena penal.

Cartes y el nuevo gobierno de Alliana

La salida de Peña volvió a colocar a Cartes en el centro de la política paraguaya.

El expresidente conserva la presidencia del Partido Colorado y una extensa red de dirigentes y parlamentarios vinculados a Honor Colorado.

Sin embargo, la relación entre Cartes, Peña y Alliana no ha sido siempre armónica. Durante octubre se hicieron públicas disputas por las candidaturas presidenciales de 2028 y por el control del movimiento partidario.

La prensa paraguaya documentó incluso un debilitamiento del liderazgo de Cartes, después de que fracasara su intento de imponer determinadas candidaturas dentro del sector.

La caída de Peña alteró ese escenario.

Según la reconstrucción publicada por La Nación de Argentina el 8 de noviembre, Cartes y Alliana negociaron durante la crisis la nueva distribución del poder. El resultado fue la continuidad del Partido Colorado en el Ejecutivo, aunque bajo una conducción distinta.

Alliana tiene una trayectoria estrechamente vinculada al partido y al cartismo, pero sus desacuerdos recientes impiden describirlo simplemente como un subordinado sin autonomía.

Lo que sí queda establecido es que Cartes continúa siendo un actor central en la reorganización del poder paraguayo, pese a las sanciones que enfrentó y a las disputas internas de su movimiento.

Kast y el ejemplo paraguayo

La historia adquiere una dimensión particularmente relevante para Chile.

El 1 de julio de 2026, durante una visita oficial a Asunción, el presidente José Antonio Kast pronunció un discurso ante el Congreso paraguayo en el que presentó al país como ejemplo de estabilidad y crecimiento.

Destacó la reducción de impuestos, la atracción de inversiones y el ordenamiento de las cuentas públicas. Sostuvo que Paraguay ofrecía un modelo digno de estudio para Chile.

No se trató solamente de un elogio protocolar.

Durante esa visita, Kast y Peña suscribieron acuerdos para evitar la doble tributación, fortalecer la cooperación en seguridad y combatir la trata de personas. Las delegaciones abordaron también una agenda de integración económica y comercial.

Cuatro meses después, el modelo elogiado por Kast enfrentaba una crisis bancaria que terminó con la destitución de su principal representante político.

Consultado el 5 de noviembre, el mandatario chileno evitó emitir un juicio sobre la situación interna paraguaya y sostuvo que cada país debía resolver sus propios problemas institucionales.

El contraste resulta significativo. Paraguay había sido presentado como una demostración de las virtudes de los impuestos bajos y la apertura económica, pero el colapso de Ueno Bank puso bajo escrutinio otro aspecto del funcionamiento estatal: la capacidad de supervisar al sistema financiero y prevenir conflictos de intereses.

Eso no demuestra que las políticas tributarias hayan causado la crisis bancaria. Tampoco invalida automáticamente los indicadores de crecimiento o inversión del país. Sí muestra que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza transparencia institucional ni una supervisión financiera adecuada.

Las preguntas que llegan hasta Chile

El caso paraguayo abre interrogantes que van más allá de la trayectoria de Cartes.

Uno se refiere a la exposición de capitales chilenos a la economía paraguaya. La antigua asociación entre Cartes y el grupo Luksic está documentada, pero terminó en 2024. Queda por examinar la estructura actual de las inversiones chilenas y sus relaciones con los principales grupos empresariales locales.

Otro interrogante concierne a los fondos previsionales. Las solicitudes parlamentarias para conocer eventuales inversiones directas o indirectas de las AFP chilenas en Paraguay requieren respuestas oficiales. Hasta ahora, los antecedentes revisados no permiten afirmar que los ahorros de los trabajadores chilenos estén comprometidos en Ueno Bank.

Finalmente, está la relación entre los modelos económicos promovidos internacionalmente y las estructuras de poder que los sostienen.

Horacio Cartes llegó a la Presidencia desde un conglomerado empresarial y financiero. Washington lo sancionó por presuntas prácticas sistemáticas de corrupción. Años después levantó esas sanciones. Entretanto, Cartes conservó su influencia partidaria, respaldó el ascenso de Peña y volvió a ocupar un lugar decisivo en la reorganización política que siguió a su caída.

La historia de Paraguay no es solamente la de un banco que dejó de cumplir sus obligaciones ni la de un presidente destituido. Es también la de un sistema donde grandes intereses económicos, estructuras partidarias y decisiones estatales mantienen relaciones estrechas.

Para Chile, el interés de esa historia no reside en buscar culpabilidades por asociación. Reside en comprender qué ocurre cuando un modelo económico se transforma en referencia política internacional sin que sus instituciones, sus relaciones empresariales y sus mecanismos de control reciban el mismo escrutinio que sus cifras de crecimiento.

 

Simón del Valle

sábado, 7 de noviembre de 2026

El caballo de Troya contra el INDH

 

El caballo de Troya contra el INDHOPINIÓN


Marcela Hernando
Por : Marcela HernandoMédica cirujana, diputada de la República (PRSD).
VER MÁS

Las instituciones democráticas se perfeccionan, se fiscalizan bajo estándares de impacto real y se robustecen; no se desmantelan por conveniencia ideológica o contabilidad fiscal.


La discusión sobre las instituciones públicas suele quedar atrapada en el fango de la jerga administrativa o el debate presupuestario. Sin embargo, el proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nos obliga a levantar la mirada. Lo que se tramita bajo el rótulo de “eficiencia” y “ahorro fiscal” no es una modernización, sino un desmantelamiento encubierto de la principal garantía de protección ciudadana frente a los abusos del Estado. Apoyar esta reforma hoy es, llanamente, validar una regresión autoritaria que pagarán los sectores más vulnerables.

Existe una falsa percepción, alimentada por el reduccionismo del debate político, de que el INDH es un órgano monocromático dedicado exclusivamente a querellarse contra las policías. Nada más alejado de la realidad territorial profunda de Chile. El trabajo del Instituto es, en su esencia, una red de contención para los más indefensos en ámbitos que marcan la dignidad humana diaria. Es el INDH el que ha liderado la defensa penal y civil en complejos casos de trata de personas, interponiendo querellas críticas por explotación sexual infantil.


Es también el Instituto el que ha golpeado la mesa frente a la vulneración del derecho al acceso al agua potable y al saneamiento ambiental, defendiendo activamente a comunidades rurales históricamente postergadas, como ha ocurrido en San Pedro de Atacama. Reducir el INDH a una disputa de trinchera política es invisibilizar a los niños explotados y a las familias del Chile profundo que no tienen agua en sus llaves.

Por eso, el primer gran engaño del proyecto radica en su justificación económica. El Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos celebra un menor gasto permanente de $3.720 millones. ¿Cómo se logra este supuesto beneficio? Cortando las dos arterias vitales de la institución: el desmantelamiento definitivo de las sedes regionales y el fin de los equipos de litigio penal.

Dejar a las regiones sin presencia permanente y prohibirle al Instituto presentar querellas por tortura o crímenes de lesa humanidad no es optimizar recursos, es amordazar al defensor para que el investigado –el aparato estatal– duerma tranquilo. Privar a las víctimas de ese brazo legal técnico y especializado es dejarlas en la más absoluta indefensión.

Pero la propuesta no solo asfixia en lo financiero y en lo territorial; también interviene la gobernanza para asegurar el control político. El proyecto del Ejecutivo reduce el Consejo de 11 a solo 5 miembros y estipula que 4 de ellos serán definidos y ratificados por el Senado y la Cámara de Diputados. Con este diseño, se pulveriza el pluralismo de la sociedad civil exigido por los Principios de París de las Naciones Unidas.

Al someter el quórum a mayorías políticas parlamentarias, un bloque de apenas dos consejeros tendrá un poder de veto total sobre los informes anuales o los estatutos. El INDH pasaría de ser un faro técnico autónomo a convertirse en un botín político de la coalición de turno.

El punto de mayor gravedad democrática se encuentra escondido en el artículo segundo transitorio. En un acto que choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la reforma pretende cesar de pleno derecho e inmediatamente a todos los consejeros vigentes para instalar una junta provisoria elegida a dedo por la actual administración.

La Corte IDH ha sido tajante en su jurisprudencia: los ceses por vía legislativa, sin juicio previo ni causales preestablecidas, son una desviación de poder que anula la independencia institucional. Truncar mandatos estables mediante leyes coyunturales equivale a una destitución política discrecional. Un golpe de Estado institucional en toda regla.

Aprobar este texto no será gratis para el país. El INDH ostenta hoy la máxima distinción internacional (Acreditación “Clase A”). Amnistía Internacional ya ha advertido que la intervención que plantea este proyecto activará de inmediato una Revisión Especial de Acreditación por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Chile arriesga caer en la lista negra internacional y emular las sanciones impuestas a las defensorías de Ecuador o Mauricio, degradadas en su momento por intromisiones gubernamentales similares.

Las instituciones democráticas se perfeccionan, se fiscalizan bajo estándares de impacto real y se robustecen; no se desmantelan por conveniencia ideológica o contabilidad fiscal. Ningún demócrata, con los datos técnicos sobre la mesa, puede apoyar una reforma que convierte al fiscalizador en un subordinado del fiscalizado.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Demandan al Estado por $200 millones tras rebaja de condena de Rabat a torturador

 

Demandan al Estado por $200 millones tras rebaja de condena de Rabat a torturadorPAÍSCrédito: Agencia UNO


Una demanda en el Tercer Juzgado Civil de Santiago sostiene que su liberación anticipada provocó un daño moral nuevo, distinto al sufrimiento causado por las torturas de 1973. Piden $100 millones por cada una de las dos víctimas.


Una demanda ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago contra el Estado pide una indemnización total de $200 millones de pesos para dos víctimas de un torturador que fue liberado anticipadamente, beneficiado por la rebajas de condenas implementada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó radio Biobio.

Se trata de Patricio Rivera y Ramón Pavez, víctimas de Manuel Cabezas Pérez, ex suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, que  los torturó en 1973 en la Base Aérea El Bosque, tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. Rabat le concedió una rebaja de ocho meses por buen comportamiento.


El condenado además apareció públicamente celebrando el beneficio, agradeciendo que su salida se concretara durante el Gobierno de José Antonio Kast y negando haber sido un torturador, pese a que la justicia había acreditado su responsabilidad penal.

La demanda apunta al daño que según sostienen provocó el propio Estado al reducir la pena de su victimario en democracia, sin considerar suficientemente sus derechos ni informarles de la decisión.

Las víctimas

Patricio Rivera trabajaba en la empresa Madeco y participaba en el Cordón San Miguel. La noche del 19 de septiembre fue detenido en su casa por personal de Carabineros.

Primero sufrió un simulacro de fusilamiento. Después fue trasladado a la Base Aérea El Bosque, donde funcionaba un recinto de detención e interrogatorios de la Fuerza Aérea.

Allí fue sometido a descargas eléctricas en los genitales y la lengua, además de nuevos simulacros de fusilamiento. Sus captores también marcaron en su espalda el símbolo de la Unidad Popular con un yatagán, según los hechos que posteriormente fueron establecidos por la justicia.

Después de diez días fue llevado al Estadio Nacional, donde volvió a sufrir torturas. Finalmente, fue condenado por un Consejo de Guerra y expulsado de Chile.

Un mes después, el 18 de octubre de 1973, Ramón Pavez también fue detenido.

Lo arrestaron en el Paseo Ahumada, en el centro de Santiago. Tras pasar por dependencias del Ministerio de Defensa, donde fue golpeado e interrogado, terminó en la misma Base Aérea El Bosque. Allí fue desnudado y sometido a descargas eléctricas durante los interrogatorios. Las torturas lo dejaron inconsciente.

Su recorrido continuó por otros recintos de detención, entre ellos el Estadio Nacional y la Penitenciaría. Recuperó su libertad en septiembre de 1974 y posteriormente se fue a Francia, donde reside desde entonces.

Ambos sobrevivieron a las torturas y la justicia dio por acreditada la participación de Cabezas.

Condena previa

Manuel del Carmen Cabezas Pérez había integrado el Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque. Según los antecedentes judiciales, una de sus funciones era trasladar a los detenidos hasta las dependencias donde eran interrogados.

En diciembre de 2017, el ministro en visita Mario Carroza lo condenó junto a otros agentes por los tormentos cometidos contra Rivera y Pavez.

La causa continuó en los tribunales. En 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago calificó los hechos como torturas con resultado de lesiones graves, constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y elevó la condena de Cabezas Pérez a cinco años y un día de presidio.

Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, la Corte Suprema dejó firme la sentencia.

En ese mismo proceso, el Fisco fue condenado a pagar una indemnización de $40 millones a cada una de las víctimas por el daño moral provocado por las torturas.

Seguidores