miércoles, 24 de junio de 2026

NVERSIONES Y COMERCIO CAPELLÁN ES UN PROVEEDOR REGULAR DE LA POLICÍA UNIFORMADA

Subsecretaría de Prevención del Delito contrató a abogada que vende repuestos a Carabineros a través de sociedad involucrada en el Milicogate

23.06.2026

La abogada Katherine Fuentes es socia de Inversiones y Comercio Capellán S.A., empresa que vende desde hace más de 15 años repuestos vehiculares a Carabineros. Dicha firma estuvo involucrada en el Milicogate, investigación en la que fueron condenados por fraude al fisco su padre, Raúl Fuentes, y su hermano, César. En ese juicio, la profesional solo fue llamada a declarar como testigo, sin ser imputada ni condenada, pues sus familiares asumieron toda la responsabilidad penal de los ilícitos cometidos. En 2017, CIPER reveló que Carabineros contrató a Inversiones y Comercio Capellán S.A. pese a que sus ofertas superaban ampliamente el monto de la licitación. Desde mayo de este año, Katherine Fuentes –aún siendo socia de la empresa involucrada en el Milicogate– trabaja en la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo que diseña y articula las políticas públicas que regulan la seguridad privada, en coordinación con la policía. La subsecretaría indicó que no contaba con los antecedentes de Fuentes y su sociedad al momento de contratarla, y que, considerando las funciones que desempeña –de carácter “administrativo y de apoyo”– no ven que exista un conflicto de interés.

Créditos imagen de portada: Sitio web Ministerio de Seguridad Pública.

En mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad Pública contrató a la abogada Katherine Fuentes para trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Según señala ese organismo, en ese momento no tenía antecedentes de que el nombre de la funcionaria había aparecido en 2014, en la investigación judicial denominada como Milicogate, a raíz de su vínculo con Inversiones y Comercio Capellán S.A. Esa sociedad es proveedora regular de Carabineros y estuvo involucrada en el caso que indagó fraude masivo en el uso de recursos públicos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, por facilitar facturas falsas.

Fuentes es hoy dueña de un 50% de Comercio Capellán S.A., mientras que el 50% restante es de su media hermana, Nicole Fuentes Chávez. Esto, según la última declaración jurada presentada por la empresa ante Mercado Público, disponible en la más reciente contratación de la empresa por parte de Carabineros, del 29 de mayo de 2026 (vea ese registro).

En sus comienzos, en esta sociedad figuraba como gerente general el padre de ambas socias, el empresario Raúl Fuentes Quintanilla, quien sí fue investigado y condenado por el caso Milicogate, al igual que su otro hijo, César. Ambos fueron sentenciados en 2023 por delitos reiterados de fraude al fisco, mientras que Katherine Fuentes debió declarar como testigo en la causa, sin ser imputada ni condenada.

CIPER constató que la profesional asumió un cargo a contrata grado 11 por $1,9 millones en la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo que diseña y coordina las políticas públicas que regulan la seguridad privada en el país, justamente en coordinación con la policía uniformada.

Además de su relación comercial con Carabineros, Inversiones y Comercio Capellán S.A. proveyó en la década pasada servicios de venta de repuestos y reparación de vehículos a la PDI, Gendarmería, el Ejército e incluso el Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Cuando Fuentes asumió su cargo en mayo pasado, Carabineros emitió dos órdenes de compra a su empresa por $136 millones, correspondiendo una de ellas a la renovación de un contrato anterior para proveer de repuestos vehiculares a la institución por un monto de $67 millones (vea acá la resolución donde se renueva dicho contrato).

En 2025, en tanto, Inversiones y Comercio Capellán cerró 18 contratos con esta policía uniformada por un monto de $422 millones, mientras que desde 2016 a la fecha, la cifra llega a $3.913 millones, de acuerdo a información disponible en Mercado Público.

Según un reportaje de CIPER de 2017 que analizó las contrataciones hasta ese año de las empresas de la familia Fuentes por parte de Carabineros, los negocios sostenidos con la policía presentaron una serie de irregularidades.

Imagen referencial (Créditos: Manuel Lema Olguin / Agencia Uno).

Una de ellas fue la asignación de, al menos, 30 contratos en los cuales las ofertas de las sociedades del clan Fuentes fueron hasta 10 veces superiores al monto original estipulado en sus respectivas licitaciones. A pesar de esto último, estas sociedades recibieron el puntaje máximo en su evaluación (ver reportaje «Empresario formalizado por “Milicogate” es proveedor estrella de Carabineros»).

También, se encontraron licitaciones que se adjudicó la familia donde ofertaron a través de dos y hasta tres sociedades diferentes que estaban a su nombre, construyendo una competencia artificial. Incluso, en una de ellas, los tres oferentes que se presentaron a la licitación eran empresas de los Fuentes: las sociedades Capellán, Repuestos Automotrices (A y A) y Maquinarias y Repuestos Automotores.

En más de una decena de estas operaciones, como corroboró y publicó CIPER en 2017, jugó un papel activo el capitán Francisco Estrada Castro, quien estuvo vinculado al caso Pacogate donde fue condenado por cometer el delito reiterado de malversación de caudales públicos (ver comunicado del Poder Judicial).

CIPER consultó a la Subsecretaría de Prevención del Delito acerca de las funciones específicas de Fuentes en ese organismo, ante lo que señaló que estas tienen “carácter administrativo y de apoyo a la gestión de la División de Seguridad Privada, entre ellas, la coordinación de audiencias, apoyo en la administración de agenda de la jefatura y colaboración en procesos de revisión de antecedentes en el marco de la implementación de la Ley de Seguridad Privada”.

El organismo agregó que la funcionaria no tiene responsabilidades directivas ni ejerce jefaturas, a la vez que tampoco participa de procesos de compra o contratación ni toma decisiones en el ámbito de la regulación o supervisión de la seguridad privada.

Respecto a un potencial conflicto de interés en el hecho de que Fuentes es socia de una empresa proveedora de Carabineros y, a la vez, funcionaria de una subsecretaría que dentro de sus funciones le compete evaluar las estrategias implementadas por la policía para prevenir el delito, la subsecretaría indicó que “en atención a las funciones que actualmente desempeña, la subsecretaría no cuenta con antecedentes que permitan sostener la existencia de un conflicto de interés”.

Respecto a la participación de la funcionaria en la empresa Capellán S.A., la relación de esta sociedad con la investigación Milicogate y las irregularidades detectadas por CIPER en 2017 en otro negocios de la familia Fuentes con Carabineros, la SPD informó que al momento de contratar a la funcionaria, “la subsecretaría no recibió antecedentes relativos a los hechos descritos en su consulta” (vea la respuesta completa de la SPD).

CIPER tomó contacto vía WhatsApp con Fuentes para preguntarle acerca del potencial conflicto de interés y su relación con la causa Milicogate, pero no quiso recibir nuestras preguntas.

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Seguridad Pública, Rubén Varela, indicó a CIPER que a su juicio es “cuestionable y poco probo que se contrate nuevo personal en la subsecretaría que posea intereses económicos en sociedades comerciales provean servicios a instituciones y reparticiones públicas, como es Carabineros, más aún cuando hay antecedentes judiciales de fraude que implican a familiares de tal personal”.

EL VÍNCULO DEL CLAN FUENTES CON MILICOGATE

El caso Milicogate volvió a los titulares de la prensa hace tres semanas cuando la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, dictó sentencia en contra de seis militares en retiro por los delitos de fraude al fisco, entre ellos, quienes estuvieron ligados a los Fuentes (ver comunicado del Poder Judicial).

En la actualidad, según figura en Mercado Público, Inversiones y Comercio Capellán S.A. mantiene como socias a las hermanas Katherine y Nicole Fuentes. Esta última ejerce como representante legal, de acuerdo al contrato más reciente que la sociedad suscribió con Carabineros.

En sus comienzos, en esta sociedad figuraba como gerente general el padre de ambas, el empresario Raúl Fuentes Quintanilla, quien sí fue investigado y condenado por el caso Milicogate, al igual que el hermano de Katherine Fuentes, César Fuentes (lea ese reportaje aquí). El padre y el hijo fueron sentenciados en 2023 por delitos reiterados de fraude al fisco.

Las complicaciones legales de la familia Fuentes comenzaron en 2014 cuando se descubrieron las primeras facturas falsas en el caso Milicogate. La situación fue confirmada en un informe reservado que el propio comandante en jefe de la institución, Humberto Oviedo, envió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos (ver documento).

En ese documento de 13 páginas, Oviedo admitió ante el Ministerio de Defensa que su institución había pagado cientos de facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), es decir materialmente falsas. Estos documentos fraudulentos tenían los logos de dos de las empresas del clan Fuentes: Raúl Fuentes Quintanilla e Inversiones y Comercio Capellán. También figuraban compañías como PL Ingeniería Limitada, Prat Arquitectos, Cruz y Dávila Ingenieros Consultores, Mauricio e Importadora Limitada y Centro de Entrenamiento Kaufmann.

César Fuentes, hermano de la hoy funcionaria de la SPD, entregó su testimonio en el libro Traición a la Patria que en 2016 publicó el periodista Mauricio Weibel, donde narra detalles del caso que conmocionó a la opinión pública y la manera cómo se fue estructurando el fraude: “En ese tiempo yo era dirigente de Santiago Morning y teníamos un equipo que jugaba fútbol los días jueves en la cancha de Ovalle-Negrete. Tuvimos dos o tres partidos contra el Colo-Colo de todos los tiempos, a los que invité a algunos militares (…) Fue ahí cuando (el suboficial) Claudio González Palominos [recién condenado por la Justicia en primera instancia] me planteó que los jefes necesitaban dinero para distintos gastos. Como eso se hacía siempre, a mí me cuadró lo que dijo: ´Tú sabís que esto no es para mí, sino para los jefes´, me contó”, dice uno de los extractos de ese texto de Fuentes.

Tal como señaló en ese libro, el empresario decidió entonces facilitar al suboficial González facturas materialmente falsas de la empresa de su padre, Raúl Fuentes Quintanilla y, a los pocos días, ese dinero empezó a llegar a las cuentas de la empresa.

Matthei en modo mundial le saca tarjeta roja a Kast y su Gobierno tras asesinato de niño de 12 años: "Prometieron el mejor plan contra la delincuencia y no tenían nada"

24 June 2026

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei lamentó la muerte del menor de 12 años asesinado luego de una encerrona al auto de su padre en San Bernardo. "Es una pena y una rabia increíble", expresó la exministra y exparlamentaria.

"Yo siento mucha rabia, después del crimen empezaron a salir imágenes de distintas cámaras y se pudo establecer todo mediante cámaras. Llevo diciendo durante seis u ocho años que esas cámaras hay que integrarlas, interconectarlas. Si hubieran tenido IA, la verdad es que el niño no hubiese fallecido", argumentó la ex candidata presidencial.

Matthei explicó que "si tuvieras una alerta inmediata de que se robó un auto, tú subes esas patentes a todas las cámaras, de bombas de bencina, de hospitales, de autopistas, del MTT, todo eso se puede integrar".

Con respecto al gobierno, la exministra aseguró que un ministro y dos subsecretarios de Seguridad no son suficientes para arreglar la problemática. "Necesitas por lo menos once personas empoderadas".

"Acá (Kast) prometió a todo Chile que tenía el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada, ni siquiera ministros. No tenían equipo... muchos de Chile Vamos están vetados. La persona que más sabe es Christian Alveal en materia de cárceles, (pero) no lo han llamado ninguna vez", acusó Matthei.

En esta misma línea, enfatizó que "a la gente buena que hay, que sabe y tiene experiencia, no la han llamado".

Sobre el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, la exalcaldesa sostuvo que "es mejor que lo que había. Aquí se requiere un equipo enorme con financiamiento y lo que supimos es que le habían quitado 72 mil millones de pesos a la PDI y Carabineros, después del escándalo con la PDI, se lo repusieron, pero les habían quitado plata".

Por otra parte, afirmó que "veníamos diciendo hace mucho rato que se debe modificar la Ley Penal Adolescente, porque no puede tratar a una persona de 17 años y 11 meses de edad, como si fuera casi inimputable. Creo que la ley es mala".

Evelyn Matthei manifestó que "nosotros le dimos todo el informe, (al Gobierno de Kast) le presentamos a toda nuestra gente. Ni siquiera lo leyeron. No me han llamado ni siquiera me invitaron al cambio de gobierno".

"No me van a llamar y mucha gente que trabajó conmigo está vetada. El Presidente Kast no es quien manda en la materia, es el ministro Arrau, me reuniría con cualquiera pero no me van a llamar", zanjó.

COMUNICADO PUBLICO

¡Que se vienen los vándalos!

COLUMNISTAS

By Sergio Martinez 24 Junio, 2026

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 56 segundos

Probablemente ningún otro pueblo se ha ganado más mala fama que esta colección de tribus germánicas que habría hecho su aparición en la historia hacia los siglos tercero y cuarto de nuestra era. Originarios de una región de la actual Suecia, los vándalos se habrían desplazado hacia Europa central, luego de choques con destacamentos emplazados en las fronteras del Imperio Romano, los vándalos se habrían establecido primero en algunas zonas del este europeo, en algún momento hicieron un violento ataque y saqueo de Roma, para finalmente instalarse en la península ibérica. La incursión de catorce días, durante la cual las tropas vándalas saquearon Roma, les valió su reputación como arquetipo de la barbarie, según historiadores medievales y modernos.

Desde la perspectiva del tiempo, uno bien puede concluir hoy día que posiblemente los vándalos no actuaron con mayor barbarie que otros a lo largo de la historia humana, pero el apelativo ha perdurado. Eso, a pesar de que, si de actos vandálicos al estilo del saqueo de Roma se trata, uno puede mencionar muchos: los conquistadores españoles y su rol en la destrucción de Tenochtitlán o del Imperio Inca, por ejemplo, posiblemente dejan chicas las incursiones de los vándalos originales. Ah, después de todo y por algo, en nuestros conquistadores también corría sangre vándala.

Todo esto a propósito de la iniciativa anunciada por el gobierno de José Antonio Kast, de instituir lo que ha llamado un Registro Nacional de Vándalos, una suerte de “quién es quién” en esto de emular las prácticas de aquellos lejanos merodeadores germanos. Por cierto, todos sabemos que la intención real del gobierno en este caso es sembrar temor y, de ese modo, desalentar la participación en manifestaciones de protesta legítimas. Esto, porque es muy difícil identificar con precisión a quien comete un acto vandálico, especialmente en el marco de una manifestación callejera. De lo anterior se deduce que también resulta difícil capturar a los autores de tales actos, lo que abre la posibilidad real de que mucha gente inocente sea acusada o incluso condenada por actos de vandalismo que ocurren en un escenario confuso como el de las manifestaciones callejeras. Sin embargo, como ya señalamos, esta súbita preocupación del gobierno por perseguir actos vandálicos e incivilidades, como los ha llamado, más que dirigirse a ese tipo de conductas—que, por lo demás, ya están tipificadas en la legislación actual, aunque algunas con otras denominaciones—, buscaría desincentivar la participación en protestas masivas.

Esto también nos lleva a examinar las características mismas de este muy antiguo método que la ciudadanía tiene para manifestar su oposición a alguna medida implementada por quien ejerce la autoridad. La manifestación pública, esto es, en la calle, es básicamente un medio de comunicación. Es una manera de informar a la gente sobre los diversos grados de disconformidad que una determinada política gubernamental genera: desde la mera molestia, como puede ser una protesta vecinal que interrumpe el tránsito por la falta de un semáforo en una zona de riesgo para los peatones, hasta la exigencia de que el gobierno simplemente se vaya, como hemos visto recientemente en las masivas demostraciones en Bolivia. Por cierto, en esto de informar, el destinatario del mensaje suele ser también el gobierno u otras instancias de poder, sean políticas, económicas o de otra índole.

Quienes, en el pasado ya lejano, participamos en muchas ocasiones en manifestaciones callejeras, podemos sintetizar sus “reglas del juego”, si así pudiéramos llamarlas, ya que ello nos permite arribar mejor a esa nebulosa zona de las derivaciones—generalmente no deseadas— de la violencia y el vandalismo (tanto el así llamado por el gobierno como el real). Idealmente, el mejor escenario es el de las manifestaciones pacíficas. Por cierto, el que tengan ese carácter depende no sólo de los manifestantes, sino también de los agentes del orden, esto es, la policía. El ejemplo más claro que me viene a la memoria es el de la gigantesca movilización del 25 de octubre de 2019, con alrededor de un millón de manifestantes que exigían cambios y una nueva constitución. Su impacto fue tan grande que incluso el entonces presidente Sebastián Piñera debió admitir que existía un malestar generalizado y que la demanda de una nueva constitución, entre otras cosas, era válida. Ese acto masivo fue determinante para el proceso que culminaría con el llamado a una “asamblea constitucional”, pese a todas las concesiones que luego se negociaron.

Las manifestaciones pacíficas, sin embargo, no son lo más común. Sea porque los participantes en la salida a la calle lo han hecho espontáneamente y por tanto, sin permiso, o sea porque habiéndose iniciado pacíficamente, provocaciones policiales, a veces de individuos infiltrados generalmente reclutados del lumpen, o simplemente porque algunos participantes consideran que para que tenga un real efecto tiene que haber confrontaciones con la policía y otras acciones de violencia que aparezcan en los noticieros de la televisión, las manifestaciones terminan teniendo un cierto grado de violencia. En algunos casos es inevitable, cuando los ánimos se caldean, especialmente porque—como es de esperar—la policía tiene aquí siempre una mayor capacidad operativa, Carabineros en este caso, disponen de carros lanza agua, bombas lacrimógenas y palos con los que pueden golpear. Al menos en Chile, las reglas del juego no incluyen—como a veces sucede en otros países—que los manifestantes dispongan también de armas. En Chile, ni siquiera en tiempos de la dictadura se dio esa situación, salvo las ocasionales bombas molotov.

Por lo anterior, cuando durante el estallido social los carabineros utilizaron balines con los que dejaron ciegos o semiciegos a varios manifestantes, se saltaron esas rules of engagement no escritas que limitaban su accionar a un rango estrictamente defensivo y no enfocado en causar un daño físico permanente de tal gravedad. La regla de proporcionalidad de la respuesta policial en tales encuentros con civiles cuyas “armas” no iban más allá de unas cuantas piedras no se respetó.

Ciertamente, si hemos de hacer un análisis crítico y autocrítico del tema del vandalismo, hay que admitir que, en el marco de legítimas protestas, se han producido con cierta frecuencia actos que pueden considerarse vandálicos. Habría que ver, eso sí, si ello justifica el establecimiento del Registro de Vándalos anunciado. En un primer análisis, uno tendría que concluir que eso, de alguna manera, ya existe: se llaman antecedentes penales. Incendiar una iglesia, como ocurrió en al menos tres ocasiones durante el estallido social, es evidentemente un acto criminal y los autores de esos actos, si hubieran sido capturados, ya estarían registrados (“tendrían antecedentes”, como se decía).

A veces, este tema del vandalismo toca fibras un tanto delicadas en las fuerzas de la izquierda; hay que admitirlo. Por eso es importante analizar lo que ocurre en la manifestación misma. La dinámica de una manifestación está condicionada por muchos factores, el principal (o por lo menos así debiera serlo) es el político: el objetivo inmediato que nos lleva a estar ahí en la calle, que a su vez se enmarca en los objetivos más generales de la lucha, el cambio social, la revolución incluso, o al menos así lo veíamos allá por esos lejanos años 60 del siglo pasado, hoy eso aparece más lejano, casi utópico. Sin embargo, sería ingenuo ignorar que, al menos entre gran parte del elemento joven, la presencia en una manifestación también tiene factores psicológicos: un cierto sentido de aventura, de transgresión y una buena dosis de adrenalina.

Es en esa área, un tanto más difusa, donde surge el tema del vandalismo. En mis ahora lejanos tiempos de militancia juvenil, una advertencia muy insistente de mi organización política era seguir estrictamente las instrucciones de los dirigentes en el terreno mismo y—muy importante—evitar las provocaciones.

Por cierto, una de las tácticas policiales más antiguas ha sido infiltrar agentes provocadores en las movilizaciones callejeras, cuya misión es aumentar artificialmente las tensiones entre policías y manifestantes. Esa táctica permite, en lo inmediato, intensificar la represión de manera generalmente indiscriminada, lo que puede conducir a su dispersión. El efecto sobre los manifestantes puede ser de derrota, de impotencia y de desmoralización. A más largo plazo, los efectos pueden ser aún más devastadores: el descrédito de la movilización, de sus motivos y de quienes se asocian a ella. El caso más reciente fue el del estallido social de 2019: la derecha ha utilizado hasta la saciedad ese suceso para ejemplificar un acto negativo que endilga a la izquierda. Irónicamente, esa no fue una movilización conducida por la izquierda; o, para ser más preciso, fue un fenómeno de masas, de eso no hay duda, pero sin conducción política. En ese contexto, la infiltración de elementos del lumpen, que siempre hacen el juego sucio de la derecha, fue fundamental para desacreditar el movimiento, que terminó asociado a actos irracionales de violencia y, sobre todo, de vandalismo. Todo lo cual le vino de perillas a las fuerzas policiales, que querían justificar su propia violencia hasta un extremo que no se veía desde el fin de la dictadura.

Evidentemente, en el caso mencionado, la manifestación callejera, en cuanto instrumento comunicativo, produjo el efecto contrario al buscado y, para muchos, las imágenes de esas jornadas fueron las de buses incendiados, locales comerciales saqueados y monumentos públicos dañados (algunos de gran belleza, como la Fuente Alemana en el Parque Forestal o algunas instalaciones del Cerro Santa Lucía). Por cierto, si uno analiza con racionalidad esos hechos necesariamente tiene que concluir que actos de vandalismo como esos no ayudan en nada a la causa de la izquierda, sino que producen el efecto contrario: el descrédito de la protesta. Por eso mismo, hay que señalar una vez más que, como en aquellos años 60 del pasado siglo, los partidos de la izquierda y otras organizaciones de masas que promuevan las manifestaciones deben actuar responsablemente, desplegando sus propios equipos de seguridad que identifiquen, aíslen y si es posible, expulsen a los infiltrados, sean estos policías o, como es el caso de la mayoría, los siempre útiles (para la derecha) elementos del lumpen, que son los que incurren en los reales actos de vandalismo. En el intertanto, sigamos poniendo mucha atención a cómo se implementará este Registro de Vándalos, que, por cierto, no pretende inscribir en su listado a los autores del mayor atentado vandálico contra un edificio público cometido en toda la historia del país: el bombardeo al Palacio de La Moneda.

Sergio Martínez

(desde Montreal, Canadá)

Caso Hermosilla- Zaliasnik: Pleno de la Corte de Santiago abre investigación contra ministro Alejandro Aguilar tras solicitud de querellante

By Galy Chávez 24 Junio, 2026

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una solicitud presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, querellante en el denominado caso Audios, y resolvió iniciar una investigación respecto del ministro de ese tribunal Alejandro Aguilar.

La decisión surge luego de la publicación de una serie de mensajes revelados por el medio Reportea, en los que aparecen intercambios entre Aguilar y el influyente abogado Luis Hermosilla, actualmente investigado en diversas causas vinculadas a tráfico de influencias, corrupción y delitos económicos.

Según el reportaje, en uno de los mensajes Aguilar agradecía a Hermosilla las gestiones realizadas para apoyar su nombramiento como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, comprometiéndole además su “lealtad”.

La publicación también reveló conversaciones en las que el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, recomendaba a Hermosilla impulsar el ascenso de Aguilar al tribunal de alzada capitalino. En dichos mensajes, Zaliasnik habría señalado que “nadie sería más leal”, destacando que conocía a Aguilar desde que fue su alumno y que además era un “protegido” de la exministra Verónica Sabaj.

Para el querellante Luis Mariano Rendón, la decisión adoptada por el Pleno constituye un paso relevante para esclarecer eventuales responsabilidades dentro de la red de influencias que investiga la justicia.

“Es necesario limpiar al Poder Judicial de toda esta mafia que, liderada por Hermosilla y Zaliasnik, se dedicaba a corromper jueces para blindar ilícitamente al poder político de la época y facilitar negocios irregulares”, afirmó.

Rendón también cuestionó al gobierno por mantener a Gabriel Zaliasnik en el cargo de embajador de Chile en Israel.

“Resulta muy lamentable la actitud del actual gobierno que, al mantener a Zaliasnik en su cargo diplomático, lo protege y dificulta su persecución judicial. El presidente Kast demuestra así un profundo desprecio por la transparencia, la ética pública y la necesaria rehabilitación de la credibilidad del Poder Judicial”, sostuvo.

La resolución del Pleno abre una nueva arista en el caso Hermosilla, investigación que ha expuesto una extensa red de contactos entre abogados, magistrados, fiscales, empresarios y autoridades políticas, generando una de las mayores crisis de confianza que ha enfrentado el sistema judicial chileno desde el retorno a la democracia.

Galy Chávez

martes, 23 de junio de 2026

Licencias médicas y jueces: cuando la crisis no es solo legal, sino moral e institucional. Por Alfredo Ugarte S. Abogado, Profesor U. de Chile

23 June 2026

Los recientes casos conocidos en Chile sobre jueces titulares que habrían utilizado licencias médicas para ausentarse de sus funciones mientras realizaban viajes de carácter recreativo al extranjero han abierto un debate que trasciende con mucho la eventual existencia de infracciones administrativas, disciplinarias o incluso de naturaleza penal. El problema de fondo es más profundo: afecta directamente la confianza pública en la justicia y compromete algunos de los principios esenciales sobre los cuales se construye la judicatura en la tradición jurídica occidental.

La gravedad de estos hechos no radica únicamente en el eventual uso indebido de una licencia médica. Si se acreditan las conductas denunciadas, estaríamos frente a una contradicción especialmente delicada entre la función que desempeña un juez y el comportamiento esperado de quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley y resolver los conflictos de los ciudadanos.

Desde el Derecho romano hasta nuestros días, la judicatura ha sido concebida como una magistratura de especial responsabilidad. El Digesto de Justiniano enseñaba que la justicia consiste en la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Cicerón sostenía que la autoridad de los magistrados descansaba en la virtud y en el sometimiento de todos, gobernantes y gobernados, al imperio de la ley. Más tarde, autores como Ángel Ossorio y Gallardo, Piero Calamandrei y Eduardo Couture insistieron en que la legitimidad de los jueces no proviene únicamente de la ley o del nombramiento que los inviste, sino también de su integridad moral, independencia y conducta ejemplar.

Por ello, cuando un juez aparece involucrado en conductas que podrían implicar un aprovechamiento indebido de mecanismos legales destinados a la protección de la salud, no solo se afecta una norma particular. Se lesionan principios estructurales de la función jurisdiccional.

El primero de ellos es la probidad. Toda función pública exige actuar con rectitud, honestidad y lealtad hacia el interés general. La judicatura, precisamente por la trascendencia de sus decisiones, exige un estándar aún más elevado. El juez no solo debe ser imparcial; debe además inspirar confianza en su rectitud.

También resulta comprometida la integridad judicial. Los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial reconocen la integridad como uno de los valores fundamentales de la judicatura. La confianza de los ciudadanos en los tribunales depende de que exista coherencia entre lo que los jueces exigen a los demás y aquello que practican en su propia conducta.

Igualmente, afectada aparece la prudencia, virtud cardinal de la tradición clásica. Para Aristóteles, Cicerón y Santo Tomás de Aquino, la prudencia consiste en la capacidad de deliberar correctamente y actuar conforme a la razón práctica. Quien ejerce jurisdicción conoce mejor que nadie las consecuencias jurídicas e institucionales de sus actos. Por ello, la infracción consciente de deberes legales o éticos adquiere una especial gravedad.

Otro principio comprometido es la dignidad del cargo judicial. Históricamente, los jueces han sido considerados custodios de la paz jurídica y representantes visibles de la justicia. La autoridad de sus decisiones depende en gran medida de la confianza social que inspiran. Cuando esa confianza se deteriora, el daño excede a la persona involucrada y alcanza a toda la institución.

Asimismo, estos hechos afectan el deber de ejemplaridad pública. Como señalaba José Ortega y Gasset, las instituciones descansan en la existencia de personas dispuestas a exigirse más a sí mismas que la media social. La autoridad judicial supone precisamente esa exigencia superior. No se trata de reclamar perfección ni santidad a los jueces, sino de reconocer que quienes ejercen funciones de tan alta responsabilidad deben asumir estándares de conducta acordes con la confianza que la sociedad deposita en ellos.

Finalmente, se ve comprometido uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley. La República descansa en la convicción de que las mismas reglas obligan a todos. Cuando quienes tienen la misión de aplicar la ley parecen situarse por encima de ella o utilizar indebidamente los mecanismos que el ordenamiento establece para proteger situaciones legítimas, se erosiona la percepción de igualdad que sustenta la convivencia democrática.

La cuestión, por tanto, no se reduce a determinar si existieron o no infracciones individuales. Corresponderá a los procedimientos disciplinarios y judiciales establecer lasresponsabilidades concretas. Sin embargo, desde ya resulta evidente que estos hechos obligan a reflexionar sobre la dimensión ética de la judicatura.

La justicia no vive únicamente en los códigos ni en las sentencias. Vive también en la confianza que los ciudadanos depositan en quienes tienen la responsabilidad de juzgar. Cuando esa confianza se debilita, se resiente uno de los activos más valiosos de cualquier democracia: la credibilidad de sus instituciones.

Como enseñaban el Digesto, Cicerón, Ossorio, Calamandrei y Couture, cuanto mayor es la autoridad conferida por la sociedad, mayor es la responsabilidad moral que la acompaña. La judicatura no es una función cualquiera. Precisamente por ello, las exigencias de probidad, integridad, prudencia y ejemplaridad nunca pueden ser consideradas accesorias. Constituyen el fundamento mismo de la legitimidad judicial.

Al efecto, vale la pena recordar lo que dice Ossorio en su libro “La Justicia”: “La defensa segura de los pueblos está en su administración de justicia. Cuando esta no responde a sus fines, su función queda suplantada por los revolucionarios, por los vengativos, por los violentos o por los que extravasan su misión legítima con inmenso daño del bien general”.

¿Quién fue realmente Violeta Parra?

CORRIENTES CULTURALES

By Loreto Soler 23 Junio, 2026

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 47 segundos

“Que tanto será” es el nombre de la exposición gratuita sobre Violeta Parra que estará disponible en Lo Barnechea a partir del 10 de junio.
La muestra busca promover el legado multidimensional de Violeta Parra, quien además de cantautora fue una destacada artista visual, recopiladora y creadora de canto popular de Chile, escritora y poeta y una mujer que desafió todos los límites de su época.

El título proviene de la canción homónima de la cantautora, que finaliza con los versos: “Me gusta en la vida florido el rosal / sus bellas espinas no me han de clavar / y si una me clava, qué tanto será”.

Es por eso que el Centro Cultural El Tranque de Lo Barnechea ofrecerá al público más de 20 obras pertenecientes a la colección de la Fundación Violeta Parra, entre las que se incluyen arpilleras, pinturas, piezas en papel maché y su emblemático guitarrón, además de una museografía que incorpora elementos en el espacio exterior.

En las próximas semanas, el Centro de las Tradiciones abordará el universo musical de la artista, mientras que, en julio, Espacio Arte albergará una muestra centrada en su dimensión literaria, con una línea de tiempo de su vida y una selección de sus décimas.
Te contamos 5 aspectos de su vida que la transformaron en el ícono que es hoy.

1.- Sus arpilleras y pinturas nacieron de una enfermedad.

Pocos saben que la faceta visual de Violeta Parra, aquella que la llevaría a los museos más importantes del mundo, surgió de manera casi accidental. En 1959, una severa hepatitis la dejó postrada en cama durante varios meses, alejada de su guitarrón.

Fue entonces cuando tomó lana y tela y comenzó a bordar. Sin bocetos previos, guiada solo por la imaginación, creó sus primeras arpilleras. Esa misma temporada, ya recuperada, expuso sus óleos y trabajos textiles en la Primera Feria de Artes Plásticas al aire libre del Parque Forestal. La enfermedad, paradójicamente, despertó a una artista visual de enorme potencia.

2. Fue la primera latinoamericana en exponer individualmente en el Louvre.

En abril de 1964, Violeta Parra inauguró una muestra individual en el Musée des Arts Décoratifs del Palacio del Louvre en París, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en lograr ese hito.

La exposición, titulada Tapisseries Chiliennes de Violeta Parra. Peintures et sculptures, reunió arpilleras, pinturas al óleo, esculturas en alambre y máscaras de papel maché con incrustaciones de legumbres. Solo hubo cinco años de distancia entre el primer bordado improvisado en cama y el reconocimiento del museo más célebre del mundo.

3.- Antes del folclore, cantaba boleros y rancheras en bares.

La Violeta Parra que hoy asociamos al folclore y a la Nueva Canción Chilena no siempre cantó cuecas y tonadas. En los años ‘30 inició su carrera artística actuando junto a sus hermanos en restaurantes populares del barrio Mapocho interpretando boleros, corridos mexicanos, rancheras y música flamenca.

Fue su hermano Nicanor quien la impulsó a abandonar ese repertorio comercial y asumir con identidad propia la defensa de la música chilena auténtica.

4. Escribió su autobiografía entera en décimas.

Violeta Parra no solo cantó y pintó: también escribió en décimas su propia vida. Su autobiografía en verso, publicada como Décimas, narra desde la infancia en el sur hasta sus años en Europa, incluyendo episodios como cuando contrajo viruela de niña durante un viaje familiar a la Araucanía.

La dimensión literaria de Violeta, menos conocida que su música o sus arpilleras, es precisamente una de las que podrá explorarse en la exposición de Lo Barnechea.

5.- Soñaba con crear un ballet basado en el folclore chileno.

«El gavilán» es reconocida hoy como una de sus composiciones más audaces, pero esta pieza era solo una parte de un proyecto mucho más ambicioso.

En una entrevista a Radio Concepción en 1960, Violeta reveló que estaba trabajando en un ballet completo cuyos elementos estaban tomados del folclore y las costumbres de Chile, y que aspiraba a que fuera interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Municipal, proyecto que nunca se concretó.

Según Alejandra Valdés, directora de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, «Violeta Parra era y es una artista total, capaz de cruzar disciplinas y transformar lo cotidiano en una expresión profundamente universal, reflejando lo más profundo del del ser humano y la búsqueda a su vez de lo divino y la trascendencia.

Ella desarrolló su obra en muchos lugares y sin límites, lo que nos llama a mostrar su talento multi e interdisciplinario como un patrimonio nacional que se proyecta en el tiempo como un puente vivo entre nuestras raíces y el Chile que aún estamos construyendo».

La exposición «Qué tanto será» cuenta con más de 20 obras de la colección de la fundación Violeta Parra que está en la Pontificia Universidad Católica de Chile y podrá visitarse en el Centro Cultural El Tranque (Av. El Tranque 10300, Lo Barnechea) desde el miércoles 10 de junio hasta el miércoles 7 de octubre. Entrada gratuita. Más información en www.cclb.cl.

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