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Corte de Apelaciones de Santiago acogió tesis de la defensa de Viviana Ugarte y dictó una unificación de las cuatro condenas que esta enfrentaba, que sumaban 25 años, rebajando el total de su pena a poco más de 22 años. El Programa de DDHH no acudió a alegar en contra de ello.
Tal como se preveía que sucedería, el gobierno -por intermedio del Programa de Derechos Humanos- desistió de alegar en la causa por medio de la cual la exagente del Comando Conjunto de la FACH, Viviana Ugarte, más conocida como “La Pochi” buscaba que se dictara una unificación de penas, por medio de la cual podría haber accedido a rebajar las cuatro condenas que pesaban contra ella, que sumaban un total de 25 años, a 10.
En efecto, en los alegatos realizados ante la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se presentaron solo dos de los tres abogados querellantes, ambos particulares. El tercer querellante en el caso es el Programa de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, el abogado asignado al caso (Hugo Pavez) no se presentó en la vista de la causa, pues según al menos tres fuentes la nueva jefa del programa de DDHH, Constanza Garrido, le instruyó en ese sentido.
Debido a ello, este es el cuarto caso en el cual el programa abandona una causa en contra de exagente de la dictadura, como ya lo hizo en lo relativo al exagente de la DINA César Manríquez, el exoficial de Carabineros Héctor Osses Yáñez y el exjefe de la CNI de Concepción, Jorge Mandiola.
Cabe indicar que luego del escándalo que generaron dichas decisiones, el Programa de DDHH emitió un comunicado indicando que el dejar de alegar no era una instrucción genérica, sino que se hacía “caso a caso”, y efectivamente -a diferencia de lo ocurrido con “La Pochi”- sí se hizo parte de los alegatos en el caso del exfiscal militar de Temuco Alfredo Podlech, quien murió recientemente, mientras se encontraba internado en el hospital San José.
En el caso de la exagente Ugarte, la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino accedió a la solicitud de su abogado, Maximiliano Murath, quien pidió inicialmente la unificación de las causas a la ministra en visita Paola Plaza, la cual no accedió. Ante ello, Murath apeló el 6 de febrero pasado, obteniendo la opinión favorable de parte del fiscal judicial Jorge Norambuena, quien recomendó acceder a la petición y dictar una pena única de 10 años a favor de la exagente.
En ese sentido, la corte accedió a la unificación de penas, dictando una pena única de 20 años en contra de la exagente como cómplice de los secuestros calificados de Aníbal Riquelme Pino, Francisco González Ortiz, Alfonso Araya Castillo, Nicolás López Suárez, Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilches; como coautora del secuestro calificado en contra de Luis Emilio Gerardo Maturana González y como autora del secuestro simple en contra de Juan René Orellana Catalán. A ello se suman otros 800 días de condena (poco más de dos años) en su contra como autora de asociación ilícita, por lo cual, en la práctica, tiene tres años menos de condena, decisión que los querellantes particulares impugnarán ante la Corte Suprema.
A la fecha, “La Pochi” lleva cuatro años recluida en la cárcel femenina de San Joaquín, y para comenzar a pedir beneficios carcelarios debería llevar al menos un tercio de la condena cumplida y con buena conducta, por lo cual, en caso de que confirmara la sentencia de segunda instancia, podría impetrar beneficios a partir de unos cuatro años más.
La caída de un general
“La Pochi”, que en sus testimonios judiciales ha dicho haber sido solo una secretaria al servicio del Comando Conjunto, el organismo represivo creado en la FACH en 1974, con el fin de competir con la DINA, estaba casada con el general de la FACH Patricio Campos, que en el año 2000 fue comisionado por el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, para integrar la mesa de diálogo y entregar los antecedentes relativos al paradero de los detenidos desaparecidos.
Sin embargo, luego de que el desaparecido diario La Nación Domingo revelara el vínculo familiar y la participación de “La Pochi” en varios secuestros, Campos debió renunciar a la FACH, lo mismo que Ríos.
Viviana Ugarte fue procesada por primera vez en 2003 y luego fue enjuiciada en varios otros casos, debido a los antecedentes que otros exagentes arrojaron respecto de ella, situándola como una agente de inteligencia operativa, que participaba en las vigilancias previas de las víctimas y en los operativos de captura de estas.
