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viernes, 1 de mayo de 2026

Argentina. Las Madres de Plaza de Mayo celebran 49 años de lucha constante por la memoria, la verdad y la justicia.

 By   Mayo 2026

Por Gabriel Vera Lópes, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 30 de abril de 2026.

Desde las 14 madres que se reunieron en 1977 hasta la recuperación de 140 nietos, el movimiento argentino se convirtió en un símbolo mundial de resistencia.

Nora Cortinas, miembro de las Madres de Plaza de Mayo, sostiene un retrato de su hijo desaparecido, Gustavo, durante una manifestación de las madres frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, alrededor de 1982, durante la dictadura militar (1976-1983) | Crédito: Daniel Garcia/AFP

La primera vez que se reunieron en la Plaza de Mayo fue el 30 de abril de 1977. Solo eran 14 madres, que apenas se conocían entre sí, con el único plan de permanecer allí hasta ser recibidas en la Casa de Gobierno.

En esa plaza, escenario de tantos dramas históricos del país, estas mujeres, casi en completa soledad, comenzaron a transformar el dolor y el miedo impuestos en una acción colectiva que, con el tiempo, se convertiría en un ejemplo internacional, cuyo legado perdura hasta nuestros días: las Madres de Plaza de Mayo.

Era sábado. El día había amanecido como cualquier otro. Las portadas de los principales periódicos del país hablaban de la victoria de Argentina en un torneo de tenis y elogiaban al general Videla —el principal líder de la Junta Militar que había tomado el poder un año antes—, quien concluía un viaje por la provincia de Córdoba. Ningún medio de comunicación destacaba el drama que vivía el país, y mucho menos el dolor de aquellas madres que exigían el regreso de sus hijos y nietos desaparecidos.

En aquel entonces, Argentina atravesaba los años más oscuros de su historia. Apenas un año antes, el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar había tomado el poder, dando inicio a un plan sistemático de terrorismo de Estado que incluía secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y el robo de bebés.

Mediante el terror, el autoproclamado «Proceso de Reorganización Nacional» pretendía disciplinar a la sociedad, desmantelar la organización de los trabajadores, campesinos y estudiantes, y establecer un modelo económico favorable a los grandes grupos económicos concentrados.

Treinta mil personas desaparecieron y alrededor de 500 bebés, muchos de ellos nacidos en cautiverio, fueron apropiados por la dictadura.

En medio de este infierno, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a construir, a través de sus marchas, una senda de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que hoy, cincuenta años después del golpe de Estado , se ha convertido en una de las banderas más importantes del movimiento popular argentino.

Los primeros pasos

Nadie parecía dispuesto a ayudarlos. Pasaron semanas sin ninguna noticia, y los días transcurrían entre comisarías, hospitales e iglesias, buscando alguna respuesta, alguna señal que indicara dónde estaban o adónde los habían llevado. Pero la única respuesta que recibían siempre era la misma: «No sabemos nada».

Exigían la reaparición de sus hijos y nietos, secuestrados sin explicación y cuyo paradero seguía siendo desconocido. Fue durante este vagar que comenzaron a encontrarse. «¿Tú también buscas a alguien?»

Casi ninguno tenía experiencia política previa. Sin formación universitaria ni trayectoria profesional, la mayoría había dedicado su vida al cuidado de sus familias. Cuando sus hijos y nietos fueron secuestrados, fueron ellos quienes se negaron a quedarse en casa esperando.

La idea de ir a la Plaza de Mayo surgió de Azucena Villaflor, quien buscaba a su hijo, Néstor de Vincenti, secuestrado junto a su novia, Raquel Mangin; ambos militantes obreros de los Montoneros. Desde su desaparición, día tras día, Azucena acudía infructuosamente a todas las autoridades posibles en busca de un funcionario que la escuchara. La respuesta siempre era la misma: «No sabemos nada».

Azucena Villaflor comenzó a reunirse con otras madres en la iglesia Stella Maris, afiliada a la Marina. Llegó allí con la esperanza de que el vicario militar, Adolfo Tortolo, pudiera ayudarlas en su búsqueda. Sin embargo, tras varias reuniones con el sacerdote militar Emilio Graselli, secretario del vicario, aquellas madres se dieron cuenta de que no solo no recibirían ayuda, sino que además estaban siendo utilizadas como fuente de información sobre su búsqueda.

“Individualmente no lograremos nada. ¿Por qué no vamos todos a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchos, Videla tendrá que recibirnos”, propuso Azucena, cansada de la falta de respuesta. Insistió en que, si eran muchos, podrían entrar juntos a la Casa de Gobierno y así hacerse oír.

Así fue como, el 30 de abril, fueron por primera vez a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Esta primera reunión fue un sábado; por lo tanto, no había nadie en la Casa de Gobierno. Entonces propusieron regresar la semana siguiente. Al principio, la idea era ir los viernes, pero una madre sugirió cambiar el día porque «el viernes es Halloween». Finalmente, decidieron ir los jueves.

La primera ronda

Al principio, eran pocas. Se sentaban en los bancos; algunas llevaban prendas de punto para disimular y justificar su presencia en la plaza. No sabían de dónde venían las demás ni sus apellidos: se llamaban por apodos. «¿Vienes por lo mismo que yo?», preguntaban en voz baja cuando veían a otra madre sentada o paseando por la plaza.

“El nivel de ingenuidad que teníamos… Hacíamos tonterías, pero nuestras expresiones eran tales que, cuando caminábamos por la calle, todo el mundo ya sabía que nuestros hijos habían desaparecido”, recordaría Hebe de Bonafini en un documental sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo.

A partir de entonces, esas mujeres decidieron que todos los jueves a las 3:30 de la tarde darían vueltas por la Plaza de Mayo hasta que el Estado les diera respuestas sobre los desaparecidos. Eligieron esa hora porque la plaza estaba cerca de los bancos y era cuando los empleados salían del trabajo, así podían verlos y conocer sus demandas.

Dado que la dictadura había prohibido el derecho de reunión, la policía comenzó a exigirles que no permanecieran agrupadas. «Señoras, hay estado de sitio, muévanse», fue la orden. Casi instintivamente, aquellas mujeres comenzaron a caminar en círculos alrededor de la plaza. Caminaban de dos en dos, de la mano, desafiando la represión policial. Sin saberlo, comenzaba una tradición que perdura hasta hoy: las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.

Estos rumores se difundieron de boca en boca, mientras que los portavoces y periodistas de la dictadura comenzaron a llamarlas «Las locas de la Plaza de Mayo».https://www.youtube.com/embed/CKMwY_jls-g?enablejsapi=1

Los nombres de los desaparecidos como una pancarta.

Poco a poco, estas madres comenzaron a unirse para compartir información y apoyarse mutuamente. Fue así como, al percatarse de las similitudes entre sus historias, comprendieron que la dictadura cívico-militar había implementado un mecanismo sistemático para la desaparición de personas.

Unos meses más tarde, en octubre de 1977, decidieron reclamar la inmensidad de la Peregrinación a la Virgen de Luján. Debido a su conexión con la Iglesia, era una de las pocas concentraciones masivas que la dictadura no había prohibido.

Como no todos se conocían, decidieron que, para reconocerse durante la peregrinación, llevarían un pañuelo blanco en la cabeza: retazos de tela que habían sido pañales de sus hijos y que muchos aún conservaban. Marcharon el domingo 9 de octubre de 1977 con estos pañuelos blancos en la cabeza, mostrando fotos de sus hijos mientras la gente los observaba con recelo. Desde entonces, siempre llevaron el pañuelo, con los nombres de sus familiares bordados, como un símbolo que los distinguiría para siempre.

«Al cabo de un tiempo, la gente que iba a Luján empezó a decir: “Esas mujeres con pañuelos blancos que gritaban por sus hijos”», recuerda Hebe en ese documental. «Porque, claro, en todas las peregrinaciones a Luján, la gente rezaba, no sé… por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos. Así que empezamos a gritar, a rezar a viva voz por los desaparecidos, y nadie se unió a nosotros, pero no importaba; tenían que escucharnos».

Clara Jurado (C) y otras Madres de Plaza de Mayo reclaman a sus hijos e hijas desaparecidos frente a la Casa de Gobierno, alrededor de 1982.
Clara Jurado (C) y otras Madres de Plaza de Mayo reclaman a sus hijos e hijas desaparecidos frente a la Casa de Gobierno, alrededor de 1982. | Crédito: (Foto de DANIEL GARCIA / AFP)

Las primeras madres desaparecidas

En poco tiempo, las « locas de la Plaza de Mayo » estaban construyendo una voz que no podía ser ignorada fácilmente. Por lo tanto, la reacción de la dictadura fue rápida, y durante ese primer año se asestaron los primeros golpes contra el incipiente movimiento.

A finales de ese año, Alfredo Astiz —un militar que se hizo pasar por familiar de los desaparecidos— se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo. Siguió de cerca todos sus movimientos y llevó a cabo un trabajo de inteligencia sistemático sobre ellas.

La represión tuvo lugar entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, cuando la dictadura secuestró a varias personas que colaboraban con las Madres, entre ellas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, junto con tres Madres de Plaza de Mayo: Teresa Careaga, María Ponce y Azucena Villaflor.

Todas fueron llevadas a centros de detención clandestinos, donde fueron torturadas. Pocos días después, Azucena —junto con las monjas francesas— fue “trasladada” a un aeropuerto militar, sedada, subida a un avión de la Armada y arrojada viva al mar frente a la costa de Santa Teresita, en una práctica común de la dictadura conocida como los “vuelos de la muerte”.

El duro golpe sacudió al movimiento. Aun así, tras intensos debates, las madres llegaron a una conclusión: Azucena tenía razón. La postura que finalmente prevaleció —y en este proceso Hebe se erigió como referente— fue que debían permanecer en la Plaza de Mayo, pues allí su presencia resultaba más inquietante. Más convencidas que nunca, decidieron afrontar el terror de frente y seguir luchando contra la dictadura.

No seas cobarde: lucha como una abuela. 

Su lucha constante los transformó en uno de los principales movimientos de resistencia contra la dictadura. Y, poco a poco, lograron extender esta lucha a nivel internacional.

Como solían contar, fue durante su búsqueda que conocieron y descubrieron el activismo de sus hijos , así como los sueños revolucionarios que impulsaron a esos jóvenes a luchar por un país y un mundo mejores. Fue en este camino que las Madres abrazaron esos sueños que la dictadura pretendía aplastar: los sueños y las luchas por un mundo más justo.

Paralelamente a la lucha por encontrar a los desaparecidos, las Madres también comenzaron a buscar a los más de 500 bebés que la dictadura se apropió. Se trata de los hijos de los desaparecidos —muchos de ellos nacidos en cautiverio, en campos de concentración— que fueron secuestrados por el terrorismo de Estado.

Tras la caída de la dictadura, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo mantuvieron viva la lucha por la memoria, la verdad y la justicia , enfrentándose a las políticas de impunidad que diversos gobiernos civiles intentaron promover. «No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos» fue el lema que defendieron con firmeza —a menudo en soledad— durante décadas.

Estas luchas han permitido al movimiento de derechos humanos en Argentina impulsar cientos de juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Al mismo tiempo, su incansable búsqueda ha logrado recuperar la identidad de 140 nietos . Una lucha que continúa, porque hasta que se encuentre al último nieto secuestrado durante la dictadura, la identidad de toda una generación seguirá robada.

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Thaís Ferraz

Desplome rotundo del Presidente Kast en encuesta Cadem: Ganó con 58% de los votos, pero en 50 días gobernando tiene casi lo mismo pero al revés: 57% lo rechaza y 59% desaprueba los recortes de programas

 01 May 2026

Por Alfredo Peña R.

La encuesta Cadem, correspondiente a la última semana de abril, arrojó que el 40% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y el 57% (+4pts) lo rechaza, el nivel más alto desde el inicio de su mandato el 11 de marzo.

Un caso para estudiar: de obtener 58% de los votos a tener 57% de rechazo en solo 50 días

Un verdadero desplome de un mandatario que lleva sólo 50 días gobernando. Historiadores y analistas, señalan que no conocían un caso igual de un Jefe de Estado en Chile. 

Desde la vuelta a la democracia, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet 1 y 2, Sebastián Piñera 1 y 2 y Gabriel Boric, aumentaron la aprobación como Jefes de Estado que administraban el país.

Esa aprobación duró como mínimo 6 a 8 meses y en el caso de Bachelet 1 llegó a marcar 68% de aprobación y esos buenos números la marcaron por más de un año.

Algo parecido ocurrió con Aylwin, Frei y Piñera, éste último que tuvo un record de más de 64% de aprobación luego del rescate de los 33 mineros.

Por eso el caso de Kast, gobernando la Nación es digno de estudios sociológicos, de historia y de la política. Un candidato que gana con una gran votación, 58% pero que termina siendo rechazado por el 57%.

Claro que a muchos se les olvida que el Presidente Kast, obtuvo sólo 23.93% en la primera vuelta de la elección presidencial del 16 de noviembre del año pasado y esa elección la ganó Jeannette Jara con cerca del 27%. 

¿Kast terminará gobernando para su voto duro de la primera vuelta de cerca del 24%? Esa es la pregunta que deben hacerse cientistas políticos, parlamentarios, analistas e historiadores.

Los números de hoy del Gobierno del Presidente Kast

Sobre las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno, 52% está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado y 54% con que todos los ministerios reduzcan en 3% su gasto.

Además, el estudio mostró que cayeron las expectativas de que el gobierno cumpla con controlar la inmigración (41%, -20pts), hacer crecer la economía (33%, -19pts) y reducir la delincuencia (33%, -21pts)

En tanto, las materias con expectativas de cumplimiento más altas son eliminación de permisos que destraben las inversiones (55%, -9pts), permitir que los colegios públicos puedan volver a seleccionar alumnos (54%, -10pts) y eliminar las contribuciones a la primera vivienda (52%, -3pts).

En ese contexto, las medidas consideradas prioritarias por la ciudadanía son disminuir la delincuencia y homicidios (58%), el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%).

Escenario económico

Respecto a la situación económica, 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, 27% (+5pts) que tiene pocos recursos y debe priorizar mucho el gasto y sólo 8% (-25pts) que el Estado está enfrentado una situación fiscal crítica.

En tanto, el 42% (+2pts) piensa que el principal problema de las finanzas públicas es que el Estado gasta mal y 24% (+2pts) que gasta demasiado. De hecho, 33% considera que se malgasta en muchos programas que no sirven, 27% en algunos programas que no sirven y 26% en muy pocos programas que no sirven.

Donde se cree que hay más espacio para reducir es la administración y funcionamiento del Estado (51%, -5pts), mientras que las áreas donde debiera aumentar el gasto son salud (46%), educación (31%), seguridad y orden público (29%), junto con seguridad social y pensiones (22%).

La víctima tenía 14 años y ni siquiera protestaba

 

Luis Castillo Fernández: el suboficial que cegó a una adolescente espera el perdón presidencial

Cumple en el penal de Colina 1 una condena de 11 años por mutilar a una menor de edad, transformándose en un perfil que el Ejecutivo busca indultar. 

EL CIUDADANO

Cumple en el penal de Colina 1 una condena de 11 años por mutilar a una menor de edad, transformándose en un perfil que el Ejecutivo busca indultar. 

La tarde del 21 de noviembre de 2019, en la intersección de Gran Avenida con Américo Vespucio, Luis Antonio Castillo Fernández descendió de un furgón policial y golpeó con su luma el rostro y el tórax de una niña de 14 años que regresaba a su casa tras cotizar telas para su graduación.

Castillo no era un novato en la institución, ya que al momento del ataque ostentaba el grado de suboficial mayor, el escalafón más alto para el personal de nombramiento institucional. Su carrera se había forjado principalmente en la zona sur de Santiago, desempeñando funciones en la 39º Comisaría de El Bosque, un territorio marcado por la complejidad social y la alta frecuencia de procedimientos operativos. 

Pese a ser un funcionario de la «vieja escuela», acostumbrado al control territorial bajo una lógica de autoridad rígida, su hoja de vida quedó manchada no solo por la agresión a una menor, sino por las irregularidades administrativas detectadas durante la investigación, donde se reveló la ausencia de hojas de ruta y la desaparición de registros audiovisuales de su unidad aquel día. 

La justicia fue tajante al desestimar cualquier contexto de peligro para el uniformado. El fallo que lo envió a prisión estableció que Castillo actuó de manera injustificada y contraria a todos los protocolos internos. «Procedió a golpear en la región frontal del cráneo, en el ojo derecho y en el tórax a una niña de solo 14 años», dice la sentencia que ratificó su responsabilidad penal.

Aunque algunas fuentes mencionan el uso de una escopeta antidisturbios, el proceso judicial acreditó que Castillo utilizó su bastón de servicio, conocido como luma, para propinar un golpe seco y directo al rostro de la víctima. Este impacto fue suficiente para causar una conmoción retinal y uveítis traumática, derivando en una ceguera legal irreversible.

La vida del exsuboficial cambió de los cuarteles a los tribunales, manteniendo un perfil bajo y silencioso durante los casi seis años que duró el proceso. En agosto de 2025, escuchó su sentencia de 11 años de presidio, una de las penas más altas dictadas contra un agente del Estado por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, ingresando finalmente a Colina 1. 

Su figura cobra una nueva y polémica relevancia bajo la administración de José Kast, pues el mandatario lo habría incluido implícitamente en su discurso de «defensa a quienes protegieron la patria», sugiriendo que casos como el suyo podrían ser objeto de la facultad presidencial del indulto, bajo la postura de que los uniformados operaron en un escenario de presunta violencia extrema.

Sin embargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y diversos juristas vinculados a la Comisión Chilena de Derechos Humanos han recordado que, en el caso específico de Castillo, los tribunales descartaron explícitamente que el exsuboficial estuviera bajo amenaza. Al respecto, el presidente Kast declaró en entrevistas que “en algunos casos de esa violencia extrema sí voy a utilizar la facultad del indulto para personas que defendieron la patria”.

Desde la vereda opuesta, la senadora Fabiola Campillai, también víctima de trauma ocular, es enfática en rechazar estos beneficios, señalando que «el Presidente de la República tiene el deber de respetar la justicia y no puede premiar con impunidad a quienes destruyeron vidas y familias», tras conocerse las intenciones del Ejecutivo de revisar las condenas. 

El perfil de Castillo se completa con el rastro de dolor que dejó en su víctima. Mientras él espera una firma presidencial que le devuelva la libertad, la joven arrastra las secuelas de un acoso escolar y un intento de suicidio motivado por la mutilación. La justicia estableció que el daño no fue solo físico, sino que alteró permanentemente el desarrollo personal y social de una adolescente que ni siquiera protestaba.

Luis Castillo Fernández representa la máxima tensión entre la verdad judicial y la voluntad política de un gobierno que busca cerrar la historia del estallido social mediante el perdón a los victimarios. 

Ivette Barrios

La ultraderecha gobernando en Chile no es refundacional


 Breve lectura materialista sobre el poder en Chile La política chilena de estos tiempos se ha enredado en una semántica confusa y ambigua 

EL CIUDADANO


La política chilena de estos tiempos se ha enredado en una semántica confusa y ambigua. Mientras gran parte del debate público se agota en adjetivar a la ultraderecha como un sector «refundacional», un análisis riguroso de nuestra estructura material sugiere exactamente lo contrario. Así, no estamos ante un proyecto político que busque cimientos ideológicos nuevos renovando paradigmas, sino, estamos lisa y llanamente ante la consolidación de una fuerza de clase de antiguo cuño que viene a blindar la institucionalidad heredada de la dictadura, la cual, en sus bases esenciales, nunca ha dejado de operar hasta el día de hoy. 

Es un error estratégico y un síntoma de miopía política creer que la Constitución de 1980 fue desmantelada y/o superada a propósito de las múltiples intervenciones que se le han hecho. Porque a la hora de la síntesis, las reformas de las últimas tres décadas que se le aplicaron fueron, en su abrumadora mayoría, ajustes cosméticos y adaptativos. De esta manera, se permitió que el Estado creciera en su capacidad de gasto, pero, bajo una condición innegociable: no alterar la lógica patrimonial del capital y sus formas de transacción.

La prueba de esto reside en el diseño de la política de financiamiento del gasto social. A pesar del discurso redistributivo de los sucesivos gobiernos progresistas, la estructura del ingreso fiscal no ha mutado ni un ápice. Las reformas tributarias han fracasado sistemáticamente en capturar rentas provenientes del capital, de las grandes empresas o del patrimonio de los grandes ricos. En su lugar, el Estado ha financiado el bienestar mediante el reordenamiento interno de las finanzas públicas y, de manera más preocupante, a través del endeudamiento fiscal internacional. 

Aquí está el núcleo del problema: estamos administrando la tesis más dura y extrema del neoliberalismo como modelo económico e ideológico. Cuando el gasto social se financia con deuda externa, esta se paga con ingresos presupuestarios donde el IVA -el impuesto socialmente más regresivo-, es el protagonista. El resultado es una paradoja particularmente cruel: se pretende redistribuir riqueza endeudando a los más pobres por medio del IVA que grava el consumo diario de las familias más pobres. Es una redistribución de liquidez en la base, mientras la acumulación en la cúspide permanece intacta.

Por ello, calificar a la extrema derecha actual que gobierna de «refundacional» es un regalo retórico que no merecen y que nos extravía. Ellos no vienen a fundar nada; vienen a sostener y a perpetuar grabando en piedra nuestras desigualdades socio económicas. La invariabilidad tributaria propuesta en su mega reforma por 25 años a futuro es la cadena que les permitirá mantener intocable el sistema hasta el año 2050, independiente de los propósitos de los 8 gobiernos que los chilenos nos demos hasta entonces, sean de la orientación política que sean. Así, la misión que hoy se dan es una y central; garantizar que el poder no se redistribuya y consolidar su posición de privilegios a propósito de su reciente y circunstancial victoria en las urnas y en la subjetividad social.

Si las vanguardias y el pueblo en su sentido más amplio aspiran a una recomposición real de fuerzas sociales en disputa, el desafío no es solo ganar gobiernos, sino romper el cerco y los candados del financiamiento público. Mientras el progresismo latinoamericano, porque esto tiene evidencia en Chile, sino también en Argentina y Brasil entre otros, siga operando bajo la lógica del capital financiero y la dependencia del impuesto al consumo, cualquier intento de cambio será solo un nuevo barniz sobre una estructura que sigue siendo, en su ADN, profundamente conservadora y excluyente. 

 Por Pablo Monje-Reyes

Cientista Político

El eterno mal menor que ha terminado siendo el mayor de los males

 

COLUMNISTAS PORTADA


Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 12 segundos

Parecería extemporáneo hablar de elecciones cuando en el horizonte no se advierte ninguna. Aprovechemos para preguntarnos ¿por qué en más de treinta años el pueblo no ha podido acceder al gobierno y ha dejado que otros lo hayan hecho en su nombre para después traicionarlo? ¿Por qué partidos políticos que debieran haberse extinguido por inútiles, descompuestos y corruptos, siempre terminan ganando poder político en nombre de la decencia? ¿Por qué la gente que ha sido la que ha puesto el sacrificio no ha conseguido instalar, allí donde se toman las decisiones que la afectan, a sus legítimos representantes?

Muy simple: porque no ha decidido hacerlo.

Por una parte, es necesario tener en cuenta un hecho indesmentible: el sistema político ha estado varias veces al borde del colapso definitivo y si no ha implosionado de una vez, ha sido porque no ha habido una fuerza que determine ese desequilibrio por la vía de ofrecer una opción diferente.

 La mala calidad de la política ha determinado la mala calidad de esta democracia.

Pero como la política no acepta vacíos, necesariamente allí donde no está el pueblo y sus propuestas, exigencias e intereses, otros habrán de obrar en su nombre.

Y eso ha venido pasando desde que los acuerdos secretos traicionaron todo lo que el pueblo sacrificó para terminar con la dictadura. Y ha culminado demostrando el fracaso de la transición a la democracia si se considera que llegaron a gobernar los mismos que la bombardearon aquel martes nublado y de bestias.

 Desde la Concertación y su temprana vocación neoliberal, hasta el reciente y no menos fracasado y neoliberal gobierno del Frente Amplio y sus aliados, cuyo legado vergonzoso fue la ultraderecha nefasta, ignorante, cruel, inútil y mentirosa en el gobierno, el pueblo ha sido utilizado solo para poner el sacrificio.

Durante un discurso del presidente José Antonio Kast, en muchos lugares se escuchó el coro metálico del reclamo tímido de la gente que ya comienza a ser pasto de la voracidad ultraderechista en su versión más desalmada.

Los estudiantes, como siempre, comienzan a dar sus primeros pasos para hacer saber su rabia, su sensación de orfandad, su descontento, su desconcierto y su natural sentido de la ubicación que no tiene nadie más en este país.

Seguirán subiendo los precios de todo, limitándose exiguos derechos ganados, castigando a los más desheredados, entregando la riquezas de todos a capitales extranjeros, afinando los sistemas represivos y depredando lo que quede por transformar en negocio para los mismos de siempre.

Y todo esto será posible solo porque el sistema no ve en el horizonte, ni más allá, algún tipo de peligro que ponga en riesgo su marcha triunfal.

 Que marchen los que quieran, que reclamen los que quieran, que suenen todas las cacerolas y que protesten los estudiantes porque para cada uno de esos eventos, en más de treinta productivos años, el sistema político ha ido perfeccionado un sistema antisubversivo que entrega herramientas para el control de los exaltados y los no tanto.

 Uno de ellos fue el que operó para el gran estallido de octubre: los partidos y organizaciones que debieron estar el frente estaban acurrucados en algún lado, presa del miedo y de los agentes que tienen infiltrados.

¿Por qué a quienes bombardearon La Moneda, a los que desaparecieron personas, a los que mataron, a los dueños de casi todo, a los explotadores y abusadores de la gente que trabaja, a los que depredan todo les ha ido tan bien al extremo de ser gobierno?

Digamos de entrada porque la izquierda no ha tenido el valor de asumir aquello que dicen sus estatutos, declaraciones, banderas, cantitos y teorías. Además, una parte de esa izquierda tiene una aversión casi genética por las elecciones como si tal mecanismo fuera un creación benéfica de los poderosos y no un derecho ganado por el pueblo en una lucha centenaria.

Agreguemos que hay dirigentes a los que no les viene mal este estado de cosas por cuanto les ha servido para llevar una vida cómoda, sin sobresaltos, fingiendo que de verdad son dirigentes de algo.

 El caso es que, si se mira desde la gente que ha puesto el sacrificio, en treinta años no se ha hecho mucho, más bien casi nada. Se ha reafirmado y, peor aún, legitimado la cultura neoliberal.

Entonces repitámoslo: las elecciones son una herramienta legítima necesaria y útil para enfrentar a los poderosos y a los traidores si se enfrentan de la manera correcta.

¿Y por qué entonces el pueblo no eleva sus propios candidatos a cualquier cosa?

Una propuesta de país radicalmente democrático y humanamente justo. Un país en el que el niño vaya sano, feliz y seguro a la escuela de su barrio. En el que el enfermarse no sea una condena y el envejecer no sea una muerte previa. En donde el trabajador viva de su salario y no del crédito que lo condena.

Y ponga usted todo aquello que suma para una vida digna y merecida en un programa radical que se proponga superar esta farsa democrática en la que manda y gana siempre un puñado de inmorales.

Y luego, genere un movimiento, esta vez sí una movilización, que entregue sentido y perspectiva a la gente que una y otra vez vota por el mal menor hasta que finalmente ha ganado el mayor de los males.

Que el siguiente estallido sí tenga sentido político y no pase sin pena ni gloria. Transformar la energía cinética, la que mueve las cosas, en energía política, la que puede comenzar a cambiar las cosas, es el desafío.

Ofrézcase, discútase, constrúyase entre muchos una opción que dé esperanzas de pelear por algo diferente, que demuestre que el actual estado de cosas no es inmutable ni único ni lo mejor. Elijase en medio de una gran movilización popular a los mejores candidatos a lo que sea, a condición de que sean propuestos por la gente, por sus organizaciones y colectivos.

Que hay otro país no solo posible, sino que humanamente necesario.

 Usted que es una persona de izquierda, ¿cómo se ha sentido cuando ha debido votar por alguien que sabe que lo va a traicionar, solo porque se hace un deber votar en contra de la derecha. ¿No ha quedado malhumorado y con una sensación de que esa es su última vez sabiendo, en el fondo, que no lo será?

Sospeche de quienes digan que no es posible que la gente se autoorganice. Haga sus propuestas, discuta, proponga, meta la cuchara y levante sus propios candidatos. No les crea a quienes digan sin base alguna de que eso sería hacerle el juego a la derecha, que eso es anarquía o una actitud antidemocrática.

 Ojo ahí.

El sistema dejó una brecha. Aprovechémosla antes de que la cierren. Recuerde que hay voces que exigen una reforma política que no es otra cosa que advertir los flancos abiertos que podrían poner en riesgo todo lo que se ha hecho y cerrar esas ventanas abiertas que dejaron.

El pueblo puede y debe levantar un programa mínimo de gobierno y por medio de una movilización articulada desde abajo hacia arriba y horizontalmente, en la que se estimule la participación de la gente de manera horizontal, en la que manden todos o no mande nadie, que diga su parecer y elija a los suyos.

Y verá que cuando salga de la votación, se sentirá muy diferente a cuando debió ir solo por cerrarle el paso a la derecha y terminó en todo lo contrario.

Que sean otros ahora los sientan miedo.

 

Ricardo Candia Cares

jueves, 30 de abril de 2026

Otro grave problema en ministerio de Seguridad: Subsecretaria de Prevención del Delito defendió hace dos años a imputados por asaltos, portonazos y crimen organizado. Es la misma funcionaria que dijo que teniamos que "auto cuidarnos" del delito

 01 May 2026

Por Alfredo Peña R.

Complejas horas vive el ministerio de Seguridad. Este jueves, el diario de la empresa El Mercurio, La Segunda reveló que la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, mantiene una sociedad con su exesposo, quien defendió en 2010 a una persona condenada por delitos de droga.

Steinert, exfiscal de Iquique, salió a responder en un punto de prensa en la misma calle Teatinos, donde está el ministerio de Seguridad, que rechazaba “tajantemente la insinuación que hace el titular” de La Segunda, pues según dijo era una sociedad que no tenía movimiento hace 25 años, pese a que se mantiene vigente.

Subsecretaria Quintana defendió a banda que se dedicaba a los asaltos y portonazos hace dos años

El canal Mega desclasificó que otra autoridad del ministerio de Seguridad tiene un complejo y polémico pasado en su vida profesional: la subsecretaria de Prevención del Delito, la abogada Ana Victoria Quintana Olguín, quien era militante hasta febrero de este año del Partido de Johannes Kaiser, el Nacional Libertario.

En su práctica como abogada, la autoridad de Gobierno asumió la defensa de una banda dedicada a portonazos, asaltos y encerronas en Santiago, conocida como “Los Emprendedores”, desbaratada recién el año pasado por la PDI.

Se trata de sujetos con innumerables delitos y procesados por lavado de activos, asociación criminal, robo con intimidación, receptación, extorsión, falsificación de documentos públicos, tenencia de armas y delitos tributarios, entre otros.

La subsecretaria Quintana asumió la representación de dos miembros un clan familiar delictual, que eran hijos del líder de la organización. Quintana presentó patrocinio en su formalización.

El Clan Chago se dedicaba al robo de maquinaria pesada, para luego revender en el mercado dichos vehículos a compradores que conocían su origen ilícito, según explicó la fiscalía Occidente.

La subsecretaria Quintana hizo sus primeras armas como abogada en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

La autoridad se desempeñó como fiscal adjunta hasta 2023, año en que renunció al Ministerio Público para dedicarse al ejercicio privado de la profesión.

Las causas que complican a Quintana: “Los Emprendedores”

En 2023, la PDI en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente asestó un duro golpe al crimen organizado, en el marco de un operativo llamado “Los Emprendedores”, donde se logró desbaratar a clanes familiares del sector poniente de Santiago que se dedicaban al robo de vehículos y camiones.

La organización criminal estaba compuesta por tres clanes familiares: el clan Luna, liderado por Hernán Luna; el clan Chago a cargo de Santiago Castro Inostroza y el clan Leon, de Gino León Mella consigna el canal Mega.

Utilizaban para hacerse de los camiones y vehículos el método de robo en lugares no habitados, pero también a través del mecanismo de portonazos y encerronas.

Según la investigación, la organización operaba en distintas comunas y regiones del país. “Las maquinarias que son sustraídas, y luego llevadas a lugares de acopio, desmantelamiento, modificación y adulteración de estos y en contacto con distintos compradores que adquieren estos bienes con conocimiento de su origen ilícito, haciendo de esto un negocio altamente lucrativo”, se lee en el acta de formalización.

La actual subsecretaria Ana Quintana representó a dos miembros de la organización. Se trata de Javier Castro y Valentina Castro, ambos miembros del Clan Chago e hijos de Santiago Castro, su líder.

“Javier Castro creó una empresa de nombre comercial “Multitruck Spa”, con el objeto de obtener facturas para poder transportar las maquinarias de origen ilícito, las cuales son comercializadas en distintas ciudades del país”, se señaló en la formalización.

La banda alcanzó relevancia mediática pues la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda estaba entre los 28 detenidos en el operativo.

Mega contactó al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quienes confirmaron la participación de la autoridad de Seguridad en la causa. Sin embargo, acotaron que su rol en dicho proceso judicial fue “circunstancial”.

“Mi participación en esa causa fue exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional. A solicitud de un colega abogado, quien enfrentaba el fallecimiento de su padre, acudí únicamente en su representación para solicitar la postergación de una audiencia a la que él no podía asistir”, le señaló a Mega.

Y agregó que “no mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio, sus partes o sus antecedentes”.

Una causa por Ley de Armas

Pero esas defensas como abogada de Quintana no se quedan en los delincuentes de los asaltos y portonazos. La subsecretaria del gobierno de Kast también asumió la defensa de un imputado extranjero por infracciones a la Ley de Armas.

El hecho ocurrió el 27 de abril de 2023, cuando personal de la PDI concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Aldunate en Santiago. Allí sorprendieron al imputado Benites Santillán, quien portaba una pistola marca Blow, modelo F92, que fue adaptada para el uso de munición.

Cuando iba a ser controlado, el imputado lanzó el arma hacia una ventana. El Ministerio Público decidió acusarlo por porte de arma de fuego y porte ilegal de munición, por lo que pidió un total de 8 años.

El 17 de abril de 2024, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado. En esa jornada, Quintana, en su calidad de defensora, cuestionó los argumentos de la fiscalía y señaló que el operativo policial “adolece de ilegalidad, dado que fue realizado con vulneración de garantías respecto de los dos acusados. En subsidio, el tribunal debería absolver a su representado por falta de participación en los hechos que se le imputan”.

Finalmente, el Cuarto Tribunal de Santiago acogió los argumentos de Quintana y zanjó absolver al imputado extranjero representado por la actual subsecretaria.

Polémicas declaraciones sobre como prevenir el delito: tenemos que auto cuidarnos

La subsecretaria Ana Victoria Quintana, realizó polémicas declaraciones sobre las medidas que puede tomar la ciudadanía ante diferentes tipos de delitos. En ese sentido, hizo referencia a “medidas de resguardo personal”.

Al ser consultada por cuáles medidas podrían ser, Quintana contestó: “La ciudadanía puede tomar las medidas que dentro de su libertad estimen convenientes. Yo no sé por qué se trata de establecer como que el Estado tuviera que dirigir la vida de las personas (…) las municipalidades, por ejemplo, pueden cambiar los lugares de control de una esquina a otra”.

“Entonces, si usted me pregunta qué más medidas, medidas de resguardo personal. La gente sabe dónde está el problema, por ejemplo en su barrio, y probablemente va a evitar pasar por ahí. Yo no lo puedo decir cuáles son las medidas que tiene que tomar”, dijo la encargada de prevenir el delito.

Concluyó que: “Cada persona, dentro de la madurez que tiene, la responsabilidad que tiene y las capacidades de autocuidado, las tiene que tomar. En lo demás, el Estado lo que tiene que hacer es responder con políticas públicas; yo no le puedo decir a cada persona qué es lo que tiene que hacer con su vida”.

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