CIPER accedió a los informes finales de los sumarios que instruyó la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se piden sanciones leves para dos notarios de esa zona: Fernando Martel y Rodrigo Ortúzar. En ellos, se revela una trama que vuelve a poner los focos sobre Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco: Ortúzar, exnotario de La Cisterna, confesó que Migueles lo llamó para pedirle que dejara a Fernando Martel en ese puesto. La investigación reveló que, una vez en el cargo, Martel le pagó a Migueles durante más de un año, por una asesoría de $2 millones mensuales. CIPER pudo comprobar que los pagos se extendieron por más tiempo y superaron los $54 millones. La fiscal judicial a cargo de la investigación concluyó que sin Migueles, Martel no habría llegado al cargo, y que los pagos a la pareja de Vivanco en realidad fueron una retribución por las gestiones que hizo a favor del exnotario. El sumario también constata que Martel contrató funcionarios por recomendación de Migueles, quien también recomendó los servicios del abogado Mario Vargas, hoy en prisión preventiva por soborno.
Entre los años 2022 y 2024, el exnotario interino de La Cisterna, Fernando Martel, transfirió $54 millones a las cuentas de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. A esos pagos, que fueron dados a conocer por CHV en noviembre de 2025, ahora se suma que en uno de los sumarios en los que se investigó a tres notarios en la Corte de Apelaciones de San Miguel, hay más antecedentes sobre el vínculo entre Martel y la pareja de Vivanco: Migueles hizo gestiones para que Martel fuera nombrado como interino de esa notaría.
Rodrigo Ortúzar, notario de la Primera Notaría de San Miguel, y quien durante 2022 fue interino en La Cisterna, reveló ante la fiscal judicial de la corte, Carla Troncoso, haber recibido una llamada de la pareja de Vivanco con el fin de interceder a favor del nombramiento de Martel. Troncoso consigna así lo declarado por Ortúzar en el sumario:
“Al término del periodo, antes de postular y ser nombrado en su cargo actual, a solicitud de Migueles, quien lo llamó por teléfono, le pidió que dejara, que presentara a Fernando Martel Costa como el interino que sucediera en esa notaría. Recuerda que se lo pidió Migueles, porque Fernando y su mujer estaban con problemas de plata o algo así y para ayudarlos a él y a la María José, sugería Migueles que lo propusiera”.
En el informe de Martel se consignan dos conclusiones de la fiscal Troncoso que aluden a la llegada del notario como interino y que hoy son materia de investigación penal.
La primera señala que «sin el apoyo de Migueles Oteiza, quien solicitó a Ortúzar que lo propusiera como su sucesor en el interinato, jamás habría podido ser nombrado.»
La segunda apunta a los pagos del exnotario a Migueles. En el sumario, Martel reconoció haberle pagado a la pareja de Vivanco $26 millones, y los justificó diciendo que, una vez en el cargo, contrató los servicios de Migueles como asesor en temas laborales. En su conclusión, la fiscal desestimó esa versión:
No hay gestión comercial demostrable ejecutada por Migueles que justifique el pago mensual de $2.000.000 durante más de un año, por lo que tales sumas solo pueden obedecer a la retribución de servicios irregulares de intermediación para obtener su nombramiento como suplente, o bien evitar retardar el nombramiento en la terna del titular la que estuvo más de un año pendiente de resolución en el ministerio de justicia”.
De acuerdo a los registros bancarios de Gonzalo Migueles, a los que CIPER tuvo acceso, los pagos realizados por Martel se extendieron por más tiempo y alcanzaron una mayor cifra, contradiciendo lo declarado por el exnotario ante la fiscal judicial. Sin embargo, en la investigación de la corte no se incluyó esta información.
Aunque el nombramiento de un notario interino depende de la corte de apelaciones correspondiente y no del notario que deja el cargo, es común que estos últimos, al momento de partir, dejen un nombre como recomendación para la corte. Martel fue nombrado interino en diciembre de 2022 por la entonces presidenta de la corte, Soledad Espina.
Ángela Vivanco tenía cercanía con los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque fue la magistrada visitadora de ese tribunal en 2019.
Créditos imagen: Víctor Huenante / Agencia Uno.
Migueles ya había sido vinculado a gestiones para nombramientos dentro del Poder Judicial. Según un reportaje de CIPER publicado en junio de 2024, donde por primera vez quedó al descubierto que la pareja de Vivanco se inmiscuía en asuntos de este tipo, se consigna que el actual conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett, también recibió una llamada de Migueles con el objeto de intervenir en un nombramiento. En esa ocasión, Migueles le pidió a Swett que se bajara del concurso a conservador de Viña del Mar en el que estaba participando (lea esa investigación). Esas gestiones fueron investigadas por la Comisión de Ética de la Corte Suprema, cuando abordó estas y otras acusaciones contra Vivanco que terminaron en la apertura de un cuaderno de remoción en su contra.
En el informe que generó esa comisión, se consignó lo siguiente:
“Migueles desplegó acciones tendientes a que el señor Carlos Swett (CBR de Concón) desistiera de su postulación al cargo de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar”.
Uno de los cargos contra Vivanco esgrimidos por la Suprema para la apertura del cuaderno de remoción, alude a gestiones de la propia Vivanco en esos concursos:
“Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón”.
Además de los $54 millones que Martel transfirió a las cuentas de Gonzalo Migueles, Reportea publicó un reportaje con detalles sobre el meteórico ascenso del notario Rodrigo Ortúzar que culminó con su llegada a la Primera Notaría de San Miguel. El mismo artículo incluye una serie de pagos a Migueles y al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, que suman $300 millones.
Todas estas transacciones entre Migueles, notarios y conservadores, están siendo investigadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso a cargo de Claudia Perivancich, quien además tiene a su cargo parte de los hallazgos relacionados al exjuez Antonio Ulloa. Los sumarios elaborados por Troncoso, de hecho, fueron remitidos a esa fiscalía y existen diligencias en curso. En este, la fiscal judicial propone sancionar con una amonestación por escrito para Ortúzar y una multa de 5 UTM para Martel ($340 mil aproximadamente).
En el sumario hay otro dato que une a Martel con los imputados del caso bielorrurso: el exinterino reconoció que, a sugerencia de Migueles, contrató los servicios de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos en prisión preventiva tras ser formalizados por soborno. Según su declaración, pagó $6 millones por ser representado en dos causas judiciales.
CIPER tuvo acceso a los descargos presentados por Martel en el sumario. Allí el notario intenta desacreditar los cargos en su contra, señalando que la fiscal judicial “ha reemplazado la prueba objetiva por una narrativa de sospecha derivada de mi contacto circunstancial con personas hoy cuestionadas”. Agrega que vincular este proceso de su nombramiento “con una petición de terceros es una inferencia sin sustento, especialmente cuando la autoridad que ejerció la facultad legal (…), la ministra Soledad Espina Otero, ni siquiera fue citada a declarar para confirmar la regularidad del proceso”. Cuestiona además que la declaración de Ortúzar sea la base para señalar que su nominación se debió a una petición de Migueles: “La fiscal se apoya en el único antecedente que consigna esa idea, esto es, lo declarado por el propio Rodrigo Ortúzar, cuya credibilidad cuestionamos, pues a modo ejemplar, declaró no haberme conocido antes de ocupar el cargo de Notario interino en la Notaría que dejaba, en circunstancias que como declaré y consta en el expediente del sumario, realicé una suplencia en la Notaría de Salamanca, de la cual Ortúzar Rodríguez era titular (lea el documento completo con los descargos de Martel).
CIPER intentó comunicarse con Fernando Martel para consultarle por todos estos antecedentes. Para eso se comunicó con su esposa, la notaria María José Montesino, quien indicó que él tomaría contacto con CIPER para contestar, ya que está sin teléfono. Pero hasta el cierre de este reportaje, eso no ocurrió.
Además le hicimos llegar consultas al abogado de Migueles, Álex Caroca, quien tampoco entregó respuestas. Y según señalaron desde la defensa de Ortúzar, a quienes también contactamos para este reportaje, no se referirán al contenido del sumario.
LOS PAGOS Y LAS ASESORÍAS DE MIGUELES
Gonzalo Migueles no solo ha recibido pagos de los notarios Ortúzar y Martel, también recibió por años remuneraciones por parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber. Este último además está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Lagos por presuntamente haber triangulado dineros provenientes del Consorcio Belaz Movitec (CBM) con el fin de pagar coimas a Vivanco.
Tras el avance de las investigaciones administrativas y penales, queda claro que una vez nombrados el conservador o los notarios en sus cargos, la pareja de Vivanco consigue puestos de trabajo o asesorías con quienes asumen esas judicaturas. Así pasó tras el nombramiento de Yáber, quien afirmó en declaración que le ofreció a Migueles contratarlo cuando asumiera, algo que Vivanco le recordó después.
En el sumario realizado por la fiscal judicial de la corte de San Miguel, Martel niega haber solicitado ayuda a Migueles o a cualquier otra persona para conseguir el puesto de interino en la notaría de La Cisterna, y asegura que simplemente postuló después de ver un anuncio en la web del Poder Judicial. También afirma que no solicitó ninguna audiencia en la corte, y que la ministra Soledad Espina lo llamó a una reunión una vez que fue nombrado “para conversar respecto del cargo y lo que se esperaba de él”. Lo que sí dijo Martel en su declaración fue que, una vez en el cargo, contrató a Migueles para una asesoría en el área laboral de la notaría. La fiscal Troncoso describe así en su informe las afirmaciones de Martel:
“Una vez que se instaló en el oficio de la notaría de La Cisterna, ese oficio lo recibió en un estado casi ruinoso (…) Entonces Migueles le prestó un servicio de asesoría, le pagó desde 2023 y hasta enero de 2024, dos millones de pesos mensuales, por este servicio de asesoría, que comprendía la selección de personal, tenían supuestamente que reunirse con Migueles periódicamente para que evaluaran las formas de potenciar el oficio, generando mayor cartera de clientes, o también mayores negocios”.
En su declaración, Martel reconoció que la asesoría de Migueles era “cara”, pero aseguró que como tenía la necesidad de echar a andar el oficio y no tenía conocimiento previo, contrató a Migueles porque “se manejaba bien con el personal y otras cosas”. Después, dice, le puso fin a la asesoría pues se dio cuenta de “que era muy caro”.
Martel asegura que le pagó a Migueles durante todo 2023 y enero de 2024, pero lo cierto es que los pagos se extendieron por más tiempo. CIPER tuvo acceso a los registros bancarios de Migueles, quien cumple más de tres meses en prisión preventiva por el delito de soborno, acusado de haber recibido las supuestas coimas para Vivanco tras los fallos de la exmagistrada a favor de CBM. Pese a que en el sumario de Martel se consigna que $26 millones fueron transferidos por el exnotario a Migueles, en sus cuentas es posible constatar que entre 2022 y 2024, Martel le transfirió $54,2 millones. CIPER pudo comprobar además que durante 2022 Martel transfirió más de $6 millones a la pareja de Vivanco, y luego los pagos se extendieron hasta septiembre de 2024, aportando $34 millones más.
En una nota publicada por CIPER en noviembre pasado, el exnotario Martel confirmó que conoce a Gonzalo Migueles, pero que “jamás” ha realizado gestiones a su favor. Sin embargo, en el sumario se constata lo contrario: Martel reconoce que contrató al menos a cuatro funcionarios en la notaría por petición de Migueles, entre las que se incluye Leidi Natalia Moreno, quien ejerció como empleada doméstica en la casa de Migueles y Vivanco, y quien también prestó servicios en el conservador de Yáber.
Además, Martel afirmó que contrató al abogado Mario Vargas, también por recomendación de Migueles, para que este lo representara en dos causas tramitadas ante el 11° y el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por un total de $6 millones. En el sumario, Martel defiende esa contratación diciendo que “fue real y motivada por delitos concretos que afectaron la fe pública del oficio”, haciendo referencia a dos causas penales en las que Vargas había asumido su representación. Y en sus descargos agrega: “Recurrir a profesionales recomendados por el señor Migueles no constituye participación en una red ilícita (…) Debo insistir que a esa fecha, el señor Vargas era un conocido y reputado abogado penalista de la plaza”.
CIPER revisó los antecedentes de esas causas en la web del Poder Judicial, pero solo pudo encontrar una de ellas, donde Vargas figura ingresando una querella, sin movimientos posteriores. La fiscal judicial concluye en su informe final que no hay justificación jurídica ni comercial para la contratación del abogado, quien hoy cumple prisión preventiva junto a Migueles.
Tras dejar su cargo como interino de La Cisterna en 2025, Martel ha hecho suplencias en la notaría de su esposa en Coquimbo, pero no ha vuelto a ser nombrado en ningún cargo. Según el sumario, desde el 15 de enero de 2023 y hasta el 17 de noviembre de 2024, Martel realizó 49 postulaciones para optar a cargos de notarios, conservadores y archiveros. En la misma investigación se aclara que solo en 19 de estas 49 postulaciones Martel avanzó hasta la etapa de evaluación curricular, sin lograr superar las etapas de evaluación de habilidades y destrezas, ni la sociolaboral, por lo que en ningún concurso alcanzó a estar habilitado para ser incluido en la terna final.
LA ELECCIÓN DE ORTÚZAR
En el caso del notario Rodrigo Ortúzar, el sumario revela que antes de asumir cualquier cargo, y precisamente en los días en que ingresó postulaciones para distintas notarías, Ortúzar le transfirió $15 millones a Gonzalo Migueles. Según el sumario, Ortúzar postuló a varias notarías de La Serena y Ovalle el día 5 de marzo de 2021. Y en los registros bancarios de Gonzalo Migueles se constata que, entre el 4 y el 8 de marzo de ese año, Ortúzar le hizo cuatro pagos desde la cuenta de una de sus empresas, los que en total suman $15 millones.
Cuando la fiscal judicial le preguntó por esas transferencias, Ortúzar las justificó diciendo que correspondían a una gestión de la pareja de Vivanco, quien lo había ayudado a conseguir un potencial cliente para prestar servicios como abogado privado, aunque finalmente eso no prosperó. Para justificar el traspaso de los $15 millones, Migueles emitió una factura a la empresa de Ortúzar, por “consultoría en gestión inmobiliaria”, servicio que nunca brindó. En sus conclusiones, la fiscal judicial cataloga ese pago como “infundado” y describe a Migueles como alguien que “a esa fecha solo contaba con la especial condición de ser la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco”.
El sumario constata que Ortúzar fue nombrado en 2022 como notario interino en La Cisterna a pesar de que Evelyn Sánchez, la notaria anterior, había recomendado a otro abogado. Ese nombramiento fue realizado en agosto de ese año por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien en ese entonces ejercía como presidente subrogante de la institución. En el mismo sumario se establece que Contreras omitió el protocolo que estaba usando la corte desde 2019 para nombrar a los notarios interinos, pues en lugar de abrir un concurso, nombró a Ortúzar por decisión propia a través de un decreto económico.
La relatora del pleno de la corte de San Miguel, Karin Bustamante, explicó ante la fiscal judicial que, al menos desde 2019, para los nombramientos de notarios interinos se abría un cuadernillo a modo de concurso, pero Contreras no seguía ese procedimiento:
“El presidente Contreras cuando estaba de subrogante (…) él seguía con el procedimiento antiguo, esto es, cuando le tocaba a él, nombraba discrecionalmente, unipersonalmente, conforme el 402 del Código Orgánico de Tribunales, sin sujetarse a la apertura de este cuadernillo. Cuando estaba de presidente y le tocaba nombrar, aun cuando él no lo hubiera pedido, igualmente se le entregaban los antecedentes de aquellos candidatos que estaban disponibles (…), pero don Roberto nombraba discrecionalmente haciendo incluso un decreto económico, que indicaba que por razones de buen servicio se nombraba a la persona que se designaba”.
En su declaración ante la fiscal judicial, Ortúzar admitió que conocía al ministro Contreras antes de que él lo nombrara en el cargo, pues Yáber se lo había presentado en una de las fiestas que acostumbraba a realizar con invitados del Poder Judicial. En la misma declaración hay luces de que esos encuentros sociales podrían haber influido a favor de Ortúzar en ese nombramiento, ya que el notario asegura que estaba buscando un puesto en Santiago a raíz de los problemas de salud de una de sus hijas, y que Contreras posiblemente consideró esa razón para nombrarlo.
Sergio Yáber (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno).
“El señor Contreras pudo haber estado enterado de su situación familiar personal por la que tenía interés de llegar pronto a la Región Metropolitana y es posible que por esa razón también lo hubieren nombrado. No hizo ninguna otra gestión con nadie más, pero recuerda que lo nombró el señor Contreras, a quien ya conocía”, reza el sumario respecto a los dichos de Ortúzar.
La misma investigación revela que luego, solo días después de asumir como interino en La Cisterna, Ortúzar fue nombrado como notario titular en la Primera Notaría de San Miguel, sin cumplir con los requisitos necesarios para el cargo, pues esa notaría es considerada de “primera categoría”, al ser más grande y con mayores ingresos. En ese nombramiento, también hay rastros de un posible lobby a favor de Ortúzar, ya que el concurso se prorrogó, permitiendo que se integraran candidatos que no cumplían los requisitos, y la Corte Suprema devolvió la primera terna enviada, donde no estaba incluido Ortúzar.
En la investigación se incluyó la declaración de Carolina Manterola, jefa de la unidad de reclutamiento y selección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Según señala la fiscal Troncoso, Manterola reconoció que en su labor ha identificado diferentes maniobras para que en los procesos de nombramiento entren más candidatos, sin necesariamente cumplir con los requisitos del cargo.
“Le ha tocado la ingrata tarea como jefa del departamento de reclutamiento de tener que soportar las exigencias de los órganos que toman las decisiones, de explicación de por qué no queda tal o cual candidato, o más bien dar luces de abrir un poco la compuerta de la calificación o bajar los promedios de corte de los puntajes, para que entren mayores candidatos, entendiendo que ahí puede haber algún tipo de interés en que se bajen los requisitos no solo para tener más candidatos sino que para tener ciertos candidatos habilitados dentro del concurso”, dice el sumario.
En el documento se describen los pasos del proceso para nombrar al notario titular de la Primera Notaría de San Miguel, el que siguió el siguiente camino: el concurso se abrió el 9 de abril de 2021 y Ortúzar presentó su postulación el 10 de mayo. Luego, se prorrogó hasta el 8 de octubre del mismo año, lo que permitió que se evaluaran candidatos que no cumplían los requisitos. Tras ser incluido, Ortúzar quedó en el segundo lugar, entre las 18 mejores notas.
A pesar de la buena evaluación, el 25 de mayo de 2022 se formó la terna, en la que Ortúzar no quedó, y fue enviada a la Corte Suprema. Pero en el máximo tribunal, la lista fue impugnada y se envió de vuelta a la corte de San Miguel, pues había sido incluido un candidato miembro del Poder Judicial que no tenía experiencia como notario. Así, el 7 de julio de 2022 Ortúzar logró entrar en la terna final, con los votos de los ministros titulares Espina, Contreras, Mera, Sepúlveda, Sottovia, Mondaca, y de los suplentes Escanilla, Rojas y Ovalle. Finalmente, el 9 de septiembre de 2022 el Ministerio de Justicia liderado por la ministra Marcela Ríos lo nombró como notario titular.
En el sumario, la defensa de Yáber señaló que en la formulación de cargos en su contra, se imputan transferencias con Rodrigo Ortúzar, pero cataloga como “especulaciones” el hecho de que la fiscal afirme que no tienen “una explicación plausible”. Según agregó Yáber en esos descargos, su defensa aportará en la oportunidad procesal correspondiente los comprobantes y documentos que las justifican.
.jpg)
