“Colonia Dignidad es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia de Chile. No puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento”, afirmaron.
Expertos y expertas de la ONU expresaron este martes su profunda preocupación ante informacion sobre festividades que se habrían llevado a cabo en Villa Bavaria, antiguo recinto de Colonia Dignidad en Chile, sitio donde se cometieron actos de tortura, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos durante y después de la dictadura, según un comunicado de la entidad.
“Nos consterna que se puedan celebrar festejos en un lugar donde se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos y cuya expropiación estaba prevista”, señalaron las y los expertos, y añadieron: “Dado que en las próximas semanas están previstas otras actividades de similar naturaleza, instamos a las autoridades chilenas a que adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes”.
Durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), Colonia Dignidad, fundada por migrantes de origen alemán, operó en coordinación con las fuerzas armadas chilenas para llevar a cabo detenciones arbitrarias, actos de tortura, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados, exhumados e incinerados en el propio recinto. Se estima que más de 100 personas podrían haber sido víctimas de desaparición forzada en Colonia Dignidad.
“Colonia Dignidad es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia de Chile. No puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento”, afirmaron los y las expertas.
Recordaron que, en los últimos años, el Gobierno había adoptado medidas positivas, entre las cuales el establecimiento de una Comisión Mixta chileno-alemana para abordar la memoria histórica, y acciones encaminadas a la expropiación del recinto. Sin embargo, en la práctica, los esfuerzos relacionados con la expropriacion del sitio parecen haberse estancado.
“Hemos tenido conocimiento de la celebración de bodas y festejos Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad. Cualquier uso del lugar debe respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuir a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, en lugar de socavarlas”, señalaron los y las expertas.
“La memorialización es un proceso a largo plazo que tiene éxito cuando las autoridades públicas acogen perspectivas diversas y colaboran de manera cercana con la sociedad civil para fomentar la participación, el diálogo y la apropiación colectiva de estos espacios. Estos lugares ofrecen a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia del pasado, así como sobre las responsabilidades por las violaciones cometidas”, añadieron los y las expertas.
Las y los expertos instaron a las autoridades chilenas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de revictimización y cualquier uso del recinto que pueda poner en peligro la recopilación y preservación de pruebas, y a garantizar que se lleve a cabo la expropiación del antiguo recinto de Colonia Dignidad, permitiendo la participación de los familiares en todas las etapas del proceso y asegurando que este se desarrolle de manera digna.
Los expertos están en contacto con el Gobierno de Chile en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, se refirió al proyecto de reforma al organismo que el Gobierno ingresó ayer a la Cámara de Diputados.
Ljubetic dijo que la iniciativa no fue una sorpresa "porque era bastante evidente y anunciado" además sostuvo que "lo que nos sorprende son la radicalidad y el carácter extremo de los contenidos del proyecto".
En esa línea, el director del organismo comentó que "este es un proyecto que esencialmente apunta a neutralizar al INDH, como un instrumento efectivo de protección y de promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente".
También cuestionó que es una "propuesta de afectación muy grave a la autonomía del instituto, a partir de la propuesta de un nuevo consejo designado con mucha participación del Ejecutivo. Es un proyecto que además desmantela al INDH, es decir, le quita recursos y explícitamente elimina sus sedes regionales. Vamos a pasar a ser una institución con domicilio legal en Santiago", complementó.
Además crítico que la iniciativa "supone, y está explícitamente en el informe financiero del proyecto, el despido del 70% de las personas que son abogadas en la institución, que naturalmente cumplen un rol muy central en cualquier institución de derechos humanos".
"Es un proyecto que afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes para el instituto, y lo desmantela desde el punto de vista de su presencia y eficacia a nivel nacional (...) Es posible afirmar que esta es una iniciativa orientada no a reformar el instituto, sino a deformar el INDH", sintetizó Ljubeticen ADN radio.
El director del INDH planteó que "este proyecto está fundado en prejuicios, en definiciones identitarias y francamente ideológicas de un sector que apoya al Gobierno, que efectivamente hace este tipo de afirmaciones que son en general sin fundamento alguno sobre el INDH".
"Nosotros hemos sido víctimas de una campaña durante meses, con desinformación, con noticias falsas con atribución de situaciones que no corresponden y todo eso ha generado en este grupo un fortalecimiento de una percepción estrictamente ideológica, que es legítima, pero que corresponde a ese grupo, respecto no solo al INDH sino que a sus problemas con el tema de los derechos humanos", expresó.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes un proyecto de ley que busca reformar profundamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con cambios a su estructura interna, sus atribuciones y su sistema de gobernanza.
Entre las principales modificaciones, la iniciativa propone eliminar la facultad del organismo para presentar querellas criminales, reducir de 11 a 5 los integrantes de su Consejo y crear un cargo de director ejecutivo para separar las funciones de dirección superior de aquellas relacionadas con la administración y gestión operativa.
El proyecto, enviado al Congreso Nacional mediante un mensaje presidencial fechado el 19 de octubre de 2026, modifica las leyes que regulan el funcionamiento del INDH y su labor como mecanismo nacional de prevención contra la tortura.
INDH ya no podría presentar querellas criminales
Si bien, según el texto, el INDH ya no podrá presentar querellas, mantiene la facultad para presentar recursos de protección y amparo, mecanismos destinados a resguardar derechos fundamentales ante vulneraciones o amenazas.
Además, la iniciativa incorpora expresamente la posibilidad de que el organismo actúe como amicus curiae, mediante la presentación de informes especializados en causas judiciales relacionadas con los derechos humanos. Esta figura permite aportar antecedentes técnicos a los tribunales, sin que el Instituto adquiera la calidad de parte en el proceso.
El Gobierno plantea que estos cambios buscan reforzar el carácter consultivo, técnico y especializado del organismo, en línea con los estándares internacionales aplicables a las instituciones nacionales de derechos humanos.
Consejo pasará de 11 a 5 integrantes
La propuesta también modifica la composición del principal órgano de dirección del INDH, reduciendo de 11 a 5 el número de consejeros.
El nuevo sistema contempla que dos integrantes sean designados por el Senado, a partir de candidatos vinculados a organizaciones de la sociedad civil; otros dos sean nombrados por la Cámara de Diputados, y el quinto sea designado por los decanos de las escuelas o facultades de Derecho de universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas.
En el caso de los dos consejeros propuestos por el Presidente de la República a partir de una nómina elaborada por organizaciones de la sociedad civil, su designación requerirá el voto favorable de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. El mismo quórum se exigirá para los dos integrantes designados por la Cámara de Diputados.
Crean cargo de director ejecutivo
Otro de los ejes de la reforma es la creación de una Dirección Ejecutiva, que asumirá la representación legal del Instituto y las labores administrativas y operativas que actualmente se concentran en la dirección del organismo.
El cargo será provisto mediante un concurso público a través del sistema de Alta Dirección Pública. El Consejo de Alta Dirección Pública elaborará una terna de candidatos y el Consejo del INDH escogerá al nuevo director ejecutivo.
Quien resulte designado ejercerá por cinco años y podrá ser renovado por un período consecutivo adicional.
Proyecto contempla reducción de personal
El informe financiero que acompaña la iniciativa proyecta una disminución de la dotación de trabajadores en las oficinas regionales del INDH y en su unidad de protección, asociada a la reorganización territorial y a la eliminación de la facultad de presentar querellas criminales.
En concreto, el documento considera una reducción del 50% de la dotación regional en un plazo de un año y medio. También estima una disminución del 70% de los abogados de la unidad de protección como consecuencia de los cambios en las atribuciones judiciales del organismo.
El informe financiero proyecta que la reforma implicaría un menor gasto fiscal de aproximadamente $1.210 millones durante el primer año y de $3.113 millones en el segundo. Una vez que las medidas estén en régimen, el ahorro estimado alcanzaría cerca de $3.721 millones anuales. Finalmente, el proyecto deberá iniciar ahora su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.
Gobierno ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados para reformar el Instituto, lo que implica, entre otras cosas, una reducción del 50% de su dotación regional y un recorte del 70% en el número de abogados de la unidad de protección.
EL CIUDADANO
La eliminación de la facultad de presentar querellas criminales es una de las modificaciones que contiene el proyecto de ley ingresado por el Presidente José A. Kast, para «reformar» el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La noticia fue conocida este lunes 19/10 y fue ampliamente consignada por la prensa nacional. En específico, la propuesta del Ejecutivo modifica la Ley 20.405 que rige al INDH desde su creación en 2009, introduciendo cambios estructurales «en la gobernanza, el mandato y las atribuciones» de la entidad.
Según se lee en el mensaje presidencial enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados, la «concentración masiva de la acción del Instituto en el ámbito de la presentación de acciones judiciales» ha ido «en desmedro de su rol consultivo».
En este marco, el proyecto termina con la facultad del INDH para presentar querellas criminales, sustituyéndola por una «denuncia institucional» que consiste en «poner en conocimiento» de los organismos competentes los hechos que pudieren ser constitutivos de delito.
Se mantendrá, a cambio, la capacidad del Instituto de deducir acciones constitucionales de protección y amparo «establecidos en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de la República, previo acuerdo del Consejo».
En esa línea, otra reforma que se propone es la reducción del Consejo del INDH, que pasaría de 11 a 5 integrantes, con un periodo de 4 años y una reelección -hoy pueden ejercer hasta 12 años continuos-, y se crea un «director ejecutivo», seleccionado por Alta Dirección Pública y designado por
De acuerdo al texto, esta nueva autoridad tendrá a su cargo la dirección administrativa y operativa del INDH, lo representará legalmente y durará 5 años en sus funciones, pudiendo renovarse por una sola vez.
En tanto, en el informe financiero adjunto al proyecto, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), se asegura que la reforma generará un menor gasto fiscal de $3.720.995 miles (aproximadamente $3.720 millones) una vez que esté en plena vigencia.
El ahorro proviene fundamentalmente de la eliminación de la facultad de querellas (que implica una reducción del 70% de la dotación de abogados de la unidad de protección), la reorganización territorial (que establece una reducción del 50% de la dotación regional al no establecer sedes fuera de Santiago) y la reducción del número de consejeros.
En esta jornada se dio a conocer la última encuesta Cadem, que muestra una caída generalizada en el gabinete: 17 de los 18 ministros con más de 40% de conocimiento retroceden en aprobación.
Las mayores caídas corresponden a Louis de Grange (40%, 14 puntos menos que hace un mes), Claudio Alvarado (37%, 9 puntos menos que en septiembre), Fernando Barros (42%, 8 puntos menos), Daniel Más (40%, 8 puntos menos) y Tomás Rau (30%, 8 puntos menos), quien junto a Jorge Quiroz (31%, 6 puntos menos) son los ministros peores evaluados.
Los ministros mejores evaluados son May Chomali (55%, 4 puntos menos), Iván Poduje (53%, 5 puntos menos) y Catalina Parot (50%, seis puntos menos).
Por su parte, Quiroz se consolida como el ministro más influyente (61%), seguido por Poduje (31%) y Martín Arrau (27%).
Además, un 64% cree que el gobierno debería volver a tener un ministro vocero.
Aprobación presidencial
En la tercera semana de octubre, un 30% (dos puntos menos que la anterior medición) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, el nivel más bajo desde el inicio del gobierno, y 65% la desaprueba o rechaza la gestión del mandatario del partido Republicano.
Esto en un contexto donde 69% piensa que el país va por mal camino y el 68% está pesimista sobre el futuro del país, los peores niveles desde marzo.
En otro tema, un 60% cree que hay que eliminar la facultad presidencial del indulto, mientras que 33% está por mantenerla.
Además, un 59% está en desacuerdo con que las personas condenadas que padecen una enfermedad terminal puedan terminar de cumplir su condena en su hogar, versus 33% que está en desacuerdo.
En el caso del exlautarista Juan Aliste Vega, condenado por el asesinato de un carabinero que murió en prisión con cáncer terminal, un 59% habría estado en desacuerdo con indultarlo, frente a 29% que habría estado de acuerdo.
Asimismo, un 64% está en desacuerdo con indultar a mayores de 80 años y enfermos condenados por violaciones a los DD.HH., y 55% rechaza indultar a exuniformados condenados por hechos del estallido social.
Por último, un 83% supo del acuerdo para rebajar entre 10% y 25% el TAG de Autopista Central a cambio de extender la concesión por 20 meses.
El 55% está de acuerdo con esta medida y 56% apoya ampliar el acuerdo a otras autopistas como Costanera Norte y Vespucio. Entre los residentes de la Región Metropolitana, un 58% dice que él mismo o alguien de su familia se verá beneficiado.
Según documentos internos de Andes Iron, en 2022 estaba proyectado que el asesor mejor pagado de la empresa fuera José Ramón Correa, abogado que actualmente está siendo investigado por delitos de corrupción. El listado de asesores del proyecto minero es amplio e incluye a al menos cinco exparlamentarios: Aldo Cornejo, Patricio Walker, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber y Eduardo Lagos. Estos dos últimos involucrados en la "trama bielorrusa" del caso Hermosilla. Otro asesor en las sombras es un exministro del Tribunal Ambiental, quien concede entrevistas en los medios en calidad de experto para opinar sobre Dominga, pero sin transparentar que recibe pagos de la empresa.
* Una versión de esta investigación fue publicada originalmente por Mongabay Latam.
Hasta ahora nadie sabía que el abogado José Ramón Correaera un asesor en las sombras del controvertido proyecto minero y portuario Dominga que busca, hace más de una década, explotar hierro y cobre en el sector de La Higuera, una comuna ubicada a unos 530 kilómetros al norte de Santiago. La empresa Andes Iron Spa, propietaria del proyecto, contempla embarcar luego el mineral en un puerto propio que se construiría en lo que científicos señalan como un importante hotspot de biodiversidad a nivel mundial. La oposición que esto ha generado y una serie de escándalos judiciales y políticos han impedido, hasta ahora, que Dominga se concrete.
José Ramón Correa, a quien Andes Iron tenía planificado pagarle, solo en 2022, más de $700.000 dólares según un documento interno de la empresa al que Mongabay Latam tuvo acceso, ganó notoriedad pública en Chile en junio pasado. Ocurrió cuando Reportea reveló parte de sus chats con el penalista Luis Hermosilla, quien protagoniza un enorme caso de corrupción que incluye influencias indebidas y pagos de sobornos entre empresarios, políticos y jueces de la Corte Suprema. En esas conversaciones por WhatsApp, Correa coordina con Hermosilla el nombramiento de ministros en el máximo tribunal y también gestiona intervenciones irregulares ante jueces.
No es el único vínculo polémico de Correa. También ha sido muy cercano a una exministra del máximo tribunal chileno, Ángela Vivanco, quien fue expulsada del Poder Judicial luego de que se conocieran sus propias conexiones y favores indebidos con Hermosilla. Ella acaba de salir de un periodo de más de cuatro meses en la cárcel, porque la Fiscalía descubrió que recibía coimas a cambio de fallos judiciales.
¿Quiénes, según los fiscales, le pagaban las coimas? Los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, cuya oficina recibió en 2023 más de $250.000 dólares de parte de Andes Iron, por servicios que no han terminado de ser aclarados.
Esos abogados también mantienen cercanía con otro ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien actualmente enfrenta un sumario en el Poder Judicial por esos vínculos. Tanto Matus como Vivanco firmaron fallos judiciales que en el pasado beneficiaron a Dominga.
Y aunque, hasta ahora, no existen antecedentes que vinculen a la empresa tras el proyecto minero Dominga con hechos corruptos, la Fiscalía abrió una investigación reservada para indagar los pagos a esos abogados.
Mongabay Latam accedió a documentación interna de la empresa, donde figuran listados de asesores que hasta ahora se habían mantenido bajo reserva. Varios de ellos comparten la misma característica: un alto poder de influencia en las instituciones.
El equipo periodístico confirmó con fuentes internas de la empresa la validez de ese documento y luego comprobó, mediante entrevistas, el vínculo legal entre los asesores allí mencionados con Andes Iron. Correa confirmó que ha sido asesor de la minera, pero evitó explicar en qué han consistido sus asesorías.
En los listados no solo aparecen operadores judiciales como José Ramón Correa, sino también dirigentes políticos: al menos cinco excongresistas chilenos figuran en las planillas de pago de Andes Iron. La mayoría de ellos se ha escudado en la confidencialidad de sus contratos para no explicar en detalle cuál es el servicio específico que le prestan a la empresa.
El mismo argumento entregó el abogado José Ramón Correa a Mongabay Latam para no entregar detalles sobre su trabajo para Andes Iron. Al menos en 2022, la empresa tenía pronosticado que él fuera el asesor mejor pagado de la compañía, a pesar de que no aparece litigando en representación de Dominga en ninguna de las múltiples contiendas en los tribunales que ha enfrentado el proyecto.
Hito del proyecto Dominga / Fuente: dominga.cl
Los tribunales son un campo de acción clave para los dueños de Dominga. El proyecto ha sido rechazado tres veces por las instancias formales de evaluación, pero ha logrado seguir con vida gracias a que judicializa cada rechazo. Fallos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema permiten que hoy Dominga esté más cerca de concretarse.
Eso a pesar de la férrea oposición que ejercen grupos ambientalistas, científicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que su puesta en marcha podría ser letal para el delicado ecosistema marino que existe en el área donde Dominga pretende funcionar.
Como parte de esta investigación, se enviaron varios sets de preguntas a Andes Iron para conocer la labor específica que han prestado a la empresa los asesores identificados en los documentos a los que tuvimos acceso. Las preguntas se enviaron inicialmente en enero y volvimos a enviarlas el pasado 28 de septiembre, pero hasta la publicación de este reportaje Mongabay Latam no recibió respuestas (ver aquí el set de preguntas).
Un proyecto polémico
El proyecto Dominga ingresó a tramitación ambiental en 2013 buscando luz verde para iniciar su construcción, pero 13 años después sigue paralizado. Los dueños del negocio —entre los que estuvo la familia del expresidente Sebastián Piñera, quien enfrentó una acusación constitucional del Congreso cuando se descubrió que había vendido su parte en las Islas Vírgenes Británicas—, han protagonizado un duro enfrentamiento con autoridades y organizaciones locales y ambientalistas que se oponen a su construcción.
Actualmente, la familia Délano —que ha forjado su fortuna en mercados como el de la salud y la educación privadas, la venta de seguros, la administración de fondos de pensiones y los bancos— es la controladora del proyecto (con más del 80 % de la propiedad). Hace 10 años el patriarca de la familia, Carlos Délano, estuvo en la cárcel cuando la Fiscalía descubrió que sus empresas habían financiado ilegalmente a partidos políticos. Su proceso judicial terminó con una condena simbólica que incluyó su asistencia a clases de ética.
Los opositores a Dominga, entre los que se cuentan científicos, ambientalistas de distintas organizaciones de la sociedad civil, pescadores y habitantes de la zona, argumentan que la iniciativa pone en riesgo ecosistemas marinos y especies en peligro de extinción que habitan el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Archipiélago de Humboldt (creada en 2023), que es precisamente donde se ubicaría el puerto de Dominga.
Archipiélago de Humboldt / Foto: José Gerstle – Oceana
Esa área protegida, reconocida a nivel mundial como un hotspot de biodiversidad, abarca a su vez la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las reservas marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas, creadas con anterioridad. Ellas son el principal hogar en el mundo para el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), pero también son hábitat de 21 especies de mamíferos marinos, entre ellos 14 especies de cetáceos y más de 100 especies de aves. Además, la riqueza marina de esta área es tal que sostiene las pesquerías artesanales más productivas de la región centro y norte de Chile.
La empresa ha dicho que su proyecto generará miles de empleos, que buscan invertir cerca de $3.000 millones de dólares y que la construcción y la operación del puerto no afectará ni a los pescadores ni a la biodiversidad del lugar.
Además de la fuerte oposición, el proyecto ha sido rechazado tres veces por el Comité de Ministros, la instancia de Gobierno encargada de definir el futuro de iniciativas que no logran su aprobación por el mecanismo regular de evaluación ambiental. A eso se suma que la empresa ha enfrentado varias otras batallas tanto en los tribunales ambientales como en la Corte Suprema.
Archipiélago de Humboldt / Foto: Eduardo Sorensen – Oceana
Un asesor en problemas
Uno de los informes internos de Andes Iron a los que accedimos para este reportaje, detalla el presupuesto contemplado para 2022. Solo en el área corporativa, ítem en el que aparecen, por ejemplo, los pagos a José Ramón Correa, la empresa tenía planeado gastar $1.405 millones (aproximadamente $1,5 millones de dólares). El mismo documento señala que el año anterior se destinaron a esa categoría otros $1.017 millones ($1,35 millones de dólares).
Hasta ahora no existe un cálculo cabal de cuánto dinero le ha destinado Andes Iron a sus asesores. Tampoco un listado completo de quienes han prestado algún tipo de servicio para el proyecto minero. Para esta investigación solo accedimos a información parcial que, sin embargo, es llamativa porque muestra que un porcentaje significativo de quienes integran las nóminas de pago de la empresa son personas con un alto poder de influencia en el Poder Judicial, La Moneda y el Congreso.
Uno de los más relevantes es, precisamente, José Ramón Correa, quien es un influyente abogado que ha representado a la familia del dictador Augusto Pinochet ante los tribunales, y que también ha construido redes con dirigentes de los gobiernos de centro izquierda de la Concertación, la coalición que gobernó Chile durante 20 años. Medios chilenos han revelado también su cercanía con la actual contralora general de la República, Dorothy Pérez.
Los chats entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa que reveló Reportea, muestran el nivel de llegada del abogado entre los jueces de las cortes superiores en Chile. Por ejemplo, una conversación de 2018 da cuenta de que el abogado Hermosilla —quien actualmente enfrenta la acusación formal del Ministerio Público que exige en su contra una condena de 17 años de cárcel por soborno, lavado de activos y delitos tributarios— le pidió a Correa interceder ante Manuel Valderrama, ministro de la Corte Suprema, para evitar la anulación de un juicio. En esa conversación Correa definió al ministro como su “amigo”.
Chungungo en el Archipiélago de Humboldt / Foto: César Villarroel
Tras la publicación, una abogada de comuneros mapuche que habrían sido perjudicados por el accionar de Hermosilla y Correa presentó una querella por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, la que ya está bajo investigación de la Fiscalía.
Los chats de Correa también revelan la influencia que ha tenido para ayudar a instalar al menos una jueza en los tribunales superiores. Se trata de Ángela Vivanco, quien fue destituida de su cargo en la Corte Suprema en 2024, luego de que sus respectivos chats con Hermosilla dejaran al descubierto filtraciones de información reservada, operaciones políticas y disposición a saltarse las reglas. Luego de eso, la Fiscalía comenzó a investigarla y encontró pruebas de que Vivanco recibía coimas a cambio de sus fallos judiciales. La ahora exministra estuvo cuatro meses en la cárcel cumpliendo prisión preventiva y ahora enfrenta la prohibición de salir de su casa durante todo el día.
Sobre su relación con José Ramón Correa declaró en la Fiscalía Sergio Yáber, el conservador de bienes raíces de Puente alto que está bajo investigación por supuestamente participar en la compra y venta de cargos judiciales. «Entiendo que Ángela Vivanco era muy amiga con José Ramón Correa», declaró Yáber, y agregó que Correa le habría dicho que la entonces ministra Vivanco lo habría ayudado a lograr su cargo como conservador de bienes raíces.
Correa, además, está siendo investigado en el caso de corrupción “Sartor”, en el que se indagan los movimientos de dinero que le habrían permitido comprar el 21 % de las acciones de Azul Azul, la concesionaria que administra el club de fútbol Universidad de Chile, uno de los más populares del país. En mayo pasado la Fiscalía incautó su celular y otros equipos electrónicos.
Correa, quien según los documentos internos de Andes iron a los que accedimos es el asesor mejor pagado de Dominga, reconoció ante Mongabay Latam que asesora al proyecto desde hace años:
“Me permito señalar que sigo siendo asesor jurídico de Andes Iron en materias estratégicas y jurídicas relacionadas con el proyecto minero Dominga, cumpliendo la contratación con las exigencias de compliance establecidas por la compañía. Por motivos de secreto profesional, no me pronunciaré respecto de las consultas que me formula, ya que corresponden a materias respecto de las cuales me encuentro bajo reserva”, respondió por escrito a inicios de 2026.
Luego, en junio, desde Andes Iron también confirmaron la calidad de asesor que mantiene José Ramón Correa: “Puedo confirmarte que el estudio Correa Alemparte presta servicio de asesoría legal a Andes Iron hace años para materias corporativas. No temas medioambientales”, indicaron desde la empresa en una respuesta por escrito enviada a través de la agencia de comunicaciones Azerta.
Asesores influyentes
Entre los asesores de la empresa, que durante años no fueron conocidos por la opinión pública, aparece también el exsenador Patricio Walker (2010 y 2018), quien según los documentos internos de Andes Iron recibe unos $5 millones mensuales (poco más de $5.000 dólares) por sus servicios. Ese pago aparece como un tipo de gasto “estratégico” en el archivo Excel manejado internamente en la compañía. Walker es amigo y excompañero de militancia en el partido Democracia Cristiana de dos de los ministros ambientales que han mantenido a Dominga con vida.
En enero pasado, cuando en el medio Reportea le preguntaron por la asesoría a Dominga, Walker indicó que “Andes Iron es uno de los clientes a los cuales me ha correspondido prestar asesoría profesional en materia de derecho ambiental, labor que sigue vigente hasta el día de hoy”. Y sobre su cercanía con los ministros del Tribunal Ambiental, respondió que “naturalmente jamás les he planteado ningún tema de carácter profesional”. Según Walker, ha coincidido con ellos en actividades “estrictamente académicas”.
Patricio Walker. Senador en el período 2010-2018. Presidió la Cámara de Diputados, entre el 20 de marzo de 2007 y el 13 de marzo de 2008. / Foto: senado.cl
Uno de los hermanos de Patricio Walker, Matías, actualmente ejerce como senador en la Región de Coquimbo, la misma donde Andes Iron busca desarrollar su proyecto. Él es uno de los defensores más entusiastas de Dominga. Ya en 2017, cuando era diputado, desplegó una ofensiva que incluyó reuniones con los dueños de la empresa, y reclamos públicos a las instancias formales de evaluación que habían rechazado por primera vez el proyecto. Su posición se ha mantenido inalterable en el tiempo. En 2023, en una entrevista concedida a El Líbero, volvió a criticar un nuevo rechazo a Dominga y dijo que la evaluación había sido “política” y no “técnica”. En 2023, su hermano Patricio ya era un asesor pagado por Dominga, pero el parlamentario no lo hizo público.
Mongabay Latam le envió preguntas a Matías Walker pero no respondió.
Otro exparlamentario que tuvo algún vínculo con Andes Iron es el exdiputado Osvaldo Andrade (2010-2018), quien también ha sido presidente del Partido Socialista, Ministro del Trabajo bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y presidente de la Cámara de Diputados.
En 2025 concedió entrevistas en representación de un sindicato de trabajadores faeneros que apoyaban el desarrollo de Dominga (Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile – Fadechi). A The Clinic le dijo que su apoyo era independiente y que no recibía ningún tipo de pago de Andes Iron. Pero ahora, cuando le consultamos por su relación con la empresa, su respuesta fue distinta:
“Ya terminé mi pega allí hace rato”, indicó. Cuando insistimos y le preguntamos por las labores específicas que prestó para Andes Iron, respondió que “tengo deber de confidencialidad en mi ejercicio profesional. Soy abogado”.
Justamente en su rol de abogado de Fadechi presentó recursos ante el Primer Tribunal Ambiental, buscando obstaculizar el tercer rechazo del Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric, del que su partido formaba parte. Cuando el rechazo se concretó, Andrade acusó a los ministros de “desacato”.
En Mongabay Latam no tuvimos acceso a registros de pagos para Osvaldo Andrade, y él no estuvo disponible a seguir conversando del tema.
Otros exdiputados que han prestado servicios para Dominga son Gabriel Silber y Aldo Cornejo, ambos militantes de la Democracia Cristiana, un partido de centro que hasta hace algunos años era muy influyente en Chile. Según publicó Reportea, ambos prestaron servicios de asesoría para Andes Iron a través del estudio de Lagos y Vargas, los dos abogados que están acusados por la Fiscalía de pagar coimas a ministros del Poder Judicial y que también aparecen en la lista de pagos de Andes Iron.
Cuando fue consultado al respecto, Aldo Cornejo se limitó a señalar que le solicitaron gestiones relacionadas con asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa, aunque se excusó de entregar más detalles, aduciendo que tiene deber de confidencialidad con sus clientes.
Gabriel Silber era socio del bufete de Lagos y Vargas, y desde ese rol firmó contratos de asesoría con Andes Iron. Silber también fue formalizado por supuestamente pagar coimas a Ángela Vivanco cuando ella era ministra de la Corte Suprema.
Hasta ahora Andes Iron no ha estado disponible para responder preguntas sobre las labores que habría desempeñado Cornejo, quien luego de dejar el Congreso ha ejercido como lobbista de distintas empresas. La respuesta que entregó Cornejo cuando fue consultado al respecto puede complicar a Dominga, porque el exdiputado mencionó que se le encargaron labores de “posicionamiento público” y “estrategias” para la empresa. Mientras que la versión de Andes Iron en relación a su contrato con el estudio de Lagos y Vargas, indica que a ellos les encargaron servicios estrictamente jurídicos.
Los asesores ocultos de Dominga que participan del debate público sobre el proyecto sin transparentar los pagos que reciben, no se limitan a exautoridades políticas. Otra persona que hasta ahora permanecía en las sombras es Alejandro Ruiz Fabres, quien ejerció como ministro del Segundo Tribunal Ambiental en dos periodos entre 2016 y 2022. Él ha concedido entrevistas en radios y diarios en condición de experto ambiental, en las que ha defendido a Dominga sin comunicar que es un asesor pagado por la empresa. Y aunque en esas entrevistas no lo transparentó, consultado para este reportaje reconoció el vínculo: que es un asesor pagado por Andes Iron.
Alejandro Ruiz Fabres (al centro) mientras ejercía como ministro del Segundo Tribunal Ambiental / Foto: Linkedin
“Presto asesoría externa a Andes Iron desde agosto de 2023. Fundamentalmente ha tenido como objeto apoyar técnicamente al equipo judicial ambiental en la estrategia del juicio, la definición de pasos procesales y la elaboración de informes jurídico ambientales; también los he asesorado en materias regulatorias, de permisos y de cumplimiento de las obligaciones de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La asesoría sigue vigente aunque su intensidad varía dependiendo de las materias que se me pide estudiar”, aseguró Ruiz cuando le consultamos por su vínculo con Andes Iron en diciembre de 2025.
Alejandro Ruiz ha intervenido en el debate público sobre la minera Dominga en calidad de experto, sin transparentar que es asesor del proyecto: en diciembre de 2024 publicó una columna en El Mostrador argumentando que si el gobierno insistía en su rechazo a Dominga, podía caer en desacato; en el mismo mes envió una carta a El Mercurio indicando que el caso “ya no da para más”; en mayo de 2025 defendió al proyecto en radio Duna y Mi Radio (La Serena), y publicó otra columna en El Mostrador asegurando que “el estado de derecho” estaba a prueba.
Los abogados de Andes Iron
Durante las últimas semanas ha habido novedades en torno a Dominga. El 1 de septiembre la empresa anunció que, luego de 13 años, había comenzado la construcción del proyecto, aunque formalmente aún quedaban recursos en trámite en los tribunales que podían bloquear su construcción. Un mes después, marcó otro hito al hacer público su cambio de estrategia en los tribunales: retiró los recursos que había presentado en la Corte Suprema para invalidar una decisión que mantenía frenado el avance del proyecto. Los opositores a Dominga creen que la empresa estaría apostando a una decisión administrativa que depende del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Si bien Dominga ha sido rechazada tres veces por el Comité de Ministros, el proyecto se ha mantenido con vida gracias a recursos judiciales que se tramitan en el Tribunal Ambiental y que luego escalan a la corte de apelaciones respectiva, y finalmente llegan a la Corte Suprema.
La agresiva estrategia legal de Andes Iron podría explicar el gasto que mensualmente desembolsa en abogados y asesores influyentes. Los documentos internos de la empresa a los que Mongabay Latam tuvo acceso, muestran que son varias las oficinas de abogados que asesoran el proyecto.
A pesar de que José Ramón Correa no ha litigado en tribunales en representación de Dominga, al menos en 2022 la empresa tenía planeado hacerle el pago más cuantioso de entre su lista de abogados asesores.
Quien secundaba a Correa en la lista de pagos de 2022 era el estudio Ferrada Nehme, con $405 millones ($450.000 dólares) seguido de Vergara Galindo Correa Abogados, con un pago de $35 millones (unos $40.000 dólares).
A diferencia de José Ramón Correa, ambos estudios, Ferrada Nehme y Vergara Galindo Correa Abogados, sí han representado a la empresa en los tribunales.
Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuántos han sido los asesores que han prestado servicios para el proyecto minero Dominga. Para esta investigación solo tuvimos a la vista un informe de pagos proyectados para 2022 y hay prestadores de servicios que no aparecen en ese listado.
Mientras Andes Iron ensaya una nueva estrategia para echar a andar su proyecto, se enfrenta a una contingencia judicial extremadamente delicada. Hasta ahora, nunca había sido investigada directamente por delitos de corrupción. El único antecedente es la indagatoria que se abrió a raíz de la venta de la participación de la familia del expresidente Piñera, pero allí el investigado era el mandatario y no la empresa.
Ahora, con la Fiscalía investigando los detalles de los millonarios pagos realizados a abogados que están procesados por graves delitos de corrupción, como pago de coimas a ministros de la Corte Suprema (Lagos y Vargas), la situación podría escalar a otro nivel.
Desde Andes Iron indicaron que a Lagos y a Vargas se les pagó por la “elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal”, aunque los documentos que exhibieron para justificar los pagos solo contenían información copiada y pegada de bases de datos públicas de internet.
La indagatoria de los fiscales es reservada y no se han conocido en detalle las diligencias que están desarrollando. Pero en Chile la Fiscalía tiene la facultad de, por ejemplo, revisar a fondo la contabilidad de la empresa e indagar si los contratos con asesores del mundo judicial y político que, hasta ahora permanecían en las sombras, se apegaron a las normas.
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