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martes, 10 de noviembre de 2026

Seis carabineros detenidos en San Bernardo en causa por apremios ilegítimos

 

Seis carabineros detenidos en San Bernardo en causa por apremios ilegítimosPAÍSAgencia UNO

Seis carabineros detenidos en San Bernardo en causa por apremios ilegítimos

El grave acto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la comisaría, donde también se pudo apreciar la coordinación previa de los seis carabineros para llevar a cabo el ataque y los efectos en el cuerpo de los detenidos.


Seis funcionarios de la 14° Comisaría de la comuna de San Bernardo fueron detenidos durante la mañana de este martes 10 en una causa por apremios ilegítimos.

El caso se remonta al 26 de mayo de este año. Los imputados, detenidos por policías del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, usaron gas pimienta en contra de dos detenidos que estaban en el calabozo del recinto policial.


A eso de las 17 horas de ese día, los carabineros lanzaron el aerosol irritante dentro de la celda sin mediar motivos conocidos, sabiendo los efectos que provoca en la salud de las personas. Luego, taparon la ventana del calabozo para que no entrara el aire y los afectados sufrieran los efectos del agente químico con mayor intensidad.


El grave acto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la comisaría, donde también se pudo apreciar la coordinación previa de los seis carabineros para llevar a cabo el ataque y los efectos en el cuerpo de los detenidos.

Todos los policías imputados serán formalizados durante el miércoles 11 en el Juzgado de Garantía de San Bernardo en la calidad de autores del delito de apremios ilegítimos. La causa quedó a cargo del Fiscal Adjunto de San Bernardo, Rubén Salas.

Editorial Cambio21. Del país triste, al gobierno fome y que Kast no es el líder que Chile necesita

 10 November 2026

Chile pasa por momentos complejos. Un gobierno desorientado, sin liderazgo, lejano, triste, fome y con los números más malos que se conozcan a una administración en sólo 8 meses de gobierno. Y sin propuestas para salir de esta grave crisis, política, económica y social.

Tanto partidarios como opositores han cuestionado duramente la opción del Presidente Kast de “blindar” a su ministro de Justicia, por la decisión de rebajar penas a delincuentes condenados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, tráfico de drogas, violación de Derechos Humanos y llevar a su gobierno a una situación de crisis y de desplome del apoyo ciudadano en apenas 8 meses de gestión y nunca vista desde la vuelta a la democracia.  

Los diversos estudios de opinión conocidos los últimos días revelan que una inmensa mayoría del país rechaza las rebajas de penas a pederastas, pedófilos, traficantes de drogas, violadores de DDHH que realizó el ministro Fernando Rabat y el ex subsecretario Luis Silva, "por orden del Presidente de la República", según reza el tecnicismo legal. Incluso la mayoría respalda la actitud crítica de la Oposición.

Pero lo sorprendente es que lo primero que hace el Presidente Kast al volver al país, después de su gira a Europa, es respaldar al ministro criticado y cuestionado en un acto-paseo en el Palacio de la Moneda dándole un protagonismo inesperado.

Esto gatilló una crítica -especialmente en sectores de derecha- al estilo de toma de decisiones presidenciales, al rol del Segundo Piso y por el modo de definir el aporte de los partidos políticos, donde sectores de Renovación Nacional y Evopoli y algunos -los menos- UDIs reclaman más participación en el gobierno, con mayor presencia del mundo de los políticos y no de los técnicos independientes, carentes de empatía para enfrentar esta crisis económica, política y social que el gobierno de ultraderecha no esperaba.

Desde ese mundo oficialista surgió el rumor de un cambio de gabinete, de incorporación de gente “con peso político” que busquen salir de este momento crítico, donde la aprobación gubernamental cayó entre el 20 y 22% en diversas encuestas serias, que no pueden ser descalificadas en el debate público. Hubo otro sondeo que le dió un 29% de aprobación a Kast, contradiciendo a todas las otras cuatro encuestas, pero ese estudio es poco serio porque tiene un millonario contrato con el Gobierno y -nos imaginamos- querrán renovar ese contrato, por eso le dan ese guarismo al jefe de Estado.

Otra problema en este complejo momento gubernamental es que el Presidente Kast ha tenido un comportamiento sobre-ideologizado y no se le ve disponible a privilegiar la búsqueda del bien común y no sólo la de sus partidarios o votantes. Chile ya aprendió que en momentos críticos se requiere un Presidente que vele por el bienestar de todas y todos y no sólo de algunos de su mini-nicho o de los que piensan solo como él.  

Los diversos estudios de opinión revelan que este episodio de la rebaja de penas, se une al bencinazo, al alza del desempleo y de los gravisímos incumplimientos de los compromisos en seguridad que empiezan a mostrar una ciudadanía que ha perdido la confianza en la autoridad presidencial.

La mayoría ciudadana no ve en el liderazgo presidencial, cercanía, sensibilidad, ni empatía, ni las capacidades para enfrentar estos problemas -como el desempleo, la inflación, la inseguridad- con lo cual se concluye que no es lo que Chile necesita y una gran mayoría de sus propios votantes declaran estar “decepcionados y con rabia” de su gestión en estos 8 meses, tal como tituló el único vespertino de Santiago, La Segunda: Kast no es el líder que Chile necesita.

En la encuesta Criteria, Kast sale mal en todos sus atributos personales y aparecen datos nuevos que debieran impactar toda la administración del republicano: En todos, la mayoría, cerca del 65% cree que no es honesto, no tiene capacidad de mando, no tiene sensibilidad, no es cercano, no representa adecuadamente los intereses de la gente y otras muy malas notas de su personalidad política y personal.

Esta mayoritaria percepción ciudadana revela -una vez más- que la legitimidad presidencial pasa por su capacidad de gestión, de tomar adecuadas decisiones que signifiquen mejoras en la calidad de vida de las mayorías y que la ciudadanía se decepciona cuando hay líderes que no miran el bienestar común, o sólo les preocupa atender las urgencias de quintil más rico; por ejemplo, cuando eximió el pago de contribuciones a los mayores de 65 años o la rebaja de impuestos a las grandes empresas o en otros momentos ha sido la corrupción la que gatilla esta decepción ciudadana.

A estas alturas de la historia democrática del país ya debemos asumir que las autoridades deben escuchar a todas y todos, no sólo a los propios; que su agenda debe estar marcada por resolver las urgencias, incluso reconociendo sus errores como ocurre con los recientes anuncios de frenar las alzas de los combustibles, cuestión que pudo realizarse en marzo pasado donde ministro Quiroz decidió traspasar el alza de $300 por litro de bencina de una sola vez, sin usar un instrumento amortiguador de las alzas como es el MEPCO, que fue utilizado por todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia.

También la autoridad democrática debe rodearse de buenos y capacitados equipos como son los Ministros, que claramente en este caso no han dado el ancho e incluso muchos de ellos no tienen capacidades o son digitados desde el Segundo Piso de La Moneda que parece tener un protagonismo excesivo que incluso opaca el rol presidencial; lo que claramente es un mal diseño de funcionamiento del Ejecutivo.

Las autoridades se ganan su legitimidad no por su relato o cuñas ambiguas como lo hace este gobierno sino por lo que logran hacer en beneficio de la gente y claramente en ese ámbito el gobierno Kast está muy al debe ya que la mayoría del país siente que ha retrocedido, que vive con menos seguridad, con más miedo al desempleo y que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. Es esa mala gestión de Kast y su gobierno, lo que explica el deterioro del liderazgo del mandatario y el futuro próximo no se ve halagüeño para el país, lamentablemente.

Es hora que la política empiece a mostrar que hay mujeres y hombres que si pueden unirnos o coordinarnos para que Chile supere lo que varios han sostenido en llamar por la mala situación económica y social "como un país triste" y que los propios integrantes de esta administración le han llamado, "un gobierno fome"...

Criticó el paro: Presidente de camioneros que hizo campaña y votó por Kast, Sergio Pérez, tiene un tenso diálogo en Chilevisión: “No sé si parece vocero de las autopistas o ministro de gobierno”

 10 November 2026

Foto: El presidente de los camioneros de carga, Sergio Pérez y Kast en una imagen de campaña

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), habló con el matinal de Chilevisión en el marco del paro que realiza un grupo de camioneros que nada tiene que ver con el gremio que lidera.

“Nosotros somos la CNTC y desde marzo hemos venido trabajando, porque entendimos que esto era un problema mundial, internacional”, dijo Pérez, en alusión al alza constante de los combustibles.

Hay que recordar que el empresario de transportes, Sergio Pérez, participó en la campaña de José Antonio Kast hace un año y llamó a votar por el actual mandatario. Lo mismo hizo hace cinco años, cuando Kast se enfrentó a Gabriel Boric y perdió en esa elección.

“En todos estos meses, las pequeñas empresas, los medianos, han tenido que lidiar con el bencinazo. Hay gente que nos escribe y que nos dice que han tenido que vender sus camiones. Ustedes son grandes confederaciones, manejan otro volumen de camiones, otro nivel de carga y tienen otras condiciones, entonces esa es la crítica que se les hace, que no han sido lo suficientemente solidarios con los pequeños camioneros que se están movilizando hoy. ¿Se hacen cargo de esa crítica?”, le consultó el conductor del matinal Eduardo de la Iglesia.

“Yo le voy a tener que informar a usted algo en lo que está absolutamente desinformado: todo el trabajo gremial que hemos hecho desde marzo es para proteger a los pequeños transportistas, porque los camioneros más grandes trabajan con un polinomio de variabilidad...”, alcanzó a replicar el líder gremial, dando paso a un tenso momento.

Tensión en vivo
Eduardo de la Iglesia: Lo ha explicado dos veces al aire hoy

Sergio Pérez: El valor del litro del petróleo no le afecta a los camioneros más grandes porque están ingresados al polinomio. Todo el trabajo que estamos haciendo, gremial, con el parlamento, es justamente para todos los camioneros que se inician, porque todos nos iniciamos en esta industria con un camioncito.

Eduardo de la Iglesia: No se han sentido protegidos, porque se están movilizando.

Andrea Arístegui: Ellos dicen que ustedes no representan sus demandas. ¿Qué le dice usted a esos dirigentes?”.

Sergio Pérez: Yo lo primero que les digo es que nosotros empatizamos, porque no hay estabilidad, hay varios proyectos de ley que se están intentando aprobar, hay un ambiente muy complicado en la nación, pero la responsabilidad de los dirigentes es resolver los problemas de fondo. Por eso, yo llamo a los colegas que entiendan que nosotros estamos trabajando justamente para este sector.

Más adelante, luego de una escuchar una metáfora de Pérez respecto a la administración responsable del gobierno, De la Iglesia no dudó en intervenir al aire: “No sé si parece vocero de las autopistas o ministro de gobierno”.

QUE VERGÜENZA

 

A solo meses de dejar el gobierno, Kast designó a exministra Trinidad Steinert como agregada de seguridad en Paraguay. Se suma a Luis Gnecco como agregado en Londres

A 175 días de su salida del Ministerio de Seguridad Pública, la exministra Trinidad Steinert asumirá como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A este nombramiento de Kast por Steinert, se suma el del actor Luis Gnecco, que fue designado como agregado de Cultura en Londres, Reino Unido.

Steinert dejó el gabinete el 19 de mayo, en el primer cambio ministerial de la administración del Presidente José Antonio Kast, luego de permanecer 69 días al frente de la cartera de Seguridad. Su salida estuvo marcada por cuestionamientos a su gestión y controversias relacionadas con decisiones adoptadas durante su breve paso por el ministerio.

La posibilidad de asignarle un cargo en el exterior había sido reconocida anteriormente por el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien en julio señaló que se trataba de una alternativa que estaba en evaluación, aunque todavía no existía una decisión definitiva.

Sin embargo, el escenario cambió con la conformación de la comisión investigadora en la Cámara Baja, instancia que ha convocado reiteradamente a la exministra para que entregue su versión sobre las materias fiscalizadas.

En septiembre, la exautoridad volvió a aparecer públicamente al incorporarse como investigadora en Seguridad Pública al centro de estudios AthenaLab. Desde el 1 de ese mes comenzó a colaborar a medio tiempo en la elaboración de propuestas vinculadas con la persecución del crimen organizado. Entre sus trabajos figura un análisis sobre el caso Ronald Ojeda, publicado el 23 de septiembre.

SU NUEVO ROL EN PARAGUAY

Desde Cancillería explicaron a The Clinic que Steinert tendrá entre sus principales funciones colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito el 28 de mayo en la capital chilena por los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay.

La cartera también relevó la trayectoria profesional de la exministra, particularmente sus más de 20 años de experiencia como fiscal en la persecución del crimen organizado transnacional, con especial énfasis en las zonas del norte del país.

lunes, 9 de noviembre de 2026

PRESIDENTA DE LA CORTE DE VALPARAÍSO DECIDE NO INHABILITARSE EN ELECCIÓN DE FISCAL REGIONAL QUE INVESTIGARÁ A SU HERMANO

 


Presidenta de la Corte de Valparaíso decide no inhabilitarse en elección de fiscal regional que investigará a su hermano

La ministra Silvana Donoso participa en la elección del nuevo Fiscal Regional de Valparaíso, autoridad que deberá resolver una arista clave del caso Hermosilla donde su hermano, el abogado Samuel Donoso, figura como imputado. En el concurso, la jueza votó a favor de excluir a Mario Carrera, fiscal de Arica que investiga al exministro Andrés Chadwick, representado por Samuel Donoso.

“No tengo ninguna causal de inhabilidad”, respondió la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, cuando Reportea le preguntó si iba a seguir participando en el proceso de elección del nuevo Fiscal Regional de la quinta región.

Ella formó parte del pleno de la Corte que este 6 de noviembre dio el pistoletazo de salida para escoger al nuevo jefe del Ministerio Público en Valparaíso, donde se tramitan varias aristas del caso Hermosilla. En una de ellas está en calidad de imputado el abogado Samuel Donoso, hermano de la jueza, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de soborno.

Quien resulte electo como nuevo jefe de los fiscales de Valparaíso, tendrá en sus manos la causa donde Samuel Donoso figura como imputado por hechos relacionados con su hermana. Según la querella del CDE, Donoso apoyó el nombramiento del exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, luego de las gestiones que Ulloa habría realizado en beneficio de Silvana Donoso cuando ella enfrentó una acusación constitucional en el Congreso.

Durante el pleno del viernes, la ministra Donoso concurrió con su voto a la decisión de declarar como inadmisibles las postulaciones de cinco candidatos al cargo, incluyendo la del actual Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, quien a su vez tiene a su cargo la arista del caso Hermosilla donde se indaga al exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien es defendido por Samuel Donoso.

Chadwick también participó en la defensa de la jueza Silvana Donoso cuando, hace seis años, enfrentó la acusación constitucional del Congreso, según consta en los chats alojados en el celular de Hermosilla.

El fiscal Carrera, y otros cuatro postulantes, quedaron fuera de competencia por no presentar de forma adecuada la documentación solicitada. En el caso del fiscal de Arica, por no indicar explícitamente que no es pariente del presidente José Antonio Kast (vea el acta de la sesión). Carrera, en todo caso, puede pedir que se reconsidere la decisión.

En la misma sesión, los ministros de Valparaíso definieron que los candidatos que siguen en carrera —cinco persecutores y funcionarios de la Fiscalía de Valparaíso, y uno de la Fiscalía Metropolitana Sur— deberán exponer ante el pleno de la Corte en una audiencia pública a partir del mediodía del lunes 16 de noviembre. Luego los ministros votarán y escogerán una terna, la que será enviada al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que escoja al nuevo jefe de los fiscales de Valparaíso.

Si la ministra Silvana Donoso persiste en su decisión de no inhabilitarse en el proceso, su voto será clave para la elección del nuevo jefe de los fiscales en Valparaíso, quien no solo deberá definir el futuro de su hermano como imputado, sino también el destino de causas en las que Samuel Donoso es su contraparte, como la indagatoria por corrupción contra la senadora Camila Flores (RN), quien es defendida por el abogado. En esa causa, Donoso presentó una denuncia contra la fiscal Paola Castiglione, por supuesta filtración de antecedentes.

La actual Fiscal Regional, Claudia Perivancich, concluye su periodo el próximo 29 de diciembre.

La influencia de Samuel

En la Fiscalía de Valparaíso se investigan varias causas que forman parte del caso Hermosilla, fundamentalmente las asociadas a nombramientos judiciales irregulares. En una de ellas, la que indaga al exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, Samuel Donoso está en calidad de imputado luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella en su contra por el delito de soborno.

Los chats alojados en el celular de Hermosilla contienen pruebas de que Donoso fue un respaldo fundamental para que Ulloa lograra su cargo a inicios de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ese momento Donoso era el abogado de Piñera en numerosas causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social y por el manejo de la pandemia del covid-19.

Donoso formó parte del grupo de confianza de Luis Hermosilla, junto al también abogado, y actual embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik. Los tres impulsaron nombramientos judiciales que ahora están bajo escrutinio del Ministerio Público (vea investigación de Reportea).

El mismo trío se activó cuando la hermana de Samuel, la jueza Silvana Donoso, enfrentó en 2020 una acusación constitucional del Congreso por haber autorizado la libertad condicional de Hugo Bustamante, quien ya en libertad asesinó a la adolescente Ámbar Cornejo. En un grupo de Whatsapp, los abogados Hermosilla, Donoso y Zaliasnik, y sus respectivos equipos de trabajo, coordinaron la defensa de la actual ministra.

Entre las estrategias que utilizaron, según consta en esos chats, estuvo utilizar su influencia sobre algunos congresistas para que estos convocaran a la comisión que revisó la acusación a invitados de la defensa, pero haciéndolos pasar como expertos independientes. También enviaron preguntas a diputados cercanos —mencionan a Juan Luis Castro, actual senador PS—, para que estos las formularan a los invitados durante el desarrollo de la comisión (vea reportaje de The Clinic).

Según la querella del CDE, quien también realizó gestiones para apoyar a la jueza Silvana Donoso fue el exministro Antonio Ulloa, quien habría conversado con los senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN) buscando que se rechazara la acusación contra la jueza. Según la querella, “en una conversación de WhatsApp sostenida con Luis Hermosilla el 24 de septiembre de 2020, Ulloa le señaló: ‘Yasna Provoste cumplió tb’, a lo que Hermosilla respondió: ‘Muchas gracias’, expresiones que dan cuenta de gestiones realizadas por Ulloa en favor de Silvana Donoso, justamente en el mismo periodo en que se encontraba solicitando el apoyo de Luis Hermosilla y su círculo cercano para ser nombrado como ministro en alguna Ilustrísima Corte de Apelaciones de su interés”.

Algunos meses después, Samuel Donoso intervino ante el mismo Hermosilla para que Ulloa fuera nombrado ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago: “100% Ulloa. Antiguedad, experiencia, lealtad”, se lee en el respectivo chat de Whatsapp.

Ulloa declaró ante la fiscalía que cuando se rechazó la acusación contra la jueza, los hermanos Donoso lo llamaron: “Después de rechazada la acusación, me llamó Samuel Donoso y también doña Silvana. Samuel se enteró por Luis que yo había conversado con los senadores y me agradeció la gestión (…) Me dice en esa conversación que estaba muy agradecido (…) me pregunta si yo estoy actualmente postulando a algún cargo, yo le dije que estaba postulando a varios cargos (…) pero Samuel me dice ‘vengase a Santiago a las ligas mayores’”, cita la querella del CDE.

El mismo libelo cita una declaración de Hermosilla sobre estos hechos: “Debo haber tenido información al respecto del lado de Samuel Donoso, quien conocía a Antonio Ulloa (…) Recuerdo que Samuel Donoso hizo muchas gestiones de apoyo para su hermana Silvana Donoso, habló con senadores del PPD donde tuvo un cargo de secretario general en el partido, y por ende entre esas gestiones debe haber pedido apoyo a Antonio Ulloa. Samuel Donoso debe haberle pedido ayuda a Guido Girardi, a Carolina Tohá, entre otras. Recuerdo que Samuel estaba feliz cuando se rechazó la acusación constitucional de su hermana”.

Luego, cuando Ulloa ya estaba instalado en la Corte de Santiago, indica la querella del CDE, resolvió causas a favor de Samuel Donoso sin inhabilitarse. Por ello, la querella le imputa a Donoso el delito de soborno y a Ulloa los de cohecho, prevaricación y revelación de secretos. La querella también se dirige contra Hermosilla, el abogado Mario Vargas, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

“La derecha no puede perder con los jueces”

La acusación contra la jueza fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de 2020. En esa instancia, quien la defendió fue el abogado Jaime Winter, que entonces trabajaba en el estudio de Zaliasnik. Para la etapa del Senado, quien entró en escena fue el propio Luis Hermosilla.

Fue entonces, según indican los chats respaldados en su celular, que el abogado contó con la colaboración del exministro del Interior, Andrés Chadwick, para influir sobre el voto de senadores que debían votar la acusación. Las conversaciones de Hermosilla y Chadwick muestran que la dupla sostuvo conversaciones con senadores durante las jornadas en las que el Senado debatió la acusación contra la jueza, el 23 y el 24 de septiembre de 2020.

El primer día de sesión, Hermosilla partió relatándole a Chadwick cómo iba el conteo de votos:

Hermosilla: Hasta aquí Ebensperguer, Bianchi, Letelier, Guillier, Allende en contra. Inhabilitados Guido, Chahuan y Ossandón. Nadie a favor hasta aquí

Chadwick: Bien !!

Hermosilla: La Coca va a votar a favor (en referencia a la entonces senadora Jacqueline Van Rysselberghe, de la UDI). Podrás llamarla? La derecha no puede perder con los jueces…

Según escribió algunos minutos después Chadwick a Hermosilla, el mensaje a la entonces senadora se entregó.

Chadwick: Le insistí a la Coca que era por ti que te importaba su voto

El principal flanco de la acusación estaba en la derecha, ya que esta fue impulsada por el entonces diputado, y actual senador, Andrés Longton (RN), quien representaba en el Congreso al distrito que incluye a la comuna de Villa Alemana, donde se produjo el asesinato de Ámbar Cornejo.

Los chats muestran que la entonces senadora Van Rysselberghe no fue la única que habría recibido mensajes de Chadwick para que rechazara la acusación. En otro momento de la conversación, el exministro del Interior le envía a Hermosilla mensajes del senador Iván Moreira (UDI), con quien estaba conversando sobre su voto en la acusación. “Igual se rechazará”, habría escrito Moreira, quien votó a favor.

El 24 de septiembre de 2020 la acusación contra Donoso se rechazó en el Senado. Los votos de Moreira y Van Rysselberghe
 fueron de los pocos que estuvieron por aptobarla

Al finalizar ese día, Chadwick le envió a Hermosilla un mensaje que habría recibido de Samuel Donoso, agradeciéndole:

Chadwick: (reenvía mensaje de Samuel Donoso) estimado, no sabes lo agradecido que estoy¡¡¡ muchas, muchas gracias¡¡¡ y Hermosilla se lucio hoy dia, un alegato de colección¡¡ por algo el hombre tiene la fama que tiene.

El próximo 11 de diciembre se realizará una audiencia para definir la situación procesal de Samuel Donoso en la causa en la que figura como imputado. Su defensa solicitó el sobreseimiento y los fiscales deberán exponer sus argumentos ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde se tramita la investigación. Ese debate se dará en medio de la elección del nuevo Fiscal Regional de Valparaíso, proceso en el que la hermana del penalista decidió no inhabilitarse.

La maniobra de Kast y Quiroz: las cifras infladas de Codelco como pretexto para privatizar el cobre

 

COLUMNISTAS


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La producción inflada (la derecha habla de “fraude”) de Codelco es real: lo reconoce la propia empresa. Lo discutible es la conclusión del gobierno de Kast: entregarla por partes a empresas privadas justo cuando el cobre vale más que nunca. Una salida democrática: vigilarlo, no venderlo. Pero unas cifras infladas no pueden ser pretexto para vender. La pregunta es otra: ¿por qué entregar Codelco a privados en plena fiebre mundial del cobre? Según el vespertino galo de referencia Le Monde, la tonelada subió casi 30 % en un año, y la Agencia Internacional de la Energía prevé que en 2035 la demanda supere en 25 % la oferta. Sebastián Claro, exvicepresidente del Banco Central, anuncia «un ciclo de precio del cobre alto». Vender ahora es renunciar a esa renta; hacerlo en plena crisis de reputación, malbaratarla.

El jueves 5 de noviembre, en la junta de accionistas de Codelco, cuyo único dueño es el Estado, el directorio informó que la producción de 2024 y 2025 se había inflado en 42.100 toneladas. Su presidente, Bernardo Fontaine, operador de la derecha neoliberal —exvicepresidente de Citibank Chile, líder de la campaña «Con mi plata no» en defensa de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), vocero del Rechazo en 2022 y hombre de la campaña de José Antonio Kast—, apuntó a la administración anterior: Máximo Pacheco, presidente del directorio, y Rubén Alvarado, presidente ejecutivo. El director Alfredo Moreno, también hombre de la derecha —canciller y ministro de Sebastián Piñera, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la cúpula del gran empresariado, nombrado en el directorio por Gabriel Boric en 2025 y mantenido por el gobierno de Kast—, señaló que, «aparentemente», participaron personas de control de gestión y de operaciones; el entonces gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, fue despedido en mayo. Las investigaciones siguen abiertas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se dijo «muy, muy preocupado» de que el «engaño» hubiera llegado «tan alto», y sacó su conclusión: pensar «mecanismos alternativos en algunas divisiones», sus grandes minas, y «tal vez espacios de capital privado». La Federación de Trabajadores del Cobre ya había advertido en julio que no acepta que Codelco se use en el debate político, y opone a su privatización un «categórico y absoluto rechazo». Y Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a los trabajadores de empresas contratistas, advirtió en agosto que privatizar sería «el golpe final» de la desnacionalización.

Codelco nació en 1976 de las minas que el Congreso nacionalizó por unanimidad en 1971, arrebatadas a las estadounidenses Anaconda y Kennecott. La dictadura de Augusto Pinochet no la vendió: la Ley Reservada del Cobre destinaba a las Fuerzas Armadas el 10 % de sus ventas al exterior. Durante décadas entregó casi todas sus ganancias al Fisco y, para invertir, tuvo que endeudarse. Así acumuló una deuda de más de US$25.000 millones. Aldo Binimelliz, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, lo resume: «todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco».

La producción inflada es grave, pero hay que medirla: unas 21.000 toneladas por año, menos del 2 % de la producción. Su efecto contable, hasta US$140 millones, no llega a la décima parte de lo que Codelco aportó al Fisco en 2025. El director de Codelco Ricardo Álvarez recordó la «fuerte presión» de Máximo Pacheco, presidente del directorio bajo Gabriel Boric, por cumplir la meta. Las cifras aún son preliminares: las auditoras KPMG y EY siguen revisando las cuentas. Y el primer caso salió a la luz en enero, bajo la propia administración de Pacheco: «la tercera línea de defensa» funcionó, dijo el director Eduardo Bitrán. Las cifras infladas no son un invento del gobierno, pero tampoco las descubrió él.

El gobierno promete que el Estado mantendrá el control: Quiroz dijo en julio que Codelco «nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado». Pero el control se pierde por tajadas. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quiere vender activos «prescindibles». Fontaine, presidente del directorio desde mayo, estudiará en 2027 «cambios en la estructura». Un proyecto oficialista busca sacar del directorio a los representantes de los trabajadores. «Mecanismos alternativos»,«espacios de capital privado», activos «prescindibles», «cambios en la estructura»: cuatro eufemismos para una sola palabra que nadie en el gobierno se atreve a pronunciar, privatizar.

¿Por qué tanta prisa? Porque el tiempo juega en contra del gobierno. Según Criteria, el 1 de noviembre Kast tenía apenas 25 % de aprobación y 65 % de rechazo, su peor cifra desde que asumió en marzo. Y a fines de julio, la encuestadora Descifra registró que el 75 % de los chilenos quiere que Codelco siga siendo 100 % estatal. Sin apoyo ciudadano, el gobierno apura una operación que solo puede beneficiar a la oligarquía minera, chilena y extranjera, antes de que las urnas se lo impidan.

Nadie ha dicho quién compraría. Las candidatas naturales son las gigantes que ya operan aquí: BHP, Anglo American, Glencore o la estadounidense Freeport-McMoRan, dueña de 51 % de El Abra, con Codelco como socia. Y en casa está el grupo Luksic: controla el 65 % de Antofagasta plc, dueña de Los Pelambres y Centinela, y su fortuna es la mayor de Chile, según Forbes. Buena parte de ella es renta del cobre hecha patrimonio familiar. El diputado comunista Luis Cuello exige saber «qué intereses están detrás». Cuando lo público se vende por partes y sin debate, el olor a negociado no es una sospecha gratuita: es la memoria de las privatizaciones de la dictadura en los años ochenta.

No es una alarma solo de izquierda. Chile Vamos también se declaró en julio contra la privatización de Codelco. Juan Ignacio Guzmán, consultor minero, juzga que vender ahora sería «un error político y económico». Y Óscar Landerretche, socialista y expresidente de Codelco, defensor de la gestión anterior, advirtió en abril que el gobierno preparaba «el argumento para privatizar una parte».

Nuestra tesis: la producción inflada se corrige con más control público, no con menos Estado. Por lo que se sabe, los responsables están en la gerencia, no entre los trabajadores de las minas. Vender las divisiones a privados sería entregarles la renta de la bonanza y dejarle al Estado la deuda, los relaves y los yacimientos envejecidos.

El gobierno habla de poner orden. En tiempos convulsos, con Washington y Beijing disputándose los minerales críticos y aranceles que cambian de un mes a otro, el verdadero orden se llama soberanía económica: que un país decida qué hace con su principal riqueza. El economista Manuel Riesco lo escribió en junio: defender Codelco «es un asunto de primer orden de seguridad nacional». Por eso protegerla es lo mínimo. Un programa de izquierda debería ir más lejos y reabrir la renacionalización del cobre que la ley minera de 1982 entregó por tiempo indefinido y que los gobiernos de la Concertación dejaron crecer en manos privadas, hasta sumar tres cuartos de la producción. Eso no lo hará ningún ministro por sí solo: requiere un pueblo movilizado, dispuesto a defender lo que Salvador Allende llamó «el sueldo de Chile», y no las ganancias de las multinacionales del cobre ni los miles de millones de los Luksic.

No por nostalgia de 1971, sino con números: entre 1988 y 2018, según el economista Benjamín Leiva, nueve grandes mineras retuvieron cerca del 60 % de la renta del cobre. Julián Alcayaga, economista y abogado, sostiene que, si la Constitución da al Estado el dominio absoluto de las minas, bastaría un decreto para recuperar las concesiones sin indemnizar a nadie. Otros juristas responden que la ley de 1982 obliga a pagarlas según el valor presente de sus ganancias futuras. Ese es el debate que Quiroz no quiere abrir.

Hay salida democrática: un Consejo de Vigilancia del Cobre. A diferencia de la Comisión Chilena del Cobre, que depende del gobierno de turno, sería autónomo: geólogos, auditores, economistas de universidades públicas, representantes de los trabajadores y de las comunidades mineras, elegidos por concurso y ratificados por el Senado. Tendría acceso a toda la información, publicaría informes y su visto bueno sería obligatorio para vender activos o asociarse.

Y una exigencia política: que ninguna división de Codelco, ni una sola participación, se venda o se entregue a privados sin una ley votada en el Congreso. Y si el gobierno insiste en cambiar la Constitución, como el propio Quiroz admite que haría falta, que lo someta a plebiscito. En 1971, Chile decidió de quién es el cobre. Si el ministro cree que la respuesta cambió, debe preguntárselo de nuevo a los chilenos.

 

Leopoldo Lavín Mujica

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