martes 30 junio de 2020 | Publicado a las 04:00
El pasado 11 de marzo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), adjudicó una licitación a la empresa Motorola por más de $378 millones adquiriendo así 300 cámaras corporales para Carabineros.
Sin embargo, lo que pudo ser un concurso más, se convirtió en un dolor de cabeza para Martorell, luego que la firma Pegasus -uno de los oferentes excluidos- interpusiera una querella en su contra por delitos de corrupción en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que incluye a los cinco miembros de la Comisión Evaluadora. El libelo ya fue admitido a tramitación y enviado a la Fiscalía Centro Norte.
La firma -representante de la multinacional Hytera– acusó que hubo un verdadero entramado criminal de falsificaciones, prevaricación y fraude al fisco en la entidad, con el único fin de favorecer a Motorola.
Lea la querella
Y es que a juicio de los querellantes las captadoras de imágenes vendidas por la multinacional, poseen solo “pre grabado”, en circunstancias que las bases de licitación establecían, además de este último requisito, el “post grabado”.
El sistema opera así: un funcionario de carabineros calza la cámara en el chaleco antibalas y una vez encendida, comienza el sistema de pre-grabado de 120 segundos que se almacenan en una memoria temporal. Si activa la grabación normal los 120 segundos anteriores se adosarán al video. El post grabado, en tanto, implica que una vez que el efectivo presiona el botón para terminar el registro, de forma automática corren otros 120 segundos, que se agregan al final de la captación, convirtiéndolo en un solo archivo. Ahí, nuevamente el pregrabado se reinicia.
Básicamente la fórmula permite obtener mayor cantidad imágenes para presentarlas en investigaciones judiciales, ya sea en casos de delincuencia o violencia policial.
El pregrabado sí lo posee la cámara Motorola, de acuerdo a la información publicada por la propia empresa en su sitio web de noticias y en los documentos que subió el portal Mercado Público como participante de la licitación, pero el post grabado no aparece por ninguna parte.
Los hechos descritos en la querella, podrían tratarse del típico caso: la empresa que no ganó inicia acciones legales inclinen la balanza a su favor y ganar el concurso . No obstante hay detalles llamativos. La misma Pegasus presentó un recurso de reclamación a Martorell el 16 de marzo, argumentando anomalías en la adjudicación, toda vez que su propuesta era $131 millones más barata que Motorola. Y que por cierto cumplía con todos los requisitos, agregó en la presentación.
La respuesta de la subsecretaria -el pasado 28 de abril- fue rechazar las alegaciones formuladas por la firma y aseguró que las cámaras contaban con pre y post recording. Y agregó que para mayor abundamiento los funcionarios evaluadores de las ofertas buscaron en internet información técnica, para confirmar que el sistema tecnológico ofertado por Motorola era real.
Para justificar el razonamiento, entregó direcciones web, donde supuestamente los revisores encontraron la información el 6 de marzo. Tal como lo comprobó este medio, al buscar los folletos digitales efectivamente aparece que la cámara cuenta con el requisito, lo que se contrapone a la información que entregó Motorola para la licitación. En otras palabras, se trata de un mismo modelo de cámara con dos fichas técnicas contrarias entre sí.
Sin embargo, un detalle informático derivó en que las sospechas de Pegasus cobraran mayor peso, porque al revisar los “metadatos” de los dos PDF’s, descubrieron que la creación de ambos mantenía data del 25 de marzo y el 16 de abril de este año. Es decir, cuando la reclamación de la recurrente estaba en plena redacción para ser respondida.
Semántica
La subsecretaria Martorell al ser consultada por el hecho aludió a que Motorola entregó un certificado que exponía con claridad que la cámara adquirida tenía instalado el sistema requerido en las bases de licitación
El documento que mencionó Martorell fue enviado a este medio por el coordinador tecnológico de la entidad, Nelson Donoso, pero se trata un informe que revelaba una prueba de resistencia a la cámara, conocido como post drop (post caída) y no el “post grabado”.
Como sea, Martorell insistió en que todo el procedimiento se apegó íntegramente a los principios de probidad administrativa y que el problema de que exista o no post recording en los folletos del producto comprado y en las bases del concurso, es un problema de carácter “semántico y no real”.
“(…) en mi opinión si es que el certificado que entregan demuestra el post grabado, no lo dice literal y en eso estoy de acuerdo con usted. No está escrito función de pre y post grabado, pero sí tiene la función. Si se escribieran literalmente las expresiones utilizadas en las bases sería el mejor de los mundos, pero eso no pasa en la generalidad de las licitaciones”, reflexionó.
Pese a los dichos de la funcionaria, hay un elemento adicional: en el sitio de noticias de la propia Motorola, el 18 de junio pasado, se publicó una crónica, donde se detalla que el dispositivo tiene solo una ventana de “pregrabación”.
La siguiente es una trama plagada de complejos recovecos técnicos y administrativos propio de las compras públicas y que al menos hasta ahora parece indicar dos cosas.
La primera: se pagó por algo que tenía menos capacidades que los requerimientos de las bases de licitación y los funcionarios de Carabineros registrarán y detendrán la grabación sin preocuparse por esos 120 segundos restantes que podrían cambiar más de alguna historia judicial para bien o para mal.
La segunda: es que el gran perdedor de este concurso fue Smart Partners, representante de Axon, la misma empresa que a principios de año vendió también a la policía uniformada otras 300 cámaras -vía trato directo- por más de $463 millones y, al menos dentro de la subsecretaría, era un secreto a voces que se quedaría con el premio. Pero no fue así porque su oferta económica se pasó apenas unos cuantos pesos.
La complicación para Martorell es que el Ministerio Público está obligado a enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe los antecedentes y una eventual querella por fraude el fisco. Y ello porque no está claro si las cámaras con “pre recording” -y no con “post recording”- eran más baratas por las que el fisco pagó $378 millones o si, eventualmente, eligió esta última opción por alguna decisión hasta ahora hasta ahora desconocida.
La historia, los documentos y la revisión íntegra del proceso de licitación -de punta a cabo- la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
De punta a cabo
Todo ocurre en un período de tres meses. El 29 de enero de 2020 la Subsecretaría de Prevención del Delito, dirigida por Katherine Martorell (RN) convocó a una licitación para adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros.
Las bases de este concurso fueron publicadas en el portal Mercado Público, al que postularon ocho empresas: Entel, Pegasus, Motorola, Raylex, CTS Global, DRV Ingeniería, Incotel y Smart Partners que representa a la firma Axon, cuyos productos ya son utilizados por la policía uniformada desde principios de año.
Las compañías entregaron sus propuestas técnicas y económicas para que la Comisión de Evaluación resolviera, en primera instancia, si cumplían con los requisitos formales establecidos. Ese era un primer filtro. Si lo sorteaban, recién serían revisados como oferentes, lo que les permitiría entrar a la recta final donde la autoridad superior decidiría.
El grupo de profesionales que integraron la instancia fueron Constanza Benvenuto, jefa del Departamento de Gestión Territorial, con estudios como trabajadora social; Miriam Muñoz, jefa del Departamento de Planificación Control y Gestión Institucional y trabajadora social y Camilo González, ingeniero civil industrial. Se suman Cristián Fonseca Zagal y a la abogada Constanza Pualuan.
La revisión de los antecedentes comenzó el 6 de marzo pasado y los evaluadores debían guiarse por las bases de licitación que contiene normas estrictas para excluir a cualquier participante que incumpliera con alguno de los requisitos.
Uno de los principales requerimientos técnicos -entre otros- era que las cámaras contaran -obligatoriamente- con un sistema de “pre y post grabado” de 120 segundos, respectivamente.
Explicado en simple, la cámara siempre está grabando, pero archiva sólo los últimos 120 segundos en una memoria de almacenamiento temporal (buffer) y lo anterior es borrado a medida que avanza el tiempo, dando inicio a otros 120 segundos y así sucesivamente.
Por ejemplo, cuando un carabinero decide que es momento de registrar un procedimiento cualquiera, puede activar el aparato presionando el botón central de la cámara, dando inicio a un tipo de grabación distinto y que se archiva en la memoria interna. Si detiene este tipo de registro, y grabó por un lapso de 5 minutos, con los 120 segundos previamente captados, el video final durará 7 minutos.
El post recording, en tanto, significa que la cámara, una vez que dejó de grabar y archivar en la memoria interna, graba dos minutos más de forma automática. De esta manera la extensión del video alcanzará a 9 minutos.
Y lo que ocurrirá nuevamente, es que la función pre-recording volverá a operar. Como se trata de una cámara segura, resistente a las caídas, agua, es muy difícil alterar el archivo de video, lo que permite mejores evidencias para una investigación del Ministerio Público, ya sea se trate de delincuencia o violencia policial.
De hecho, la misma Subsecretaría de Prevención del Delito -en las preguntas aclaratorias del concurso alojado en Mercado Público- lo definió así: “(la cámara) Debe tener la capacidad de almacenar audio y vídeo con una duración de al menos 120 segundos antes y después de la activación/finalización de la grabación”, tal como puede verse en la imagen siguiente.
La utilidad del método digital puede graficarse con el crimen del comunero mapuche Marcelo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de 2018 en La Araucanía. En esa oportunidad uno de los carabineros involucrados borró el contenido de la cámara Go-Pro que portaba para eliminar evidencia.
En concreto, la situación pudo ocurrir así: el autor de los tiros que terminaron con la vida de Catrillanca comenzó a grabar la escena, pero momentos antes decidió detener el registro para disparar y no dejar registro, pero esos 120 segundos de post recording, pudieron cambiar la historia.
El problema con las cámaras adquiridas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que Carabineros podrá tener en un video 120 segundos grabados después que termine un operativo. Es decir, una vez detenido el registro, los otros 120 segundos automáticos estos no existirán, sino que deberá reiniciar otro video para fijarlo en la memoria material del aparato. De esta manera el alcance de esta nueva tecnología requerida por la autoridad operará a medias.
Por unos pesos demás
El mismo 6 de marzo de 2020, la Comisión de Evaluación entregó su informe, tal como consta en el documento al que accedió este medio. De los ocho participantes, seis quedaron excluidos, fundamentalmente por supuestas falencias en la oferta técnica y la instancia optó por dejar solo a dos licitantes en carrera.
De acuerdo al acta firmada por los cinco supuestos expertos, las mejores alternativas eran Smart Partner -que alcanzó un ponderado de 92,87 puntos- a diferencia de los 62,20 de Motorola, que en los documentos comerciales almacenados en la plataforma de compras pública.s no detalla en ninguna parte que la cámara ofrecida cuenta con “post recording”.
Entre ambas compañías seleccionadas, eso sí, había una diferencia: el precio. Incluyendo impuestos, Smart partners ofertó poco más de $463 millones, mientras que la Motorola ofreció una cifra levemente superior a los $378 millones.
Con los datos en mano, la subsecretaria Martorell se vio obligada a elegir a Motorola, ya que solo contaba con $440 millones de la billetera fiscal, tal como establece el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, fechado el 9 de marzo pasado.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío cruzó información de esta licitación y descubrió varios hechos irregulares.
Por ejemplo, el punto 5.3 de las bases del concurso indica expresamente que cualquier oferta económica que “excediera el presupuesto disponible” sería excluida por la Subsecretaría, apenas ocurrida la apertura electrónica.
Pues bien, el Acta de Evaluación está fechada el 6 de marzo de 2020 y el certificado presupuestario el 9 del mismo mes. En otras palabras, se colige que la comisión revisora conocía de antemano el dinero disponible.
Se suma a ello un elemento adicional. En el mismo documento, el comité de expertos cita la resolución exenta Nº2494 del 30 de diciembre de 2019, en la cual se detalla que el presupuesto máximo para la licitación que ganó Motorola era precisamente de $440 millones.
Debido a lo anterior, Smart Partners (Axon) nunca debió ser evaluada desde el punto vista técnico ni menos quedar en la final del concurso, ni incluido en el cuadro de honor de los oferentes seleccionados. En otras palabras, se le permitió superar esa evaluación pasando por alto las bases de la licitación.
Con los datos entregados por los especialistas, la única chance que tenía Martorell de que Carabineros contara con cámaras de última generación, era elegir a Motorola. Y así ocurrió el 11 de marzo de 2020, a través de la resolución adjudicatoria Nº 493.
El gerente general y representante legal de la favorecida, Alberto Valdivieso, de seguro estaba feliz. En lo estrictamente formal conoció a Martorell el 8 de agosto de 2018 a las 16.10 horas.
De acuerdo al resumen de la audiencia que consta en el portal Info Lobby del Consejo para la Transparencia, Valdivieso le explicó que la compañía contaba “con tecnología para combatir la delincuencia, prevenirla incorporando (…) cámaras (…)”.
La adjudicación a Motorola fue un balde de agua fría para los representantes de Axon. Y esto porque era un secreto a voces que esta última sería la ganadora de la licitación, luego que a principios de 2020 vendiera 300 cámaras de última generación a Carabineros por poco más de $464 millones de pesos vía trato directo. Es decir, un valor “casi” igual a lo ofertado en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revisó el portal de Mercado Público con el RUT de la multinacional para conocer su experiencia en la venta de cámaras con entidades del Estado. La búsqueda arrojó como resultado que era la primera vez.
En la plataforma también aparece que la compañía -en abril pasado- firmó un contrato por más $459 millones, con la Jefatura Nacional de Inteligencia de la PDI proveyendo radiocomunicadores.
Sin duda, el hecho fue un triunfo para Alberto Valdivieso, quien mostró las bondades de sus productos el 30 de diciembre de 2019, en una reunión que sostuvo junto al prefecto Daniel Moraga, a cargo de la Jefatura Nacional de Innovación y Tecnologías de la Información de la PDI. En el encuentro abordaron “temas relacionados a (…) telecomunicaciones”, como se lee en el portal donde quedan registradas las audiencias con funcionarios públicos.
Detalle y respaldo
De las seis empresas que la Comisión Evaluación que la subsecretaría excluyó del concurso, cinco no cumplían los requisitos de los 120 segundos para el “pre y post recording”, salvo Pegasus que en ese aspecto estaba en regla.
La firma ofertó $202 millones de pesos para ganar el concurso -es decir $131 millones menos que Motorola-, pero quedó fuera de carrera por dos supuestas inobservancias en la oferta técnica que subió a Mercado Público.
La primera de ellas porque “no detalló ni respaldó” que las cámaras compartieran imágenes “en ciertos períodos con entidades externas”, como lo establecían las bases.
Y segundo, porque “no detalló ni respaldó” contar con funciones para difuminar rostros (por ejemplo, si en las grabaciones hay menores de edad) o áreas específicas del video. Todo ello, debía estar completo en el anexo AT3.1. Esta afirmación de los expertos no da cuenta si son las cámaras las que debían contar con el bottadom de caras o bien el software que se utiliza para editar los videos.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revisó punto por punto esta decisión y halló nuevas inconsistencias.
Sobre Pegasus la Comisión de Evaluación dijo que la firma fue consultada sobre los supuestos incumplimientos, en un área conocida en el mundo de las compras públicas como el “foro inverso”, donde se inquiere sobre aspectos que pudieran requerir aclaración. A Motorola, en tanto, le pidió confirmar el plazo en que pondría a disposición los productos si es que ganaba, ya que en el “Anexo de Entrega Total” que ingresó a Mercado Público, la respuesta no existía.
Volviendo a Pegasus, los revisores le pidieron detallar todas las características del producto, pese en esta fase solo debía “declarar” que sí cumplía los requisitos.
De todas formas, la firma respondió y agregó -aun cuando no era obligatorio- un certificado de la multinacional Hytera, a la que representaba.
Este medio también revisó si el anexo AT3.1 estaba incompleto o no detallaba las características íntegras del producto. El resultado es que tiene 14 páginas con una puntillosa descripción de la cámara y que coinciden con los requerimientos de las bases de licitación.
Desde la subsecretaría -se explicó- que a Pegasus se le requirió un sitio web donde Hytera mantuviera la información completa de los productos, pero no lo hizo. Y que solo presentó una declaración jurada simple, en la que señalaba que los productos ofertados constaban de las características solicitadas en la licitación.
El contrato cero
Luego que el 11 de marzo la subsecretaria Katherine Martorell adjudicó la licitación a Motorola, cinco de los seis oferentes excluidos en primera instancia (sin contar a Smart and Partners) comprendieron que la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás.
Sin embargo, el 16 de marzo Pegasus ingresó un recurso de reposición ante la Subsecretaría, en el que argumentaba que hubo anomalías graves en el proceso, solicitando que se revocara la decisión ya que por precio y cumplimiento de las bases, debió ser la elegida.
Básicamente, arguyó que el producto de Motorola carecía del post recording, tal como establecían los folletos comerciales subidos a Mercado Público.
Mientras un equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito preparaba la respuesta a Pegasus, Katherine Martorell firmó el decreto exento Nº 406 aprobando el contrato con Motorola.
El acuerdo de voluntades consta de 96 páginas donde se describen los alcances y responsabilidades de ambas partes y también las características que deben tener las 300 cámaras en “los términos contenidos en la propuesta entregada por la empresa”.
A renglón seguido, agrega cuáles son las características obligatorias de los aparatos adquiridos y “que al menos debe ajustarse a los mínimos siguientes”.
En el listado que sigue en la página 5, uno de los requisitos inevitables era precisamente “pre and post recording”.
Al contrato mencionado se le adosó la propuesta técnica presentada por Motorola en la licitación, fechado el 28 de febrero de 2020. De su lectura se colige que el requisito exigido tampoco aparece.
El PDF sorpresa
La subsecretaria Martorell respondió formalmente al recurso de Pegasus el 28 de abril mediante la resolución 731. En ella rechazó las alegaciones de la firma, señalando que la revisión de antecedentes se apegó íntegramente a las bases y la legalidad vigente.
Para justificar el razonamiento administrativo, la autoridad explicó que las cámaras Motorola sí contaban con el sistema “post recording”, ya que los evaluadores -el 6 de marzo de 2020- googlearon en internet y visitaron el sitio de la empresa donde supuestamente hallaron dos documentos. El primero una ficha técnica (o datasheet) y un folleto (o brochure), para confirmar y cerciorarse que todo era cierto. Esta búsqueda no quedó refrendada en el acta.
En el documento firmado y visado por Martorell citó una frase que contendría el folleto. Sigue así: “Full-shift pre/post-record, with up to minute pre/post-recording buffer.”
Al buscar el Internet lo anterior, lleva a una página de Motorola del mismo producto ofertado por la multinacional que -a diferencia de los papeles subidos para la licitación- sí aparece impreso que la cámara cumple con el “post recording”.
El dictamen de Martorell agregó además una dirección web, en que también Motorola detalla la característica ya señalada.
En este último documento digital, se lee que el “post grabado” está integrado como tecnología.
Este medio buscó información en la red sobre las cámaras que Motorola ofertó y vendió al Estado.
Por ejemplo, en el sitio de noticias de la empresa hay una crónica redactada por su departamento de comunicaciones, fechada el pasado 18 de junio. En ella, valora la adquisición de la Subsecretaría de Prevención del Delito y los alcances de esta innovación para el trabajo de Carabineros.
La nota periodística detalla así las bondades del producto: “Las cámaras tienen una ventana de pre grabación de hasta dos minutos. Esto significa que están permanentemente registrando imágenes, y, cuando se activa el botón de grabación, guarda las imágenes que se registraron hasta dos minutos antes”.
Incluso aparece, en otra web de la misma compañía, información sobre la ya mentada cámara con el mismo modelo y nuevamente carece del “post recording”.
ADN digital
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, indagó los metadatos de los archivos que aparecen citados en la resolución firmada por Martorell y el primero de ellos fue creado el 25 de marzo pasado y el segundo el 16 de abril.
En otras palabras, no son los mismos que tuvo a la vista Comisión de Evaluación -el 6 de marzo de 2020- y aparecen creados por primera vez entre el reclamo de la empresa del 16 de marzo, la firma del contrato y la resolución rubricada por Martorell el 28 de abril que rechazó el reclamo de Pegasus.
Este medio también revisó los metadatos de los archivos que Motorola subió al portal de Mercado Público, y supuestamente el panel de expertos analizó. Su creación es del 25 de febrero de 2020, es decir, poco días que se cerrará la recepción de antecedentes para participar en la licitación.
En resumen: a distintas fechas, distintos documentos sobre un mismo modelo de producto.
Delitos de corrupción
La resolución 731 llegó a manos de Pegasus el 1 de junio pasado y recién ahí sus ejecutivos tomaron conocimiento que los evaluadores habían revisado en internet para corroborar y sumar mayores detalles a la presentación de Motorola, sin que en el Acta de Evaluación quedara establecido. La firma también revisó los metadatos de los archivos y viró de inmediato hacia una estrategia judicial.
El hecho derivó en una querella en contra de Martorell y los evaluadores por delitos de corrupción ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Los ilícitos que invoca la acción legal -que ya fue acogida a tramitación- son fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.
En el libelo la abogada Monserrat Rodríguez, patrocinante de Pegasus, explica que al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito se usaron artimañas delictuales de variada índole para dejar fuera a su cliente.
“Este proceso licitatorio, absolutamente viciado, sólo buscaba esconder un trato directo, en perjuicio del erario nacional, disfrazando o simulando una licitación pública. La referida resolución exenta N°731 contiene una falsedad en sus dichos, con el objeto de entregar una apariencia de legalidad a un proceso encubierto de trato directo, a un costo mayor para el Estado, con el sólo ánimo de defraudarlo”, se lee en la presentación.
Una cuestión semántica
En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Martorell descartó que existieran anomalías en el actuar de la comisión y que la decisión de comprar las 300 cámaras a Motorola fue acertada.
“Tengo la absoluta certeza de que aquí no ha existido la intención de defraudar. Confío plenamente en los funcionarios que han trabajado en esta licitación. Confío también en las decisiones que se han adoptado porque para mí la probidad es clave”, aseguró.
Martorell reconoció que las bases de licitación dicen claramente “pre y post grabado” como requerimiento exclusorio. Asimismo, indicó que Motorola, agregó un certificado que -a su juicio- clarificar que los aparatos contaban el sistema de registro digital solicitado.
El documento al que hace mención Martorell fue enviado a este medio por el coordinador de tecnología de la entidad, Nelson Donoso. Sin embargo, en él no se confirma que la cámara tenga la variante tecnológica. Por el contrario, se trata de dos hojas donde se explica que el aparato fue sometido a un test de estándar militar estadounidense (MIL-STD-810, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests) donde se expuso al equipamiento, para acreditar la durabilidad y resistencia del mismo en condiciones extremas.
Al revisar el contenido del certificado la única palabra “post” está relacionada con “drop” y no “recording”. Post Drop, para efectos de la licitación de la Subsecretaría, significa que la cámara fue evaluada luego de someterla a una caída y siguió grabando después del golpe.
Martorell insistió en que el documento acredita que los productos de Motorola están en regla: “(…) en mi opinión si es que el certificado que entregan demuestra el post grabado, no lo dice literal y en eso estoy de acuerdo con usted. No está escrito función de pre y post grabado, pero sí tiene la función. Si se escribieran literalmente las expresiones utilizadas en las bases sería el mejor de los mundos, pero eso no pasa en la generalidad de las licitaciones”.
¿El problema es semántico y no real, subsecretaría?
– Yo estoy convencida que es de tipo semántico y no real. La cámara tiene, tuvo y presentó (con un certificado) la función de post grabado.
Respecto del libelo en su contra por delitos de corrupción, Martorell dijo que evalúa acciones legales en contra de la empresa Pegasus.
“Me parece indignante. Nunca he tenido ningún acto cercano a la corrupción. La probidad es parte de la forma en cómo he desarrollado mi función pública, siempre. Y en el servicio público la probidad es el desde. Estoy evaluando acciones criminales y también civiles, porque el daño a la honra que se está haciendo a las personas que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito y a mí, no las voy tolerar porque no tienen ningún tipo de asidero”, concluyó.
Este medio envió 30 preguntas a Motorola requiriendo información sobre las características de las cámaras que entregaron a Carabineros, pero hasta el cierre de esta edición seguían evaluando las consultas.
Lea las preguntas a Motorola
