ICOVID Chile: Uso de camas UCI se mantiene en nivel de riesgo en todo el país

 Por: El Desconcierto | Publicado: 31.12.2020

Coronavirus, imagen referencial | Foto: @pfizer

Catterina Ferreccio, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la UC, releva que “la situación actual de la pandemia COVID-19 es muy preocupante frente a la inminencia de las vacaciones de verano en que, cualquiera sean las medidas que tome la autoridad, aumentará el desplazamiento de las personas y con ellas los SARS-CoV-2”.

El equipo ICOVID Chile, trabajo de levantamiento de información liderado por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, presentó este jueves 31 de diciembre su nuevo informe con análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia del coronavirus en el país, con antecedentes obtenidos hasta el sábado último, a través de un convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Según se detalla en este estudio, el número de casos nuevos diarios que iniciaron síntomas entre el 13 al 19 de diciembre llegó a 2.014, mientras que en la semana del 20 al 26 de diciembre, el número de casos nuevos diarios fue de 1.846, lo que representa una disminución significativa de la carga a nivel nacional de 167.7 casos nuevos diarios (8.3%).

Sin embargo, relevan los y las investigadoras en este reporte, “es importante ser cautelosos, porque durante el feriado de Navidad hubo una baja importante en el total de test notificados y es posible que la baja en el número de casos esté afectada por este factor”.

“Existe incertidumbre sobre cómo ha evolucionado esta tendencia en las semanas de Navidad y Año Nuevo»

En efecto, como señala Marcelo Olivares, ingeniero y académico de la Universidad de Chile, “existe incertidumbre sobre cómo ha evolucionado esta tendencia en las semanas de Navidad y Año Nuevo, dado los cambios transitorios que se ven en el número de test realizados y los efectos que esto tiene en la positividad. Se debe tener precaución al interpretar los cambios en la incidencia de contagios de la última semana, para no sacar conclusiones prematuras. En particular, dado que algunas regiones presentan una ocupación hospitalaria muy alta, se debe estar alerta a los viajes interregionales ahora que comienzan las vacaciones de verano”.

Paralelamente, detalla el informe, existen regiones con un alza importante de los casos diarios, como es el caso de Ñuble (+86%), Tarapacá (+20.61) y Maule (+18.4%), mientras que las regiones que presentaron disminuciones en su carga respecto a la semana pasada corresponden a la Metropolitana (-14.2%), Valparaíso (-16.4%), Coquimbo (-32.7%), Biobío (-22.5%) y Los Ríos (-38.6%).

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En relación a la tasa de transmisión, actualmente está sobre 1 (1.04), lo que se traduce que se observa epidemia en crecimiento. “En todas las regiones el valor 1 está contenido en su intervalo de confianza por lo cual la epidemia sigue en proceso de contagio y endemismo. El R varía entre 0.93 (Los Ríos) y 1.72 (Aysén). Valores preocupantes sobre 1.2 se encuentran en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Maule, Ñuble y Aysén”, se detalla en el documento oficializado este jueves.

Mauricio Lima, investigador en dinámica de poblaciones y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC,  es claro al señalar que la situación es crítica. “El panorama de la pandemia de COVID-19 en Chile nos indica que estamos en presencia de un proceso de incremento de la transmisión que se comenzó a gatillar desde principios de noviembre, eso ha producido un incremento en la carga de infectados en el país, los datos de la última quincena de diciembre nos indican una desaceleración de este proceso. Sin embargo, este tipo de dinámica nos indica lo complicado que ha resultado controlar la epidemia”, asegura.

El testeo diario en las últimas semanas promedia a 2 por cada 1.000 habitantes

Respecto de los exámenes diarios por 1.000 habitantes en promedio de los últimos siete días, a nivel país, fueron aproximadamente 2 por mil. Este nivel de testeo es comparable al de Australia (2.4 por mil habitantes), país con un buen control de COVID-19. “Sin embargo, la positividad en Chile es 5% con rango de 3% a 10,6% y en Australia es 0,3% con un rango de 0.1% a 0.5%. Esto muestra que Australia es diez veces más eficiente en detectar a los nuevos contagios que Chile, destacando la importancia de complementar el esfuerzo de testeo con mejoras sustanciales en el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos”, aseguran los responsables de ICOVID Chile.

En materia de trazabilidad, el reporte señala que en el indicador confirmación temprana, hasta el 26 de diciembre, el 46% de los casos a nivel nacional fueron confirmados a la autoridad sanitaria dentro de tres días desde el inicio de síntomas. Tarapacá, Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Los Lagos presentan color rojo con menos de 40% de logro.

Respecto del indicador de consulta temprana, la proporción de personas que consultaron dentro de dos días desde que iniciaron síntomas de COVID-19 ha ido incrementándose a nivel nacional desde abril y se ha mantenido en torno al 52%-59% desde octubre.

“A nivel regional, este indicador muestra gran heterogeneidad, con proporciones altas e indicadores en amarillo para Valparaíso, Atacama y O’Higgins. Preocupan las proporciones aún relativamente bajas, bordeando el 50% de consulta temprana, que se registran en la Región Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Ñuble, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, asegura el trabajo académico.

Baja proporción de test en regiones de Atacama, Los Lagos y Tarapacá

Por otro lado, el indicador tiempo de examen y laboratorio, que indica el porcentaje de las pruebas de PCR que fueron informadas al Ministerio de Salud dentro de un día desde la consulta médica, se ha mantenido en color amarillo (sobre 60%), a nivel nacional, desde inicios de noviembre y hasta la semana del 12 al 19 de diciembre. Preocupan especialmente las regiones de Atacama, Los Lagos y Tarapacá, con proporciones muy bajas de test PCR informados a la autoridad tempranamente. Destacan de manera positiva Ñuble y Biobío que consistentemente han presentado valores superiores al 80%.

Catterina Ferreccio, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la UC, asegura al respecto que “la situación actual de la pandemia COVID-19 es muy preocupante frente a la inminencia de las vacaciones de verano en que, cualquiera sean las medidas que tome la autoridad, aumentará el desplazamiento de las personas y con ellas los SARS-CoV-2”.

Alto índice de hospitalizaciones

En cuanto a la dimensión de capacidad hospitalaria, a nivel nacional muestra una tasa de crecimiento de 5% semanal en la ocupación de camas UCI por pacientes COVID-19. A diferencia de los meses anteriores, se detalla en el reporte, “la ocupación de camas de UCI en las últimas semanas permanece alta, entre 85%-90%, posiblemente debido a procedimientos que se debieron posponer durante los meses con alta carga hospitalaria de pacientes COVID-19. Se debe observar con precaución cómo evoluciona la tasa de variación semanal de hospitalizaciones Covid, para ir evaluando continuamente cómo manejar la capacidad hospitalaria”.

A lo anterior se adiciona que, desde la semana del 13 de diciembre, siete regiones presentaban menos del 20% de disponibilidad de camas UCI y en dos regiones más del 50% de las camas UCI estaban ocupadas por COVID-19 (Biobío y Los Ríos).

“La semana del 20 de diciembre la reserva de camas UCI cae a menos del 14% (rango 3% a 14%) en siete regiones (Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Región Metropolitana, Biobío, Araucanía y Los Lagos), manteniéndose las mismas dos regiones con sobre 50% de casos COVID-19 (Biobío y Los Ríos) acercándose Maule (47%) al nivel de riesgo”, concluye el informe.

Desenmascarando a los “Independientes No Neutrales”

 By Lucía Sepúlveda Ruiz   Diciembre, 2020 

Benito Baranda

 Lecturas: 23.924

Algunas de las figuras más destacadas de la entidad “Independientes no neutrales”  (en adelante INN), que levanta precandidatos para el proceso constituyente en curso, tienen claros vínculos empresariales y promotores del extractivismo en Chile. Los INN comenzaron en agosto de 2020  a prepararse para incidir en la elaboración de una nueva Constitución y posicionarse en los medios. En el último período han estado paralelamente buscando replicar esa influencia en regiones, exhibiendo un programa que recoge muchas de las demandas del estallido del 18 de octubre y  de los movimientos sociales. También  han hecho lobby en el Congreso buscando garantías para la postulación de listas independientes como constituyentes. A diciembre, tienen un total de aportes financieros de  personas, de $20.480.000 según su web.

Baranda y el extractivismo

Benito Baranda, precandidato de la lista INN del Distrito 12, es parte del Hogar de Cristo y de una entidad denominada América Solidaria, en cuyo financiamiento de origen estuvo la empresa minera Barrick,   impulsora del destructivo proyecto Pascua Lama detenido por graves infracciones a las condiciones de su aprobación, gracias a la lucha de las comunidades del Valle del Huasco y organizaciones socioambientales de la región y el país. Baranda participa del “Compromiso de Atacama” en el cual junto a la transnacional minera figuran CORFO, FOSIS, Un Techo para Chile, América Solidaria, y el  Pacto Global de Naciones Unidas que reúne a empresarios que levantan la llamada “responsabilidad social empresarial” RSE, una iniciativa que en Chile ha significado la división de comunidades frente a proyectos extractivistas de hidroeléctricas y mineras, entre otras. Baranda viajaba a Haití y República Dominicana a dar charlas en defensa de Barrick cuando  esta empresa desarrollaba allí el  proyecto Pueblo Viejo. En 2012, la Fundación Ena Craig de Luksic se unió a América Solidaria.  Esta Fundación organiza  y recluta jóvenes latinoamericanos como voluntarios para su intervención en Haití y otros países como República Dominicana, mientras en Chile, sus voluntarios actuaron en Alto del Carmen, en pleno conflicto por Pascua Lama. Los viajes de los voluntarios se financiaron con fondos de la Agencia de Cooperación de Chile. El Estado de Chile, a través de la citada Agencia aportó también con fondos para proyectos de América Solidaria en Haití, al tiempo que Chile se hacía parte de la intervención militar de Naciones Unidas con la denominada “Misión de Paz” (Minustah) en Haití. Un estudio  realizado en 2019 por investigadoras canadienses denunció violaciones de miembros de esa Misión a cambio de comida, revelando que 21 bebés son de militares chilenos acusados de violación en Haití y luego repatriados. A estos y otros niños nacidos en iguales circunstancias se les denomina “Petit Minustah “bebés de la paz” o “bebés cascos azules”.

El ingreso de América Solidaría y Techo para Chile,  obras sociales de la orden jesuita, a la Región de Atacama fue en abierto desafío a la instrucción del entonces Obispo de Atacama, monseñor Gaspar Quintana.  El obispo había dispuesto que todas las instituciones de la Iglesia Católica pertenecientes  a su jurisdicción, se atuvieran a la prohibición de recibir recursos  de la Minera Barrick.

 

Antes del ingreso de las organizaciones citadas, ligadas a Benito Baranda,  Felipe Berríos, director del Hogar de Cristo, había intentado hacer lo mismo. Pero en esa oportunidad  el Obispo habló con el superior de los Jesuitas quien detuvo la iniciativa.

 

Rodrigo Jordán, coordinador de INN, es ingeniero industrial,  y saltó a la fama por su hazaña de llegar a la cumbre del monte Everest en 1992. El año 2004 organizó  una expedición liderada por  Andrónico Luksic quien también hizo cima allí, y se cuenta que al final Jordán debió llevarlo en brazos para que lo lograra. Jordán, fue director  ejecutivo de Canal 13 de TV, canal de propiedad del grupo de Luksic, entre los años 1998 y 2000. Es ejecutivo de América Solidaria Internacional.

Moreno  y Avina

Leonardo Moreno, del Consejo Ejecutivo de Independientes No Neutrales,  encabeza en Chile la Fundación Avina. En el medio electrónico Rebelión se afirma que Avina es una fundación financiada por el criminal negocio del amianto que lideró en el mundo, durante la mayor parte del siglo XX la familia suiza Schmidheiny, hoy una de las más ricas del planeta. ”La fundación, además del lavado verde y la estrategia de infiltración en los movimientos sociales, tiene como muchas otras, una función de hacer más ricos a sus propietarios,” señala la nota. Fue creada en 1994 por el Stephan Schmidheiny, actual dueño de Masisa, nombre de su conglomerado  forestal en América y Chile.  Como responsable de graves daños en la salud de les trabajadores  debido a contaminación por asbesto (también llamado amianto) a través del conglomerado Eternit, del que participó hasta 1989, tuvo una condena judicial  en Italia que   no se hizo efectiva por aplicación de la prescripción. El exitoso lavado de imagen de Schmidheiny, instalado  como cabeza del empresariado sustentable, comenzó en 1992, en la Cumbre de Río. Se refugió en  Costa Rica volcándose posteriormente a la filantropía, y dedicando las utilidades de sus empresas a financiar Avina con el fondo VivaTrust, a cargo de su hijo  Alex Max Sch.  Por este fideicomiso, Schmidheiny hijo figura en los “Panama Papers” descubiertos en 2006, sobre evasión del pago de impuestos de grandes consorcios internacionales. La propia fundación AVINA tiene una empresa offshore según esa fuente. Christian Verling, tesorero del Grupo Nueva (de Schmidheiny) y director financiero de AVINA, figura también en los “Panama Papers”.

 

Lucio Cuenca, destacado activista ambiental y Director del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), entrevistado por la autora de esta nota,  da cuenta de los  nefastos resultados de las intervenciones de los personeros de América Solidaria y de Avina en  su quehacer relacionado con los conflictos ambientales y los megaproyectos de inversión mineros y energéticos. El ambientalista es  candidato en el D12 (el mismo por el que está Baranda), y lo  hace en la lista de los independientes,  levantada por los sectores populares organizados en la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12 (La Florida, San José de Maipo y otros). Lucio Cuenca se hace parte del alerta sobre los peligros de Independientes No Neutrales. Relata que inicialmente INN participó con algunos  precandidatos en la Asamblea Distrital, instancia que desarrolló un amplio proceso de discusión para definir candidaturas a la constituyente. Pero los candidatos de INN eludieron someterse al escrutinio popular y se retiraron de las asambleas; no registraron sus candidaturas en el proceso interno  y  no participaron  de los foros, ni de la presentación de los mismos y posterior elección de candidates.

 

El miércoles 30 de diciembre, las 40 asambleas y colectivos del D12 votaron sobre la composición de la lista, quedando con la primera mayoría Alondra Corrales, de la Coordinadora Feminista 8M y Lucio Cuenca con la más alta votación para varones, marcando con ello una inédita y promisoria alianza de feministas con la causa socioambiental y territorial. Cuenca denuncia: “Con el paso del tiempo hemos ido encontrando a Avina junto a Corfo, BID, Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano, gremios empresariales y centros universitarios como un actor en procesos de formulación de políticas públicas como Escenarios Energéticos-Chile 2030 y Escenarios  Hídricos 2030, reemplazando al Estado en la búsqueda de acuerdos con las comunidades. Este reemplazo no tiene un carácter formal sino de hecho. Lo impulsan como proceso de cooperación con  la sociedad civil sin un proceso formal de consultas,  generando insumos de esos procesos que son funcionales a los intereses de las empresas,  para la formulación de políticas públicas en áreas como la agenda de energía y el agua”. Avina tiene alianzas con el BID y con empresas como Coca Cola y Pepsi Cola para impulsar sus políticas en Chile y la región. Las donaciones generales que obtuvieron en América Latina de diversas fuentes alcanzaron en 2018 a$ 16. US$ 16.953.364, según su  informe anual de ese año.

Temas ausentes en INN

Ninguna de las 8 mujeres presentes en el comité ejecutivo de INN –que no es paritario, ya que hay 11 varones en el comité – está vinculada a temas relacionados con los derechos de las mujeres, ni de los pueblos originarios.  Andrea Repetto, miembro de ese  Consejo Ejecutivo, es economista por la Universidad Católica de Chile, académica de la U Adolfo Ibáñez; preside  la Fundación Superación de la Pobreza y  es miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, entre otros cargos ligados al gobierno de Sebastián Piñera.

Ella es directora en Espacio Público junto a la precandidata Andrea Sanhueza, entre otros. Este centro de estudios busca incidir en políticas públicas, entre las cuales estuvo  la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, ampliamente criticada por las organizaciones socioambientales debido a su sesgo empresarial.   Espacio Público realiza  también consultorías a empresas tales como la minera BHP Billington para optimizar  los resultados de la llamada “inversión social” de esa empresa. Según su informe 2018, entre los principales financistas de Espacio Público, estuvo el International Development Research Centre (IDRC), National Endowment for Democracy (NED), que aportó más de $100 millones, en tanto que la Embajada de Canadá y la Fundación Konrad Adenauer figuran entre quienes aportaron alrededor de $10.000.000.

Como se ve, la cúpula fundadora de  INN representa (y depende de) los intereses y fondos del extractivismo destructor de los territorios, cuyas prácticas  la revuelta popular ha puesto en tela de juicio. Su apuesta por llegar a la Convención Constituyente es la apuesta del empresariado y de quienes seguirán defendiendo en la Asamblea Constituyente el modelo neoliberal capitalista y patriarcal,  los tratados de libre comercio y las garantías para los inversionistas de las corporaciones transnacionales.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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Con tres mil nuevos casos diarios de Covid-19, Chile retrocede a los niveles de julio

 By El Clarín De Chile  31 Diciembre, 2020 

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El Ministerio de Salud entregó esta mañana un nuevo balance de cifras relacionadas con la pandemia del covid-19 que afecta a Chile, dando cuenta del nivel de casos nuevos más alto desde el pasado 10 de julio.

Respecto de los nuevos casos informados el día de hoy se estima que podría estar relacionado con la actualización de las notificaciones que se vieron afectadas por el fin de semana largo de Navidad. Probablemente, en los próximos días se podría registrar un aumento en el número de exámenes de PCR como de notificaciones.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 109 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. Respecto de esta cifra, es importante considerar que esta se debe a la actualización de las inscripciones realizadas en el Registro Civil, las que se vieron afectadas en días anteriores debido al feriado y el fin de semana de Navidad, situación que durante estos días se ha ido regularizando, tal como se anticipó a principios de esta semana. El número total de fallecidos asciende a 16.608 en el país.

Respecto de las cifras, el Bío Bío vuelve a liderar en casos diarios nuevos en regiones, con 612 nuevos contagios. Más atrás sigue Los Lagos (267), Valparaíso (225), Araucanía (222) y El Maule (214).

En tanto, la región Metropolitana mantiene el liderato de casos nuevos covid-19 a nivel nacional registrando, en las últimas 24 horas, 792 contagios nuevos. De este modo, la RM marcó su cifra más alta en 153 días (5 meses), desde el 31 de julio (825 casos ese día), mientras que Bío Bío se disparó a su nivel diario más alto desde el inicio de la pandemia.

Con estas lamentables cifras, se marcó el punto más alto de casos nuevos en 174 días, precisamente el 10 de julio pasado, en cuyo día se registraron 3.058 casos. Similar situación ocurre con la cantidad de muertes diarias registradas esta jornada: lo más alto reportado desde el 24 de septiembre (124 fallecidos ese día), hace 98 días (3 meses y 7 días).

OPINION.

 

Nadie conoce una nación hasta que ha estado dentro de sus cárceles

Por: Álvaro Ramis | Publicado: .12.2020

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Hay razones fundadas que permiten considerar a detenidos/as del estallido social como presos políticos. La principal tiene que ver con la actitud anti-garantista con el que ha actuado el gobierno. Son numerosas las denuncias que verifican el uso político del Derecho Penal, partiendo por el recurso a la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior. Vale la pena recordar que dicha Ley sólo puede ser invocada por el Ministerio del Interior o las intendencias regionales, por lo cual su aplicación siempre obedece a una determinación política.

En una democracia hay dos reglas inviolables. La primera: el gobierno surgido de las urnas tiene el monopolio de la fuerza legítima. La segunda: ese poder está limitado por los derechos humanos y garantías ciudadanas que determinan y condicionan su uso. En Chile, luego del 18 de octubre de 2019, la segunda de estas reglas se ha quebrado. La imposición del Estado de Emergencia y la violenta represión desatada violó la regla democrática que limita y condiciona la fuerza coactiva del Estado, lo que ha sido constatado y documentado en informes nacionales e internacionales, como los del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta ruptura radica en caracterizar las manifestaciones sociales como una cuestión criminal. Se convirtió a manifestantes en presuntos delincuentes. Mientras el proceso de movilización social expresaba un momento de soberanía y empoderamiento ciudadano, el gobierno lo convirtió en el episodio de violencia institucional masiva más grave sucedido en el Chile post-dictatorial.

Con el paso de los meses, lejos de enmendar, el gobierno inició una ofensiva punitiva sin precedentes que ha llevado a la cárcel a un número muy relevante de manifestantes, en su mayoría jóvenes de procedencia popular. Desde entonces, miles de chilenos se han movilizado para exigir la liberación de quienes consideran presos políticos. Esto levanta la pregunta: ¿hay presos políticos en Chile? El gobierno lo niega rotundamente. El motivo de su encarcelamiento –sostiene– es estrictamente legal, no político. Se señala que no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por delitos previstos en el Código Penal. Este enfoque formal, puramente legal, tiene muchas debilidades. Por una parte, el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma: «Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta». En ese sentido, todo está en orden en Chile. El problema es que bajo esa óptica no habría presos políticos en ningún lugar. Por principio, ningún Estado acepta tener presos políticos. Siempre se encuentra un artículo del Código Penal que avale su encarcelamiento. Hasta la peor dictadura apela a la ley para encarcelar a disidentes. Nelson Mandela no fue reconocido como tal, ya que el gobierno sudafricano lo encarceló por 27 años por el delito de conspiración para derrocar al gobierno. Gandhi tampoco tuvo este reconocimiento, porque los británicos lo condenaron por sedición. Siempre los presos políticos están en otros países o en otro tiempo.

El momento en que se cambia de criterio se produce cuando se da una ruptura con el régimen que los encarceló, como se documenta abundantemente en la historia chilena. En 1991 se promulgaron las denominadas “leyes Cumplido”, lo que puso fin a la prohibición constitucional de conceder indulto presidencial y libertades provisionales a procesados por delitos “terroristas”. A la vez, la dictadura militar por medio del Decreto Ley 2.191 de 1978 implementó una autoamnistía destinada a los agentes del Estado que cometieron delitos luego de 1973. En el caso español, los presos antifranquistas pudieron ser liberados producto de la Ley de Amnistía de 1977, que se aplicó a los “actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delito y faltas”. En síntesis, la aplicación de leyes de amnistía o indulto pueden obedecer tanto a la voluntad de garantizar la impunidad de crímenes de Estado como también a motivaciones humanitarias en orden a la pacificación de conflictos políticos o sociales, bajo una lógica de la justicia transicional.

En principio, se considera que la prisión política es resultado de la participación en actividades políticas, especialmente si muestran oposición o son críticas a un gobierno. No existe una definición universal aceptada sobre Prisión Política, y por eso el punto suele ser motivo de disputas irresolubles. En ausencia de violencia puede hablarse de presos de conciencia, pero los presos políticos no deben calificar como presos de conciencia para serlo. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elaboró en 2012 cinco criterios. Considera la motivación política de los actos y la voluntad de las autoridades para proceder a encarcelar, pudiendo no hacerlo. También, cuando el proceso judicial es claramente injusto y con una intencionalidad política significativa. En Chile, la Comisión Valech dio una orientación al señalar que existe “motivación política” cuando la prisión es fruto de la aplicación de “normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos”, o “en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado”. No obstante, el debate de fondo siempre será político. Prueba de ello es la diferente vara de medir que utilizan unos y otros en función de quien es quien. Es crucial la opinión que se tenga del preso/a y del régimen que lo encarcela.

Hay razones fundadas que permiten considerar a detenidos/as del estallido social como presos políticos. La principal tiene que ver con la actitud anti-garantista con el que ha actuado el gobierno. Son numerosas las denuncias que verifican el uso político del Derecho Penal, partiendo por el recurso a la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior. Vale la pena recordar que dicha Ley sólo puede ser invocada por el Ministerio del Interior o las intendencias regionales, por lo cual su aplicación siempre obedece a una determinación política. Es llamativa la falta de acogida que tuvo el llamado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien en marzo de 2020 pidió a las autoridades “trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas” en el inicio de la cuarentena por Covid-19. En la ocasión, solicitó que “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo prisioneros políticos y detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, sean puestos en libertad para despejar la población en los recintos penitenciarios. Lo que ha ocurrió fue lo contrario: se masificó el uso desproporcionado de la prisión preventiva, aplicada a estas personas detenidas. Esta actitud anti-garantista se evidencia en las denuncias documentadas por la Comisión Chilena de DD.HH., referidas a violaciones del derecho a integridad física, la libertad personal, así como de diversas garantías judiciales de estas personas detenidas, lo que apunta a procesos de discriminación por parte de los poderes del Estado. Se advierte la intencionalidad de aplicar un castigo ejemplarizante que desaliente las movilizaciones de un pueblo que se siente mayoritariamente humillado. No son hechos aislados. Forman parte de una lógica de excepción que se ha ido imponiendo en el último año, y que se puede interpretar bajo la racionalidad del “Derecho Penal del Enemigo”, que asume la tentación de castigar no por lo que se ha hecho, sino por lo que se es. Con ello, el principio democrático que apela a que todas las ideas se pueden defender en escenarios de no violencia se ve debilitado, ya que la existencia de presos/as políticos/as abre la puerta a normalizar y extender medidas de fuerza a otros lugares y contextos. La falta de reacción ciudadana nos devuelve a la advertencia de Bertolt Brecht: primero les tocó a unos, luego a los otros, y finalmente a nosotros mismos, pero ya era tarde.

Ojalá los que miran hacia otro lado, y piensan que esto es sólo un problema de jóvenes pobres a los que se puede olvidar, puedan recordar el juicio que Nelson Mandela instala en la conciencia universal cuando afirma: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.

Álvaro Ramis
Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

30.12.2020

Mario Carroza juró como ministro de la Corte Suprema

 31 diciembre 2020

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El ahora ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, asumió esta jornada como nuevo ministro de la Corte Suprema.

El puesto quedó vacante tras la salida de Lamberto Cisternas, quien debió retirarse luego de cumplir 75 años, y tras la nominación del Presidente Piñera y la aprobación del Senado, Carroza se convirtió en un nuevo miembro del máximo tribunal. 

De forma telemática, Carroza juramentó ante el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien catalogó la llegada del juez como "un aporte en la construcción de un país dialogante, un Poder Judicial humanista y de la Corte Suprema orientada a garantizar las libertades y derechos de todas las personas".

Asimismo, transmitió sus felicitaciones "por el paso que da usted hoy. Sin duda, es un reconocimiento a su incansable trabajo y a una vida entregada al servicio judicial"

CULTURA

Pablo Padilla y su novela sobre la lucha armada contra Pinochet en los 80: "Quise rescatar la vida cotidiana de los combatientes"

por Marco Fajardo 31 diciembre, 2020

Lejos de los relatos sobre héroes o las visiones de buenos y malos, en su nuevo libro, "Gente encerrada" –editorial Hueders–, incluye numerosas anécdotas e historias con personajes de entonces y su reinvención en el Chile de la transición. El escritor además cree que el estallido social obliga a replantear el discurso sobre el uso de la violencia política.

¿Cómo era el día a día de los jóvenes que realizaban la lucha armada en los años 80 contra la dictadura de Augusto Pinochet? ¿Cuál era su jerga y sus rutinas? ¿Qué pensaban, qué sentían esos "cabros chicos que enfrentaban una dictadura cruel"?, en palabras del escritor Pablo Padilla.

Estas son algunas de las cuestiones que aborda este autor, columnista de varios medios y licenciado en literatura de la Universidad Diego Portales, en su último libro: Gente encerrada (Editorial Hueders).

Lejos de las epopeyas, los grandes nombres y sus principales acciones, Padilla (Santiago, 1965) plantea un mundo sin buenos ni malos, donde a lo más hay conversos, como el luchador reconvertido en subsecretario en democracia, en escenarios como Playa Ancha y Santiago Centro.

"Yo no había abordado este tema y era un desafío", cuenta, con plena conciencia de que el libro se inscribe en un canon literario que incluye crónicas como Los fusileros, de Juan Cristóbal Peña.

Para Padilla, la literatura está "al debe" en este tema, eventualmente por la lentitud de Chile en procesar sus traumas históricos. "Aún estamos digiriendo el asunto y se está a la gran espera de la novela sobre la dictadura", más allá de escritores emblemáticos como Pedro Lemebel.

"Mi intención era un poco más modesta. Quería cuestionar cierto relato que tiende a la épica, a lo epopéyico, y llevarlo a un registro más descomprimido, ir a la cosa más cotidiana, coloquial, de las vivencias del combatiente pero sin esa pátina de heroicidad que convierte esto en una película de aventuras", expresa.

Para Padilla, es evidente que hay un cierto desencanto en la obra, relacionada con cómo terminó la épica de la lucha armada en manos de la transición, con gente que comenzó luchando y se terminó acomodando, hallando un lugar en el sistema, mientras otros, "que no nos acomodamos, terminamos siendo diluidos en un río de la historia que tomó otro curso. También intento abordar eso".

Por eso escribe que "la gente preparada para la guerra se quedó sin frente, pólvora y sin libreto".

Literatura y recuerdos

Aunque la escritura lo obligó a confrontarse con su propia biografía, Padilla aclara que no se trata de un texto de confesiones íntimas.

"Esto es literatura, no es testimonial. Hay hechos que son reales, otros que no, otros son exagerados o modificados. La realidad es una materia prima sobre la cual se trabaja con el lenguaje", dice.

"Obviamente hay muchos recuerdos, recuerdos míos, de gente que entrevisté, hay mucho –por decirle de alguna forma– de cahuín, de historias que circulaban, que uno no sabe si son ciertas o no".

"Leí muchas tesis, la gente de los 80 nos transformamos en tesis. Me da risa, porque uno se encuentra con cosas que uno vivió, como proceso histórico o de forma más cercana. Y yo quise unirme a ese proceso de revisionismo, no desde la historia, sino desde la literatura", dice.

Padilla quisiera que este libro lo leyeran de forma transversal, tanto sus coetáneos –"para ver cómo nos reconocemos"– como las nuevas generaciones, "especialmente las que se han movilizado desde 2006 en adelante, porque han crecido con una imagen de una especie de heroísmo que hay que poner en su justa perspectiva, creo", y ojalá conversar al respecto.

Estallido y violencia

De hecho, el autor cree que a partir del estallido hay que replantear la discusión en torno al uso de la violencia con objetivos políticos, como fue la de los años 80, "una experiencia que no debiera repetirse, en mi opinión personal", pero sí su importancia en los procesos históricos, en el marco, por ejemplo, de la amnistía que actualmente se discute para los presos de la revuelta.

El autor menciona que en un conversatorio antes del estallido, en septiembre, con estudiantes del Instituto Nacional, escuchó a un dirigente secundario, Rodrigo Pérez, mencionar que en los años más violentos el colegio emblemático había recibido más recursos, y decir la frase "debemos repensar el papel de la violencia en la historia".

"A pesar de que además dijo que se oponía a la violencia, deslizó que, aun así, al parecer con la violencia efectivamente se lograban cosas", algo que –señala– tiene su relato en el estallido y el proceso constituyente en marcha.

"Parece que la violencia sí juega un papel en la historia, más allá de que los buenudos y pensantes se quieran hacer los locos, en un país fundado sobre el bombardeo del Palacio presidencial y un genocidio. El 18 de octubre nos muestra que la violencia ejercida, incluso de manera no liderada, no estructurada, por las masas, sí tiene un papel. Porque la violencia también está del otro lado: dos millones de perdigones disparados por las fuerzas policiales, ¡dos millones! Dicen que el deporte nacional es el rodeo, y yo creo que sí: es darle el rodeo al asunto, es andarse con rodeos... pero la violencia sí juega un papel, y debemos dejar de mentirnos".

Opinión

Estallido e indulto

por Alejandro Reyes 31 diciembre, 2020

El país ha vivido una violencia inusitada durante el último año. Afectó la integridad física y sicológica de muchos chilenos. Causó daños a bienes públicos, comunes y privados. Hablar con quienes han sido afectados es un drama. Sus sueños, su entorno y su trabajo han sido destruidos por otros sin ninguna justificación, sin siquiera mediar provocación ni culpa de la víctima. Fue violencia ciega e irracional contra quien se cruzara por delante.
¿Por qué dañar a la misma población que ya era víctima de injusticia? Quemaron, saquearon y dañaron más de cien estaciones de Metro, supermercados de sectores periféricos; autobuses, bodegas, fábricas, y pequeños comercios, que eran transporte, lugares de abastecimiento y fuentes de trabajo para miles de chilenos que quedaron cesantes. También quemaron y saquearon bibliotecas, iglesias patrimoniales, universidades, el museo para Violeta Parra, y muchos lugares del Valparaíso patrimonial.

Los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Yasna Provoste, Alejandro Navarro y Juan Ignacio Latorre, presentaron un proyecto de ley para “indultar” a los imputados y condenados por delitos ocurridos durante las protestas entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.

Invocan razones humanitarias; violaciones a los derechos humanos de quienes protestaron; la extensión injustificada de la prisión preventiva de estos imputados; y el perfil socioeconómico de los presos, jóvenes que han vivido en la marginalidad.

Justifican los delitos en el contexto de una agudización del conflicto político y social en Chile, por desigualdades y abusos que desencadenaron el “estallido social”, contrarrestado por un “uso desproporcionado de la fuerza para enfrentar estos conflictos por parte de los agentes estatales”. Dicen que las conductas de los detenidos “pueden encuadrarse dentro de conceptos tales como el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, así como el derecho a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil.”

Comprendo el contexto y las causas del “estallido social”. También la justicia de sus reclamos, la rabia acumulada por los abusos y la exclusión. Sé que la paz es fruto de la justicia y que, cuando desarrollamos una sociedad muy injusta, es violenta por sí misma y es el caldo de cultivo para que surja la violencia física. Conozco la marginalidad de muchos detenidos. Sin embargo, discrepo del indulto.

Sobre el presunto “ejercicio legítimo del derecho a la protesta social”, esta tiene ciertos requisitos. Es expresión del derecho a reunión y la libertad de opinión y de expresión. Pero el derecho a reunión y de protesta social, se reconoce solo para realizarla en forma pacífica. Así consta en todas las Convenciones y Declaraciones Internacionales sobre Derechos Humanos. Si no son pacíficas o si se usan armas, tales protestas no son el ejercicio legítimo de ningún derecho humano.

En cuanto a la libertad de opinión y de expresión, esta consiste en no ser molestado por las opiniones propias o por difundirlas. Pero no se permite abusar de este derecho, por ejemplo, para incitar del odio nacional, la hostilidad o la violencia (artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En consecuencia, los detenidos no actuaron en “ejercicio legítimo del derecho a la protesta social”, porque lo ejercieron en forma violenta e incitando al odio, a la hostilidad y la violencia.

Luego fundamentan el indulto en el “derecho a la legítima autodefensa (de los detenidos) frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil”. No he encontrado este derecho consagrado en alguna Convención de Derechos Humanos. Pero los criterios jurídicos generales del derecho a la autodefensa, requieren que se reciba una agresión ilegítima, que el medio empleado para impedirla o repelerla sea proporcional, y que no haya provocación por parte de quien se defiende. Tampoco parecen cumplirse estos requisitos.

En una democracia todos renunciamos a la violencia y a hacernos justicia por la propia mano, y delegamos en el Estado el monopolio del uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir la ley. El Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la fuerza. Por lo mismo es obligación del Estado mantener el orden público respetando los derechos humanos. Mantener el orden público con un correcto concepto de este es esencial para la estabilidad democrática e institucional del país (ambas hoy en gran fragilidad).

Por último, se argumenta que los imputados y condenados serían presos políticos. Sin embargo, lo característico de un preso político es que se lo arresta por sus ideas y opiniones, por razones puramente políticas, no por la comisión de otros delitos comunes aunque sean concomitantes o conexos a las opiniones políticas. Si me apresan robando una farmacia o un supermercado, aunque sea nacionalsocialista y lleve una esvástica, no soy un preso político, sino un delincuente.

Es indispensable hacer justicia en todos los casos de delitos cometidos por civiles, como en los de atentados a los derechos humanos. Unos y otros están siendo investigados y juzgados por las fiscalías y jueces independientes. Establecer un precedente de extinción de responsabilidad penal, además de una intromisión en el Poder Judicial, sería nefasto para los difíciles momentos que vivimos y los convulsionados años que vienen. También sería muy injusto con las personas comunes y corrientes que han sido víctimas inocentes, directas e indirectas de los delitos cometidos.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.