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jueves, 31 de enero de 2019

HASTA SIEMPRE QUERIDA COMPAÑERA.

Jueves 31 de enero 2019.
Este 30 de enero de 2019 se nos fue una hermana de lucha por la verdad y la justicia ella era.
Elena Muñoz viuda de Maureria, a quien la dictadura le arrebató a su esposo y cuatro hijos, quienes serían encontrados en los Hornos de Lonquén, tras ser asesinados por carabineros de la tenencia de Isla de Maipo... Nuestras condolencias a la familia Maureria y a todas las familias del caso Lonquén... Descanse en Paz Elena.
Marcos Rodriguez Gonzalez.
ARI y DDHH.
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A través de las familias de 4 jóvenes menores de edad, desaparecidos desde la Plaza de Isla de…

Actor Ignacio Achurra: “Si la derecha tuviera por Chile la mitad de la preocupación que por Venezuela, ya sabríamos paradero de Detenidos Desaparecidos”

“Si tuviéramos en Chile la mitad de la preocupación actual de la derecha chilena por los derechos humanos en Venezuela, ya conoceríamos el paradero de todos y todas las compatriotas asesinado(a)s en la dictadura”, partió expresando el actor Ignacio Achurra a través de su cuenta de Twitter.

El también presidente de Sidarte se enfocó en mostrar su indignación con la preocupación que ha demostrado el oficialismo con la crisis en Venezuela y el emplazamiento que han hecho hacia la izquierda. 

Tan solo hace unos días, Sebastián Piñera le contestó a la exmandataria Michelle Bachelet que llevaban “años” preocupados por Venezuela, y que “si uno quiere velar por la paz, por al democracia, por el respeto a los derechos humanos, por evitar tragedias, lo mejor que podemos hacer es no seguir apoyando a un gobierno dictatorial”.

Por lo mismo, el actor finalizó su molestia sentenciando: “Y sin embargo, son ellos (la derecha) los que nos interpelan. El mundo es al revés”

COMUNICADO.

Jueves 31 de enero 2019.

LAS VUELTAS POR VERDAD Y JUSTICIA AHORA.
REGRESAMOS EN MARZO
.

OPINIÓN


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Chile ante la ONU por DDHH: nuevo examen, viejas preocupaciones

por  31 enero, 2019
Chile ante la ONU por DDHH: nuevo examen, viejas preocupaciones
Es de esperar que, en consistencia con el “compromiso irrestricto” con los derechos humanos manifestado por los representantes del Estado chileno en Ginebra, el gobierno acepte la totalidad de las recomendaciones que le fueron hechas por la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) por parte de Naciones Unidas. Junto a ello, es de esperar que el ejecutivo, junto al legislativo y el judicial se comprometan en el cumplimiento efectivo de dichas recomendaciones. Se trata de una tarea en la que a los defensores y defensoras de derechos humanos corresponde una tarea fundamental, tarea que lejos de ser aplacada y criminalizada, que como los  estados miembros de la ONU observaron en el EPU ha ocurrido en Chile en los últimos años, sea respetada y alentada por el Estado

Por tercera vez desde que fue instituido el Examen Periódico Universal (EPU) , el 22 de enero pasado el Estado de Chile fue objeto de evaluación en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los  compromisos voluntarios suscritos en materia de derechos humanos el Consejo de Derechos Humanos y los estados miembros de la ONU.  El período en análisis en este EPU comprendió desde  la última examinación de Chile en la materia el 2014, a la fecha, incluyendo por tanto no tan solo el período de gobierno del presidente Piñera, sino también tres años  de la ex Presidenta Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El examen tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra y contó con la asistencia de representantes de organizaciones de sociedad civil,  de migrantes, del pueblo mapuche y aymara, entre otras, sino también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de la delegación del Estado de Chile, integrada por representantes de los sus tres poderes, y presidida por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
En la ocasión intervinieron 101 estados, cuyos representantes efectuaron valoraciones, manifestaron preocupaciones e hicieron un total de 266 recomendaciones a Chile relativas al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En el plano de las valoraciones destaca la identificación de los avances logrados por Chile desde su última examinación  en la materia, tales como la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y los avances en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura. La mayor parte de los estados intervinientes, sin embargo, manifestaron preocupación por el rezago  Chile en la materia como consecuencia de su demora en la ratificación de tratados internacionales, como el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OP DESC) y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (OP CEDAW).  Junto a ello muchos estados identificaron como tarea pendiente la adecuación del marco normativo interno de derechos humanos a los lineamientos de los tratados internacionales y compromisos voluntarios suscritos por Chile, así como el impulso a una pública que asegure la vigencia efectiva de los mismos derechos en el país.
Entre las temáticas que emergieron con mayor fuerza en las recomendaciones efectuadas al Estado  en el informe elaborado por el Grupo de Trabajo del EPU de Chile y aprobado el 25 de enero, se encuentran aquellas referidas a los derechos de pueblos indígenas (43 recomendaciones), a los derechos de la mujer  (34 recomendaciones), a los derechos de los niños y niñas ( 28 recomendaciones), a la protección de los derechos humanos frente al actuar abusivo de las fuerzas policiales ( 19 recomendaciones) y a la trata de personas y  los derechos de los y las migrantes (17 recomendaciones). Otras temáticas en que se focalizaron las recomendaciones formuladas a Chile en el marco del EPU incluyeron la ratificación por el Estado de tratados internacionales (17 recomendaciones), aquellas  referidas a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y a la despenalización del aborto ( 10 recomendaciones), a la investigación y sanción de los crímenes de la dictadura ( 8 recomendaciones), a los derechos de las personas con discapacidad (7 recomendaciones), a la protección y prevención de la tortura y la sobrepoblación en prisiones (7 recomendaciones), a la protección de los derechos humanos en él contexto de la actividad de empresas (7 recomendaciones)  y a los derechos de las personas afrodescendientes ( 5 recomendaciones), y a los derechos de la diversidad sexual ( 4 recomendaciones).
Llama la atención la importante preocupación que, a juzgar por el elevado número de recomendaciones formuladas, fue manifestada por los estados intervinientes en  el EPU relacionadas a la situación de derechos de los pueblos indígenas en el país. Entre las recomendaciones formuladas a Chile en relación a estos pueblos destacaron la necesidad de que se les otorgue a estos un reconocimiento constitucional de sus derechos, que se garantice su adecuada participación  en las instituciones del Estado así como la consulta previa frente a medidas que les afecten, se ponga termino a la criminalización de sus integrantes, al uso discriminatorio de la legislación antiterrorista y al uso abusivo de las fuerzas policiales en su contra, y se garantice la restitución de sus tierras y el acceso y ejercicio a los derechos económicos sociales y culturales por parte de la población indígena.
Relacionado a ello,  llama la atención la preocupación manifestada por los estados, posiblemente en conocimiento del  reciente homicidio de Camilo Catrillanca a manos de carabineros, por el uso excesivo de la fuerza policial y su impacto en derechos humanos, en particular sobre los derechos humanos de defensores de derechos humanos, incluyendo a integrantes de pueblos indígenas, mujeres, estudiantes adolescentes y niños.  Las recomendaciones en esta materia se concentraron en la investigación y sanción del uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la violación de derechos humanos, en la adopción de medidas de formación en derechos humanos de las policías, y en el desarrollo de protocolos para prevenir estas prácticas abusivas.
De la misma manera, en las recomendaciones se instó al Estado a poner término a las distintas manifestaciones de discriminación persistente en contra de las mujeres, a la erradicación de la violencia en su contra, a promover su participación en la vida política, a la despenalización del aborto en todos los casos. En el caso de los niños y niñas se recomendó la adopción de medidas para asegurar el respeto y la protección de la niñez,  en especial aquella que está bajo cuidado de instituciones del Estado, así como la investigación de los abusos cometidos en el caso de los niños y niñas en residencia de SENAME.
En el caso de migrantes, se recomendó la adopción de medidas que permitan su acceso a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, así como en general la protección de sus derechos de acuerdo con el derecho internacional, la adopción de medidas legislativas y políticas para evitar la discriminación en su contra, así como aquellas orientadas a poner término a la trata de personas y a la protección de los refugiados.  En cuanto a los afrodescendientes chilenos, que por primera vez emergen como preocupación en el EPU de Chile, la recomendaciones se centraron en instar al Estado a enfrentar, mediante acciones afirmativas, a la discriminación racial, y a su inclusión como categoría específica en el censo de 2022.
La delegación del Estado chileno intervino  en el marco del EPU, manifestando su “compromiso irrestricto” con los derechos humanos, y  reconociendo los desafíos que el país tiene en la materia. Más allá de la retórica y de los anuncios de iniciativas legislativas y políticas públicas, la intervención de la delegación chilena no se hizo cargo de manera sustancial de las brechas que le fueron representados por los estados intervinientes. Ejemplo de ello fue la alusión que hizo Plan Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora no implementado, para asumir los desafíos que en esta materia tiene el país. De la misma manera se hizo referencia al Plan Araucanía como política conducente al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y al proyecto de ley sobre migración como una iniciativa acorde a los estándares internacionales.   Cabe señalar que muchas de esta brechas en la materia le habían sido representadas al Estado en el marco de este EPU en los más de 60 informes alternativos enviados al EPU de Chile desde organizaciones de sociedad civil, de pueblos indígenas y migrantes, en el informe enviado al EPU por el INDH, así como también en la compilación hecha llegar al EPU conteniendo las observaciones y recomendaciones de órganos de tratado de la ONU y de los procedimientos especiales correspondientes al período examinado.
Al concluir el EPU en sesión de 25 de enero en Ginebra,  el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sr. Juan Eguiguren, señaló que el gobierno analizaría dichas recomendaciones previo a su aceptación hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, ocasión en que los informes de esta sesión del EPU deben ser aprobados. Ello en contraste con la actitud asumida por el representante de Uruguay,  Estado que también fue objeto de examinación en la misma sesión, quién que aceptó de inmediato la totalidad de las recomendaciones que le fueran realizadas en el marco del EPU.
Esperemos que, en consistencia con el “compromiso irrestricto” con los derechos humanos manifestado por los representantes del Estado chileno en Ginebra, el gobierno acepte la totalidad de las recomendaciones que le fueron hechas por la comunidad internacional en el marco del EPU. Junto a ello, es de esperar que el ejecutivo, junto al legislativo y el judicial se comprometan en el cumplimiento efectivo de dichas recomendaciones. Se trata de una tarea en la que a los defensores y defensoras de derechos humanos corresponde una tarea fundamental, tarea que lejos de ser aplacada y criminalizada, que como los  estados miembros de la ONU observaron en el EPU ha ocurrido en Chile en los últimos años, sea respetada y alentada por el Estado.

Opinión


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El magnicidio de Frei Montalva, una interpelación a la democracia de los acuerdos

por  31 enero, 2019
El magnicidio de Frei Montalva, una interpelación a la democracia de los acuerdos
¿Es correcto definir la Justicia en el marco de lo que es posible que realice? ¿No debemos acaso definir la Justicia respecto de aquellos principios morales que ordenan el comportamiento social? Uno de los errores de la transición fue restringir la Justicia a un marco acotado de posibilidades. Confundieron lo que fácticamente es posible con la cualidad de lo que es justo. La Justicia como principio rector de nuestros comportamientos nunca debiese ser “en la medida de lo posible”. La interpelación de Carmen Frei, a propósito del asesinato de su padre, es un llamado de atención moral que coloca el centro de atención ya no en los culpables, sino que en el tipo de sociedad que hemos construido.

La verdad judicial sobre el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva debiese remover una serie de preceptos sobre las cuales se fundó la transición política y la democracia. Lo expresó con particular agudeza Carmen Frei en su libro Magnicidio, que relata la impresionante, angustiante y a veces cruda historia del asesinato y de la posterior búsqueda de justicia.
El primer precepto a cuestionar es la democracia de los acuerdos que implicó un pacto implícito con los militares, y particularmente con Pinochet, de no tocar sus privilegios y no escudriñar en el pasado.
Los gestos institucionales de los nuevos gobernantes fueron acotados, la búsqueda de justicia limitada a ciertos casos, a determinadas circunstancias. Entonces, quienes se organizaron para pedir justicia, quienes comenzaron a golpear puertas, a solicitar archivos y antecedentes recibían evasivas, hojas en blanco, silencio.
Eugenio Ortega y Carmen Frei iniciaron una lucha muy solitaria por encontrar la verdad, y el pacto transicional les cerró las puertas durante mucho tiempo. El fallo es fruto de un esfuerzo impresionante de luchadores y luchadoras por los Derechos Humanos que navegaron contra la corriente política de la democracia de los acuerdos que no querían dejar entrever lo más sórdido y oscuro de la dictadura.
Varias autoridades políticas se negaron a colaborar en este esfuerzo –autoridades políticas que se suponía estaban comprometidas con la democracia y los Derechos Humanos. Varias instituciones, incluyendo al propio Ejército, se negaron a colaborar. La red de silencio, impunidad y amenazas se extendió luego de recuperada la democracia y hasta nuestros días y es aquello lo que resulta todavía más chocante. Carmen Frei detalla es su libro el seguimiento que fue objeto cuando comenzó a activar el caso en los años 2002-2003. Da cuenta de la incineración de antecedentes del caso y la obstrucción del Ejército de Chile en el esclarecimiento de este caso al informar repetidamente que “no hay antecedentes”.
El pacto de la transición implicaba un segundo precepto: “Justicia, en la medida de lo posible”. En su libro, Carmen Frei muestra su total desacuerdo con aquella afirmación. Y agregaba, referenciando a su padre, que “la política es el arte de lo posible, pero que la grandeza es intentar lo que parece imposible”.
Varias autoridades políticas se negaron a colaborar en este esfuerzo –autoridades políticas que se suponía estaban comprometidas con la democracia y los Derechos Humanos. Varias instituciones, incluyendo al propio Ejército, se negaron a colaborar. La red de silencio, impunidad y amenazas se extendió luego de recuperada la democracia y hasta nuestros días y es aquello lo que resulta todavía más chocante. Carmen Frei detalla es su libro del seguimiento de que fue objeto cuando comenzó a activar el caso en los años 2002-2003. Da cuenta de la incineración de antecedentes del caso y la obstrucción del Ejército de Chile al esclarecimiento de este caso, al informar repetidamente que “no hay antecedentes”.
Lo anterior plantea la necesidad de una revisión sustantiva de lo que constituye la justicia: ¿es correcto definir la Justicia en el marco de lo que es posible que realice? ¿No debemos acaso definir la Justicia respecto de aquellos principios morales que ordenan el comportamiento social?
Uno de los errores de la transición fue acotar la Justicia a un marco acotado de posibilidades. Confundieron lo que fácticamente es posible con la cualidad de lo que es justo. La Justicia como principio rector de nuestros comportamientos nunca debiese ser “en la medida de lo posible”. La interpelación de Carmen Frei a propósito del asesinato de su padre es un llamado de atención moral que coloca el centro de atención ya no en los culpables, sino en el tipo de sociedad que hemos construido.
¿Queremos organizar una República sobre la base de a ausencia de justicia, donde escondemos aquello que incomoda por miedo a la realidad fáctica de los militares o por temor a develar que en los hilos de la transición vario la encabezaron.
¿Queremos organizar una República donde una institución castrense protegió hasta por lo menos el año 2008 al principal condenado en este caso, manteniéndolo en el Hospital Militar? ¿Podemos convivir en una democracia con instituciones que se negaron a colaborar con la investigación del asesinato del ex Presidente?
El fallo constituye no solo una interpelación respecto de lo cruel que fue la dictadura y sus colaboradores civiles, sino también constituye una interpelación respecto del modo en que se fue construyendo la sociedad en la que convivimos. Y el caso deja muy mal puestos a varios de quienes lideraron esta transición en la medida de lo posible.
  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

PULSO SINDICAL Nº 372 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019


Hablamos en el Pulso anterior sobre la modernidad laboral y expusimos con bastante claridad nuestra opinión al respecto.
Insistimos. No es modernidad la flexibilidad, la polifuncionalidad, ni el abandono de derechos históricos, menos aún lo es la entrega de demandas mínimas que dignifiquen en algo a la clase trabajadora. Es simplemente explotación y hay que llamarla por su nombre.
Lo que ha sucedido desde el término de la dictadura hasta acá en casi todos los planos, es el abandono de las demandas para que se restituyeran las leyes que fueron derogadas por los milicos.
No podemos negar que, al menos en el movimiento sindical, resultó exitosa la penetración de las propuestas del capital y hoy podemos ver a muchos que de alguna manera lucharon contra la dictadura, entregados al modelo y sus designios.

La instalación de la dictadura en Chile implicó la derogación de más de un centenar de leyes que beneficiaban los trabajadores (Ver “El derecho Laboral Arrasado”, Especial de Revista Análisis. 21 – 7 -1988). Y no solo eso. También significó la detención, tortura, fusilamiento y/o desaparición de cientos de sindicalistas y militantes destacados de diversas estructuras sindicales, privación de la personalidad jurídica a muchas organizaciones, así como la incautación de bienes muebles e inmuebles.
Es esto y mucho más lo que hace despreciable la actuación de las Centrales Sindicales ya citadas en el Pulso Sindical anterior.
Como no tener el más mínimo decoro y olvidar aquello por lo que murieron sus iguales desde el golpe de estado en adelante y hasta nuestros días. Como no ser capaces de abogar al menos por la restitución de las leyes derogadas por la dictadura y que beneficiaban a millones de asalariados.
Cierto es que cada quien se puede sentar a conversar con quien le dé la gana y más cierto aún es que las organizaciones tienen la facultad de suscribir los documentos que se les antoje con sus contrapartes, ¿pero es ético y moralmente valido  hacerlo olvidando lo que ha pasado con los derechos de los trabajadores en estos años? 
¿Conversaron estos dirigentes con sus bases la implicancia que traerán para ellas estos acuerdos con patrones y gobiernos que se están promoviendo?

Córtenla con la tontería de que las críticas provienen de anticomunistas trasnochados, porque eso es una falacia. Simplemente asuman el cambio de posición en la cancha.
Lo que vienen haciendo desde hace tiempo la CUT, la CAT, la UNT y la CTCH es abandonar las demandas históricas de los trabajadores y validar la imposición de un sistema de relaciones laborales que apunta a aumentar la explotación, destruir la familia e instalar definitivamente el individualismo y el consumismo como normas de vida.

Contra esto no solo debemos rebelarnos en él discurso, sino que ponernos a trabajar porque las posiciones correctas de la clase se hagan oír y barran de una vez y definitivamente, con estas actitudes entreguistas y pro modelo.
Para que lo que demandamos suceda, debemos ir más allá del discurso y superar esta deplorable costumbre de dar la lucha por internet. Tenemos que salir a la calle a educar a los trabajadores en sus derechos básicos e invitarles a organizarse para que luchen por ellos.
Estos entreguistas no pueden pensar ni actuar por nosotros.
No solo porque no nos representan, también porque son una ínfima parte de lo que es la clase trabajadora organizada.
Entonces salgamos a aclarar conciencias y llamemos a la Unidad, Unidad que pasa inicialmente por dejar sin base a los que venden a la clase con ropa y todo.

Para graficar lo que hemos expuesto vaya un botón de muestra, que deja expuesto claramente que la traición de los políticos y sindicalistas de todos los colores a los trabajadores, es de ya larga data. Analicemos la indemnización por años de servicio.

*El artículo octavo de la ley 16.455, publicada el 6 de abril de 1966 fijaba la indemnización en caso de despido injustificado, y cuando el empleador se negaba a reincorporar al trabajador, en un mínimo de un mes por cada año de servicio o fracción no inferior a seis meses, sin limitación alguna  en cuanto a su monto superior.
*La dictadura estableció en el artículo 16 del DL 2200 del 15 de junio de 1978, que la indemnización por años de servicio tendría un límite máximo de 150 días de remuneración.
*La CUT en las Resoluciones de su Congreso Constituyente del 20 y 21 de Agosto de 1988, estableció en el punto 4 letra j)  de su Plataforma de Lucha  que la indemnización por años de servicio será “sin tope de los 150 días (5 años) establecidos actualmente”.
*Finalmente y con bastante menos ambigüedad que la demanda de la CUT, el Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia propuso en sus Bases
Programáticas Económico Sociales, en el punto V letra e. 1 que la “indemnización será equivalente  a un mes de remuneraciones por cada año de servicio  y fracción de seis meses, sin límite.”
*La legislación vigente, en cuanto a indemnizaciones, no ha cambiado lo que se estableció en la ley 19010 del 29 de noviembre de 1990, articulo 5°, y que dice que “la indemnización  por años de servicio tendrá un límite máximo de 330 días(11 años)”

Es claro que la aspiración de recuperar un derecho como indemnización sin tope, es consideraba inviable por los capataces del capital y han trabajado duro para instalar en la conciencia de los trabajadores, la idea de que ya no sirve este tipo de indemnización.
Utilizan estadísticas que dan cuenta de una tendencia marcada al cambio de lugar de trabajo en un par de años, que se ocupa mucho el mecanismo de la renuncia voluntaria y que para cobrar indemnización debe haber despido por una causal que lo amerite. (actual artículo 161 del C. del T.) Adonde apuntan?

A instalar la idea de la indemnización a todo evento con aporte del patrón, lo que haría aún más accesible la posibilidad de la renuncia voluntaria como instrumento para terminar un contrato. Ya no se requiere esperar por la aplicación de las “necesidades de la empresa”.

A finales del siglo XX y con ocasión de la discusión del seguro de cesantía, la Concertación gobernante intento sin éxito instalar un mecanismo similar al que hoy propone la “comisión de expertos” (en fregarnos) convocada por Piñera.
En efecto, la propuesta entregada al gobierno apunta a crear un segundo mecanismo de indemnización, alternativo al actual a todo evento y financiado por el patrón con un aporte mensual de 4,11% de la remuneración mensual, el que tendrá un tope de 11 años.


Una de las probabilidades a considerar en la discusión que se va a iniciar, es que se plantee la mantención del actual sistema de indemnización por años de servicio (artículo 163) y que desde una fecha a acordar y hacia adelante, solo impere este nuevo sistema de indemnización propuesto por los expertos (para conseguir su propósito solo deberán mejorar la redacción del actual artículo 164 del C. del T.)

Compañeros dirigentes y trabajadores.

Se vienen aún momentos más complejos. No está de más recordarles que la llamada “mesa sindical” también instalada por Piñera (e integrada por la CAT, UNT y CTCH) ya dio luz verde a avanzar hacía reformas laborales que permitan la negociación de grupos de trabajadores, flexibilizar la distribución de la jornada de trabajo,  y restablecer, con ciertos límites, el reemplazo interno de trabajadores en huelga.
Esta es la modernidad que promueven los gobiernos y los empresarios, modernidad que es aplaudida por los partidos políticos que se disputan las migajas que el capital arroja y las organizaciones sindicales que sin decoro alguno, se pasaron al lado del enemigo de clase.

El golpe militar tuvo como objetivo, entre otros, terminar con una legislación laboral que era ejemplo en el mundo y entregar a los patrones un cuerpo legal actualizado que les permitiera abusar a discreción de los trabajadores, organizados y no organizados.
Eso se mantiene plenamente vigente y solo ha sido “maquillado” por quienes creen y sostienen que las cosas no se pueden cambiar y que solo se puede intentar “humanizar al capitalismo”.
Son acaso las nuestras:
¿Acusaciones vertidas por resentidos?,
¿El trabajo de los que no quieren la unidad?,
¿Un intento más por desprestigiar a los legítimos representantes de los trabajadores?
Juzguen ustedes

Aquellos que se pasaron al bando contrario podrán seguir guardando silencio ante nuestras denuncias y utilizar estos y otros argumentos.
Pero el daño a la clase trabajadora, la traición a las víctimas ha quedado marcada a fuego y deberán rendir cuentas al pueblo en algún momento.

Nosotros nos encargaremos de recordar siempre lo que han  hecho.

                                                                                              MANUEL AHUMADA LILLO


Secretario de la CGT.

CONDOLENCIAS A LA FAMILIA.

Lamentamos la noticia del sensible fallecimiento de la gran Elena Muñoz viuda de Maureria, a quien la dictadura le arrebató a su esposo y cuatro hijos, quienes serían encontrados en los Hornos de Lonquén, tras ser asesinados por carabineros de la tenencia de Isla de Maipo... Nuestras condolencias a la familia Maureria y a todas las familias del caso Lonquén... Descanse en Paz Elena

miércoles, 30 de enero de 2019

Carmen Frei al final de su largo peregrinaje por justicia en asesinato del presidente Frei: “Mi padre merece descansar en paz y creo que hoy está descansando”.

“Hoy la justicia ha dicho su palabra, al cabo de una exhaustiva y larga investigación judicial, sobre el homicidio de mi padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva, donde todas las partes involucradas pudieron ejercer sus derechos. Y la sentencia que hoy el ministro Madrid ha dado a conocer al país deja establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet. Se trata del único caso de un magnicidio en la historia de Chile”.

Mediante estas palabras la vicepresidenta de la Democracia Cristiana e hija del Eduardo Freo Montalva, Carmen Frei, se refirió al fallo del ministro Madrid donde se condenó a seis personas por el homocidio del ex Mandatario. Evidentemente emocionada, leyó una declaración acompañada del timonel del partido, Fuad Chahín y varios militantes de la falange en la sede del partido.

“Creo que es un hecho tan grave y el país debe asumirlo como parte de uno de los periodos más oscuros de nuestro pasado”, complementó la dirigenta DC, añadiendo que “lo que acredito la investigación -811 páginas- y de lo cual da cuenta el fallo, es que nada de lo que ocurrió en torno a la muerte de mi padre fue accidental o fruto del azar”.

La hija de Frei Montalva sostuvo, además que “hoy a pesar de muchas incomprensiones, rechazos y el ferro pacto de silencio del Ejército, gracias a la acción de la justicia, la verdad se ha impuesto”.

Sostuvo, además, que “si queremos un país con una democracia sólidamente anclada en el alma de todos quienes vivimos en este país, debemos condenar todas las violaciones a los DD.HH., sin ninguna ambigüedad y sin apelar a ningún contexto que la justifique”.

“Mi padre fue un político de convicciones democráticas, que resistió a la dictadura y que su discurso en el Caupolicán selló su sentencia de muerte (…) El ejemplo de nuestro padre, nos compromete a seguir trabajando para que entre todos volvamos a darle sentido a la política, como él lo vivió, como una escuela del servicio público”.

Finalmente, y ante la atenta mirada de los asistentes a su declaración, Carmen Frei declaró: “Mi padre merece descansar en paz y creo que hoy está descansando”.

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