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domingo, 31 de diciembre de 2023

Nelson Cautoco: «La candidatura de Kast es una mala noticia para los derechos humanos»

 Por: Carolina Ceballos | Publicado: 31.12.2023

Nelson Cautoco: «La candidatura de Kast es una mala noticia para los derechos humanos»Nelson Caucoto | Agencia Uno
Relevando el gran aporte de los tribunales a la justicia y reparación por las violaciones a los DD.HH. en un 2023 en que se conmemoraron 50 años del golpe de Estado, el abogado habla de un récord de fallos, respalda el Plan Nacional de Búsqueda del Presidente Gabriel Boric y proyecta el futuro insistiendo en nuestro derecho a no olvidar, pese a la insistente tendencia negacionista que se ha instalado en Chile.

Destacado por su dilatada trayectoria como abogado de diversas causas de derechos humanos en nuestro país, Nelson Caucoto es voz autorizada para hablar de una materia particularmente sensible para Chile, más todavía cuando estamos dejando atrás un 2023 en que se conmemoraron 50 años del golpe de Estado.

Cómo evalúa estos 12 meses y cómo proyecta el 2024 donde se anticipa el inicio de la carrera presidencial es parte del extenso e ilustrativo diálogo que tuvo con El Desconcierto en un detallado desglose de las materias que han marcado su quehacer profesional.

«No siempre se cumplen 50 años y normalmente para cualquier chileno llegan a ser irrepetibles o definitivos. A pesar de numerosas actividades de diversa índole, me quedo con un sabor de insatisfacción, de
insuficiencia para resaltar la importancia de los 50 años del golpe militar. Un gusto a poco», sincera cuando le consultamos qué le pareció la conmemoración de hace unos meses.

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Lo que no fue…

Caucoto siente que siempre se puede hacer más por la reparación y la memoria. «Me da la impresión que debíamos poner en primera fila a las víctimas, cada una con sus propias historias y construir pedagogía a partir de ellas. Con plazas, bibliotecas, escuelas, parques, centros culturales, juveniles, juntas de vecinos, centros de madres, etc., enarbolando sus nombres, recordándolos, reviviéndolos en múltiples manifestaciones, honrándolos, dignificándolos, porque sobre el sacrificio de sus vidas se ha ido construyendo nuestra convivencia nacional y la democracia que tenemos», comenta.

«Habría sido hermoso que cada chileno de hoy (…) tuviera presente en su memoria algunos de sus nombres. La lucha de ellos tiene inmenso sentido si no les olvidamos. Creo que faltaron actividades culturales, educacionales, artísticas que llevaran por todo Chile el significado de estas cinco décadas», agrega.

«Tanto más importante cuando más del 60% de los chilenos no habían nacido o no vivieron el golpe militar. A esa inmensa masa de gente joven debieron dirigirse los mensajes y contenidos de una conmemoración de esa fecha», recalca.

Caso Paine

Agencia Uno

Desde su propia experiencia, es categórico. «Los que le sobrevivimos tenemos claro lo que pasó, el país en su conjunto vivió las consecuencias del terrorismo de Estado que se instaló ese 11 de septiembre de 1973, y que dejaron un reguero de víctimas atropelladas en sus derechos fundamentales y donde a 50 años más de 1.000 chilenos están aún en condición de detenidos desaparecidos«, asegura.

Faltaron actos

«¿Lo sabrán eso los jóvenes a los que aludimos ? Faltó a lo largo del país ese contacto directo de esa inmensa masa de chilenos con su historia patria. Faltaron miles de actos en los territorios comunales, barriales, educacionales, que narraran con fidelidad lo acontecido durante la dictadura y se dignificara y honrara a las víctimas», agrega.

Incluso, releva Caucoto, «ese gran déficit comunicacional y social permitió que asomaran con más fuerzas los relatos negacionistas, porque al fin y al cabo esos sectores que niegan o deforman la historia, cuentan con más y mejores herramientas para hacerse notar».

Consultado luego por su balance puede hacer en materia de derechos humanos este 2023, destaca un avance en este ámbito. «A pesar de todo lo anterior, que involucra una mirada a nivel nacional, acerca de lo que no se hizo, hay otros espacios donde sí hubo avances sustanciales al llegar a los 50 años, me refiero a la justicia en los procesos por las graves violaciones a los DD.HH. En los últimos 20 años los tribunales se han puesto a tono con su tarea fundacional: hacer respetar los derechos fundamentales. Ha sido un proceso de avance muy tímido al comienzo, para llegar hoy a un estado de cosas digno de ser destacado, tanto nacional como internacionalmente», destaca.

Eso sí, admite extrañar su visibilización en los medios de comunicación tradicionales.

¿A qué sector es funcional este periodismo? «De esa desinformación se nutre y alimenta el negacionismo. Afortunadamente existe la prensa alternativa, electrónica, que permite informar a la población sobre los fallos recaídos en los crímenes de lesa humanidad», comenta.

El 2023 cierra con récord de fallos

«Hay que subrayar y destacar los enormes avances de la justicia chilena al llegar a los 50 años. La Sala Penal de la Corte Suprema, está batiendo un récord en la cantidad de fallos pronunciados durante el 2023, que ya se acercan a los 100, muchos de ellos respecto de una gran cantidad de víctimas, como son los referidos a los campesinos de Paine, las víctimas de La Moneda, Operación Colombo, Operación Cóndor, víctimas del Comando Conjunto, Conferencia 2, de la desaparición de la 2da dirección clandestina del PC, o el caso de la dirección clandestina del PS, Fuente Ovejuna, Víctor Jara y Littré Quiroga, entre muchos más», ilustra luego relevando el trabajo efectuado en este ámbito.

Sin embargo, agrega, «indudablemente este avance sustancial de nuestro máximo tribunal es desconocido por la sociedad chilena, precisamente por esa corriente negacionista que se instala con la desinformación de los medios de comunicación tradicionales».

«¿Alguien creyó posible que las personas que mataron a Littré Quiroga y Víctor Jara, pudieran ser encarceladas y condenadas a penas significativas, después de 50 años?», se cuestiona.

«¿Alguien creyó posible que se esclarecieran esos secuestros y homicidios aún a 50 años de distancia? Todo ello fue posible, y nadie puede negar que efectivamente se hizo justicia. Lo importante es que con ese trabajo judicial por verdad, justicia y reparación, es Chile entero que se prestigia en el concierto internacional de naciones, pues no existe otro país que haya logrado avanzar en esa temática como lo han hecho los tribunales chilenos, a pesar de que ya han transcurrido 50 años del golpe», comenta.

violadores de derechos humanos

Agencia Uno

Se ha dejado atrás la impunidad

Para Caucoto, en nuestro país «se ha dejado atrás una larga etapa de casi 30 años de completa impunidad en que, salvo contadas excepciones, jueces y ministros valerosos se decidieron enfrentar la ausencia de justicia
sacando adelante, pese a las dificultades, su trabajo judicial. Ellos abrieron camino a lo que existe hoy».

Incluso, agrega, «ha sido tanta la actividad en ese sentido, con fallos condenatorios a los agentes del Estado que hoy, tengo entendido, se encuentran colapsados los penales de Punta de Peuco y Colina 1»

«Ese trabajo judicial ha permitido establecer una jurisprudencia sólida, reiterada y consistente basada en el derecho internacional de los DD.HH. que abre un horizonte esperanzador para nuestra democracia, la que se fortalece cada vez que se protegen, garantizan y promueven los DD.HH, como el elemento ético de esa democracia», releva.

Tan destacado ha sido el trabajo, que «hay muchos ojos puestos sobre Chile desde numerosos países en el mundo entero que se han visto sorprendidos positivamente por la forma en que los tribunales chilenos han logrado esclarecer y hacer luz sobre estos graves crímenes internacionales. Se avanza en el descubrimiento de la verdad, en medidas de reparación y en la sanción de los culpables».

«El Plan Nacional de Búsqueda es serio»

Atendiendo al Plan Nacional de Búsqueda oficializado en agosto de este año, qué expectativas tiene proyectando el 2024?, es otra consulta que le hacemos a Caucoto.

«El único aspecto negativo lo constituye que, más allá de las sentencias condenatorias en el marco del debido y racional proceso, en su gran mayoría estos casos terminan sin ubicar los restos de las víctimas. Y de ello no son responsables los tribunales, sino los propios perpetradores. Sólo ellos saben dónde dejaron los restos de las víctimas. En ese aspecto, valoro el Plan Nacional de Búsqueda implementado por el gobierno del Presidente Boric. Es una política pública seria, bien intencionada a la que estamos todos los chilenos llamados a colaborar», asegura el abogado.

Respecto de la estrategia, comenta que responde a «un compromiso estatal donde todas las autoridades deben comprometerse, así como también la sociedad. Hay que buscar la información donde sea, sistematizar la información, analizarla, estudiarla en profundidad, hay que ir a los propios familiares, a tribunales rurales y urbanos, a los expresos, hay un inmenso universo donde indagar».

Su convocatoria, además, es «poner énfasis en los antiguos y ancianos miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que tuvieron una participación principal o secundaria en los crímenes de la dictadura.  Ellos ya no son los mismos que ayer…»

«Miran la vida de una manera distinta, toda su prepotencia o agresividad de ayer, ya no tiene sentido. Ya miran que el final de sus vidas está cada vez más cerca y quieren reconciliarse con Dios, con su propia conciencia, con su familia, y también con las familias a quienes hicieron daño en el pasado. Es hora ya
de alcanzar la paz interior», complementa.

Para el abogado, «el plan les abre la oportunidad de hacer una tremenda contribución a Chile, aunque sea en esta hora postrera. Se trata de saber sobre el destino de más de 1000 compatriotas».

Comisiones Rettig y Valech debieran reabrirse

Respecto de sus expectativas a horas del inicio del 2024, Caucoto sincera que espera «apoyar y mantener el avance de nuestros tribunales de justicia en la temática de los graves crímenes de la dictadura. Difundir sus fallos, que constituyen instrumentos de sanidad y docencia para nuestro país».

«Hacer realidad desde ya las sugerencias o medidas del Informe Rettig. Es una tarea urgente incorporar la enseñanza de principios básicos de derechos humanos en todo el proceso educacional de nuestro país, partiendo desde la más tierna infancia», dice en su detallado desglose.

Otra necesidades para Caucoto apuntan a «incorporar la enseñanza de los DD.HH. en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, Orden Público y Seguridad, reabrir Comisiones Rettig y Valech, a fin de calificar a todos los chilenos que fueron víctimas y no tomaron parte del proceso de calificación correspondiente».

Pero hay más. Nuestra dictadura también demanda, en opinión del abogado, «implementar o reforzar el derecho a no olvidar. Tenemos derecho a no olvidar lo acontecido. Cada territorio, comuna y barrio, se apropie de sus víctimas y las recuerde».

«Fomentar una política estatal que vaya en ayuda del fortalecimiento, o la creación de nuevos medios de comunicación comunitarios, comunales, barriales, ya sea TV, radios o diarios que permitan que esos territorios sean diariamente informados del acontecer local regional y nacional», es otro de sus anhelos.

«Punta Peuco es un monumento a la injusticia»

¿Siente que a la administración Boric le falta un gran anuncio en el ámbito de los DD.HH, como el cierre de Punta Peuco?, es otra de las consultas que le formulamos a Caucoto, quien tiene una postura clara al respecto.

«El cierre de Punta de Peuco siempre tendrá un simbolismo especial, pues ese centro es un monumento a la injusticia en materia carcelaria. Pero si ya está colapsado, como también parece que está Colina 1, ¿dónde llevarán a estos presos?», se cuestiona.

Si embargo, agrega, «un país que necesita más cárceles modernas que resocialicen, que permitan el trabajo de los internos, pero esto parece un sueño irrealizable, ninguna autoridad comunal quiere construir más penales».

El impacto de Kast en la democracia

Considerando que el 2024 es un año muy relevante en términos políticos, cómo visualiza para los derechos humanos, una eventual llegada de José Antonio Kast, quien ya anunció su candidatura presidencial, a La Moneda?, es la última pregunta que le hacemos a Caucoto, sin no duda al responder.

«Obviamente la candidatura del Sr. Kast es una mala noticia para los derechos humanos. Él y su base de apoyo es esencialmente negacionista y siguen siendo fervientes partidarios de Pinochet y su dictadura.

Para el abogado, «en ello no podemos engañarnos. Son ellos los que a través del proyecto constitucional rechazado quisieron abrir las puertas de Punta de Peuco a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos».

Muere abogado querellante que logró condena a ex jefe DINA por asesinato de ex canciller Letelier

 

Muere abogado querellante que logró condena a ex jefe DINA por asesinato de ex canciller LetelierPAÍS


En 2015, Alfredo Etcheberry además se desempeñó como consejero del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (Comisión Engel).


La tarde de este sábado se comunicó el fallecimiento del abogado, egresado y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Alfredo Etcheberry Orthusteguy (92), informó el diario La Tercera.

El año 1991, fue querellante en la causa que sustanció el ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, por el asesinato del excanciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en septiembre de 1976.

Etcheberry también logró que el exjefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y el segundo del organismo represivo, brigadier Pedro Espinoza, fueran condenados a 7 y 6 años de prisión, respectivamente en 1995.

Además se destacó en 2015 como consejero del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (Comisión Engel).

El profesional letrado había recibido en diciembre del año 2022 el premio de la Asociación de ex alumnos de la Universidad de Columbia, por la exitosa carrera que ha desarrollado en diversos ámbitos de la vida nacional, como abogado penalista.

Asimismo, se destacó en el servicio público prestando servicios como Embajador de Chile en la Conferencia Diplomática para la Creación del Tribunal Penal Internacional (Roma, 1998) y como Presidente de la Primera Comisión Chilena del Proyecto de Código Penal Tipo Latinoamericano.

Etcheberry fue también miembro del Instituto de Ciencias Penales, de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la Comisión Internacional de Juristas, de la Comisión Andina de Juristas, de la Sociedad Chilena de Filosofía del Derecho y de diversas sociedades científicas.

Su carrera cuenta con hitos tales como haber sido el primer académico en dictar el curso de Derecho Penal Comparado en el país y ser el autor del proyecto de nuevo código penal.

Dentro de sus obras destacan los cuatro tomos de su Tratado de “Derecho Penal”, texto considerado una guía para generaciones de estudiantes, académicos y operadores de la justicia; “El Derecho Penal en la Jurisprudencia”, que incluye una revisión de todas las normas del Código Penal y su tratamiento en los Tribunales de Justicia, entre otros.

Fue consejero del Colegio de Abogados de Chile y su presidente entre los años 1989 y 1991.

Asimismo, en 2017, fue nominado por la ex Presidenta Michelle Bachelet como el representante de La Moneda ante el Tribunal Constitucional en la defensa del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales.

Argentina. Milei quiere derogar la Constitución, ¿un golpe de Estado poselectoral?

 By  on  diciembre, 2023

Por Rubén Armendáriz, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2023.

El ultraderechista presidente Javier Milei envió  al Parlamento un paquete de leyes a cambiar que incluye la derogación de 664 artículos de la Constitución nacional, entre ellos que se deleguen facultades legislativas al Ejecutivo hasta fines de 2025 pero con posibilidad de continuar hasta el final de su mandato, lo que, según los juristas, harán implosionar al Estado y la soberanía del país.

El Presidente, que envió al Congreso el megaproyecto donde propone quitar facultades al Legislativo a favor del Ejecutivo, privatiza 41 empresas estatales y podrá pedir intervención de fuerzas extranjeras. Asimismo pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta  2025.

Esta mañana, Milei se reunió con su Gabinete en la Casa Rosada (de gobierno). Tras el encuentro, salió al balcón con sus funcionarios a saludar a una Plaza de Mayo… desierta.

Milei no encontró mejor momento para presentar el proyecto: fue mientras se realizaba en Buenos Aires la multitudinaria marcha encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y todas las centrales sindicales para entregar ante los tribunales una solicitud de derogación de estos decretos, que son anticonstitucionales y terminan con toda posibilidad democrática en el país. La CGT reclamó que la justicia intervenga para que todas las reformas se discutan en el parlamento

El portavoz del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, afirmó  que el Gobierno quiere «un país que tenga un Estado limitado, que gaste poco y que sólo se financie con impuestos bajos» al justificar el contenido de la Ley Ómnibus enviada al Congreso. Remarcó que se apunta a que el Estado «deje de molestar a los ciudadanos» y que «no nos digite la vida»

La bronca popular crece al conocerse los artículos que se quieren derogar, que incluyen la solicitud de declarar la emergencia pública y tener facultades para legislar en materias energética, económica, fiscal, social, de seguridad y de defensa, que en este caso incluye la facultad de solicitar ayuda de tropas extranjeras cuando Milei (o la embajada de EEUU) considere necesario. También la congelación de salarios y jubilaciones.

El proyecto de ley faculta al ejecutivo para permitir acciones bélicas “de carácter combinado” con otros países dentro del territorio nacional. El gobierno permitiría la entrada al país de tropas extranjeras para participar de ejercicios militares y «actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado», según el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» enviado al Congreso de la Nación.

En el capítulo II de la Defensa Nacional, el artículo 345 autorizaría «la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025».

Se estipula también que una «comisión auditora» conformada por el Poder Ejecutivo controle «la totalidad del sistema de Defensa Nacional, a fin de determinar su estado de alistamiento y su capacidad para cumplir la misión encomendada; debiendo efectuar un primer informe preliminar ante las comisiones de defensa del Congreso en un plazo de tres meses; y un informe definitivo en un plazo de seis meses». Cumplido ese plazo «la comisión será disuelta», destaca el documento.

Seguridad social

En este entorno, el Congreso tiene que estudiar en uno o dos días esta cantidad de artículos, donde incluso figura apoderarse del estatal Fondo de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) previsional, seguramente para que lo administren manos privadas.

La movilización y el acto ante tribunales se realizó en una zona militarizada, con todo preparado para la represión anunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que incluyó policías de la ciudad, Federal y Gendarmería, que comenzaron a actuar cuando las protestas se desconcentraban a fin de impedir la salida de los últimos manifestantes, a los que era más fácil reprimir. 

No fueron los manifestantes ni los piqueteros: fue la policía la que cortó las calles y hubo un momento en que había más agentes que manifestantes. Hubo seis detenidos, entre ellos dos periodistas, mientras los uniformados provocaban a los manifestantes en desconcentración. Las protestas siguen en la capital y varias ciudades del país, y se e renovaron los cacerolazos  en contra del gobierno de Milei y sus polémicos decretos.

Milei plantea desprenderse de las acciones que posee el Estado en 41 sociedades claves para el entramado económico y productivo, además de separarse de un enorme fondo anticíclico calculado en 76 mil millones de dólares, con el fin (obviamente no declarado) de abrir las puertas a Black Rock y otros fondos de inversión interesados en comprar barato los activos argentinos.

Las empresas con participación estatal que festejan la decisión oficial son Molinos Río de la Plata, donde ya participa el fondo de Larry Fink, Cresud, del empresario Eduardo Elsztain –financista de Milei y representante internacional del sionismo–, dueño del hotel donde se aloja hasta ahora el presidente. También, Pampa Energía, el grupo Techint, Clarín, Telecom y Aluar, entre otros.

Prohibido protestar o divergir: En el capítulo de Seguridad Interior, el proyecto de ley establece modificaciones al artículo 94 del Código Penal, que implicarían un endurecimiento a las condenas por la protesta social: penas de prisión de entre uno y tres años y seis meses a quienes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

Quienes dirijan o participen en un manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe, señala el decreto, que demás indica otra perogrullada: En caso de ser una movilización espontánea, los responsables deberán dar aviso al ministerio de competencia lo antes posible. 

Incluye el absurdo de que si se juntan tres personas o más en el espacio público, deberán pedirle permiso al Ministerio de Seguridad. Además, amplía el abanico de pretextos de los policías para disparar sin preguntar. 

También el Ejecutivo se atribuye facultades de emitir deuda sin consultar al Congreso. A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes. Los analistas califican estas medidas como el mayor saqueo de un país. Para los que salieron a protestar pese a la represión prometida, se trata de  la entrega de un país, con su pueblo con las manos y los pies atados, para concluir que en Argentina hay golpe de Estado poselectoral.

*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: Rebelion.

sábado, 30 de diciembre de 2023

200 años de la Corte Suprema: Historial de complicidades en masacres estatales y crímenes de lesa humanidad

 


Más allá de los 50 años del golpe, donde, se esperaba un acto de petición de perdón por las acciones y omisiones del máximo tribunal del país frente a los crímenes cometidos por la dictadura, sin embargo, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón a lo largo de la historia republicana

Los 200 años de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Chile fue creada el 29 de diciembre de 1823 con la promulgación de la Constitución Política de la República de ese año, cuerpo legal redactado por el destacado jurista Juan Egaña. Aquella Carta Fundamental calificó a la Corte Suprema como “la primera magistratura judicial del Estado y que estaba compuesta por un presidente, cuatro ministros y un procurador general o fiscal.  Asumió como su primer presidente el José Gregorio Argomedo  Montero.

Mira el video: ceremonia 200 años Corte Suprema

En este marco, se realizó una ceremonia este viernes, encabezada por el presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar. También asistieron: Gabriel Boric Font; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez; el presidente (S) del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier; la Contralora (S) General de al República, Dorothy Pérez; el ministro de Justica (s), Jaime Gajardo Falcón; el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano y otras altas autoridades del país.

Parte del discurso del presidente del máximo tribunal, indicó que: “En este contexto, la conmemoración de dos siglos de existencia otorgan la oportunidad de mirar en retrospectiva, pero con visión de futuro, el trascendente papel que ha jugado este tribunal en favor del Estado de Derecho y la Democracia, siendo especialmente oportuno recordar los valores y principios generales y permanentes que hacen posible cumplir esos propósitos (…)  Así, la imparcialidad, la autonomía, la independencia, la inamovilidad, la legalidad o sujeción a la ley, la igualdad ante la ley, la exclusividad y la inexcusabilidad, entre otros, configuran ejes que sostienen la función jurisdiccional, que de ser trastocados o desconocidos terminarían desnaturalizado esa función, perjudicando al justiciable”.

Los derechos humanos durante la dictadura y el rol de la Corte Suprema

En los 50 años del golpe de Estado conmemorados este 2023, la Corte Suprema no pidió perdón. La mayor aproximación a ello fue en los 40 años, es decir el 2013. En la ocasión, en septiembre de dicho año, a través de un comunicado leído por el aquel entonces presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se señaló que los ministros reconocieron que los atropellos a los derechos humanos se debieron en parte a “la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”.

Pero, ¿Por qué debe pedir perdón la Corte Suprema?

“El 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno se presento ante el pleno de la Corte Suprema para ser aceptada por el Poder Judicial, el único de los tres poderes del Estado que no anuló sus funciones luego del 11 de septiembre. El anhelo de los opositores al régimen de contar con un organismo de justicia imparcial se vio minimizado en 1974, cuando el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, le colocó la Banda Presidencial a Augusto Pinochet”, recuerda un reportaje de Radio Diario Universidad de Chile, del 1 de septiembre del 2013.

Se establecen cuatro puntos a la hora de analizar las falencias del Poder Judicial, en primer la legitimación que se hizo la Junta en 1973, además de hostigar a jueces que mostraron una actitud opositora. En segundo orden, se destaca la Ley de Amnistía que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978, período de Estado de Sitio. Un tercer punto refiere a la potestad de la justicia militar, lo que permite que uniformados eludan los procedimientos civiles y sean juzgados por sus pares. Un cuarto punto, muy importante, es la omisión del principio de Habeas Corpus, conocido en Chile por los ‘recursos de amparo’, que es cuando un ciudadano solicita protección al Estado ante riesgo de su vida por motivos injustificados.

Este acontecimiento no es un hecho aislado, sino parte de una lamentable constante en la historia republicana de Chile. Se destaca que a lo largo de los años, el país ha sido testigo de masacres, genocidios y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado, muchos de los cuales contaron con la complicidad silente de la Corte Suprema. La denuncia actual es un llamado urgente para romper con este patrón histórico y garantizar que la justicia prevalezca sobre la impunidad.

“En el Habeas Corpus, la Corte Suprema está de acuerdo en una actitud que renuncia al rol de cautelar de la libertad y la seguridad individual. La Corte llega a un acuerdo en que todas las solicitudes de amparo serían centralizadas a través del ministerio del Interior, lo que es absurdo porque las personas eran detenidas en cuarteles secretos de la CNI, y el ministerio sistemáticamente informaba que no hay antecedentes, lo que es obvio, ya que son detenciones arbitrarias al margen de cualquier procedimiento”, indica el académico y escritor, Álvaro Fuentealba, autor del libro: . ‘Dictadura y Poder Judicial’.

El reconocido abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, señaló en la época a Radio Diario Universidad de Chile, que “un rechazo a un recurso de amparo se traduce en una sentencia de muerte”, y destaca que esta posición no varió mucho luego de 1990, con Pinochet al mando del Ejército. A su juicio, la ausencia de una política decidida del Ejecutivo, es factor que explica un lento cambio en la magistratura para enjuiciar por distintos delitos: “El Poder Judicial se influencia de poderes políticos, sociales, le llegan señales. Y si ve un Ejecutivo temeroso de los militares, no tiene carne de mártir. Si las autoridades que manejan el Estado no son capaces de una señal de avance, el Poder Judicial no va a contrariar la impresión gubernamental. De alguna manera los presidentes influyen en lo que dice y hace el Poder Judicial, sin que eso implique privarlo de independencia e imparcialidad”.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991 -que deriva en el Informe Rettig- destaca que la actitud del Poder Judicial en dictadura “produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.

Hoy, desde hace algunos años, recién, luego de un largo periodo de impunidad, la justicia chilena ha establecido una serie de condenadas contra responsables de crímenes durante la dictadura militar. Varios ya han muerto y que toda su vida estuvieron en libertad, otros se encuentra con «demencia senil», incluso hay casos de prófugos.

En un reciente caso de extradición (diciembre 2023), por juicio y condena de la justicia italiana por crímenes cometidos por la dictadura contra ciudadanos italianos, el abogado de derechos humanos, Silvio Cuneo, manifestó: «Los criminales están super viejos, uno está muerto, y de los requeridos, uno ya fue sobreseído porque estaba demente senil”. También indicó frente a la condena realizada en Italia: «Estos son militares condenados por el Estado Italiano, porque no se hizo nunca juicio en Chile, y fueron condenados a cadena perpetua, fueron juzgados y condenados en ausencia», consigna El Ciudadano.

Las masacres del Estado chileno y la complicidad de la Corte Suprema

A lo largo de la historia, existe una serie de registros y antecedentes que dan cuenta de numerosas masacres y crímenes de lesa humanidad cometidos por poderes del Estado chileno, bajo el silencio y complicidad de la Corte Suprema, cuyos abusos y arbitrariedades, jamás han tenido reparación.

En esa línea, imposible olvidar las masacres, genocidios y diversos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado chileno a Pueblos Originarios desde finales siglo XIX e inicios del XX cuyas repercusiones se mantienen hasta el presente.

El Gobierno de Aníbal Pinto (presidente de Chile entre 1876 y 1881), coordinó acciones bélicas con sus homónimos de Argentina, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, para concretar el despojo de los territorios mapuche en ambos lados de la cordillera, también con el apoyo del imperio británico, materializando un tratado de límites para fijar demarcaciones y nuevas fronteras en julio de 1881, firmado por Pinto y Roca.

Pinto, también propició la “Colonización Austral”, que generaron el genocidio de Pueblos como Chono, Selknam, kawasqar y Yagán, bajo políticas de permisividad con la entrega de tierras a colonos extranjeros a cambio de masivos asesinatos de personas de Pueblos Originarios que se extendieron por buena parte del siglo XX.

En el presente, existe una negación oficial de las históricas violaciones cometidos por el estado a los pueblos originarios y que involucran crímenes de lesa humanidad, despojos territoriales, imposiciones coloniales, sin que hasta el momento existan mecanismos de reparación, cumplimiento efectivo del estándar internacional de derechos indígenas y sin que se asuman garantías de no repetición, bajo una amplia complicidad del Poder Judicial chileno.

Un informe de AID Mapuche sobre víctimas de la dictadura militar, da cuenta también de un contexto general, cultural e histórico, que involucró situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del estado chileno, entre ellas, se desprende que las campañas bélicas del estado chileno en la denominada Pacificación de la Araucanía desde 1860 a 1881 habrían causado la muerte directa de 50 mil a 70 mil Mapuches por la acción directa del ejército chileno.

Otras masacres cometidas por el Estado

Batalla de Lircay

De acuerdo a la historia oficial, el 17 de abril de 1830 un enfrentamiento en la ribera del río Lircay dio fin a la guerra civil que selló el triunfo de las fuerzas conservadoras de Diego Portales por sobre los liberales. Las bases de la República de Chile, con un estado autoritario, se cimentaron con más de 200 muertos a su haber.

Para Gabriel Salazar, se trataba de “un ejército mercenario improvisado por el patriciado mercantil santiaguino”, que derrotó y descuartizó a hachazos al “ejército ciudadano que había ganado la guerra de la Independencia”.

Masacres a movimientos obreros a inicios del siglo XX

 En aquella época, el joven movimiento obrero crecía, sus acciones eran cada vez más masivas y por consiguiente, la represión era aún más dura. Así quedó demostrado con “la huelga de la carne” en 1905, cuando trabajadores y consumidores salieron a las calles de Santiago a reclamar por el encarecimiento. La respuesta militar dejó cerca de 250 muertos.

Dos años antes, una huelga de portuarios en Valparaíso terminó con 50 muertos; luego, en 1906, las fuerzas armadas frenaron una huelga en ferrocarriles de Antofagasta, matando a trabajadores en una cifra que oscila entre los 50 y 300, según distintas versiones.

Matanza en la Escuela Santa María de Iquique 1907

Las versiones más moderadas hablan de unos 2.200 muertos. Otros aseguran que las víctimas superaron las 3.600. Todos coinciden en que fue la más cruel matanza de trabajadores en la historia de Chile, a manos de ejército.

Miles de trabajadores del salitre y sus familias marcharon a Iquique en diciembre de 1907 exigiendo al gobierno apoyar sus urgentes demandas. Cuando la huelga ya superaba los 20 mil paralizados, el gobierno ordenó al ejército desalojar a los manifestantes que se instalaron en la Escuela Domingo Santa María y ante su negativa, comenzó la masacre. Hombres, mujeres y niños fueron acribillados en las salas, pasillos y en el exterior del establecimiento.

Matanza de Curanilahue en 1916

El 18 de marzo de 1916, la sangre obrera fue derramada en Curanilahue, provincia de Arauco, región del Biobío. El conflicto inició con los obreros de la maestranza, y luego se propagó a los mineros. Frente a la movilización obrera por mejoras en sus condiciones de vida y contra los abusos empresariales, la compañía no dudo en militarizar la zona y aplicar la dura ley del fuego y la sangre, causando la muerte de arios obreros, según el historiador local Sebastián Paredes.

Masacres sistemáticas a obreros del salitre 1921 a 1925

Los siguientes decenios siguen siendo testigos de violencia militar. Entre 1921 y 1925, cientos de obreros fueron asesinados en oficinas salitreras de Antofagasta, en episodios conocidos como San Gregorio, Marusia y La Coruña. Una época en que el oro blanco ya entraba en crisis, la cesantía comenzaba a golpear y los trabajadores aún exigían terminar con las fichas y recibir su pago en dinero.

La masacre de Ranquil 1934

En 1934, campesinos chilenos y mapuches se rebelan contra un decreto emitido por el presidente Arturo Alessandri, que -literalmente- expropia los títulos de propiedad de pequeños propietarios de tierra, para dárselos a grandes terratenientes, como la familia Bunster. Los campesinos organizados en el Sindicato Agrícola de Lonquimay se alzan en rebelión para recuperar su tierra. El Estado chileno responde con el ejército y la policía, con una horrible masacre que produjo cientos de muertos.

Cuando una masiva marcha pretendía llegar a Temuco, el día 6 de julio de 1934, unidades policiales y militares ejecutan una verdadera masacre en el Fundo Ranquil. Por la inexistencia de registros claros de identificación en la época, y la poca confiabilidad de las cifras oficiales, se dice que entre 400 a 1.500 personas murieron en la asonada y tras ella, campesinos, obreros pobres chilenos y campesinos mapuche.

Masacre de Pampa Irigon de Puerto Montt 1934

También se recuerda la muerte de 10 pobladores en Puerto Montt -una niña de 9 meses entre ellos-, en marzo de 1969, cuando el gobierno ordenó a fuerzas de represión de Carabineros el desalojo de una toma de terrenos en el sector Pampa Irigoin.

Masacre de El Salvador 11 de marzo de 1966

En el mineral de El Salvador hubo un paro total. Las diversas comisiones tenían a su cargo tareas concretas: la olla común para los huelguistas y familiares, competencias deportivas, actos artísticos – culturales, cuidado de los niños, disciplina, etc. El centro de todas estas acciones era la sede del Sindicato.

El entonces ministro de Defensa de Eduardo Frei Montalva, Juan de Dios Carmona, ordenó la ocupación militar de El Salvador. El operativo tuvo lugar el 11 de marzo de 1966. Fue realizado por efectivos del Ejército.

Una mujer, que llevaba una bandera chilena fue asesinada. Se llamaba Leopoldina Chaparro Castillo. Tenía 36 años y estaba en avanzado estado de embarazo. Cerca de ella cayó otra: Marta Egurrola de Miles, madre de tres hijos y otro por nacer. También cayeron asesinados seis obreros.

Ocho muertos y cuarenta heridos fue el saldo de la masacre.

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