Frente a esta situación, el periodista de Canal 13 Carlos Zárate hizo una sentida crítica a la labor de la Corte Suprema, recordando su actuación en dictadura, donde negó miles de recursos de amparo en favor de detenidos, los cuales posteriormente fueron asesinados o hechos desaparecer.
“La Corte Suprema hoy me hizo recordar los años en los que nunca otorgó un recurso de amparo. Época Negra esa y lo de hoy mas negro aún. Se disparó en sus propios pies y negó la esencia de la palabra justicia. No puede haberla cuando violadores de DDHH son puestos en libertad”, sentenció.
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “esto es lo que pasa en un Chile donde el dictador muere en su casa tranquilamente, donde lo que más importan es dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con la familia militar”.
“Esto es terrorífico, esto no es más que una acción concertada de ministros de la Segunda Sala que están desconociendo los tratados internacionales, desconocer lo establecido en el derecho internacional humanitario referido a criminales de lesa humanidad. Lo que estamos enfrentando es una decisión política del Poder Judicial de dar una señal de cuál es su posición frente a los crímenes de la dictadura”, comenta.
Así, agrega que “el gobierno ha anunciado el envío de la mal llamada ley Humanitaria, pero vemos que con esto no va a ser necesario que lo envíen si ya van a estar libres todos los violadores de derechos humanos. Esto no tiene nombre, es una situación extremadamente grave que enfrentamos no sólo quienes hemos luchado por verdad y justicia“.
El abogado que representa a reos de Punta Peuco, Raúl Meza, valoró la decisión de la Corte Suprema considerando que se trata de "un precedente judicial histórico".
Siete libertades condicionales a condenados por crímenes de lesa humanidad ha ratidicado entre ayer y hoy la Segunda Sala de la Corte Suprema.
Se trata de los beneficiarios, Gamaliel Soto Segura, Moisés Retamal Bustos, José del Carmen Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda, Manuel Antonio Pérez Santillán, Felipe Luis Guillermo González Astorga y Emilio Robert de la Mahotiere González.
Dicha situación ha encendido nuevamente el debate, dando cuenta incluso de un posible cambio de criterio por parte del máximo tribunal, el que fue criticado en duros términos por parte de las agrupaciones de derechos humanos.
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “esto es lo que pasa en un Chile donde el dictador muere en su casa tranquilamente, donde lo que más importan es dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con la familia militar”.
“Esto es terrorífico, esto no es más que una acción concertada de ministros de la Segunda Sala que están desconociendo los tratados internacionales, desconocer lo establecido en el derecho internacional humanitario referido a criminales de lesa humanidad. Lo que estamos enfrentando es una decisión política del Poder Judicial de dar una señal de cuál es su posición frente a los crímenes de la dictadura”, comenta.
Así, agrega que “el gobierno ha anunciado el envío de la mal llamada ley Humanitaria, pero vemos que con esto no va a ser necesario que lo envíen si ya van a estar libres todos los violadores de derechos humanos. Esto no tiene nombre, es una situación extremadamente grave que enfrentamos no sólo quienes hemos luchado por verdad y justicia“.
En la misma línea, Cecilia Heyder, sostuvo que “esto viene a ratificar que la impunidad llegó. Ellos van a estar libres, van a estar en nuestros barrios y nadie ha pensado en las víctimas, en nosotras que vamos a ver en las calles a los asesinos de nuestros padres, a nuestros torturadores”.
“Aunque sean viejos, fueron violadores, asesinos y torturadores. Que sean de la tercera edad no los libera de sus crímenes. Salen libres pero nadie les exige que digan la verdad. Que salgan libres, pero que por favor digan dónde están”, añadió.
Valoración del fallo
Por su parte, el abogado que representa a 80 internos que cumplen condena en Punta Peuco, Raúl Meza, indicó que el fallo de la Corte “es un precedente judicial histórico que permite restaurar el estado de derecho para aquellos reos de Punta Peuco que cumpliendo con todos los requisitos para la concesión de este beneficio se les había negado por muchos años el derecho que tienen a cumplir su pena en libertad”.
“El máximo tribunal está dando una inequívoca y potente señal a todos los reos de este país, que cumpliendo con los requisitos que establece la ley, tienen el derecho a la libertad condicional sin importar la naturaleza del delito por el cual han sido condenados, incluyendo a aquellos que han sido condenados por simples ficciones jurídicas y presunciones fundadas de participación en causas de derechos humanos”, manifestó.
De la misma forma, agregó que esperan “que la Corte Suprema siga actuando con estricto apego a la ley y garantice la igualdad ante la ley y que no se discrimina arbitrariamente a ningún reo independientemente de la naturaleza del delito por el que han sido condenados. Esperamos que esta potente señal que ha dado la Corte Suprema se claramente entendida por el gobierno de Sebastián Piñera en orden a conceder los indultos presidenciales que ha sido solicitados por reos que se encuentran en condición de enfermedad crónica y terminal”.
El general (r) de Carabineros, Gonzalo Blu, fue hospitalizado durante la mañana de este martes.
Según consigna BioBioChile, el imputado en el caso Huracán fue trasladado al Hospital de Carabineros por circunstancias que aún se desconocen.
El ex uniformado se encuentra en prisión preventiva desde el domingo por presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Todo esto en el marco de la Operación Huracán.
El máximo tribunal concedió la libertad de Gamaliel Soto, Manuel Pérez, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González.
"No existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho", afirma el fallo.
Llévatelo:
La Corte Suprema concedió este martes la libertad condicional a cinco ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, recluidos en Punta Peuco y Colina I
El máximo tribunal acogió los recursos de amparo y reconoció el derecho a libertad condicional de Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga.
En los fallos de cada causa, los jueces establecieron que "los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y que no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad", publicó el Poder Judicial.
Las resoluciones agregan que "conviene aclarar que lo que se ha venido reflexionando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquél por el que cumple condena el amparado, sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal -y civil- que operaría en delitos comunes, por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efectivo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto".
Los fallos fueron visados por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Ricardo Abuauad y Antonio Barra.
Agrupaciones lo vinculan a salida de Milton Juica
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) arremetieron contra el fallo tras la salida del juez Milton Juica, que puso fin a su carrera en el Poder Judicial y a la presidencia en la Corte Suprema el pasado 26 de junio cuando cumplió 75 años.
"Es lamentable, y el cambio de actitud de la Corte Suprema nos parece un retroceso enorme a la actitud que han tenido en cuanto a la investigación y a avanzar a los temas", dijo la presidenta de la Agrupación, Alicia Lira.
"Ellos acogen recursos que saben que no son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad. Y saben que están transgrediendo los tratados y convenios internacionales cuando se trata de violaciones a los derechos humanos", aseguró.
MARTES 31 DE JULIO 2018 El Sindicato Nacional de Medios de Trabajadores de Comunicación Independiente ARI rechaza decisión de la justicia de acoger querella contra el Periodista Javier Rebolledo.
Por esto, queremos apoyarlo en este momento difícil. Les invitamos a acompañar a Javier a la audiencia que será el jueves 16 de agosto del 2018, en el Octavo Juzgado de Garantía (Avenida Pedro Montt 1606, Santiago). Están tod@s invitados Javier Rebolledo, periodista e investigador de la Dictadura de Pinochet, está siendo demandado por un militar que fue parte de la DINA. Dicho militar, está cumpliendo su condena en la
cárcel de Punta Peuco. jueves, 16 de agosto de 09:40 a 12:40
Marcos Rodriguez G. Medio Independiente ARI y DDHH.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Carabineros entregar la información sobre los controles de identidad realizados por la institución y que fueron solicitados por la Ley de Transparencia.
En la decisión, que fue tomada por unanimidad, se estableció que Carabineros vulneró la norma legal al no entregar toda la información solicitada para una investigación académica en la que se pedían datos sobre los controles realizados a partir dejulio de 2016.
"No sólo se trata de un mandato que deben cumplir las policías para informar debidamente al Ministro del Interior, que debe conocer la aplicación práctica de esta ley y que éste publicará trimestralmente, sino posibilitar la más amplia discusión sobre ella", establece el dictamen.
La resolución añade que "esta conclusión también encuentra sustento en la misma norma en cuanto establece que constituye una falta administrativa ejercer las atribuciones que entrega, de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad".
"Resulta indudable que conocer la forma cómo se ejerce esta excepcional facultad es una materia que no sólo debe interesar a la autoridad gubernativa, sino también, y tal vez con mayor preeminencia, debe estar sujeta al control ciudadano y en este sentido nada mejor que se pueda ejercer a través de estudios académicos como el que se pretende, que aseguran la seriedad e imparcialidad necesarias para una evaluación de esta clase", precisa el texto.
Además, se plantea que "no es que la información no exista, pues los apartados de prensa a los que la reclamante alude demuestran lo contrario, por lo que, en definitiva, sólo se manifiesta una falta de voluntad para realizar el esfuerzo necesario y demostrar que en virtud de todos los antecedentes que se tienen, se ha cumplido en debido forma el mandato legal".
"Es preciso destacar que la institución posee los medios necesarios para cumplir lo solicitado, si se considera que tiene un Departamento de Análisis Criminal, como se menciona en la reclamación", remarca el fallo del tribunal de alzada.
La institución tiene un plazo de 60 días para entregar el detalle al solicitante.
Lunes 30 de Julio 2018. Este sábado 28 de Julio, se realizó un conversatorio con abogados de Derechos Humanos y Periodistas que escriben del mismo tema en homenaje a los 119 Detenidos Desaparecid@s. Esta actividad se realizó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la actividad contó también con artistas populares y nuestra Violeta que bailo la Cueca Sola.
