Distintos movimientos ciudadanos y actores políticos cuestionaron la violencia desplegada por Fuerzas Especiales durante las últimas movilizaciones de estudiantes y de protesta contra Hidroaysén. Y si bien la demanda de no utilizar las bombas lacrimógenas fue acogida por el Ministerio del Interior, se cuestiona las faltas al derecho de libre reunión, la mirada represora con la que opera Carabineros y las directrices con que el ministro Hinzpeter está conduciendo la cartera.
Continúa la polémica por el proceder de Fuerzas Especiales en las recientes movilizaciones y de cara al discurso presidencial del 21 de mayo. Diputados comunistas solicitaron al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, impedir el uso de gases lacrimógenos y balines de goma para reprimir las protestas y que sean eliminados totalmente de los protocolos ya que, a su juicio, no se ajustan al espíritu democrático.
En esa línea, el presidente del PC, Guillermo Teillier, señaló que siempre se ha dado el mismo grado de represión, pero que la sociedad chilena ha madurado y ya no está dispuesta a aceptarlo.
“Nosotros fuimos reprimidos de la misma forma bajo los gobiernos de la Concertación. Lo reclamamos y se lo hicimos saber a los ministros del Interior, a los subsecretarios y también a Carabineros. Ahora estamos haciendo lo mismo, sin embargo, se ha presentado un proceso de maduración en la comunidad. Antes la gente no estaba dispuesta a reclamar frente a estos excesos, pero ahora no se dejan atropellar. Ya se está viendo que las manifestaciones son la forma legítima de reclamar cuando se cierran otras puertas, ya sea del Gobierno o del Parlamento”, dijo Teillier.
A ello se suma la alerta que se generó por los componentes de las bombas lacrimógenas – instrumento utilizado generalmente para dispersar las manifestaciones - ya que, distintos especialistas, entre los que destaca el experto en toxicología de la Universidad de Chille Andrei Tchernichin, han apuntado a su potencial abortivo y dañino para la salud.
Por esta razón, un grupo de concejales acudió a La Moneda para entregar una carta donde, amparados en la Ley de Transparencia, piden al Ministerio del Interior revelar la composición química y si cuentan con la autorización del Instituto de Salud pública o un organismo competente además de aclarar qué empresas proveen a Chile.
Frente a toda esta polémica el ministerio del Interior dio un paso atrás y anunció que se suspenderá el uso de estos elementos: “Siendo la protección de nuestros compatriotas el principal objetivo de nuestro gobierno, nos parece que es razonable suspender el uso de gases lacrimógenos hasta que nuevos informes médicos permitan disipar, más allá de cualquier duda, la procedencia del empleo de estos gases para enfrentar situaciones de desorden público o vandalismo”, sostuvo el jefe de la cartera de Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, la crítica va mucho más allá aduciendo a los fuertes episodios de violencia que se han vivido, como el caso de la joven de Concepción, Paulina Rubilar, que afirma haber recibido un disparo directo al ojo por parte de un uniformado o los abusos contra comunicadores, violentando también el derecho a la libre expresión.
El concejal de la Granja, Juan Valdés, se mostró indignado por la forma en la que ha actuado la cartera del Interior y exigió la renuncia de Hinzpeter.
“Le pedimos al ministro que si no tiene control sobre las fuerzas policiales, que son las que debiera mandatar para resguardar el cuidado de los ciudadanos que están manifestándose y no reprimir, entonces creemos que no está habilitado para seguir en el Ministerio del Interior. A raíz de los múltiples hechos donde han existido detenciones ilegales, agresión a la prensa, donde se reprime a los estudiantes y a cualquier persona que se exprese en contra del gobierno, podemos concluir que no se están cumpliendo con las garantías constitucionales y Hinzpeter debería asumir la responsabilidad que corresponde”, dijo Valdés.
Por su parte, Lautaro Guanca, presidente del partido Igualdad, se refirió a la necesidad de consagrar en nuestra Constitución el derecho ciudadano a la reunión en lugares de uso público, que -explicó- se reglamenta según las disposiciones de un decreto elaborado en un régimen político autoritario y no es pertinente en la actualidad.
“Estamos hablando de una normativa que se autorizó durante la dictadura y que hasta ahora condiciona las manifestaciones públicas. Ganamos la calle luchando y ese decreto tiene que ser transformado en un periodo democrático. La calle es de la gente y hoy este Presidente hace uso y abuso de una legislación que fue creada por Pinochet, sentenció Guanca.
Los distintos movimientos sociales y políticos advirtieron la necesidad de que el Presidente Piñera se refiera de forma urgente a lo que ha ocurrido en términos de violencia policial en las últimas movilizaciones y tome las medidas para realizar los cambios legales que aseguren el respeto a los derechos de la ciudadanía.
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