DECLARACIÓN
Coordinadora Nacional de Ex-PP "Salvador Allende"
A la opinión publica
Nacional e internacional
A las organizaciones de ex-presos y ex-presas política de la dictadura cívico-militar
A los Sitios de Memoria
Presentes
La Coordinadora Nacional de Ex presas y presos políticas Salvador Allende y las organizaciones que integran dicha organización, planteamos:
Que las políticas de derechos humanos fundamentalmente en relación a la prisión política y tortura durante la dictadura cívico – militar, hasta el día de hoy son una tarea pendiente. Hoy los administradores del Estado de Chile, la Nueva Mayoría, que se comprometieron a dar respuesta después de una larga Huelga de Hambre el año 2015 de los Ex-PP a lo largo del país (41 días de duración y participaron hasta 117 huelguistas), en que el gobierno se comprometió y firmo un Protocolo de Acuerdo con los represéntate de la Huelga de Hambre. A nivel nacional en Rancagua el día 23 de mayo, donde se nos pide que integremos una mesa técnica para ver los mecanismos para implementar dicho acuerdo. Los contenidos que planteo el gobierno a través de la Sra. Patricia Silva quien nos trató tan mal dentro del proceso y no tuvo la mínima delicadeza, es más ni siquiera el estado pudo designar un funcionario preparado y que manejara el tema en materia de nuestros derechos.
Ella se ínstalo con un lenguaje empresarial en donde se negociaban las violaciones a los derechos humanos; prisión y tortura, en la cual plantea Ex-PP de primera y segunda categoría, como si la represión no hubiese tenido esta distinción, Todos/as fuimos torturado en Chile.
Dentro de este mismo proceso, se comisiono además en otras materias y el gobierno planteaba como la solución a todas las demandas, el instalar una subsecretaria de DD.HH, se planteó que en tres meses estaría funcionando. Se anunció dicho proyecto, pero aún no hay subsecretario para ejecutarlo, después se dice que en un año más.
Por lo tanto todo lo que se planteó en dichas comisiones y subcomisiones pasaran al olvido e igual que muchas promesas de estos gobernantes. No Nos queda la menor duda que fue para responder a los organismos internacionales.
Chile no cumple los tratados en materia de los derechos humanos.
Esta deuda la arrastra desde 1990, todos estos años que los gobiernos de la concertación hoy de la nueva mayoría, no han querido aceptar el nivel brutal que alcanzaron las violaciones de derechos humanos por parte de los agentes del estado bajo la dictadura cívico-militar y cada uno de los gobiernos fueron promoviendo la impunidad, de diferentes formas, negando y ocultando las verdades de la prisión y la tortura.
Por esta falta de Justicia de verdad y reparación colectiva e individual lo que significó para los sobrevivientes, mientras que la discursiva de sus gobernantes es una reparación en la medida de lo posible que fue una paupérrima pensión mensual de menos de 200 dólares en ese momento, que está muy lejos de compensar el daño físico y psicológico inferido, más aun cuando la gran mayoría de los afectados padeció adicionalmente exilio, cesantía prolongada o imposibilidad de culminar estudios superiores, con lo cual vio tronchados sus proyectos de vida, hoy enfrentado una vejez sin posibilidad de ser digna en sus derechos Humanos.
En la primera comisión Valech, no se recogieron las recomendaciones de las diferentes organizaciones de Ex-PP a nivel nacional ni tampoco las recomendaciones de la misma comisión que ejecuto la tarea esto significo que el gobierno relativizara aquellas reparaciones morales y jurídicas para los afectados, ni las medidas educativas y de prevención de la tortura propuestas. Y para tapar la impunidad el Gobierno Ricardo Lagos le pregunta a la señora Juanita e impone 50 años de silencio. No para proteger a las victimas sino para la protección del victimario. Ahí se encuentra la impunidad latente
En la segunda apertura de la oficina de calificación hicieron todo como si un mero trámite, era como una tómbola el que califica, califica, dejando así miles de Ex-PP fuera de su derecho de ser reconocido como prisionero/a político/a, no se tomaron en cuenta los documentos presentados, no se publicito con todos los medios que el estado tiene, todas irregularidades para ocultar la verdad.
Cuando los Ex-PP, con otras instancias de derechos humanos queremos hacer una desclasificación de los 50 años de silencio, nos encontramos que los organismos que debían resguardan los testimonios por ejemplo el INDH, en primera instancia dicen que hay factores jurídicos que lo impiden, pero la verdad es que no hay dichos testimonios, en alguna parte se extraviaron o desaparecieron. Les entregaron para resguardar las cajas con documentos fotocopiados que los mismo Ex-PP entregaron, pero cuando son solicitados, no están.
Sabemos los ex-presos y ex-presas políticas de la dictadura, que cada proceso de exigencia de dignidad y reparación integral ha sido el resultado de la presiones al estado, nada ha sido gratis.
E inclusive para que no se pierda la memoria de la historia de este país para que nunca más se repita la barbarie y quede para otras generaciones, lo hemos conseguido luchando, luchando por nuestros detenidos desaparecidos, luchando por cada sitio de memoria que se ha recuperado, nuestras energías y esfuerzos se encuentran ahí, y hoy decimos que seguiremos luchando hasta que nuestras demandas sean cumplidas satisfactoriamente.
Lo que rescatamos de dicho proceso del 2015, Mesa el haber puesto la problemática a nivel nacional e internacional desenmascarado el silencio del genocidio de la dictadura cívico-militar, la impunidad que quiso mantener la Concertación y la Nueva Mayoría.
Hoy la Coordinadora Nacional de expresos y ex-presas política seguimos trabajando por la unidad de todas las organizaciones de Ex-PP, las conversaciones con el Comando Unitario son en la dirección seguimos afanando para luchar por nuestros derechos a reparación.
QUEREMOS VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DIGNA Y SATISFACTORIA.
COORDINADORA NACIONAL SALVADOR ALLENDE
PRESIDENTE
DAVID QUINTANA
Santiago Oyarzo Pérez
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