La presidenta Michelle Bachelet presentó la mañana de viernes el Plan Nacional de Derechos Humanos, ocasión en la que anunció algunas de las medidas que éste incluye.
 
En la instancia, la jefa de Estado enfatizó sobre eñ tema de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar.
 
Por ello, anunció que “el ministerio de Defensa estudiará las alternativas, considerando que las leyes no tienen efecto retroactivo, de dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las fuerzas armadas condenados por crímenes de lesa humanidad”.
 
En el mismo ámbito, sostuvo que este plan promoverá la investigación, sanción y reparación de los crímenes cometidos durante el régimen militar encabezado por Pinochet.
 
Este anuncio retomó un debate que ya ha sido discutido en el mundo civil, quedando siempre la sensación de tratarse algo bastante complicado de poder realizar.
 
“Es posible”
 
Para el abogado Héctor Salazar la situación “es muy difícil que suceda. Sería un ejemplo, pero se debe evaluar qué es lo que se juega. Hay muchas personas que dependen de las pensiones de los militares”, explica.
 
“Se debe considerar que se trata de aquellos que ya se encuentran cumpliendo condena, y que por lo demás ya se están pagando por los delitos cometidos. No lo veo como una instancia prudente ni necesaria”, afirma el abogado.
 
Si bien se trataría de una situación que sí se ha aplicado en otros países, nuestra realidad contrasta con la de aquellos que lo han implementado.
 
 
Para la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, “es lo menos que tendría que suceder, si consideramos que muchos de ellos reciben pensiones millonarias. Creemos que es una deuda para con nuestros familiares, torturados y detenidos desaparecidos”, comentó.
 
“Cualquier ley no es retroactiva, por lo tanto para los que ya están condenados no va a servir y este todos aquellos militares que han sido procesados, queremos que no tengan beneficios carcelarios”, agregó.
 
En su momento un grupo de parlamentarios solicitó al Ejecutivo eliminar o congelar el reajuste de pensiones y degradación o pérdida de beneficios para los civiles o militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
 
En el proyecto indicaban que "la medida que se propone busca reforzar este repudio, al no hacer extensivo a los condenados a violaciones a los derechos humanos los reajustes que anualmente se hacen al sector público y que pueden favorecer a estas personas en la medida en que se reciban remuneraciones o pensiones financiadas con dineros públicos".