“Algo impresentable”, “una ofensa a la dignidad”. Higinio Espergue, miembro de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, califica con duros términos las últimas decisiones de la Corte Suprema, que ha otorgado la libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad: Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga, Emilio De la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos.

Más allá de una lectura jurídica, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de DDHH y Sociales sostiene que los fallos del máximo tribunal reflejan “una colusión entre la derecha, Piñera y el Poder Judicial para facilitar la impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

“Creemos que el Poder Judicial, que antes amparó que sucedieran los crímenes de lesa humanidad que todos conocemos, está en una posición de facilitar la impunidad y eso es contrario al derecho internacional, porque estas personas no han colaborado jamás para esclarecer los hechos, no se han arrepentido y reivindican lo que hicieron”, agrega.

El Estado en deuda con los DDHH

En abril de este año se dieron a conocer los preocupantes resultados del Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS): un 57% de los estudiantes chilenos de octavo básico dijo estar a favor de una dictadura siempre y cuando se cumpla con orden y seguridad. Un 52% aprobó un régimen de esta naturaleza si brinda beneficios económicos.

Higinio Espergue piensa que este escenario es fruto de la construcción de un país “con impunidad, injusticia, corrupción y colusión”. A pesar del esfuerzo que realizan las organizaciones  en términos de educar y formar en una cultura de DDHH, el dirigente sostiene que a nivel estatal “no se está dando la señal de construir una sociedad realmente más humanizada”.“No vemos un esfuerzo mancomunado del Estado, no vemos al conjunto de la clase política involucrada en este proceso todavía. No hay una educación cívica ni en DDHH en la enseñanza básica, media y universitaria de este país, tampoco en las escuelas de la policías y de las Fuerzas Armadas”, afirma.

Una evidente muestra de la desidia del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos quedó expuesta en el fallido cierre de Punta Peuco. Pese a que en agosto de 2015 la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a clausurar el recinto penal en un diálogo con Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del Caso Quemados, nada de eso ocurrió. El entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a ejecutar la orden que la mandataria entregó en las últimas horas de su gobierno.

Las organizaciones de DDHH y de sitios de memoria se resisten a que la Corte Suprema tenga la última palabra. Ya anunciaron que continuarán movilizándose para salir al paso de esta ofensiva en favor de la impunidad. Además, no descartan emprender acciones en escenarios internacionales.

“Aquí no hay ningún revanchismo ni odio ni rencor, sólo hay un afán de justicia y de construir una sociedad donde los que cometen crímenes, paguen; porque si las personas que cometen crímenes de esta envergadura quedan libres, se legítima el crimen y la impunidad para quienes violan los derechos humanos. Eso es inaceptable en una sociedad democrática”, subraya Higinio Espergue.