En un caso, efectivos entraron sin identificación y con capucha, mientras que en el segundo procedieron de manera violenta a registrar el inmueble.
El Primer Juzgado Civil de San Miguel obligó al Fisco a pagarles $18 millones de pesos a cuatro personas tras acreditar anomalías en allanamientos de Carabineros en La Legua.
En abril de 2017 se interpuso una demanda de indemnización de perjuicios, representando a 10 personas que viven en dicha zona y que fueron asesorados por la Clínica Jurídica de Interés Público y DD.HH. de la U. Diego Portales.
Según la sentencia del juzgado del 19 de noviembre de 2018 -en el allanamiento del 23 de agosto de 2015- “es un hecho acreditado que Carabineros de Chile efectuó un allanamiento en el mes de agosto del año 2015 en la Población Legua Emergencia (….) procedimiento policial en el que los efectivos se encontraban encapuchados y sin sus respectivas identificaciones, sufriendo el inmueble destrozos en su interior. Al efecto cabe señalar que la parte demandada no se pronunció sobre este aserto, desconociéndose con exactitud la causa que motivó el allanamiento efectuado en dicha data”.
“El personal de Carabineros no se encuentra facultado para realizar allanamientos sin presentar su identificación, ni menos para actuar embozados o encapuchados, ni aún en contextos de supuesta flagrancia”, señaló el tribunal.
Así, se obligó a pagar a Violeta Rojas la suma de $5 millones; al hijo de ella, de iniciales L.M; y a dos nietos, de iniciales Y.A y M.A, $3 millones.
Sobre el segundo allanamiento, del 27 de noviembre, el inmueble de la demandante Katherine Venegas sufrió destrozos, tal y como se desprende del testimonio de las tres testigos presentadas por la parte demandante.
El Tribunal estableció que era falta de servicio porque “Carabineros procedió de manera violenta y arbitraria a registrar el inmueble, causando daños al mobiliario y dejando las pertenencias de la familia desordenadas en el suelo” y que “al no encontrar nada al interior del domicilio y sin detener a ninguna persona, los funcionarios policiales procedieron a retirarse del lugar”, entre otras razones. Para la víctima de este allanamiento, se determinó que el Fisco le pague $4 millones.
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