¿Aquí se torturó? A dos años del caso en Metro Baquedano, se conoce nueva denuncia
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La primera semana del estallido social estuvo marcada por una denuncia de torturas en la estación de Metro Baquedano. Se aseguró que el caso era falso, quedando incluso la investigación sobreseída en 2020. Sin embargo, otra querella, interpuesta poco después por una persona diferente, indica que las acusaciones de tortura en la céntrica estación habrían ocurrido.
En octubre de 2019, a pocos días de iniciada la revuelta, circuló por redes sociales una denuncia sobre un joven de 22 años que habría sido torturado en el pasillo de entrada de la 60º Comisaría de Carabineros, ubicada en la estación de Metro Baquedano. Los hechos habrían ocurrido durante la tarde del miércoles 22 de octubre.
Hoy, se conoce una nueva denuncia de torturas en la estación-comisaría.
El relato ya conocido del denunciante Nicolás Lüer indicaba que al buscar resguardo al final de las escaleras que estaban ubicadas en la esquina del pasaje Arturo Burhle -la que antiguamente era una entrada a la estación y que en ese entonces era utilizada por carabineros para llegar a la Comisaría- se abrió la puerta y fue ingresado a los pasillos. Lüer dijo que ahí recibió golpes con toallas mojadas, por lo que sufrió una luxación en su rodilla derecha. Le rasgaron la ropa y además acusó que entre las penumbras pudo ver sangre en el piso, a otras personas amarradas de las muñecas a los ductos de ventilación y haber escuchado disparos al interior de la estación.
Según el juez Urrutia, la única forma en que Lüer haya podido entregar una descripción tan detallada del lugar era habiendo estado ahí.
Luego fue liberado, atendido por la Cruz Roja y trasladado a la Posta Central. En el centro de urgencias, una voluntaria de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile se percató del caso y el abogado Tomás Ramírez –docente de dicha institución– tomó el relato directamente del joven. En consecuencia, la también abogada y docente de la UCH, Myrna Villegas realizó una llamada telefónica al juez Daniel Urrutia, del 7mo Juzgado de Garantía, ingresando un recurso de amparo en favor de los supuestos detenidos que había visto Lüer.
Esa misma noche, los jueces Urrutia y Darwin Bratti, ambos del 7mo Juzgado, junto al director del INDH, Sergio Micco, y funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, acudieron al lugar de los hechos sin encontrar detenidos; pero sí carabineros que parecían nerviosos y que entregaban versiones contradictorias respecto a las últimas horas.
Según el juez Urrutia, la única forma en que Lüer haya podido entregar una descripción tan detallada del lugar era habiendo estado ahí. Los ductos de ventilación tenían hendiduras que podrían haber sido atribuidas a golpes o a personas amarradas. Además, encontraron dos amarras plásticas cortadas y se percataron de que en el pasillo en que la víctima dijo haber sido golpeada no había cámaras. En aquella visita, también se encontraron seis cartuchos percutados y uno sin percutar, a pesar de que carabineros aseguró haber disparado en una sola ocasión durante las últimas horas.
Por otro lado, no encontraron restos de sangre en el suelo. Sin embargo, cuando jueces, funcionarios del INDH y de la PDI llegaron a la 60º Comisaría, encontraron el suelo mojado y con un intenso olor a cloro. La explicación de Carabineros fue que habían aseado el lugar puesto que manifestantes habrían arrojado un baño químico por las escaleras, ensuciando la entrada a la estación de Metro.
Pocos días después, el 25 de octubre, Ciper publicó un reportaje con un testimonio clave para el caso. Se trataba de David Muñoz (23 años), quien acusó haber recibido un disparo a eso de un metro de distancia desde el interior de la Comisaría cuando bajó las escaleras para orinar. La agresión, por la cual sufrió graves heridas en el muslo, habría ocurrido mientras Luër se encontraba dentro del recinto, lo que coincide con el relato de este último, quien indicó haber escuchado disparos al interior del pasillo.
Cuando Nicolás fue liberado a la calle, afuera había un joven de short azul con una herida de perdigón en su pierna, según indicó en su relato. Lo cierto es que ambos fueron atendidos por la Cruz Roja antes de que fueran trasladados hasta la Posta Central.
A pesar de esto, en la investigación del caso que fue presidida inicialmente por el fiscal Omar Mérida y luego por Álvaro Pérez, distintas fuentes coinciden en que no se habrían realizado diligencias importantes como citar a declarar a ciertos testigos ni tampoco se puso esfuerzo en buscar a las otras personas que habrían estado detenidas junto a Lüer esa tarde de octubre para que estos aportaran con sus relatos.
En consecuencia, en mayo de 2020, Fiscalía solicitó al 8vo Juzgado de garantía el sobreseimiento definitivo de la causa, lo cual se concretó el 15 de junio de ese mismo año puesto que no se lograron acreditar los hechos. Según fuentes del poder judicial, es raro que Fiscalía haya sido tan taxativa al decir que nada había pasado en la estación, y agregan que la solicitud del Ministerio Público refleja un claro sesgo contra manifestantes que también se apreció durante la investigación.
Para la abogada de Londres 38, Karinna Fernández, el caso de Lüer fue desestimado no sólo porque no se realizaron las diligencias pertinentes, sino que además debido a que no existía una querella al respecto y, en consecuencia, no había ningún abogado defendiendo los intereses de la víctima ni solicitando procedimientos para demostrar los hechos.
Por otro lado, Fernández destaca la estigmatización y la revictimización que sufrió el joven desde algunos medios de comunicación, así como también la arremetida de Carabineros contra los abogados de la Defensoría Jurídica de la UCH que tomaron el testimonio y que pusieron el recurso de amparo. Y es que cuando se sobreseyó la causa, la institución policial puso una querella en contra quienes resulten responsables del delito de denuncia calumniosa, donde solicitan una pena de cinco años de presidio y el pago de una multa de 20 UTM.
Sin embargo, la denuncia de Lüer sobre torturas en la estación de Metro Baquedano no es la única.
“Esto desde la perspectiva de las personas defensoras de los derechos humanos es extremadamente grave. Está dentro de las prácticas que el derecho internacional prohíbe respecto a la fórmulas de protección a los defensores”, puntualizó la abogada a este medio.
¿No pasó nada acá?
Cuando la denuncia de Nicolás Lüer se hizo conocida, La Tercera se apresuraró en asegurar que la denuncia del joven había sido desmentida por los jueces de garantía del 7mo Juzgado.
Incluso, a tan solo dos días de los hechos, el entonces director de la PDI, Héctor Espinoza, recriminó abiertamente al director del INDH, Sergio Micco en una sesión especial de la Comisión de DD.HH del Senado por haber dicho que en la estación de Metro habrían torturado, ante lo cual Micco pidió perdón.
“Usted me pide disculpas a mí, pero tiene que pedirle disculpas a Chile”, le respondió Espinoza, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por delitos de malversación de caudales públicos.
Sin embargo, la denuncia de Lüer sobre torturas en la estación de Metro Baquedano no es la única.
Durante la noche del miércoles 23 de octubre de 2019, a poco de iniciado el toque de queda, una joven habría sido secuestrada desde el Parque Forestal por militares. La mujer denuncia haber sido golpeada y luego llevada hasta Baquedano, siendo entregada a Carabineros, quienes la habrían bajado al subterráneo de la estación de Metro, siendo torturada y retenida durante toda esa noche.
Por los hechos, el INDH y la abogada Karina Fernández interpusieron una querella ante el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, invocando los artículos 141 y 150 a) del Código Penal, que tratan el secuestro y las torturas, respectivamente. La investigación llevada adelante por la Fiscalía Centro Norte va bastante avanzada, especialmente en establecer los patrones con los que se operó en la estación, los equipos de carabineros y militares que eran parte de eso y los roles que cumplía cada institución.
Esa noche del 23 de octubre, esta redacción acudió hasta el lugar de los hechos luego de recibir una información que indicaba que nuevamente estaban ingresando detenidos a la estación Metro Baquedano. En aquella oportunidad, INTERFERENCIA conversó con dos carabineros que salieron del lugar. Uno de ellos tenía el apellido Mella en su uniforme, mientras que el otro no portaba identificación, pero aseguró llamarse Luis Escobedo.
Al ser consultados por las denuncias de torturas en la 60º Comisaría, Escobedo indicó que eso jamás había ocurrido en el recinto. “La Tercera, que parece que están más preparados que ustedes, hizo una buena investigación y desmintió el hecho de cualquier tortura”, agregó el sargento que también aseguró ser estudiante de derecho.
Por los hechos, el INDH y la abogada Karina Fernández pusieron una querella ante el 3er Juzgado de Garantía de Santiago invocando los artículos 141 y 150 a) del Código Penal, que tratan el secuestro y las torturas, respectivamente.
Respecto a la existencia de las cámaras en el pasillo donde Lüer habría sido torturado, el funcionario aseguró que efectivamente existían, todo lo contrario a lo indicado por el juez Urrutia. "Nosotros no hemos detenido a nadie acá, pero yo no me puedo referir al tema porque es materia de investigación", apuntó Escobedo.
Otro de los carabineros con los que conversó este medio, y que dijo haber sido de la 19º Comisaría de Providencia, aseguró que en la 60º Comisaría - la de la estación de metro- no se hacía ingreso de detenidos. “Si pueden haber tratado de ingresar manifestantes, eso es posible. Pero acá no ingresan detenidos”, dijo el funcionario policial sin identificación.
A raíz de las denuncias de tortura y de que constantemente Carabineros utilizaba la ex entrada al Metro como trinchera, disparando lacrimógenas y perdigones desde el interior, el acceso fue atacado en diversas ocasiones por los miles de manifestantes que acudían día a día a las protestas de la Plaza Dignidad. En consecuencia, el 13 de diciembre de 2019 la institución policial “firmó la suspensión, de manera indefinida, del contrato de comodato que permitía emplazar la sextagésima Comisaría en dicho lugar”, según informó Metro en una declaración de febrero de 2020, donde anunciaron el cierre de la Comisaría.
La 60º Comisaría fue inaugurada el 10 de octubre de 2018, en una ceremonia donde participaron 210 carabineros encargados de cubrir la red de Metro. También llegaron a la inauguración distintas autoridades de gobierno, como el entonces ministro de Interior, Andrés Chadwick; la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; la entonces intendenta de la RM, Karla Rubilar; y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, entre otros.
Un patrón represivo
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recibió 2.152 denuncias, gran parte de ellas concentradas los días 21, 22, 23 y 28 de octubre, durante los cuales recibieron 323 casos, y también durante los días 8 y 12 de noviembre que concentraron 376 denuncias, según el informe realizado por la organización.
La Defensoría nació el mismo día de la revuelta y fue integrada por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), estudiantes y profesores de la UCH y el centro de estudiantes de la facultad de derecho de la misma casa de estudios. Con la gran cantidad de denuncias que recibieron, realizaron un análisis en el cual identificaron patrones en los protocolos, el uso de municiones, la planificación de estrategias represivas, órdenes de los mandos y las sanciones disciplinarias que permitieron la violación a derechos humanos.
Todas esas denuncias fueron derivadas al Ministerio Público. Además, presentaron querellas por algunas de ellas. Pero son las querellas que la organización denomina como "poderosas”, presentadas contra todos los agentes del Estado que resulten responsables de los delitos de apremios ilegítimos o cualquier otro delito que constituya violación a los derechos humanos en el contexto de las protestas de la revuelta.
Una de ellas trata la represión en el sector de la Plaza Dignidad, mientras que la otra aborda los crímenes ocurridos en la comuna de Maipú entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.
Para los abogados esto permite afirmar que aquellos hechos no fueron acciones aisladas, “sino que por el contrario configuraron un patrón que difícilmente pudo ser pasado por alto por las autoridades policiales al mando”.
La importancia de determinar los patrones con los que las fuerzas armadas y Carabineros actuaron durante el estallido y los dos años que le han seguido es clave para establecer la responsabilidad de los mandos de todas las instituciones que concentran el monopolio del uso de las armas.
Según los estándares internacionales sobre responsabilidad de los mandos en esta materia, es necesario demostrar que a pesar de que estos sabían o deberían haber sabido de los actos de violencia perpetrados por sus agentes, omitieron cualquier acción para prevenirlos o castigar a los responsables.
Acorde a lo recabado por la agrupación de abogados, se identificaron omisiones “en varias de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos”. Además, en la querella agregan que Carabineros coordinó todo el despliegue de los operativos policiales que coparon las calles durante las manifestaciones.
De las 51 querellas que interpuso el INDH por la violencia policial, militar y de la PDI en la comuna de Maipú ocurrida entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se identificó que la mayoría de los hechos ocurrieron después de las 17 horas y en la vía pública.
Entre las agresiones denunciadas “destaca la reiteración de atropellos, disparos de perdigones, desnudamientos, uso de gas, amenazas, tocaciones y un alto número de golpizas”, dice la querella presentada por la organización.
En esa línea, la Defensoría recibió 47 relatos de graves violaciones a los derechos humanos en la comuna de Maipú y, según lo analizado, gran parte de los hechos se concentraban entre la media noche y las siete de la mañana.
Destacan además que Carabineros disparaban a corta distancia y apuntando a los cuerpos, que en la mayoría de los casos se presentaban golpizas en la detención, en el traslado al recinto de detención y luego durante la permanencia en dicho espacio. Además, se realizaban detenciones arbitrarias, actos de violencia sexual, vejaciones, humillaciones y amenazas por parte de Carabineros en caso de denunciar.
Para los abogados, esto permite afirmar que aquellos hechos no fueron acciones aisladas, “sino que por el contrario configuraron un patrón que difícilmente pudo ser pasado por alto por las autoridades policiales al mando”.
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