Jueves 25 de Enero 2024
La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su honda preocupación por la
conducta desplegada por distintos representantes de los diversos órganos y Poderes del
los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social.
En efecto, tal como lo ha informado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Amnistía
Internacional, el avance de las investigaciones judiciales desarrolladas por el Ministerio
Público, es precario y absolutamente insuficiente. Según esta última organización, de las
10.568 denuncias presentadas durante el estallido social producto de la acción de las
fuerzas policiales y militares, sólo 27 procesos han concluido con condenas para los
autores, que corresponde al 0.25% del total de los casos denunciados.
A dicha Impunidad reinante, diversos sectores políticos de Derecha, han arremetido en
contra de la labor que han estado realizando el Fiscal Regional, Xavier Armendáriz y la
Fiscal, Ximena Chong. Ambos, han tratado de cumplir cabalmente con las funciones de
investigar debidamente los graves casos de violaciones a los derechos humanos que han
sido puestos en su conocimiento.
Lo que buscan estos sectores políticos es que estos fiscales dejen de cumplir con el deber
de investigar encomendado. Lamentablemente, el Fiscal Nacional, Angel Valencia, ha
acogido esta ilegítima pretensión y ha sacado de su función al Fiscal Armendáriz de la
sustanciación de la causa que se inició por querellas presentadas -entre otros actores, por
la Comisión Chilena de Derechos Humanos-, que busca se sancione a quienes cometieron
crímenes contra la Humanidad, que son las más graves violaciones a los derechos
humanos según la comunidad internacional y que en nuestro ordenamiento jurídico interno,
se encuentran descritas y sancionadas en la Ley 20.357.
Frente a los ataques de estos sectores políticos de Derecha, el Fiscal Nacional no sólo no
defendió a los Fiscales agredidos, (sólo la Asociación Nacional de Fiscales se pronunció),
sino que – invocando una supuesta “carga de trabajo significativa” laboral- optó por sacar
al Fiscal Regional de la principal investigación en que aparecen como imputados el ex
Presidente Sebastián Piñera, los ex Ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo
Blumel, el ex Director General de Carabineros, Mario Rozas Córdova y el actual, Ricardo
Yáñez Reveco, entre otras autoridades políticas, policiales y militares. En su reemplazo,
puso a cargo de la investigación, al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios,
quien había sido designado en ese cargo de confianza, por el mismo Fiscal Nacional. Y una
vez que asumió su nuevo cargo, el Fiscal Castro sacó de su función a la Fiscal Ximena
Chong.
Queremos recordar que los diferentes órganos y Poderes del Estado de Chile tienen el
deber de cumplir con las obligaciones de esclarecer la Verdad, aplicar la Justicia, otorgar
las debidas Reparaciones a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición, cuando
se producen crisis de derechos humanos como las que vivió nuestro país durante el
Estallido Social.
Rechazamos la indebida intromisión de los sectores políticos de Derecha -que en abierta
vulneración del principio de separación de los poderes y del deber de resguardo de la
independencia del Poder Judicial y el Ministerio Publico, consagrados en la normativa
internacional y en la propia Constitución vigente- buscan interferir y dirigir las funciones
propias de otros poderes del Estado, con el claro propósito de consolidar la Impunidad de
los autores intelectuales y materiales de tan graves crímenes contra los derechos humanos.
A lo ya señalado, estos mismos sectores políticos de Derecha han presionado al Gobierno
para que revise el otorgamiento de las pensiones de gracia otorgadas a un número limitado
de víctimas de violación de los derechos humanos del estallido social. Cabe tener presente
que la obligación estatal surge para reparar en parte el daño causado por la acción de
agentes del Estado (p.ej. disparos de Carabineros que dejan sin visión de uno de sus ojos
a manifestantes), obligación que debe ser cumplida con prescindencia del historial pasado
de la víctima. Queremos advertir que la eventual revocación de dichas pensiones importaría
un grave incumplimiento de la obligación internacional que tiene el Estado de Reparar a
quienes han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos.
Frente a esta ofensiva por consolidar la Impunidad, queremos reiterar nuestro irreductible
compromiso con las víctimas y sus familiares, así como con nuestro deber irrenunciable de
interpelar y exigir permanentemente al Estado y a sus respectivos Poderes, el estricto
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad
ante Naciones Unidas y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago 25 de enero de 2024.-
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