Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 6 segundos
Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó un veredicto que marca un antes y un después en la relación entre el Estado chileno, sus fuerzas policiales y el pueblo mapuche. Tras más de 150 audiencias y casi un año de juicio oral, el tribunal declaró culpables a seis de los once imputados en el denominado caso Operación Huracán, el mayor escándalo policial de las últimas décadas, basado en la fabricación de pruebas para incriminar a dirigentes mapuche en delitos de carácter terrorista.
El fallo establece responsabilidades penales por delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, sabotaje informático y manipulación de evidencia digital. Entre los condenados se encuentran altos mandos de Carabineros, incluido el exjefe de Inteligencia de la institución, Gonzalo Blu Rodríguez, junto a los oficiales retirados Leonardo Osses Sandoval y Patricio Marín Lazo, además del civil Alex Smith, conocido mediáticamente como “el profesor”.
Un montaje policial con motivación política
La Operación Huracán fue ejecutada en septiembre de 2017 por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, en el contexto de una ofensiva estatal contra organizaciones mapuche en La Araucanía. Ocho comuneros fueron detenidos y acusados de coordinar atentados incendiarios y actividades terroristas, sobre la base de supuestas interceptaciones de mensajes de WhatsApp e Instagram.
Desde el inicio, el caso levantó sospechas. Expertos en tecnologías de la información advirtieron que Carabineros no contaba con la capacidad técnica para vulnerar los sistemas de cifrado de esas plataformas. La versión policial cambió varias veces, hasta que peritajes independientes demostraron que los mensajes habían sido implantados en los teléfonos celulares después de las detenciones.
Lo que quedó al descubierto no fue un error investigativo, sino un montaje deliberado, diseñado para construir un relato judicial que reforzara la idea de una “amenaza terrorista mapuche”, funcional a una estrategia política y de seguridad que, durante años, buscó justificar la militarización del Wallmapu.
Un golpe a la credibilidad de Carabineros
El veredicto constituye un nuevo golpe para Carabineros de Chile, una institución ya seriamente cuestionada por casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza. La Operación Huracán evidenció el uso de herramientas de inteligencia sin control civil efectivo, orientadas no a prevenir delitos reales, sino a criminalizar una causa política y territorial.
El tribunal fue claro al establecer que existió manipulación consciente de evidencia, afectando no solo a los comuneros injustamente acusados, sino también al sistema judicial en su conjunto. La justicia chilena fue inducida a error por funcionarios del Estado, lo que constituye una de las formas más graves de corrupción institucional.
Criminalización del pueblo mapuche
Más allá de las condenas individuales, el caso Huracán reabre un debate de fondo: la persistente criminalización del pueblo mapuche como política de Estado. Durante décadas, distintas administraciones han optado por un enfoque represivo frente a las demandas territoriales y de autonomía, privilegiando el uso de la fuerza por sobre el diálogo político.
La fabricación de pruebas en este caso no fue un hecho aislado, sino la expresión extrema de una lógica que concibe el conflicto mapuche como un problema de “orden público” y no como una deuda histórica y política. El daño causado es profundo: vidas marcadas por detenciones arbitrarias, comunidades estigmatizadas y una confianza quebrada en las instituciones.
Un precedente judicial relevante, pero insuficiente
Si bien el fallo es histórico, no agota las responsabilidades. Aún quedan imputados cuya situación deberá resolverse en las próximas etapas del proceso, y persisten interrogantes sobre las responsabilidades políticas de la época. La Operación Huracán se desarrolló durante el último año del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y contó con respaldo inicial de autoridades civiles antes de su colapso judicial.
El veredicto también plantea la urgencia de reformas estructurales en los sistemas de inteligencia policial, en los mecanismos de control externo y en la formación de las fuerzas de orden. Sin estos cambios, el riesgo de que prácticas similares se repitan sigue latente.
Justicia tardía, pero necesaria
Que este fallo llegue casi nueve años después de los hechos no es un dato menor. La lentitud del proceso refleja las dificultades del sistema judicial para enfrentar delitos cometidos desde el propio aparato estatal. Sin embargo, su valor simbólico y político es innegable: establece que no todo vale en nombre de la seguridad, y que incluso las policías deben responder ante la ley.
Para las comunidades mapuche y para las organizaciones de derechos humanos, la sentencia representa una forma de reparación, aunque incompleta. No borra el daño sufrido, pero sí desmonta oficialmente una narrativa construida desde el poder para justificar la represión.
Una señal en un nuevo ciclo político
El fallo se conoce, además, en un contexto político particularmente sensible, marcado por el ascenso de discursos de “mano dura” y por intentos de reinstalar agendas securitarias frente al conflicto en La Araucanía. La condena en el caso Huracán actúa como un recordatorio incómodo: la seguridad sin derechos conduce al abuso, y el uso político de la policía termina erosionando la democracia.
La justicia ha hablado. Ahora la pregunta es si el Estado chileno será capaz de extraer las lecciones de este episodio, abandonar definitivamente la lógica del enemigo interno y avanzar hacia una solución política, democrática y respetuosa de los derechos humanos en el territorio mapuche. De lo contrario, la Operación Huracán no será una excepción, sino un síntoma de un problema que sigue sin resolverse
No hay comentarios:
Publicar un comentario