martes, 29 de septiembre de 2026

CIFRAS TAMBIÉN INDICAN QUE EN SIETE SERVICIOS DE SALUD AUMENTÓ EL TIEMPO DE ESPERA RESPECTO DE 2025

Informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales muestra aumento de listas de espera para intervenciones quirúrgicas No GES

29.09.2026

Un informe del Ministerio de Salud reveló un incremento de 13,93% de personas en listas de espera para intervenciones quirúrgicas no cubiertas por las Garantías Explícitas de Salud (GES), al compararse el segundo trimestre de este año con igual período de 2025. De los 29 servicios de salud del país, 23 presentaron alzas en estas listas. Además, en siete servicios aumentó el tiempo de espera: Metropolitano Occidente, Metropolitano Oriente, Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío y del Reloncaví. El servicio de O’Higgins, en tanto, mantuvo el promedio de días de espera más alto a nivel nacional para cirugías No GES, con 537 días. Expertos en salud pública señalaron a CIPER que los factores que pudieron generar este aumento son el reciente recorte presupuestario, problemas de gestión hospitalaria, pocos especialistas y falta de recursos para que pabellones quirúrgicos funcionen por más horas.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales presentó el último informe sobre listas de espera para procedimientos no cubiertos por las Garantías Explícitas en Salud, es decir, aquellos que no tienen un plazo legal para concretarse, también conocidos como No GES. El documento reveló que en el segundo trimestre de este año hubo un aumento de 13,93% de personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas No GES (IQ) con respecto al mismo periodo de 2025. En cifras totales, la cantidad de pacientes en lista de espera se incrementó de 362.373 a 412.834 personas (vea el documento aquí).

Las intervenciones No GES, a diferencia de aquellas que sí están dentro del Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES, también llamado AUGE), son más susceptibles de retrasos, precisamente porque no cuentan con plazos legales establecidos.

CIPER revisó las cifras de listas de espera por cada uno de los 29 servicios de salud y detectó que, del total, en 23 servicios aumentaron estas listas para IQ. La mayor alza a nivel nacional la marcó el Servicio de Salud del Maule, que pasó de tener 23.931 personas el 30 de junio de 2025 a 32.058 un año después. Es decir, 8.127 más. En la Región Metropolitana, en tanto, el mayor crecimiento lo registró el Servicio Metropolitano Sur Oriente: si a junio de 2025 tenía 22.166 personas en lista de espera para IQ, al 30 de junio de 2026 la cifra aumentó a 26.154. O sea, 3.988 personas más.

El informe señaló, además, que la especialidad médica con mayor número de interconsultas es traumatología con 98.563 registros, abordando el 20% de toda la lista de espera quirúrgica no GES. Le siguen cirugía digestiva con 75.625 registros (un 15,9% del total de la lista) y dermatología con 52.466 (11,03% del total).

A junio de 2026, según el visor ciudadano del Ministerio de Salud, las intervenciones quirúrgicas no GES que tienen mayores registros de prestaciones quirúrgicas en espera son la endoprótesis total de rodilla con 28 mil; colecistectomía por videolaparoscopía (extracción de vesícula biliar), con 25 mil registros y hernias inguinales, con 17 mil (vea aquí).

Créditos: CIPER

DÍAS DE ESPERA

CIPER consultó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre las razones de este incremento en las intervenciones quirúrgicas No GES. Al respecto, señalaron que “El foco de esta administración está en la disminución de tiempos de espera, al analizar estos datos, la variación de la mediana de tiempos de espera entre junio de 2025 y junio de 2026 disminuyó en un 6,73% pasando de 297 días de espera a 277 (…). Se está trabajando en un robusto plan de listas de espera que considera las distintas realidades de la red en virtud de la buena experiencia obtenida con la alerta oncológica. Este plan considera la priorización de grupos protegidos por ley” (vea la respuesta completa).

En línea con la respuesta enviada por la subsecretaría, su último informe también detalla que, en el segundo semestre de 2026, la mediana de tiempo de espera para las intervenciones quirúrgicas No GES disminuyó de 297 a 277 días, es decir 20 días menos, comparado con el mismo periodo de 2025. De hecho, este logro está en sintonía con la opinión emitida por la ministra de Salud, quien el pasado 23 de septiembre señaló: «Yo no esperaba que disminuyeran [las listas de espera], lo que yo espero es que disminuyan los tiempos de espera».

No obstante, CIPER revisó la variación en el tiempo de espera en cada servicio de salud del país entre el segundo trimestre de 2026 y el mismo periodo de 2025 y encontró que en al menos siete servicios sí tuvieron un aumento, tanto en el promedio como en la mediana de tiempo de espera. A nivel estadístico, la subsecretaría de Redes Asistenciales usa tanto el promedio como la mediana como parámetros complementarios para evaluar cuánto tardan los pacientes en recibir atención y así tomar medidas en cada servicio y a nivel nacional.

Los servicios que presentaron aumento en ambos indicadores fueron Metropolitano Occidente, Metropolitano Oriente, Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío y Reloncaví. Según el informe, en el último trimestre el promedio más alto de días de espera para intervenciones quirúrgicas No GES lo tiene el servicio de salud de O’Higgins, con 537 días. En tanto la mediana más alta de días de espera para este mismo tipo de prestación la tiene Reloncaví, con 362.

Además, el mayor aumento en el tiempo de espera lo tuvo el servicio de Coquimbo: si al 30 de junio de 2025 tenía un promedio de días de espera de 370, al 30 de junio de 2026 se incrementó a 445 días. En su mediana, en tanto, aumentó de 280 días en 2025 a 340 en 2026.

Imagen referencial (Créditos: Agencia Uno)

FACTORES DEL ALZA

CIPER consultó a tres expertos sobre los factores que pudieron haber incidido en el aumento de personas en la lista de espera de intervenciones quirúrgicas no GES y en los días de espera en siete servicios de salud. Dentro de las causas mencionadas, figuró el recorte presupuestario que se realizó en abril pasado, problemas gestión hospitalaria y la falta de recursos que permitan que los pabellones quirúrgicos funcionen por más horas.

Sobre la reducción presupuestaria, a juicio de la ex subsecretaria de Redes Asistenciales bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Gisela Alarcón, todo lo que incide en un hospital tiene consecuencias en el paciente. “Si bien las autoridades del ministerio han señalado que esto no iba a afectar la atención directa, la verdad es que es muy difícil pensar que un ajuste presupuestario, de cualquier magnitud, en un sistema salud que está permanentemente estresado desde el punto de vista de los recursos, no va a afectar a la atención directa de personas, a las listas de espera y finalmente a la recuperación de la salud”, dijo la actual decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

Una reflexión similar tiene la presidenta del Colegio Médico (Colmed) de Santiago, Francisca Crispi, haciendo una correlación entre el reajuste y la cantidad de cirugías en el período. “Obviamente la lista de espera es muy sensible a la cantidad de cirugías que se hagan y efectivamente este trimestre hubo un aumento menor al esperado del número de cirugías a nivel nacional. Y ese aumento menor al esperado, puede ser un efecto de los recortes presupuestarios”, explicó.

El ex subsecretario de Redes Asistenciales durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Luis Castillo, descarta el recorte de presupuesto como factor y pone el acento en la eficacia del sistema primario de salud. “No, yo creo que no hay una correlación con eso [el recorte presupuestario]. Yo creo que la mayor correlación acá es con el área de la atención primaria de salud. La atención primaria está siendo, hasta ahora, poco resolutiva en algunas intervenciones quirúrgicas y toda la actividad quirúrgica se está transfiriendo a los hospitales, produciendo allí una sobrecarga”, detalló el actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma.

En cuanto a las razones que pudieron gatillar el aumento en los días de espera en algunos servicios de salud, Castillo señaló que eso pudo ocurrir por escasez de especialistas: “Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de esos servicios de salud y de esos hospitales. Hay mucha demanda para la poca cantidad de especialistas, lo que produce mucha lista de espera quirúrgica”.

Gisela Alarcón y Francisca Crispi enfatizaron que se requiere una administración eficiente para que los pabellones quirúrgicos funcionen por más horas. Basándose en las conclusiones de la Comisión Nacional de Productividad de 2018, Crispi dijo que ese informe “fue muy claro en decir que si Chile quería lograr enfrentar las listas de espera, era muy importante utilizar todo el horario de los pabellones quirúrgicos y las consultas. Teníamos que lograr que funcionaran de 8 AM a 8 PM, porque hoy los pabellones tienen horario hasta las 5 de la tarde. El sistema no alcanza a tener la producción que necesita”.

Luis Hermosilla sigue "cantando" y colaborando ante fiscales: Chats complican e involucran a embajador de Chile en Israel designado por Kast, Gabriel Zaliasnik que está imputado

29 September 2026

La última declaración que entregó el connotado abogado Luis Hermosilla, ante las dos fiscales, el pasado 27 de agosto, en el marco de la investigación por el Caso Audio, donde fue consultado por su relación con el polémico abogado Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel designado hace cinco meses por Kast. Este profesional fue presidente de la Comunidad Judía de Chile durante más de cuatro años.

Hermosilla y Zaliasnik, junto a Samuel Donoso, formaban parte del grupo de abogados que asesoraba al segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con respecto a causas judiciales e incluso recomendaban nombramientos de jueces y ministros en el Poder Judicial.

De acuerdo a las declaraciones a las que accedió canal 13, el abogado imputado por el Caso Audio detalló que "con Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso conversábamos sobre quienes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales (...) Puedo señalar que Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso son muy cercanos entre sí, incluso más cercanos que ellos conmigo".

El actual embajador de Chile en Israel figura como imputado en la querella que enfrenta Donoso por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por gestiones en el nombramiento de Antonio Ulloa como ministro de Santiago.

En esta misma línea, Hermosilla sostuvo que “estas conversaciones de nombramientos las sosteníamos entre Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y yo, con Héctor Mery recurrentemente (...) es importante señalar que sin perjuicio de las conversaciones que sobre nombramientos manteníamos con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, Zaliasnik era muy cercano con Héctor Mery”.

Héctor Mery es actual ministro del Tribunal Constitucional y fue jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia a cargo de Hernán Larraín, durante la gestión de Sebastián Piñera.

Los chats con Hermosilla que complican al embajador de Chile en Israel

Durante su declaración, el Ministerio Público le preguntó al abogado sobre los mensajes de WhatsApp que Zaliasnik le envió el 10 de noviembre de 2022: “Lucho si me pudieras dar una mano para que confirmen PP (prisión preventiva) sería genial!!”, le pidió el embajador a Hermosilla a modo de favor.

En ese entonces, Zaliasnik actuaba como querellante de la gestora de fondos Sartor –hoy en liquidación y cuyos directores están en prisión preventiva por triangular dineros de sus aportantes– en contra de Octavio Gamboa, exgerente general de Swell Capital. Zaliasnik necesitaba que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificara la prisión preventiva de Gamboa y, para ello, le pidió realizar gestiones a Hermosilla.

“Me pide Gabriel, como favor, que hable con alguna o algún ministro para mantener la prisión preventiva de Gamboa, a quien no conozco. Al tenor del WhatsApp de hablar con alguien, no necesariamente significa llamar por teléfono, sino hablar con alguien, lo que puede hacerse también asistiendo a la Corte, aunque en este caso puntual no recuerdo si hice alguna gestión”, respondió el abogado.

Sin embargo, la petición del embajador extrañó a Hermosilla por una sencilla razón: “Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo, a algunos ministros de la Corte de Apelaciones (de Santiago), incluso Suprema”.

En los últimos mensajes que el embajador envió a Hermosilla, horas después de que CIPER publicara el polémico audio en noviembre de 2023, se reflejó la estrecha relación que habían construido entre ambos.

–Zaliasnik: Lucho, me dice SD (Samuel Donoso) que coordine para juntarnos los 3.

–Hermosilla: Querido Gabriel, gracias por tu cariño y apoyo incondicional! Me comprometes para siempre. Y siempre tan lúcido.

–Zaliasnik: Nada que agradecer. Así entiendo la vida. Sino nada tiene sentido. Un abrazo grande y cualquier cosa me llamas (…) Será una dura pelea pero la sacaremos adelante como siempre.

Abogado Luis Hermosilla confiesa todo: revela pagos en efectivo para él y destacado abogado Samuel Donoso por decisión de Piñera. Y menciona a Chadwick y embajador de Chile en Israel como parte del entramado

29 September 2026

El penalista, quien arriesga 17 de años de cárcel en el Caso Audio, fue consultado por el Ministerio Público respecto a los pagos en efectivo que recibió por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. “Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie (...) No emití boletas por estos montos recibidos y desconozco completamente su origen”, respondió.

De todas formas, el abogado aclaró que “nunca” conversó directamente con el Mandatario y que fue Andrés Chadwick, quien le informó “sobre pagos que nos haría llegar” por sus servicios jurídicos que realizó junto a Samuel Donoso, según reportaje de canal 13.

En abril del año pasado, se conocieron chats entre Luis Hermosilla y Andrés Sotomayor, exasesor del Presidente Sebastián Piñera y de Cristián Larroulet en el Segundo Piso de La Moneda, en los que dialogaban acerca de honorarios que recibía el penalista, durante el gobierno y una vez terminado.

“Hola Lucho, ¿Cómo estás? Tengo los honorarios de abril-mayo-junio”, le escribió Sotomayor a Hermosilla el 18 de marzo de 2022, en conversaciones que reveló The Clinic.

Hasta ahora, no se conocía cuál era el propósito de esos pagos, el monto entregado, cuántos se habían realizado ni quién habría dado la instrucción para cursarlos.

Por eso, esa línea investigativa la tomó la fiscal Claudia Perivancich, quien inició la ruta de obtener esas respuestas. Si bien Luis Hermosilla había estado cuatro veces ante ella, recién en la quinta declaración fue consultado sobre el origen de esos mensajes y el objetivo de los pagos que recibía a través de los funcionarios del Segundo Piso de La Moneda.

En ese interrogatorio, al que tuvo acceso canal 13, Luis Hermosilla relató que por “instrucciones del Presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país”.

Entre esos abogados se encontraba Samuel Donoso, defensor de Chadwick, que hoy enfrenta una querella del CDE por el delito de soborno en el nombramiento de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Fue una iniciativa del Presidente que quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos (...) El Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales”, apuntó el penalista.

Hermosilla también explicó que estos pagos se hacían en efectivo y se entregaban de manera trimestral: desde 2020 hasta mediados de 2022. Por esas labores, funcionarios de La Moneda le pasaban por mano 100 UF mensuales, cifra que oscilaba entre los $2.9 y $3.2 millones, de acuerdo a los medidores económicos de la época.

De esos dineros, según confirmó el propio Hermosilla, nunca hubo registros contables. “No emití boleta de honorarios por estos montos recibidos”, reconoció.

Según la misma versión del penalista, los pagos eran entregados por Andrés Sotomayor y a veces por Benjamín Salas Kantor, exasesor de Piñera en materias internacionales y quien hoy se desempeña como jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En uno de los chats extraídos del teléfono de Hermosilla, quedaron trazas de esas entregas.

Salas Kantor: Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja

Salas Kantor: Te deje con tu secretaria personal nuestra deuda

Salas Kantor: Para que te vayas a Miami jajaja

Desde el entorno del abogado Samuel Donoso señalaron que "esos pagos que señala don Luis Hermosilla Osorio, coinciden con algunos matices con los honorarios pagados al abogado Donoso, pero precisaron que el señor Donoso declaró y pagó todos los impuestos por los honorarios que le pago el Presidente Piñera".

“El Presidente tomó la decisión”
Consultado por las fiscales de Valparaíso Claudia Perivancich y Paola Castiglione, Hermosilla indicó que esta coordinación entre abogados era distinto a su trabajo como asesor al Ministerio del Interior, donde sus pagos variaban entre los $1.2 y $3.7 millones.

“En relación con este trabajo que era diferente en su naturaleza y contenido a la asesoría al Ministro del Interior y que no implicaba solo ejercicio litigioso, el Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales”, explicó.

De esos montos no habrían quedado registro. Solo se habrían traspasado mano a mano, por lo que el abogado insisitió que nunca se pagaron por transferencias o depósitos.

“Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte a mí, quien también me los entregaba en dinero en efectivo. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Según recuerdo estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y estos montos me los entregaba Benjamín Salas Kantor y cuando Benjamín se fue del Gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”, señaló Luis Hermosilla.

El rol de Andrés Chadwick en estos pagos
En su declaración, Hermosilla dejó claro que no conversó ni negoció estos pagos con Sebastián Piñera, sino que los conversaba con Andrés Chadwick o con Benjamín Salas Kantor.

“Sobre estos pagos nunca conversé directamente con el Presidente Piñera, no sé si Samuel Donoso habrá conversado sobre estos pagos con Piñera, pero lo dudo. Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie”, reveló el abogado.

“Esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos haría a Samuel y a mí, pero no recuerdo exactamente quién fue. No emití boletas de honorarios por estos montos recibidos”, apuntó.

Lo que sí deja claro Hermosilla es que sobré el origen de los fondos no sabía de “dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”.

Las coordinaciones con Sotomayor
Andrés Sotomayor ejerció como jefe de gabinete de Gonzalo Blumel durante su paso por el Ministerio del Interior y luego, hasta el fin del gobierno, se desempeñó como asesor del segundo piso, donde su jefe fue Cristián Larroulet.

En los chats a los que accedió canal 13, entre él y Luis Hermosilla quedan rastros de cómo se concretaban los pagos informales. Por ejemplo, cuatro meses después de terminado el gobierno, el 4 de julio de 2022, le escribió:

–Sotomayor: Hola Lucho. Tengo el pago de julio-septiembre. Podría llevarlo esta semana a tu oficina.

–Hermosilla: Hola Andrés. Te lo agradezco, puede ser antes de las 11?

–Sotomayor: Hola Lucho, perdona pero se me complicó la mañana por reuniones no planificadas. Puedo llevártelo mañana a la hora que más te acomode. Por supuesto también puedes mandar a buscarlo a mi oficina (estoy al lado de Samuel).

“Con estos whatsapp hay mayor claridad sobre el período que cubrieron los pagos desde finales del año 2020 hasta por lo menos mitad del año 2022, los que se extendieron después que el Presidente Piñera hubiera dejado la Moneda en marzo de 2022 porque el encargo era de él. Por eso, Sotomayor en estos whatsapp hace referencias a su oficina particular en el Cerro El Plomo en Comuna de las Condes, y no en La Moneda, porque ya no estaba vigente el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera”, cerró Luis Hermosilla.

Reportajes Teletrece contactó a ambos asesores del gobierno del Presidente Piñera, Benjamín Salas Kantor y Andrés Sotomayor, pero no fue posible tener una versión hasta el cierre de esta publicación.

La participación del actual embajador de Chile en Israel, designado por Kast, Gabriel Zaliasnik

A fines del mes de agosto de 2026, las fiscales a cargo –Perivancich y Paola Castiglione– le preguntaron insistentemente a Hermosilla por un nombre en particular: Gabriel Zaliasnik Schilkrut, reconocido abogado del foro y actual embajador de Chile en Israel.

Hermosilla y Zaliasnik son viejos conocidos. Al menos desde 2019, junto a Samuel Donoso, conformaban un selecto “consejo” de abogados que asesoraba al segundo Gobierno de Sebastián Piñera en causas judiciales adversas y que, al mismo tiempo, recomendaba nombramientos de jueces y ministros en el Poder Judicial. En chats, incluso se trataban de amigos.

Pero eso cambió. Fuentes cercanas a ellos comentan a canal 13 que después de la eclosión del Caso Audio, los tres se distanciaron.

En sus últimas declaraciones, del 10 de junio y del 27 de agosto, Hermosilla ha entregado al Ministerio Público información sobre sus antiguos “socios” y ha revelado algunas de sus gestiones.

“Con Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso conversábamos sobre quienes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales (...) Puedo señalar que Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso son muy cercanos entre sí, incluso más cercanos que ellos conmigo”, desclasificó.

Hoy, Donoso enfrenta una querella del CDE por el delito de soborno por sus gestiones en el nombramiento de Antonio Ulloa como ministro de Santiago. Zaliasnik, por su parte, figura como imputado en la misma causa, aspecto que canal 13 corroboró con el Ministerio Público. Pese a ello, el gobierno de José Antonio Kast ha mantenido su postura de mantenerlo como embajador en Israel.

“Estas conversaciones de nombramientos las sosteníamos entre Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y yo, con Héctor Mery recurrentemente (...) es importante señalar que sin perjuicio de las conversaciones que sobre nombramientos manteníamos con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, Zaliasnik era muy cercano con Héctor Mery”, profundizó el otrora influyente penalista.

Héctor Mery es actual ministro del Tribunal Constitucional y fue jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia a cargo de Hernán Larraín, durante la gestión de Sebastián Piñera.

Diputados UDI quieren acelerar cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quieren rebajarle el presupuesto y dejarlo solo en mil pesos

29 September 2026

Los diputados Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao, en la foto, de la bancada UDI, anunciaron que buscarán rebajar a mil pesos el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para 2027.

A través de una indicación que presentarán en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos, pretenden forzar el cierre del instituto mientras no avance el proyecto que busca modernizarlo.

Para argumentar la medida, exponen 10 polémicas protagonizadas por el INDH que, a su parecer, dan cuenta de que el organismo necesita una "revisión profunda y urgente" y que no se puede "seguir destinando millonarios recursos públicos" a una institución que "ha terminado alejándose de la función para la que fue creada".

Entre estas polémicas se encuentran las "presiones internas" del INDH para que se declarara la existencia de "violaciones sistemáticas" a los Derechos Humanos" durante el estallido social.

A esta suman el gasto de $250 millones utilizados para la contratación de una productora de eventos y de los más de $60 millones destinados a viajes al extranjero. De acuerdo con los congresistas, casi la mitad corresponden al pago de viáticos.

"Estamos absolutamente convencidos de que el Congreso tiene la responsabilidad de abordar esta situación y avanzar de una vez por todas en el cierre del organismo, al menos hasta que se avance en la modernización de su gobernanza. Mientras eso no suceda, no corresponde asignar ningún peso para que siga funcionando", afirmaron.

Diputados Bobadilla, Villalobos y Teao
Como tercera polémica mencionaron las declaraciones del actual director, Yerko Ljubetic, contra la Ley Naín-Retamal y el proyecto que sanciona rayados, al cual llamó "criminalización de la expresión artística".

Cuestionaron también el rol del INDH en el otorgamiento de las pensiones de gracia asociadas al estallido social que se autorizaron "sin acreditar" la calidad de víctima de los beneficiarios, y criticaron la visita que hicieron a uno de los imputados por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme.

En base a estos y otros ejemplos, los diputados UDI afirmaron que se demuestra que "el INDH perdió el rumbo y que no basta con un cambio cosmético, sino que se necesita una transformación profunda".

La batalla por la memoria: el avance global del negacionismo y la rehabilitación de los perpetradores

By Elena Rusca 29 Septiembre, 2026

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 28 segundos

La disputa por el pasado se ha convertido en uno de los principales campos de batalla políticos del siglo XXI. Mientras sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos intentan preservar la memoria de genocidios, crímenes de guerra y dictaduras, un fenómeno cada vez más visible amenaza con erosionar décadas de avances en materia de verdad y justicia: el negacionismo.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Bernard Duhaime, advirtió recientemente sobre una creciente ola de negación de atrocidades y glorificación de sus responsables que está socavando los esfuerzos internacionales para prevenir la repetición de graves violaciones de derechos humanos.

Según el experto, no se trata únicamente de debates historiográficos o controversias académicas. Está en juego la manera en que las sociedades comprenden su pasado y construyen su futuro.

La política de reescribir la historia

La negación de crímenes masivos no es un fenómeno nuevo. Desde el Holocausto hasta los genocidios de Ruanda, Bosnia o Armenia, los responsables de atrocidades y sus aliados políticos han intentado cuestionar hechos documentados, minimizar responsabilidades o justificar actos de violencia extrema.

Sin embargo, el fenómeno actual presenta características particulares. En muchos países, la negación ya no proviene exclusivamente de grupos marginales, sino que es impulsada o legitimada por dirigentes políticos, movimientos nacionalistas y actores con una influencia significativa en el debate público.

El informe de Naciones Unidas sostiene que el negacionismo suele apoyarse menos en la evidencia y más en narrativas emocionales destinadas a reforzar identidades nacionales, exacerbar polarizaciones políticas o consolidar proyectos ideológicos.

La verdad histórica deja entonces de ser una cuestión de hechos verificables para transformarse en un instrumento de disputa política.

De la negación a la glorificación

El fenómeno no se limita a negar las atrocidades. Cada vez con mayor frecuencia se observa un proceso paralelo de rehabilitación de quienes las cometieron.

Figuras históricamente asociadas con crímenes de guerra, regímenes autoritarios o campañas de exterminio son presentadas como héroes nacionales, defensores de la patria o símbolos de identidad colectiva. Monumentos, homenajes públicos, cambios en los programas educativos y campañas políticas contribuyen a reconstruir una narrativa donde las víctimas desaparecen del centro de la historia y los perpetradores son convertidos en figuras admirables.

Para las víctimas y sus familias, esta dinámica implica una nueva forma de violencia simbólica.

La justicia transicional ha demostrado que el reconocimiento público del daño sufrido constituye una condición esencial para los procesos de reparación. Cuando la sociedad niega o minimiza los crímenes, también cuestiona el sufrimiento de quienes los padecieron.

El ataque a la memoria colectiva

La memoria no es solamente un ejercicio de recuerdo. Es una herramienta política y social que permite identificar responsabilidades, comprender las causas de la violencia y prevenir su repetición.

Por ello, las iniciativas de memorialización suelen convertirse en objetivos de quienes pretenden reescribir el pasado.

Museos, monumentos, archivos, centros de documentación y organizaciones de derechos humanos enfrentan presiones crecientes en numerosos países. Algunas instituciones son desfinanciadas; otras sufren campañas de desprestigio o enfrentan restricciones legales.

La consecuencia es la erosión progresiva de los espacios donde las sociedades pueden confrontar críticamente su propia historia.

Esta tendencia resulta especialmente preocupante en un contexto internacional marcado por el auge de movimientos ultranacionalistas, el fortalecimiento de discursos autoritarios y la crisis de confianza en las instituciones democráticas.

Redes sociales, algoritmos y desinformación

Un elemento novedoso de esta etapa es el papel de las plataformas digitales.

Las redes sociales han transformado radicalmente la circulación del conocimiento histórico. Si bien han facilitado el acceso a información y testimonios, también han permitido la difusión masiva de narrativas negacionistas y teorías conspirativas.

Los algoritmos que priorizan contenidos capaces de generar interacción suelen favorecer mensajes polarizantes, emocionales o provocadores. En este entorno, las falsificaciones históricas encuentran un terreno fértil para expandirse.

La preocupación expresada por Naciones Unidas alcanza también a las herramientas de inteligencia artificial, capaces de producir contenidos falsos, manipular imágenes, recrear discursos inexistentes o amplificar campañas coordinadas de desinformación.

La tecnología no crea el negacionismo, pero multiplica su alcance y velocidad de propagación.

Los riesgos de una memoria oficial

No obstante, el relator de la ONU advierte sobre otro peligro menos visible.

Algunos Estados han intentado combatir el negacionismo mediante leyes de memoria o normativas de seguridad que terminan restringiendo la libertad de expresión o imponiendo una interpretación única de la historia.

La paradoja es evidente. Una política destinada a proteger la verdad puede convertirse en una herramienta de censura cuando el poder político monopoliza la definición de lo que puede o no puede decirse sobre el pasado.

Por ello, Duhaime sostiene que la mejor respuesta no reside en las restricciones, sino en el fortalecimiento de la educación, el acceso a la información, la investigación independiente y el pensamiento crítico.

La defensa de la memoria democrática exige pluralismo, transparencia y debate público, no versiones oficiales incuestionables.

La memoria como garantía de no repetición

Detrás de estas discusiones existe una cuestión fundamental: ¿por qué importa recordar?

La respuesta constituye uno de los pilares del sistema internacional de derechos humanos construido después de la Segunda Guerra Mundial. Recordar no busca alimentar agravios permanentes ni perpetuar conflictos históricos. Su finalidad es comprender cómo fueron posibles determinadas atrocidades para evitar que vuelvan a ocurrir.

La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición forman parte de un mismo proceso. Cuando uno de estos elementos desaparece, los demás también se debilitan.

La negación de crímenes internacionales no solo afecta la memoria de las víctimas. También reduce la capacidad de las sociedades para reconocer señales de alerta frente a nuevas formas de violencia, discriminación o autoritarismo.

En una época marcada por guerras, desplazamientos forzados, polarización extrema y campañas masivas de desinformación, la lucha por la memoria se ha convertido en una cuestión profundamente contemporánea. Lo que está en disputa no es únicamente la interpretación del pasado, sino las bases éticas y políticas sobre las que se construirá el futuro.

lunes, 28 de septiembre de 2026

Quién es Wendy García: la defensora del régimen cubano que formará parte de la programación del Festival MUDA junto a Jadue, Jara y Boric

La comunicadora cubana participará junto a Daniel Jadue en el conversatorio “Para salir de la barbarie”, en un festival que también contará con presentaciones de Jeannette Jara y el expresidente Gabriel Boric. Su presencia ha generado reparos en sectores de la izquierda debido a su defensa del régimen cubano. En mayo, García sostuvo que la isla demuestra que es posible construir un modelo “solidario, participativo y humano” y afirmó que enfrentar “los dictados del imperio constituye un deber ético elemental”.

“Para salir de la barbarie” se titula uno de los conversatorios que se realizará el sábado 3 de octubre en el Festival de la Memoria MUDA, encuentro de música, derechos humanos, democracia y arte que tendrá lugar en el Parque Estadio Nacional. En ese panel participarán el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue y la licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Habana Wendy García.

La presencia de la comunicadora cubana, sin embargo, no ha pasado inadvertida en el mundo político y, particularmente, en sectores de la izquierda chilena. Esto, debido a que García ha defendido públicamente el sistema político cubano y, según cuentan voces progresistas, resulta problemático que ese discurso tenga espacio en un evento que precisamente busca promover la memoria, la democracia y los derechos humanos.

De hecho, más de un integrante de la oposición considera complejo que dirigentes políticos compartan actividades con García durante el festival. Entre quienes asistirán estará el expresidente Gabriel Boric, quien fue invitado al encuentro y participará durante esos días, además de ofrecer una charla al día siguiente, a las 14:00 horas.

Otros dirigentes mencionan también que la excandidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara, participará en el mismo escenario después de Jadue y García, considerando que ella misma ha señalado públicamente que en Cuba existe una dictadura.

“Defender a Cuba es defender el derecho de todo pueblo a existir”

Wendy García participará en el panel “Para salir de la barbarie”, título de una de las obras recientemente escritas por Daniel Jadue y que invita a releer las definiciones de la teórica marxista Rosa Luxemburgo.

En particular, aborda la dicotomía “socialismo o barbarie” y plantea que las sociedades atraviesan una crisis frente a la cual la izquierda debe abandonar la mera ambición de administrar el poder y recuperar una vocación transformadora.

En ese contexto, lo que pueda plantear García durante su participación genera interés y expectación entre dirigentes de izquierda. La comunicadora cubana ha reivindicado públicamente el sistema político que impera en la isla y mantiene una posición fuertemente crítica frente al bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En mayo de este año, García publicó en la revista Jacobin una columna titulada “Defender a Cuba es defender el derecho de todo pueblo a existir”.

En ella sostiene que “la experiencia cubana demuestra que incluso bajo asedio se puede construir un modelo solidario, participativo y humano, sin sometimiento a potencias extranjeras”.

Es por eso que, según García, “la existencia misma de Cuba es la prueba viva de que otro mundo y otra manera de hacer las cosas no solo son posibles, sino que ya están en marcha”.

La comunicadora plantea además que “defender a la isla es defender el derecho de una sociedad a construir su propio destino sin pedir permiso a ninguna potencia”.

En ese contexto, señala que “el antimperialismo nos recuerda que la solidaridad es la ternura de los pueblos” y, apuntando a Estados Unidos, asegura que “enfrentar los dictados del imperio constituye un deber ético elemental”.

Cuatro días de movilizaciones abren un nuevo frente social al Gobierno de Kast

CHILE AL DÍA PORTADA

By Félix Montano 28 Septiembre, 2026

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 17 segundos

Feministas, trabajadores de la salud y estudiantes protagonizarán desde este lunes una sucesión de movilizaciones y paros que culminará el jueves 1 de octubre, apenas un día después del ingreso al Congreso del proyecto de Presupuesto 2027. Las demandas son diferentes, pero comienzan a encontrarse en un mismo punto: la defensa de derechos sociales y del financiamiento público frente al ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.

La última semana de septiembre y el comienzo de octubre pueden abrir un escenario diferente para el Gobierno de José Antonio Kast. Después de meses en que buena parte del conflicto político se ha desarrollado en el Congreso y entre las fuerzas partidarias, distintos sectores sociales preparan cuatro jornadas consecutivas de movilización.

No se trata todavía de un movimiento único ni de una convocatoria centralizada contra el Gobierno. Pero tampoco parece una simple coincidencia de fechas.

La propia Coordinadora Feminista 8M ha hablado de avanzar hacia una “unidad de acción” con trabajadores de la salud y estudiantes, mientras la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ha mantenido contactos con la CUT, organizaciones feministas y agrupaciones de trabajadores de la educación. La presidenta de la FECh y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, ha señalado además que para la movilización del jueves esperan constituir un bloque sindical y otro estudiantil.

El lunes salen las feministas

La secuencia comenzará este lunes 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto, con un pañuelazo nacional convocado por la Coordinadora Feminista 8M bajo la consigna “Aborto legal es justicia social”.

En Santiago, la concentración está convocada desde las 18:00 horas en Plaza Dignidad, Metro Baquedano. También habrá actividades en Valparaíso, Puente Alto, Concepción, Valdivia, Osorno e Iquique.

La movilización ocurre en medio de una ofensiva legislativa de sectores de derecha en materias vinculadas al aborto. La Coordinadora 8M cuestiona, entre otras iniciativas, el proyecto conocido como “Escucha su corazón”, que pretende introducir nuevos requisitos antes de realizar una interrupción del embarazo contemplada por la legislación vigente, y otra propuesta destinada a sancionar la distribución de medicamentos utilizados para abortar fuera de las tres causales legales.

La protesta feminista tiene por ello una dimensión que excede el debate presupuestario: se dirige contra lo que sus convocantes consideran una agenda regresiva en derechos sexuales y reproductivos.

Pero el financiamiento público aparece también en su convocatoria. La Coordinadora 8M vincula la defensa de esos derechos con los recursos necesarios para hacerlos efectivos y ha situado expresamente su movilización como el primer día de una secuencia que continuará con salud y educación.

Martes y miércoles: se paraliza la salud primaria

El segundo foco llegará desde un sector especialmente sensible.

La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) convocó a un paro nacional de la Atención Primaria de Salud para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

La demanda principal apunta directamente al financiamiento de la APS y al valor del per cápita, es decir, los recursos que el Estado entrega por cada persona inscrita en el sistema municipal de salud.

La Confusam ha advertido además de una deuda con los municipios superior a los $37 mil millones vinculada al reajuste del per cápita y reclama un incremento de los recursos para 2027. En distintas regiones, las organizaciones locales ya han confirmado su adhesión al paro. Durante las dos jornadas se mantendrán turnos éticos para emergencias y prestaciones esenciales.

Aquí aparece con mayor nitidez el elemento que atravesará buena parte de la semana: el Presupuesto 2027.

Porque mientras los trabajadores de la salud estén en paro el miércoles 30, el Gobierno deberá ingresar precisamente ese día al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año. La Dirección de Presupuestos confirmó oficialmente que esa es la fecha de presentación, en cumplimiento del plazo constitucional.

La coincidencia difícilmente podría ser políticamente más significativa.

El jueves entran los estudiantes

Al día siguiente, jueves 1 de octubre, serán los estudiantes.

La Confech convocó a un paro y movilización nacional bajo una consigna igualmente directa: “Ni un peso menos para la educación”.

La organización exige que el Presupuesto 2027 no reduzca los recursos destinados a la educación pública y pretende extender la convocatoria más allá de las universidades. Para ello ha buscado coordinación con estudiantes secundarios, trabajadores de la educación, la CUT y otras organizaciones sociales.

La inquietud no surgió de la nada. Durante este año Hacienda solicitó ajustes al gasto público y en abril emitió orientaciones que involucraban decenas de programas del Ministerio de Educación. El ministro Jorge Quiroz sostuvo posteriormente que aquello no significaba que se hubiese decidido eliminar esos programas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha afirmado por su parte que al sector no le faltarán recursos y que las prioridades estarán en educación parvularia y los primeros años de enseñanza básica.

La disputa, por tanto, no se produce únicamente en la calle. El verdadero terreno de confrontación comenzará a conocerse cuando se abran las cifras del Presupuesto 2027.

Del Congreso a la calle

Hasta ahora, buena parte de los problemas políticos del Gobierno de Kast se habían expresado institucionalmente: dificultades legislativas, controversias dentro del oficialismo y disputas con la oposición.

La próxima semana puede agregar otro componente.

El conflicto comienza a desplazarse hacia organizaciones sociales que tienen demandas concretas y capacidad de movilización.

Feministas el lunes. Trabajadores de la salud el martes y miércoles. Estudiantes el jueves.

Cada sector tiene sus propias reivindicaciones y sería apresurado presentar esta sucesión como el nacimiento de un frente social homogéneo contra La Moneda. Sin embargo, existen indicios de una coordinación que antes era mucho menos visible.

La Coordinadora Feminista 8M habla explícitamente de “unidad de acción”. La Confech ha conversado con organizaciones sindicales, feministas y educacionales. Y dirigentes estudiantiles describen la próxima semana como una secuencia de movilizaciones que puede confluir en la jornada del jueves.

El denominador común comienza además a definirse: derechos sociales, servicios públicos y recursos fiscales.

No es un detalle menor. El Gobierno ha situado la contención del gasto entre sus prioridades y el debate presupuestario obligará ahora a transformar esa orientación general en cifras concretas para salud, educación, regiones y programas públicos.

Es ahí donde una discusión que hasta ahora podía parecer técnica comienza a adquirir consecuencias políticas.

Octubre comienza con una prueba

El proyecto de Presupuesto ingresará al Congreso el miércoles 30 de septiembre. Su tramitación parlamentaria se extenderá durante las semanas siguientes y probablemente se convertirá en uno de los principales campos de disputa entre el Gobierno y la oposición.

Pero este año habrá otro actor mirando esas cifras.

La calle.

No sabemos todavía cuál será la magnitud de las movilizaciones de esta semana ni cuánto respaldo conseguirán fuera de los sectores convocantes. Tampoco puede afirmarse que exista ya una articulación social comparable con otros ciclos de movilización vividos por Chile.

Lo que sí puede observarse es un cambio.

Por primera vez en estos primeros meses del Gobierno de Kast, feministas, trabajadores de un servicio público esencial y estudiantes se movilizarán de manera sucesiva durante cuatro días, con contactos explícitos entre algunas de sus organizaciones y con una preocupación compartida por el rumbo de las políticas públicas.

El Presupuesto 2027 será la prueba inmediata.

Cuando sus cifras comiencen a conocerse esta semana, se podrá saber si las preocupaciones por eventuales recortes tenían fundamento y hasta dónde llegará la disputa parlamentaria.

También comenzará a verse si estas cuatro jornadas son solamente una coincidencia en el calendario o el primer ensayo de algo políticamente más significativo: la articulación de una oposición social al Gobierno que empieza a encontrarse en las calles.

Justicianadamas,peronadamenos

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