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jueves, 25 de abril de 2024
DECLARACIÓN PÚBLICA
Reportaje. Quién le pone "el cascabel a este gato" millonario de los Casinos de Juego: Colusión, allanamientos de casas de gerentes, autodenuncias, cuasi quiebra. "La cueca en pelotas" asegura abogado
25 April 2024
Por Alfredo Peña R.
Que la industria de los Casinos de Juego es "una bolsa de gatos" o como señala tajantemente el abogado Gustavo Lorca, "es la cueca en pelotas" con la mirada cómplice o impávida o inocente de la Superintendencia de Casinos de Juego (S.C.J.) que regula a esta industria, está más que claro.
El chilenismo "la cueca en pelotas" calza perfecto con lo que ocurre en estas empresas reguladas por el Estado a través de la Superintendencia de Casinos de Juego que dirige la geógrafa Vivién Villagrán Acuña y que depende directamente del ministerio de Economía a la cabeza del frenteamplista Nicolás Grau.
Según el diccionario de chilenismos ilustrados, "la cueca en pelotas" se usa reconocidamente con no mucha elegancia, cuando sirve al propósito de describir una situación de despelote, confusión y desorden.
Tres grandes empresas con más del 80%
Hay tres grandes empresas que poseen más del 80% del mercado de los Casinos de Juego en nuestro país: Enjoy, Dreams y Marina del Sol.
Enjoy posee 9 casinos entregados en concesión por la Superintendencia. Están ubicados en en las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Rinconada (Los Andes), Santa Cruz, Pucón y Castro. A nivel regional en otros países, también operan en Argentina (Enjoy Mendoza), Uruguay (Enjoy Punta del Este) y Colombia (Enjoy San Andrés).
Marina del Sol opera cuatro Casinos concesionados por el Estado de Chile: Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno.
Y la empresa Dreams tiene 5 casinos en las comunas de San Francisco de Mostazal (el famoso Monticello), Temuco, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas. Y adicionalmente, opera los casinos municipales de Iquique y Puerto Varas.
La colusión, la cuasi quiebra, los allanamientos a casas de directivos y la autodenuncia de gerente
En realidad, la industria con sus tres grandes empresas está en un despelote, confusión y desorden.
Hay empresas como Enjoy que van por su segunda reestructuración judicial como se dice hoy y que antes se llamaba "que se van a la quiebra".
La misma empresa Enjoy aparece en los audios filtrados del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz al abogado Luis Hermosilla, advirtiéndole de diligencias policiales como la citación para declarar como testigo del exsubsecretario de Hacienda del gobierno de Piñera, Francisco Moreno Guzmán.
El expolicía, hoy preso por varios delitos, envió documentos reservados sobre indagatorias que investigaban al fallecido expresidente Piñera por su eventual intervención para beneficiar a la empresa de Casinos Enjoy donde tenía millonarias inversiones. Es más, hubo una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, antes de conocerse "las gestiones" del exdirector de la PDI avisándole a Hermosilla y éste informando -nos imaginamos- a sus jefes de entonces ya que era el principal asesor legal del ministerio del Interior que encabezaba su amigo, Andrés Chadwick, primo de Piñera.
Lo que alertó el exjefe de la PDI a Hermosilla y que involucró a Piñera
En 2021, la Comisión Investigadora de Casinos de la Cámara presentó una denuncia penal sobre el caso.
La denuncia de 16 páginas, acusaba al entonces Presidente Sebastián Piñera y a la actual Superintendenta de Casinos, Vivién Villagrán, de negociación incompatible, cohecho, prevaricato administrativo y omisión de denuncia.
“El Presidente Piñera firmó el Decreto Supremo Nº 77, el pasado 28 de enero de 2021, postergando el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para cumplir con los compromisos adquiridos al adjudicarse determinadas licitaciones para la explotación de casinos en 2018, que vencía el 30 de enero, decreto que sólo benefició a Enjoy, la que en 2018 se adjudicó 4 licitaciones para casinos municipales y que tenía hasta el 30 de enero para responder por las boletas de garantía, por más de 100 millones de dólares, que había entregado a la Superintendencia de Casinos de Juegos”, consignó la denuncia de los diputados.
Dicho decreto "habría salvado a Enjoy de la pérdida de sus concesiones y, en consecuencia, de una quiebra inminente”, dijeron.
El escrito también señalaba que “la eventual quiebra de Enjoy habría afectado directamente a los intereses económicos del mandatario y su familia. Esto, porque 2 de las entidades administradoras del fideicomiso ciego del Presidente Sebastián Piñera, BTG Pactual y Moneda Asset, están involucradas en la operación de Enjoy” ratificaron los diputados.
“La primera tiene una participación del 7% en la propiedad de Enjoy y, la segunda, garantiza el 50% de la deuda de Enjoy en dólares” señalaron.
Antes de conocerse las filtraciones de Muñoz a Hermosilla, y obvio antes de la muerte de Piñera, en julio de 2023, el juez Carlos Gutiérrez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decretó el sobreseimiento de la causa.
“Se decreta el sobreseimiento total, definitivo y sin restricción de la presente causa respecto de los imputados Vivién Alejandra Villagrán Acuña y Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique”, resolvió el juez.
Otro de los casos del denominado despelote es lo que ocurrió con la investigación que se hizo pública luego de que, en marzo de 2023, el exCEO y gerente general de Marina del Sol, Juan Francisco Muñoz, presento una denuncia por despido injustificado, aportando documentación que revelaba la indagatoria por colusión entre Marina del Sol, Enjoy y Dreams. Y ahí, Muñoz se auto denunció del delito que cometían estas empresas.
La colusión
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) lleva más de un año investigando a las tres grandes empresas de la industria de casinos en Chile, Enjoy, Dreams y Marina del Sol (MDS), por colusión.
Esta investigación, según consigna La Tercera, ha llevado a que se allanaran los domicilios y oficinas de los máximos ejecutivos de estas empresas hace 19 meses. En este contexto, se espera que la FNE presente pronto un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Las empresas implicadas han realizado ajustes operacionales para cumplir con los flancos regulatorios. De esta manera, Dreams, controlada por el grupo Fischer, detalló en su reporte anual de 2023 que ha implementado una “Política de Libre Competencia” y ha incorporado el apartado de libre competencia en su Código de Ética.
Por su parte, Enjoy ha fortalecido su estructura de gobierno corporativo y su Sistema de Cumplimiento, según su reporte del mismo año.
Por otro lado, Marina del Sol contrató los servicios de una agencia de Compliance para recibir asesoría integral.
El Compliance es un conjunto de normas y buenas prácticas que impulsan la creación de estrategias, las cuales permiten identificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan estas empresas.
El abogado Francisco Velozo, reveló, según confirma Pulso de La Tercera, que la FNE posee documentos cruciales, incluyendo conversaciones de WhatsApp entre los operadores. Además, entre los documentos en poder del órgano antimonopolio se encuentra un artículo de diario El Mercurio de 2006 que señala posibles acuerdos entre los grupos Pacífico Sur y Martínez para no competir en ciertas zonas.
"Defraudan al Estado en miles de millones"
El abogado Gustavo Lorca es tajante: "Las tres empresas se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado en miles de millones. Y lo más grave es que la Superintendencia les sigue dando licencias o concesiones".
Lorca exige que los diputados vuelvan a investigar que ocurre con estas empresas y la labor que realiza la Superintendencia que dirige Vivién Villagrán que termina su período en ocho meses más.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional Consumidores Usuarios, Conadecus, señala sobre la posible colusión: “Nos parece muy importante esta acción de allanar e incautar en los domicilios de los altos ejecutivos de los casinos, ante una eventual colusión de los casinos. Para los usuarios de los casinos es importante aclarar esta situación, ojalá la Fiscalía ocupe todas las atribuciones que tiene, aquí necesitamos que se aplique la ley".
Y agrega: "No queremos más delitos de cuello y corbata, queremos sanciones para los que se coluden”.
En medio de líos judiciales, Enjoy nombra nuevo directorio
Este martes, la junta de accionistas de Enjoy eligió su nuevo directorio, que deberá enfrentar la segunda reorganización judicial que está tratando de sacar adelante la compañía de casinos de juego para evitar su quiebra, la que solicitó a la justicia el 29 de enero pasado.
Lo más destacado será que quien había sido presidente de la firma desde que enfrentó su primera reorganización, Henry Comber, dejará la mesa directiva.
Comber, quien a su vez es presidente ejecutivo de Euroamerica, tomó el mando de la compañía en 2020, inmediatamente después de iniciada la pandemia, dado que ese holding financiero era el principal acreedor de Enjoy
Según La Tercera, la salida de Comber se relaciona con que enfrentaba conflictos de interés desde que la empresa entró en esta segunda reorganización judicial, pues EuroAmerica sigue siendo acreedor de Enjoy.
Respuestas de la Superintendencia a Cambio21
Cambio21 se contactó con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y consultamos sobre las medidas que tomaron por la venta del 50% de Marina del Sol y por la denuncia de colusión de las tres empresas que operan casinos en Chile.
La SCJ señala que "el 9 de abril pasado, Marina del Sol S.A. a través del envío de un Hecho esencial, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que los controladores de la sociedad Marina del Sol S.A. han suscrito un contrato en virtud del cual, entre otros acuerdos, el Grupo Valmar ha acordado comprar al Grupo Clairvest la totalidad de la participación que directa o indirectamente mantiene en el Grupo Marina del Sol".
Y agregan que "cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de las sociedades operadoras relacionadas en términos de propiedad con ambos grupos, sólo podrá efectuarse previa autorización de la Superintendencia, por lo que en el caso de que ingrese un requerimiento de esta naturaleza por parte de Marina del Sol S.A., la Superintendencia deberá realizar el análisis respectivo, de acuerdo con la normativa vigente".
La superintendencia que dirige Vivién Villagrán indica que respecto "a la denuncia judicial por colusión, la Superintendencia no tiene comentarios que formular, entendiendo que es la Fiscalía Nacional Económica el órgano competente para referirse o no a este respecto y que la investigación en esta etapa tiene carácter reservado".
Cambio21 consultó también sobre los audios del caso Hermosilla y que involucra a Enjoy y la respuesta de la Superintendencia fue que "la reorganización judicial de Enjoy actualmente en curso, se encuentra detalladamente regulada por la Ley N°20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, por lo que no corresponde que la Superintendencia se pronuncie sobre una materia que no es de su competencia, sin perjuicio de monitorear el desarrollo del mismo a objeto de en su caso y cuando corresponda, adoptar las medidas administrativas pertinentes en caso que las sociedades operadoras se vean afectadas con las decisiones que finalmente se implementen a consecuencia del resultado del respectivo procedimiento judicial en curso".
Funcionarios del SEA denuncian maltrato laboral de parte de jefe de división
Denuncian hostigamiento por parte del jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso, quien integra el organismo desde 2014. También apuntan a inacción de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán. Piden incluso la destitución de responsables.
En una carta dirigida a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con copia al Presidente Gabriel Boric, autoridades y legisladores, un grupo de profesionales del área de Evaluación del Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena (MHPAC) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) expuso una serie de preocupaciones sobre el clima laboral y las prácticas de gestión en dicha institución.
En la misiva, los funcionarios parten celebrando la suscripción del Acuerdo de Escazú como un paso importante hacia una mayor participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental. Sin embargo, lamentan que el entusiasmo inicial se haya visto empañado por “una serie de prácticas de la actual administración que han perjudicado severamente la comunicación y el trabajo colaborativo dentro del SEA”.
Una de las principales preocupaciones expuestas en la carta es la denuncia de hostigamiento y maltrato laboral por parte del jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (DEVAPAC) del SEA, Juan Cristóbal Moscoso Farías—quien está en el organismo desde noviembre de 2014—.
Se mencionan denuncias formales tanto dentro de la institución como ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), relacionadas con licencias médicas por problemas de salud mental derivados de las conductas que cuestionan de Moscoso, sobre quien se ha abierto un sumario administrativo.
La carta también señala la falta de acción por parte de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán Medina, quien fue designada por el Presidente Boric, para abordar estas preocupaciones, lo que —aseguran—ha llevado a una profunda crisis laboral en la institución.
Fue la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) la que se dirigió a Durán, expresando una profunda preocupación por la falta de respuesta adecuada frente a las denuncias presentadas contra Moscoso.
Se hace un llamado a la ministra Rojas para intervenir y adoptar medidas correctivas que garanticen un ambiente laboral libre de violencia y hostigamiento. Incluso, piden la destitución de aquellos responsables de estas prácticas.
Los profesionales, especializados en participación ciudadana y consulta indígena, concluyen destacando su compromiso con los principios del Acuerdo de Escazú, pero subrayando que estos no pueden lograrse a expensas del bienestar y la dignidad de los trabajadores del SEA.
Previo a su cargo en la DEVAPAC, Juan Cristóbal Moscoso se desempeñó como director ejecutivo (s) del Servicio de Evaluación Ambiental entre el 2017 y 2018; como jefe de la División Jurídica entre 2014 y 2017, y como encargado de la Unidad Jurídica del SEA de la Región Metropolitana entre el 2010 y el 2014. Está casado con la ministra del Tribunal Constitucional, Catalina Lagos Tschorne, hija de la exministra socialista de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Ricardo Lagos, Sonia Tschorne, quien a su vez ha integrado el directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y directora suplente de Aguas Andinas.
La carta está dirigida a:
- Gabriel Boric Font, Presidente de la República.
- Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente.
- Felipe Melo Rivara, Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Ricardo Lagos Weber, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
- Félix González Gatica, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Javier Medina Vásquez, Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL
- Bárbara Iturriaga Zamora, Presidenta de ANFUSEA.
- Álvaro González Vásquez, Presidente de FENATRAMA.
- José Pérez Debelli, Presidente de ANEF.
Desde el SEA indicaron que, “efectivamente, se recibió una denuncia por parte de funcionarios de una división del nivel central, la que está siendo canalizada a través del procedimiento interno previsto en la Resolución N°803 de 2019, regido por los principios de confidencialidad, imparcialidad, probidad administrativa, rapidez, responsabilidad e igualdad de género”.
“El caso está siendo abordado internamente, de tal manera de no afectar la dignidad y derechos de los denunciantes, al revictimizarlos eventualmente, ni de los denunciados y otras personas involucradas, en cuanto no menoscabar su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, añaden desde el servicio gubernamental.
“El compromiso y obligación de la dirección del servicio es cuidar a todos los funcionarios y funcionarias, promoviendo una cultura organizacional de pleno respeto a la dignidad y buen trato de las personas, y cumplir estrictamente los procedimientos que nos regulan para abordar situaciones tan serias y delicadas como ésta”, concluyeron.
Argentina. Para Milei la marcha de un millón de personas se trató de “lágrimas de zurdos” y otra vez volvió con el tema de “la casta” / En su caso son “lágrimas de facho”
By Resumen Latinoamericano abril, 2024
Por Melisa Molina, 24 de abril de 2024.
imagen: La opinión de Milei sobre la marcha del millón de personas. Así lo expresó en las redes. Llora él por la herida.
La primera reacción de la Rosada fue calificar a la movilización como “política” y señalar a los manifestantes como “la vieja casta de siempre”. Pero la magnitud de la protesta obligó a recalibrar la respuesta. “Lágrimas de zurdos”, fue la consigna que eligió para contraatacar desde sus redes sociales el Presidente, que se retiró de Balcarce 50 rumbo a Olivos media hora antes de la convocatoria.
Aunque cerca del Presidente no lo admitan, el Gobierno nacional sintió el golpe que significaron los miles y miles de alumnos, docentes, sindicatos y ciudadanos de a pie que colmaron las calles porteñas desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo —y también en decenas de ciudades del país— para defender la educación pública y pedir que Javier Milei deje de desfinanciarla. En Casa Rosada durante todo el día quisieron tapar el sol con las manos y repetían que no les importaba la marcha porque era político/partidaria. “El tema está resuelto porque ya se les depositó la plata. Es una marcha puramente opositora. Eran muchos porque la CGT, la CTA, el peronismo y la UCR llevaron a su gente”, argumentaban para intentar deslegitimar el reclamo de más de 800 mil manifestantes —de acuerdo al conteo de la Universidad de Buenos Aires— que rebalsaron la Plaza de Mayo con libros en las manos.
Javier Milei estuvo en casa de gobierno por la mañana para encabezar una reunión de gabinete. Antes de que las columnas de estudiantes comiencen a ingresar a la Plaza de Mayo, cerca de las 15, se retiró junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Durante toda la tarde, sin embargo, el Jefe de Estado estuvo prendido a su celular reposteando cosas en contra de la marcha en sus redes sociales. Uno de los post que retwiteó, por ejemplo, tenía la imagen del caballo de Troya que adentro llevaba los escudos del Partido Justicialista, la UCR y la CGT y decía: “Detrás de esos estudiantes se esconde la vieja casta de siempre intentando volver a parasitar al país”. Esa fue la línea discursiva que eligieron en Casa Rosada para intentar desentenderse del pedido por más presupuesto para las universidades, que fue masivo y de amplios sectores sociales.
Milei, más tarde, apeló a un posteo en sus redes de tono agresivo, a través del dibujo de un león (él mismo) tomando “lágrimas de zurdos”. “Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)”, remató.
Cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrar —entonando cánticos que, entre otros, decían “universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”—, en el entorno del mandatario respondían con tono provocador: “A nosotros esto no nos importa. En 2017 algo así podía correr al macrismo o podía correr a Horacio Rodríguez Larreta, pero a nosotros no”, y agregaban: “La presencia de Sergio Massa, Malena Galmarini, Axel Kicillof confirmó que fue una marcha política”. Para el oficialismo, dicen, esa es “la política del antiguo régimen que no entiende el nuevo escenario”.
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La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no se quedó atrás. En su cuenta de X compartió un video en el que se podía escuchar un fragmento del discurso que dio sobre el escenario la madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, y comentó en tono irónico: “Hebe lo que te perdiste…”, haciendo referencia a la histórica luchadora por los derechos humanos y madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que falleció en noviembre de 2022.
Patearla afuera
Otro leitmotiv que utilizaron durante todos estos días en Balcarce 50 para intentar bastardear la educación pública fue el de la “necesidad de auditar las universidades”. Este martes repetían que no cambió nada con respecto a las auditorías que el día anterior anunciaron que harían desde el ministerio de Capital Humano. El lunes, mediante un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello había dicho que “auditarán y fiscalizarán el gasto”, de las universidades mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
El subsecretario de prensa Javier Lanari, en tanto, añadió en ese sentido que “la educación pública no está en discusión. Lo que está en discusión son las auditorías, el adoctrinamiento, los curros y la crisis generada por los que gobernaron 16 de los últimos 20 años”. Lanari también hizo una evaluación de la masiva marcha que fue reposteada por Milei. Dijo: “El kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas. La educación pública está garantizada. Lo único que peligra son los curros de unos pocos“. El Presidente también reposteó a otro usuario que dijo que la Plaza estuvo llena de “castas sindicalistas y progres”.
Lo que omitieron desde el ministerio de Pettovello y desde Casa Rosada es que la Auditoría General de la Nación es el órgano encargado de la fiscalización de las universidades. La AGN tomó el guante y el martes, tras la movilización, posteó en su cuenta oficial un comunicado en el que expresaron que “no es una opción para los gobiernos discutir si la educación pública se financia o no”, ya que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, establece la gratuidad y equidad de la educación pública estatal, facultando al Congreso Nacional a dictar las leyes que la garanticen. Así como también establece la autonomía universitaria.
En esa línea, agregaron que “es obligación del Poder Ejecutivo Nacional garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, dispuesta por el Congreso en el presupuesto nacional, pero no está dentro de su competencia controlar de qué manera se aplican los recursos”, y puntualizaron: “Esto no quiere decir que carezca de control. Es la Auditoría General de la Nación el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales“.
Sobre las auditorías, desde la AGN aclararon que “el Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario”, y añadieron que ya se realizaron distintas auditorías que fueron programadas. En los recientes ejercicios, dijeron, se realizaron informes sobre las universidades de Rosario, del Litoral y de Buenos Aires y se comenzaron auditorías en las universidades nacionales de Formosa, Jujuy y Córdoba.
miércoles, 24 de abril de 2024
AI denuncia abuso policial y la falta de reforma en el cuerpo de Carabineros
“No se avanzó hacia una reforma integral de Carabineros (cuerpo militarizado), aunque el gobierno presentó varios proyectos de ley que regulaban el uso de la fuerza para salvaguardar el orden público y la seguridad”, explicó AI en el informe.
Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles en su último informe anual el uso excesivo de la fuerza policial en Chile, la aprobación de la Ley Naín-Retamal, la cual incrementa la protección de la policía y el retraso en la reforma del cuerpo militarizado Carabioneros de Chile
“No se avanzó hacia una reforma integral de Carabineros (cuerpo militarizado), aunque el gobierno presentó varios proyectos de ley que regulaban el uso de la fuerza para salvaguardar el orden público y la seguridad”, explicó AI en el informe.
Durante la ola de protestas multitudinarias en el país a fines de 2019, que puso en jaque al gobierno del entonces presidente, el conservador Sebastián Piñera, y se transformo en la crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el cuerpo de Carabineros fue duramente señalado por la excesiva dureza de la represión y “generalizadas violaciones” a los derechos humanos.
“Según la Fiscalía Nacional de Chile, hasta diciembre solamente se habían presentado cargos en 127 de los 10.142 casos de denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo”, denunció AI sobre la continua impunidad por las violaciones de derechos en el estallido social.
Continua violación de derechos humanos
El documento, que revisa la situación de los Derechos Humanos a lo largo del planeta e incluye apartados para los 156 países, fue lanzado por la ONG destacando en el capítulo de Chile la “violencia sexual y de género”.
“Las mujeres de Chile seguían viéndose afectadas por la violencia basada en el género”, denunció AI, que destacó la pendiente aprobación de un proyecto de ley para “avanzar hacia la adopción de un enfoque integral para abordar la violencia contra las mujeres”.
Además, dentro del contexto de los derechos de la mujer, AI denunció: “Chile no avanzó en la adopción del marco jurídico necesario para despenalizar completamente el aborto y garantizar la igualdad de acceso sin barreras a servicios de aborto seguro”.
Asimismo, AI destacó la continua vulneración de derechos de las personas LGBTI, mujeres, pueblos indígenas y migrantes y refugiados.
“No respetaban ni protegían los derechos de las personas migrantes y refugiadas, lo que incluía negarles el derecho a solicitar asilo”, describió el informe sobre el país latinoamericano, donde se desplegaron tropas militares en las fronteras con Bolivia y Perú para “impedir la entrada irregular de personas que buscaban seguridad, lo que afectó principalmente a personas venezolanas”.
La postura de Chile sobre los proyectos mineros fue definida por AI como “incoherente”, ya que el Gobierno rechazó por un lado un proyecto por su impacto ambiental, pero aprobó otro, pese a la oposición de organizaciones ecologistas.
En este contexto, según informó AI, al concluir el año, “no se había aprobado una ley sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos”, aunque el Gobierno quiere redactar un protocolo de protección.
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