Por: Álvaro Zavaleta Sahr | Publicado: 31.03.2023
|Según el proyecto de ley Naín-Retamal, si existiera una manifestación en la que un carabinero recibiera una piedra, esto podría constituir una razón suficiente para poder asesinar al manifestante en base a una defensa personal.
La alcaldesa de Providencia afirmó hace poco que en el estallido social “si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque no tenían cómo defenderse”, atribuyendo los errores de las fuerzas del orden a las pocas herramientas y atribuciones disponibles.
Esta frase, aparte de lo equivocada que puede estar (debido a que la causa de la violencia ocurrida en el estallido no se explica monocausalmente por pocas atribuciones, y estas en realidad sí estaban claras en la ley), también es equivocada porque puede relativizar la violencia, afirmando que existen posibilidades de violar derechos humanos según la situación de las fuerzas de orden.
Esta declaración resulta igual de grave que relativizar la muerte de un carabinero, como pudo haber sucedido en el renombrado asesinato de Rita Olivares, pero esto fue condenado por la mayoría del espectro político y con aún mayor fuerza por parte de los sectores que representa Evelyn Matthei, la derecha. Una situación algo hipócrita de su parte, avalando cierta violencia (la realizada por Carabineros) y criticando otra (la efectuada en contra de ellos).
El presidente Boric le respondió a la alcaldesa, afirmando que relativizar violaciones a los derechos humanos “es peligroso para la democracia”. Porque la verdad es que sí: en cualquier democracia es diferente la legítima defensa que puede tener una fuerza de orden en caso de ataque personal comparado con una violación de un derecho humano.
La muerte de la carabinera y los hechos de violencia que han sucedido en las últimas semanas han activado la opinión pública, aumentando la preocupación en problemáticas de seguridad, acrecentando la presión sobre el mundo político. Por ello mismo, el Ejecutivo ha puesto en urgencia 16 proyectos de ley que buscan mejoras en seguridad, las cuales un 56% fueron indicadas como de suma urgencia, por lo que deben despacharse y discutirse en 15 días máximo.
Sin embargo, estas medidas también sufren de una lógica dual equivocada, con ideas y acciones bien similares a aquella declaración expresada por Matthei, donde la seguridad debe establecerse a costa de los derechos o libertades individuales de las personas. Obviamente, cuando analizamos las problemáticas podemos ver que estas propuestas no son completamente duales, pues también se realizan ciertas mejoras y cambios que son necesarios hace bastante tiempo, como la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que pueda concentrar funciones de información y coordinación de policías, siendo un proyecto de ley que lleva 17 años en discusión.
Pero algunos de estos proyectos llevan problemas graves que pueden afectar derechos fundamentales de las personas, motivando un mayor punitivismo que no necesariamente mejora la situación de seguridad, siendo preocupante cómo se aprueban proyectos a pesar de afectar estos derechos, estableciéndose un discurso que afirma necesario soltar estos derechos para buscar mayor seguridad.
Uno de los puntos más polémicos se encuentra en el proyecto de ley Naín-Retamal, resultando muy preocupante la existencia de una legítima defensa privilegiada, la cual es aplicada en situaciones en la que se produzca una agresión en la que «el funcionario estima razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva». Por lo que si existiera una manifestación en la que un carabinero recibiera una piedra, constituiría una razón suficiente para poder asesinar al manifestante en base a una defensa personal (ya que el funcionario sería aquel que estimaría razonable que ese acontecimiento puede tener potencialidad mortal o lesiva), pudiendo quedar potencialmente impune y, por tanto, motivando un menor cálculo y cuidado del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden.
La experta en seguridad ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, afirma que varios de estos proyectos son parte de un populismo punitivo, y que justamente alrededor de estos proyectos se está empezando a colocar un discurso que contrapone la restricción a la movilidad a la seguridad de las personas (varios parlamentarios apoyaron el establecer un Estado de Excepción en la RM). Esto no tiene mucho sentido para ella, señalando que existen indicadores que muestran que estas medidas no funcionan por sí solas, quedando demostrado con que Chile tuvo una de sus tasas de homicidio más altas durante el 2020, a pesar de la aplicación del Estado de Excepción.
En resumen, se deben revisar estos proyectos de ley. La agenda legislativa definitivamente necesita mejorar ciertos aspectos en la lucha contra la violencia, pero realizarlo a costa de derechos humanos de las personas puede llevar a mayor violencia y establece una lógica dual en la que se contrapone seguridad y los derechos humanos.
Aparte de eso, llevar adelante mayores penas contra la violencia no es la única y tampoco la mejor forma de combatirla. Esto se evidencia en avances en otras temáticas de seguridad, como lo sería la inmigración ilegal en el norte, la cual bajo este gobierno ha disminuido un 54,5% en comparación al año pasado, o la disminución de violencia rural en un 43% durante 2022, demostrándose que sí se puede mejorar sin pasar por arriba de los derechos humanos.
