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jueves, 27 de abril de 2017

Juan Emilio Cheyre y acusación judicial: "tuvo una tremenda responsabilidad en la Caravana de la Muerte", dice dirigente de DD.HH.

27/04/2017 |
Por Felipe Reyes
El general retirado esta siendo acusado en calidad de cómplice por una serie de homicidios que tuvieron lugar en octubre de 1973 en la ciudad de La Serena, cuando estaba destinado al regimiento Arica.
Este miércoles el ministro de la Corte de Apelaciones dedicado a casos de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet, Mario Carroza, confirmó la acusación contra Juan Emilio Cheyre en calidad de cómplice por una serie de homicidios que tuvieron lugar en octubre de 1973.

Carroza investiga la vinculación de Cheyre, quien fue comandante en jefe del Ejército,
en las actividades de la Caravana de la Muerte cuando era teniente. Concretamente, la realización de 15 homicidios y secuestros en el regimiento Arica, ubicado en La Serena.

Constatación

"Se dictó acusación contras todas aquellas personas que estaban ya procesadas con anterioridad, entre esos el general", explicó este miércoles el juez Carroza.

Al proceso le restarían al menos tres meses y con la decisión, el ministro descartó la opción de sobreseer al militar en retiro.
Tras ser procesado en julio del año pasado, Cheyre estuvo detenido como cómplice junto a otras 8 personas y luego fue liberado previo pago de una fianza de 1 millón de pesos.En octubre, volvió a declarar por esta arista tras lo cual presentó su renuncia al Servicio Electoral, entidad de la cual era consejero.
Cheyre, que estuvo como máxima autoridad del Ejército entre 2002 y 2006, alega inocencia por la presunta violación de derechos humanos. En entrevista de julio del año pasado  dijo que "me duele que matando a este personaje se mate la obra del Ejército por la reconciliación".

De acuerdo al sistema de justicia antiguo, ahora corresponde que la defensa de Cheyre presente sus descargos.

Reacciones

Conversamos con Ana Merino, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena, para saber su mirada de la acusación contra Juan Emilio Cheyre.

"Nosotros como organización vemos que Juan Emilio Cheyre tuvo una tremenda responsabilidad en la Caravana de la Muerte durante su paso por La Serena. Él ha estado diciendo todo este tiempo que es inocente, pero finalmente ha quedado establecida su responsabilidad", indica la dirigenta.

"Se trata de una caso importante donde el ministro Carroza jugó un rol relevante. Investigó, hizo reconstituciones de escena y llamó a declarar a personas nuevas, tanto víctimas como victimarios. Por muchos años este trabajo dejó de hacerse y hoy podemos ver los resultados que tanto las familias como nuestra organización esperábamos", explica Merino.

"La justicia ha tardado mucho, obligando a no enjuiciar a todos los responsables. Nos deja conformes el saber que no estábamos equivocados al decir que Juan Emilio Cheyre sí era responsable. Hoy la justicia nos da una esperanza de que el caso de Cheyre no quedará en la impunidad", expresó.

Consultamos a Héctor Salazar, abogado de Derechos Humanos, sobre la historia que rodea a Juan Emilio Cheyre.

"La situación actual se debe a información que no surgió de inmediato. Inicialmente su nombre se asociaba únicamente, pero no inmediatamente de que ocurrieron los hechos de los que se le acusa, es que en esos años servía en La Serena y que era el ayudante del Gobernador militar Lapostol. Más allá de esto no se sabía", opina el abogado.

"En los inicios tampoco aparecieron testimonios de afectados, luego fruto de la profundización de las investigaciones judiciales, y de la designación de jueces con dedicación exclusiva, sumado a testimonios que aparecen posteriormente. En los primeros años no manejábamos información que relacionara su nombre con estos hechos", revela Salazar.

"Actualmente sucede que, mirando esa época, de alguna u otra manera, muchos efectivos militares pudieron no estar directamente involucrados, pero muchos de ellos sabían lo que estaba ocurriendo. En estos años esta situación eran confesadas como actos de triunfo militar, entonces desde el punto de vista del conocimiento de los hechos hay un saber desde el mismo momento en que estos hechos ocurrieron por parte de las tropas militares que cumplieron misiones donde estos hechos ocurrieron", asegura el abogado.

Institución celebra amargo aniversario en medio del escándalo por el “pacogate”

El incómodo blindaje político de La Moneda al general Villalobos

por  27 abril, 2017
El incómodo blindaje político de La Moneda al general Villalobos
Basta con preguntar en Palacio por la situación de Carabineros y del general Bruno Villalobos, para que se haga evidente que el tema complica a sus inquilinos por varias y diversas razones. En el seno de La Moneda la imagen de la Presidenta codo a codo con el general director fue considerada un “exceso”, “demasiado”, totalmente “innecesaria”, que rompió con lo que hasta entonces se había establecido internamente, en cuanto a que, más allá de no sacarlo del cargo para no descabezar a la policía uniformada, las señales de respaldo siempre debían ser a la institución y no a la persona, punto que fue tratado en varias reuniones al más alto nivel en la sede del Ejecutivo.

Durante varios días de la semana, el orfeón de Carabineros ha estado instalado en la Plaza de la Constitución interpretando diversas melodías populares, desde las canciones de la chilena Mon Laferte hasta temas del ídolo Elvis Presley, todo en el marco de la conmemoración de los 90 años que hoy cumple la institución policial. Un aniversario amargo, complejo, inmerso inevitablemente en el cuestionamiento público que ha generado el “Pacogate” (fraude cometido –según se sabe hasta ahora– por 35 oficiales, por un monto de 16 mil 500 millones) y que ha obligado a La Moneda a blindar políticamente al jefe de dicho organismo, el general director Bruno Villalobos, decisión que no acomoda a todos en las filas de la administración bacheletista.
Este miércoles 26, en primera fila, la Presidenta Michelle Bachelet, el general director de Carabineros y el ministro del Interior, Mario Fernández, encabezaron la ceremonia de condecoración “De servicio de la Presidencia de la República” año 2017, que se concede a los oficiales y personal de nombramiento institucional que han prestado servicios en el Palacio de Gobierno, durante un periodo ininterrumpido no inferior a tres años.
Mientras el general director se retiró sin hacer declaraciones tras departir en el cóctel de rigor, Fernández dijo que “durante toda esta crisis ha visto muy bien y muy responsable” a Villalobos, que él “ha afrontado la tarea de reestructurar la institución sin que disminuya la intensidad del trabajado, he sido testigo de un trabajo acucioso y prolijo”.
El 18 de abril, la Mandataria inauguró la comisaría de Chiguayante, flanqueada por Villalobos, oportunidad en que ambos hablaron de los problemas que atraviesa la institución y coincidieron en apuntar a los culpables como traidores.
“No permitiremos que por unos cuantos que han traicionado el espíritu de Carabineros se pierda la merecida confianza que nuestros compatriotas tienen en la institución (…). La Justicia hará su tarea con rigor –así como la institución– para asegurar que estos hechos no queden impunes y no se repitan, y el Gobierno está disponible para colaborar en las reestructuraciones que sean necesarias", sentenció la Jefa de Estado esa mañana.
Previo a su discurso, el general dijo que “nuestra institución atraviesa complejos momentos, muchos ciudadanos nos miran con desconfianza, pero créanme que el trabajo cotidiano y la entrega a la comunidad de estos carabineros honestos requiere toda la confianza, respeto y colaboración (…) no podemos permitir que unos pocos traidores destruyan la positiva relación que, durante tantos años, se ha construido entre la comunidad y los carabineros que trabajan en el territorio".
En el seno de La Moneda la imagen de la Presidenta codo a codo con Villalobos fue considerada un “exceso”, “demasiado”, totalmente “innecesaria”, que rompió con lo que hasta entonces se había establecido internamente, en cuanto a que, más allá de no sacarlo del cargo para no descabezar a la policía uniformada, las señales de respaldo siempre debían ser a la institución y no a la persona, punto que fue tratado en varias reuniones al más alto nivel en la sede del Ejecutivo.
“Sí, ha habido un exceso de blindaje, es totalmente impopular además, pero se privilegió que la institución no se vea afectada”, asumieron desde Interior.

Las dudas

Basta con preguntar en Palacio por la situación de Carabineros y del general Villalobos, para que se haga evidente que el tema complica a sus inquilinos por varias y diversas razones. Nadie desconoce en el Gobierno la inclinación y respeto que profesa la Presidenta Bachelet por las instituciones uniformadas, considerando su propia biografía, al haber sido criada al alero de la llamada “familia militar”, algo que, en más de una ocasión y nuevamente con este caso, ha generado incomodidad interna en su administración.
La incomodidad al blindaje de Villalobos pasa también en el Ejecutivo por la “sensación ambiente” de que la relación de confianza que el general tiene desde hace varios años con la Mandataria, ha pesado de cierta forma en la toma de decisiones, igual como sucedió en su momento con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, y su ex brazo derecho, Rodrigo Peñailillo. Una tendencia que –internamente en la administración bacheletista– le reclaman a la Mandataria: no separar a tiempo las lealtades personales de las decisiones políticas.
Pero en este caso va más allá de un asunto ideológico, como algunos consideran en el Gobierno que es la relación de la centroizquierda con el mundo uniformado. En La Moneda sentencian, una y otra vez, que la Mandataria y el ministro Fernández tienen “la convicción absoluta y total” de que el general Villalobos carece de toda responsabilidad en lo sucedido al interior de Carabineros. Y, menos, que esté involucrado en alguno de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos de que se culpa a los oficiales encausados. Asimismo, valoran su esfuerzo por transparentar los hechos. Es más, son categóricos en recalcar que, si la Presidenta no tuviera esa certeza, no lo haría blindado como lo hizo.
Pero la incomodidad interna en el Gobierno se sustenta en que no todos comparten la misma convicción irrestricta de la Presidenta Bachelet y el ministro Fernández hacia la figura del jefe de la institución policial. En el seno de La Moneda explicaron que en todo este caso hay “preguntas sin respuesta” ante el hecho de que el general Villalobos cumplió funciones como jefe de inteligencia de Carabineros, entonces, no les cuadra que no supiera nada y, si no lo sabía, consideran que significa que no cumplió correctamente sus funciones.
Entre los defensores del general en el Ejecutivo explican que ese argumento no tiene sustento, que refleja un desconocimiento de las funciones que cumple la unidad de inteligencia, abocada a materias como terrorismo y drogas, no a la fiscalización de asuntos internos de la policía. Pero en Palacio consideran un arma de doble filo haber hecho una defensa cerrada de Villalobos, porque, como el escándalo del “pacogate” se ha conocido por capítulos y ante la posibilidad de que aumente tanto el monto de la estafa como el número de involucrados en los próximos meses, al alero del trabajo de la comisión investigadora que estableció la Cámara de Diputados, temen que La Moneda pueda quedar salpicada erróneamente, como ya le ha sucedido en el pasado con este tipo de apoyos.
El tema es delicado, al interior del gobierno se trata con pinzas, precisamente porque todos reconocen que mucho margen de acción para la Mandataria no existía y haber apostado por sacar al general director, para instalar a uno nuevo, en el último tramo del mandato, generaba un escenario más complicado aún. Remover a Villalobos, advirtieron en el Gobierno, solo iba a debilitar más a Carabineros, la institución –hasta antes de este caso– más respetada por la ciudadanía, la responsable directa de la seguridad interna y ciudadana, es decir, habría sido un riesgo demasiado alto.
“Se decidió trabajar con lo que se tiene, salir de la situación y avanzar institucionalmente con alguien conocido y no experimentar a estas alturas”, sentenciaron en el Ministerio del Interior. Mañana viernes 28, el general director debe presentar al ministro Fernández la propuesta de reestructuración de la policía uniformada, que tuvo que incorporar –por orden gubernamental– modificaciones legales de fondo al manejo administrativo y financiero de la institución, para instalar sistemas de control internos efectivos, capaces de detectar y frenar casos futuros de corrupción, fraude e irregularidades.
El diálogo de Villalobos por el “pacogate” ha sido siempre con el ministro Fernández, mientras que el subsecretario Mahmud Aleuy se marginó del tema, debido a la compleja experiencia que tuvo el 2015 con la policía uniformada, tras el caso del estudiante Rodrigo Avilés, golpeado por el chorro de un carro lanzaguas en las manifestaciones de ese 21 de mayo en las calles de Valparaíso, que lo dejó por una semana con riesgo vital. En esa ocasión, la autoridad PS emplazó públicamente a Carabineros a dar explicaciones de lo sucedido en 24 horas, lo que tensionó en exceso las relaciones entre el Ejecutivo y la policía, por lo cual el entonces ministro Jorge Burgos puso paños fríos para apaciguar la molestia en los altos mandos de la institución.
Si bien las máximas jefaturas de Carabineros y la PDI se entienden siempre directamente con el titular del Interior, lo cierto es que en La Moneda comentaron que es efectivo que Aleuy tomó distancia, en esta ocasión, para evitar suspicacias de cualquier índole ante lo delicado del caso.
Hay un cuestionamiento interno en el Gobierno al manejo que ha tenido el general director de la policía uniformada, explicaron que comunicacionalmente ha sido errático y se expone públicamente demasiado, pecando de un excesivo personalismo. No fue bien vista la salida de libreto que tuvo en el Patio de Los Cañones con los periodistas, tras una reunión en el Ministerio del Interior, cuando les reclamó: “No hagan un festín de la situación que estamos viviendo. Nosotros estamos en una crisis y lo he reconocido desde el primer día, pero eso no basta para que hagan un festín de la situación que está viviendo Carabineros”.
No solo fue ese caso. Tampoco ha sido bien evaluado que el millonario fraude y sus dimensiones se sigan conociendo a capítulos, sin claridad total aún respecto de sus ramificaciones. A ello se suma que, a principios de esta semana, Villalobos presentó ante tribunales una querella a título personal por la millonaria malversación de recursos públicos que representa el “pacogate”, la que 48 horas después fue declarada inadmisible, debido a que no corresponde que el general director de Carabineros se haga parte del caso como víctima, en circunstancias que es el representante de la institución.
A pesar de las declaraciones públicas de rigor que el lunes dio al respecto la ministra vocera, Paula Narváez, que calificó el hecho como un intento por dar una señal de claridad en un caso tan relevante, línea que fue acordada en el seno del comité político de Palacio, en el Gobierno cayó mal la maniobra del uniformado y fue considerada errática.
La incomodidad al blindaje de Villalobos pasa también en el Ejecutivo por la “sensación ambiente” de que la relación de confianza que el general tiene desde hace varios años con la Mandataria, ha pesado de cierta forma en la toma de decisiones, igual como sucedió en su momento con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, y su ex brazo derecho, Rodrigo Peñailillo. Una tendencia que –internamente en la administración bacheletista– le reclaman a la Mandataria: no separar a tiempo las lealtades personales de las decisiones políticas.
Durante el primer Gobierno de Bachelet, Villalobos se desempeñó como jefe del Departamento de Seguridad de la Presidencia hasta noviembre de 2007. Al año siguiente, Bachelet lo ascendió a general y luego, de vuelta en La Moneda, en el 2015 lo designó general director de la institución.
Bajo su mando han estado la guardia de Palacio y la escolta presidencial, funciones que cimentaron la alta confianza existente entre ambos, al punto que no pocos lo señalan como parte del círculo más cercano de la Jefa de Estado, al igual que otras figuras, como el principal asesor de contenidos de la Presidenta, Pedro Güell, y la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte. El general siempre tuvo una relación fluida y expedita con la ex ministra Blanco, lo mismo que con Peñailillo.
En el entorno de la Presidenta consideraron una “interpretación mañosa” atribuir a la confianza mutua que hay entre ella y Villalobos el sustento del blindaje político de La Moneda, que precisamente lo cuestionan por esa cercanía y que la Mandataria no se confunde, que siempre ha terminado haciendo lo que debe cuando los hechos son irrefutables.
El 8 de mayo, a las 15:30 horas, el general Villalobos deberá asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. A nivel parlamentario, en el oficialismo se ha tratado de mantener cierta distancia del blindaje al jefe de la policía uniformada, precisamente porque entienden que se debe proteger el liderazgo de la institución, pero no muchos comulgan con las excesivas muestras de apoyo, al tiempo que señalan que la tarea de la Cámara Baja es distinta, determinar efectivamente las fallas de los controles internos en Carabineros, así como las responsabilidades que competen por acción u omisión en el “pacogate”.

ABRAMOS LAS PUERTAS DEL ESTADIO VÍCTOR JARA - SITIO DE MEMORIA - 27 DE ABRIL 2017

Jueves 27 de abril 2017.
Patricio Véjar
Estimados amigos y amigas,
La Coordinadora Estadio Víctor Jara (Fundación Víctor Jara, Agrupación de familiares de ejecutados políticos, Corporación Solidaria UTE - Usach,l Red de Sitios de Memoria) tiene el agrado de invitar cordialmente a cada uno de ustedes al evento "Abramos las puertas del Estadio Víctor Jara, Sitio de Memoria", que se realizará el día jueves 27 de abril a las 18:00 hrs.
Además, ampliamos la invitación a quienes desean colaborar como voluntarios en la limpieza del pasaje Arturo Godoy con el fin de dignificar dicho espacio. Nos reuniremos el mismo día a partir de las 15:30 hrs, afuera del Estadio Víctor Jara, ubicado en Arturo Godoy # 2750, Santiago. (metro ULA).
Esperamos contar con su presencia.
Saludos cordiales desde la Fundación Víctor Jara,
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QUEREMOS EL CIERRE DE PUNTA PEUCO


Jueves 27 de abril 2017.
37 TRIGESIMA SEPTIMA VUELTA POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO FIN A LOS BENEFICIOS A LOS VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS Y CIERRE DE PUNTA PEUCO. VIERNES 28 DE ABRIL A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
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OPINIÓN

Autor Imagen

Cristián Labbé y Harry Cohen: ¿hubo antisemitismo en la dictadura chilena?

por  27 abril, 2017

A pesar de las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y fines de los ochenta, la dictadura chilena estuvo libre de antisemitismo. A diferencia del caso argentino, donde los perseguidos políticos de origen judío fueron tratados con particular saña por los agentes represivos del Estado, y donde se calcula que una décima parte del total de detenidos desaparecidos eran judíos, los militares chilenos respetaron los derechos de esta colectividad y evitaron cualquier expresión que pudiera ser considerada antisemita. Los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de origen judío lo fueron en razón de su militancia política y no de su origen étnico o de sus creencias religiosas. Tal fue el caso de los comunistas Ernesto Traubman, Georges Klein Pipper, Carlos Berger y Daniel Silberman y de los miristas Luis Alberto Guendelman, Jorge Müller y Juan Carlos Perelman, asesinados y hechos desaparecer por miembros del Ejército entre septiembre de 1973 y febrero de 1975. Lo mismo cabe decir respecto del comunista Abraham Muskatblit y de los frentistas José Valenzuela Levi y Recaredo Valenzuela Pohorecky, asesinados por la CNI en la segunda mitad de los años ochenta, y del líder frentista Raúl Pellegrin Friedmann, ejecutado por un grupo de carabineros pocos días después del plebiscito de 1988. Todos ellos fueron perseguidos y asesinados a raíz de su militancia política, no de su judeidad.
Esta visión, ampliamente difundida, sólo es desafiada por el caso de Diana Arón. Esta periodista y militante del MIR, que tras la Guerra de los Seis Días (1967) había viajado a Israel para imbuirse del colectivismo de los kibbutzim, fue secuestrada por agentes de la DINA en noviembre de 1974, mientras caminaba por Avenida Ossa rumbo a casa de unos amigos. Tras resistirse a la captura, fue baleada por la espalda y llevada a Villa Grimaldi, donde fue torturada brutalmente por el brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchenko y luego hecha desaparecer. De acuerdo al testimonio del “Guatón” Romo, Krassnoff acuchilló a Diana Aron en el vientre, causándole una fuerte hemorragia y la pérdida del feto que esperaba, y al salir de la sala donde la torturaba, con las manos ensangrentadas, exclamó “además de marxista, la conchesumadre es judía, ¡hay que matarla!”. Por su secuestro, tortura y posterior desaparición, el juez Alejandro Solís condenó a Krassnoff a quince años de cárcel.
Según Ángel Kreiman, Gran Rabino de Chile durante los años setenta y ochenta, y conocido entre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por su participación en el Comité Pro Paz y sus vínculos con la Vicaría de la Solidaridad, “la Junta en general y Pinochet en especial, eran exacerbadamente cautelosos con no ser confundidos con antisemitas y así es que tuvieron especial trato con hacer aparecer desaparecidos judíos o facilitar la salida de presos políticos judíos”. Las principales motivaciones de Pinochet, en este sentido, habrían sido evitar conflictos con el gobierno estadounidense y con importantes organizaciones judías asentadas en ese país, y mantener relaciones cordiales con la colectividad chilena, de la que formaban parte importantes hombres de negocios.
Sin embargo, el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que procesa al coronel (r) Cristián Labbé en calidad de autor del delito de aplicación de tormentos en contra de Harry Cohen Vera y otras tres personas, invita a reconsiderar una parte de nuestro conocimiento histórico sobre la dictadura y plantea nuevas interrogantes sobre la represión de personas judías. Según el ministro instructor, Álvaro Mesa Latorre, en el contexto de la “Operación Peineta” que el Ejército llevó a cabo en la precordillera valdiviana a fines de 1973 en busca de opositores al régimen, un grupo de hombres fue torturado por el entonces capitán Labbé en la escuela de Panguipulli, habilitada entonces como centro de detención. Entre ellos se encontraba Harry Cohen Vera, quien a pesar de no tener militancia política y de ser detenido en medio de una visita familiar, fue interrogado y sometido a tormentos por miembros del Ejército. Según se ha acreditado, mientras Labbé torturaba a Cohen con descargas eléctricas, se burlaba persistentemente de su origen judío.
Para quienes siguen de cerca los procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, el procesamiento de Labbé por torturas en contra de Harry Cohen no es una sorpresa. En el pasado ya ha sido vinculado a casos similares, siendo procesado por asociación ilícita en una de las investigaciones judiciales sobre torturas en el regimiento Tejas Verdes. Lo que resulta novedoso es la aparición de este componente antisemita, que cuestiona la narrativa predominante respecto de la actitud de la derecha hacia los judíos durante la dictadura. Y la cuestiona porque durante las últimas décadas Labbé no fue una figura situada en los márgenes de una extrema derecha ni tampoco alguien cercano a círculos abiertamente antisemitas (como los aglutinados en torno a Miguel Serrano) sino que, por el contrario, fue un fiel representante del establishment político de la derecha y de la “familia militar”. Su desempeño como ministro Secretario General de Gobierno de Pinochet y como alcalde de una de las comunas más emblemáticas del país en representación de la UDI, dan fe de ello. Paradójicamente, como parte de ese establishment y alcalde de Providencia, fue invitado a participar en más de una ocasión de la ceremonia de encendido de velas de Janucá en el Parque de las Esculturas, oportunidades en las que declaró su amistad con el pueblo judío.
Como me señalara uno de los entrevistados para mi tesis doctoral, la aparición de este componente antisemita entre las prácticas represivas de la dictadura no debiera ser visto como algo particularmente sorpresivo, pues ello es coherente con la identidad política de una parte importante de la derecha chilena, profundamente autoritaria y antidemocrática. Esa parte de la derecha, que de tanto en tanto figura públicamente por su defensa de Pinochet o por relativizar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante “el gobierno militar”, es la que se ve encarnada en la figura del coronel (r) Labbé. En tal sentido, no está demás recordar que en noviembre de 2011 éste organizó un controvertido homenaje a su amigo Miguel Krassnoff en el Club Providencia, homenaje que le costó su carrera política, que puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y que dividió aguas al interior de la derecha, entre un sector de inclinación democrática y otro irreductiblemente pinochetista.
 El caso Labbé-Cohen está lejos de ser una simple anécdota dentro la historia de la dictadura cívico-militar. En mi opinión, este episodio pone de manifiesto la importancia de profundizar nuestro conocimiento histórico sobre las actitudes de la derecha chilena hacia los judíos durante el siglo XX.
El caso Labbé-Cohen está lejos de ser una simple anécdota dentro la historia de la dictadura cívico-militar. En mi opinión, este episodio pone de manifiesto la importancia de profundizar nuestro conocimiento histórico sobre las actitudes de la derecha chilena hacia los judíos durante el siglo XX. Dependiendo de los actores en juego (conservadores, liberales, fascistas, militares, curas, empresarios) y del momento histórico en cuestión (los años treinta, cuando miles de judíos migraron a Chile huyendo del nazismo; los sesenta, cuando el genocida alemán Walter Rauff fue detenido en Punta Arenas, abriéndose un proceso de extradición; o los años de dictadura, por mencionar los más significativos), tales actitudes variaron entre la hostilidad, la indiferencia, la cautela y el respeto. Y en todo momento, ellas dejaron entrever cuestiones identitarias más profundas, vinculadas al compromiso de estos actores con la democracia.

miércoles, 26 de abril de 2017

Otro problema en Carabineros: Justicia declara inadmisible querella de general Villalobos por fraude en la institución

26/04/2017 |
Según estimó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la autoridad policial no puede hacerse parte del caso como víctima y tener acceso a la investigación e incluso pedir diligencias.
La justicia declaró inadmisible la querella presentada por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, luego que interpusiera -como persona natural- un libelo en la causa por el millonario desfalco al interior de la institución.

Según estimó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la autoridad policial no puede hacerse parte del caso como víctima y tener acceso a la investigación e incluso pedir diligencias.

Recordemos que ya el martes el mismo juez del 7JGS había pedido precisiones en el documento, para lo cual devolvió la querella.

Pero lejos de admitir a trámite el recurso, el magistrado Cristián Sánchez lo rechazó por falta de legitimación activa.

Por homicidio y secuestro de 15 personas en octubre de 1973

Juez Carroza acusa como cómplice al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en el caso Caravana de la Muerte

por  26 abril, 2017
Juez Carroza acusa como cómplice al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en el caso Caravana de la Muerte
"Estamos ad portas de que se dicte la sentencia de primera instancia y finalmente las víctimas de La Serena, a pesar de todo el poder del Ejército, de parte de la autoridad civil que han apoyado con fiereza a Juan Emilio Cheyre, deben aceptar esta resolución de los tribunales en el marco de un justo y debido proceso", dijo el abogado querellante en la causa Cristián Cruz.

El juez Mario Carroza a cargo del caso conocido como Caravana de la Muerte, dictó una resolución en la que acusa como cómplice del secuestro y homicidio de 15 personas al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre.
"Se dictó acusación respecto a las personas que fueron ejecutadas en el regimiento Arica, de La Serena.Se dictó acusación contras todas aquellas personas que estaban ya procesadas con anterioridad, entre esos el general.Hoy se le da traslado a los querellantes y luego presentarán sus defensas las personas sobre las cuales se ha dictado acusación. Luego vendrá la prueba y la sentencia definitiva que tengo que dictar, donde deberé hacerme cargo de los argumentos de la defensa.", aseguró el magistrado.
Los hechos ocurrieron en octubre de 1973 en el regimiento de La Serena cuando Cheyre era teniente y el grupo conocido como Caravana de la Muerte, encabezado por el general Sergio Arellano Stark, que recorrió el país asesinando opositores a la dictadura, llegó a esa ciudad para eliminar a 15 personas. Al menos dos víctimas reconocieron a Cheyre como participante en las torturas al interior del recinto militar.
En este contexto, Cheyre fue procesado en julio del año pasado y estuvo detenido en el batallón de Policía Militar, pero salió en libertad después de pagar una fianza de un millón de pesos.
"Recibimos esta acusación con beneplácito, ciertamente que Juan Emilio Cheyre debe en su oportunidad ingresar a prisión para cumplir condena de cárcel efectiva por estos crímenes. Esto demuestra que su defensa no tiene ningún fundamento en los hechos. Es más, cuando alguien está convencido de su inocencia, la manera es apelar, es irse de recurso de amparo y nada esto hizo el señor Cheyre. Estamos ad portas de que se dicte la sentencia de primera instancia y finalmente las víctimas de La Serena, a pesar de todo el poder del Ejército, de parte de la autoridad civil que han apoyado con fiereza a Juan Emilio Cheyre deben aceptar esta resolución de los tribunales en el marco de un justo y debido proceso", dijo el abogado querellante en la causa Cristián Cruz.

QUEREMOS EL CIERRE DE PUNTA PEUCO


miércoles 26 de abril 2017.
37 TRIGESIMA SEPTIMA VUELTA POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO FIN A LOS BENEFICIOS A LOS VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS Y CIERRE DE PUNTA PEUCO. VIERNES 28 DE ABRIL A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
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ABRAMOS LAS PUERTAS DEL ESTADIO VÍCTOR JARA - SITIO DE MEMORIA - 27 DE ABRIL 2017


Estimados amigos y amigas, 

La Coordinadora Estadio Víctor Jara (Fundación Víctor Jara, Agrupación de familiares de ejecutados políticos, Corporación Solidaria UTE - Usach,l Red de Sitios de Memoria) tiene el agrado de invitar cordialmente a cada uno de ustedes al evento "Abramos las puertas del Estadio Víctor Jara, Sitio de Memoria", que se realizará el día jueves 27 de abril a las 18:00 hrs.

Además, ampliamos la invitación a quienes desean colaborar como voluntarios en la limpieza del pasaje Arturo Godoy con el fin de dignificar dicho espacio. Nos reuniremos el mismo día a partir de las 15:30 hrs, afuera del Estadio Víctor Jara, ubicado en Arturo Godoy # 2750, Santiago. (metro ULA).

Esperamos contar con su presencia. 

Saludos cordiales desde la Fundación Víctor Jara,

Amarrados a rieles, fueron transportados desde Peldehue a Quintay en un helicóptero Puma

Viaje al fondo del mar: el macabro destino de los cinco frentistas que Pinochet ordenó asesinar en 1987

por  26 abril, 2017
Viaje al fondo del mar: el macabro destino de los cinco frentistas que Pinochet ordenó asesinar en 1987
El ex agente Arturo Sanhueza, “El Huiro”, actualmente prófugo para evitar entrar a cumplir su condena por estos crímenes, ordenó conseguir los rieles de tren para atarlos a sus cuerpos.




Esa mañana de septiembre de 1987, el mayor Víctor Campos Valladares acudió temprano a la oficina de su comandante, el coronel Rodolfo Sánchez Rubio.
–Usted debe presentarse urgente con el comandante del Comando de Aviación del Ejército en el aeródromo de Tobalaba en Santiago –le ordenó Sánchez en su despacho del Regimiento de Aviación del Ejército en Rancagua–. Le tengo un avión dispuesto para que viaje ahora –agregó.
El mayor Campos quiso conocer el motivo de la urgencia, pero Sánchez le respondió que se lo dirían en Tobalaba. No insistió en la pregunta, intuyó algo complejo y reservado. Había aprendido a no preguntar mucho en esos tiempos.
En la misma mañana el mayor aterrizó en el aeródromo. Campos se reconocía él mismo como el piloto más antiguo y experto para volar los helicópteros Puma. Y uno de confianza del general Augusto Pinochet. Por eso presumía de ser el que más había volado el Puma destinado al comandante en Jefe y su familia.
–Vengo de una reunión en La Moneda con el general Pinochet y el mayor Álvaro Corbalán –le dijo el coronel Aquiles Navarrete Izarnótegui, jefe del Comando de Aviación del Ejército (CAE), que todavía operaba en Tobalaba.
Enseguida, le explicó el asunto: en la reunión con Pinochet y Corbalán, Campos había sido designado como el que, a bordo del Puma que pilotaría, debía hacer desaparecer unos documentos que permanecían en el cuartel Borgoño de la CNI. Se requería sacarlos con urgencia.
Para eso debía designar a su copiloto y no llevar mecánico a bordo, como era reglamentario en cualquier vuelo de los Puma SA-330. Sin tener que preguntar más, al mayor Campos le empezó a cuadrar la misión.
Cuando el coronel Navarrete le dio la última orden, ya no tuvo ninguna duda de que lo que le estaban ordenando era algo oscuro.
Campos era incondicional a Pinochet y su familia. Con ellos había pasado momentos gratos en los múltiples viajes pilotando el Puma destinado al jefe del Ejército. Por eso no le cuadraba que Pinochet lo hubiese elegido a él para esa extraña misión. Siempre sintió que el comandante en Jefe le tenía aprecio. Por un momento caviló en positivo que se trataba de una misión archisecreta para el bien de Chile y que, por eso, Pinochet había pensado en él.
Pero esa luz positiva le duró hasta que el comandante Navarrete le dio la última orden:
–A las 06.00 de mañana debe despegar desde Tobalaba y volar hasta el campo militar de Peldehue. Ahí hará contacto radial con unos señores del Cuartel Borgoño que lo estarán esperando en unas camionetas, ellos son los que llevan los documentos.
Peldehue y Puma eran términos que, al ser escuchados en conjunto entre la gente del CAE, ya sabían de qué se trataba. Aunque muchos mintieran en los tribunales diciendo que jamás supieron el significado de estas palabras en los tiempos de la DINA.
Campos designó al capitán Hugo Barría Rogers como su copiloto en aquel desaparecimiento de documentos. Según le había explicado el comandante del CAE, coronel Navarrete, esa fue la palabra utilizada por el general Pinochet en la reunión con Álvaro Corbalán en La Moneda.
Los cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron elegidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI) de manera no muy científica. Los secuestraron entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 en distintos puntos de Santiago. La CNI destinó para su seguimiento y captura a más de doscientos hombres distribuidos en distintas brigadas. En cada brigada operaban diez o más equipos de trabajo de tres a cuatro agentes cada uno.
El objetivo inicial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que en 1987comandaba el general Hugo Prado Contreras, fue mantener a los cinco militantes como rehenes para canjearlos por el coronel de Ejército Carlos Carreño, segundo en el mando de la Fábrica de Armas y Maestranza del Ejército (Famae). A este el Frente lo había secuestrado ocho días antes.
Pero en aquella reunión en La Moneda, como lo declaró Corbalán en la investigación judicial, Pinochet dijo tajante: “Con los terroristas el Ejército no transa”. Y dio la orden de eliminar a los cinco prisioneros.
Pinochet estaba además presionado por sus generales. Estos se reunieron de urgencia tras el secuestro de Carreño, incluido el general Hugo Salas Wenzel, director de la CNI. En la reunión los generales exigieron a Salas que la CNI actuara con “más rigurosidad” y dureza contra el Frente, como lo admitió Salas Wenzel en el proceso.
Los cinco militantes secuestrados, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, no tenían nada que ver con el secuestro del coronel Carreño. De acuerdo a las fuentes consultadas para esta crónica, todos eran además militantes del Partido Comunista, a pesar de que en 1987 ya se había producido la ruptura entre el Partido Comunista y el FPMR, fundado en 1983.
Peña Maltés y Muñoz Otárola eran además oficiales del partido con formación militar.
Mientras tanto, los cinco detenidos permanecían en un calabozo en el subterráneo de Borgoño. Allí fueron interrogados varios días por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), organismo ejecutor de la Dirección de Inteligencia del Ejército. El mismo jefe del BIE, coronel Julio Cerda Carrasco, junto al jefe de la DINE, general Prado Contreras, dirigieron el actuar del Ejército en este caso.

¡A cortar los rieles!

En el subterráneo del Cuartel Borgoño, El Huiro llamó a sus agentes CNI, Manuel Ramírez Montoya y Pablo San Martín, chapa de Luis Santibáñez Aguilera.
–Tienen que conseguir un riel y cortarlo en cinco pedazos, esta noche se van los huevones –recuerda Santibáñez, en la investigación judicial, la orden dada por El Huiro.
Ramírez Montoya sostiene que le respondió respetuosamente: “Pero, jefe, los rieles no se cortan con serrucho, es mejor ordenarlos al taller del Cuartel Loyola con Mangieri, el jefe del taller”.
Así se hizo y los rieles se ordenaron al Cuartel Loyola, que operaba en la comuna de Quinta Normal.
El Puma se elevó y desde la cima del cerro bajó hacia el suroeste. Cruzó las ciudades de Limache, Villa Alemana, Quilpué y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y enfiló directo a la caleta Quintay. A una velocidad de 120 nudos se internó mar adentro por espacio de diez minutos. Fue descendiendo hasta llegar a una altura de cinco metros sobre el mar. Presumiblemente fue Krantz Bauer quien le ordenó reducir la velocidad a unos 10 nudos. En el tablero de instrumentos a Campos se le encendió una luz que indicó Doors. Una de las puertas del Puma se abrió y los agentes arrojaron los cinco cuerpos.
El capitán Arturo Sanhueza Ross, El Huiro, de chapaRamiro Droguett Aránguiz, era uno de los agentes más disciplinados, inteligentes y activos en la represión de opositores a la dictadura. Estuvo presente en los principales crímenes cometidos por la CNI. Recurrentemente se autocalifica como combatiente frente a otros combatientes, su modo de entender los crímenes ocurridos. Desde hace unos días se encuentra prófugo de la justicia, para evitar entrar a cumplir una condena de prisión efectiva de 5 años y 1 día por los crímenes de los cinco militantes de izquierda.
¿Cómo murieron los cinco jóvenes? La investigación judicial no logró establecerlo con certeza. Unos declararon que los inyectó El Quincy, el paramédico Mateo Tapia Flores, quien se suicidó en 1998. Tampoco se estableció si solo los adormeció o les inyectó una sustancia letal.
Otros, como el rodriguista Max Díaz Trujillo, uno de los condenados por el secuestro del coronel Carreño e indultado en 1993, afirma en el proceso que, al momento de detenerlo en diciembre de 1987, El Huiro le dijo que les abrieron el estómago a punta de cuchillo.
Una madrugada de septiembre de 1987, el jefe de la Unidad Antiterrorista (UAT) de la CNI, teniente coronel Rodrigo Pérez Martínez, recibió por el beeper una llamada del jefe del Cuartel Borgoño, Álvaro Corbalán.
Este le ordenó trasladarse de inmediato a Borgoño con una camioneta. Llegando al cuartel, Corbalán le dio la orden de que se comunicara con el capitán Francisco Zúñiga Acevedo, él le indicaría su misión.
César Sanz Urriola, chapa del jefe de la UAT, arribó a Borgoño antes de clarear el alba. Ubicó a Félix Catalán Cueto, también conocido como El Gurka, y el capitán de Carabineros Zúniga Acevedo le dio la orden:
–Hay que sacar unos bultos del subterráneo y cargarlos en la camioneta. Llévelos a Peldehue, ahí lo estarán esperando –le ordenó. No le dijo más. Estaba claro. Tampoco el jefe de la UAT necesitó preguntar más. El viaje al campo militar de Peldehue desde los centros de detención era el recorrido usual. Lo había sido por años bajo el reinado de la DINA.
A la operación de carga se unió el capitán Gonzalo Asenjo Zegers, de chapa Juan Carlos Catán Caroca. Este había cumplido varias funciones en la CNI y se le consideraba una de las cabezas inteligentes de la Central. Había integrado la División Antisubversiva “Bernardo O´Higgins”, que un tiempo estuvo al mando de Corbalán Castilla, antes de transformarse en el jefe máximo de la CNI en la Región Metropolitana.
“Cada uno de los cinco bultos estaba constituido por dos sacos paperos, cosidos al centro y estaban muy pesados”, declaró Pérez Martínez en la investigación judicial.
El Gurka apuró la maniobra: “¡Rápido, los esperan en Peldehue!”, les gritó.
Cargados los documentos que Pinochet ordenó hacer desaparecer, el jefe de la UAT se sentó al volante y Asenjo Zegers fue de copiloto. Atrás, en la parte cubierta de la camioneta, subió El Gurka, encargado de supervigilar el traslado a Peldehue de los cuerpos de los rodriguistas. Junto a él subió otro agente. Los cinco militantes iniciaban el camino hacia su destino final.

El vuelo

El portón de ingreso al campo militar de Peldehue se hallaba abierto y la guardia de entrada no estaba. La camioneta Ford modelo Econoline ingresó unos metros y se detuvo en un espacio amplio y despejado. Cinco agentes de civil vestidos con ropa deportiva se acercaron al vehículo. Uno de ellos era El Huiro. Otro, el comandante de las Brigadas Verde-Azul fusionadas para reprimir al FPMR, el capitán Krantz Bauer Donoso, chapa Óscar Hernández Santa María (Bauer falleció de muerte natural en 2012, mientras que El Gurka y Asenjo Zegers se suicidaron en 1991 y 2006, respectivamente).
Estuvieron unos minutos intercambiando opiniones acerca del operativo. Pronto, por el oriente se perfiló la figura del Puma pilotado por el mayor Víctor Campos.
Cargaron los cuerpos y el Puma partió rumbo a la Región de Valparaíso. Además del piloto y copiloto, a bordo van Zúñiga, Sanhueza, Krantz Bauer y dos agentes no identificados hasta ahora.
El helicóptero enfiló hacia el norponiente en dirección a Olmué. Había mal tiempo y la nubosidad impidió a Campos continuar el vuelo.
El piloto aterrizó sobre la cima de un monte en la zona de Olmué, esperando mejores condiciones climáticas para dar cumplimiento a la misión. Todos se bajaron de la nave. Conversan vaguedades, porque el objetivo final está claro. El piloto se comunicó frecuentemente por radio para conocer la evolución de las condiciones del tiempo. Al único de aquellos cinco agentes que subieron al helicóptero en Peldehue que Campos reconoció posteriormente, en la investigación judicial, fue a Arturo Sanhueza.
Transcurrida una hora y media, las condiciones meteorológicas mejoraron y el piloto ordenó volver a bordo. De reojo, en la parte posterior de la nave, había logrado divisar los cuerpos ensacados y cubiertos ahora por bolsas negras plásticas. Antes de partir desde el aeródromo de Tobalaba, al Puma le quitaron algunos asientos para hacerles espacio a los documentos. Fue lo usual para dar cabida a los centenares de cuerpos de prisioneros lanzados al mar en decenas de vuelos de los helicópteros Puma bajo el mando de la DINA, entre 1974 y 1977. Así lo admiten varios de los suboficiales mecánicos que hicieron esos vuelos, a algunos de los cuales les correspondió arrojar los cuerpos.
El Puma se elevó y desde la cima del cerro bajó hacia el suroeste. Cruzó las ciudades de Limache, Villa Alemana, Quilpué y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y enfiló directo a la caleta Quintay.
A una velocidad de 120 nudos se internó mar adentro por espacio de diez minutos. Fue descendiendo hasta llegar a una altura de cinco metros sobre el mar. Presumiblemente fue Krantz Bauer quien le ordenó reducir la velocidad a unos 10 nudos. En el tablero de instrumentos a Campos se le encendió una luz que indicó Doors. Una de las puertas del Puma se abrió y los agentes arrojaron los cinco cuerpos.
En la maniobra Bauer tropezó y estuvo cerca de caer al mar. Todo duró apenas dos minutos y el piloto vio que la señal Doorsse apagó en el tablero. En la joven primavera de septiembre, el mar de Quintay recibía a los cinco hombres del jefe del Frente, Raúl Pellegrin, el comandante José Miguel.