Por María Elba Troncoso
El presidente de los funcionarios, Carlos Insunza, dijo a Cambio21
que se estaba en presencia de una práctica antisindical que no
aceptarán. Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora en
Impuestos Internos, diputado Fuad Chaín (DC) afirmó que a los que hay
que investigar es a los directivos de Impuestos Internos.
Cambio21
conoció en exclusiva que a través de la página de transparencia del
Servicio de Impuestos internos, un particular solicitó los antecedentes
personales, financieros y políticos de los representantes sindicales de
los funcionarios. Estos han participado activamente en las denuncias
contra el director del organismo, Julio Pereira (RN), por el millonario
perdonazo a Johnson's de más de 120 millones de dólares, antes de que la
multitienda fuera vendida a Cencosud, con la cual el cuestionado
Pereira tiene un contrato de arriendo por el que percibe 22 millones de
pesos mensuales.
El presidente de la Asociación de Funcionarios del SII, Carlos Insunza, detalló en conversación con Cambio21
que la petición de la información la hizo un particular identificado
como John Campbell de la Piedra, quien solicitó los nombres de todos los
dirigentes sindicales, sus horarios, situación financiera,
declaraciones de patrimonio, si tienen parientes en la administración
del Estado y su militancia política, entre otras cosas.
El dirigente afirmó que en su opinión "es una situación que tiene un
trasfondo de amedrentamiento a funcionarios para insegurizarlos respecto
a sus funciones", y señaló que "estamos ante un hecho que constituye
una práctica antisindical, al margen de que cualquier ciudadano tiene
derecho a hacer un requerimiento a través de la Ley de Transparencia."
Adelantó que presentarán una oposición a la mencionada solicitud,
porque "nos parece que no tiene destino; estamos convencidos que la
información no es pública ya que mucha tiene que ver con la autonomía de
la dirigencia sindical y la vida personal, ya que la Ley de
Transparencia abarca los organismos del Estado en sus funciones y no a
los funcionarios públicos personalmente ni menos a una asociación de
ellos".
Reiteró que "tenemos fundadas sospechas de que esto es parte de
acciones de amedrentamiento porque nos hemos jugado por la defensa del
servicio", e insistió en que no se dejarán amedrentar.
"Nuestras actuaciones demuestran de sobra que no nos amedrentan
porque contamos con el respaldo de los funcionarios y porque sabemos que
nuestro rol está directamente vinculado a la defensa de los usuarios
del servicio. Esto no nos va a amedrentar. No es primera vez que nos
ocurre y es una manifestación más del descrédito del servicio por la
actuación de nuestras máximas autoridades... y podría seguir
ocurriendo".
Chahín: Es un hecho grave
El presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que investigó
el "perdonazo", Fuad Chahín (DC), calificó la denuncia de "suma
gravedad", porque "vulnera la Ley Antidiscriminación".
Afirmó a Cambio21 que "es evidente que es
irrelevante la filiación política de los funcionarios para cumplir con
su labor e integrar una organización sindical".
Chahín atribuyó esto a un "ánimo de presionar" a los dirigentes que
han participado activamente en la investigación y recordó que "esto no
es la primera vez que pasa, ya que durante la actuación de la comisión
investigadora han tratado de presionar a través de juicios, sumarios y
amedrentamientos de distinto tipo", por lo que dijo que "no me parece
raro que sigan con estas prácticas antisindicales y matonescas".
El parlamentario consideró que los antecedentes personales son parte
de la vida privada y no deberían ser entregados por el servicio, que
cada vez tiene su imagen más deteriorada.
"La imagen del
servicio no puede estar peor a causa de la actuación de su director
Julio Pereira. Me parece que aquí está el ladrón detrás del juez".
Finalmente reiteró que la situación es "grave y no corresponde que sean
los funcionarios de la asociación los investigados sino la dirección del
servicio".
Ante esta situación, el directorio de la asociación
de funcionarios envió un comunicado a todos sus afiliados, que se
reproduce a continuación.
Santiago, 27 de febrero de 2013
I - Nº005/2013
INFORMATIVO
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR LEY
DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y DATOS PERSONALES DE LOS/AS
DIRIGENTES/AS DE ANEIICH Y AFIICH Y FUNCIONARIOS/AS DGC
________________________________________
Estimados/as Funcionarios/as, Compañeros/as
La Subdirección Jurídica del SII, nos
ha informado que en el marco de la ley Nº20.285 sobre "Acceso a la
Información Pública" (también llamada Ley de Transparencia), con fecha
07 de febrero se han recibido varias solicitudes de un ciudadano que
requiere información sobre los dirigentes nacionales y regionales de las
Asociaciones del SII, tales como sus nombres, el patrimonio personal y
cónyuge, relaciones familiares (si existe familiar que trabaje en el SII
o en otra repartición), afiliación a partido político, las
remuneraciones de cada uno/a y los estados financieros de las
asociaciones. El mismo ciudadano, ha solicitado las declaraciones de
patrimonio e intereses de los/as funcionarios/as - y sus cónyuges - de
la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), sus deudas con casas
comerciales y Bancos e informar si han efectuado "revisiones" a empresas
con las que mantienen deudas.
La Dirección del Servicio nos ha
remitido el Ord. 339 de 22 de febrero informándonos de las peticiones
antes señaladas, de acuerdo a lo previsto al artículo 20 de dicha ley,
el que señala la facultad que le asiste a "tercero afectado" de oponerse
a la entrega de la información si, a su juicio, ésta vulnera sus
derechos.
Antes de abordar las consideraciones
legales del caso, resulta imprescindible reflexionar sobre el porqué de
estas acciones de la ciudadanía. Tenemos la plena convicción que son una
manifestación más del deterioro de la imagen pública y el desprestigio
que la actual Dirección del SII ha causado a nuestra institución. La
profunda crisis en que sus acciones han sumido a nuestro Servicio, son
el contexto en que generan este tipo de acciones, enmarcadas en la
creciente desconfianza de los/as contribuyentes hacia las actuaciones
institucionales.
Tal como lo hemos advertido
reiteradamente, tras 9 meses de incesante cuestionamiento público, el
irreparable descrédito de las máximas autoridades de nuestra
institución, termina afectando injustamente el prestigio profesional y
el respeto ciudadano de quienes somos funcionarios/as de carrera.
Porque nosotros/as lo construimos,
sabemos que la piedra angular de nuestro bien ganado prestigio ha sido
el irrestricto apego a los valores institucionales: excelencia,
probidad, compromiso, respeto y equidad. El prestigio de nuestro
Servicio ha sido gravemente dañado y resulta evidente que el camino
adoptado por las autoridades responsables de resguardarlo sigue
profundizando la crisis en curso.
Respecto de los alcances concretos y
consideraciones legales del caso, resulta necesario puntualizar al menos
3 cuestiones que estimamos centrales para comprender cabalmente la
situación.
Nos ha parecido plenamente acertada la
decisión de informar a los/as funcionarios/as sobre las solicitudes de
información, en calidad de "terceros afectados", para permitir el
ejercicio del derecho a oposición que la Ley de Transparencia garantiza.
Se trata de un cambio de criterio que nuestra Asociación ha reclamado
anteriormente y que esperamos sea permanente, ya que en dos ocasiones
nuestros planteamientos al respecto fueron desechados por la Dirección:
ante una solicitud de información de los dirigentes de ambas
asociaciones, se estimó innecesaria dicha comunicación; y al requerir
nuestra organización la documentación que sustentó los descuentos
aplicados en enero de 2011, la Dirección decidió asumir la
representación de los/as funcionarios/as para "proteger su privacidad",
dilatando la entrega de información por meses, llevando el caso hasta la
Corte de Apelaciones que falló finalmente en favor de nuestro
requerimiento.
En ambas solicitudes, los antecedentes
requeridos exceden por mucho los ámbitos de la información pública a que
las instituciones, y no los/as funcionarios/as o sus asociaciones,
están obligados a entregar. La información requerida respecto de
parientes, registros comerciales, militancia en partidos políticos se
encuentran evidentemente en la esfera de la vida privada y, cuente o no
la institución con información al respecto, no puede ser objeto de este
tipo de solicitudes de información. En la misma línea, la información
requerida sobre las actuaciones de los/as dirigentes/as y estados
financieros de las organizaciones, constituye un claro intento por
intervenir en la autonomía sindical de nuestras asociaciones y se
encuentra fuera del ámbito de información pública definido en la Ley de
Transparencia.
Una evaluación particular amerita el
requerimiento de las Declaraciones de Patrimonio e Intereses. Nos parece
evidente que este punto particular de las solicitudes se vincula
directamente a la publicación en la prensa, en el mes de enero recién
pasado, de las declaraciones de patrimonio e intereses del Sr. Julio
Pereira y los cuestionamiento públicos que reabrió sobre nuestra
institución. En ese momento, nuestra asociación requirió por Ley de
Transparencia las declaraciones de patrimonio e intereses del Director y
los Subdirectores del SII, teniendo en cuenta que la la Ley General de
Bases de la Administración del Estado estipula que los funcionarios
públicos "que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento"
tienen la obligación de presentar dichos instrumentos y que estos tienen
carácter público y que por tanto, en su caso, la declaración de
patrimonio realizada en cumplimiento de la Ley Orgánica del SII, debiera
estar constituida por la misma información. Dicha solicitud ha sido
contestada por la Dirección del SII, denegando su entrega con fecha 22
de febrero, misma fecha de los ordinarios que informan sobre nuestro
derecho a oposición, ambas con origen en la Subdirección Jurídica.
En este contexto, estas solicitudes de
información que afectan a un amplio rango de funcionarios/as,
presentadas sólo 7 días después de la presentación realizada por
ANEIICH, nos generan la natural sospecha de que, más que una solicitud
de información fruto de la curiosidad de un ciudadano, se trata de una
acción de ataque hacia las asociaciones y sus dirigentes/as, orientada a
provocar inseguridad entre los/as funcionarios/as.
La decisión de nuestro Directorio
Nacional es ejercer la oposición a la entrega de la información
requerida, por los argumentos antes expuestos, y rechazar
categóricamente el que se utilice a los/as funcionarios/as de carrera
para proteger intereses particulares de quienes han sumido a nuestro
Servicio en la profunda crisis que lo afecta.
Saludos fraternales
DIRECTORIO NACIONAL ANEIICH