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sábado, 30 de noviembre de 2019

Violaciones a los Derechos Humanos, persecución política y la fuerza para derrotar la represión

Por: Dauno Totoro / Publicado: 30.11.2019
El gobierno se ha dedicado a negar las graves violaciones a los Derechos Humanos de las cuales es responsable. A través de la Intendencia decidió querellarse en mi contra utilizando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto, por un video donde aparezco en la sede de la Casa FECH, hablando frente a una asamblea y planteando lo que millones han pedido en estas semanas: la salida de Piñera y la necesidad de una huelga general. No nos amedrentan. Tenemos que apostar con fuerza a derrotar la represión.
Los casos de violenta represión, con niños y niñas heridos por el actuar de la policía, los más de 200 casos de personas que perdieron parte de su visión por perdigones, el nombre de Gustavo Gatica, los muertos durante el toque de queda, los quemados en Kayser, que se supo semanas después que al menos uno tenía perforaciones de proyectiles en su tórax, las denuncias de violaciones y torturas en las Comisarías, los videos que día tras día circulan por redes sociales de la bestialidad policial, todo esto parecerían ser antecedentes suficientes para decir que en Chile se han violado sistemáticamente los Derechos Humanos al calor de las semanas de movilizaciones iniciadas el 18 de octubre.
Aún así, el gobierno y los altos mandos de Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas, se han dedicado a desestimar esta posibilidad. Llegaron incluso a desacreditar el categórico informe de Amnistía Internacional, que acusaba que la decisión de establecer el Estado de Emergencia había tenido consecuencias catastróficas, y que la policía actuaba para “castigar” a los manifestantes.
Pero luego de semanas de negación, y frente a un nuevo informe, esta vez de Human Right Watch, tuvieron que realizar un pequeño cambio discursivo con la vocería de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien mandató al cuestionado general Rozas a realizar un informe. Que los principales inculpados se autoinvestiguen.
Pero eso no es todo. A estas políticas represivas y negacionistas, se agrega una nueva variante: la persecución política, la criminalización de la opinión a través del sistema judicial.
El jueves 8 de noviembre Sebastián Piñera declaraba en cadena nacional que, entre otras medidas, se aplicaría la Ley de Seguridad Interior del Estado a los “instigadores” de la violencia.
Tuvieron que pasar un poco menos de diez días, y aplicaron por primera vez en estas movilizaciones, esta medida en contra de una persona. En este caso, contra quien escribe esta columna. Y si bien el Séptimo Juzgado desestimó la querella, el gobierno apeló y hoy se encuentra en la Corte de Apelaciones, con altas posibilidades de que se apruebe y se avance en el juicio.
Este es un antecedente de enorme gravedad. Es persecución a la opinión disidente. Así lo han manifestado amplios sectores que han apoyado públicamente mi causa contra el intento del gobierno y sus abogados que se han manifestado a favor de la libertad de expresión.
Hemos recibido un amplio arco de apoyo, de diputados y diputadas, concejales, artistas, intelectuales, académicos, científicos, dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales. Esto es fundamental, no sólo para mi causa, sino que para poner desde el minuto uno un tope y un freno a este intento criminalizador, que puede sentar antecedentes de enorme gravedad.
También decimos que el gobierno no nos amedrenta. Y que está totalmente equivocado si cree que con represión, persecución o violaciones a los Derechos Humanos frenará la enorme rabia acumulada que ha estallado contra estos 30 años de neoliberalismo, de precariedad, de pensiones de hambre, salarios indignos, abuso empresarial.
Es que a pesar de esta brutal represión, de las violaciones a los Derechos Humanos, de la persecución y la criminalización, por más de 40 días la respuesta desde las calles ha sido contundente. No es un cliché vacío decir que se perdió el miedo.
Jóvenes, trabajadores, pobladores, mujeres, ancianos, familias completas, han respondido con valentía, luchando en las calles, organizándose en asambleas, en sus lugares de trabajo, en las poblaciones, a través de los comités de enfermería, de primeros auxilios, o de iniciativas de coordinación política-social como el Comité de Resguardo y Emergencia en la ciudad de Antofagasta, que ha articulado a profesionales, trabajadores y pobladores para enfrentar la bestial represión de Carabineros en la población La Bonilla.
A eso le teme este gobierno, a la fuerza organizada de las y los trabajadores, a una posible alianza con los jóvenes y sectores populares. Porque allí hay una enorme fuerza, en los trabajadores de la Salud que por más de un mes se vienen movilizando por una salud de calidad para todos y todas, en lo trabajadores recolectores de la basura que también paralizaron.
De unirse esas fuerzas a los sectores estratégicos de la economía, como mineros, forestales, portuarios, transporte, pueden realmente golpear donde más les duele a empresarios y al gobierno: en sus bolsillos, paralizando efectivamente el país completo.
En ese marco, y con esa fuerza, la pelea por la verdad y la justicia en los casos de represión y de violaciones a los Derechos Humanos es fundamental tiene que ir de la mano con la pelea por terminar de cuajo con la persecución política y por la libertad de expresión. Es que sin libertad de expresión, sin derecho a manifestarse, a presentar ideas disidentes, la defensa de cualquier otro derecho se ve interrumpida.
En días donde las autoridades se dedican a desmentir a organismos internacionales de prestigio para defender su agenda de seguridad pública, se hace necesario que todos los sectores democráticos se pronuncien por el derecho a la libertad de expresión y contra la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado (una ley formulada desde sus orígenes para perseguir políticamente).
Y al mismo tiempo, como una tarea de primer orden, que nos propongamos poner en movimiento esa gran fuerza, para derrotar al gobierno, a su represión, y conquistar todas esas demandas históricas que se han puesto sobre la mesa, tales como el fin de la precariedad laboral, el subcontrato, las AFP, y por un salario mínimo igual a la canasta básica familiar, la negociación por rama y tantas otras necesidades que se han hecho más patentes al calor de esta movilización histórica.

Chile: una trayectoria de impunidad

Por: Dino Pancani / Publicado: 30.11.2019
Patricio Aylwin (1993) con el proyecto que buscaba cambiar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, por la agilización de los procesos judiciales sin encontrar responsables. El gobierno de Frei fue más allá y, a través de su Ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el senador de Renovación Nacional Miguel Otero, lisa y llanamente propusieron una ley de punto final. Años después, el presidente Ricardo Lagos (2003) avaló la tesis de que las Fuerzas Armadas no poseían más información sobre los detenidos desaparecidos y su Ministro del Interior, José Miguel Insulza, promovía la rebaja de penas a los escasos violadores de los DDHH que se encuentran recluidos.
El informe de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch dan cuenta de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, DDHH, cometidas por el Estado de Chile, a través de Militares y Carabineros, avalados por el discurso incendiario del Presidente de la Republica y las órdenes del Ministro del Interior.
A lo anterior, se debe agregar que al encargado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se le cuestiona idoneidad para conducir esta cartera -recordemos que fue un férreo defensor de la dictadura y de Paul Schäfer, pedófilo y torturador de Colonia Dignidad-. A esta persona se suma la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien ha guardado un relativo silencio sobre las violaciones a los Derechos Humanos, los cuales por normativa institucional debe defender. Para ser justos, hay que reconocer su figuración pública para rechazar enérgicamente el informe  de Amnistía Internacional y para acoger parcialmente el informe de Human Rights Watch, ambas declaraciones buscan blindar al presidente Piñera, dejando como únicos responsables a los Carabineros.
¿Son autoridades destinadas a conducir un proceso que finalice con los responsables de las violaciones a los DDHH juzgados y encarcelados?; si son autoridades legítimas: ¿por qué tememos que la impunidad pueda imponerse?
Estas respuestas deben buscarse en las características de las autoridades gubernamentales; en la trayectoria de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros; en la escasa valoración que la derecha política hace del respeto a los DDHH, entre otros ámbitos.
La impunidad también puede rastrearse en el comportamiento de los regímenes transicionales que se limitaron a reparar materialmente, de modo precario, a una parte de las víctimas y a sus familiares e hicieron caso omiso a las orientaciones emanadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, CNVR, que recomendó a la autoridad que disponga de medidas y recursos  para “dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las víctimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social y una cultura más cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos, que nos asegure que actos violatorios de tanta gravedad para la vida no serán cometidos en el futuro” (CNVR, 1991, p,1254). En definitiva, se trataba de imputarle a la derecha su responsabilidad en las violaciones a los DDHH.
Sentido que no estuvo en el programa de gobierno de Patricio Aylwin, 1990, el cual, en función de no activar la disputa ideológica y asegurar gobernabilidad, no lo presentó en su programa.
Posteriormente, los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) no propusieron, en sus respectivos programas, medidas que pudiesen avanzar en esa línea, se concentraron -“en la medida de lo posible”- en la búsqueda de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, relegando el hacer justicia a un estado de simulacro.
En los programas de gobierno de los cinco Presidentes de la República, desde 1990 hasta el 2019, es la ex presidenta Michelle Bachelet, la que tuvo mayor interés en la temática: el Museo de la Memoria, el diseño de un Plan Nacional de Derechos Humanos, la construcción de memoriales, la instalación de algunas fechas que, indirectamente, recordaban a la dictadura: el Día del Detenido Desaparecido (2006) y el Día Nacional contra la Tortura y el Día Nacional del Ejecutado Político (2009), entre otras. Pero la labor inconclusa de una presidenta, recordemos que Punta Peuco no fue cerrado, no logra ocultar el fracaso de las políticas públicas referidas a los derechos humanos y en eso comparten responsabilidad los regímenes de la Concertación y la otrora derecha golpista, hoy devenida en autoritaria.
Cabe señalar que a esto, se deben sumar los intentos por imponer la impunidad o leyes de punto final durante los tres primeros gobiernos de la Concertación: Patricio Aylwin (1993) con el proyecto que buscaba cambiar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, por la agilización de los procesos judiciales sin encontrar responsables. El gobierno de Frei fue más allá y, a través de su Ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el senador de Renovación Nacional Miguel Otero, lisa y llanamente propusieron una ley de punto final. Años después, el presidente Ricardo Lagos (2003) avaló la tesis de que las Fuerzas Armadas no poseían más información sobre los detenidos desaparecidos y su Ministro del Interior, José Miguel Insulza, promovía la rebaja de penas a los escasos violadores de los DDHH que se encuentran recluidos.
Resulta curioso que personajes que tienen una amplia cobertura sobre la materia, sean protagonistas de los principales intentos de asentar la impunidad por las violaciones a los DDHH cometidas en dictadura.
Los antecedentes expuestos, confirman que debemos estar vigilantes en función de asegurar juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los DDHH, corroboran que las autoridades gubernamentales y una parte de la ex Concertación no aseguran que las instituciones trabajen por la verdad, la justicia y la reparación, lucha que debe tener como centro la reivindicación social de todos y todas las víctimas y la condena de los autores materiales y de quienes  dieron cobertura privada y pública a los crímenes cometidos, asegurando así un verdadero Nunca Más.

La lacrimógena que no pudo con la dignidad de Fabiola Campillay, la segunda persona que pierde su vista por la represión

Por: Carolina Rojas @carolarojasn / Publicado: 30.11.2019
El martes 26 de noviembre fue una tarde de mucha represión en la población Cinco Pinos de San Bernardo. Fabiola, una trabajadora de 36 años, madre de tres hijos, iba rumbo al turno de noche en su trabajo cuando recibió de lleno el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro, lanzada por Carabineros a menos de 15 metros de distancia. Al día siguiente se confirmó que perdió la visión de ambos ojos. Es conocida por una labor activa en la población Cinco Pinos como dirigenta vecinal, por jugar fútbol y ser una mujer llena de vida. Una de sus hijas iba a graduarse. Estaba feliz. Esta es su historia en palabras de amigos, pobladores y familiares.
Fabiola avanza rápido con la pelota en los pies, lleva la camiseta número 11, se adelanta con un regate y una sonrisa de triunfo. Finaliza la jugada dando un pase. Con ese recuerdo se queda Ninoska Abarca (23), amiga y compañera de trabajo. Las noches que tenían libres, las citas para jugar fútbol, eran infaltables en las canchas de futbolito de Carozzi.
–Vamos, yo te llevo a la casa-, le decía Fabiola, quien la cuidaba como una hija por la diferencia de edad. Así se ponían en la buena después de alguna discusión acalorada en el partido.
“Es que la tía pega patadas fuertes. Yo le decía que me gustaba más de defensa. Nos enojábamos y después nos veníamos muertas de la risa”, recuerda la joven, mientras su rostro dibuja una mueca cálida, de felicidad.
Sacaron el tercer lugar en un campeonato hace un mes y medio. Estaban contentas. El momento quedó inmortalizado en una foto: Fabiola alza la medalla, riendo, al centro del grupo.
Lo segundo que la tenía feliz era la graduación de cuarto medio de su hija mayor Frances (19) en el Liceo Comercial San Bernardo. Será el 6 de diciembre y ya tenían listos los preparativos para la comida familiar. Quizá tendrían una reunión como las de siempre: un picoteo, la sobre mesa y un abrazo apretado entre ambas. Era la promesa de un futuro mejor.
“Mis hijos son lo más importante”, dice en uno de sus posteos en Facebook.
Fabiola fue mamá a los 17; luego vendría Paloma (tres años después) y B, el menor que tuvo con su segunda pareja, Marcos, a quien conoció en un trabajo en Estación Central. Se casaron el 2014 y celebraron la fiesta en la casa. Todos dicen que eran una familia feliz.
Fabiola Campillay este año Nuevo en el Quisco.
Estaba trabajando como operaria en Carozzi, en la parte de “pastas”, donde llevaba cinco años y tenía tres turnos. El martes 26 de noviembre debía entrar a las diez de la noche y salir a las seis de la mañana. Ganaba 360 mil pesos, que es el sueldo promedio de todas las operarias. Marco trabaja en la parte de carga y descargas de camiones. A veces coincidían en horario.
Cuando le tocaba turno de noche, Fabiola trataba de estirar al máximo el tiempo con sus hijos. Había manifestaciones en la calle y tenía miedo de los Carabineros, por la fuerte represión las noches anteriores. Por eso le pidió a su hermana (Ana María) y a su hija Paloma que la “encaminaran”. La rutina era siempre así: uno de sus hijos la acompañaba a comprar el pan en el almacén “Lo Herrera”, ella lo mandaba de vuelta a la casa con la bolsa y partía al paradero de la avenida Portales donde pasaba el bus de acercamiento.
En su círculo más cercano aún no dan crédito a lo que sucedió.
-Siempre estaba ahí cada vez que alguien necesitaba ayuda, sin mirar quién fuera. Cuando pedíamos ayuda comunitaria, había bingos, siempre iba a todas. Me podría haber pasado a mí por último, yo sí estaba manifestándome, ella iba a trabajar (…) Cuando se asomó por el pasaje, con miedo para ir a comprar, ahí fue cuando pasó todo-, recuerda Ninoska.
-¿Qué significa Campillay?
-Ahí sí que me pilla-, dice amable.
El sitio “Mis apellidos”, sin embargo, da una idea. De origen Diaguita, Campillay significa “Crepúsculo o atardecer”.
***
El jueves a las cuatro de la tarde la población Cinco Pinos está tranquila. En el pasaje Ángel Guido -donde ocurrió todo-, merodean un par de poodles abandonados que acosan a los vecinos. El silencio se rompe cuando una familia de feriantes descarga cebollas de una camioneta blanca. En la esquina aún se ven las manchas, una especie de estela de sangre, como prueba de lo que pasó.
En la casa de los Cáceres Campillay se oyen risas de algunas mujeres. Las hijas de Fabiola aparecen en la puerta, Frances y Paloma, amables, sonrientes, con sus caras deslavadas. Muestran entereza para explicar cómo se han organizado estos días. Cuentan que “B”, el más pequeño de los hermanos, no sabe nada aún. Entre las dos extienden un lienzo con letras pintadas de negro: “Justicia para Fabiola”. Frances alisa la tela con la mano. Están cansadas. Desde que todo pasó han sido días de espera, de sufrir lo peor, de pensar en dejarla ir y de volver a tener esperanza. Marchan todos los días, almuerzan cuando pueden. Solo el trabajo amortigüa tanto dolor.
Saben que la vida les cambió para siempre.
En medio de la conversación, aparece José, un sobrino veinteañero de Fabiola. Cercano a la familia, tiene tatuajes en los brazos y cuenta que a él le tocó asistirla. La rabia se siente en sus palabras. Tuvo que arrastrar a su tía dos casas adentro mientras lo ahogaban las lacrimógenas. María y Alicia -dos vecinas- también ayudaron a cargarla. José dice que vieron a los Carabineros con las escopetas de perdigones y que ellos saben lo que realmente sucedió.
-El Carabinero que salió hablando después, diciendo que no tenían idea de lo que había pasado, que estaban controlando los desórdenes y por eso dispararon (…) Los vecinos vieron lo que hicieron, por eso después quedó la tole, tole, porque la gente salió con rabia a protestar y a quemar cosas-, dice.
Los tres piden disculpas, van a seguir trabajando para preparar la marcha. Solo saben que tienen que cuidarse, también es probable que los mayores no los dejen ir. Es protección. Nadie sabe lo que puede pasar en la noche.
***
Eduardo Zuñiga, presidente de la junta vecinal de Cinco Pinos, está sentado en una de las sillas de la casa que funciona como sede y radio de la población. Es un hombre elocuente, sensible en sus comentarios. Conoce a Fabiola de toda la vida, de los 36 años que vive allí. Podría decir mucho de ella, pero habla poco. Le resulta difícil verbalizar lo que siente, balbucea algunas frases, para , respira y retoma sus palabras. Esta cansado.
El dolor puede ser una angustia persistente, un cúmulo de recuerdos, un abatimiento físico.  Habla de esa Fabiola que va de un lado a otro entre bingos para enfermos de cáncer, navidades y el día del niño. Una rutina sin espacios en blanco. Atenta a la necesidades de la gente que vive a su alrededor. Hace un año que había formado el Comité de Ayuda Vecinal, un grupo de pobladores que cumplen con objetivos más específicos y las tareas que sobrepasaban a la junta original. Recientemente habían pintado un colegio, estaba orgullosa.
-Ese martes ella iba a trabajar, nosotros vamos a pelear por encontrar al culpable, aunque nos demoremos, hoy solo me imagino su dolor, ese día escuche los gritos, salí, no podía abrir el portón, estaba ciego por el humo de las bombas, y escuche ¡Le dieron en la cara, le dieron en la cara a la Fabiola Campillay! Salí, el auto ya se había ido-, recuerda.
Para Eduardo es difícil explicar la vida de la personas por fuera del contexto donde viven. Si Fabiola ayudaba a los bingos de gente enferma de cáncer, era porque los vecinos sospechan que la empresa de molibdeno -ubicada junto a la población en los límites de la ciudad- los estaba enfermando. De hecho hace unos años se incendió y luego brotaron varios casos de asma en el sector. También es difícil explicar la pelea que dieron para tener un estación en el proyecto Rancagua Express, además de no quedar aislados con las rejas perimetrales.
-Los cabros se amarraban a las vías del tren, hacían barricadas y después llegaban los Carabineros con todo a reprimir, a reventarlos-, recuerda Eduardo.
Tiene que partir dice que es mamá y papá de sus hijos, por eso también ha tratado de estar lejos de las manifestaciones, no los puede dejar huérfanos.
Frota sus manos y se abre una especia de confesión.
-Estábamos peleados con la Fabi, por su carácter fuerte, ella dice las cosas sin filtro, puede llegar a caer mal, pero cuando pasa algo todos estamos ahí, todos vamos a estar para ella, para sacarla de este hoyo-, dice antes de despedirse.
***
Miguel Yañez, abogado de la familia de Fabiola, acaba de llegar a su oficina en la calle Urmeneta. Viene de una audiencia y de una noche larga de rondas por las comisarías de San Bernardo. Desde los primeros días de manifestaciones ha estado denunciando la represión en la población y en otros sectores de la comuna. El día martes estaba con el piquete jurídico y le llegó un WhatsApp. “Acaban de herir a un persona en Cinco Pinos y está en Urgencia del Hospital Parroquial”. Un segundo abogado llegó al lugar a chequear la información. “Si, una vecina fue golpeada por una bomba lacrimógena en el rostro”, le confirmó.
Lo que sigue es el relato de una historia conocida.
– Ella iba a esperar el bus de acercamiento con Ana María, su hermana. Previo a eso hubo una jornada manifestación, había barricadas, Carabineros empezó a reprimir con bombas lacrimógenas, lejos del disturbio estaba ella. Le llegó el impacto directo de una bomba lacrimógena. Fabiola es madre, vecina y dirigenta vecinal, tiene una vida activa en la población, es una persona muy querida-, dice al abogado.
Del Hospital Parroquial fue trasladada al Hospital Barros Luco, cerca de la medianoche del martes, donde la estabilizaron con un coma inducido. Primero se confirmó la pérdida del ojo izquierdo, luego la llevaron al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y a la Clínica Oftalmológica LáserEl miércoles a las nueve de la noche el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que había quedado ciega
La noticia generó conmoción en las redes sociales.
El abogado dice que ellos venían denunciando hace semanas la represión a los pobladores, especialmente desde la a las 14 Comisaría, ubicada a cuadras de la Plaza de Armas. Una unidad policial con denuncias anteriores de abuso sexual y torturas.
El viernes 22 de noviembre, cuatro días del ataque a Fabiola, el jefe de zona de Carabineros, Cristian Morgenstern, enfrentó estas acusaciones y expuso en la Comisión de Seguridad de San Bernardo. Sin embargo, dijo que los manifestantes que habían acusado torturas, no eran tales.
-Lo denunciamos a la comunidad porque se estaba amparando lo que pasó. Hay impunidad y negacionismo tal y cómo ocurrió en Dictadura. Después de todo este discurso, se produce lo de Fabiola-, explica el abogado.
A su juicio, Carabineros actúa de manera organizada para reprimir y ni siquiera razonan antes de disuadir las protestas. Existen protocolos donde se establece que deben disparar al aire, pero a Fabiola le dispararon en la cara.
-Esto tiene como finalidad herir, para producir miedo a los manifestantes, dejarlos ciegos, heridos, con diferentes tipos de lesiones y en esta comuna y en ese sector, se ha actuado con bastante impunidad-, explica.
En la radio Cinco Pinos, Alfredo, el locutor, anuncia con tono profundo la marcha organizada para las siete de la tarde en la Plaza de Armas. Antes, Sebastián, un hombre grande de bigotes prolijos que funciona como reportero todo terreno, irá a registrar la funa a la comisaría. Parte raudo en su auto. Afuera- como en tantas comunas- los vecinos han actuado ante las denuncias de torturas y violencia sexual de Carabineros. En la esquina de avenida O’Higgins comienzan a llegar los primeros con carteles: “En esta comisaría se tortura”, “No más represión policial”. Dos policías los observan de cerca.
Más tarde, la Plaza de Armas se empieza a atestar de jóvenes de distintos lugares que llegan para apoyar a Fabiola. La manifestación es pacifica, hay malabaristas, familias, y el grupo de vecinos que la ha estado apoyando desde el comienzo. Entre la gente se abre paso Bernarda Vera (43), prima de Fabiola. Tiene el pelo azabache y una vida que se parece a la de su prima. Fue madre joven y trabaja haciendo el aseo en una empresa de lácteos. La noche del martes, apenas ocurrió todo, su hermana la llamó por teléfono. Lo que le impacta es la vida destrozada en minutos. “¿Cómo vivirá cuando recobre la conciencia?, se pregunta. Piensa en la fragilidad con que se rompió todo.
Los Compillay ya habían pasado por otra tragedia, cuando el hermano mayor de Fabiola murió atrapado en el derrumbe de una mina en la sexta región. Se devolvió a salvar a sus compañeros, después de unos minutos se le hizo tarde para escapar.
-Como prima, como hermana, le cagaron la vida a una tremenda persona. El día de mañana quien le hizo eso va a quedar libre, ¿y si hubiese sido al revés? ¿Si un vecino hubiese herido a un paco? Estaría preso, lo estarían torturando. No es justo-, dice y la voz se le quiebra, mientras se peina el pelo con los dedos. Tiene los ojos húmedos y la certeza de que si le hubiese pasado a ella, su prima estaría marchando.
También conoce la historia, pero con detalles. Lo que no todos saben. Fabiola fue a comprar el pan con Paloma, antes de llegar a la esquina dudó, no sabía si cruzar, pero era una calle estrecha. En segundos la bomba la golpeó directo en el rostro. Se fue al piso. Uno de los carabineros tiró una segunda bomba para impedir, dice, que pudieran reconocerlos. Los vecinos fueron alertados por los gritos desgarradores de su hija. Salieron, pese a todo. Ahogados, las gargantas quemando, no vieron a la persona que tenían frente a ellos en medio de ese humo que parecía niebla. Ana también pidió ayuda. Pero solo recibió un gesto displicente de un policía. Se fueron. Los gritos de nuevo. Nadie vio, pero era Fabiola. Sí, la Fabiola. La vecina que siempre ha estado con ellos. Todo se fue a oscuro.
Comienza la marcha en la plaza.
Hay una niña cerca de un cartel. Por un lado está el rostro de Piñera con dientes y ojos de demonio y por el reverso reza: “Apunta, dispara, asesinos del pueblo”.
Un helicóptero surca el cielo, es difícil escuchar. Pasa un viento helado, Bernarda se frota los brazos, seca la humedad de sus ojos. Toma fuerzas, se vuelve a peinar el pelo y se va a marchar. Sí, por Fabiola.

Y todo Chile lo Dice.


DICTADURA EN CHILE


Sábado 30 de noviembre 2019
EN CHILE EN EL DIA DE HOY LLEVAMOS 43 DÍAS DE DICTADURA CON PIÑERA
Marcos Rodriguez G.
Derechos Humanos Chile.

241 personas con heridas oculares desde que estalló la crisis social en balance del INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó este sábado una actualización de sus reportes por los hechos ocurridos desde el 17 de octubre a la fecha, desde cuando estalló la crisis social en Chile.

En su informe, la corporación informa que hay 241 personas que presentan heridas oculares, las que se detallan en 2 por estallido ocular, 73 por lesión ocular, 5 por pérdida ocular y 161 por trauma ocular. Así también elevan a 8.165 las personas visitadas en comisarías y en 604 las acciones judiciales presentadas.
De estas últimas, 6 son querellas por "homicidios", 9 querellas por "homicidio frustrado", 88 por "violencia sexual", 458 querellas por "torturas y tratos crueles", 19 querellas por "lesiones", 5 "recursos de queja" y 19 "amparos".
Además, reportan que hay un total de 830 "víctimas representadas", entre hombres, mujeres y niños.

Ahora se entiende los miles de lesionados y mutilados: Carabineros reciben ¡sólo! 8 horas de instrucción en uso de escopeta antidisturbios y 4 de derechos humanos

El uso de la escopeta antimotines por parte de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros ha estado en la polémica tras el estallido social, debido a la alta cantidad de heridos con perdigones.

Carabineros debió acotar su uso a solo situaciones de riesgo vital luego que se revelara que los balines no eran 100% de goma, sino que también tenía metales como plomo.

Pero eso no fue lo único. Cientos de chilenos han registrado problemas oculares debido a los disparos, siendo el caso icónico de Gustavo Gatica, quien perdió sus dos ojos quedando ciego.

El informe de Human Rights Watch, que constató violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, incluyó que existía poca preparación para usar estas escopetas.

Así lo especificó La Tercera, que reveló el detalle de qué es lo que aprende un aspirante de Fuerzas Especiales para lograr ser parte de dicha unidad.

Quienes quieran ingresar a FF.EE. deben pasar por una especialización tras egresar de la escuela, a la que se postula tras una evaluación física y sicológica.

Tras ello, son sometidos a una capacitación de 100 horas divididas en 10 días, donde se les instruye sobre doctrina institucional, leyes y operaciones.

Esta última parte es a la que más tiempo se le dedica, con 86 horas. Allí tienen cuatro horas para recibir instrucción sobre autocontrol, seis horas para primeros auxilios, cuatro horas para técnicas de detención y dos horas para aprender sobre químicos disuasivos. En los ramos de doctrina, se imparten cuatro horas de derechos humanos.

A nivel de escopetas antidisturbios, los funcionarios reciben una instrucción de ocho horas para tener nivel usuario de dichas armas. Además, en dos horas aprenden sobre armamento y munición no letal y también sobre bastón de servicio y defensa.

Los seleccionados para ser parte del grupo reciben una bonificación del 30% de su sueldo.

José Miguel Insulza, senador: “Tenemos peligro de quiebre democrático ya sea que salgan los militares a hacerse cargo o que haya confrontación civil”

El fin de semana pasado, el senador José Miguel Insulza (PS) fue agredido en Arica. “Me arrojaron pintura y me escupieron…”, escribió en un WhatsApp a la directiva socialista, de la que es vicepresidente. La funa -como se le suele llamar- fue por una frase en la que señalaba que había que “reprimir con fuerza” las evasiones en el Metro y en la que asegura fue mal entendido.
Aquí, en La Tercera, afirma que no está “tomando decisiones aún” sobre la posibilidad de dejar los cargos de dirigencia en el PS -los agresores fueron militantes de su partido-, ya que “las cosas están muy distorsionadas, lo vamos a conversar”. Y se aventura a hablar de la violencia y de la responsabilidad de todos los sectores para intentar detenerla.

Para un ciudadano resulta difícil explicarse por qué que no se puede controlar el orden público. ¿Cuál es su diagnóstico? Usted fue ministro del Interior…

Fui ministro del Interior, pero creo que nunca enfrenté una situación parecida a esta. El problema es que aquí salió mucha gente a la calle, con buenas razones, y ocurrió lo que siempre pasa: primero vino una marcha pacífica y luego vienen los grupos que vienen pegados al final de la marcha e inician la violencia. Eso se ha ido prolongando mucho más allá de lo esperado, creo, porque el gobierno no tiene una política clara respecto de cómo confrontarlo, que era examinando aquellas demandas ciudadanas que era necesario examinar y, al mismo tiempo, esforzándose por separar las marchas de la gente que ejerce la violencia.
Se ha puesto el acento en el accionar de Carabineros. ¿Hay falencias estructurales, de formación?

Hay un tema de formación y también la forma en que se ha ido desarrollando este movimiento ha hecho que estén completamente agotados. Carabineros ha sido formado para desconfiar de los movimientos sociales, no para apoyarse en ellos para rechazar a los vándalos, sino más bien creen que ellos son una cubierta de los vándalos, que es necesario también golpear. Entonces, la actitud de Carabineros siempre es defensiva y siempre es muy agresiva.

¿Qué responsabilidad hay en el gobierno sobre este tema?
En un país como este la dirección tiene que venir del gobierno. El gobierno tiene que correr riesgos; si se pasa consultando todo el día y todo lo demás, está bien, hay que consultar, pero en un momento hay que tomar decisiones.

¿Como cuáles?

Cuando el Presidente Lagos que decidió usar la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros, también podrían haber llegado las iglesias exigiendo que los pusieran en libertad y se habría desinflado todo o también podría haber habido una marcha masiva exigiendo libertad para los transportistas. No pasó nada de eso. Esto es lo mismo: si el Presidente quiere tomar medidas respecto de los que dirigen este movimiento, hay que ver lo que ocurre, pero alguna vez tiene que tomarlas, ¿no?

El tema de la violencia se ha tomado la agenda. Un grupo de socialistas históricos viralizaron una carta donde se planteaba el tema de la democracia en riesgo. ¿Por qué plantearon aquello?

La democracia está en peligro. La violencia ha puesto en peligro la democracia. Yo propuse la frase, para que quede claro. Estuve de acuerdo con ella desde el primer día, desde la primera vez que hablamos del texto, pasa que todavía hay gente que no entiende eso, que cree que no, que “Carabineros está a cargo de eso, pero la democracia está bien porque ya firmamos un acuerdo democrático, vamos a hacer una nueva Constitución”. Podemos dictar la mejor Constitución de este mundo, pero si la violencia sigue como está ahora, eso no es democracia. Acá tenemos un peligro de quiebre democrático mayor. Y ese quiebre puede venir de ya sea que salgan los militares a hacerse cargo de la situación o que haya propiamente confrontación civil, como ha empezado a pasar en algunos barrios, donde unos atacan a otros.

Hay quienes señalan que el gobierno está cohibido frente a los riesgos de amparar acusaciones por violaciones a los derechos humanos…

Eso es otra cosa. Los disparos de los perdigones a la cara son una violación de DD.HH., han provocado daños muy graves y eso los va a condenar siempre. Entonces, este gobierno, esta policía, va a quedar así, eso ya pasó, lo cual no significa que no se puedan defender los DD.HH. sin necesidad de dejar ciego a nadie. Reconozco, sin embargo, que la condena a la violencia no institucional, callejera, ha sido mucho menor que la condena a las violaciones a los derechos humanos.

El estallido social partió con hechos violentos, con la quema masiva del Metro, por ejemplo. ¿Cree que la oposición, particularmente el PS, ha sido condescendiente con los focos de violencia que se han producido tras las movilizaciones?
Desde el comienzo, el partido ha condenado la violencia. No he leído declaraciones siquiera que la justifiquen ni muchas que la expliquen. Pero, claro, siempre se podría decir que se podría hacer más.

Usted respaldó el acuerdo por el orden público, pero varios de sus compañeros de bancada no lo hicieron…

Voy a ser bien franco: hay gente de oposición que no quiere juntarse con ningún parlamentario que no sea de oposición. Enseguida, la declaración salió a una hora en la que muchos senadores habían dejado el Congreso. Entonces, no creo que eso indique nada. Salvo aquellos que dijeron claramente que no querían firmar, que no son muchos. Respecto de algunas cosas, yo creo que está el tema del uso de los militares, que divide bastante, porque en cualquier otro país eso dividiría mucho, pero mucho menos, porque no tiene la experiencia de Chile.

Un trauma que parecía superado…

Está la idea de que una vez que los militares salen a la calle, ya va a ser muy difícil devolverlos a los cuarteles, está asentada muy en nuestra realidad, por eso no nosdevolverlos a los cuarteles, está asentada muy en nuestra realidad, por eso no nos parecen estos proyectos, el proyecto de ley que mandó el Presidente para autorizar a los militares en lugares estratégicos. No tengo nada en contra de que estén en lugares estratégicos, pero para eso está el estado de emergencia y lo puede usar.

¿Cómo se enfrenta la amenaza a la democracia, entonces?

Con una oposición más firme, más democracia. Si nos ponemos todos de acuerdo en la democracia que vamos a defender, esa es la mejor respuesta, por eso fue tan bueno el acuerdo y creo una especie de momento de calma, por lo menos mejoraron las cosas, hasta las bolsas subieron, cuando se alcanzó el acuerdo democrático, el acuerdo para la AC. Pero cuando todos le empezaron a disparar desde afuera y empezaron a encontrar sus peros, ya perdió mucho vigor. De cualquier manera, creo que hay una serie de medidas económicas, sociales. Quiero recordar que, como siempre ocurre en estos casos, en los primeros días hubo frases rimbombantes: “Hay que dar hasta que duela, no tenemos que tener miedo en meternos la mano al bolsillo”, dijeron una cantidad de empresarios. No ha pasado nada. La discusión en el Congreso ha sido a tirones con los ministros, que tienen buena disposición, hay que reconocerlo, porque atrás hay una cantidad de gente diciendo que los va a perjudicar.
¿Su impresión es que el gobierno no ha hecho el esfuerzo suficiente en la agenda social?

Pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Yo creo en la buena voluntad de los ministro Briones, Blumel y los demás, pero creo que no han tenido la cooperación de su sector que han debido tener. Todo el mundo decía que de esta cosa no podemos salir a la rastra, “tenemos que salir con grandeza, tenemos que salir diciendo sí, estoy dispuesto a pagar más impuestos y una buena cantidad, no cualquier impuesto. Pero no ha habido esa actitud de parte del empresariado, no ha hecho propuestas audaces, salvo la que hizo Andrónico Luksic al comienzo.

¿Hay gente de la oposición que se entusiasmó con la idea de imponer una agenda que no fueron capaces de ganar en las urnas?

Al comienzo de esto, cuando se armaron todos estos líos, más de alguien pudo pensar “esta es la mía”, pero de pronto se dieron cuenta de que este movimiento no quería nada con la política. La plaza, la famosa Plaza Baquedano, la gran manifestación que fue en el centro de Santiago, millón y más personas, era mucha gente, pero en la medida en que no levantaran banderas de ningún partido, ahí se empezaron a dar cuenta de que la crisis también los afectaba a ellos. Yo los entiendo, quieren más, pero la política, como se ha definido siempre, es la aplicación de recursos escasos a fines múltiples. Uno entrega algunas cosas para conseguir otras. Nadie tiene todo lo que quiere, porque, además, el mundo sería una lata si todos tuvieran lo que quieren.

¿Cree usted que el PS ha estado en la mejor disposición para consensuar una agenda en la que uno, como usted dice, tiene que ceder algo y conseguir otras cosas?

No, no es el mejor momento, diría que más bien ha mirado la reacción de la gente que está en la calle y se ha guiado más por eso.

¿Cómo así?

Yo converso con diputados, socialistas como yo, y yo mismo tengo a veces ese problema de que uno puede decir “mire cómo están destruyendo” y todo lo demás, pero a la hora de hacer una agenda, uno siempre tiene que mirar los argumentos de la calle, no de la calle violenta, sino de la calle en general. Es muy impresionante hasta qué punto sectores que están en movilización pacífica tienden a comprender la violencia. Y eso creo que a mucha gente la complica.
Y por qué el PS no ha tenido una voz fuerte teniendo en cuenta que ustedes vivieron un quiebre institucional que los afectó?

El PS ha condenado esto y no tiene nada en contra de decir lo que decía la declaración, “la violencia pone en riesgo la democracia”, lo han dicho. Lo han dicho dirigentes y lo entiende mucha gente, pero creo que al momento de pasar de condenas verbales a hechos concretos, ciertamente se tiende a mirar más lo que pasa en la gente que está en la calle.

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