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martes, 31 de octubre de 2017

Ex oficiales de Ejército y Carabineros condenados por homicidios e inhumaciones ilegales en Mulchén

Ex oficiales de Ejército y Carabineros condenados por homicidios e inhumaciones ilegales en Mulchén

El ministro en visita logró establecer que entre el 4 y el 7 de octubre de 1973 un grupo de oficiales del Ejército y Carabineros llegó al sector cordillerano de la localidad de Mulchén para buscar una lista de personas opositoras a la dictadura.

NACIONAL


Por  31 de octubre de 2017
El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó a 11 ex integrantes del Ejército y Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de 18 víctimas ejecutadas en Mulchén en octubre de 1973, y cuyos restos fueron posteriormente retirados ilegalmente.
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que entre el 4 y el 7 de octubre de 1973 un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Chile en Los Ángeles junto a 3 conscriptos de la misma unidad fueron comisionados para ponerse a disposición del Comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión, acompañada de un teniente de Carabineros y 4 funcionarios de esa unidad, llegó al sector cordillerano de la localidad para buscar una lista de personas opositoras al gobierno de la época.
Al día siguiente, el grupo llegó hasta el fundo El Morro en el sector precordillerano de Mulchén y detuvo ilegalmente a 5 personas que fueron interrogadas en un retén provisorio, y luego trasladadas hasta el sector La Playita del río Renaico, donde fueron ejecutadas y sus cuerpos hechos desaparecer.
Posteriormente, la comitiva llegó hasta los fundos Carmen y Maitenes, donde se detuvo a 7 personas a las que se les obligó a cavar una fosa de 6 por 4 metros para luego ser fusilados en el lugar y enterrados ilegalmente. Luego, se detuvo a 5 personas en el fundo Pemehue, las que fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus familiares.
En tanto, entre fines de 1978 y principios de 1979 un sección del Regimiento Húsares de Angol, luego de recibir instrucciones de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, concurrió a los sitios de las inhumaciones ilegales, exhumó los restos y los hizo desparecer, pese a que un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción investigaba los hechos.
En el fallo, el ministro Aldana condenó a Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio, cometidos en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, en la comuna de Mulchén.
Asimismo, los condenados suman 5 años y un día de presidio por su responsabilidad en los secuestros calificados de Juan de Dios Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González, hechos cometidos en la misma fecha en el fundo El Morro.
Por la inhumación ilegal de las 12 víctimas de homicidio fueron condenados además a 541 días de presidio.
En tanto, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Patricio Torres, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano fueron condenados a 3 años y un día de presidio, como encubridores del delito de homicidio simple de 11 víctimas de los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, más 541 días de presidios por su responsabilidad en la exhumación ilegal de dichas víctimas.
En el caso de Julio Reyes Garrido, el fallo lo condenó a 3 años de presidio como encubridor de 11 homicidios simples, y a la pena de 300 días de presidio por su responsabilidad en la exhumación ilegal de esas víctimas. En esta caso fue absuelto José Puga Pascua.
En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar indemnización a familiares de la víctima.

Ejército y derechos humanos: Las trabas internas que dificultan la entrega de información a la ciudadanía

Benjamín Miranda 31 Octubre, 2017

Durante septiembre de este año el general en jefe de la institución, Humberto Oviedo, sostuvo que “es muy fácil solicitar a través de Transparencia, u otro organismo, la información que se le ha requerido al Ejército” por parte del Poder Judicial sobre derechos humanos. Consumada esta acción, sin embargo, es posible constatar que la organización castrense cuenta con un escaso manejo de datos en la materia: no existen registros de documentos digitales atingentes desde la vuelta a la democracia hasta el año 2014, tampoco de la cantidad de solicitudes de información recibidas en el mismo período, ni una organización general sobre otros requerimientos de tribunales.

El último 11 de septiembre, además de las actividades conmemorativas organizadas a lo largo del país, estuvo marcado por las palabras del general en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, respecto al papel jugado por la institución en la desaparición, tortura y asesinato de personas durante la dictadura militar, así como también en el ocultamiento de información sobre las acciones ejercidas por uniformados entre 1973 y 1990 que atentaron en contra de los derechos humanos.
Aquel día, Oviedo sostuvo que “no tenemos más información que la que se entrega en los tribunales. Quienes estuvieron en esa época son los que han respondido en la justicia y el Ejército no puede responder por ellos”. “Información de parte nuestra (sobre DD.HH.) no existe”, complementó.
Los dichos tuvieron repercusión inmediata e incluso le valieron un tibio apoyo de La Moneda: el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo que “hay que creerle”. El titular de Defensa José Antonio Gómez, por su parte, lo respaldó al afirmar que “se han contestado cientos de oficios a cada ministro (en visita) que nos ha solicitado información”.
Sumado a estas acciones, el mismo General debió defender su postura en una entrevista concedida al noticiario central de TVN pocos días después de su comentada intervención.
En la ocasión, Oviedo reafirmó sus palabras: “Todos los requerimientos que hacen los tribunales quedan acreditados en documentos formales, por lo tanto es muy fácil a través de Transparencia u otro organismo, requerir la información que al Ejército ha sido solicitada, y en eso hemos sido cumplidores”.
Con el objetivo de comprobar esta afirmación, se siguieron los pasos sugeridos por Oviedo y se ingresó una solicitud de información vía Transparencia al portal del Ejército, para acceder a “toda documentación que muestre el total de requerimientos del Poder Judicial (a través de de cualquiera de sus cortes) al Ejército de Chile, entre los años 1990 a 2017”, además de exigir el desglose según el tipo de requerimiento.
La respuesta emanada desde la institución, finalmente, arrojó un resultado que pone en duda la versión de Oviedo y cuestiona el escaso manejo de información que contiene el Ejército sobre de sus acciones en esta materia.
RESPUESTA
La mentada solicitud fue ingresada por la organización “En la lupa”, dedicada al monitoreo de instituciones mediante chequeo de información y uso de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública.
Luego de casi un mes de tramitación, el Ejército redactó un documento con un cuadro que detalla el número total de requerimientos solicitados por el Poder Judicial respecto a derechos humanos, en los años 2015, 2016 y 2017.
Sin embargo, no entregó información respecto a solicitudes atingentes a esta materia ingresadas antes del 2015 ni sobre otros tipos de requerimientos demandados dentro del período indicado (1990-2017), lo que constituía parte importante de los datos solicitados inicialmente.
La explicación de esto desnudó un grave problema.
Según la propia respuesta del Ejército, la organización no cuenta con tal registro: “se hace presente que solo se tiene información sistematizada de requerimientos judiciales relacionados únicamente con causas por derechos humanos desde el año 2015. Del mismo modo, la Institución no cuenta con una base de datos que contenga antecedentes sobre otro tipo de peticiones judiciales”.
Por una parte, entonces, la institución solo dispone de un registro digital que detalla las solicitudes de información recibidas en torno a los derechos humanos desde el 2015 hasta la actualidad.
Por otra, no cuenta con un ningún tipo de organización referente al resto de temáticas.
Junto a esto, expone que los documentos no digitalizados se encuentran repartidos en distintas Unidades a lo largo del país, por lo que recopilarlos e ingresarlos a un sistema de organización computacional “implicaría distraer indebidamente a personal de sus labores habituales con el consiguiente perjuicio del funcionamiento normal del Ejército…”.

A CERRAR PUNTA PEUCO


Martes 31 de octubre de 2017
VUELTA 63
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1 AÑO DANDO VUELTA POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO FIN A LOS BENEFICIOS A LOS VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS Y CIERRE DE PUNTA PEUCO. VIERNES 03 DE DE NOVIEMBRE A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.
Nota VUELTA 63
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lunes, 30 de octubre de 2017

INVITACIÒN


CIERRE PUNTA PEUCO

Dauno Totoro: “Cárcel común para todos los violadores de derechos humanos”

Frente a los dichos del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, quien manifestó su intención de reabrir el centro penitenciario, la izquierda anticapitalista llamó a enfrentar la impunidad y la represión.
Domingo 29 de octubre | 07:11
Diversas han sido las reacciones frente al anuncio de cierre de Punta Peuco, ha sido la Derecha el sector que ha defendido férreamente la cárcel de lujo donde se encuentran los condenados por crímenes a los derechos humanos. La izquierda anticapitalista que viene articulándose a nivel nacional e internacional se pronunció a favor del cierre de esta cárcel y convocó a exigir el fin a los pactos de silencio que mantienen en la impunidad a violadores de derechos humanos.
Por una parte, la derecha a través del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, señaló que reabriría el centro penitenciario en un probable nuevo mandato y sostuvo que es mejor no reabrir ni urdir en las heridas, llamando a la unidad nacional.
En este contexto, el candidato a diputado por el distrito 10, que recientemente se hizo parte del Encuentro por una izquierda anticapitalista en Santiago, respondió a las declaraciones de Piñera, que considera innecesaria una cárcel especial para los presos de las Fuerzas Armadas, recalcando que “todos los violadores de derechos humanos deben pagar con cárcel común”
Si bien, considera que cerrar Punta Peuco va en ese sentido, recordó lo que calificó como una nueva voltereta de la Nueva Mayoría, refiriéndose al “desconocimiento” que declaró tener el Ministro de Justicia, Jaime Campos, sobre la medida, frente a lo que manifestó que "debe hacerse efectivo el cierre y se debe terminar con los pactos de silencio para que los responsables de crímenes de derechos humanos que aún permanecen impunes paguen con cárcel común".
En ese sentido, Totoro acusó que "Piñera busca fortalecerse en el voto conservador, dando a conocer a una derecha sin máscara, que defiende el legado de la dictadura, la familia militar, disputándole el electorado a José Antonio Kast.
Por último, llamó a los candidatos de izquierda, a las federaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a hacerse parte del debate, porque se trata de un tema que tiene total vigencia y actualidad, manifestando que “la lucha contra la impunidad de los crímenes de ayer es también la lucha contra la represión de hoy, es necesario enfrentar la impunidad con que se impuso este modelo que condena a miles a la miseria, hay que derribar la herencia de la dictadura”.

En los Tribunales , entrega de carta , solicitando no a los beneficios a los asesinos de lesa humanidad !

En los Tribunales , entrega de carta , solicitando no a los beneficios a los asesinos de lesa humanidad !
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Familiares de comuneros denuncian ante la Corte Suprema irregularidades en Operación Huracán

Maximiliano Alarcón |Lunes 30 de octubre 2017 19:03 hrs.
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La reunión fue solicitada anterior al fallo del Máximo Tribunal que decretó la libertad de los imputados. De todas maneras, aprovecharon de expresar la preocupación en torno a los procedimientos realizados por Carabineros de Chile además de la violencia ejercida en los allanamientos.
Este lunes los familiares de los imputados en la Operación Huracán volvieron a visitar el Palacio de Tribunales, después de poco más de dos semanas del fallo de la Corte Suprema que revocó la prisión preventiva en contra de los acusados. Esta vez el objetivo fue concretar una reunión con Hugo Dolmestch, presidente de la máxima instancia del Poder Judicial.
Si bien en diversos medios de comunicación se especuló sobre la posibilidad de la asistencia del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, la cita sólo involucraba a familiares de los perseguidos y respondía a una solicitud realizada por ellos días antes de la decisión de la Suprema de acoger el recurso de amparo que dio libertad a los detenidos.
En la ocasión, los recurrentes tuvieron la oportunidad de plantear de manera personal a Dolmestch la serie de reparos que tienen en torno al caso, tanto en términos probatorios como en la forma en que se realizaron los procedimientos.
De manera improvisada fue Ilwen Hernández, esposa del machi Fidel Tranamil, uno de los imputados en el caso, la que realizó una vocería donde detalló sobre lo expuesto ante el presidente de la Corte Suprema.
“Hoy se están ocupando herramientas de la dictadura, como son la Ley Antiterrorista y la ANI, que es la posterioridad de la CNI. Si antes la CNI buscaba criminalizar y reprimir al enemigo interno que era la gente que buscaba la democracia, hoy el enemigo interno somos los mapuches”, dijo.
Además, Hernández insistió en la tesis de que Huracán responde realmente a una operación política, por lo que era importante entregar los antecedentes a Dolmestch, para que estuviera en conocimiento de las consecuencias de estos procedimientos policiales.
“La Operación Huracán fue un montaje para deslegitimar la causa mapuche y el discurso de recuperación de tierras, pero aquí hay personas que son académicas, que tienen un trabajo estable, que son un aporte para la sociedad y que han sufrido los atropellos, la amedrentación, la violencia, el robo de enceres en sus casas, algo que no se está tomando en cuenta del trabajo de las policías”, señaló.
Por su parte, Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, indicó que también plantearon los hechos de violencia vividos durante los allanamientos, siendo ella misma una de las que fue golpeada por personal de Carabineros de Chile.
Tras la cita, Pezoa manifestó que el grupo de familiares quedó satisfecho con la posibilidad de haber expresado las posturas a Dolmestch, lo que permite que ahora tenga mayor conocimiento respecto de lo que acontece en La Araucanía y el Bío Bío.
“El presidente de la Corte Suprema estuvo atento a todos nuestro planteamientos, creo que ahora va a tener una visión mayor de lo que ha sido esta Operación Huracán. Nosotros le dimos cuenta de las irregularidades y le entregamos documentación de las actividades que realizan nuestros familiares tanto como estudiantes, profesionales, trabajadores, comuneros mapuches y autoridades del pueblo mapuche, como es el caso del machi Fidel Tranamil”, señaló.
Actualmente los acusados de la Operación Huracán se encuentran en libertad y la mayoría retomó sus actividades normales, relativas al mundo académico y laboral, a excepción de algunos que tras ser detenidos perdieron su fuente de trabajo.
En tanto el Ministerio Público continúa en medio de los cuatro meses de investigación que concluirán en enero, período en que buscan encontrar nuevas pruebas para acreditar los delitos que se le imputan a los ocho perseguidos penalmente.

Realizan nueva autopsia para esclarecer muerte de Macarena Valdés

Karina Palma |Lunes 30 de octubre 2017 18:54 hrs.
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Este lunes se llevó a cabo la nueva autopsia al cuerpo de Macarena Valdés, joven activista que fue hallada muerta en su casa en la comunidad Newen de Tranguil en Panguipulli. Si bien en un principio el hecho fue calificado como un suicidio, su familia asegura que se trata de un asesinato, lo que podría esclarecerse con las nuevas pericias.
Cerca de las 10 de la mañana de este lunes comenzó el peritaje al cuerpo de Macarena Valdés en el Servicio Médico Legal (SLM) de Santiago, hecho que se extendió hasta pasada las cuatro de la tarde. Las pericias buscan esclarecer la muerte de la activista ocurrida el 22 de agosto del año pasado.
Si bien tanto Carabineros como el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal de Valdivia indicaron en un principio que se trataba de un suicidio por ahorcamiento, la familia aseguró que la mujer fue víctima de un asesinato en el marco de la lucha que estaba llevando la comunidad mapuche Newen de Tranguil contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa de distribución eléctrica Saesa.
Ante las dudas, la familia mandó a realizar de forma independiente un meta peritaje al doctor Luis Ravanal, médico que investigó la muerte de José Tohá y Salvador Allende, quien a través de un informé sostuvo que la primera autopsia no logra comprobar que se trata de un suicidio.
Además, el médico advirtió una serie de irregularidades que se cometieron con el protocolo establecido, por lo que un nuevo peritaje permitiría completar las deficiencias respecto de la recolección de muestras, especialmente las que corresponden a la piel y los tejidos cervicales del cuello.
Marcelino Collío, suegro de Macarena Valdés, dijo que como familia esperan que los nuevos antecedentes del caso permitan abrir otra investigación para encontrar a los responsables de la muerte de Macarena.
“La Fiscalía todavía se resiste a iniciar una investigación sobre el asesinato de Macarena, ellos siguen diciendo que fue un suicidio. Mientras no resolvamos este tema la investigación seguirá detenida”, comentó.
Las irregularidades del caso
La Fiscalía Regional de los Ríos ordenó la exhumación del cuerpo a fines de agosto, lo que finalmente se concretó el 25 de septiembre pasado, llegando un día después el cuerpo a Santiago. Aunque en un principio se había establecido que los análisis se harían prontamente esto no ocurrió así.
El suegro de la activista explicó que las pericias estaban fijadas para el tres de octubre pero que no se llevaron a cabo porque el Servicio Médico Legal estaba en paro y porque la Fiscalía no había arreglado los papeles para que Ravanal hiciera la autopsia.
Después de eso, aseguró que el Ministerio Público demoró mucho tiempo en fijar una nueva fecha. “Para nosotros la Fiscalía siempre ha sido una institución que nos ha hecho trampa, que nos pone las cosas más difíciles de lo que debieran ser normalmente”.
Por su parte, Rubén Collío, pareja de Macarena Valdés, advierte que desconfía del trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía, porque asegura que desde la exhumación del cuerpo a la fecha se han cometido una serie de irregularidades. Además, de los dos intentos previos por cerrar el caso, uno en marzo de este año y otro en agosto.
“Sabiendo en el contexto en el que esto se está desarrollando, solicitaron a una ex funcionaria de Carabineros que haga las pericias, que es Vivían Bustos. Sin embargo, independiente de lo anterior, el equipo que llegó desde Santiago a exhumar el cuerpo no trajo bolsas para sellar el ataúd, es decir, no se cumplió el debido proceso y no se aseguró una cadena de custodia hasta que se hicieran los peritajes. Hoy no tenemos certeza de que lo que pusieron encima del mesón haya sido el cuerpo de Macarena”, enfatizó.
La pareja de la activista comentó que una vez que el médico emita el informe, el Servicio Médico Legal deberá notificar a la Fiscalía, quien deberá informar a la familia si se abrirá una nueva investigación por su muerte o no. Según comenta este proceso podría tardar varios meses.
En tanto, desde el Ministerio Público indicaron que la fiscal de Panguipulli, Alejandra Anabalón, quien está a cargo del caso, no se referirá al tema hasta que se conozcan formalmente nuevos antecedentes.

Mulchén: familiares califican como "una burla" las penas por matanza de campesinos en 1973


Archivo | Agencia UNO
Publicado por   
La Información es de 
Fabián Polanco
Penas de entre 300 días y 10 años de cárcel dictó el ministro Carlos Aldana por el crimen de 18 campesinos de Mulchén y el ocultamiento de los restos en la llamada Operación Retiro de Televisores, condenas que fueron calificadas como una burla de parte de los familiares.
El proceso terminó con que sólo exmiembros de Carabineros recibieron penas efectivas de cárcel por los homicidios calificados y el secuestro de los campesinos asesinados tras el golpe militar de 1973 en la comuna perteneciente a la provincia de Bío Bío.
Mientras los expolicías serán notificados esta tarde de sanciones de entre 5 y 10 años de cárcel, los militares acusados por la desaparición de los restos -en la Operación Retiro de Televisores ejecutada por el Ejército en 1978- sólo recibieron sanciones de hasta 3 años y 1 día con el beneficio de la libertad vigilada.
Para la abogada de las víctimas, Patricia Parra, se trata de condenas bajas que no se condicen con la gravedad de los hechos investigados.
Con indignación en tanto recibió la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la sentencia, que se espera sea oficializada esta tarde por la Corte de Apelaciones de Concepción.
La vicepresidenta de la agrupación, Norma Panés, calificó como una burla de los tribunales el fallo.
En el caso Mulchén (y la arista Operación Retiro de Televisores) era una docena de excarabineros y exmiembros del Ejército los acusados.
Listado de condenados
Los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán fueron condenados por 12 homicidios calificados a una pena de 10 años y 1 día de cárcel efectiva, además de 5 años y 1 día por el delito de secuestro, sin beneficios, y 300 días por las inhumaciones y exhumaciones ilegales de las víctimas.
Los ex miembros del Ejército José Iturriaga, Jaime Miller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García Zamorano recibieron la pena de 3 años y 1 de prisión como encubridores del delito de homicidio simple, además de 541 días por la exhumación ilegal de los restos en la Operación Retiro de Televisores, mientras que Julio Reyes fue condenado a 3 años y 1 día de cárcel por el encubrimiento y 300 días por la exhumación ilegal, todos beneficiados con la libertad vigilada para el cumplimiento de las condenas.
El suboficial en retiro del Ejército José Puga, quien había sido acusado por encubrimiento y exhumación ilegal, fue finalmente absuelto de los cargos imputados en el marco de la Operación Retiro de Televisores.

jueves, 26 de octubre de 2017

PRESIDENTA BACHELET CUMPLA CIERRE PUNTA PEUCO




En Filsa Funan A Presidenta Por Punta Peuco: "Ha Perdido La Memoria De Que Fue Torturada"
En Estación Mapocho, en medio de la inauguración de la Feria del Libro de Santiago, Filsa 2017,
cerca de 15 personas protestaron porque no se ha llevado a cabo el cierre del penal Punta Peuco.
Las manifestantes, en su mayoría hijas de ejecutados y torturados políticos, interrumpieron el discurso 
de la presidenta Michelle Bachelet para exigirle el cumplimiento de lo que es aún un compromiso de se gobierno.
“Ella debería entender mejor que nadie este problema, pero ha hecho vista gorda de su propia historia, ha perdido 
la memoria de que fue torturada y le mataron a su padre. Ahora pretende que caminemos por las calles juntos, con torturadores y asesino”, dijo Rosa Silva.

“Genocidas están saliendo libres amparándose en ser adultos mayores”, criticó Cecilia Haiver. “De una vez por todas
exigimos que cumpla su palabra, que estamos esperando, promete y promete para qué”, agregó.

Las manifestantes dijeron que aprovecharon esta instancia en que la presidenta dstaca la cultura, ya que ellas son
“la fiesta en vida de la cultura y la memoria”, explicando que no tienen espacio para comunicarse y que por eso 
irrumpen de la manera en que lo hicieron.
De momento, no se tiene una respuesta desde La Moneda.




protesta en Filsa

Murió en el Hospital Militar preso de Punta Peuco que había solicitado indulto presidencial

Martínez había solicitado el indulto presidencial a Michelle Bachelet, tal como lo habían hecho Gustavo Muñoz, Pedro Vivian y José Fritz.
Este jueves, murió el militar en retiro Francisco Martínez, quien cumplía condena en el penal Punta Peuco por el secuestro y desaparición de tres uruguayos en 1973. El ex general se encontraba internado en el Hospital Militar producto de un cáncer terminal.

Martínez había solicitado el indulto presidencial a Michelle Bachelet, tal como lo habían hecho Gustavo Muñoz, Pedro Vivian y José Fritz.
“La indolencia extrema de este gobierno ha permitido un ensañamiento inexcusable con los enfermos terminales de Punta Peuco, esperamos que en un futuro gobierno de Sebastian Piñera esta inhumanidad y venganza tenga un cambio sustancial“, dijo Raúl Meza, su abogado defensor, criticando que no pudiera estar junto a sus seres queridos en su muerte.

La semana pasada sesionó en el Centro de Justicia la comisión de apelación de Santiago que revisaría las libertades condicionales de reos de todo el país, donde Gendarmería postuló a 12 de los internos de Punta Peuco, incluyendo por primera vez a Miguel Krassnoff y a Álvaro Corvalán.

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