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miércoles, 31 de agosto de 2022

COLEGIO DE PERIODISTAS ESPERA JUSTICIA EN INICIO DE JUICIO POR VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS CONTRA COMUNICADORAS DE ARICA

 Martes 31 de Agosto 2022

A casi tres años de la denuncia, parte juicio por el delito de abusos contra particulares en el marco de la querella por torturas que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en el caso de detención injustificada y actos vejatorios de parte de agentes del Estado contra periodistas de Arica, que transitaban en horario de toque de queda el 23 de octubre del 2019, siendo el primer caso de comunicadores en Chile que llega a litigio en tribunales nacionales.
Para el Consejo regional Arica y Parinacota del Colegio de Periodistas de Chile, es fundamental que haya justicia en el caso de violación de derechos humanos contra las profesionales de la prensa Estefani Carrasco Rivera y Patricia Torres Basualdo, quienes denunciaron haber sido obligadas a desnudarse y sufrido excesivo uso de fuerza por parte de Carabineros tras ser detenidas ilegalmente durante las revueltas sociales de 2019.
“Para nosotros es fundamental que exista justicia, no puede ser que a casi tres años de ocurridos los hechos todavía no haya una resolución definitiva por parte de los tribunales, especialmente considerando que por otra parte hay personas que han estado hasta dos años en prisión preventiva por hechos ocurridos en el mismo periodo”, enfatizó Ángelo Auil Kulari, presidente regional del Colegio de Periodistas.
El dirigente agregó que “nos lleva a cuestionar con firmeza la forma en que se llevan adelante los casos donde las víctimas parecieran ser la última prioridad del Poder Judicial. Esperamos que el resultado sirva como ejemplo para que nadie tenga que volver a vivir algo similar”.
Cabe mencionar que la ex funcionaria de Carabineros acusada en este caso, arriesga una pena máxima de tres años de presidio menor en su grado medio en caso de ser declarada culpable del delito de apremios ilegítimos y de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo en caso de que el tribunal califique el delito como tortura.
Arica, 31 de agosto 2022
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OPINIÓN POLÍTICA Aprobamos por un país más justo, más digno, más solidario, más inclusivo y diverso

    

Nosotras y nosotros estudiantes, ex estudiantes, trabajadores y ex trabajadores de la gloriosa Universidad Técnica del Estado y actual Universidad de Santiago, hemos sido activas y activos luchadores en el proceso de cambios que el país ha vivido. Hemos estado comprometidos históricamente con las demandas del pueblo y los trabajadores, con la reforma universitaria, la educación y la cultura, celebramos la Nacionalización del Cobre, la Lucha por la Educación Gratuita y en contra de la Privatización.

Hemos apostado por este proceso de cambios, en el marco del derecho social y democrático que nos propone esta Nueva Constitución, no buscamos nada más que el bienestar de todos y todas, no más injusticias, no más desigualdades, no más impunidad.

Hoy nuestra tarea es informar y convencer a aquellos que están en la duda, y que han estado bombardeados por las “fake news” y por el poderío de los medios masivos de comunicación. Nuestra opción es mostrar la verdad, explicar con buenos argumentos lo que se está jugando, no al revanchismo, no al odio, esos métodos son de la derecha y los sectores conservadores, así lo demuestra su comportamiento y sus discursos.

Algunos puntos fundamentales en esta declaración son:

1.- Educación

La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla.

Se profundiza la importancia que tiene para la sociedad. Indicando en su artículo 35 que: “La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país.

Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la consciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional”. En casi 50 años por primera vez podemos concebir el rol de la educación y el deber del Estado para repensar nuestra convivencia y el propósito de la formación de sujetos y sujetas con perspectiva política y social, que posibiliten los cambios permanentes en donde reflejemos las necesidades de todos los pueblos en una sana convivencia y democracia.

También se reconoce que la educación “comprende la libertad de madres, padres, apoderados, apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”, como establece el Artículo 41.2

En el artículo 37 se refiere expresamente al funcionamiento y desarrollo de la educación superior, partiendo por un elemento nuevo: la consagración constitucional del principio de gratuidad para los estudiantes de universidades estatales y aquellas privadas que determine la ley. “El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria.

2.- Fondos de Pensiones

Los sistemas de pensiones deben ser para pagar pensiones dignas y que se sustenten en el tiempo, y no como un botín para enriquecer a las administradoras de los fondos de pensiones y a las compañías de seguros a costa del esfuerzo de las/los trabajadores/es.

Sabemos que los fondos ya ahorrados son heredables por excepción y que los que están en rentas vitalicias no dejan herencia». Los fondos de pensiones son inexpropiables y no existe norma alguna en la propuesta de nueva constitución. La derecha ha instalado en la discusión muy hábilmente, como verdad algo que no lo es. Los fondos de pensiones son inexpropiables, sin embargo, ha empujado al gobierno   a generar una norma para responder a este temor que tienen los ahorrantes AFP.

En el Artículo 45 se establece que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”. Además, se define en el numeral 2 del mismo artículo: “La Ley establecerá un sistema de seguridad social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales…” entre otras.

  1. Trabajo

En cuanto al Trabajo en el artículo 46 se establece que “Se prohibe cualquier tipo de discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distintcion que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal” Lo que determina un tremendo avance en materia de no discriminación en todo el mundo del trabajo.

También se específica que el “Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados”. Este punto supone un importante avance en poder compatibilizar la vida laboral junto con la vida personal y familiar, sumando el derecho al ocio.

4.- El Estado

La propuesta constitucional tiene un cambio radical en el papel que se le reconoce al Estado, a través de un rol activo, solidario, no subsidiario y garantizador de derechos sociales. Con reconocimiento a los pueblos originarios y sus derechos colectivos, el respeto a su lengua, tradiciones, lo que lleva a una mejora evidente en el sistema político y administrativo.

Además, sostiene una descentralización verdadera, paritaria, con escaños reservados, eliminación del control preventivo de constitucionalidad, eliminación de las supra mayorías, mecanismos sustantivos de democracia directa. Todo esto es el apruebo, eso es la nueva Constitución, es un paso relevante para enfrentar y empezar a solucionar los graves desequilibrios de la sociedad chilena.

La propuesta de nueva Constitución hace que el Estado de Chile deba cumplir sin lugar a interpretaciones, las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos». «Siendo los derechos humanos un mínimo ético civilizatorio, cuyo respeto, debida protección y garantía deben ser la base fundante de toda convivencia democrática, constituye un deber ético concurrir a las urnas y aprobar el texto constitucional el próximo 04 de septiembre»

El texto de la nueva constitución “en relación a los derechos sociales, no sólo los consagra formalmente sino establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio climático estableciendo los derechos de la Naturaleza, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la Convención sobre Discapacidad».

El nuevo texto constitucional propuesto, se hace cargo así de las demandas mayoritarias expresadas durante el estallido social de octubre de 2019, a través de legítimas protestas de la ciudadanía que hicieron posible el proceso constituyente en curso. A través de esta declaración conjunta, hacemos un llamado amplio a toda la Comunidad Universitaria de la UTE-USACH y a la sociedad en general a concurrir a las urnas este domingo 4 de septiembre con la convicción de que nuestros derechos quedarán consagrados en la Nueva Constitución, echando por tierra la Constitución impuesta a sangre y fuego por la Dictadura Cívico-militar.  

 

VOTAR APRUEBO ES UN ACTO DE ESPERANZA Y DIGNIDAD

 

CORPORACIÓN SOLIDARIA UTE-USACH

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

 

OPINIÓN POLÍTICA En 180 grados

    

Hasta hace muy poco tiempo, Héctor Llaitul, el líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), gozaba de un inmenso prestigio en todo el mundo de la izquierda y de la centro izquierda chilena. Se estimaba ampliamente que su lucha era justa al proponerse exigir del Estado la devolución de las tierras confiscadas (más de 300 mil ha), como el reconocimiento de su identidad como nación y cultura.

Sin embargo, para la derecha y los poderosos empresarios de la macro zona sur del país siempre se trató de un extremista y hasta terrorista empeñado en afectar las propiedades industriales y madereras que operan en toda la Araucanía, esto es en los territorios que se le reconocieron como propios con la Independencia del país, hasta que los gobiernos chilenos que sucedieron al del Libertador Bernardo O´Higgins  impulsaron su desalojo e instalación de migrantes europeos e inversionistas acogidos por el país. Haciendo caso omiso de la propiedad ancestral que hoy no solo la CAM clama por su devolución sino el conjunto de las otras etnias y buena parte de la población chilena. No es casualidad que uno de las familias más ricas del país, como es la heredera del magnate Anacleto Angelini, sea la dueña de la Celulosa Arauco cuya empresa se enseñorea en la zona y le ayuda a incrementar su fortuna de más de 3 mil 500 millones de dólares.

La palabra de Llaitul y su épica lucha han merecido reconocimiento y asistencia internacional y los últimos gobiernos del país han comprometido una paulatina, aunque desganada, devolución de sus territorios, así como se han dado pasos en el reconocimiento de su condición, lengua, bandera y otros emblemas. Sumado el testimonio de múltiples historiadores que han consignado que la lucha mapuche contra el imperio español fue decisiva para el establecimiento de nuestra república. No está demás decir que gracias a las armas empuñadas por tantos patriotas fue posible nuestra Emancipación y que después los guerrilleros de entonces fueran reconocidos como héroes de la Patria.

En un giro de 180 grados, expresiones políticas que aplaudían el levantamiento mapuche una vez instalados en el Gobierno francamente se sumaron a la intención del Presidente Sebastián Piñera por militarizar la Araucanía, mediante sucesivos estados de emergencia y el envío a la zona de fuertes contingentes policiales y militares. En una decisión que solo ha venido a legitimar la rebeldía de Llaitul y de sus organizaciones, instándolos a  realizar tomas de predios, sabotaje a diversas empresas como a “recuperar” la madera comercializada por estas poderosas compañías. “Cada árbol de la zona es de nuestra propiedad” dicen con razón los diversos longos y combatientes  de una nación que nunca se ha doblegado ante la opresión que sistemáticamente se le ha ejercido durante cinco siglos.

Sorprende entonces que el gobierno de los múltiples referentes del Frente Amplio, comunistas y diversas otras expresiones que formaron parte de la Concertación y de la Nueva Mayoría se empeñen ahora en recurrir a la Ley de Seguridad del Estado, propiciando querellas criminales para neutralizar lo que es, sin duda,  un severo conflicto que tiene origen en el despojo y el atraso en que viven los mapuches reconocidos años atrás por los obispos chilenos como “los más pobres entre los pobres chilenos”.

En virtud de lo anterior es que el propio Llaitul ha sido encarcelado y formalizado nuevamente por los más diversos cargos, además el de fomentar la lucha armada y atentar contra las autoridades.  No olvidemos que también hasta solo algunas semanas, voceros de la izquierda política prometieron renunciar a la aplicación de estas leyes represivas, apostando como dijeron al diálogo con las comunidades y dirigentes de esta etnia.

Quizás en cándida consecuencia de esto es que una estrecha colaboradora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, realizó en su nombre contactos telefónicos para alentar un proceso de diálogo con el líder de la CAM, comunicación que fuera infiltrada por la Policía de Investigaciones y revelada a La Moneda.  Lo que veloz e insólitamente llevara al Presidente Boric a destituir de su cargo a esta secretaria de Estado, accediendo a la petición, o exigencia, que en este sentido le hiciera la UDI, una de las colectividades de la derecha más extrema. Aunque muchos dudan realmente que la iniciativa de la Ministra no fuera alentada por sus superiores, lo evidente es que con esta destitución los actuales moradores del Poder Ejecutivo están desahuciando realmente al diálogo y optado por el camino de apertrechar a las FF. AA y las policías para emprender una segunda Pacificación de la Araucanía. Recordemos, de paso, querecién la misma Ministra reconoció en una entrevista que en Chile había presos políticos mapuches, en palabras que después tuvo que desistirse o fuera conminada a ello.

Queda más que claro que con Llaitul en la cárcel se hará muy difícil lograr que los ánimos en la Araucanía se apacigüen y que este gobierno pueda conseguir el propósito hasta ayer prometido de lograr la paz con el pueblo mapuche con el reconocimiento pleno de sus derechos conculcados y su justa reparación. Desgraciadamente, queda consignada la enorme influencia que mantienen los sectores más retardatarios y racistas del país ante La Moneda y los medios de comunicación masivos. Protagonizados, como consta, por una suerte de animadores televisivos que más bien ofician de locutores comerciales y caja de resonancia de los intereses que los poderosos consorcios que los financian, antes que desempeñarse como periodistas libres, independientes y satisfactoriamente informados.

Para ser justos, hay que reconocer que la destitución de la Ministra y aquella majadera insistencia oficial de que “nadie está por sobre la Ley” para impugnar el justo malestar y levantamiento mapuche, no es visto por buenos ojos por parte del propio gobierno y sus partidos y movimientos asociados. Por lo que ya se augura que puedan sucederse rupturas al interior de la coalición de gobierno por su melifluo asentimiento con lo demandado por los opositores.

Además de los pronósticos electorales que señalan las encuestas, también se consigna que el liderazgo de Boric y de su más cercano círculo de colaboradores ha ido perdiendo credibilidad por sus reiteradas inconsistencias ideológicas, como por la incertidumbre que aumenta respecto de que el Ejecutivo realmente se proponga realizar las profundas reformas económico sociales prometidas. Tanto es así que antes de los resultados del próximo Plebiscito, la Moneda ya viene propiciando acuerdos amplios que lleven a enmendar el texto constitucional en caso de que éste llegara a aprobarse. De nuevo la tan recurrida unidad nacional pudiera servir para que sigan postergándose las reformas que el pueblo ha demandado largamente en las calles y pueblos.

Lo que se comprueba todos los días es que por sobre la ley, pero especialmente por encima de la justicia y la palabra empeñada, siguen gobernando los mismos y oscuros intereses. Lo que alienta que las tensiones del sur y del norte terminen abrazando todo el territorio con un nuevo estallido social. Ahora en demérito de los que antes lo propiciaron con tanto entusiasmo.

 

Por Juan Pablo Cárdenas S.

ONU: España violó los derechos políticos de los ex dirigentes del Parlamento Catalán

    

El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de considerar que España violó los derechos políticos de ex miembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones públicas, previo a la existencia de una condena, tras el referéndum independentista de 2017.

 

El Comité ha publicado hoy su dictamen tras examinar una denuncia presentada por Oriol Junqueras i Vies, ex Vicepresidente de Cataluña, y tres ex consejeros, Raúl Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Jordi Turull i Negre. Los cuatro fueron procesados y eventualmente condenados por su participación en el referéndum independentista y en los hechos posteriores que llevaron al Parlamento de Cataluña a declarar la independencia en octubre de 2017.

En septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que autorizaba un referéndum sobre la independencia de Cataluña. A pesar de la orden de suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y de la intervención policial, el referéndum se celebró el 1 de octubre.

A mediados de octubre, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad tanto de la ley como del referéndum. Sin embargo, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, por lo que fue inmediatamente disuelto por el Gobierno de España.

Junqueras y los tres consejeros fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional. En julio de 2018, fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión.

Durante su detención preventiva, los cuatro ex miembros del Parlamento presentaron su caso ante el Comité, alegando que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En octubre de 2019, los cuatro fueron condenados por el delito de sedición que, a diferencia del de rebelión, no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra.

«El Comité dio un paso importante al afirmar que las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito», dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

Tomando nota de que los cuatro denunciantes habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica, el Comité consideró que la acusación en contra de los demandantes por el delito de rebelión, que resultó en la suspensión automática de sus cargos con anterioridad a la existencia de una condena, no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos.

«La decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado. Este enfoque y estas garantías son la mejor manera de garantizar el respeto a las instituciones y de promover el Estado de Derecho en una sociedad democrática», añadió Tigroudja.

 

Elena Rusca, Ginebra, 31.08.2022

RESTAN 5 DÍAS PARA VOTAR APRUEBO.

 Miércoles 31 de agosto 2022


El taller Hilvanando Memoria dicen.
APRUEBO.
Este taller lo componen Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos de Chile.
Puede ser una imagen de texto que dice "APRUEBO BO TALLER HILVANANDO MEMORIA"



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