¿Girará Chile a la izquierda en las elecciones de presidente, de Congreso y de consejeros regionales del 21 de noviembre próximo o en el balotaje del 19 de diciembre? Más allá de un incierto proceso electoral, posiblemente con baja participación: ¿Representarán los resultados el “nuevo Chile” surgido tras el estallido social del 18 de octubre de 2019? ¿Se confirmará el descalabro de la derecha, tanto en la presidencia como en el Congreso?
La disputa en el balotaje del 19 de diciembre puede darse entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Republicano) marcando una polarización izquierda derecha a tono con la intransigencia represiva del gobierno Piñera. Puede darse entre Boric y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), o con Sebastián Sichel (Chile Podemos más), si el centro político se recupera en los próximos días. No hay antecedentes que permitan afirmar un aumento de la participación electoral más allá del 50% del electorado potencial. ¿Cómo se interpretará la baja, o masiva participación electoral?
Más allá de las elecciones ¿facilitará el próximo Congreso, concretizar la Nueva Constitución exigida por el movimiento social del 18 de octubre de 2019?
Las incógnitas son numerosas en elecciones marcadas por el sello de la incertidumbre. Lo cierto es que Chile vive un cambio de sistema político complejo, que no culminará con el balotaje del 19 de diciembre.
La intransigencia represiva del gobierno derechista de Sebastián Piñera, su negativa ante las reivindicaciones del movimiento social y el retorno del discurso contra la ola de violencia de delincuentes, marca el retorno a la campaña del terror a las que se aferra una derecha acorralada por la historia.
Desafíos del proceso electoral
A pesar del repliegue del movimiento social por la pandemia del Covid-19, el segundo aniversario del 18 de octubre confirmó que el movimiento social sigue presente. Ello, en condiciones de un aparente predominio de canalización de la revuelta en una nueva constitución redactada por la Convención Constitucional. La mantención de la tregua dependerá de la oferta constitucional, pero sobre todo, de las respuestas que dé a las demandas sociales el próximo gobierno.
¿Se confirmará el giro a la izquierda del sistema político que anuncia la popularidad de Gabriel Boric? Lo cierto es que las elecciones cristalizarán la relación de fuerzas políticas, marcando los contornos del nuevo sistema político. La izquierda chilena, aún adormecida por más de tres décadas, tiene el desafío de “incorporar la promoción de los movimientos sociales de la revuelta, tanto en su ámbito reivindicativo como en su potencial de construcción de Estado desde la base social.”
- Balance catastrófico del gobierno de Sebastián Piñera
Ningún candidato cree que el apoyo del presidente Sebastián Piñera, le ayude a ser elegido el 21 de noviembre. El balance del gobierno de Sebastián Piñera es catastrófico. Tras ello, se perfila el descalabro de los partidos tradicionales de la derecha (RN, UDI y Evopoli) y la fase terminal que aqueja al sistema político instalado en 1990.
Los “tiempos mejores” de Piñera, gracias a una agenda de profundización neoliberal, nunca llegaron. La constatación de que nunca llegarían llevó a la masiva movilización social iniciada el 18 de octubre de 2019.
¿Un gobierno perdido en la tormenta?
Dos años más tarde, las reivindicaciones del 18 de octubre de 2019, siguen sin respuesta: nada se ha hecho. Sigue la desconexión entre el sistema político y la sociedad. Sin embargo el sujeto social esgrimió demandas concretas de una inmensa coherencia antineoliberal. Por un lado, contra las zonas de sacrificio intrínsecas al extractivismo desenfrenado e inhumano de un agotado modelo neoliberal que destruye el medio ambiente. Por otro lado, contra los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y el aumento de las desigualdades. Además, contra las limitaciones al acceso a la salud, a una educación de calidad, a la vivienda, contra el sistema de las AFP que condena a jubilaciones míseras. De reconocimiento al pueblo Mapuche, de respeto a las identidades de género, contra la violencia patriarcal, entre otras.
A ello se agregó la condena del sistema político de los últimos treinta años, porque se reveló incapaz de resolver esos problemas. Se asistió al renacer del deseo del movimiento popular de construir Estado, reviviendo las experiencias de democracia territorial, de otras épocas. Ello acompañado de la crítica de una clase política autorreferente, desconectada de la sociedad y marcada por lazos privilegiados con empresarios que engendra una corrupción impune, castigada, a lo más, con cursos de ética.
Una corrupción que se extiende a otros poderes del Estado. La existencia de dos justicias en Chile entre civiles y carabineros tras el estallido. Una cárcel solo para los pobres. A ello se agregan las revelaciones de corrupción en las Fuerzas Armadas, en Carabineros y hasta en la policía civil (PDI). Las violaciones de DDHH impusieron la necesidad de una reforma o refundación de Carabineros, pero ello no avanza. Los intentos de limitar la corrupción, disminuir los privilegios y la autonomía de las Fuerzas Armadas han quedado en letra muerta.
Un balance catastrófico
La última gota del balance del gobierno Piñera, fue la revelación de negocios del presidente en paraísos fiscales revelados por los “Pandora Papers”. El presidente, enfrenta un proceso por corrupción en tribunales, y una segunda acusación constitucional, por vulneración del principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la nación.
Durante la pandemia del Covid-19 el agotamiento del modelo neoliberal se profundizó. Ella actuó como revelador de las profundas desigualdades económicas y de acceso a la salud. A pesar de altas tasas de vacunación, Chile alcanzó una de las tasas más altas de contagio del mundo. La BBC puso el dedo en la llaga al afirmar que era principalmente porque los chilenos estaban obligados a infringir las restricciones a la movilidad, por la fragilidad económica y social en que viven y la elevada tasa de empleo informal. La encuesta Casen 2020, revela que la pandemia provocó casi dos décadas de retroceso en la lucha contra la desigualdad.
El consenso del impacto de la desigualdad es tal que la OCDE, insta a que Chile se centre en reducirlas en sus planes de recuperación económica posCovid. Ya en la cuenta pública del 31 de julio de 2020, Piñera no tenía nada nuevo que ofrecer y eso no ha cambiado hasta ahora. Los tres retiros de 10% de los fondos de las AFP, equivalieron a una rebelión contra el poder presidencial, ayudaron a paliar los efectos económicos de la pandemia, principalmente en la extensa “clase media” chilena. El cuarto retiro confirmaría el fin de uno de los pilares fundamentales del modelo neoliberal chileno.
La intransigencia represiva de Piñera
En 2019, Sebastián Piñera redujo las demandas de más de cuatro millones de chilenos a un discurso contra una ola de violencia criminal organizada por un enemigo poderoso, que no era más que su propio pueblo. El gobierno Piñera estaba en la mira de organizaciones de derechos humanos por la profundización de la criminalización de las demandas Mapuches y la militarización de la Araucanía en apoyo al extractivismo de las forestales.
El asesinato de Camilo Catrillanca por el comando Jungla, entrenado en Colombia, cierra las posibilidades de diálogo o de respeto de compromisos internacionales de Chile en el trato de pueblos indígenas. La reciente imposición de un estado de excepción, que dejó en manos militares la zona, precisamente el simbólico día 12 de octubre, confirma la defensa acérrima del extractivismo en la Araucanía y la posición neocolonial de la derecha chilena.
Ante la movilización social del 18 de octubre, el gobierno extendió su estrategia represiva de criminalización de la protesta del Pueblo Mapuche, contra la movilización social de todos los que habitan el territorio con una represión feroz, que recordó la dictadura de Pinochet.
Dos años más tarde, mantiene en la impunidad, no da reparación, ni asegura que se repitan esas violaciones de DD.HH. Siguen impunes los perpetradores de violaciones, de centenares de víctimas cegadas por disparos de Carabineros, entre ellas, Fabiola Campillay. Recientemente, la justicia revocó la prisión preventiva para el Carabinero que cegó otra víctima emblemática: Gustavo Gatica.
Mientras tanto de los 2,500 presos políticos del estallido, quedan 77 que sufren largas prisiones preventivas sin cargos, usadas como condena, y 150 con arresto domiciliario total. Es así cómo quedará en la historia como un gobierno que viola la libertad de expresión y los derechos humanos fundamentales.
La ley de indulto a los presos políticos de la revuelta
Para el segundo aniversario del 18 de octubre, el gobierno Piñera, los candidatos de derecha y varios empresarios volvieron a rebajar el movimiento social a una ola de violencia de delincuentes.
Nadie duda en que el proceso constituyente nació gracias a quienes salieron a la calle a manifestarse en octubre de 2019. Por ello en uno de sus primeros gestos, más de dos tercios de los miembros de la Convención Constitucional, lo reconocieron en una declaración y exigió apurar la tramitación de la Ley de Indulto en el Congreso y la inmediata desmilitarización del Wallmapu. La campaña nacional e internacional para liberar los presos políticos cobró nueva fuerza.
Piñera amalgamó nuevamente 232 manifestaciones pacíficas en todo el país, incluida, la multitudinaria concentración en la emblemática Plaza de la Dignidad con actos delictivos y 35 saqueos. De acuerdo a un senador de su propio sector, Manuel José Ossandon, por lo menos en Puente Alto, ocurrieron porque Carabineros “habría recibido órdenes de no intervenir”.
El portavoz gubernamental, Juan Francisco Galli, empresarios y medios de comunicación atacaron a los candidatos de oposición, Boric y Provoste, como autores finales de la violencia al apoyar la ley de indultos, empantanada en el Congreso.
Lo cierto es que Ciper, revela el fracaso del Estado en materia de seguridad: “en una década duplicaron los territorios dominados por el narco en la Región metropolitana pasando de 80 a 174”. Un millón de santiaguinos vive, al margen de la acción del Estado, expuesto a la violencia cotidiana y con escaso equipamiento urbano.
El intervencionismo electoral con esta nueva campaña del terror, aunque no haya resurgido el “Chilezuela” como en 2017, transformó, la aprobación en el Congreso del indulto a los presos políticos de la revuelta en tema de definición estratégica para Yasna Provoste.
- ¿Fin de los gobiernos de la derecha neoliberal?
A comienzos de 2019, ideólogos de la “modernidad chilena”, como Eugenio Tironi vaticinaban que el de Piñera sería el último presidente del bloque de derecha que participó del pacto de gobernabilidad de 1989. Pero ellos imaginaban que la modernidad apuntaba al surgimiento de un nuevo contexto y nuevos bloques.
Otros abrazaban la tesis de la modernidad política alcanzada por Chile con el sistema político instalado en 1990. Recordemos que Piñera pretendía pocos días antes del estallido social de octubre de 2019, que Chile era un “oasis” de estabilidad en una América latina convulsionada. Consecuentemente y considerando el éxito Chileno, Piñera prometía un largo reinado para la derecha.
Algunos plantean que la revuelta se explicaría por un malestar ante una exitosa modernidad, porque ella trajo un “bienestar que incrementa la vivencia de la desigualdad”. Es la tesis entre otros, del columnista de El Mercurio, Carlos Peña. Lo cierto es que los datos sobre Chile no apuntan al pretendido éxito de la modernidad, (el bienestar) como explicación del estallido social.
Fue más bien el fracaso de la modernidad neoliberal, denunciada entre otros, por Carlos Ruiz, Gabriel Salazar, lo que acarreó el surgimiento o el retorno del sujeto social como actor político. Las masas sociales movilizadas desde el 18 de octubre de 2019, están contra las políticas públicas neoliberales concretas y contra el sistema político actual. Ellas apuntan a la necesidad de otro modelo económico según Marco Kremerman de la Fundación Sol.
El fracaso del gobierno Piñera desde 2019, muestra la dificultad (¿imposibilidad?) del sistema político actual de responder a esas demandas. Chile vive la combinación de una crisis sanitaria, económica y política que agudiza las contradicciones. El único aspecto en que hubo movimiento, fueron los tres retiros de fondos de las AFP, el comienzo del fin del modelo neoliberal chileno.
La derecha acorralada y dividida
El fracaso del gobierno Piñera ha contribuido al descalabro de la derecha política, confirmado en el plebiscito del 25 de octubre y en las elecciones de mayo pasado. La derecha y sus independientes no consiguieron el tercio para ejercer su veto en la Convención Constitucional. La derecha perdió municipalidades y alcaldías emblemáticas, y casi no eligió gobernadores.
El 18 de julio, Sebastián Sichel terminó siendo el candidato de la coalición de derecha, bautizada ahora como “Chile podemos más”. Perdieron figuras, tradicionales como Joaquín Lavin de la UDI, modernas como Ignacio Briones (Evópoli) y de la “derecha social” (RN) como Mario Desbordes. Sin embargo, fue una victoria pírrica porque Apruebo Dignidad concitó mayor participación electoral.
Sichel, busca presentar una imagen de centro-derecha moderada, atractiva para quienes desconfían de los partidos políticos, pero con pies en la tierra. Perdió fuerza por mal desempeño de Sichel en los debates presidenciales; por denuncias de financiamiento ilegal por compañías pesqueras en 2009 y de financiamiento actual por el empresariado del gas, revelado por CNN Chile.
También, porque escondió que había retirado su 10% de las AFP, mientras amenazaba con quitar su apoyo a los candidatos de derecha que apoyaran el cuarto retiro. Ahora, nadie quiere fotografiarse con él, afirma irónicamente un columnista.
Sichel aparece en cuarto lugar de preferencias presidenciales (bajó del 12% a apenas un 7,5%, apenas 8,9% entre los votantes probables) en la encuesta de Pulso Ciudadano del 17 de octubre. Por lo pronto, el otro candidato con perfil de outsider, que podría haberle reemplazado, Franco Parisi, candidato populista del derechista “Partido de la Gente”, que obtuvo 10% en 2013, no tiene perspectivas. Ahora no alcanza el 5% en las encuestas, porque hace campaña virtual desde su “exilio” en Estados Unidos para evadir un juicio por no pago de pensiones familiares.
La tentación ultraderechista de J. A. Kast
Es así como parte importante de la derecha opta por José Antonio Kast, un ex diputado de la UDI, del Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano, del Pacto Frente Social Cristiano. Cae nuevamente en la tentación de defensa de sus intereses y privilegios mediante la campaña del terror y denuncia del caos. De haber tenido apenas 2% en las elecciones de 2017,
Kast aparece en segundo lugar en la encuesta Pulso Ciudadano. La encuesta CADEM del 24 de octubre le coloca en primer lugar, pero perdedor en una segunda vuelta contra Boric.
Ello explica que varios senadores, diputados y personalidades de derecha le apoyan abiertamente pese a que debieran estar comprometidos con Sichel. Por su parte, seis miembros derechistas de la Convención Constitucional lo apoyaron públicamente.
El discurso ultraderechista y sin complejos de Kast, atrae el voto “duro” de la derecha, en tiempos en que ella intenta salvar los muebles. Es un admirador sin tapujos de Pinochet y la dictadura cívico-militar. Kast es un émulo chileno de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Sin embargo, según analistas de derecha, está obligado a adaptar su discurso, para ir a buscar el voto moderado, sin el cual no puede ganar.
A menos de un mes de las elecciones, la derecha enfrenta un muro. Una situación inédita en treinta y dos años. La división del voto de derecha entre Sichel, Kast y Parisi, refleja problemas más profundos que un desgaste de la derecha por el gobierno Piñera. Es un cambio de época. Es así como sigue siendo lo más probable, que como señala el académico Marco Moreno que lo más probable es que ninguno de los presidenciables pase a la segunda vuelta presidencial y que el sector pierda escaños de diputados y senadores.
III. ¿Un Nuevo Pacto Social para una segunda transición?
A un mes de las elecciones presidenciales, de cambio completo de la Cámara de Diputados, de la mitad del Senado y de los consejeros de las gobernaciones, también las fuerzas políticas de la llamada centroizquierda, claves del sistema político de los últimos treinta y dos años, están en dificultades.
Todo apunta a la victoria en la primera y segunda vuelta para el candidato de la nueva izquierda, Gabriel Boric, candidato de la lista Apruebo dignidad, formada por el Frente Amplio y Chile Digno (PC y FRVS). De acuerdo a Pulso Ciudadano Boric cuenta con 21,3% de apoyo, 31,3% de apoyo de los votantes probables). Un apoyo inimaginable antes del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.
¿Nuevo pacto social sin contrapartes?
Por su parte, Yasna Provoste candidata del Nuevo Pacto Social recién comienza a subir de 8.6% a un tercer lugar con 13,1% y obtendría 16,5% si se consideran los votantes probables. Ella es la única con posibilidades de pasar a la segunda vuelta porque otros candidatos de centroizquierda como Marco Enriques Ominami del centrista PRO con 3,4%, y Eduardo Artés de Unión Patriótica con 1,6% no tienen ninguna posibilidad.
Es todo un vuelco, porque antes del 18 de octubre, ese pacto debía beneficiar de la alternancia en el poder, propia del sistema político instalado en 1990. Ahora eso aparece incierto, aunque no imposible que pueda pasar a la segunda vuelta.
Ahora, en el nuevo contexto, todo depende de que la coalición heredera de la Concertación y Nueva Mayoría, pueda vender su propuesta de Nuevo Pacto Social. Este es su segundo intento de adaptarse al nuevo contexto creado por el 18 de octubre. El primero, la Unidad Constituyente, creada en septiembre de 2020, buscaba forjar la unidad de la oposición, pero sólo consiguió captar al PL y la plataforma Nuevo Trato salida del FA. 11 meses después, luego de la designación de Yasna Provoste, que ejercía de presidenta del Senado, en las confusas primarias del 21 de agosto.
La coalición de centroizquierda Nuevo pacto Social, tiene su eje en los partidos tradicionales de la transición de 1990: DC, PS, PPD, PR. A ellos se agregaron Ciudadanos y las escisiones del FA, (Partido Liberal y Nuevo Trato). Ese pacto electoral, propone un Nuevo Pacto Social, asegurando la gobernabilidad para una segunda transición de acuerdo al cambio Constitucional que propondrá la Convención Constitucional. Emerge como garante de que ella se realice sin caos y dentro de las reglas del estado de derecho.
¿Una refundación apropiada al nuevo contexto?
Las dificultades del pacto de la centroizquierda, están ligadas al desprestigio de la llamada “clase política” y su responsabilidad por los llamados “treinta años” condenados por la movilización social. Ello quedó confirmado cuando los candidatos de Unidad Constituyente presentada como Apruebo fueron superados en las elecciones a la Convención Constitucional por la coalición Apruebo Dignidad (FA y Chile Digno) y por candidatos independientes.
También, en el nuevo contexto, uno de los partidos claves del pacto, el PS, sufrió una importante sangría de miembros históricos y fracciones hacia el FA (UNIR y Fuerza Social). Un resultado por el cuestionamiento por ellos de la alianza DC-PS y que el nuevo contexto llamaba a un giro a la izquierda del partido de Salvador Allende.
Sin embargo, el Nuevo pacto Social, mantiene puntos fuertes. En efecto, se beneficia de un sistema político que le permitirá elegir un número importante de senadores y diputados, por lo menos hasta el cambio de la Constitución. Por lo pronto los partidos de Unidad constituyente, divididos en dos pactos (Unidad por el Apruebo y Unidad por la Dignidad) consiguieron 128 alcaldes mientras la derecha obtuvo 88. Además, con los resultados definitivos de las elecciones de gobernadores el 13 de junio, eligió 10 de los 16 gobernadores, incluyendo la victoria de Claudio Orrego contra Karina Oliva del FA en la región metropolitana, gracias al apoyo del electorado de derecha. .
Ante el desdibujamiento de Sichel y la radicalización, sin verdaderas perspectivas, encarnada en la candidatura ultraderechista de José Antonio Kast. En el contexto de la inexperiencia del candidato presidencial Gabriel Boric, del FA, y la amenaza del PC, Yasna Provoste aparece como la alternativa del informal y transversal partido del orden y la opción de un nuevo pacto social para una segunda transición con gobernabilidad.
- ¿En vísperas de un giro a la izquierda?
¿Girará Chile a la izquierda para las elecciones del 21 de noviembre o en el balotaje del 19 de diciembre? No es una imagen superficial señalar que Chile ha cambiado. La gran sorpresa de la campaña presidencial es que las encuestas vaticinan, tanto en la primera, como en la segunda vuelta, una victoria del actual diputado por Magallanes, del partido Convergencia Social, el candidato del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Con 35 años, Boric se convertiría en el presidente más joven de Latinoamérica.
¿Una popularidad sorprendente?
El pacto Apruebo Dignidad está compuesto por los cinco partidos del llamado Frente Amplio que sobrevivieron a las crisis: Comunes, Convergencia Social y Revolución Democrática y por los fraccionamientos del PS, Fuerza Común, con Fernando Atria y UNIR con Marcelo Díaz. A ello se agrega Chile Digno compuesto por el Partido comunista; la Federación Regionalista Verde y Social y organizaciones sociales. La bancada parlamentaria de “Apruebo Dignidad” en el Congreso incluye además a Acción Humanista.
La popularidad del FA es sorprendente. Hasta hace unos meses, se le consideraba en declive, incluso en fase terminal, porque fue incapaz de ponerse al frente del estallido del 18 de octubre de 2019, a pesar de que este contiene demandas que son parte de su ethos.
Además, con la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, fue denunciado por excluir la sociedad y el movimiento social de la revuelta. Para muchos, eso confirmó su desconexión con sus bases y con el movimiento social. Apareció cooptado por el sistema político institucional y participando en la cocina de la clase política, dedicado a salvar un gobierno de derecha al borde de la destitución. Gabriel Boric fue hasta funado en el parque forestal en 2019. Una interacción que sigue siendo difícil con el movimiento social porque volvió a ser funado por los presos políticos del estallido en julio de 2021, esta vez por haber aprobado la ley antibarricadas.
Es así como en diciembre de 2019, el Frente Amplio se desangró por la izquierda. Perdió en los partidos Humanista, Igualdad, Pirata y Ecologista Verde, además del Movimiento Democrático Popular. El partido de Boric, Convergencia Social, perdió miembros fundadores de Izquierda Libertaria, al Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y más de 10 mil militantes, principalmente de Revolución democrática.
¿Refundación del Frente Amplio?
Después, en diciembre de 2021, el Frente Amplio se desangró por su derecha con la renuncia de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo y el retiro del Partido Liberal y partidarios, luego del fracaso de las negociaciones con Unidad Constituyente (PR, PS, PPD, PDC, PRO, CIU) con el fin de unir la oposición ante el proceso constituyente.
Carlos Durán, intenta explicar las razones del sorprendente “segundo aire” del Frente Amplio. Por un lado, estaría ligado a la legitimación del itinerario constitucional luego de la aplastante victoria por 80% a favor del Apruebo en octubre de 2020, seguida por la imposición de la paridad, los escaños reservados para representantes de los pueblos indígenas y la facilitación de la elección de independientes en la Convención Constitucional.
Por otro, le favorecería un mejor desempeño en el Congreso y a la alta votación en la elección a la Convención Constituyente, en municipales y de gobernadores. Por otro lado, su popularidad sería tributaria de su encuentro con la identidad histórica de la izquierda chilena. Una identidad, que antes no tenía. Ello, gracias a la incorporación de fracciones socialistas como UNIR y Fuerza Común, y por su alianza electoral con Chile Digno (PC y FRVS y organizaciones sociales).
Es evidente que la coalición reformista de izquierda, Apruebo Dignidad y la candidatura presidencial de Gabriel Boric son los únicos que aparecen beneficiado institucionalmente del nuevo contexto creado por el estallido del 18 de octubre de 2019.
¿En vísperas de un giro a la izquierda?
La victoria presidencial de Apruebo Dignidad, cristalizaría la entrada en el sistema político de la llamada generación de “hijos de la concertación” y confirmaría un giro a la izquierda del sistema político chileno, más cercano a las demandas antineoliberales de la revuelta social del 18 de octubre de 2019 y más acordes con el cambio constitucional que proponga la Convención Constitucional.
Pero, a pesar de su nuevo perfilamiento del pacto Apruebo Dignidad, este no aparece estructuralmente conectado con un movimiento social que aún espera transformaciones concretas que rompan con el modelo neoliberal extractivista contra el que se rebelaron en 2019.
Es por ello que se debe considerar la posible repetición del abstencionismo de elecciones anteriores, que se explica, solo parcialmente, a la crisis sanitaria de la Covid-19. Un abstencionismo que se manifestó incluso para el plebiscito y la elección de la Convención Constitucional (56%).
Eso revela el aspecto central de la crisis de legitimidad de un sistema político, que aun no se transforma. Es así como la formación del pacto electoral Apruebo Dignidad no cierra el ciclo de conformación de nuevos referentes de izquierda producto del despertar del sujeto social en la política chilena. Persisten la desconfianza en los partidos y la oposición entre élite y pueblo no encuentra representación en partidos de izquierda institucionalizados.
Como señalábamos en 1993, creemos que la izquierda chilena, adormecida por más de tres décadas, tiene que enfrentar el desafío de “incorporar la promoción de los movimientos sociales de la revuelta, tanto en su ámbito reivindicativo como en su potencial de construcción de Estado desde la base social.”
Esperando la Nueva Constitución
Por el momento, el segundo aniversario del 18 de octubre confirmó el predominio de la canalización de la movilización social en las esperanzas de una nueva carta magna, redactada por una Convención Constitucional, donde la derecha tradicional no cuenta con derecho a veto.
Es evidente que el movimiento social no tiene una representación política organizada. Los intentos oportunistas de individuos ligados a la Lista del Pueblo, iluminan la bancarrota de una izquierda que postergó su acción transformadora y se mantiene ajena al más importante movimiento social en décadas. Más allá de reivindicaciones antineoliberales, propias de un movimiento social, la revuelta aún no se traduce aún en un proyecto de propuestas progresistas articuladas en un proyecto de sociedad.
Por el momento la disputa presidencial posterga las transformaciones rupturistas exigidas por la revuelta. Pero, el repliegue actual del movimiento social no significa un abandono de las demandas transformadoras, ello depende de si la nueva Constitución, elaborada por la Convención Constitucional logra efectivamente cambiar el sistema político, liberándolo de las ataduras que le impiden responder a las demandas sociales.
Las elecciones de presidente, de Congreso y de consejeros regionales el 21 de noviembre y el balotaje presidencial del 19 de diciembre son elecciones en espera de una nueva Constitución.
El movimiento social y los desafíos de la izquierda
La redacción propiamente tal de la nueva constitución sólo comenzó el lunes 18 de octubre. En la fecha simbólica del segundo aniversario del estallido. Los contenidos propiamente tales de la nueva constitución, aunque no están claros, ellos estarán influenciados por la nueva relación de fuerzas que surja de las elecciones.
Aunque todavía sea prematuro extraer conclusiones del accionar de la Convención Constitucional, es halagüeño que ella sobrepasara en ciertos aspectos, la camisa de fuerza que le había fijado el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Principalmente, en cuanto al reglamento que permite ir a plebiscitos dirimentes por votación de tres quintos de los convencionales. Ello en materias que no se obtenga un apoyo de dos tercios. La minoría de derecha, no consiguió las 39 firmas (sobre 155) para impugnar ese reglamento ante la Corte Suprema. Autorizarlo dependerá del próximo Congreso y de la presidencia.
Por ello es que la relación de fuerzas políticas que surjan de las elecciones del 21 de noviembre es importante en la perspectiva amplia del proceso político chileno.
Sin embargo, hay consenso en que ninguno de los pactos políticos en disputa el 21 de noviembre, responde a la profundidad de los cambios exigidos por el agotamiento del neoliberalismo en Chile y su modelo de desarrollo. No aparecen propuestas claras tanto en el programa de Apruebo Dignidad como en el de Nuevo pacto Social, para resolver la profundidad de cambios exigidos por el movimiento social, materia de salud, de educación, de vivienda, de derechos laborales, de reconocimiento del pueblo Mapuche, de dignidad y de ruptura con los últimos treinta años. Las respuestas son mitigadas y parecen depender de cambios en la constitución.
En espera de nuevos referentes políticos propios de la movilización social, la izquierda política chilena, aún adormecida por más de tres décadas, tarda en decidirse a adoptar el desafío de “incorporar la promoción de los movimientos sociales de la revuelta, tanto en su ámbito reivindicativo como en su potencial de construcción de Estado desde la base social.”
Por Marcelo Solervicens
Fuente: https://marcelosolervicens.org/
