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jueves, 31 de diciembre de 2015

Max Colodro, sociólogo y analista político:

“La situación del ministro Burgos al interior del gabinete es insostenible”

por  31 diciembre 2015
“La situación del ministro Burgos al interior del gabinete es insostenible”
Agudo observador del poder, ex militante de las Juventudes Comunistas, Colodro dibuja aquí los principales nudos de conflicto que configuran el cuadro de descomposición de la Nueva Mayoría y en especial de La Moneda. En la base de Caval y SQM –asegura– está la posibilidad de que la izquierda e incluso la propia Presidenta pierdan su superioridad moral, al comprobarse que recibieron dinero del yerno de Pinochet.

Hasta último momento, el año 2015 se despide con intensas turbulencias políticas, que mantienen revueltas las aguas en el oficialismo. El último conflicto entre la Presidenta Michelle Bachelet y su ministro del Interior, Jorge Burgos, por haberlo marginado del reciente viaje a La Araucanía y que tuvo a la autoridad DC con la renuncia en la mesa, es el broche de oro de una seguidilla de conflictos que marcaron al Gobierno, que desde febrero navegó con dificultad y poco éxito a través de la tormentas que generaron los casos Caval y SQM por el financiamiento irregular de las campañas políticas.
Colodro –profesor, columnista, sociólogo, analista político y ex director de estudios de la Segpres en los gobiernos de la Concertación– hace aquí un descarnado balance político de los conflictos más emblemáticos que marcaron amargamente la agenda del oficialismo, la Nueva Mayoría, La Moneda y la Presidenta Bachelet.
-¿Cómo se explica el último conflicto público entre Bachelet y el ministro Burgos?
-En términos políticos, la Presidenta opera con un círculo íntimo y restringido: su segundo piso, que toma todas las decisiones en función de lo que la Mandataria considera adecuado para su posicionamiento público. En este caso, se consideró necesario realizar la visita antes del término del año y que no existiera la posibilidad de filtraciones previas. Ello explica que el Comité Político de La Moneda y, por tanto, el ministro Burgos, quedaran completamente al margen de dicha actividad. Hay sin duda un trasfondo de desconfianza hacia su equipo de ministros en la manera en que se ejecuta esta decisión.
-¿Quién ganó y quien perdió realmente en este gallito político? 
-Nadie gana. Bachelet reforzó la imagen de desprolijidad e improvisación que afecta al Gobierno, imponiendo una fuerte sensación de distancia con sus ministros. Pero Burgos y la DC son los principales damnificados, ya que se confirma la falta de empoderamiento del ministro y la imposibilidad del partido para hacer valer sus prerrogativas. De algún modo, la pérdida de poder y de autoridad del ministro de Interior es un fiel reflejo de las debilidades políticas que hoy aquejan a la DC.
-¿Cuánto daño le hace lo sucedido a un Gobierno que no repunta del 25% de apoyo ciudadano?
-El Gobierno sale también dañado de este incidente. Con un equipo político en crisis y un jefe de gabinete sin los respaldos mínimos para poder ejercer sus funciones, la situación de la DC al interior del Gobierno y de la Nueva Mayoría se está volviendo insostenible, expuesta a un cuadro de deterioro y hasta de humillación al que no tiene fuerza para poder responder.
-¿En qué pie quedó realmente Burgos después de esto? ¿Hay una relación fracturada sin remedio con Bachelet? 
-La situación del ministro Burgos al interior del gabinete es insostenible. Han sido demasiados los capítulos en los que ha sido desacreditado y desautorizado por la Presidenta. La pregunta no es si Burgos abandona el Gobierno, es simplemente cuándo. La decisión de la Mandataria de confirmarlo en su cargo solo permite imponer un lapso para un eventual rediseño mayor del gabinete. Un Gobierno con las dificultades y la desaprobación del actual, no puede funcionar con un ministro del Interior con este nivel de desgaste.

Daño autoinfligido

-El año 2015 empezó y terminó marcado por el caso Caval. ¿La Moneda ha manejado mal el tema al bajarle el perfil y evitar hablar del asunto o no tenía otro camino?
-El mal manejo de La Moneda se resume en la frase de la Presidenta, que quedó grabada como lo que probablemente sea una de las frases del año: “Me enteré por la prensa”, es decir, un Gobierno y una autoridad que no reconoce haber tenido antecedentes de un tema tan delicado como este, siendo que, además de ser hijo de la Presidenta, era funcionario de La Moneda. A partir de eso, lo que hemos visto todo el año es un intento por eludir el tema, por no dar una explicación clara respecto de las implicaciones que esto ha tenido para el Gobierno y para la propia Presidenta de la República. Más allá de la situación judicial y las irregularidades respecto a Dávalos, lo que ha dañado a la Presidenta es su propio manejo comunicacional del tema y no la situación de Dávalos.
-La Moneda siempre ha precisado que no comentan un caso cuyo proceso judicial está en marcha. Con el episodio de la filtración de la declaración, ¿era necesario hacerse cargo, dar un paso más allá como lo hizo el ministro Burgos con sus declaraciones la semana pasada?
-Cuando Sebastián Dávalos toma la decisión de filtrar a la prensa su declaración ante el fiscal (Luis) Toledo está instalando el tema a nivel público y le está dando una connotación política. Es un sinsentido que La Moneda decida no comentar un caso que el propio hijo de la Presidenta lo convierte en un caso político.
"Ya hay una cuota de daño irreversible pero en cualquier escenario una autocrítica sincera, que la gente reconozca genuina, la ayudaría sin duda. El problema es que la Presidenta no ha dado ninguna señal de interés en una autocrítica ni en el tema Caval ni en el de la precampaña que compromete financiamiento irregular de SQM. El desmoronamiento moral de la izquierda que genera eso, también termina tocando a la Presidenta".
-En entrevistas y columnas has planteado una falta de control político de Dávalos, ¿la soledad en que se encuentra el hijo de la Presidenta se transforma en un peligro permanente para La Moneda? 
-En la medida que siga teniendo la posibilidad de declarar públicamente sin ningún tipo de control ni orientación política de parte del Gobierno, sin duda que significa un riesgo potencial muy alto.
-¿Y qué puede hacer el Gobierno para evitarlo o neutralizarlo?
-Lo que no ha hecho hasta ahora y en mi opinión es imprescindible, es hacer un sinceramiento de ambas situaciones, tanto de la que compromete al hijo de la Presidenta y su nuera, como del financiamiento irregular de las campañas políticas y en especial de la precampaña presidencial. En la medida que el Gobierno utiliza la misma lógica del silencio y el encubrimiento para ambas situaciones, establece un nexo entre ambos hechos, porque opera con la misma lógica y de la misma manera en ambos.
-¿La Moneda y la Presidenta tienen espacio político para rectificar ese mal manejo del caso Caval o el daño ya es irreversible?
-Ya hay una cuota de daño irreversible pero en cualquier escenario una autocrítica sincera, que la gente reconozca genuina, la ayudaría sin duda. El problema es que la Presidenta no ha dado ninguna señal de interés en una autocrítica ni en el tema Caval ni en el de la precampaña que compromete financiamiento irregular de SQM. El desmoronamiento moral de la izquierda que genera eso, también termina tocando a la Presidenta.
-¿Cómo se entiende que ni Dávalos ni Natalia Compagnon estén considerados en las formalizaciones del caso Caval?
-Políticamente, resulta bien inexplicable que la empresa Caval y uno de sus dos socios vayan a ser formalizados y que ello no ocurra con Dávalos y Compagnon. Es probable que este escenario solo refuerce la imagen de que los fiscales están deliberadamente buscando resguardar a la familia presidencial de la acción de la justicia.

Lo sospechoso

-El año 2009 apoyaste la campaña presidencial de Marco Enríquez- Ominami. ¿También es parte del desmoronamiento moral de la izquierda, considerando que recibió financiamiento de SQM, de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet?
-ME-O está igualmente afectado y, como te decía, no solo por el hecho de recibir financiamiento irregular de SQM, sino por una razón como la que afecta a la Presidenta: no hay un reconocimiento ni una explicación clara hacia la opinión pública y eso finalmente termina siendo más castigado por la gente que el propio hecho que se intenta ocultar.
-Siguiendo con SQM, Dávalos acusó que hubo una operación política en su contra para tapar precisamente la arista Soquimich y tú has hablado de un manto de protección a Rodrigo Peñailillo. ¿En qué se demuestra?
-Para mí la evidencia más contundente de que hay una situación completamente inexplicable desde el punto de vista judicial y político, es que la principal empresa que ha estado todo estos meses asociada a financiamiento irregular de la política es SQM y su controlador, a diferencia de lo que sucedió con los controladores de Penta, no ha sido ni siquiera interrogado por un fiscal, no ha sido jamás llamado a declarar, esa sola situación ya evidencia cuál es el peso, la influencia y poder que ejerce Ponce Lerou sobre la clase política y este Gobierno en particular.
-¿Influencia del ex yerno de Pinochet en un Gobierno de centroizquierda? 
-Desde comienzo de la década del 90 Ponce Lerou –como una estrategia de protección personal– decidió empezar a financiar a personeros importantes de los gobierno de la Concertación y parlamentarios, precisamente para construir con el tiempo este manto de protección que hoy en día le ha sido tan útil.
-¿Se ha visto la punta del iceberg de nombres de la Nueva Mayoría involucrados en financiamiento irregular?
-Antecedentes objetivos no tengo, pero es un secreto a voces que son muchos los políticos de la centroizquierda que han sido financiados por muchísimo tiempo por Ponce Lerou. Eso quedó en evidencia en la comisión investigadora del caso Cascadas, cuando hubo una defensa inexplicable de parlamentarios de la Nueva Mayoría, que buscaron bajarle el perfil a la investigación y de alguna manera, incluso en las sesiones de la comisión, reprodujeron casi textualmente partes de la defensa judicial de Ponce Lerou, lo que fue denunciado públicamente por el diputado Gabriel Boric.
-¿Entonces, este manto de protección a Peñailillo es para evitar que salpique a la Presidenta Bachelet o para protegerse entre varios en el oficialismo?
-Hay una lógica de protección hacia la Presidenta, en el sentido que a estas alturas todos tenemos presunciones fundadas de que en la precampaña se obtuvo financiamiento irregular de SQM, pero no solo el equipo que trabajó en la precampaña de la Presidenta, también hay un sector importante del mundo parlamentario y de los partidos de la centroizquierda que recibieron financiamiento de Ponce Lerou y eso ha operado reforzando la lógica de protección hacia su figura.
-Señaló a Enrique Correa como uno de los artífices de ese manto de protección. ¿Por qué se transforma en el principal protector de Peñailillo más allá del hecho de que hace meses lo asesora?
-La razón es simple: Enrique Correa es asesor de SQM, su empresa ha asesorado en términos de lobby y de comunicación estratégica a SQM, es de público conocimiento que ha sido colaborador de Ponce Lerou.
-¿Solo por interés de proteger a su cliente o tiene vínculos con La Moneda?
-Sin ninguna duda y me quedo con la declaración que dio hace un tiempo el ministro Jorge Burgos, que dijo que Enrique Correa es un muy buen amigo del Gobierno.
-El argumento de la inequidad en el trato de los casos Penta y SQM ha sido levantado por la derecha al punto que evade con ello asumir sus responsabilidades en los casos de platas irregulares...
-La UDI debe hacerse responsable del financiamiento irregular y los ilícitos del grupo Penta a sus militantes y candidatos, el problema es que eso no está ocurriendo de la misma manera en la arista SQM y particularmente lo que se refiere a la figura de Ponce Lerou, quien no solo no ha sido llamado a declarar, sino que el rol que ha tenido en esta investigación judicial tampoco ha sido criticado por ningún personero de la centroizquierda. Nadie se ha atrevido a levantar la voz, ni en el gobierno ni en la Nueva Mayoría, para exigirle explicaciones a Ponce Lerou y eso a estas alturas resulta al menos sospechoso.
-¿Este manto de protección puede terminar siendo un bumerán para el oficialismo? 
-Puede que no haya diferencias desde el punto de vista penal y judicial en el hecho de que grupos económicos financien actividades de campaña, pero sin duda hay una diferencia ética enorme en el hecho de que empresarios UDI, como son los controladores de Penta, financien a su propio partido, con el que tienen afinidad, comunidad de intereses y visiones políticas, a la situación que se vive en la centroizquierda y en la izquierda, que terminaron recurriendo al yerno de Pinochet para obtener financiamiento para sus campañas. Ahí hay un abismo ético enorme, que es lo que creo que la izquierda está intentando mantener oculto, no asumir a cabalidad en sus consecuencias políticas e históricas. La evidencia de que el yerno de Pinochet terminó siendo el financista de la centroizquierda es absolutamente demoledora.
-¿Por qué la izquierda recurrió a Ponce Lerou y no pidió ayuda a otros empresarios?
-El que hizo la labor de acercamiento, de ofrecer apoyo y respaldo fue el propio Ponce Lerou, que lo hizo intencionalmente para construirse un manto de protección que evitara investigaciones sobre la privatización de SQM, lo hizo con esa intención. Lo increíble es que la izquierda se haya dejado seducir por su dinero y que finalmente haya terminado en un vínculo de dependencia económica con el yerno de Pinochet. Creo que lo hizo en un contexto de deterioro político, la izquierda siempre ha apostado a una superioridad moral que la blinda y esa superioridad se destruyó a partir de la evidencia de quién ha sido su financista.

miércoles, 30 de diciembre de 2015

EN CHILE SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS AL PUEBLO MAPUCHE

Miercoles 30 de Diciembre 2015.
HOY NUESTRO COMPAÑERO FELIPE DURAN LLEVA PRESO 99 DÍAS POR DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO MAPUCHE.
SINDICATO ARI.

, hoy de nuevo irrumpió carabinero a la comunidad, ingresaron de nuevo gope disparando a quema ropa ahora sin importar si hay niños

URGENTE - DIFUNDIR - 30 de dic 2015
Por solicitud de la comunidad Antinao del sector Pidima Ercilla, de donde nuestro lamgen herido por carabinero MOISES RODRIGO LIENQUEO CAYUL, hoy de nuevo irrumpió carabinero a la comunidad, ingresaron de nuevo gope disparando a quema ropa ahora sin importar si hay niños, mujeres y ancianos realizando un enfrentamiento, para que vean estas imágenes. Eso es lo que no señala la prensa.
Por eso solicitamos que nos apoyen en la difusión en la prensa alternativa por si no logran distinguir esta son las bombas lacrimógena .....Chaltu may... Ángel Miguel Weichafe
Comentarios
America Guerrerohttps://m.facebook.com/guerreroa.america/albums/559018770922990/
America Guerrero agregó 5 fotos nuevas al álbum 27 de dic. 2015 Allanamiento Territorio Mapuche en Resistencia.
28 de dic.2015
Ángel Miguel Weichafe
El peñi erido en el dia de ayer con grave eridas a perdigones quedo hospitalizado
Y bajo calidad de detenido
Esta siendo custodiado por el gope
Ahora la comunidad se dirije al hospital de victoria para acompañar a nuestro peñi
El nombre de peñi erido
Es MOISES RODRIGO LIENQUEO CAYUL
De la comunidad lof we-küyen sector juan antinao de la comuna de ercilla
https://www.facebook.com/anguel.torrestoro/…/734200813381130
27 de dic 2015
Atencion hoy siendo las 10 de la mañana carabineros ingreso sin motivo a la
Comunidad WE-KÜYEN MAPU
del Sector Juan Antinao Comuna de Ercilla
Ante eso carabineros de chile disparo a uno de nuestro peñi causandole eridas de escopeta en el rostro

Análisis


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2015-2016: entre la desconfianza, la descomposición y la politización

por  30 diciembre 2015
2015-2016: entre la desconfianza, la descomposición y la politización
El 2015 se concretizarán varias de las proyecciones y temores expresados por las “viejas guardias” concertacionistas. La desconfianza que la ciudadanía mantiene frente al rol ejecutado por las cúpulas políticas, empresariales y eclesiásticas del país se “expandió como una mancha de aceite”, volviendo “chatarra” la credibilidad de los actores que han conducido los destinos del país durante las últimas décadas.

Hace pocas semanas, la opinión pública comenzó a referirse al 2015 como el año de la desconfianza. Esta caracterización –acorde al “estado anímico” que pervive en nuestra sociedad– se vuelve mucho más certera si es que se complementa con un proceso que se ha venido incubando hace ya largos años y que hoy comienza a aparecer con mayor nitidez. Tal como lo sintetizara el último informe del PNUD, hablamos de los tiempos de la politización.
Desconfianza y politización: dos caras de una misma moneda, dos dimensiones que han marcado este 2015, dos fenómenos que se tensionan formando nuevos escenarios. También, dos tópicos que recurrentemente han sido analizados por el equipo de investigación que compone Tendencia Nacional (TN). De este modo, la presente columna tiene por objeto bosquejar un balance del año que llega a su fin, reconstruyendo las principales características asumidas por el escenario sociopolítico en vista al desenvolvimiento de los actores que predominan en dicho campo. Junto a ello, se integran en este texto algunas estimaciones y/o proyecciones generales en vista al año 2016.

La crisis de representatividad se profundiza asumiendo el semblante de la descomposición

El develamiento de la descomposición que invade a las elites político-económicas del país, comenzó a quedar en evidencia a fines de septiembre del año 2014. En dicho período, la emblemática “arista política del caso Penta” se instalaba en la agenda de los medios, siendo uno de los primeros estallidos noticiosos que pondría al tema de la corrupción en el centro de la discusión política. Es interesante constatar cómo el pragmatismo tecnocrático asociado a la Nueva Mayoría comprendía perfectamente lo que deparaba el destino para las coaliciones políticas tradicionales a partir de las escasas informaciones filtradas por la prensa en ese entonces. A pocos días de haberse destapado el caso Penta, Jorge Correa Sutil (ex subsecretario del ministerio del interior durante el gobierno de Ricardo Lagos) interpretaba los primeros antecedentes del caso del siguiente modo: "Si alguien piensa que esto último solo deteriorará la imagen de uno o dos parlamentarios o de la UDI, a la que pertenecen, me temo presenciará cómo la crítica se extenderá, como mancha de aceite, ensuciando a todos los partidos y a todos los parlamentarios".
Con una “intuición” similar, el antecesor de Isabel Allende en la presidencia del PS, Osvaldo Andrade, destacaría en una entrevista en La Tercera antes de que apareciera súbitamente el caso Caval:“El temor que tengo es que se estigmatice todo y terminemos convertidos en chatarra”.
El 2015 se concretizarán varias de las proyecciones y temores expresados por las “viejas guardias” concertacionistas. Ladesconfianza que la ciudadanía mantiene frente al rol ejecutado por las cúpulas políticas, empresariales y eclesiásticas del país se “expandió como una mancha de aceite”, volviendo “chatarra” la credibilidad de los actores que han conducido los destinos del país durante las últimas décadas.
Junto a ello, es necesario enfatizar que los flagrantes casos decorrupcióntráfico de influenciascohechocolusióndefraudación fiscal (etc.), observados a través del “incestuoso maridaje entre el dinero y la política” expresado en los casos: PentaCavalSQM,CorpescaColusión del ConfortMilicoGate (etc.) y sus extensas ramificaciones aun no resueltas, no han sido las “causas exclusivas” de un malestar social que, por lo pronto, ha agudizado la crisis provocada por el ciclo de protestas configurado durante el período 2006-2011. La extendida desconfianza no ha podido ser mitigada (menos aun revertida) por ninguno de los mecanismos de salida creados durante estos años por el gobierno y/o la derecha política. Basta recordar los más representativos: 1) El Proyecto de ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia(octubre, 2014) negociado por el ejecutivo en el contexto de la reforma al sistema binominal. 2) El acuerdo que invistió a las coaliciones tradicionales como el “bloque de orden”, sellado a través de una firma en la que participaron los presidentes de los partidos, de la UDI al PC, titulada por los medios (¡ya que ni quiera llevaba título!): Declaración conjunta sobre probidad y transparencia (abril, 2015)3) El tercero y quizás más sofisticado de los mecanismos elaborados para morigerar la crisis: La creación (marzo, 2015) del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción(presida por el presidente de Espacio Público, Eduardo Engel). Como ha quedado demostrado en diversos pasajes de la agenda noticiosa, la propuesta emanada por el consejo ha tenido diversos reveses y cercenamientos durante su tramitación legislativa, sobre todo, si es que consideramos las tensiones provocadas en el congreso al momento de discutir la reforma a los partidos políticos; el “corazón” de la propuesta emanada por la comisión. Tal como ha mencionado el cientista político Claudio Fuentes, en la tramitación legislativa desarrollada hasta ahora se ha impuesto (y muy probablemente, se impondrá) “el triunfo de las máquinas [partidos políticos] por sobre un genuino intento por incorporar la democracia en las tiendas políticas”.

La Nueva Mayoría: sin liderazgo y bajo un avasallador predominio restaurador

Más allá de la descomposición observada en las principales dirigencias e instituciones del país y de los deficitarios mecanismos implementados por las coaliciones políticas tradicionales y el gobierno con el objetivo de revertir el profundo grado de desconfianza que la ciudadanía mantiene respecto a sus representantes, es necesario incorporar un factor más para completar el cuadro de este 2015. En dicho período, se hace evidente que, ni Michelle Bachelet ni la Nueva Mayoría, se encuentran capacitados para cumplir los cambios estructurales comprometidos en su programa de gobierno, defraudando las expectativas moderadas que esta apuesta había sembrado en un electorado que –en su generalidad, y a decir por los altos niveles de abstención alcanzados (casi un 60% en segunda vuelta presidencial)– sentía suspicacia frente a la posibilidad de que el proyecto nuovo mayorista pudiese concretizar de manera efectiva las reformas comprometidas.
Es claro que a fines del 2015 impera una conclusión que no muchos analistas consideraban como probable a inicios del mismo año: el deterioro irrecuperable de la popularidad de Michelle Bachelet tras las fulminantes secuelas del caso Caval, así como también, de la invención política que en el último proceso electoral se había auto-asignado el flamante rol de portadora y conductora de un “nuevo ciclo político” para el país. Junto a ello, también se volvió absolutamente transparente el estado en que se encuentran las fuerzas políticas al interior del pacto gobernante, las cuales, dan cuenta de un predominio avasallador de los sectores conservadores (ex complacientes) en desmedro de los sectores progresistas (ex flagelantes).
Este año, la inapelable conducción restauradora encontró su coronación en el retorno de la vieja guardia al núcleo gubernamental. El cambio de gabinete ejecutado el 11 de mayo sólo vino a ratificar la consolidación de un predominio que se venía sedimentado desde el primer mes de gobierno de la Nueva Mayoría; período en el que surgió el “chivo expiatorio” utilizado por el conservadurismo para frenar cualquier intento de reforma, vale decir: la metáfora de la “retroexcavadora” anunciada por el actual presidente del PPD, Jaime Quintana.
El cambio de gabinete significó en ese entonces el ostracismo político, tanto para el otrora “delfín” de la presidenta Michelle Bachelet, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, como para el creador y responsable del programa económico de la Nueva Mayoría, el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas. Al mismo tiempo, elevó a la conducción de ambas carteras, a “la dupla” compuesta por Jorge Burgos (Interior) y Rodrigo Valdés (Hacienda); quienes de inmediato impondrían sus términos mediante un “New Deal”. Es así como el “nuevo trato” respaldado por la totalidad de las fuerzas restauradoras, quedaría sellado bajo la bullada tesis del “realismo sin renuncia”, expresada por Michelle Bachelet en el consejo de gabinete extraordinario desarrollado el 10 de julio en el Estadio San Jorge. En la segunda mitad del año, la restauración concertacionista se proyectaría a través de los dictámenes de Interior y Hacienda dentro de la esfera gubernamental, mientras que en la dimensión parlamentaria, laperformance legislativa sería asumida preferentemente por las cúpulas del eje DC-PS, bajo la condescendencia de la dirección del PPD y el PC (los partidos de más baja cuantía, el PRSD, la IC y el MAS, se acoplarían al primer vector, en el caso de los radicales, y al segundo, en los dos partidos restantes; sin modificar sustancialmente las correlaciones de fuerza al interior del pacto, más allá de las tensiones provocadas por el “díscolo” senador del MAS, Alejandro Navarro). De este modo, la “cocina de Zaldívar” organizada en la tramitación de la Reforma Tributaria en el 2014 vuelve a replicar su modus operandi durante el 2015.
Ciertamente, la pregunta que inquieta a la elite política-económica no es si las estimaciones de los defensores del statu quo tendrán la misma capacidad predictiva que la alcanzada a fines del 2014. Por el contrario, el dilema que más incertidumbre genera en dicho segmento, es si la pequeña apertura constituyente logrará ser ensanchada por las fuerzas de cambio, posibilitando la entrada de una tercera fuerza política, capaz de resquebrajar la reproducción del consenso transicional-neoliberal.
En este segundo semestre, la política de los acuerdos ha quedado en plena evidencia a través de la nefasta ejecución de la glosa presupuestaria (vía Ley de Presupuesto) y el ingreso de una “ley corta” en materia educativa; además de una reforma laboral que impide cualquier atisbo de garantía para aquellos sindicatos que intenten llevar a cabo una huelga efectiva. En consecuencia, mientras por un lado, el gobierno permite que la crisis de la derecha sea parcialmente revertida a través de los vetos que dicho sector impone mediante uno de los cerrojos antidemocráticos más efectivos que ampara la Constitución de 1980 (el Tribunal Constitucional); por el otro, el grotesco eufemismo visado por Hacienda y la cartera del Trabajo a partir de una indicación que utiliza la figura de las “adecuaciones necesarias” permite encubrir –de un modo bastante patético– el reemplazo interno de trabajadoras/es en huelga. Con esto, nuevamente uno de los compromisos de campaña de Michelle Bachelet queda cercenado en manos de una tecnocracia que conoce a perfección las virtudes de la “letra chica”: Hija ilustre de la transición, desde el Acuerdo MOP-Gate a la Colusión del Papel Tissue.

Los tiempos de la politización y la vía constituyente

Y mientras la performance restauradora incrementa los índices dedesconfianza defraudando las expectativas de la ciudadanía ante reformas que no cumplen lo que prometen (cuestión que vuelve al famoso programa de gobierno en un simple artilugio demagógico), los tiempos de la politización comienzan a delinear los escenarios donde residirán las principales pugnas políticas del año venidero:proceso constituyente, reforma a la educación superior, elecciones municipales. El primero de los escenarios pareciera concentrar mayoritariamente la atención de los actores sociopolíticos, tanto tradicionales como emergentes. Este es, muy probablemente, el desafío político más importante de los años venideros; la “madre de todas las batallas”.
Con este telón de fondo, es evidente que los “límites de la cancha” propuestos por el Ejecutivo para conducir el proceso constituyente son favorables a los sectores restauradores, y esto por varios motivos. Mencionemos al menos tres: 1) Por concebir el rol de la ciudadanía de un modo meramente pasivo, consultivo y no vinculante; 2) por permitir que una de las instituciones políticas más deslegitimadas durante los últimos años –el Congreso– defina el mecanismo mediante el cual se redactará una nueva Constitución; 3) por proponer dentro de las primeras etapas del proceso un Observatorio Ciudadano que no solo posee problemas de equidad en materia de género (14 hombres – 3 mujeres) y centralización (solo uno de los convocados vive fuera de la Región Metropolitana), sino que también y, por sobre todo, porque en aquel impera un claro grupo de constitucionalistas que abogan por una reforma parcial de la Constitución a través del Congreso (en el mejor de los casos, acompañado por un “cuerpo de ciudadanos”),tal como lo ha manifestado públicamente –junto al senador DC, Ignacio Walker– el presidente del Observatorio Ciudadano, Patricio Zapata.
A pesar de todos los cerrojos impuestos por la propuesta gubernamental –cuyo objetivo primario es tornar extremadamente improbable la realización de una asamblea constituyente y/o un plebiscito que permita a la ciudadanía elegir el mecanismo que considere más idóneo para forjar un proyecto país durante las próximas décadas– existen no pocas chances de que el proceso constituyente termine activando políticamente a una ciudadanía que pase de la apatía a la identificación con un proyecto entrelazado con las fuerzas de cambio que comienzan a asomar después de años de repliegue; la última encuesta Cadem es sintomática al respecto (un 76% dice que el país necesita una nueva Constitución).
En el corto plazo, un despliegue efectivo de los sectores pro transformadores supondría asumir –tal como ha manifestado la directora de Fundación CREA, Carla Amtmann– cuatro ejes centrales: “Los Cabildos ciudadanos (marzo – octubre del 2016), la presión popular para que sea inaceptable que este Parlamento cierre la puerta al cambio constitucional, las elecciones del nuevo Parlamento en donde se apueste definitivamente a contar con una mayoría democrática, y la presión popular nuevamente, para que se logre la demanda y articulación necesaria para la asamblea constituyente”.
En este sentido, no deja de ser curioso que, de un modo similar a las proyecciones enarboladas a fines del año 2014, el pragmatismo tecnocrático de la Nueva Mayoría ya comience a augurar el advenimiento de “tiempos interesantes”. Hace pocos días, uno de los intelectuales orgánicos más influyentes del período transicional, Eugenio Tironi, manifestaba en una entrevista otorgada a La Tercera que “el 2016 va a ser peor [para la elite política y económica del país que durante el 2015]. Cada vez va a haber más situaciones que van a llamar a escándalo. Esto es un tsunami, esto tiene que ver con nuevos estándares en la opinión pública, con nuevas formas de información a través de las redes sociales”.
Ciertamente, la pregunta que inquieta a la elite político-económica no es si las estimaciones de los defensores del statu quo tendrán la misma capacidad predictiva que la alcanzada a fines del 2014. Por el contrario, el dilema que más incertidumbre genera en dicho segmento, es si la pequeña apertura constituyente logrará ser ensanchada por las fuerzas de cambio, posibilitando la entrada de una tercera fuerza política, capaz de resquebrajar la reproducción del consenso transicional-neoliberal.
¿Restauración o transformación? He aquí el dilema primario del 2016.

martes, 29 de diciembre de 2015

Informe del Ejército sobre Derechos Humanos: "Espero que no sea un volador de luces", dice diputado DC Roberto León

29/12/2015 |
Por Felipe Reyes
El informe será entregado antes de que finalice en año 2015 y dará cuenta de la labor que ha llevado a cabo el Ejército en relación con su trabajo para indagar sobre temas de Derechos Humanos.
El tema de Derechos Humanos en el país es algo que definitivamente no tiene su punto final. Las circunstancias en que se sucedieron los hechos, las consecuencias personales y del país, y los miles de afectados directa e indirectamente hacen del periodo de dictadura algo difícil de superar y olvidar.

Lo complejiza enormemente cualquier tipo de avance en una vía de unidad ciudadana es la constante y testaruda mirada del Ejército chileno, y de las Fuerzas Armadas en general, quienes constantemente han guardado silencio frente al esclarecimiento de los Detenidos Desaparecidos y de los Ejecutados Políticos.

¿Noticias optimistas?

El fin de semana pasado, el Ejército de Chile indicó que presentará, antes de fin de año, es decir en las próximas 72 horas, un informe con las medidas que ha tomado desde 1990 para colaborar en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Así lo indicó el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, cuando comentó que "espero que sea público antes del 31 de diciembre. En unos días más esperamos editar una publicación, que va a ser entregada a organismos que tienen directa relación con los derechos humanos. En ella vamos a dar cuenta de qué ha efectuado la institución, formalmente, en hechos, sin juicios de valor", agregó.

El comandante en jefe explicó que la intención del documento es justamente dar a conocer cronológicamente "los gestos concretos" que el Ejército ha realizado para colaborar en estas investigaciones judiciales, tras 25 años de acabada la dictadura.

"Repito enfáticamente que no caben los llamados pactos de silencio en la institución porque se estaría incumpliendo una norma legal. No están avalados ni acreditados", afirmó. "Lo que más queremos es que ojalá el reencuentro con los chilenos sea de verdad y definitivo. Uno entiende que hay personas que tienen dolor por situaciones que todavía no están cerradas. Y si nosotros podemos ayudar en algo para que se cierren, somos los más interesados en hacerlo", apuntó.

Una vez concluida la dictadura de Pinochet se abrieron investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante el cruento régimen que dejó más de 3.200 muertos a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y 38.000 torturados.

Unos 1.350 agentes de la dictadura de Pinochet han sido acusados y condenados por la Justicia chilena, mientras que aún están abiertas más de 1.000 causas en contra de colaboradores del régimen, según datos oficiales.

¿Qué se puede esperar del anuncio?

El diputado demócrata cristiano Roberto León conversó con Cambio21sobre el anuncio hecho por el general Oviedo, e indicó que "miré con atención la noticia, y si el Ejército anunció entregar el informe, es que ellos se encuentran evaluando el efecto que causará en la comunidad semejante situación. Este asunto nos afecta como demócratacristianos a raíz de los antecedentes que el Ejército maneja sobre el asesinato del ex presidente Frei Montalva. Asimismo, existen cientos de familiares de detenidos desaparecidos que se encuentran esperando información relevante sobre situaciones parecidas. Yo espero que esto no se trate de un volador de luces y que realmente profundice sobre temas relevantes", indica el diputado.

Consultado sobre la información que todavía no sale a la luz desde el interior del Ejército, el diputado comenta: "la noticia del informe que entregará el Ejército, si cumple con lo que indica, debería de aportar mucha de esta información que se mantiene en reserva al interior. De otra forma no se entiende este tipo de anuncios", explica.

"De no entregarse información novedosa sería una verdadera lástima, pues entonces se trataría simplemente de un recuento de la labor del Ejército desde que retornamos a la democracia. Yo entiendo que lo que el Ejército anuncia es la entrega de nueva información. Dudo que esto se trate de un anuncio para no facilitar nada nuevo", finaliza el diputado.

Cambio21 converso sobre el tema con la presidenta de la agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien se refirió al anuncio del Ejército.

"Yo pienso que lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas es, más allá de ir con acciones distractivas, es ir con una serie de acciones súper concretas que se deben tomar en distintos ámbitos. Primero, deben demostrar contundentemente que el Ejército y las Fuerzas Armadas están alejadas de lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura, y la participación de ellos como institución en el genocidio", indicó.

"Segundo, deben construir hacia delante para que esto no vuelva a ocurrir. Son dos cosas que no se han asumido concretamente. Además uno podría esperar que ellos entreguen los nombres de todos los violadores de derechos humanos, de sus destinaciones y de los años que tuvieron de servicio. Debiesen manifestar públicamente, sin atenuantes, que se encuentran en desacuerdo de lo que fue la dictadura, en el cierre del penal Punta Peuco y en posicionarse en una dirección democrática de la construcción del país. Debería cambiar los nombres y las estatuas que recuerden la figura de Augusto Pinochet, junto con un reconocimiento póstumo de la figura del general Prats", afirmó.

"Mientras el Ejército relativice su participación, mientras se mantiene esta supuesta información de que ellos no manejan datos y que han tomado distancia, mientras el caso del llamado Milicogate esclarece los gastos en departamentos para personeros militares involucrados en situaciones de violaciones de derechos humanos, muy poco cambiará", concl
uyó la dirigenta.

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