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sábado, 17 de agosto de 2019

PIÑERA DONDE QUEDARON LOS TIEMPOS MEJORES

Lapidarios testimonios contra el Presidente en el diario El País
Macri también pierde a sus aliados mediáticos mundiales
El medio español, uno de los más fervientes defensores del macrismo desde su llegada al poder en 2015, publicó una nota titulada “Macri nos decepcionó, lo hundió todo”. En ella da amplia difusión a las críticas de los desencantados que votaron a otros candidatos.
Macri, durante la reunión de gabinete ampliado en el CCK. 
Macri, durante la reunión de gabinete ampliado en el CCK.  

Imagen: Télam

Los efectos de la amplia derrota que sufrió el gobierno nacional en las PASO del último domingo ha hecho que la prensa internacional aliada a Mauricio Macri tambien haya empezado a soltarle la mano. El diario español El País, uno de los que saludó su llegada al poder en 2015, se desliga ahora con una nota en la que predominan las voces de los votantes desencantados.
La nota tiene un título lapidario: “Macri nos decepcionó, lo hundió todo”. La bajada consigna que “parte del electorado argentino que votó al presidente en 2015 le da la espalda por el impacto de la crisis”. 
En el texto lleva al firma de la corresponsal del diario en la Argentina Mar Centenera. Detalla que nadie imaginaba una diferencia de quince puntos y que “hay muchos votantes desencantados con el Gobierno de Mauricio Macri, al que responsabilizan del deterioro económico del país”.
Las voces hablan por sí solas. "Yo lo voté porque pensé que iba a sacar la droga de la calle, dar un poco de seguridad, cambiar cosas que había que estaban mal. Pero desde que asumió nos decepcionó: lo hundió todo", asegura dice el kiosquero Gennaro, que votó al Frente de Todos. “Dicen que Cristina es una chorra, Yo lo acepto, pero ¿y ellos? Re contra roban con la timba financiera. Ellos mismos levantan el dólar y ellos mismos lo compran", agregó el hombre.
"Lo voté porque entendía que este país necesitaba un cambio y pensé que él podía ser la solución a una estabilidad económica, a una industrialización más abierta al mercado internacional y una implementación de un mercado industrial interno. En vez de estabilidad hemos retrocedido", dice a su vez Bartolo Santana, mientras el texto consigna cómo subieron la inflación y la pobreza en los últimos cuatro años.
Parte de la crítica pasa por los tarifazos: “Macri nos tocó el bolsillo a todos. Entendemos que el gas, la luz, el agua y el transporte no podían valer lo que valía, pero tampoco hubo un equilibrio. Hoy el dinero no nos rinde”, sigue el hombre.
En la nota priman las voces críticas a Macri, pese a algún testimonio como el de Stella Maris en Retiro. “Al argentino no le gusta trabajar ni estudiar, prefiere volver a un gobierno totalitarista como el que ya tuvimos que padecer durante doce años", consigna El Pais el testimonio de esa mujer, que incluso amenaza con irse a España si vuelve el kirchnerismo.
Los reproches a la gestión macrista se repiten y dan cuenta de los estragos económicos y sociales de las políticas del Gobierno. "Casi voté a Macri, pero por suerte no. En estos años me quedé sin trabajo y mi marido también. Yo pude volver a trabajar en blanco, soy empleada doméstica, pero mi marido no. Él es electricista, pero ahora trabaja en negro en albañilería", afirma Rocío García. “Macri lleva bien el país para las empresas grandes, no para las chicas, ni para los comercios ni la gente, solo para los ricos. Ojalá pierda", agrega en el cierre de un texto que no deja bien parado al mandatario. 

HOMENAJE A SALVADOR ALLENDE EN SANTIAGO DE CHILE.

Sábado 17 de agosto 2019
Video de archivo.
ARI y DDHH.
Ver video aqui
YOUTUBE.COM
Lunes 11 de Septiembre 2017 Marcos Rodriguez G. Medio Independiente ARI.

Definiciones problemáticas e imprecisas: A qué nos referimos cuando hablamos de terrorismo

Definiciones problemáticas e imprecisas: A qué nos referimos cuando hablamos de terrorismo


En medio del debate que se ha generado por la ley antiterrorista, el periodista Raúl Sohr y el abogado especialista en legislación antiterrorista, Julio Cortés, explicaron los alcances de las definiciones que se han generado tanto a nivel nacional como internacional en esta materia.

Por  / 17.08.2019
El pasado 7 de agosto el Senado aprobó en general la ley corta antiterrorista que busca ampliar las facultades de las policías y el Ministerio Público para investigar delitos de carácter terrorista
Todo esto se dio en el marco del ataque explosivo que afectó a la 54ª comisaría de Santiago en Huechuraba el pasado 25 de julio, el cual activó las alarmas dentro del gobierno de Sebastián Piñera. Después de estos hechos, en la prensa comenzaron a circular declaraciones de autoridades de Estado que calificaron el acto como “terrorista”. Uno de ellos fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien incluso se aventuró a señalar que Chile se enfrentaba a grupos terroristas con apoyo del extranjero.
El tema también se ha reavivado por la detención del joven Camilo Gajardo, a quien se le sindica como el supuesto autor de 6 atentados con bombas en Santiago, entre los que se encuentra el que afectó al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche, en enero de 2017.
En medio de este debate, El Desconcierto habló con el periodista Raúl Sohr y el abogado penalista experto en legislación antiterrorista, Julio Cortés, quienes explicaron los alcances que tiene el concepto de terrorismo tanto a nivel nacional como internacional.
Ambos coinciden en que a pesar de que las autoridades ocupan el concepto de “terrorismo” para referirse a estos hechos, no existe una definición universal para calificar qué es una conducta terrorista.
Para Sorh, autor del libro “El fantasma del terrorismo”, el concepto de “terrorismo” se utiliza para hacer referencia a “método de combate” que puede ser utilizado por cualquier corriente política, religiosa, nacionalista o segregacionista.
El escritor agrega que según la Convención de Ginebra, los que utilizan el método terrorista se caracterizan por pertenecer a una organización clandestina; no llevar distintivo mientras hacen sus acciones; y no llevar el arma a la vista.
“Esa clandestinidad es lo que caracteriza al método terrorista, que es utilizado por ejércitos de gobiernos y por una infinidad de organizaciones no estatales, y existe desde hace mucho tiempo”, argumenta.
Sohr también agrega que en la prensa hay que ser precisos a la hora de escribir sobre este tipo de temas debido a que muchas veces se le atribuye la calidad de “organizaciones” a espacios clandestinos como “Individualistas Tendientes a lo Salvaje”, que se han adjudicado atentados como el de Landerretche.
“Yo me referiría a ellos como la ‘así llamada organización’, porque realmente no tenemos la menor idea de quién está detrás de eso. Esto puede ser un grupo de provocadores de ultraderecha, como pueden ser ultraizquierdistas, como pueden ser anarquistas, como pueden ser sicarios que están actuando bajo las órdenes de una organización o de alguna empresa”, afirma.

El problema de la definición

Otro de los que coincide con que no hay una definición “única” que se pueda ocupar para determinar lo qué es el delito terrorista, es el abogado penalista, Julio Cortés, quien afirma que esto es un problema.
“El problema es que sabemos que es tráfico de drogas, qué es receptación, pero no está claro lo que es el terrorismo porque es un problema de definiciones. En general, concuerdo con la idea que plantean algunos centros de estudio más críticos a nivel internacional, que dicen que la definición de terrorismo es más política que jurídica”, señala.
El experto en legislación antiterrorista plantea que la definición depende del punto de vista de quién etiqueta si algo es “terrorista” o no.
“Por ejemplo, Nelson Mandela fue etiquetado como terrorista en un momento y después él fue premio Nobel de la Paz, es decir, siempre hay una variabilidad con respecto a formas de violencia política y social que en algún momento se etiquetan como terrorista”, argumenta.
Cortés explica que hay tratados internacionales que se refieren a delitos de terrorismo pero que no aportan un concepto general en esta materia. Solo se limitan a definir distintos tipos de actos como “terroristas”, entre los que están el secuestro de aeronaves, atentados contra personas internacionalmente protegidas, el terrorismo nuclear, entre otras acciones.
Según el jurista, uno de los que ha intentado aportar una definición es el relator especial contra el terrorismo de Naciones Unidas, Martin Scheinin, quien afirma que los actos terroristas están constituidos por actos que correspondan a delitos graves dentro de la legislación nacional y que además tengan por finalidad recurrir masivamente a la violencia contra la población civil para obtener determinados aspectos políticos. Sin embargo, en Chile la definición de este concepto es amplia.
“A nivel interno, se ha optado por decir que le terrorismo es la intención de causar temor en la población. Eso es problemático porque una oleada de portonazos puede causar temor en la población y, de hecho, lo hace y a nadie se le ocurre decir que eso es terrorismo”, recalca.
Con respecto al ataque a la comisaría de Huechuraba, Cortés plantea que esta acción no puede calificarse como un delito terrorista de inmediato puesto que primero se tiene que comprobar que tuvo por objetivo causar temor en la población.
“Habría que diferenciar. Hay una tendencia cultural a asociar que la colocación de artefactos explosivos es siempre un delito terrorista, pero la verdad es que ni siquiera la legislación interna ni tampoco en el convenio internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas, esa identificación es automática. El convenio internacional habla de bombas que sean capaces de causar cierto daño a nivel de infraestructura, a nivel de los servicios públicos. Es otra magnitud de atentados”, afirma.
El jurista añade que a nivel nacional ha sido posible aplicar figuras del Código Penal en relación al uso de explosivos en casos emblemáticos, como el del joven Kevin Garrido, quien murió en el penal Santiago 1 tras ser condenado a 20 años de presidio por la colocación de dos artefactos en 2015, sin que se le aplicara la ley antiterrorista sino que solo la ley de control de armas.
“Para demostrar que es un delito terrorista hay que demostrar que la finalidad de la acción tiene que ver con lo que señala el articulo 1 de la Ley Antiterrorista, es decir, causar temor en la población o en un grupo determinado de la población y si eso se logra comprobar, es un delito terrorista. Pero en principio son infracciones a la Ley de Control de Armas”, señala.

TIEMPOS MEJORES.

Colegio Médico anuncia paro nacional de 2.500 profesionales por incumplimiento del Gobierno

La agrupación y la dirigencia del Colegio Médico han sostenido diversas reuniones con autoridades de la cartera y se han suscrito documentos que establecen compromisos, pero que a la fecha no se han cumplido o se estarían cambiando las condiciones.

Colegio Médico anuncia paro nacional de 2.500 profesionales por incumplimiento del Gobierno
Por  Agosto de 2019
El Colegio Médico anunció que más de 2.500 médicos iniciarán una movilización a contar del próximo lunes 19 de agosto, debido al incumplimiento del Gobierno al compromiso anunciado por los programas de formación de especialidades.
Así lo manifestó la presidenta de la Agrupación de Médicos Generales de Zona, Carol Muñoz, quien sostuvo que demandan corregir las deficiencias del concurso de ingreso a las especialidades y entregar una cantidad de cupos acorde a las necesidades actuales; expansión del programa; ejecución de las capacitaciones comprometidas por el Estado; y respetar los estímulos establecidos para los profesionales que se van destinados a zonas extremas.
Según Muñoz, durante este 2019, la agrupación y la dirigencia del Colegio Médico han sostenido diversas reuniones con autoridades de la cartera en cuestión y se han suscrito documentos que establecen compromisos ministeriales en esta materia, pero que a la fecha no se han cumplido o se estarían cambiando las condiciones acordadas inicialmente.
“Este año nos hemos encontrado con un ministerio que ha tenido gestiones que apuntan hacia la dirección contraria de potenciar esta política púbica, que se ha visto reflejada en descoordinaciones en el principal concurso de ingreso al sistema público en enero de este año; dificultad con la ejecución de las capacitaciones comprometidas por el Estado para estos médicos; remoción de estímulos de médicos en zonas extremas”, puntualizó la dirigente.
Por su parte, el vicepresidente de la agrupación, Sebastián Glaría, agregó que los planteamientos vienen planteándose con números al ministerio desde tres a cinco meses atrás, pero que no han visto gestiones al respecto.
“No nos han dado una respuesta válida de por qué están disminuyendo la cantidad de cupos. El año pasado hubo 770 becas para 770 postulantes y este año hay 909 postulantes y se están otorgando cerca de 750”, aseveró.
Respecto a los efectos de esta movilización para los pacientes, la doctora Muñoz enfatizó que “van haber atenciones médicas disminuidas, pues los centros no van a funcionar al 100%, pero sí se atenderá, porque esta movilización ha sido planificada para no poner en riesgo la salud de las comunidades”.
No obstante, indicó que “hoy tenemos una reunión con el ministerio y esperamos tener una respuesta concreta y ojalá no tener que llegar a la movilización del día lunes, aunque ya está el llamado, pero estamos abiertos a la discusión”.

Condenan a cinco años de cárcel a ex presidente de la Bolsa de Comercio de Valparaíso por delitos de apropiación indebida y estafa reiterada

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar sentenció a cinco años de cárcel al expresidente de la Bolsa de Comercio de Valparaíso, Carlos Marín Orrego, (foto) por los delitos de apropiación indebida y estafa reiterada en contra de 79 personas, quienes en total perdieron cerca de 2.000 millones de pesos.

Dicha sentencia se otorgó luego que el pasado lunes se llevará acabo un juicio abreviado, debido a que Marín Orrego asumió su responsabilidad por los delitos que se le imputaban, instancia en donde se le condenó por los delitos antes mencionados.

Sin embargo, de los cinco años y un día que otorgó el juzgado viñamarino se le deben restar los dos años y medios que el condenado ya cumplió en prisión preventiva.

Además, la defensa de Marín anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones para poder cambiar la cárcel efectiva por arresto domiciliario.

Así lo dio conocer el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Patricio Toro.

Gladys Gajardo, una de las 79 víctimas, indicó que si bien saben que no van a recuperar la totalidad de los dineros perdidos, están conformes con la sentencia.

Según se dio a conocer el fiscal Toro, con los bienes que han sido requisados a Carlos Marín las víctimas podrán tener de vuelta cerca de un 30% del dinero defraudado. Sin embargo, existe la posibilidad de que este porcentaje aumente.

viernes, 16 de agosto de 2019

Polémico secretario: el estilo "sheriff" de Raúl Guzmán que saca ronchas en el Senado

por  16 agosto, 2019
Polémico secretario: el estilo
La instrucción implícita de "ordenar la casa" con la que fue elegido, no solo le ha traído problemas con los funcionarios, sino que ya empieza también a molestar a algunos parlamentarios que detectaron su falta de manejo político en el trámite legislativo, y en el ejercicio propio de sus funciones. El exfiscal se ha concentrado en una agenda de seguridad y reducción presupuestaria que ya dejó sus primeros heridos en el camino y abrió conflictos con la Cámara de Diputados. Para muchos, el trasfondo de su decisión de postular y llegar a la secretaría general del Senado radica en que este cargo –en el que estará tres años– puede ser el trampolín perfecto para lo que realmente siempre ha querido Guzmán: ser Fiscal Nacional.

Dejar como prosecretario interino de la Cámara Alta, hasta el 2022, a Roberto Bustos, es lo más parecido a levantar una bandera blanca en la guerra fría que ha imperado entre el nuevo secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y los funcionarios de la Corporación. Bustos quedó en el cargo después que el concurso para llenar dicha vacante fuera declarado desierto, luego que se hicieran públicas las negociaciones para instalar en ese puesto al exdiputado DC, Aldo Cornejo. Por eso, la designación de un funcionario de carrera sirvió para aliviar, un poco, el ruido que generó la elección del exfiscal en el puesto administrativo más alto, con más poder y mejor remunerado del Congreso.
El primer foco de controversia fue con su sueldo. En un mes normal, el sueldo de Guzmán supera los $10 millones, pero si trabaja duro, se va a ganar un bono de desempeño, que sumado a otro bono bianual, le permitirá alcanzar una remuneración de $16 millones. El abogado de 51 años, mientras ejerció como fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, ganó poco más de $7 millones mensuales.
Aunque el dinero parece el motivo más evidente del recelo hacia Guzmán, en la práctica lo que más irrita a los funcionarios del Congreso es la instrucción implícita con que llegó, aquella de “ordenar la casa”.
La iniciativa de sacar a Mario Labbé, el anterior secretario general del Senado, surgió durante la presidencia del senador Carlos Montes (PS), quien tenía su preferencia: la abogada cercana a la DC, Macarena Lobos, con experiencia en el trabajo legislativo gracias a su cargo como subsecretaria de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet. La carta de algunos funcionarios para el cargo era Pilar Silva, secretaria de comisiones. Entre los preferidos, también compitió Julio Cámara, tesorero del Senado.
La gestión de Guzmán ha sacado muchas ronchas entre los funcionarios. Es descrita como la de “un capataz”, preocupado de controlar y uniformar los tiempos en que cada funcionario almuerza, sin considerar que no todos caben en el comedor al mismo tiempo ni que las comisiones tienen distintos horarios. Aunque tiene buenas relaciones con Erwin Valencia, presidente de una de las tres asociaciones de funcionarios, desde las bases reconocieron que no están contentos con algunas expresiones de Guzmán, como el hecho de que en el marco de su revisión interna, haya cuestionado la “legalidad” de algunos sueldos, lo que para muchos resultó ofensivo al ponerlos en un plano delictual.
La ganadora del concurso fue Macarena Lobos, pero como el puesto de prosecretario estaba "reservado" para el exdiputado Cornejo, se hizo impracticable tener a dos democratacristianos en estas labores estratégicas. “La DC decide sacrificar a Lobos para dejar a Cornejo”, explicó un testigo de la negociación. Y fue en ese escenario que se abrió el camino para el exfiscal Guzmán, que –según esta misma fuente– fue elegido "como escudo protector, porque los senadores están preocupados de la investigación del Ministerio Público sobre los informes legislativos y Guzmán tiene contactos adentro”.
La instrucción de ordenar la casa tiene un sentido práctico. La administración de Labbé, funcionario hace más de veinte años en el Congreso, tenía claros signos de agotamiento. “Se fue perdiendo la formalidad y eso Labbé lo dejó pasar, se fue haciendo cada vez más laxa la interpretación de las normas respecto de las admisibilidades de proyectos. Por ejemplo, algunos que eran profundamente inadmisibles, los aceptaban igual”, explicó una funcionaria.
Al interior de la institución también reconocieron que, en la era Labbé, el Senado se sobrepobló de personal, porque permitió que se mantuvieran como funcionarios a contrata personas ligadas a exparlamentarios, como Mariano Ruiz-Esquide (DC) o Jovino Novoa (UDI). Paralelamente, esta “sobrepoblación” posibilitó que se mantuvieran personas cobrando sueldo, pero con muy poca carga de trabajo.
Ese es el contexto en que llegó Raúl Guzmán al Senado y, en los tres meses que lleva en el cargo, comenzó a depurar la nómina de personal, como cuando, a un mes de asumir, informó a la comisión de Régimen Interno que su intención era despedir a todas las personas en puestos de confianza.
Ya ha despedido, al menos, a cuatro funcionarios, uno de los cuales estudia demandar al Senado. Pero el más controvertido de todos los casos es el de Cristina Araya, exjefa de finanzas, quien lo acusó de maltrato laboral, provocando incluso la intervención a su favor de la senadora PPD Adriana Muñoz. “Modernización no significa maltratar a la gente, a nuestros funcionarios y funcionarias, y por eso siempre estuve de acuerdo en que el nuevo secretario fuera una mujer, que fuera Pilar Silva, una gran secretaria de muchos años, pero acá se dijo que no podían ser personas internas las que asumieran estos procesos de cambio”, enfatizó la parlamentaria.
Paralelamente, la funcionaria desvinculada, como reveló La Segunda, acusó a Guzmán de despedirla de forma “coercitiva”, con la excusa de haber firmado un pago de premios por desempeño, en el marco del retiro de Labbé y del extesorero, José Luis Alliende. Testigos de la situación relataron que el despido le fue informado al término de una sesión e, inmediatamente, se le quitó el acceso a su computador y correo electrónico.

Polémico estilo

Para impedir que se abriera un flanco en su contra, poco después de hacerse público este caso laboral, Guzmán apareció en El Mercurio como la persona que detectó la existencia de una cuenta paralela, no declarada por el Senado a la Dipres, un fondo de $1.000 millones, de los cuales slo quedan $200 millones. Durante la semana, esta situación fue puesta en conocimiento de la comisión de Régimen Interno.
El descubrimiento se dio en el marco de la revisión interna que está llevando a cabo Guzmán y el monto calculado está definido hasta el año 2015. El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), instruyó la creación de un sumario, el que está a cargo del fiscal interno de la Cámara Alta, Javier Norero.
Uno de los integrantes de la comisión de Régimen Interno es el senador Alfonso de Urresti (PS), vicepresidente de la Cámara Alta, quien aseguró no tener conocimiento de esta cuenta paralela sino hasta ahora, cuando fue notificado por Guzmán. “Es uno de los méritos de esta nueva administración, es una buena labor del secretario general”, destacó el parlamentario socialista, quien agregó que la persona que llevaba dicha cuenta era “la encargada de finanzas, pero no tengo los antecedentes precisos”.
De Urresti es uno de los aliados de Guzmán. Se conocen de mucho antes, fueron compañeros en Derecho de la Universidad de Chile y ambos pertenecen a la masonería.
La gestión de Guzmán ha sacado muchas ronchas entre los funcionarios. Es descrita como la de “un capataz”, preocupado de controlar y uniformar los tiempos en que cada funcionario almuerza, sin considerar que no todos caben en el comedor al mismo tiempo ni que las comisiones tienen distintos horarios. Aunque tiene buenas relaciones con Erwin Valencia, presidente de una de las tres asociaciones de funcionarios, desde las bases reconocieron que no están contentos con algunas expresiones de Guzmán, como el hecho de que en el marco de su revisión interna, haya cuestionado la “legalidad” de algunos sueldos, lo que para muchos resultó ofensivo al ponerlos en un plano delictual.
También preocupan otras decisiones que ya circulan como fuertes rumores en los pasillos del Congreso, como la posibilidad de que los funcionarios deban marcar asistencia en Valparaíso, antes de partir a cumplir labores en Santiago. Esta eventual decisión, según sus detractores, demuestra que no tiene conocimiento de cómo funciona el trabajo que involucra a los funcionarios del Congreso ni el trámite legislativo.
Varios aún recuerdan que en la primera sesión en que le tocó estar en la testera, el secretario general preguntó cuánto duraba la sesión, algo que cualquier persona puede observar por televisión, que no maneja con exactitud el quorum necesario para votar en cada caso, como quedó al descubierto cuando iba a dar curso a la votación de un proyecto de acuerdo, hasta que la senadora DC, Ximena Rincón, advirtió que no había quorum y Quintana decidió, por tanto, levantar la sesión. “No sabe y no le interesa aprender, generalmente no se queda la sesión completa, permanece hasta la lectura de la cuenta, el primer proyecto y luego se va”, criticó un parlamentario de derecha.
Así las cosas, en el Senado afirmaron que en la práctica la labor que le corresponde a Guzmán como secretario general desde la testera la realiza, en gran parte de las sesiones, la oficial mayor de secretaría, María Soledad Aravena.

Bombas y política

El exfiscal tiene poca muñeca y tino político. Algunos recordaron cuando –a solicitud de un senador socialista– pidió que Andrés Zaldivar, integrante del consejo de asignaciones, desocupara su oficina en Santiago para dársela a este parlamentario. Lo que fue duramente rechazado por la bancada DC. “Su falta de manejo quedó de manifiesto en este episodio, pareciera desconocer la trayectoria de Andrés Zaldívar”, reclamó un parlamentario de la falange.
Guzmán reclutó a uno de los funcionarios como su hombre de confianza, Francisco Valdivia, una especie de guardaespaldas corpulento que lo acompaña a sol y a sombra, que oficialmente es el encargado de colaborar en el mejoramiento de las relaciones con los funcionarios. Pero la imagen solo contribuye a acrecentar la sensación de que Guzmán todavía cree que está en en el Ministerio de Público, cuando estaba en guerra con las bandas de narcotraficantes de la zona sur de Santiago y buscaba a los autores de atentados explosivos.
No paso inadvertida su decisión de realizar un simulacro de seguridad, el viernes 5 de agosto, actividad a la que  fue convocada la Cámara de Diputados “sin consulta previa”, lo que despertó una fuerte molestia en las autoridades de dicha instancia, la que se resto de participar. Colaboradores de Guzmán explicaron que tiene una “fijación con el tema de la seguridad”, la que se debería a su paso por el Ministerio Público y a su participación en la investigación de diversos casos bombas, incluido el ataque al exdirector de Codelco, Óscar Landerretche. Es más, quienes lo conocen señalan que los hallazgos del fiscal Héctor Barros le habrían “dolido” a Guzmán, ya que aquel se habría llevado “todo el crédito” de una investigación que intentó resolver durante años el actual secretario general del Senado.
Para muchos, el trasfondo de su decisión de postular y llegar a la secretaría general del Senado radica en que este cargo –en el que estará tres años– puede ser el trampolín perfecto para lo que realmente siempre ha querido Guzmán: ser Fiscal Nacional.
Por mientras, tendrá que lidiar con los problemas que ya están afectando las relaciones con la Cámara de Diputados. Esta semana, el presidente de dicha cámara, Iván Flores, le envió un mensaje a  Guzmán: “La Cámara de Diputados no es el hermano chico del Senado, ambas cámaras son homólogas”, declaró a Emol TV. Además del simulacro, la molestia del diputado DC pasa también por que el nuevo reglamento de seguridad “no fue trabajado con nadie de la cámara”.
En la interna, los diputados han generado reclamos oficiales porque senadores se han atribuido facultades fiscalizadoras, las que son facultades exclusivas de la Cámara Baja, según lo establece la Constitución. Es más, Flores habría enviado una nota de protesta al Senado por el tema.
Pero hay un asunto mucho más “sensible” en el que se ha inmiscuido Raúl Guzmán y que está “sacando ronchas” en la testera de la Cámara de Diputados: les habría cobrado los montos entregados en el 2017 para financiar la ampliación de 120 a 155 parlamentarios. Una situación compleja, ya que actualmente la Cámara Baja no contaría con los recursos para devolver el préstamo, menos aún, con los cambios y ampliaciones que deben realizarse en el edificio del Congreso de Valparaíso, lo que constituiría una de las razones por las que la idea de trasladarse a Santiago estaría tomando fuerza.

jueves, 15 de agosto de 2019

COMUNICADO.

Jueves 15 de agosto 2019
COMUNICADO.
Compañeros y compañeras
Este viernes 16 de agosto 2019 se suspende la marcha de los viernes por ser interferiado.

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