Páginas vistas en total

domingo, 23 de julio de 2017

Fiscal del fraude en Carabineros: “Van a ser citados más generales”

Autor: Leslie Ayala C.

El persecutor afirma que en sus nueve meses a cargo de la investigación de la millonaria malversación en Carabineros descubrió al interior de la institución una "verdadera cultura" de fraude de dineros públicos. En su primer balance de la causa advierte que lejos de acotarse sus diligencias, estas irán en aumento y que nuevos miembros del Alto Mando deberán responder sus interrogantes.

Fiscal del fraude en Carabineros: “Van a ser citados más generales”

En las 72 horas que estuvo en Santiago esta semana el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, interrogó a un ex general director de Carabineros; citó como imputado -por primera vez- a un miembro del actual Alto Mando de esa institución; recibió en su oficina a un diputado de la comisión investigadora de la Cámara; se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott; firmó oficios, instruyó diligencias, se contactó con tribunales y preparó formalizaciones.
Desde que fue designado para investigar la mayor malversación de caudales públicos de la historia de Carabineros, el fiscal Campos no ha parado de viajar -en promedio- cada 10 días a la capital para realizar diligencias y ponerse al día con los avances que ha realizado su equipo investigativo que -en total- suma cerca de 30 personas entre fiscales, abogados asistentes, colaboradores de Contraloría y personal de apoyo de la Fiscalía Nacional.
En medio de la vorágine de lo que ya para él es su rutina decidió dar su primera entrevista y entregar detalles a Reportajes de lo que han sido estos nueve meses al mando de esa investigación, una de las más importantes que lleva el Ministerio Público.

Durante los primeros meses de investigación, ¿se imaginó la envergadura del caso?
La verdad es que no. Empezamos con un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en octubre del año pasado y se me encomendó investigarlo. En sus inicios, el monto que comenzamos a indagar era importante, alrededor de 60 a 70 millones de pesos, pero jamás pensamos en ese momento que llegaríamos a esta cifra millonaria de los montos malversados que al día de hoy son más de $ 25.500 millones.
¿Era inimaginable en ese momento pensar en ese dinero y 100 formalizados?
La magnitud de esta causa empieza a tomar forma ya en enero de este año, cuando producto de las diligencias que se realizan en ese reporte de la UAF, y que trabajamos con detalle y complejidad, nos dieron cuenta de que nos encontrábamos no sólo ante una irregularidad con $ 60 millones, sino frente a una de las malversaciones más grandes de la historia. Cuando detectamos que a esa persona no sólo se le había depositado ese dinero, sino había otros depósitos, decidimos hacer un catastro completo a las cuentas de Carabineros y eso es lo que nos tiene ahora con diversas aristas y la cantidad de formalizados que usted menciona.
Esta semana dijo que los $ 25.500 millones aumentaron. ¿A cuánto llega esa suma?
Nuestro último arqueo da cuenta de que se han malversado al día de hoy $ 25.772 millones, y es una cifra que -lamentablemente- se avizora va a seguir creciendo. Fíjese que en marzo teníamos $ 16.000 millones, cuatro meses después, en julio, el monto malversado aumentó casi $ 10 mil millones más. Va a depender de los plazos de investigación a qué cifra final llegaremos.
A medida que avanzó la investigación, ¿qué es lo que fue descubriendo de esta calificada como “mafia” en Carabineros?
El análisis de la prueba nos ha llevado a sostener, como hemos dicho en las formalizaciones, que al interior de Carabineros fuimos descubriendo una cultura en la que se malversaba dinero fiscal, que eso duró mucho tiempo y que esas prácticas ilegales, incluso, llegaron a heredarse de una generación a otra al interior de la institución, y eso tiene que ver con muchos factores, por ejemplo, los febles controles al interior de la institución y de quienes también estaban llamados a fiscalizar desde fuera.
Según ha expuesto ante tribunales, había oficiales que cuando se iban a retiro seguían ligados a las operaciones de malversación. ¿Costaba dejar el botín?
Era como una posta. Hasta el momento, la investigación ha establecido que operaba en un núcleo antiguo, del 2006 al 2010, respecto de una forma, con una jerarquía, con subjefes, con sujetos operativos y otros respecto de los cuales se dedicaban a labores menores. Luego de ello, cuando terminaba su período activo al interior de la institución, esta máquina, como muchos la han referido, se traspasaba a aquellos otros que asumían un rol activo, cumpliendo los mismos roles de jefatura, subjefes u operativos. Eso nos ha permitido tener un patrón común. Por eso, como le señalábamos al tribunal, tenemos imputado al núcleo antiguo y uno nuevo.
¿Una asociación ilícita en todos sus niveles?
Era tal el nivel de sofisticación que tenía la organización, que llevaba a que no solo tuvieran partícipes en el aspecto de lo monetario, la recaudación o los montos, sino que también dice relación con escalas más allá, los controladores, fiscalizadores y, por tanto, toda una organización compleja, estructurada, que permitía abarcar cada uno de los estamentos, no sólo los que malversaban, sino también respecto de aquellos que tenían que controlar a los que malversaban. Estaba muy bien adoptado.

La “beca” Norambuena

¿Había descontrol total? ¿Le sorprendió que eso pasara en Carabineros, una de las instituciones más prestigiosas?
A ver, nosotros los fiscales investigamos todo y las magnitudes de las investigaciones son lo que son. Nosotros no nos sorprendemos si ese es el término que quiere usar. Lo que pasó fue que a medida que avanzamos había cosas que nos fueron generando sospecha y tenemos obligación de investigar. Fue así como empezamos con un convenio, así les llamamos a las cuentas corrientes, de remuneraciones, pero se empezaron a abrir aristas de otras cuentas corrientes y nuestra indagatoria ahora tiene que ver con cuentas de desahucio, ley de seguridad privada, montepío y otros, que nos ha permitido tener este volumen, lamentable por cierto, de montos malversados. Y nos queda más, porque partimos revisando de 2010 a 2016 y ampliamos del 2006 al 2017.
Va a tener un centenar de personas formalizadas, el monto amenaza con crecer, esta semana citó por primera vez como imputado a un ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, y a un general del actual alto mando, Jorge Serrano, activo… ¿Entró ya en una fase final? ¿Está direccionando el caso ahora a autoridades de mayor rango?
Puedo confirmar que ambas personas que menciona declararon como imputados respecto de una de las aristas que está investigando la fiscalía y que dice relación con antecedentes que son necesarios para esta investigación. Y, por cierto, esta investigación no ha tocado techo, van a ser citado más generales, van a ir en aumento estas diligencias.

Es inverosímil que una organización haya operado tanto tiempo sin que miembros del Alto Mando, antiguo o actual, haya sabido. ¿No le parece?
No quiero calificar eso, lo que sí puedo decirle es que si alguien supo y no denunció en su momento es algo que lo estamos investigando. Todos los funcionarios públicos están obligados ante un hecho que puede ser constitutivo de delito a denunciarlo, si no lo hacen pueden ser autores de omisión de denuncia o, incluso, haber sido cómplices. Es algo que estamos viendo. Hemos establecido en la indagatoria que los controles no fueron los suficientes, eran febles para dejar al descubierto todas y cada una de las maquinaciones que hizo esta organización, que era un círculo cerrado que tenía en sus manos decidir quién ingresaba y quién no. Para algunos de los investigados, tal y como se ha señalado en audiencias, era un privilegio llegar al edificio Norambuena (donde funcionaba Intendencia), es decir, al interior de la institución se sabía que al llegar a Norambuena se ‘venían cosas buenas’ en lo económico.
¿Se sabía dentro de la institución de esa especie de “beca Norambuena” y nadie lo denunció?
Eso es justamente parte de esta investigación, si alguien supo y no denunció. Ahora, la gran mayoría no sabía. Hay mucho carabinero de a pie que no tiene nada que ver con esto, que arriesga su vida, que trabaja de sol a sol y que no sabían nada de esto, y es muy injusto, sabe, porque son justamente los que se llevan los insultos en la calle. La ciudadanía tiene que tener la confianza de que nosotros, los fiscales, vamos a llevar ante la justicia a todos quienes son responsables de estos hechos, pero no por ello hay que culpar ni generalizar en todos los carabineros de Chile, y en ello nuestros esfuerzos de revelar, de imputar al oficial que malversó del resto. Las responsabilidades son personales, no institucionales.
¿Su caso podría tocar a las más altas autoridades de la institución, podría existir una responsabilidad de mando también?
No me corresponde pronunciarme sobre eventuales responsabilidades de mando. Yo estoy investigando responsabilidades penales y no puedo opinar respecto de lo que haga Carabineros de forma interna.
Pero el caso del general director actual, Bruno Villalobos, él fue antes general y compartió con personas hoy imputadas. Lo mismo el resto del Alto Mando…
Pues bien, si existen méritos y antecedentes respecto de cualquier persona, no importando su rango o grado, lo vamos a llevar ante la justicia. Investigamos a personas, y aquí nadie tiene privilegios.
Podría él ser citado también entonces como imputado…
Todos son iguales, yo no voy a descartar nada, tenemos el deber de investigar todo. Acá, le repito, no hay personas con privilegios. Por tanto, yo insisto: el Ministerio Público investiga y en su persecución penal lo que nosotros vemos son responsabilidades personales. Frente a ese punto no consideramos cómo es la persona, su calidad, su cargo, dignidad, etc.
¿Por qué investigar a Carabineros con carabineros y no optar por la PDI?
Lo primero, las responsabilidades penales son personales, no institucionales, y el trabajo comprometido que conozco de carabineros desde hace más de 15 años me llevó a pensar en que era lo mejor trabajar con ellos y hasta hoy no tengo dudas de eso. Ahora le digo, si a mí me surgiera una duda, no tendría problemas de cambiar de policía. Acá la indagatoria la hace y la dirige el Ministerio Público. Y, si me permite, quisiera destacar la labor que ha hecho el OS-7, quienes me ayudan en cada diligencia y cuya labor ha permitido que esto siga avanzando. Si tenemos esta cantidad de personas formalizadas es también gracias al trabajo de este equipo del OS-7. De la PDI tengo también la mejor impresión, y si más adelante es necesario, no tengo problemas con trabajar con ellos también.

De cara al Alto Mando

En enero de este año usted cita al general Flavio Echeverría como testigo, dos meses después pide su detención y lo formaliza como líder de la organización. ¿Cómo se explica ese cambio?
Eso es propio del desarrollo de las diligencias de investigación. Cada paso investigativo tiene su momento y, efectivamente, cuando se le toma declaración al señor Echeverría, en el mes de enero, como usted refiere, era porque los antecedentes del proceso en ese minuto daban cuenta de que era un testigo. De esa vez a ahora esa circunstancia procesal cambió.
Pero estuvo frente a frente a quien estaba malversando miles de millones, ¿Echeverría le mintió en esa oportunidad?
No podría decir eso, ni dar esa conclusión. Esta es una investigación de la que sólo se conoce por las formalizaciones y eso es lo que le estoy hablando hoy, situaciones ya descritas ante el tribunal, porque le recuerdo que el caso sigue bajo reserva y una vez que se conozcan todos los antecedentes tendrá quizás esa respuesta. Al día de hoy, el general Echeverría tiene una participación punible.
Usted llevó meses esta investigación en secreto y el 6 de marzo el general Villalobos da cuenta de bajas en Carabineros y de paso devela su caso. Ese día temprano voló a Punta Arenas, ¿qué hablaron?
Yo estaba en juicio oral y él me pidió una entrevista. Fue breve. Me comunicó que había tomado una decisión por un sumario administrativo y fue más que nada para decirme que ponía a nuestra disposición todos los antecedentes y personal para el éxito de la investigación y volcar toda su colaboración a lo que estaba haciendo el Ministerio Público.

¿Afectó que revelara su investigación?
Él dio cuenta de una investigación administrativa. A mí eso no me afectó en nada.
¿Él no sabía los alcances de su causa?
No y no tenía por qué saberlo. Era una investigación reservada. Él fue a darnos cuenta de decisiones administrativas y ponerse a disposición, ofrecer la colaboración al Ministerio Público.
¿Y Carabineros ha colaborado?
Por supuesto.

Miras al juicio oral

Pidió más plazo de investigación al tribunal, ya dijo que no ha tocado techo, tiene varias aristas abiertas, incluso traspasó la de gastos reservados a la Fiscalía Centro Norte, ¿Dónde para todo esto?
Esta es una investigación grande, compleja, se trata de la investigación por la malversación de caudales públicos más grande de la historia. En tan sólo cuatro meses desde que formalizamos llevamos $ 25.700 millones malversados y con audiencias pendientes que nos van a elevar a 105 formalizados, hay muchas diligencias todavía en pendiente, requerimientos de información a entidades, a bancos, peritajes, citaciones. No tengo respuesta para lo que pregunta, ni yo la sé, pero va a parar donde tenga que parar, no antes.
¿Para un fiscal es lo mismo citar a un coronel, a un ex general o a un general activo? Se lo pregunto porque la propia citación daña la imagen de las personas, a veces…
No puedo mirar eso. La fiscalía cuando investiga lo hace de forma autónoma, objetiva y le vuelvo a reiterar: no hay personas ni grupos privilegiados en una persecución penal y el Ministerio Público es absolutamente independiente en aquello. No hay miedo en ello, en investigar a quien sea. Si los antecedentes ameritan, pondré los antecedentes de quien corresponda ante tribunales.
¿Incluso de miembros del Alto Mando?
A quien sea. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no nos vamos a sesgar ni vamos a terminar un trabajo si consideramos que hay otras personas que también debieran estar indagadas. No voy a decidir ‘ya, cortemos acá’. No. Si hay mérito suficiente para llegar tanto al más alto cargo, a la más alta jerarquía, a la más alta dignidad, lo tendremos que hacer. Es esa nuestra función, no es otra.
¿Usted al investigar no se predispone respecto de la cantidad de estrellas que tiene el uniforme de la persona que está sentada al frente?
¿Usted dice relación a los grados? No, yo veo personas. Las responsabilidades son personales. No me fijo en eso, no tengo problemas y, por tanto, todas las personas son iguales. Hay igualdad ante el derecho.
Usted fue fiscal militar, conoce el mundo uniformado. ¿Tiene conciencia de que su investigación ha generado una crisis muy profunda en Carabineros?
No es que mi investigación haya generado la crisis de Carabineros. Nosotros investigamos una crisis que existía ya en esa institución, que es distinto. Nosotros no la generamos, nosotros la investigamos.
Hay quienes criticaron, en un inicio, al fiscal nacional por designarlo, dijeron que tenía poca experiencia. ¿Que opina de eso?
No sólo me dijeron eso, también dijeron que era un fiscal de provincia. Y bueno, sí, soy un fiscal de provincia, pero a mucha honra. Se dijo eso por las detenciones que se declararon ilegales al principio, pero eso es un tema técnico jurídico. Lo que me reconforta es contar con el apoyo del fiscal nacional, lo que me ha permitido conformar un equipo complejo con los fiscales Miguel Angel Orellana, Jorge Marín, Patricio Macaya, Karina Guajardo, funcionarios de Contraloría y el equipo de apoyo de la Fiscalía Nacional. Este es un caso inédito para el Ministerio Público y como institución se ha tratado de esa forma. Ni el que tenía más, ni el que tenía menos experiencia estaba preparado para esto.
¿Jorge Abbott le ha dicho algo?
Que trabaje con autonomía e independencia, que acá no hay grupos privilegiados o intocables es algo que tenemos marcado a fuego y es obvio que en una causa como esta uno la conversa con su superior jerárquico y él nos ha dado todo el respaldo y nos insta a seguir adelante.
¿Se ha sentido presionado?
No, de ningún tipo. Y si las tuviera, las denuncio.
¿Algún llamado de algún político?
No, porque no corresponde que el mundo político se comunique conmigo.
Esta investigación tocó a este “mundo” cuando le tomó declaración a ex subsecretarios de Carabineros. ¿Por qué lo hizo?
Porque necesitaba saber aspectos de control o fiscalización que es lo que ando indagando y me interesaba saber qué conocimiento tenían de aquellos hechos.

Generó críticas que le tomara declaración a la ex subsecretaria Javiera Blanco en dependencias del CDE, sin tener ella la prerrogativa para fijar domicilio y porque el organismo es querellante en el caso… ¿Por qué lo hizo?
Lo hice porque yo me desplazo donde sea. Es tan poco el tiempo que tengo, que si es necesario voy yo a los lugares. No es inusual que lo haga. Lo que me interesa es hacer las cosas bien y rápido, ese fue el motivo. También tomo declaraciones sábados, domingos, festivos, viernes en la noche. No tengo horario. Y las opiniones, críticas o suspicacias no me importan, voy por el éxito de la investigación.

Restitución del dinero


¿Está pensando ya en el juicio oral? Porque estos casos generan altas expectativas que después se ven truncadas por sus resultados…
Estamos trabajando para eso. En este caso se indagan hechos que tienen penas altísimas, que parten en 10 años de presidio efectivo, porque son delitos muy graves. Imagínese cuánto dinero del erario fiscal fue malversado. ¡Cuántas políticas públicas dejarán de realizarse por estos hechos! Es muy lamentable todo e incluso, abstrayéndome de mi rol de fiscal, como ciudadano duele que esto haya ocurrido en una institución tan querida como ésta. Uno ve todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, y me consta que en los lugares más recónditos está Carabineros, que realiza su labor día a día. En este caso, por cierto que es una circunstancia en la cual uno se siente también tocado.
De todo ese dinero, ¿cuánto ha recuperado el Ministerio Público?
La verdad es que nuestro esfuerzo no sólo está centrado en la persecución penal, sino que nuestros esfuerzos siempre han estado centrados también en poder recuperar lo que más podamos dentro de los mecanismos procesales y legales que nos permite la legislación. Y no le puedo señalar los detalles respecto de ese punto, porque es materia propia de la investigación, pero quédese con la conciencia tranquila en que la fiscalía ha hecho todo, pero todo lo que está a sus manos para recuperar la mayor cantidad de los montos malversados en esta investigación.
¿Cree que esta causa generará un antes y un después en cómo el Estado y las instituciones cuidan el erario fiscal?
Hablando en general, creo que esta causa ya generó un cambio que pudimos observar respecto de determinadas medidas que se están adoptando ya en la misma institución de Carabineros. Y creo que esto va a generar un cambio en otras instituciones respecto de los cuales también se deben redoblar los controles y las fiscalizaciones de las instituciones públicas.
¿Cómo ha sido su relación con el general Bruno Villalobos?
No tengo relación con el general director. La única que tuvimos fue cuando me dijo que iba a poner todos los antecedentes a disposición de la fiscalía y eso fue todo. Nada más, nada menos.
Fuente: la Tercera Domingo 23 de Julio 2017

EE.UU. entrena a carabineros por visita del Papa Francisco

Autor: Víctor Rivera

Grupo especializado de militares estadounidense llegó esta semana para trabajar con el Gope. Entrenamiento de francotiradores, grupos antisecuestros y operativos por bombas se realizan diariamente en Curacaví.

EE.UU. entrena a carabineros  por visita del Papa Francisco
Entrenamiento de los francotiradores esta semana, en Curacaví.
Esta semana llegaron a Chile dos comitivas claves para coordinar la seguridad que tendrá el Papa Francisco en su visita a nuestro país, que se realizará entre el 15 y el 18 de enero de 2018. Las labores preventivas estarán a cargo de Carabineros, quienes ya comenzaron a trabajar en este hito, el cual requiere los más elevados estándares de preparación policial.
Los primeros en arribar fueron los efectivos del Destacamento del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Los norteamericanos llegaron con la misión de entregar nuevas tácticas de entrenamiento al Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (Gope), quienes estarán a cargo de la seguridad del Papa, junto al Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de la policía uniformada.
Son ocho los militares estadounidenses, quienes al pisar territorio nacional se trasladaron hasta los campos de entrenamiento de Carabineros, en Curacaví, donde comenzaron con las labores de instrucción para concretar la compleja misión.
“La protección de Su Santidad es integral. Eso implica vehículos policiales, escolta motorizada y carabineros especialistas en la protección de personas importantes. Nosotros aportamos nuestro conocimiento y capacidades con tiradores escogidos y operaciones especiales, pero también vamos a tener cobertura médica. Es por eso que es una tremenda misión y requiere de conocimiento transversal de muchas áreas”, explicó el jefe del Gope, el teniente coronel Edgard Jofré.
Los tres días que estará el Papa en Chile incluyen distintas actividades y desplazamientos, no sólo por Santiago, sino que también por regiones, entre ellas La Araucanía. Sin embargo, desde Carabineros señalan que los estándares de seguridad serán iguales en todo su recorrido, aunque está en evaluación cómo se abordará su visita a la IX Región.
Y es para esos traslados que la policía uniformada está trabajando. Según explicó el comandante Jofré, el entrenamiento de los efectivos está basado en tres líneas: operaciones para detectar explosivos y prevención de ataques, francotiradores y el rescate de rehenes.
Sobre el primer punto, el oficial explicó que “tiene que ver con la actualización en el contexto del terrorismo a nivel internacional, porque aunque tenemos la ventaja de que somos un país alejado, igualmente estamos tomando la experiencia al respecto sobre los atentados en Europa”.
En cuanto a los tiradores escogidos, estos estarán ubicados en distintos puntos, donde un carabinero especializado tendrá que vigilar a grandes distancias lo que esté ocurriendo en el traslado del Papa. Sin embargo, la movilidad de Francisco no sólo será observada de manera terrestre, puesto que Carabineros también dispondrá de helicópteros para acompañar sus traslados públicos. Al menos ocho vehículos serán parte de su comitiva, sin incluir la vigilancia aérea.
La evaluación sobre la importancia de la figura del Papa ha sido analizada por los efectivos policiales. Es por eso que su figura, en términos de seguridad y niveles de riesgo, es calificada en Carabineros como similar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en su momento a su predecesor, Barack Obama (ver nota secundaria), que visitó Chile en marzo de 2011.
Aunque el coordinador del Estado para la visita del Papa Francisco a nuestro país, Benito Baranda, prefirió no entrar en detalles sobre la seguridad del Sumo Pontífice, sostuvo que “es muy importante preparar con anticipación la visita y organizar la coordinación de la seguridad con las distintas entidades policiales a cargo”.
En tanto, para el experto en seguridad y director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, David Rosowsky, “la cápsula de seguridad tiene que ser bastante importante en su traslado, puesto que él no anda de manera rápida como las caravanas de los presidentes. Es un orden distinto que requiere mucha más protección terrestre y aérea”.
Los efectivos norteamericanos trabajarán hasta la tercera semana de agosto con el Gope de Carabineros, donde se pretenden intercambiar distintas habilidades policiales en materia de protección.
Fuente: Diario la Tercera Domingo 23 de Julio 2017

sábado, 22 de julio de 2017

NUESTRO EX PRESOS POLÍTICOS NECESITAN SE ESCUCHADOS AHORA.


 SÁBADO 22 DE JULIO 2017
Este sabado 22 de Julio, estuvimos acompañando a los Ex Presos políticos que se encuentran en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en toma, ya hace 55 días sin que aún el Gobierno de la Nueva Mayoría tenga la voluntad política de resolver el problema, casi de indigencia que viven estos combatientes que lucharon contra una Dictadura feroz que azotó nuestra patria durante 17 años y hoy cuando ellos piden ser escuchados este Gobierno, se vuelve a burlar de ellos esperamos que este miércoles 26 de julio ya le puedan resolver su grave problema. Ya no queremos más Gobiernos traidores en nuestra patria y los invitamos a tod@s a sumarse a la gran marcha contra la impunidad, este viernes 28 de Julio a las 18:00 horas en Plaza Italia, basta de Impunidad.
Quiero hacer presente que gracias a ellos muchísimas autoridades hoy están en el Gobierno.
Marcos Rodriguez G.
Medio Independiente ARI.






Las heridas abiertas de la Operación Colombo, el montaje con que la dictadura encubrió el asesinato de 119 personas

Las heridas abiertas de la Operación Colombo, el montaje con que la dictadura encubrió el asesinato de 119 personas


A 42 años del montaje de inteligencia militar de dos países realizada en julio 1975, conocido como Operación Colombo, aún quedan aspectos fundamentales sin aclarar. La periodista Maxine Lowy, autora del libro "Memoria Latente" (Lom Editores) repasa las deudas que la justicia tiene con las víctimas y familiares de este operativo transnacional.

Por Maxine Lowy / 22.07.2017
En vísperas del año nuevo de 1975, el estudiante de Sociología y socialista Jaime Robotham caminaba con su amigo Claudio Thauby por el barrio capitalino de Providencia, cuando agentes de la policía represiva DINA que circulaban en un auto los vieron, los detuvieron violentamente y se los llevaron. Sin embargo, en julio de 1975 aparecieron en la ciudad argentina de Pilar dos cuerpos quemados acompañados por cédulas de identidad chilenas, una con nombre de Jaime.
El hallazgo de los cuerpos en Pilar era la primera etapa de un montaje coludido entre la inteligencia militar argentina y chilena llamado Operación Colombo, que en estos días se cumplan 42 años. Hoy la familia de Jaime llama a investigar aspectos fundamentales que aún quedan sin aclarar.
En 1975, cuando la condena internacional aislaba a Chile y dentro del país los defensores de las víctimas entendían mejor cómo funcionaba la represión, la dictadura de Augusto Pinochet elaboró un plan para desmentir la práctica de desaparición forzosa. Pero el plan fue tan torpe que terminó apuntando directamente a quienes lo idearon.
La Operación Colombo capitalizaba en la presencia de miles de chilenos refugiados en Argentina, quienes al llegar fueron aconsejados hacerse pasar por mendocinos, dado que se decía que los chilenos eran terroristas. Por tanto, era plausible que chilenos se encontraran en Argentina. También sirvió para fortalecer el trabajo conjunto que los militares chilenos y argentinos venían haciendo desde el asesinato en septiembre de 1974 del ex comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Palermo, y que se sellaría con la formalización de Operación Cóndor diez meses después.
El 16 de abril 1975, en un estacionamiento de la calle Sarmiento de Buenos Aires, fue descubierto un cuerpo mutilado, acompañado por una cédula de identidad intacta, correspondiente a David Silberman, ingeniero civil chileno visto en el recinto de calle José Domingo Cañas en octubre de 1974. Luego, el 11 julio del mismo año, en calle Chile de la ciudad de Pilar, fueron descubiertos en un auto dos cuerpos quemados, acompañados por cédulas de identidad correspondientes a los chilenos Jaime Robotham, y el arquitecto Luis Guendelman, ambos detenidos y desaparecidos desde 1974. El 19 de julio se repitió con el hallazgo de un cuarto cuerpo, en las mismas condiciones, esta vez con cédula supuestamente del ingeniero químico chileno Juan Carlos Perelman, detenido el 2 de febrero 1975 también en Santiago y visto en Villa Grimaldi.
Entre tanto, el día 15 de julio apareció en los quioscos de Buenos Aires “LEA”, revista de un solo número, que resaltaba un listado de 60 chilenos quienes habrían sido asesinado en el extranjero en un ajuste de cuentas entre la izquierda. El 24 de julio apareció en los quioscos de Brasil otro diario de un sólo número, “Novo O Día”, con un listado de 59 chilenos más, “muertos en enfrentamientos con fuerzas argentinas cerca de Salta.” Entre ambos se sumaba una “Lista de 119,” ampliamente difundida por la prensa.
En 2005, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Víctor Montiglio procesó a Augusto Pinochet por la Operación Colombo. En 2008, el mismo magistrado procesó a 98 jerarcas y ex agentes de la policía secreta DINA por 60 víctimas cuyos nombres figuraban en la lista de 119 detenidos. Se comprobó las circunstancias de sus detenciones: todos estaban secuestrados en los recintos clandestinos de detención, los “chupaderos” de Londres 38, José Domingo Cañas, Irán y Villa Grimaldi, conocidos por sus denominaciones militares Yucatán, Ollagüe, Tacora y Terranova, respectivamente. Por ende, se comprobaba que no estuvieron en Argentina. También se comprobó la participación de agentes de la DINA, quienes confeccionaron las listas de nombres y cédulas de identificación falsas.
Sin embargo, la suplantación de las identidades y los cuatro cuerpos, etapa previa a la Lista de 119, no se ha investigado.

Los familiares de Silberman, Robotham, Guendelman y Perelman llevaban tiempo buscando el paradero de ellos y se vieron obligados a viajar a Buenos Aires a enfrentarse con la espantosa escena de un cuerpo carbonizado. A pesar de la desfiguración de los cadáveres, los familiares constataron que no correspondían a quienes buscaban incansablemente. La orquestación se auto-incriminó también debido a los apellidos y nombres en las cédulas de identidad mal deletreadas, con firmas que no correspondían y fotografías antiguas.
En febrero de 1975, detectives fueron al domicilio de los Robotham en Santiago pidiendo una foto de Jaime, quien ya llevaba más de un mes detenido sin que su familia conociera su paradero. (gracias a las declaraciones judiciales de sobrevivientes de Villa Grimaldi, hoy se sabe que en ese momento Jaime estuvo en ese recinto de la DINA hasta ese mismo mes de febrero; de allí se le pierde todo rastro). Se les entregó la única foto que encontraron, una de Jaime de cuando era niño. Cuatro meses más tarde, esa misma foto apareció pegada a la cédula de identidad al lado de uno de los cuerpos hallados en Pilar, Argentina.
Una carta de la Fiscalía del Ministerio Público de Buenos Aires, con fecha 16 de septiembre de 2015, en el marco del proceso “Videla Jorge Rafael y otros S/Privación Ilegal de la Libertad”, indica “herida de bala en el cráneo” como la causa de muerte de los cuerpos acompañados por carnets de identidad con los nombres de Jaime Robotham y Luis Guendelman. Señala además: “Las defunciones… fueron inhumados como NN en el Cementerio Municipal de Pilar del día 23 de julio de 1975 por orden policial, y fueron ubicados en el sector 13, sepultura nro. 50 siendo sus restos posteriormente trasladados al osario general”.
Once días después de su hallazgo, los cuerpos fueron enterrados sin ninguna investigación y sin saber quiénes eran ni las circunstancias reales de sus muertes. Pero hay antecedentes, incluso huellas digitales, de por lo menos una de las víctimas encontradas en el auto en Pilar, según oficiales argentinos.
Jorge Robotham
Jorge Robotham, hermano mayor de Jaime, llama a las autoridades judiciales argentinas a investigar las identidades de los cuerpos y las muertes de las cuatro personas. Reflexionando sobre los hechos cuatro décadas después, piensa que el trauma de enfrentar el espeluznante espectáculo de un cuerpo quemado no se prestaba para una determinación fidedigna, por lo menos en el caso del cuerpo asociado con el nombre de su hermano Jaime. Piensa que una investigación argentina puede arrojar mayor información sobre cómo se organizó el montaje.
Simón Guendelman es hermano mayor del arquitecto Luis Guendelman, secuestrado el 4 de septiembre de 1974 en Santiago. Cuando supo que su madre y cuñada descartaron que el otro cuerpo hallado en Pilar pertenecía a Luis, él se preguntó inmediatamente: “¿si no es Lucho, entonces quién es? ¿Y quién será la familia que igual que nosotros busca su ser querido?”.
Eso Jorge Robotham también espera saber. Jaime era el menor de seis hermanos y ocho años menor que Jorge. “Que me iba interesar lo que hacía un cabro chico”, se ríe. Ese “cabro” tendría hoy 66 años. Más de cuatro décadas después, perseguir justicia por su hermano constituye el eje central de su vida.
*Maxine Lowy es periodista y traductora. Vive y trabaja en Santiago de Chile. En 2016 publicó el libro “Memoria latente” (Lom Editores)

A 3 años y 1 día condenan al teniente coronel autor del “Factoring Gate”: Comienzan a caer las primeras sentencias en fraudes del Ejército

21/07/2017 |
Por Mario López M.
El oficial en retiro defraudó al fisco en casi seis mil millones de pesos, endeudándolo con diversos bancos y entes financieros. El método, que denunciara en exclusiva Cambio21, incluía facturas ideológicamente falsas por trabajos no prestados.

Una empresa que emitió documentos ilegales es de familiares de Mauricio Lazcano Silva: su madre y su hermano Patricio, exconcejal de RN, quien ha sido investigado por prestar boletas a una fundación de Longueira y que fueron giradas a SQM.

A pesar de quedar inhabilitado para desempeñar cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, el militar (r) presta servicios para una empresa que trabaja con ministerios y municipalidades, justamente en el mismo giro por el que lo condenaron.

La administración del Ejército del general Humberto Oviedo, que comenzara el 10 de marzo de 2014, ha sido una de las más difíciles que ha debido enfrentar un comandante en jefe de esa institución en las últimas décadas.

Ello no solo porque le ha tocado enfrentar temas de alto impacto social, como el Milicogate, el inminente cierre de Punta Peuco y otros casos que heredó, sino porque además ha debido encarar sus propios demonios, como la compra con fondos públicos de una suntuosa casa para ser ocupada por él, o un lujoso auto para su traslado, o la detención en una causa de DDHH del general (r) de Ejército Carlos Oviedo Arriagada, su hermano, acusado de encubrir un homicidio ocurrido en 1974, entre otras denuncias.

Sigue ligado al Estado
Sin embargo una arista en particular -y que denunciara oportunamente Cambio21-, ha sido la primera en que se materializa una condena durante su mandato y que ha pasado casi inadvertida, a pesar de los más de seis mil millones de pesos que se "perdieron" en el pago a terceros por prestaciones jamás efectuadas, y donde se usaron facturas "ideológicamente falsas" por parte de su autor principal dentro de la institución armada, el teniente Coronel (r) Mauricio Lazcano Silva, quien cometió los ilícitos siendo jefe del Comando de Bienestar (COB) del Ejército.

Los beneficios que obtuvo el uniformado durante el tiempo en que desarrolló el fraude resultaron ciertamente mayores que los costos pecuniarios a que fue condenado. La cárcel jamás será visitada por el teniente coronel en retiro, experto en materia informática y que se desempeña -según sus redes sociales-, como  "Jefe de Proyectos en Inversiones y Asesorías Informáticas" de una empresa que efectúa millonarias "Adjudicaciones por licitaciones o Convenio Marco".

No deja de llamar la atención que, a pesar de quedar por la sentencia "inhabilitado de forma perpetua de sus derechos políticos, así como para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena" -la que aún no cumple-, el militar (r) presta servicios para una empresa que trabaja con ministerios y municipalidades, entre ellas el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Recoleta. Hace su trabajo dentro del mismo giro por el que ha sido condenado y para entes públicos...

La tibia condena
Este mes se conoció la sentencia de primera instancia que recayó en contra de Lazcano Silva. El Séptimo Juzgado de Garantía lo condenó a tres años y un día por los delitos de estafa, pena que cumplirá en libertad vigilada. También a pagar una multa de $104 millones. El fallo fue parte de un "acuerdo" con la fiscalía, que dio lugar a un juicio abreviado y que alcanza solo a dos licitaciones del Comando de Bienestar institucional (COB), donde favoreció a la empresa Power-Ti, previo pago de sobornos y a haber recibido y visado facturas de esa sociedad por servicios que nunca se prestaron.

El acuerdo implicó no incorporar otros ilícitos que se le imputaban. Incluso se le dio por cumplida la pena por los sobornos (541 días por cohecho como funcionario público) por el tiempo en que permaneció durante la investigación en arresto domiciliario nocturno.  Le afectan otras sanciones, como no poder ocupar de por vida cargos o empleos públicos.

Lo concreto es que el Ejército se encuentra demandado por varios bancos que están cobrando judicialmente las facturas que validó Lazcano a sabiendas que eran falsas, por montos que superan los $5.856.259.846, hechos "que se dan por probados sobre la base de la aceptación del imputado" y los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, sostiene la sentencia de la jueza (s) de garantía Carolina Mella.

Todo queda en familia
Lazcano Silva conocía muy de cerca la treta de las facturas ideológicamente falsas; incluso un familiar directo se había visto mezclado con ellas en los casos de connotación política que afectaron a partidos y parlamentarios de derecha. Desde el puesto en que se encontraba, para el teniente coronel las posibilidades de realizar operaciones a su "sola firma" eran una tentación. Por ello favoreció a una empresa de familiares, compuesta por su madre y hermano: Silva Computadores Ltda.

Patricio Lazcano Silva, su hermano, es un ex concejal de RN por San Joaquín entre 2008 y 2012. Además fue director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea y abogado del municipio de La Reina durante 2013. Ejerció las mismas labores en Ñuñoa, La Florida y Santiago en periodos en que los municipios eran regidos por alcaldes de derecha. También fue abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Gobierno Regional Metropolitano durante 2013.

Este fue imputado por entregar boletas por $12.241.122 a Soquimich a petición de "la fundación Chile Justo, quien me solicitó que las boletas de honorarios las emitiera a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Desconozco el motivo por el cual me solicitaron esto, pero el servicio sí lo realicé. Respecto de Soquimich S.A, no conozco sus oficinas ni tampoco a alguna persona que trabaje ahí", declaró ante el Ministerio Público, asegurando que sí habría hecho un informe para la fundación cercana a Pablo Longueira.

El modus operandi
"Ayudar a la familia" no le fue suficiente, también desde la sociedad familiar le tendieron la mano. De acuerdo a la causa que terminó por condenarle, en su calidad de jefe del Comando de Bienestar del Ejército Mauricio Lazcano recibió sobornos de otro oficial por aquel entonces retirado, Eduardo Olmedo Prado, quien trabajaba en Power-Ti S.A., y de Claudia Marín Aguilera, quien se desempeñaba como gerente general y representante legal de la misma. El objetivo era que interviniera en dos licitaciones y les consiguiera la adjudicación de los contratos.

La primera de ellas fue en 2013 y la otra en 2014, por $117 millones y $59 millones respectivamente. Los sobornos se materializaron contra entrega de boletas de honorarios de Lazcano y mediante facturas emitidas por la empresa Silva Computadores Ltda. (la empresas de sus familiares). Por ambas gestiones recibió soborno, cometiendo cohecho por $80 millones, en el primer caso, y $21,6 millones, en el segundo.

No es todo. Lazcano y Olmedo urdieron el plan que terminó endeudando al Ejército. Debía ser aparentemente lícito y duraría mientras él estuviera en el cargo. Aparentemente, porque lo que realmente se pretendía era "obtener dinero de forma ilícita (...) en perjuicio de determinadas personas jurídicas", sostiene el fallo. Los casi seis mil millones de pesos defraudados que reclaman los bancos los deberá pagar "Moya", el Fisco, o sea usted.

Olmedo hacía entrega a Lazcano de facturas de la empresa Power-Ti S.A. por servicios supuestamente prestados al COB y que debían ser pagados por este. Sin embargo la ambición los llevó a no esperar los lentos procesos internos de pago de la institución y recurrieron a los bancos privados que factorizaron las facturas y las pagaban sin sospechas. Mal que mal detrás estaba el Ejército, o al menos eso creían.

Gol de media cancha...
¿Por qué el Ejército terminó endeudado con los bancos? La respuesta se la dieron los propios involucrados al fiscal  metropolitano centro norte, José Morales: Lazcano Silva recibía de Power-Ti facturas ideológicamente falsas, las visaba como verdaderas y mientras se demoraba el pago por el Ejército, desde la empresa eran llevadas a diferentes bancos para descontarlas y así recibían el pago anticipado.

Las "facturas eran recibidas por el Teniente Coronel en conformidad a lo estipulado en la ley 19.983, estampando el sello del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, nombre que tenía el ahora Comando de Bienestar del Ejército, sello que era guardado por el citado Oficial para la recepción de las facturas, con el objeto de darle autenticidad a éstas, haciendo creíble para terceros que la prestación de trabajos y/o servicios habían sido efectivamente realizados, con lo cual la empresa Power-Ti S.A. quedaba frente al mercado bancario con un crédito a favor y el Comando de Bienestar del Ejército como deudor de las mismas", explica la resolución de su procesamiento ante la fiscalía militar.

"Con esto personal de la empresa Power-Ti S.A. y una vez que el Teniente Coronel hacía devolución de la copia cedible a la empresa, quien factorizaba las facturas en distintas empresas de Factoring del mercado nacional. Asimismo y con el objeto de dar veracidad a lo estampado en las Facturas, el Teniente Coronel de Ejército se contactaba con las empresas de Factoring, mediante correo electrónico institucional y telefónicamente, con esto daba certeza a las empresas de Factoring respecto de lo adeudado por el Comando de Bienestar", agrega el tribunal, era la puesta en escena.

Cría fama y échate a...
Todo iba bien hasta que se descubrió accidentalmente que una de las órdenes de pago iba firmada por un oficial de menor grado al que correspondía emitirla, lo que detuvo el proceso de validación producto de la investigación administrativa que se generó. Habían pasado al menos cuatro años en que la triquiñuela había dado sus frutos. Siempre que se generó alguna sospecha, Lazcano Silva confirmaba la operación, asegurando que los trabajos se habían hecho y que las facturas eran verídicas, lo que era falso.

Esta vez la demora en el pago puso en sospecha a los bancos, que decidieron demandar al Ejército. Ya no se podía ocultar el fraude y Lazcano terminó reconociendo mediante una "autodenuncia" que había recibido "comisiones" de terceros por cerca de 200 millones de pesos.

El delito admitido en principio por el teniente coronel del Ejército era de una pena de baja intensidad. Desde la institución armada se reclamó el derecho para investigar y eventualmente sancionar a Lazcano, pero el Ministerio Público reclamó la competencia por la naturaleza del delito, siendo el fisco el perjudicado. La Suprema le dio la razón a la fiscalía y así se dio origen a esta sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía.
El mal endémico: nulo o sospechoso control
En todos los casos de fraudes que han afectado a las instituciones castrenses y que se han destapado en los últimos años, un factor ha sido coincidente: la escasa, nula o cómplice fiscalización por parte de los organismos encargados del control de gastos e incluso de los organismos de seguridad e inteligencia interna y, claro, también de los organismos fiscalizadores civiles, como la Contraloría General de la República o el Ministerio de Defensa.

Desde el Senado y la cámara baja coinciden en que la falta de control permite estas aberraciones. El senador Alejandro Guillier reconoció que "hace tiempo que viene el negocio de la compra de servicios, armas y otras denuncias de irregularidades que han trascendido a los medios".

Por su parte el diputado PPD Guillermo Ceroni, integrante de la Comisión de Defensa, sostuvo que estos hechos "evidencian la debilidad de los sistemas de control al interior de las instituciones militares, pero también son un aliciente para perfeccionar el trabajo que debe hacerse de forma transversal en Transparencia".

"Por supuesto que aquí tiene que exigírsele a las FFAA lo mismo que se le exige a otras instituciones. Hoy hemos caído en una situación de desprestigio de todo el aparato público y parte de ello son las Fuerzas Armadas, que no pueden estar en una situación especial o diferente, sino con un estándar de transparencia máximo como nos hemos propuesto en el país", afirmó el parlamentario a Cambio21.