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sábado, 16 de febrero de 2019

QUEREMOS VERDAD Y JUSTICIA AHORA.

Sábado 16 de febrero 2019.
Para este martes 19 de febrero esta en tabla en tribunales, los alegatos por el brutal asesinato en dictadura de nuestro compañero.
Raul Jaime Olivares Jorquera, horario por confirmar.
Jaime Raul OLIVARES JORQUERA

El primero de agosto de 1975 murió Jaime Raúl OLIVARES JORQUERA, militante socialista, según algunas versiones de la fracción llamada Elenos, mientras permanecía detenido en el local de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones. Según se informó a la prensa, el afectado había muerto en un enfrentamiento con funcionarios de Investigaciones. Sin embargo, el certificado de defunción de la víctima señala como causa de la muerte la asfixia o una sofocación por aspiración de vómito, lo que contradice la versión oficial.
La falsa información y las demás circunstancias del hecho llevan a esta Comisión a la convicción de que hubo responsabilidad de agentes estatales en la muerte de Raúl Olivares, por lo que lo considera víctima de violación a los derechos humanos.
Informe Rettig
Video aporte de su viuda Hotensia Agurto
VER VIDEO AQUI

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Ceremonia de inhumación de Raúl Jaime Olivares Jorquera, militante chileno del Ejército…

Le machin

beart
 

¿De qué sirven los organismos internacionales? ¿Que mono pinta el derecho a la autodeterminación de los pueblos? La respuesta está contenida en la pregunta. Luis Casado nos ofrece un breve recuento del colonialismo (mental) contemporáneo...

Charles
Charles de Gaulle, presidente de la República francesa

Le machin


Escribe Luis Casado


En un discurso pronunciado en Nantes el 10 de septiembre de 1960, Charles de Gaulle –a la sazón presidente de la República francesa– se refirió al organismo mundial que sucedió a la Sociedad de Naciones (SdN) con palabras poco amenas: "Le machin qu'on appelle ONU..." “El chisme que llaman ONU…”
Ese chisme, o esa vaina, le pedía a Francia participar en el financiamiento de una expedición de Cascos Azules al Congo. De Gaulle, confrontado a la guerra de Argelia, y a la hostilidad de los países africanos y asiáticos que buscaban su independencia, quería tener las manos libres para desplegar su propia política. Esa que culminó en la independencia de Argelia y, porqué no decirlo, en su célebre discurso de Phnom Penh (1º de septiembre de 1966) en el que de Gaulle condenó claramente la guerra de Vietnam y manifestó su apoyo a la libertad de los numerosos países que luchaban contra el colonialismo y que una vez libres crearon el Movimiento de Países No Alineados.
Para de Gaulle la descolonización era una exigencia moral, política y económica, lo que explica que, refiriéndose a la guerra de Vietnam, haya dicho en Phnom Penh:
“…si es improbable que el aparato militar americano sea eliminado en el terreno, no hay por otra parte ninguna posibilidad de que los pueblos de Asia se sometan a la ley del extranjero venida del otro lado del Pacífico, cualquieras sean sus intenciones y por muy poderosas que sean sus armas. En resumen, por largo y duro que sea este trance, Francia tiene por cierto que no tendrá solución militar. A menos que el universo vaya hacia una catástrofe, solo un acuerdo político podría restablecer la paz”.
Hoy, más de medio siglo después, sabemos que de Gaulle tenía razón.
El derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, o derecho a la autodeterminación (¿porqué te ríes?), es un principio surgido del derecho internacional (?) según el cual cada pueblo dispone de la libertad de decidir de su régimen político independientemente de toda influencia extranjera. Proclamado durante la Primera Guerra Mundial, la aplicación de ese principio deja mucho que desear.
La Conferencia de la Paz de París y el Tratado de Versalles (1919) constituyeron un vivero para futuras guerras, incluyendo la II Guerra Mundial, así como la negación más absoluta de los derechos de los pueblos, comenzando por los que habían perdido la I Guerra Mundial que no tuvieron ni siquiera el derecho de participar en las deliberaciones.
En los pasillos de Versalles se paseaba un hombrecillo pequeño, delgado, mal vestido, insignificante, al que nadie le prestó atención. Trabajaba como jardinero, cocinero, lavaplatos y otros oficios modestos. Vivía en París, 56, rue Monsieur le Prince. Desde allí le envió una carta al presidente de los EEUU venido a París a la Conferencia de Paz. Era una súplica en la que Monsieur Ba, como se hacía llamar entonces, le rogaba al presidente Wilson que el derecho de los pueblos a decidir de su propio destino le fuese aplicado al suyo. Wilson no respondió esa carta que tal vez ni siquiera leyó. Entonces Ho Chi Minh decidió liberar Vietnam con las armas en la mano.
El derecho a la autodeterminación no se aplicaba a las colonias. Tampoco a los pueblos que carecían de un Estado. Peor aun, nadie pensó en definir qué es un ‘pueblo’.
Los palestinos… ¿son un pueblo? Admitiendo que lo sean, no disponen de un Estado. Ni los kurdos. De paso se hace todo lo posible para que tales Estados no existan jamás. Al tiempo que se crean Estados improbables usando el método de los bombardeos masivos. Kosovo, por ejemplo, territorio desgajado a la fuerza de Serbia, para inventarle un país a los albaneses que ya tenían uno y no pedían tanto. Aun hoy Kosovo no es reconocido por Serbia, Rusia, China ni España. La mayor parte de los países de América, Asia y África no aceptan la declaración unilateral de independencia, ni reconocen a la República de Kosovo como Estado soberano. ¿Hay que precisar que los EEUU y la OTAN practicaron en Kosovo una dizque intervención militar humanitaria?
Curiosamente, cuando los Khmer rojos impusieron una insana dictadura en Camboya (1975-1979), asesinando a más de dos millones de indefensos ciudadanos, –una de las peores masacres del siglo XX que conoció unas cuantas–, la ‘comunidad internacional’, léase los EEUU y sus aliados, contribuyeron a mantener la representación de los Khmer rojos en la ONU hasta el año 1991, al tiempo que les aportaban 'ayuda humanitaria’ y apoyo militar.
La historia del derecho a la autodeterminación está plagada de abiertas y descaradas intervenciones militares del Imperio, que en la materia nunca esperó la autorización de ningún Guaidó. Y ha conocido el invaluable aporte de algún ‘progresista’ como el francés Bernard Kouchner.
Kouchner, primero comunista, luego socialista, fue ministro de Salud en el gobierno de Mitterrand (1992-1993), y más tarde ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de derechas de Sarkozy (2007-2010). Teorizó el derecho de ‘injerencia humanitaria’ de modo que las grandes potencias pudiesen invadir cualquier país que a su juicio tiene un mal gobierno y hace sufrir a su población.
Más tarde Kouchner devino International Consultant de las peores dictaduras africanas, y practicó el tráfico de influencias para que empresas a las que él pertenecía cobrasen deudas contraídas por los gobiernos de Gabón y la República del Congo. Carla del Ponte le acusó de obstruir las investigaciones sobre el tráfico de órganos durante la Guerra de Kosovo.
Con tales defensores, no es de sorprender que Donald Trump amenace intervenir en Venezuela, no sin antes haber organizado una muy curiosa ‘ayuda humanitaria’ que se parece demasiado a un Caballo de Troya.
Bien mirado, hambrientos hay en Colombia. En Yemen. En Afganistán. Incluso en los EEUU.
En Colombia los EEUU tienen ocho bases militares. El ejército colombiano mantiene a raya a los colombianos hambreados para que no se arrojen sobre la ‘ayuda humanitaria’ destinada a Venezuela.
Los EEUU le venden cazabombarderos y misiles a Arabia Saudita, que está perpetrando la más grande masacre del siglo XXI en Yemen. Poco importa que la ONU, le machin, alerte sobre una gigantesca tragedia que se asemeja a un genocidio, sin que las almas sensibles de occidente digan una palabra.
En Afganistán los EEUU siguen empeñados en la guerra más larga de toda su Historia: 17 años y contando. Esa guerra ha costado, al día de hoy, según cifras oficiales del Congreso de los EEUU, más de 700 mil millones de dólares, o sea unos 20 mil dólares por afgano, cuyo PIB per cápita no llega a US$ 500 anuales. Por la cabeza de Donald Trump no ha transitado la idea de enviar ‘ayuda humanitaria’. Lo cierto es que los títeres que mangonean en Kabul, apoyados por el ejército yanqui, son los mayores productores de heroína del planeta, producto que exportan a los EEUU y a Europa con beneficios que se cuentan en decenas de miles de millones de dólares.
En los EEUU Trump ha recortado los presupuestos destinados a los servicios de Salud pública (Medicare) y, aparte reducirle los impuestos al riquerío, reduce los recursos que financian las Food Stamps que permiten alimentar a decenas de millones de pobres, la mayoría de los cuales son niños.
Todo lo cual no impide que politólogos, periodistas, sociólogos, economistas, políticos, jefes de Estado y otras gentes de bien estimen que… el problema es Nicolás Maduro.
Para mí que la cuestión está en otro sitio. Y yo que sé, en la OEA, esa cloaca. En la ONU, ese machin. En el FMI, ese nido de delincuentes. En la autoproclamada ‘comunidad internacional’, ese fantasma. En nuestra propia incapacidad a discernir la verdad de la mentira, y en nuestra inconcebible disposición a comulgar con ruedas de carreta.
 
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DDHH: Ex jefes militares se transforman en la derecha "armada" pinochetista con ataque a tribunales

Por Mario López M.
Le dolió a cuatro ex comandantes en jefe de ramas de las Fuerzas Armadas el fallo en el caso Frei Montalva y el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por torturas a 24 prisioneros políticos. Tanto así, que por vía de una carta publicada en El Mercurio (dónde más), se victimizan y denuncian una “supuesta campaña” que les afecta, realizando de paso una dura crítica a los tribunales de justicia.
No se trata de cualquier ex comandante en jefe, sino que de algunos de quienes han tenido trayectoria política derechista, tras dejar el uniforme. Los ex jefes militares y de carabineros firmantes de la carta, son Oscar Izurieta Ferrer (Ejército y ex subsecretario de Piñera), Miguel Ángel Vergara Villalobos (Armada), Ricardo Ortega Perrier (Fach) y Fernando Cordero Rusque (ex jefe del Carabineros y ex senador designado por Pinochet).
“En los últimos años sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos han impulsado una campaña (para) amplificar y endurecer las causas de derechos humanos”, reclamaron los ex uniformados.
Según ellos, las FF. AA. han dado "plena colaboración" en materia de DD. HH., al paso que aseguran que desde el gobierno de Patricio Aylwin “ha habido una especial preocupación, llevándose adelante diferentes iniciativas, comisiones y leyes tendientes a obtener verdad, justicia, reparación”, las que han contado con el apoyo de las ramas armadas “con el espíritu de sanar las heridas del pasado”.
Olvidan, que en la única comisión en que participaron, entregaron datos falsos acerca del destino de detenidos desaparecidos, informando que ellos habían sido (todos) lanzados al mar tras ser secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer, siendo que a los pocos días aparecieron cuerpos de algunos de ellos en Peldehue, donde fueron ejecutados y enterrados clandestinamente.
También olvidan que en el caso Frei, destruyeron evidencia, razón por la cual la Corte Suprema ordenó al juez Madrid reabrir la arista acerca de la desaparición de los antecedentes sobre el asesinato del exmandatario que el Ejército destruyó.
para estos militares y políticos, “muchos de los uniformados condenados o procesados lo han sido solo por presunciones, sin que haya sido posible acreditar efectivamente su participación en los ilícitos investigados”. 
Una presunción, es determinar hechos desconocidos a partir de hechos que sí son conocidos. En estos casos, se ha determinado que ha habido secuestros, quiénes participaron de ellos, dónde fueron llevadas las personas plagiadas, cómo fueron maltratadas y que nunca más aparecieron. Eso es una presunción clara que quienes los secuestraron y torturaron, son los que saben donde están y callan, deliberadamente. 
Cheyre el favorito
desde luego no solo reclaman del caso Frei, también lo hacen respecto del procesamiento ex comandante en jefe del Ejército, general (r)  Juan Emilio Cheyre, quien fue encausado por las torturas sufridas por 24 prisioneros políticos en La Serena, lugar en que ejercía mando.
Como se recordará, Cheyre ya se encuentra condenado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en esa ciudad.
Según estos ex uniformados que entran de lleno a la política, “un ejemplo paradigmático es la arbitrariedad con que se ha juzgado y se sigue juzgando al general Juan Emilio Cheyre, ahora por hechos prácticamente imposibles de acreditar 45 años después de su eventual ocurrencia”.
Olvidan los ex funcionarios de Pinochet y Piñera, que las víctimas reconocieron a Cheyre participando o presente en sus torturas.
"El mantener a este sistema procesal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley”, señalan.
“El doble estándar y la injusticia que afecta a personal que perteneció a instituciones fundamentales se ha denunciado reiteradamente, pero frente a ello no hay receptividad en parte importante del mundo político, comunicacional y judicial”, alegan. 
¿Y qué pasó con los miles de recursos de amparos rechazados sin ni siquiera haberse investigado en dictadura? ¿Habrán dicho algo de esa "denegación" de justicia?
para ellos, “aquí está(n) fallando las principales instancias que le dan sustento a la institucionalidad de la República. Ello no es positivo para la imagen del país, para su convivencia interna ni para la seguridad de Chile (sic)”.
No conformes con eso, hacen un “ferviente” llamado a las “instituciones políticas del Estado a reflexionar sobre esta injusticia y tomar las medidas remediales pertinentes”. 
No se quedan en los llamados, también advierten que “Chile no debe debilitar su convivencia, ya que afecta a su estabilidad democrática. La justicia, institución fundamental, debe ser un ejemplo de rectitud, imparcialidad y de igualdad ante la ley. La República es el bien mayor a proteger y, con ello, a las instituciones que la hacen posible”, concluyen.
Quién es quien, en los firmantes
El general Izurieta, luego de dejar el Ejército, cargo que ocupó desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 10 de marzo de 2010, asumió el 25 de marzo de ese mismo año como subsecretario de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera, y se mantuvo en el cargo durante toda esa administración. 
Como se recordará, el general en retiro Daniel Aberl, denunció haber sido presionado por el auditor del Ejército, para “salvar” al ex comandante jefe Oscar Izurieta, en el caso FAM. El diputado manuel Antonio Matta informó que ,“un general en retiro acuse que, para proteger eventuales acusaciones al ex comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, se le ofrezca ser recontratado es algo sumamente grave y debe ser aclarado”.
Añadió Matta “que el actual jefe de la justicia castrense, general (J) Felipe Cunich Mas, le haya prometido una recontratación si es que asumía la responsabilidad administrativa, para salvar al ex comandante en jefe Óscar Izurieta, es algo que no puede ocurrir al interior del Ejército, menos cuando tenemos a una institución enfrentando una tremenda crisis por fraude al fisco”.
Ortega Perrier, como se recordará, fue Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile desde el 2006 hasta el 5 de noviembre de 2010. En su calidad de presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, se ha transformado en un vocero de los militares condenados por DD. HH.  y es un habitual visitante de la cárcel de Punta Peuco para acompañar a sus ex compañeros de armas que purgan condenas. "En Chile se abolió la pena de muerte. Pero cuando uno condena a una persona de 90 años a 10 años, lo está mandando a morirse”, ha dicho.
Por su parte, Miguel Angel Vergara Villalobos ex jefe de la Armada en el período 2001-2005, es un habitual opinólogo en medios de comunicación y redes sociales sobre materias de DDHH, donde acusa una “persecución” a los uniformados que participaron de atrocidades en la dictadura.
Varios ex marinos, entreb ellos Óscar Carvajal Gallardo,  entregaron sus testimonios consignados en el Informe Valech donde se asegura que el entonces jefe del departamento de electrónica del destructor "Cochrane", el teniente primero Miguel Angel Vergara Villalobos, fue la persona que los envió ante sus torturadores.
Cierra la nómina, de lo que se ha llamado el "brazo armado de la derecha", Fernando Cordero Rusque, quien  fue director general de Carabineros entre 1995 y 1997, y luego llegó al Congreso en su calidad de senador designado por el período comprendido desde 1998 a 2006.  Después quiso ser diputado por la UDI pero fracasó en su intento.
Cordero Rusque ha sido involucrado en los casos de las parcelas de lujo de carabineros y  cuyos hijos están involucrados en licitaciones irregulares en Carabineros. También la Contraloría General de la República, en un dictamen cuestionó que el retirado general director, Fernando Cordero Rusque, usaran, luego de salir de su cargo, vehículos fiscales para uso personal.

OPINIÓN


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Mundial 2030: una "jugada" política en medio de la inexistencia de seguridad deportiva en los estadios

por  16 febrero, 2019
Mundial 2030: una
¿Qué experiencia de estadio vivirán los hinchas que nos visiten? Malos tratos, controles y revisiones excesivas, una seguridad privada arcaica que contrata adultos mayores por horas en condiciones precarias. Sin contar además, de exponerse a agresiones sexuales a las afueras del Estadio Nacional, o sufrir agresiones por la orientación sexual de los y las hinchas. En este escenario, las medidas que anuncia el ejecutivo para resolver los problemas reales del fútbol profesional son un saludo a la bandera y están lejos de pensar el deporte y su desarrollo como un bien público. Tampoco pueden garantizar lo más importante: la seguridad deportiva en los estadios.

A casi un año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, se anuncia como si nada la postulación de Chile al Mundial del 2030. Sin embargo, el pasado 2018 el fútbol nacional sufrió comentados incidentes: la balacera registrada a las afueras del Centro Deportivo Azul (CDA); el lanzamiento de bengalas a la cancha del Estadio Monumental que puso en riesgo la integridad de los jugadores; el fracaso del empadronamiento exigido por la Intendenta Rubilar a los hinchas de Colo-Colo, son sólo algunos ejemplos que el gobierno olvida mencionar. Porque para qué vamos a hablar de fútbol, el escenario es peor.
Este fin de semana se inicia el torneo nacional de primera división y seguimos lejos de tener una política pública que aborde: el fracaso de las sociedades anónimas como falsa promesa de profesionalización del fútbol; la insuficiente infraestructura deportiva para convocar más de 45.000 personas -que no asisten además-; y los incidentes y hechos de violencia en los estadios. Es claro que para el gobierno de Sebastián Piñera el fútbol no es cuestión de pasión o recreación, es simplemente un negocio que podría traducirse en el mayor proyecto de inversión económica en la historia de nuestro país.
Finalmente, las sanciones que se aplican a las concesionarias Blanco y Negro S.A, Azul Azul S.A, parecen ni siquiera preocupar. Durante los años 2014 y 2018 Blanco y Negro S.A llegó a acumular cuantiosas cifras en multas que no modificaron su actuar, privilegiando el lucro antes que la seguridad de las y los colocolinos. En Blanco y Negro S.A su sistema de control de cámaras “se cae” cada vez que se registra un incidente. Lamentablemente, no sólo estamos frente al fracaso de una política pública insuficiente de seguridad, sino que también presenciamos el fracaso de las Sociedades Anónimas Deportivas en materia de seguridad.
Pero, ¿qué experiencia de estadio vivirán los hinchas que nos visiten? Malos tratos, controles y revisiones excesivas, una seguridad privada arcaica que contrata adultos mayores por horas en condiciones precarias. Sin contar además, de exponerse a agresiones sexuales a las afueras del Estadio Nacional, o sufrir agresiones por la orientación sexual de los y las hinchas. En este escenario, las medidas que anuncia el ejecutivo para resolver los problemas reales del fútbol profesional son un saludo a la bandera y están lejos de pensar el deporte y su desarrollo como un bien público. Tampoco pueden garantizar lo más importante: la seguridad deportiva en los estadios.
Han abundado las soluciones burdas como la aplicación del derecho de admisión a más de los 90 hinchas a cargo de la animación de un partido, la reducción de aforos en los sectores más económicos, deduciéndose que el problema es la pobreza. Con estas medidas, las autoridades contribuyen al alza en los precios de las entradas, tal como lo sucedido con Wanderers, permitiendo la estigmatización fácil de las y los hinchas.
Finalmente, las sanciones que se aplican a las concesionarias Blanco y Negro S.A, Azul Azul S.A, parecen ni siquiera preocupar. Durante los años 2014 y 2018 Blanco y Negro S.A llegó a acumular cuantiosas cifras en multas que no modificaron su actuar, privilegiando el lucro antes que la seguridad de las y los colocolinos. En Blanco y Negro S.A su sistema de control de cámaras “se cae” cada vez que se registra un incidente. Lamentablemente, no sólo estamos frente al fracaso de una política pública insuficiente de seguridad, sino que también presenciamos el fracaso de las Sociedades Anónimas Deportivas en materia de seguridad.
El Club Social y Deportivo Colo-Colo trabaja día a día para recuperar el fútbol de las dirigencias empresariales amparadas por la ley y la ANFP. Durante el 2018 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica la ley 20.019 que este año debe conocer el Senado; cuyo espíritu pone al centro la participación de los y las hinchas en la gestión de los clubes. Es la hora de los/as socios/as, hinchas y clubes, de recuperar protagonismo en nuestro deporte de multitudes.
  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

A casi cinco años: caso de campesinos desaparecidos en 1973 en Santa Bárbara sigue sin avanzar

Por Alejandra Soto 
La información es de Fabián Polanco 

Casi cinco años va a cumplir el caso Santa Bárbara en espera de que la Corte de Apelaciones de Concepción revise el fallo por la desaparición de 28 campesinos en 1973.
Se trata de la más antigua causa del tribunal de alzada, cuyo trámite ha sido retrasado tanto por los propios ministros como los condenados.
En esta investigación, fueron condenados 17 exuniformados y civilespor el secuestro calificado de los campesinos de Santa Barbara y Quilaco, desaparecidos en 1973.
La sentencia es de 2013 y las apelaciones de las defensas presentadas al año siguiente, desde cuando los familiares de las víctimas esperan el fallo de segunda instancia.
Sin embargo, con distintos argumentos, la vista de la causa se ha retrasado ya por cinco años, ahora con el cambio de abogado de unos de los condenados, lo que fue calificado como un escándalo por la vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Norma Panés.
Y en eso coincidió uno de los abogados querellantes, Patricio Robles, quien calificó como una maniobra dilatoria la utilizada por uno de los condenados, Sergio Fuentes Valenzuela, quien debería estar ya cumpliendo una pena de 10 años de cárcel según las víctimas.
Pero lo más grave es que al suspender la vista de los recursos la Corte de Apelaciones saca la causa de la posibilidad de trámite, lo que podría evitarse, explicó el dirigente del Colegio de Abogados, Ignacio Sapiaín, precisando que mientras asume una nueva defensa los alegatos pueden mantenerse en espera.
Intentamos consultar tanto a la Corte de Apelaciones como a la Suprema por el caso Santa Bárbara, sin existir hasta el cierre de esta nota un pronunciamiento respecto de un tema tan sensible y donde las víctimas esperan que se haga justicia desde hace más de 45 años.

viernes, 15 de febrero de 2019

Impresionante: La gigantesca red del "pituto" y del amiguismo del Presidente Piñera que trabaja en el Gobierno

Piñera y la cultura del pituto y del amigusimo
Por Alfredo Peña R.

"Nos debemos un pacto social donde desterremos la cultura del amiguismo, del pituto y restablecer la cultura del funcionario público competente, no al servicio de sí mismo".
Esta idea la dio a conocer Piñera hace sólo seis meses. Pero todo ha resultado falso.
Datos de observadores imparciales señalan que es el Gobierno -desde la vuelta de la democracia- que ha contratado más personal de familiares, amigos o cercanos a la élite de la derecha.
Y casi todos ganando sueldos impensados para ellos y ellas mismas, por la poca experiencia profesional y su corto currículo.

Este viernes, en el diario de la empresa El Mercurio, La Segunda, publicaron un completo reportaje de la laaarga lista de los "apitutados" y amigos del presidente que trabajan en el sector público.

Hace seis meses exactos, Piñera envio un decreto ley que buscaba eliminar el nepotismo. Lo singular es que en la foto aparecía junto al ministro del Interior y primo hermano Andrés Chadwick Piñera, como se en la imagen que encabeza esta crónica.
Y estas fueron algunas de esas ideas al enviar ese proyecto que quedan desmentidas con esta red del amiguismo y del pituto dada a conocer por un "diario amigo", como es La Segunda:

"Queremos decirle sí a los funcionarios públicos honestos, comprometidos y competentes. Queremos decirle no a los funcionarios públicos que vienen a aprovecharse del sector público, a actuar como operadores político o simplemente a buscar beneficios personales", aseguró el Mandatario en julio de 2018.

Entre los principales aspectos de esta iniciativa destaca la regulación de la contratación de parientes, certificando la idoneidad profesional de las personas, cuyo nombramiento se pretende llevar a cabo.

Para las contrataciones se exigirá un informe previo de parte del Servicio Civil en el caso del cónyuge, conviviente civil y parientes por consanguinidad hasta el 3° grado o por afinidad hasta el 2° de ministros, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicio, embajadores, alcaldes, senadores y diputados.

"Queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político y restablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad, honesto, comprometido, competente y dedicado al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo", aseguró Piñera.
Hoy, cuando se va a celebrar un año desde la asunción del poder, todas esas frases quedan desmentidas.

Causas de DD. HH.: ex comandantes en jefe de ramas de las FF. AA. cierran filas y hacen dura crítica a tribunales de justicia

por  15 febrero, 2019
Causas de DD. HH.: ex comandantes en jefe de ramas de las FF. AA. cierran filas y hacen dura crítica a tribunales de justicia
En una carta firmada por Oscar Izurieta Ferrer (ex jefe del Ejército y ex subsecretario de Piñera), Miguel Ángel Vergara Villalobos (Armada), Ricardo Ortega Perrier (Fach) y Fernando Cordero Rusque (ex jefe del Carabineros y ex senador designado) acusan una “campaña para amplificar y endurecer las causas de derechos humanos”. Además, hacen una cerrada defensa del general (r) Juan Emilio Cheyre y señalan que muchos uniformados violadores de derechos humanos han sido procesados o condenados “por presunciones”.

El fallo de primera instancia de la justicia en el caso Frei Montalva y el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por torturas a 24 prisioneros políticos, reinstalaron la agenda de derechos humanos en el tapete, y junto con ello la arremetida de ciertos sectores para impugnar estas temáticas.
Parte de esta respuesta es la carta publicada este viernes en El Mercurio bajo el título “La justicia, las instituciones y la República”, donde cuatro ex comandantes en jefe de ramas de las Fuerzas Armadas cierran filas, acusan una “campaña” y hacen una dura crítica a los tribunales de justicia.
“En los últimos años sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos han impulsado una campaña amplificar y endurecer las causas de derechos humanos”, se quejan los ex jefes uniformados.
Sin ánimo alguno de autocrítica, incluso, sostienen que desde las FF. AA. se ha dado plena colaboración en materia de DD. HH. Aseguran que desde el gobierno de Patricio Aylwin “ha habido una especial preocupación, llevándose adelante diferentes iniciativas, comisiones y leyes tendientes a obtener verdad, justicia, reparación”, las que han contado con el apoyo de las ramas armadas “con el espíritu de sanar las heridas del pasado”.
La misiva lleva la firma de Oscar Izurieta Ferrer (ex jefe del Ejército y ex subsecretario de Piñera), Miguel Ángel Vergara Villalobos (Armada), Ricardo Ortega Perrier (Fach) y Fernando Cordero Rusque (ex jefe del Carabineros y ex senador designado).

Defensa de Cheyre

En la carta, los ex jefes castrenses cuestionan el funcionamiento de los tribunales, sosteniendo que “muchos de los uniformados condenados o procesados lo han sido solo por presunciones, sin que haya sido posible acreditar efectivamente su participación en los ilícitos investigados”.
En este sentido, hacen una cerrada defensa del ex comandante en jefe del Ejército, general (r)  Juan Emilio Cheyre, procesado por torturas a 24 prisioneros políticos en La Serena, y ya condenado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en esa ciudad.
Para los firmantes, “un ejemplo paradigmático es la arbitrariedad con que se ha juzgado y se sigue juzgando al general Juan Emilio Cheyre, ahora por hechos prácticamente imposibles de acreditar 45 años después de su eventual ocurrencia”.
En esta línea, critican el funcionamiento del sistema procesal antiguo, que rige las causas de derechos humanos, señalando que bajo el actual sistema probablemente muy pocos de estos casos hubieran prosperado.
“El mantener a este sistema procesal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley”, señalan.
Así, citan el caso Frei Montalva argumentando que en esta causa se configura un proceso en el que la misma persona, vale decir el ministro en visita, “investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad”.

Presión al Poder Judicial

A juicio de los ex jefes uniformados, “el doble estándar y la injusticia que afecta a personal que perteneció a instituciones fundamentales se ha denunciado reiteradamente, pero frente a ello no hay receptividad en parte importante del mundo político, comunicacional y judicial”.
En este sentido, apuntan que “aquí está fallando las principales instancias que le dan sustento a la institucionalidad de la República. Ello no es positivo para la imagen del país, para su convivencia interna ni para la seguridad de Chile”.
Los ex jefes castrenses además hacen un “ferviente” llamado a las “instituciones políticas del Estado a reflexionar sobre esta injusticia y tomar las medidas remediales pertinentes”.
Es más, le ponen presión al Poder Judicial, al señalar que “depositamos nuestra esperanza en los tribunales superiores de justicia, en el entendido de que darán a cada cual lo suyo, sin más, con absoluta independencia, sin ningún sesgo político y con espíritu republicano”.
En tono de advertencia, agregan que “Chile no debe debilitar su convivencia, ya que afecta a su estabilidad democrática. La justicia, institución fundamental, debe ser un ejemplo de rectitud, imparcialidad y de igualdad ante la ley. La República es el bien mayor a proteger y, con ello, a las instituciones que la hacen posible”.

Los firmantes

Izurieta ocupó la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 10 de marzo de 2010.  Después de unas breves semanas de descanso, el 25 de marzo de ese mismo año  asumió como subsecretario de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera, y se mantuvo en el cargo durante toda esa administración.
Miguel Angel Vergara Villalobos fue jefe de la Armada en el período 2001-2005, y se ha transformado en un habitual columnista, con preferencia por los temas de DDHH, donde acusa permanentemente una “persecución” a los uniformados que participaron en la dictadura.
Ortega Perrier fue Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile desde el 2006 hasta el 5 de noviembre de 2010, y se destacó por su buena relación con la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en su calidad de presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, se ha transformado en un vocero de los militares condenados por DD. HH.  y es un habitual visitante de la cárcel de Punta Peuco para acompañar a sus ex compañeros de armas que purgan condenas. "En Chile se abolió la pena de muerte. Pero cuando uno condena a una persona de 90 años a 10 años, lo está mandando a morirse”, ha señalado.
Fernando Cordero Rusque, en tanto,  fue director general de Carabineros entre 1995 y 1997, y luego llegó al Congreso en su calidad de senador designado por el período comprendido desde 1998 a 2006.  Después quiso ser diputado por la UDI pero fracasó en su intento.

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