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miércoles, 18 de octubre de 2017

Ante otro condenado por DD.HH. que se suicida: "En caso alguno esto detiene las indagatorias" asegura abogado

El oficial en retiro de la Fuerza Aérea (FACh) Carlos Alberto Rey Cortés se suicidó en su domicilio al momento en que iba a ser detenido por un crimen vinculado a los Derechos Humanos.
El oficial en retiro de la Fuerza Aérea (FACh) Carlos Alberto Rey Cortés se suicidó en su domicilio de la comuna de Las Condes al momento en que iba a ser detenido por la PDI, por un crimen vinculado a los Derechos Humanos.
 
Rey Cortés, de 71 años, fue procesado el pasado 11 de octubre por la ministra  de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes por el homicidio de Arturo Díaz Jiménez, ocurrido el 1 de enero de 1974 en la población La Victoria.
 
Personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se trasladó al domicilio del hombre con una orden de detención por su participación en calidad de autor por el citado caso, para ser recluido en dependencias de la base aérea de El Bosque.
 
Según la policía, tras llegar al lugar, el hombre pidió permiso para ir a cambiarse ropa y ducharse, momento que aprovechó para dispararse en el baño de su casa ubicada en calle Nuestra Señora del Rosario.
 
Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI realiza todas las indagatorias necesarias por este suicidio del exuniformado y se investiga si los protocolos tomados por la Brigada de Derechos Humanos se realizaron como corresponde en esta orden de detención.
 
Otros casos
 
El primer caso de un suicidio de un exuniformado procesado por violaciones a los DD.HH. fue en 2005, cuando el excoronel (R) de Ejército y exmiembro de la DINA, Germán Barriga, se lanzó del piso 18 de un edificio: estaba encausado por el llamado caso Calle Conferencia.
 
En 2006 se quitó la vida Gonzalo Asenjo Zegers, teniente coronel (r) del Ejército, procesado como encubridor de secuestros. En 2007 hubo otros dos casos: Hidalgo López, coronel (R) de Carabineros y Juan Marcos Muñoz, empleado civil de la DINA, procesados también por Conferencia.
 
En 2013 Odlanier Mena (87), exdirector de la CNI, se suicidó luego que se anunciara el cierre del penal Cordillera; lo hizo mientras estaba con el beneficio de libertad los fines de semana: quería evitar ir a Punta Peuco.
 
Dos años después, en 2015, luego de conocer el fallo de la Corte Suprema que lo condenó a 10 años de cárcel por el secuestro del exquímico de la DINA Eugenio Berríos, el general (R) Hernán Ramírez Rurange se suicidó.
 
Miradas
 
Quien relató la situación ocurrida con Rey Cortés fue Ernesto Navarro, fiscal de la Fiscalía Oriente: “La Brigada de Derechos Humanos llega hasta el lugar, se entrevista con la cónyuge quien autoriza voluntariamente el ingreso al inmueble, ellos esperan que el fallecido, que se encontraba en el baño en ese momento, por la posibilidad de intimarle esta orden de detención con el objeto de trasladarlo detenido a un centro de El Bosque donde iba a ser detenido”.
 
El persecutor relató que “en esas circunstancias es que se escucha un disparo en el dormitorio, precisamente en el baño donde se encontraba esta persona. Funcionarios de la PDI acuden al lugar con objeto de auxiliar a la víctima, quien habría atentado contra su vida con un arma de fuego inscrita a su nombre”, explicó.
 
Para el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto este tipo de situaciones viene a dejar en claro una realidad que muchos ignoran: “Se debe decir que las sentencias en materia de delitos de lesa humanidad se comenzaron a impartir a partir del año 2000, con 17 años de investigaciones judiciales, donde el periodo anterior entre los años 1973 y el 2000 fue casi nulo en esta materia”, explicó el abogado.
 
“La gente que es procesada y condenada tienen una edad avanzada, pero la que no siempre es un impedimento para cumplir condena. Lo que podemos llegar a pensar que algunas personas no llegan a ser capaces de soportar los apremios que les implica la justicia”, comenta Caucoto.
 
“Se trata de personas que consideraban como una verdad que jamás les alcanzaría la mano de la justicia, y llegar a encontrarse a esta edad con la realidad de tener que ir a la cárcel es realmente complicado. Pero en caso alguno esto se vuelve un impedimento para continuar con las indagatorias ni con las condenas”, finaliza.
 
 
Quien comentó el suicidio de Carlos Rey fue el expresidente de la Fundación Pinochet, general (r) Luis Cortés Villa.
 
“Una noticia como ésta siempre impacta. Es tremendamente doloroso, porque nos conocimos”, relató el exuniformado.
 
“Nos conocimos en actividad, conozco a su familia; no sé si en esta oportunidad van a salir a las calles a derramar champaña y a celebrar. Que sigan celebrando, que sigan disfrutando, pero todo esto tiene un límite, y el límite nuestro es cada día más terrible, más doloroso”, afirmó.

A CERRAR PUNTA PEUCO


Miércoles 18 de octubre de 2017
VUELTA 62
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1 AÑO DANDO VUELTA POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO FIN A LOS BENEFICIOS A LOS VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS Y CIERRE DE PUNTA PEUCO. VIERNES 20 DE DE OCTUBRE A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.
Nota VUELTA 62
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Decreto del dictador mantiene el área como un gueto ABC1 premium

La última pataleta de los vecinos de Pinochet: se oponen a llegada de nuevos residentes al sector de Presidente Errázuriz

por  18 octubre, 2017
La última pataleta de los vecinos de Pinochet: se oponen a llegada de nuevos residentes al sector de Presidente Errázuriz
Un grupo de acomodados vecinos está en pie de guerra contra el alcalde Joaquín Lavín, que en marzo de este año, a través de la Dirección de Obras, permitió la edificación de dos torres cerca de la calle Presidente Errázuriz, que llevarán más gente a uno de los barrios más tradicionales de la elite santiaguina y que hasta ahora era “una isla” en Las Condes.

“Este proyecto perturbará gravemente el tránsito y la calidad de vida de quienes circulan y habitan en dicho barrio, al agregar casi 1000 estacionamientos en un barrio con calles estrechas y de tradición histórica como son Renato Sánchez y Asturias. Todo ello va a implicar atochamientos de más de 10 cuadras”. Esta es parte de la carta con la que se convoca a los vecinos del sector Presidente Errázuriz-El Golf para el próximo 25 de octubre, con el fin de informar sobre el curso de las acciones para impedir que se construyan dos torres, una de departamentos y otra de oficinas, en el eje Américo Vespucio-Renato Sánchez-Asturias.
Precisamente el dictador Augusto Pinochet vivió entre 1973 y 1998 en la casa de los comandantes en Jefe del Ejército ubicada en Presidente Errázuriz 4290, esquina Asturias.
Un decreto promulgado por Pinochet, que impedía construir edificios en altura en ese perímetro y, luego, la modificación del Plan Regulador comunal que estableció el sector como Zona Típica en 1995, durante la administración de Joaquín Lavín, retrasó por un buen tiempo la construcción de edificios en altura. Aunque el resto de la zona está rodeada de torres (en 200 metros a la redonda hay más de 20) y el sector, hoy en disputa, quedó como una isla de casas bajas, el municipio autorizó el 31 de marzo de este año la construcción de dos torres: una de 12 pisos para oficinas y otra de 19 con departamentos, a cargo de la inmobiliaria Nueva El Golf.
Pero la oposición al proyecto tiene un peso específico diferente al de los reclamos de los vecinos del vertedero en Til Til o de los guetos verticales en Estación Central. Por el contrario, aquí se trataría del intento de un grupo de familias ligadas al pinochetismo, y ahora al piñerismo, por mantener el privilegio de vivir en la única zona de Las Condes libre de construcciones en altura y evitar, del mismo modo, que lleguen nuevos vecinos al tradicional barrio.
El 26 de septiembre un grupo de personas que dicen representar a 91 vecinos mandaron una carta a El Mercurio, donde denuncian lo que –a juicio de ellos– son “irregularidades gravísimas” en la entrega de los permisos para edificar y piden al alcalde que decrete la suspensión de las obras.

Pelea epistolar

“Los antecedentes emanados del propio municipio muestran que el terreno no cuenta con los 7.500 metros cuadrados exigidos para construir una edificación de estas dimensiones. En ambos edificios se autorizó, además, la construcción de 975 estacionamientos en ocho pisos de subterráneos, el símil de dos centros comerciales como el Casa Costanera. Esto impactará la circulación vehicular del barrio, al producir todo tipo de atochamientos en perjuicio directo de la calidad de vida de los vecinos, que han logrado proteger y mantener el patrimonio del sector”, agrega la misiva.
Entre quienes la firman, el primero es David Billikopf, estadounidense avecindado en Chile desde los años 50 y que es el dueño de la casa en Asturias 400, Monumento Histórico y que quedaría emplazada al lado de los edificios. Otros de los que firmaron la carta son Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, y la periodista Constanza Vergara, ex directora de revista Paula, viuda del ex diputado Gustavo Alessandri (uno de los fundadores de RN) y madre del actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
También suscriben el arquitecto Patricio Gross y el pintor Juan Subercaseaux, además de Fernando Alessandri, abogado hermano del alcalde de Santiago y de Jorge Alessandri Vergara, ex encargado de programación durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Aunque ellos afirman representar a 91 vecinos, la carta con esas firmas no está disponible físicamente ni siquiera en la municipalidad, donde no quisieron hacer comentarios para esta nota, remitiéndose a la respuesta que la directora de Obras del municipio, Rocío Crisosto, envió al mismo diario tres días después.
En esa respuesta, se afirma que la construcción, con todos los permisos, fue aprobada conforme a las normas vigentes: “Las alturas máximas establecidas en el Plan Regulador Comunal en ese sector son de 9 y 15 pisos, respectivamente, más un piso retirado. La condición de Conjunto Armónico permite elevar en un 25% la altura máxima permitida, a lo que el proyecto se ajusta estrictamente. En relación con los estacionamientos para vehículos que contempla el proyecto, estos corresponden a 975 unidades, los que están debidamente avalados por el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, aprobado por la Seremi de Transportes”.

El barrio preferido del Piñerismo

Cercanos a la inmobiliaria explican que de los 7.500 m2, hay 5.650 que serán espacio público y 1.570 corresponderán a áreas verdes. Además de agregar que la medición de los vecinos “está equivocada”.
La oposición al proyecto tiene un peso específico diferente al de los reclamos de los vecinos del vertedero en Til Til o de los guetos verticales en Estación Central. Por el contrario, aquí se trataría del intento de un grupo de familias ligadas al pinochetismo, y ahora al piñerismo, por mantener el privilegio de vivir en la única zona de Las Condes libre de construcciones en altura y evitar, del mismo modo, que lleguen nuevos vecinos al tradicional barrio.
Mientras los vecinos siguen los canales formales y apuntan directamente al alcalde Joaquín Lavín, por lo que consideran un permiso ilegal, los opositores al proyecto también se aglutinaron en un grupo de Facebook que supera las 240 personas y que da cuenta de que se trata de personas con conexiones especialmente en la derecha política.
Partiendo por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. También se opone María Irene Chadwick Larraín, parte del equipo presidencial de Piñera, de quien es sobrina, al ser hija de Herman Chadwick Piñera –primo del ex Presidente– y hermana del abogado Herman Chadwick Larraín, síndico de quiebras formalizado en el caso Caval.
Entre los que se unieron en contra del proyecto también se cuenta a Juan Tagle, socio de Prieto Abogados y presidente de Cruzados SADP, que controla el Club Deportivo Universidad Católica.
Entre los integrantes del grupo se halla asimismo la periodista Pilar Concha, que entre 2010 y 2013 trabajó en el Mineduc, luego de pasar por el área de comunicaciones de la corredora EuroAmerica y de la empresa eléctrica CGE. También trabajó en el Gobierno anterior Carlos Charme, como jefe de coordinación nacional en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Mientras que el abogado Alejandro Fernández, otro de los vecinos en contra, fue jefe de gabinete de la ex ministra Carolina Schmidt, en el Sernam y posteriormente en el Mineduc.
Por su parte, una de las administradoras del grupo, Gracia Dalgalarrando, fue asesora del principal “inculpado” en este conflicto, Joaquín Lavín, como jefa de prensa en el Mineduc, igual que Guadalupe del Solar, que asesoró igualmente al hoy alcalde de Las Condes, pero en el Ministerio de Desarrollo Social.
De los asesores actuales de Piñera en la fundación Avanza Chile, integra el grupo el periodista Juan José Bruna. Además del abogado Sebastián Abogabir Méndez, socio del estudio Guerrero y Olivos y sobrino de Carlos Alberto Délano.
En la cruzada de oposición al proyecto inmobiliario apoya el arquitecto Patricio Herman, de la agrupación Defendamos La Ciudad, quien ha expuesto sus argumentos en contra de la edificación. Pero, según cuenta una de las integrantes del grupo, una de las principales causas para estar en contra es el hecho de que “estos edificios van a cambiar la fisonomía del barrio. Se va a llenar de gente que no conocemos, con el evidente cambio en las costumbres de un barrio que hasta ahora es muy tranquilo precisamente porque no ha llegado más gente a las casas que por algo no son baratas, y eso sin contar los atochamientos en los accesos y la salida a los colegios”, afirma, refiriéndose a los colegios Villa María Academy y Verbo Divino.
En DLA, la firma de arquitectos dueña del proyecto, no quisieron referirse al tema. Solo indicaron que “el desarrollo inmobiliario Vespucio 345, cuenta con todos los permisos y está en plena construcción”.

martes, 17 de octubre de 2017

Las contradicciones de Marco Treuer, el carabinero que asesinó a Alex Lemun y que aún sigue ligado a la institución

Las contradicciones de Marco Treuer, el carabinero que asesinó a Alex Lemun y que aún sigue ligado a la instituciónFuente: Frente Fotográfico


El viernes 13 de octubre, la Corte Suprema anunció que, a 15 años del asesinato, reabrirá el caso y que será tramitado por el Ministerio Público. En 2003, la justicia militar sobreseyó a Treuer, ya que estableció que actuó en defensa propia, a pesar de los testimonios de que el joven no portaba armas de fuego y que el mayor omitió partes de lo sucedido a sus subalternos.

Por  / 17.10.2017
Fue el 12 de noviembre de 2002 el día en que el joven Alex Lemun murió. Tenía 17 años y llevaba una agonía de cinco días conectado a un respirador artificial, que incluyó traslados de hospitales a clínicas y cirugías médicas; sin embargo, la bala que recibió en su cabeza no salió y había dañado un porcentaje importante de masa cerebral.
Quien disparó la escopeta que lo asesinó fue el entonces oficial de Carabineros, Marco Aurelio Treuer Heysen. El 7 de noviembre de ese año, en la comuna de Ercilla, los miembros de la comunidad Montutui Mapu y otras aledañas llevaron a cabo la recuperación de terrenos en el Fundo Santa Alicia, que era propiedad de Forestal Mininco, filial de la empresa CMPC que pertenece al grupo Matte. Por orden de la empresa, el piquete de Carabineros integrado por Treuer y otros dos subalternos sitiaron la zona para desalojar a los comuneros del lugar, lanzaron bombas lacrimógenas y el operativo terminó con la muerte de Lemun.
El caso fue tramitado por la cuarta Fiscalía Militar de Valdivia, y a pesar de que se probó el uso innecesario de fuerza, finalmente se sobreseyó a Treuer en 2003, bajo el argumento de que había actuado en defensa propia. Sin embargo, el pasado viernes 13 de octubre, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, anunció la decisión del tribunal de reabrir el caso, que ahora será tramitado bajo tribunales de justicia civil. “No aseguramos éxito, pero sí que la investigación se hará de mejor manera”, señaló.
La determinación se adoptó luego de que, en 2006, la familia llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una solicitud a la justicia chilena, según explicó Juica, para “disponer la reapertura de la investigación y decidir, por ser un civil y un menor de edad, personas que por procedimiento no se le puede llevar a la justicia militar”. El ministro agregó que “se entregó la investigación al Ministerio Público, porque la crítica que había era que no se había hecho una debida investigación en la justicia castrense”.

Versiones contradictorias

El proceso que llevó adelante la justicia militar contó, según representantes de la familia de Lemun, con una serie de declaraciones y testigos que dan cuenta de versiones contradictorias entre los involucrados, e incluso entre miembros del grupo de los uniformados.
Marco Treuer relató que llegó al lugar junto a dos funcionarios policiales y se “percataron que un grupo de mapuches ya estaba muy cerca nuestro y nos seguían atacando con piedras”. Primero, utilizaron una escopeta antidisturbios con balines de goma, pero luego de escuchar el disparo de un arma de fuego, cargó su escopeta con munición de plomo y disparó. La bala llegó a la cabeza con Alex Lemun.
Treuer y sus acompañantes reconocieron que no vieron armas de fuego en manos del grupo mapuche, pero determinaron el sonido como un disparo, por lo que procedieron a actuar con las propias. Las pericias también dieron cuenta de que no habían armas en el lugar ni indicios de ellas, así como tampoco se encontraron restos de pólvora en las manos de Lemun.
El Mayor también detalló que había disparado a baja altura –es decir, de la cintura para abajo– y que, dado que se encontraba a cerca de 100 metros de distancia, no se había percatado de los efectos de su acción. “Después de disparar la escopeta con cartuchos balines de plomo a que aludí, no se vio ninguna persona herida o que cayere sino que continuaron atentando en contra nuestra con la misma intensidad anterior, vale decir no existió ninguna reacción que permitiere pensar que hubo un herido”, declaró.
Sin embargo, las declaraciones de los comuneros que estaban en el lugar contradicen al carabinero. José Neculpan relató que “Alex tiró algunas piedras y recibió un disparo. Al momento que tratábamos de auxiliarlo, los carabineros seguían disparando y al acercarnos a Alex, pude ver que el carabinero se reía de la situación de nuestro amigo lesionado”.
Posterior al crimen, además, el mayor Treuer entregó versiones discordantes a sus subalternos. “El mayor Treuer en ningún momento nos comunicó como grupo que antes de que llegáramos mantuviera un enfrentamiento y que por lo cual debió hacer uso de la escopeta antidisturbios, ni mucho menos dijo que esta acción logró herir a algún comunero”, declaró un carabinero de apellido Vivar que llegó a apoyar el operativo.
A otros uniformados sí les mencionó disturbios, como el caso de otro subalterno de apellido Flores, quien señaló que Treuer le dijo que “sintieron disparos provenientes de los subversores, debió hacer uso de la escopeta antidisturbios en última instancia, no especificando el tipo de munición, ni tampoco mencionó si uno de sus disparos dio a algún mapuche”.

Vínculos con Carabineros

Luego de que la justicia militar absolviera a Marco Treuer, el entonces mayor fue trasladado a Rancagua y fue ascendido al grado de coronel. Tiempo después de su retiro de la institución, fue recontratado en el cargo de subdirector del área odontológica del hospital de Carabineros (HOSCAR).
Lo anterior ha despertado manifestaciones de distintos grupos en la ciudadanía, que se han organizado para “funar” al ex uniformado y criticar que la institución aún mantenga vínculos con Treuer.

Informe sobre DD.HH cuestiona aplicación de Ley Antiterrorista

Rodrigo Fuentes |Lunes 16 de octubre 2017 17:22 hrs.
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En su edición 2017, el documento contiene diez capítulos en los que destacan temáticas donde el rol del Estado es fundamental. Entre ellas, está la aplicación de la Ley Antiterrorista en integrantes de pueblos indígenas, la necesidad de una nueva institucionalidad en materia de infancia y consagrar el derecho al agua.
Derecho al agua potable, una institucionalidad efectiva en materia de infancia, fin a la ley antiterrorista y una legislación renovada que proteja la privacidad de las personas, fueron algunas de las recomendaciones que realizó el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales.
En su edición 2017, el Informe contiene 10 capítulos donde destacan temáticas como el rol del Estado para exigir, entre otras cosas, el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, en este caso de agua potable, en un contexto de escasez hídrica y cambio climático. Todo esto de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por el Ejecutivo.
Tomás Vial, académico de la UDP y editor del informe, precisó que en el documento se recomienda aprobar el proyecto de ley sobre derechos de agua,  impulsar multas efectivas contra empresas sanitarias que no cumplen criterios de suministro y calidad, además de que estas compañías deben terminar con presiones o tráfico de influencias para adecuar a su beneficio marcos regulatorios.
“Acá hay un problema estructural, y lo que se recomienda es que haya ciertamente, un régimen constitucional y legal que asegure la provisión de agua potable para el consumo humano y un régimen sancionatorio, regulatorio, que haga lo mismo y eso es lo que hoy no tenemos”.
El académico también se refirió al Sename y como el Estado ha dejado postergado y delegado a privados, la tutela de niños, niñas y adolescentes, con un resultado negativo para los menores. Precisó que se debe reformar la institucionalidad en materia de infancia, bajo la lupa de los Derechos Humanos.
“el Sename actúa básicamente como un controlador del gasto financiero, pero no tiene, no ha usado ni tampoco ha solicitado,  facultades para el control de la prestación, la calidad y la protección de los niños que están en instituciones privadas, que son donde está el 95% de los niños bajo el régimen del Sename”
El informe de DD.HH de la UDP cuestiona además la eficacia y legitimidad de la Ley Antiterrorista, ejercida contra integrantes del pueblo mapuche.
El estudio recomienda dejar de aplicarla mientras no se ajuste a estándares internacionales y por sus casi nulos resultados en la eliminación de la violencia.
Antonia Rivas, abogada y autora de este capítulo, aseveró que la aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de violencia rural en La Araucanía es una de las principales deficiencias.
“Mientras exista dicotomía, o esta doble visión en cuanto a aplicar la seguridad pública, pero por el otro lado, intentar un diálogo con los pueblos indígenas, ese diálogo no va a ser posible. Es urgente que el Estado y el Gobierno tengan una mirada unívoca respecto de cómo se van a relacionar con los pueblos indígenas y eso creemos que es lo que ha llevado a estas situaciones de conflicto, porque no hay claridad en estos temas”.
En otras materias, el reporte anual sobre derechos humanos de la UDP dice que municipios y otras entidades públicas deben abstenerse de implementar drones y globos de vigilancia, ya que vulneran los derechos humanos sobre la privacidad de las personas.
El informe anual sobre derechos humanos en Chile, realizado entre mediados de 2016 y julio del presente año, reflexiona además sobre la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar y evalúa los derechos de chilenas lesbianas, gays, bisexuales y menores transgénero e intersexuales, y la situación de desprotección que sufren estos ciudadanos y ciudadanas.

A CERRAR PUNTA PEUCO


Martes 17 de octubre de 2017
VUELTA 62
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1 AÑO DANDO VUELTA POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO FIN A LOS BENEFICIOS A LOS VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS Y CIERRE DE PUNTA PEUCO. VIERNES 20 DE DE OCTUBRE A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.
Nota VUELTA 62
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Condenan a ex miembros de la PDI por homicidio en Victoria en 1973

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, condenó a cuatro exfuncionarios de la PDI por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Jorge Arturo Toy Vergara, ilícito perpetrado el 21 de diciembre de 1973, en la comuna de Victoria.
 
En el fallo (causa rol 57.071), el ministro Mesa condenó a Florencio Vásquez Olivera y Héctor Domke Foitzick a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito; en tanto, Abdón Navarro Garrido y Carlos Bello Sepúlveda fueron condenados a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de encubridores.
 
En la etapa de investigación, el ministro en visita extraordinaria logró establecer los siguientes hechos:
A.- Que Jorge Arturo Toy Vergara, 18 años de edad, comerciante de la ciudad de Victoria fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones de Victoria el 21 de diciembre de 1973 en horas de la noche, tras haberse efectuado una redada en esa ciudad.
B.- Que el jefe de Investigaciones de Victoria, Héctor Félix Domke Foitzick, ordenó al personal bajo su mando que lo acompañaran junto al detenido Toy Vergara hasta el sector del paso nivel "Puente Traiguén", a orillas del río Colo. Para esto se hizo acompañar de Carlos Aliro Bello Sepúlveda, Florencio Renato Vásquez Olivera y Abdón Hernán Navarro Garrido, detectives que formaban parte de la dotación de Victoria.
C.- En ese lugar, los detectives comenzaron a beber alcohol hasta embriagarse, tras lo cual dispararon sus armas de servicio en contra del detenido Jorge Arturo Toy Vergara causándole la muerte. Inmediatamente después, lo arrojaron a las aguas del río Colo y se retiraron del lugar.
D.- Al día siguiente el cuerpo sin vida de Toy Vergara fue encontrado por lugareños iniciándose la investigación respectiva que fue encabezada por los mismos detectives de Victoria, sin resultados. 
El certificado de defunción de Toy Vergara, de fs. 41, indica como causa de muerte lo siguiente: "Anemia aguda, hemorragia cerebral, homicidio por impactos múltiples de bala, heridas penetrantes torácicas, craneanas y abdominales." 
En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización total de $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el daño moral a dos hermanos de la víctima.