La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a nueve ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del profesor Alan Williams Rodríguez Pacheco, perpetrado por medio de un falso enfrentamiento en la comuna de Maipú, en enero de 1985.
En fallo unánime (causa rol 10.237-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, la ministra María Cristina Gajardo y el abogado (i) Eduardo Gandulfo- rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a los ex oficiales de Ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés a penas de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.
Esta condena aumentaría a cerca de 200 años de cárcel para el exmayor del Ejército Alvaro Corbán, que está preso en Punta Peuco aquejado de una enfermedad que lo está dejando ciego.
A la época de los hechos Álvaro Corbalán Castilla operaba como jefe de División Antisubversiva de la CNI, asentada en el Cuartel Borgoño de Santiago, y Aquiles González Cortés, actuaba como jefe de la Brigada Azul, perteneciente a la mencionada división y destinada a reprimir al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Mientras que, los otrora agentes operativos de la Brigada Azul Rodolfo Enrique Olguín González, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, José Guillermo Salas Fuentes, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Sylvia Teresa Oyarce Pinto y Claudio Segundo Sanhueza Sanhueza deberán cumplir 10 años y un día de presidio, como coautores.
En tanto, se mantiene la pena impuesta al ex agente Eduardo Avelino Fuenzalida Pérez de 5 años y un día de presidio efectivo.
El ex agente operativo procesado en esta causa, Rinoldo Alismer Rodríguez Hernández, falleció en el curso del proceso.
Ejecución programada
Alan Williams Rodríguez Pacheco, de 28 años de edad, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y permanecía en la clandestinidad funcionando en actividades propias de la lucha de resistencia a la dictadura. Era profesor, matemático y se dedicaba a hacer clases particulares. Luego de haber sido detenido en 1973 y permanecido prisionero del régimen militar, salió exiliado a Inglaterra y retornó clandestino a Chile a comienzos de 1980 en el marco de la operación retorno.
Ya en Chile, formó parte del grupo de miristas que integraron el Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro que desarrollaba tareas de preparación guerrillera en las montañas de Neltume, comuna de Panguipulli, en la provincia de Valdivia. El grupo guerrillero fue descubierto y aniquilado por las fuerzas militares y represivas entre septiembre y noviembre de 1981. Alan Rodríguez Pacheco fue uno de los pocos miembros del destacamento guerrillero que sobrevivió a los sucesos en las montañas del sur y permaneció en Chile, activo en la lucha clandestina. Años más tarde, los aparatos represivos lo localizaron y ejecutaron.
El día 3 de enero de 1985, habitaba junto a su pareja Emilia Rosa López Cifuentes, quien se encontraba embarazada, la vivienda de calle Victoria N° 2304 de la comuna de Maipú. Él efectuaba clases particulares de inglés y trabajos de dactilografía en su casa, mientras que ella cumplía funciones administrativas en el Centro de Estudios Sociales y Económicos VECTOR. El día mencionado y después de haberse despedido de su mujer en la puerta de la casa, se devuelve y se mantiene en el interior de la vivienda en donde, cerca de las 10:30 horas, fue víctima del sorpresivo ataque bélico sobre el inmueble que realizan los agentes de la Central Nacional de Informaciones.
Desde hacía varios meses los agentes de la CNI, en particular de la Brigada Azul, habían logrado detectar su ubicación, hacerle seguimientos y detallar sus rutinas con la sola finalidad de asesinarlo. El ataque al inmueble fue ejecutado sin aviso previo, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, con gran poder de fuego y se prolongó por cerca de media hora, provocando incluso el incendio de la vivienda. Producto del ataque resulta muerto por balas Alan Rodríguez Pacheco y su cuerpo calcinado a consecuencia del incendio que se genera por el uso de armamento.
Posteriormente, la CNI y las informaciones oficiales describieron el suceso como "muerto en enfrentamiento". El proceso judicial pudo establecer y demostrar la falsedad del enfrentamiento y, por el contrario, acreditar la existencia de un concierto y preparación previa destinada a ejecutar a la víctima. Hecho que los agentes represivos concretaron sin obstáculos, actuando sobre seguro y con alevosía.
En vista de los antecedentes y considerandos, en esta última instancia del proceso judicial, la Corte Suprema resuelve que: "se rechazan los recursos de casación en el fondo interpuestos por los respectivos apoderados de los sentenciados Aquiles Mauricio González Cortés, Eduardo Avelino Fuenzalida Pérez, José Guillermo Salas Fuentes, Rodolfo Enrique Olguín González, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Sylvia Teresa Oyarce Pinto y Claudio Segundo Sanhueza Sanhueza, enderezados contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que no es nula".
El condenado Álvaro Corbalán Castilla no recurrió de casación por lo que su condena queda igualmente confirmada.
Jorge Peralta montó una fábrica de poleras en México, se casó con una actriz famosa y estuvo preso por fraude en una campaña política del Partido Verde. Dicen que lo buscaban sicarios y que por eso regresó a Chile. Acá conoció a Andrea Molina y comenzó otra “teleserie” en el bullado caso Factop.
Resumen
Jorge Peralta Casal llegó a Factop en el año 2014. Ariel Sauer dice que lo llevó Eduardo Pantoja, un estrecho colaborador de Roberto Sumar, entonces todavía CEO de Grupo Patio. Tenía una empresa llamada Playerastex, que vendía poleras y merchanising político, el mismo negocio que lo llevó a la cárcel en México.
“El mexicano” –así le decían por su acento–, partió en operaciones de capital de trabajo, a través de cheques, los cuales se iban renovando todos los meses. Ariel Sauer, en su declaración del 23 de julio de este año, dice que vendía productos a las campañas de diputados y senadores.
Rodrigo Topelberg recuerda que Peralta llevó 48 millones en facturas a Factop por trabajos realizados a distintos políticos, en su calidad de asesor de marketing y publicista. “Estas facturas se pagaron bien”, dijo en su declaración. Su nombre, ni el de su empresa, sin embargo, aparecen en las rendiciones de campaña de esos años.
Donde sí aparece Peralta es en el libro negro de Factop, el excel donde Ariel Sauer llevaba la contabilidad rea de la empresa, y en el que figura en cientos de operaciones de facturas y cheques, entre ellas, varias con Inversiones San Benito Spa, la sociedad del exministro del Interior Rodrigo Delgado, rransacciones por 200 millones de pesos, realizadas entre abril y julio del 2023, cuando Delgado aspiraba a llegar al municipio de Santiago.
Antes de eso, en el año 2017, Ariel Sauer cuenta que Peralta les presentó a su pareja, la animadora y exdiputada Andrea Molina, quien habría solicitado 120 millones a Factop para su campaña a senadora por la Quinta Región. Además, agrega, el rostro televisivo sirvió de aval a su entonces pareja, aportando como garantía sus propias joyas. Ella y Peralta –calcula– acumularon deudas por más de 5 mil millones de pesos.
En un documento presentado por el abogado de Factop, Álvaro Parra, durante el proceso de reorganización de la empresa antes de irse a la quiebra, donde se establecen las deudas por cobrar, Andrea Molina aparece con $447 millones y Jorge Peralta, a través de Playerastex SpA, figura como deudor de un pagaré en blanco con un monto sin informar.
Eduardo Pantoja dice que él llevó primero a Andrea Molina, amiga de su esposa, por algún motivo económico que no recuerda, y que terminaron distanciados cuando le advirtió sobre el poder de manipulación de “l Mexicano”. “Ella está pagando los platos rotos”, comentó a El Mostrador.
Al mismo tiempo que Peralta involucraba a Molina en sus negocios, prometía a los dueños de Factop levantar capitales en un fondo internacional. Topelberg recuerda en su declaración que –en los peores momentos del factoring– los Sauer le decían que “El Mexicano” “estaba a punto de prestarles un montón de plata”. Es la misma excusa que le dio a su exesposa, la actriz Sabine Moussier, cuando esta lo sacó de la cárcel en México, aportando una camioneta y un terreno para saldar la deuda. Jamás le devolvió la plata, aseguró ella en una entrevista televisiva.
Telenovela política
Nacido en Chile, Jorge Peralta arribó a México en el año 2001. Tenía 24 años y se instaló de inmediato con una fábrica de confecciones –Grupo Textil Joad–, en el municipio de Ecatapec, llegando a tener once tiendas en todo el Distrito Federal. Al poco tiempo, conoció a Sabine Moussier y se casaron en el año 2002. El matrimonio, aseguró la actriz de telenovelas –famosa por su roles de villana– estuvo marcado por los engaños.
Sabine Moussier y Jorge Peralta
Peralta aparentaba un estilo de vida que no tenía, según su expareja, y comenzó a mostrar fuertes rasgos de celopatía. “Era súper celoso, yo vivía en Cuernavaca”, quien explicó en un programa de TV que si hacía ejercicio, tenía que estar tapada, para que no la miraran los hombres. Asimismo, dijo haber padecido fuertes episodios de violencia.
En el 2005, tres años después de casarse, Peralta decidió ampliar el rubro de las poleras al merchandising político, asociándose con Adrián Escobar, el hermano del entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Arturo Escobar, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusado de trasladar dinero en efectivo a Chiapas en un maletín Luis Vuitton y entregar tarjetas de descuento a sus seguidores.
En julio de 2008, el Partido Ecologista contrató al Grupo Textil Joad para confeccionar más de 700 mil poleras con el logo del colectivo político, prendas que nunca fueron entregadas y por las que se pagaron 120 millones de pesos mexicanos. El Instituto Nacional Electoral (INE) de México detectó la maniobra, junto a la entrega irregular de un inmueble al partido por parte de Peralta, sancionando a los ecologistas con una multa de 88.5 millones de pesos.
El 4 de abril de 2009, Peralta fue finalmente encarcelado por un fraude cometido en contra de otra exnovia, la actriz Sherlyn, quien le entregó 2.6 millones de pesos para invertir el negocio de las “playeras políticas” para el Partido Verde, tras prometerle un retorno de ganancias del 20%.
Fue en ese periodo que la actriz Sabine Moussier entregó a su colega una camioneta y un predio en Cuernavaca, Morelos, para que su exmarido pudiera abandonar la cárcel. “Lo saqué porque tengo dos hijos y porque soy una persona pública, no podía permitir que nadie les dijera nada en la escuela, yo quería que ellos pudieran ver siempre a los ojos y de frente a quien fuera”, comentó entonces Moussier.
Lo cierto es que la protagonista del culebrón “Las tontas no van al cielo”, fue amenazada por el actor Frank Tostado, otra víctima de Peralta, quien le advirtió que si no le pagaba, dañaría a su familia y mandaría sicarios a lastimarla. La historia terminó con la salida de Peralta de la cárcel, quien, por razones obvias, decidió regresar a Chile. Acá, empezó otra teleserie.
El Mostrador se comunicó con el abogado de Andrea Molina, intentando obtener su versión respecto de la relación que sostuvieron con Factop y también contactó a Jorge Peralta, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Orietta Llauca, abogada y defensora territorial, en reciente entrevista con Villa Grimaldi, denuncia amenazas y corrupción en defensa de los territorios mapuche, resaltando la desaparición de Julia Chuñil como consecuencia del sistema.
Abogada Orietta Llauca expone que caso de Julia Chuñil expone el grave riesgo ambiental
La abogada Orietta Llauca, reconocida defensora territorial mapuche, denunció en una entrevista con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi la creciente violencia y corrupción enfrentada por quienes protegen sus territorios. Según Llauca, la desaparición de Julia Chuñil, opositora a proyectos de una empresa forestal, evidencia cómo el sistema intimida y elimina a quienes resisten.
Llauca narró cómo las amenazas y atentados han marcado su labor, incluyendo el incendio de su oficina. Asegura que muchas denuncias quedan sin investigar por autoridades que actúan bajo intereses del capitalismo. «El asesinato de imagen destruye credibilidad y facilita la persecución», afirmó.
La defensora criticó la falta de apoyo del Acuerdo de Escazú y organizaciones tradicionales, destacando que las estrategias de acción directa son esenciales cuando las vías judiciales son ineficaces. «La defensa fáctica es el único camino para proteger el territorio», enfatizó, mencionando su actual lucha por el río Maullín.
Ante este panorama, Llauca instó a la colaboración entre comunidades y aliados comprometidos.
Cuando Orietta Llauca se tituló de abogada, iba a cumplir tres años litigando a favor de una comunidad indígena que se sentía atacada por una empresa salmonera; esta causa marcó su compromiso no solamente con la defensa de su pueblo –Nación Mapuche- sino también con su territorio y los recursos del mismo.
Por ello, desde el año 2013 su participación legal en estos litigios ha ido en aumento, así como el número de comunidades y personas que llegan a solicitar su asesoría para contrarrestar el accionar de diversas empresas como, por ejemplo, las forestales, con quienes lidian por reivindicaciones territoriales ancestrales.
En ese contexto, conversamos con Orietta Llauca para saber más detalles acerca del difícil momento que sufren los defensores territoriales que les ha significado vivir bajo amenazas y amedrentamientos, actos que también incluyen la desaparición de Julia Chuñil.
Sabemos que has sido víctima de amenazas y que sufriste un atentado incendiario que destruyó tu oficina. ¿Cómo has podido enfrentar toda esta situación, pensando en lo que pasó con Julia Chuñil y su desaparición?
Julia era una persona que estaba amenazada por su resistencia a firmar o acceder a algunos proyectos y no es solamente que tenía ‘una disputa de terreno con un vecino’, sino que detrás también hay una forestal; estas empresas son contrapartes habituales de nosotros, quienes defendemos la tierra. En otras partes también lo son las inmobiliarias y las salmoneras las que utilizan las peores prácticas para intimidar porque lo primero que hacen es asesinar tu imagen… te la destruyen. Yo no he quedado sin trabajo porque soy abogada y hago ejercicio libre de mi profesión, lo que afortunadamente me confiere algunos pesos que me permiten establecer medidas de seguridad, pero la lamien no…Julia hacía todo a pie y por cuenta propia. Entonces, el riesgo de que en cualquier momento desconocidos la pudieran abordar era inminente.
Y el asesinato de imagen cuestiona tu credibilidad…
Sí, y también está ligado con los tentáculos del poder, los que, finalmente, están todos bajo un solo alero que es este capitalismo perjudicial. Y me refiero a muchos organismos públicos en los que se lidia con la corrupción misma. Nosotros hace rato que conocimos la corrupción y sabemos de dónde viene, pero como a una le han asesinado la imagen que ya estuvo con avisa, no te creen cuando vamos a hacer denuncias por las amenazas… Prácticamente tenemos que convencer al carabinero de que no estamos mintiendo para que dejen constancia de la denuncia, pero muchas veces los afectados se devuelven porque en lugar de escucharles se burlan de ellos. En mi caso, yo he tenido que hacer valer mi posición de abogada y obligarles a dejar constancia, pero no todos los defensores territoriales son abogados y, claro, no conocen las obligaciones que tiene el funcionario al momento de tomar la denuncia… Como le decía, muchas veces empiezan a dar vuelta la situación y empiezan a hacer sentir a la lamien que son ellos quienes han cometido delitos y se van antes que los detengan. about:blank
Defensores territoriales y el Acuerdo de Escazú
Incendio oficinas de Orietta Llauca / vídeo
¿Y tu trabajo como abogada lo desarrollas bajo alguna organización, entidad o actúas de manera independiente?
El compromiso del defensor territorial que desarrollamos dista mucho de lo que son las fundaciones, que hacen un trabajo importante y se valora, pero hay una diferencia: ellos son escuchados cuando se reúnen con el gobierno, en cambio a nosotros no nos oyen; a nosotros nos persiguen y acosan… a mí me incendiaron la oficina, me han incautado mis cosas; ese tipo de cosas se vive cuando se es defensor territorial acá y en otros países. Quienes somos defensores territoriales no somos parte de ninguna orgánica porque el tipo de lucha que desarrollamos no es aceptada por las fundaciones, ni tampoco por el acuerdo de Escazú, ya que nuestras formas de luchar no son consideradas pacíficas, porque si bien una parte de nuestro trabajo es la abogacía, también nosotros desarrollamos la defensa fáctica del territorio, lo que significa que si hay que protestar en terreno, tenemos que estar. Supón tú, si hay que sacar una máquina que está destruyendo un río, nosotros vamos, levantamos e implementamos la defensa táctica en el lugar donde éste se está interviniendo a fin de que eso no continúe, mientras se espera —-con regular esperanza — que los tribunales de justicia puedan resolver algo que pudiese proteger a ese río. Entonces, ese trabajo que nosotros realizamos no lo validan las fundaciones ni el acuerdo de Escazú, que en su protocolo dice que ‘va a proteger a los defensores ambientales pacíficos’, y como nosotros protestamos, vamos a las zonas en conflicto y expulsamos a quienes están dañando el territorio, no cabemos en dicho acuerdo. Muchas veces ingresamos a predios sin autorización y, por lo mismo, nos ha tocado enfrentar causas por violación demorada, pero tú comprenderás que nadie que está destruyendo un río nos va a abrir la puerta para ir a buscar la prueba y comprobar que están cometiendo un delito. Ese es nuestro trabajo como defensores territoriales; no somos de andar escribiendo libros con lo que hacemos ni andar haciendo ferias con lo que hacemos ni ir a los colegios mucho menos nos aceptarían en los colegios-—, pero nuestro trabajo es en el territorio y eso no es bien visto incluso por algunas fundaciones. No nos interesa que se pongan a escribir de lo que nosotros hacemos, cuando en realidad en los momentos más difíciles nosotros estamos solos; nos apoyamos entre nosotros y ese es el tipo de defensa que nosotros hacemos. Ahora estamos defendiendo el río Maullín junto a una comunidad indígena familiar a la que pertenezco porque una empresa quiere desviar su cauce y con eso va a matar un humedal y un estero, entonces, ahora nos toca asumir la defensa. Llevamos mucho tiempo en trámites judiciales y los tribunales retardan y retardan las resoluciones, por lo que vamos a tener que hacer una vigilancia constante y es probable que seamos perseguidos por los marinos y que nos intenten detener, pero ese es el resultado de los tentáculos que tienen contra quienes luchamos. Están ahí, arraigados, como lo vimos con Hermosilla; por lo tanto, si nosotros esperamos 67 veces durante un año que el Tribunal Ambiental resuelva lo del río Maullín, ya estaría destruido…no nos queda otra alternativa que tirarnos nomás. Todo esto los jueces lo saben, pero los jueces no acogen los recursos de protección, entonces, aunque tú le lleves toda la prueba, siempre la respuesta es una sola y que indica que la empresa ‘tiene todos los permisos sectoriales’, entonces la Corte que dice que actuó con los permisos debidos y rechazan el recurso…y adivina, ¿quiénes le dieron los permisos? Ahí está el foco de la corrupción. Hace bastantes años que Chile está obligado a que cada cosa que resuelvan los tribunales debe incorporar de suyo los tratados internacionales, pero uno los invoca y hay jueces que ni siquiera se pronuncian. En esa negación siguen su camino como si tú no existieses, como si en el juicio solamente estuviese la parte contraria. En mi caso, mis alegatos en la corte de Valdivia los han omitido… ni siquiera me han puesto en el acta que yo he alegado. Entonces, no queda otra que la defensa fáctica porque hay que salvar y cuidar nuestro territorio. Ese el trabajo que nosotros hacemos y por eso es que nos quieren hacer desaparecer.
Esto mismo debe significar para ustedes todo tipo de amenazas.
Por supuesto. La primera amenaza de muerte le llegó a mi hijo el año 2022 y de ahí no han parado ; tengo un informe que yo hice de las amenazas que he recibido y que envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección, porque acá dentro de nuestro país no se investiga: las denuncias se archivan. Y como tampoco allá tuvimos eco, entonces nosotros tenemos que tener aliados que luchen igual que nosotros para protegernos, aliados que estén con la misma perspectiva de lucha, las fácticas, como digo yo, que son las más efectivas. Y es que defendemos a la tierra y por eso nos toca defendernos de muchas situaciones generadas no solamente desde el poder político, sino también por el capitalismo… Por eso peleamos acá con forestales, con las mineras y las inmobiliarias; es el propio sistema el que nos persigue, esa es la vida de un defensor de la tierra.
¿Y han establecido algún sistema como de autocuidado o de protección en caso de que se sientan muy amenazados?
Sí, estamos obligados a eso, al autocuidado. Tenemos establecidos refugios y cuando sabemos que estamos amenazados, vamos hacia allá; son espacios con personas que saben lo que hacemos. Por ejemplo, el incendio de la cabaña donde funcionaba mi oficina ya estaba anunciado desde el año pasado, solo que no sabía en qué momento ocurriría. Cuando llegó esa amenaza que sí te intimida, en ese momento nosotros no nos quedamos a dormir en esa casa. Así es que, mientras logramos controlar el temor que nos generó la amenaza, nos vamos a un refugio.
Son altas las consecuencias por su forma de enfrentar la destrucción del territorio…
Sí, pero hay que actuar de facto; este es el único camino a seguir para combatir -en este momento- este modelo, porque los tribunales no te dan garantías de nada, o sea, uno como abogado, conozco ambas líneas, ambos lados y te das cuenta. Uno usa las herramientas que establece el legislador de este país; por ejemplo, yo presenté una demanda por daño ambiental defendiendo los humedales a Valdivia y pedí las medidas cautelares para que se decrete de inmediato la paralización de la obra, pero no…pasa el tiempo y al final, nosotros tuvimos que ir a protestar al Tribunal Ambiental de Valdivia para que se digne a resolver mi escrito donde yo estaba solicitando aquello. Y recién allí lo resolvió y accedió a la medida cautelar, pero pasó un mes y tuvimos que viajar de Puerto Montt para protestar y colocar un recurso de protección. Entonces, estamos lidiando contra un sistema donde desborda la corrupción y nos toca sobrevivir, pero como nosotros somos defensores del alma, nos nace del alma defender el territorio, pues nadie nos formó, no nos vamos a rendir. A nosotros nos dicen estar atacando este río o este bosque y, a la hora que sea, nosotros nos movilizamos y vamos a detener su destrucción.
Los diputados comunista Luis Cuello y del Frente Amplio Camila Rojas, anunciaron que van a presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar que la megatoma en los cerros La Virgen y Centinela de San Antonio sea desalojada.
La medida de los parlamentarios de la zona fue presentada en busca de los derechos de los miles de habitantes de la toma y luego de que el desalojo del lugar se haya logrado aplazar para el próximo 31 de enero.
En ese contexto, el diputado Luis Cuello (PC) detalló que “son miles de familias las que están hoy día amenazadas por una orden de desalojo que podría cumplirse en cualquier momento. Hay que tomar en cuenta que dentro de las miles de personas que viven hoy día en el campamento Centinela hay niños, personas mayores y personas enfermas”.
“Ciertamente no es aceptable que el Estado adopte esta solución y por esto que junto con la diputada Camila Rojas vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Cuello.
En esa misma línea, la diputada Camila Rojas (FA) mencionó que “la Corte Suprema hace algún tiempo determinó que los campamentos y específicamente el campamento de Cerro Centinela debía ser desalojado. En ese sentido obviamente tenemos una preocupación y es por eso que vamos a tomar acciones”.
La diputada por San Antonio, agregó que lo que buscan con esta acción es obtener respuestas concretas para los habitantes de la toma y de toda la comuna.
“Por un lado hay que resolver la situación de quienes viven en este campamento y por otro también esto tiene que regularizarse, y todas las familias que por ejemplo están en un comité también tienen que tener respuesta”, señaló la parlamentaria.
El diputado Cuello también se refirió a que la medida cautelar busca “impedir el desalojo y que además obligue al Estado a adoptar medidas y procedimientos que permitan que las personas se radiquen en las zonas donde están hoy día viviendo para que vivan en tranquilidad y en paz”.
Si bien, al terminar el invierno hay una disminución importante de la circulación viral, las enfermedades respiratorias no desaparecen, ya que estas infecciones también pueden ser causadas por bacterias.
A finales de noviembre la autoridad sanitaria confirmó la muerte de una menor de 13 años en la Región de O`Higgins por un cuadro de neumonía a causa de bacteria Mycoplasma, también conocida como neumonía atípica.
“Este último tiempo nos habíamos acostumbrado a la gran presencia de virus respiratorios, sin embargo, parte de las enfermedades transmisibles respiratorias también son causadas por bacterias y este es el caso de Mycoplasma pneumoniae”, explicó la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal.
De acuerdo con la experta, “toda la sintomatología respiratoria de esta bacteria ocurre primavera-verano, es muy típico y cada cierto tiempo a nivel mundial se presenta un aumento en su frecuencia”.
¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirla?
La experta subrayó que algunos de los síntomas son: tos seca e intensa, dolor de garganta, dolor en la tráquea al respirar, decaimiento, cefalea y fiebre.
“Lo ventajoso de esta enfermedad, que al ser una bacteria tenemos tratamiento mediante antibióticos”, destacó la especialista, quien agregó que “es necesario un diagnóstico médico y una confirmación de laboratorio para comenzar con el tratamiento”.
Además, recalcó que la bacteria Mycoplasma pneumonia se contagia mediante contacto directo, es decir, gotitas de saliva al toser y estornudar y que va a aumentar el riesgo con la cercanía con las personas”, detalló.
Por lo tanto, la académica hizo un llamado a evitar aglomeraciones, lavarse frecuentemente las manos, “y al toser o estornudar utilizar el antebrazo, tal como nos acostumbramos durante la pandemia por Covid”, recordó.
Finalmente, Retamal recomendó utilizar mascarilla si existe sintomatología respiratoria.
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