El gobierno de la Concertación, presidido por la presidenta Michelle Bachelet, ha insistido en la aprobación del proyecto de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pese a haber sido ya rechazado por los propios parlamentarios concertacionistas, por considerarlo un proyecto claramente en contraposición con el espíritu de cautela y respeto a los Derechos Humanos (DDHH) que debe primar en su fondo, forma y actuación.
Los defensores de los DDHH, que en primer lugar son las personas que sufrieron en carne propia el atropello a los derechos fundamentales, dejan en claro ante la opinión pública las razones de fondo de su oposición a este proyecto tramado, en los pasillos del Congreso Nacional, por los representantes del Gobierno y de la derecha ayer golpista y hoy día neoliberal en lo económico y conservadora y sin espíritu democrático ni republicano en lo político.
AUTONOMÍA
Uno de los puntos más importantes de los “Principios de París”, adoptados por la Resolución 48/134 de diciembre 20 de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, indica que los Institutos Nacionales de Derechos Humanos (INDH), deben ser autónomos del Estado. La razón es que los INDH deben velar por la vigencia y respeto de los Derechos Humanos sobre el territorio nacional del Estado signatario e impedir que puedan ser violados por los agentes del propio Estado.
Este proyecto de INDH desconoce la autonomía porque en el Consejo Directivo, constituido por once miembros, hay siete representantes designados por el Estado (Título II, Art. 6º) y tolera sólo cuatro representantes de las organizaciones civiles y de DDHH.
En segundo lugar, define la potestad del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, para revocar el mandato de todos los representantes incluidos los de las organizaciones sociales. Estas últimas ni siquiera pueden remover a sus propios representantes (Art. 7º).
Este cuestionamiento, sostenido desde el inicio de la discusión por la ANEXPP CHILE y por las principales organizaciones de DDHH, ha sido esgrimido también por la ONU en sus “Observaciones al proyecto de INDH”, entre otras críticas al mencionado proyecto, y sin embargo el gobierno lo ignora por completo.
IMPUNIDAD
Este proyecto de INDH presenta varias otras deficiencias que vale la pena recordar:
• El INDH tiene atribuciones pero no competencias para ejercerlas ya que se eliminó el artículo respectivo. (Art. 3º del proyecto original)
• Es el Estado a través del Ministerio del Interior quien acreditará las organizaciones con derecho a elegir representantes. Esto significa que se coopta los representantes del mundo civil y conlleva manipulación política para el gobierno de turno.
• El proyecto desconoce la validez de los Tratados y Convenciones aún no ratificados por el Estado de Chile, pese a que la Corte Suprema, en sus fallos, ya ha establecido su vigencia en el país por ser parte integrante del Derecho Humanitario Internacional.
• El INDH carece de mandato y capacidad para hacer reportes al Comité de DDHH de la ONU sobre el estado y vigencia de los DDHH en Chile.
• El INDH carece de mandato y capacidad para investigar y demandar ante las cortes penales a los criminales de lesa humanidad y a los violadores de los DDHH.
• El INDH, en clara contradicción con el Derecho Humanitario Internacional, puede calificar como sujeto de reparación a los victimarios y otros violadores de DDHH (Art. 3º transitorio, letra b).
CHANTAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS DDHH
El gobierno concertacionista, consciente de la inutilidad, impotencia política e inoperancia del proyecto acordado con la derecha, debió incorporar tres reivindicaciones de los ex Presos Políticos (Normas Transitorias, Arts. 3º, 6º y 7º) para darle un cierto barniz “popular” y darle apoyo social, presionando así a los parlamentarios más conscientes y consecuentes en materia de respeto a los DDHH.
El mensaje destinado a los ex prisioneros políticos ha sido meridianamente claro: si quieren reparación tienen que apoyar el proyecto INDH ya presentado. Los ex prisioneros políticos propusieron al Gobierno, en 2008, que los temas de reparación fueran presentados en un proyecto separado, lo que fue aceptado por éste y se comprometió a legislar en ese sentido.
Sin embargo ahora, lejos de asumir ese compromiso, el Gobierno insiste en la aprobación y agrega tres elementos más de chantaje, por la vía del veto presidencial aditivo, a saber: ampliar el universo PRAIS reconocido por ley; incluir a ex menores que acompañaron a sus padres en la prisión y subir la pensión de la viuda un poco sobre el 60 %.
Sólo la intransigencia obsesiva del Ejecutivo permite explicar esta absurda e inmoral situación, ya que de todos es sabido que hay “piso político” en el Parlamento, es decir, se cuenta con los votos necesarios para aprobar un proyecto de reparación.
LO QUE QUIEREN LOS EX PP
Una reparación justa, adecuada y proporcional al daño causado, tal como lo mandata el Derecho Internacional Humanitario. Pero que no se use para resolver otros temas.
El Gobierno debe cumplir su compromiso de enviar un proyecto de ley de reparación con los doce puntos que se le presentaron el año pasado. Este proyecto debe estar encabezado por la demanda de Reapertura de la Calificación para todos los sobrevivientes de tortura y prisión política que aún no han recibido reparación alguna.
Que el ejecutivo presente un nuevo proyecto para crear un INDH, en el que se recojan las observaciones hechas por el movimiento social y por las Naciones Unidas. Si el país ya ha esperado 36 años para enfrentar este tema puede esperar otro. Los grandes problemas de sociedad no se resuelven con cálculos políticos de corto plazo.
Finalmente, lamentamos que algunos dirigentes llamen a apoyar este INDH a cambio de algunas reparaciones insuficientes y poco dignas. Pensamos de buena fe que algunos lo hacen por ingenuidad, pero hay otros que lo hacen por encargo del propio gobierno y eso se llama traición al movimiento de DDHH.
SECRETARIADO NACIONAL DE
EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES
Los defensores de los DDHH, que en primer lugar son las personas que sufrieron en carne propia el atropello a los derechos fundamentales, dejan en claro ante la opinión pública las razones de fondo de su oposición a este proyecto tramado, en los pasillos del Congreso Nacional, por los representantes del Gobierno y de la derecha ayer golpista y hoy día neoliberal en lo económico y conservadora y sin espíritu democrático ni republicano en lo político.
AUTONOMÍA
Uno de los puntos más importantes de los “Principios de París”, adoptados por la Resolución 48/134 de diciembre 20 de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, indica que los Institutos Nacionales de Derechos Humanos (INDH), deben ser autónomos del Estado. La razón es que los INDH deben velar por la vigencia y respeto de los Derechos Humanos sobre el territorio nacional del Estado signatario e impedir que puedan ser violados por los agentes del propio Estado.
Este proyecto de INDH desconoce la autonomía porque en el Consejo Directivo, constituido por once miembros, hay siete representantes designados por el Estado (Título II, Art. 6º) y tolera sólo cuatro representantes de las organizaciones civiles y de DDHH.
En segundo lugar, define la potestad del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, para revocar el mandato de todos los representantes incluidos los de las organizaciones sociales. Estas últimas ni siquiera pueden remover a sus propios representantes (Art. 7º).
Este cuestionamiento, sostenido desde el inicio de la discusión por la ANEXPP CHILE y por las principales organizaciones de DDHH, ha sido esgrimido también por la ONU en sus “Observaciones al proyecto de INDH”, entre otras críticas al mencionado proyecto, y sin embargo el gobierno lo ignora por completo.
IMPUNIDAD
Este proyecto de INDH presenta varias otras deficiencias que vale la pena recordar:
• El INDH tiene atribuciones pero no competencias para ejercerlas ya que se eliminó el artículo respectivo. (Art. 3º del proyecto original)
• Es el Estado a través del Ministerio del Interior quien acreditará las organizaciones con derecho a elegir representantes. Esto significa que se coopta los representantes del mundo civil y conlleva manipulación política para el gobierno de turno.
• El proyecto desconoce la validez de los Tratados y Convenciones aún no ratificados por el Estado de Chile, pese a que la Corte Suprema, en sus fallos, ya ha establecido su vigencia en el país por ser parte integrante del Derecho Humanitario Internacional.
• El INDH carece de mandato y capacidad para hacer reportes al Comité de DDHH de la ONU sobre el estado y vigencia de los DDHH en Chile.
• El INDH carece de mandato y capacidad para investigar y demandar ante las cortes penales a los criminales de lesa humanidad y a los violadores de los DDHH.
• El INDH, en clara contradicción con el Derecho Humanitario Internacional, puede calificar como sujeto de reparación a los victimarios y otros violadores de DDHH (Art. 3º transitorio, letra b).
CHANTAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS DDHH
El gobierno concertacionista, consciente de la inutilidad, impotencia política e inoperancia del proyecto acordado con la derecha, debió incorporar tres reivindicaciones de los ex Presos Políticos (Normas Transitorias, Arts. 3º, 6º y 7º) para darle un cierto barniz “popular” y darle apoyo social, presionando así a los parlamentarios más conscientes y consecuentes en materia de respeto a los DDHH.
El mensaje destinado a los ex prisioneros políticos ha sido meridianamente claro: si quieren reparación tienen que apoyar el proyecto INDH ya presentado. Los ex prisioneros políticos propusieron al Gobierno, en 2008, que los temas de reparación fueran presentados en un proyecto separado, lo que fue aceptado por éste y se comprometió a legislar en ese sentido.
Sin embargo ahora, lejos de asumir ese compromiso, el Gobierno insiste en la aprobación y agrega tres elementos más de chantaje, por la vía del veto presidencial aditivo, a saber: ampliar el universo PRAIS reconocido por ley; incluir a ex menores que acompañaron a sus padres en la prisión y subir la pensión de la viuda un poco sobre el 60 %.
Sólo la intransigencia obsesiva del Ejecutivo permite explicar esta absurda e inmoral situación, ya que de todos es sabido que hay “piso político” en el Parlamento, es decir, se cuenta con los votos necesarios para aprobar un proyecto de reparación.
LO QUE QUIEREN LOS EX PP
Una reparación justa, adecuada y proporcional al daño causado, tal como lo mandata el Derecho Internacional Humanitario. Pero que no se use para resolver otros temas.
El Gobierno debe cumplir su compromiso de enviar un proyecto de ley de reparación con los doce puntos que se le presentaron el año pasado. Este proyecto debe estar encabezado por la demanda de Reapertura de la Calificación para todos los sobrevivientes de tortura y prisión política que aún no han recibido reparación alguna.
Que el ejecutivo presente un nuevo proyecto para crear un INDH, en el que se recojan las observaciones hechas por el movimiento social y por las Naciones Unidas. Si el país ya ha esperado 36 años para enfrentar este tema puede esperar otro. Los grandes problemas de sociedad no se resuelven con cálculos políticos de corto plazo.
Finalmente, lamentamos que algunos dirigentes llamen a apoyar este INDH a cambio de algunas reparaciones insuficientes y poco dignas. Pensamos de buena fe que algunos lo hacen por ingenuidad, pero hay otros que lo hacen por encargo del propio gobierno y eso se llama traición al movimiento de DDHH.
SECRETARIADO NACIONAL DE
EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES
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