La actual crisis del Ejército marca de manera irrebatible la necesidad de una reforma militar en el país. Que abarque tanto los instrumentos de administración civil y la carrera militar, como también la visión y mecanismos sobre la manera en que el país debe estructurar su fuerza militar para cumplir eficientemente la función de la Defensa Nacional.
Los hechos judiciales vinculados al Ejército, particularmente la administración fraudulenta de dineros de la Ley Reservada del Cobre, y la investigación del patrimonio del ex comandante en Jefe del Ejécito, Jose Miguel Fuente-Alba, evidencian tres aspectos graves que inducen a tal reflexión.
La primera es que estamos frente a una crisis final del modelo de administración de la Defensa Nacional, que ha sobrepolitizado la selección de los altos mandos, inducido a una corporativización y autorregulación en las ramas que socava su identidad profesional, e impedido la formación de un ente civil que realmente administre al sector.
En segundo lugar, se ha evidenciado un riesgo hasta ahora no considerado para la Seguridad Nacional del país. Tener una fuerza militar que carece de un liderazgo sano, de adecuados sistemas de control interno y de una crisis de valores que la inhiben moralmente ante la ciudadanía, constituye un duro golpe a la eficiencia de todo el sistema militar. De ello toman nota las potencias extranjeras.
Tercero, queda claro, de todo lo anterior, que lo peor del momento psicológico es la pérdida de cohesión y de fe personal del militar en su profesión. La disciplina, elemento esencial, motivada por la adhesión al liderazgo de un mando sano antes que a la compulsión de las reglas, se ve socavado y hiere profundamente el honor y la credibilidad militar. Si a ello se agregan los atrasos en el desarrollo profesional, es innegable que estamos en un ambiente de crisis.
Sería un error pensar que todo ello es solo producto de un proceso de degradación interna y que el poder civil no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Como sería también un error garrafal insistir en el viejo argumento de que se trata de unos pocos malos elementos humanos y de conductas personales.
Es efectivo que existen responsabilidades personales. Pero una situación de esta índole, dados los antecedentes previos y permanentes de falta de probidad y de descoordinación profesional en las diferentes ramas, y la ausencia permanente de un poder civil profesional y empoderado, indican que estamos frente a un problema político sistémico que toca la capacidad político-estratégica del país.
La política militar del Estado de Chile, principalmente la impulsada por la Concertación, nunca tuvo una agenda profesional y técnica. Siempre fue una agenda de diálogo civil-militar en torno a la vuelta de estos a sus cuarteles a administrar su ámbito profesional, con la garantía de la no interferencia civil. A cambio, debían mostrarse respetuosos de los protocolos políticos de la democracia. Un modo figurado de hacer como que se manda y, de los otros, como que obedecen.
Por esta misma razón, el Ministerio de Defensa nunca se convirtió en un servicio civil político-técnico, con carrera profesional y gente que sabe qué función debe administrar. Así, el círculo vicioso entre la autonomía militar de las ramas, la falta de control y responsabilidad civil, y la carencia de una idea estratégica acerca de qué queremos y a dónde vamos en materia militar, nos ha puesto en esta encrucijada de corrupción e incompetencia política.
La formulación de la Política de Defensa es responsabilidad de quien preside el Gobierno. En primer lugar como un consenso político. Luego como una planificación del uso de instituciones e instrumentos destinados a enfrentar con éxito amenazas y/o agresiones externas, que afecten la paz, la seguridad o la integridad del país. Y esa fuerza civil, ¿dónde está?
Los alcances del llamado Milicogate son muy profundos. En la Defensa Nacional el componente fundamental es la política militar, hasta el punto que ella absorbe la idea de la defensa. Aunque la Defensa Nacional es más amplia y compleja que lo puramente militar, todo lo que pase allí marca la Defensa, principalmente la selección de sus altos mandos.
El modelo chileno de la transición fue el de la cooptación política y no de la selección profesional. Los militares aprendieron que antes que profesionales serios debían ser hábiles en buscar apoyos en el mundo político. Y los civiles, que el trabajo resultaba atractivo si se evitaban problemas y conflictos. He ahí una de las razones del atraso técnico y de que los comandantes en Jefe recurran a entes asesores que operan como un lobby transversal frente al poder político.
No cabe duda en cuanto a la necesidad de que los militares reflexionen sobre los contenidos éticos y morales de su profesión, además de los técnicos y profesionales, de una manera más permanente y no solo en malos tiempos como el actual. La ética, que como curso no debiera tomarse en universidades privadas sino en la propia escuela matriz, se relaciona con las conductas reales de los seres humanos. La profesión militar está orientada a la acción en situaciones límites y complejas. Con el particular componente de la responsabilidad del ejercicio de la violencia legítima del Estado soberano, no discrecional sino usada en consulta y control del poder civil. Eso es parte de los principios de obediencia, honor y disciplina.
En este campo, al Estado chileno tampoco le ha ido bien y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de anular los fallos de los Tribunales de Guerra, lo que implica un enorme golpe a la idea de la justicia de fuero que domina a la responsabilidad penal de los militares en Chile.
Las Fuerzas Armadas han acompañado el nacimiento y desarrollo del Estado Moderno. Y desde temprano en el siglo XIX, la creación de los Estados Mayores y de las academias militares abiertas a la conscripción por mérito, terminó con el oficial por adscripción, es decir, aquel que lo era por clase social o linaje, típico de los antiguos ejércitos monárquicos. El reclutamiento se aceptó que fuera de acuerdo a principios cívicos y elementos de igualdad ciudadana, fuertemente anclados en los ideales de la revolución francesa y hoy de la democracia.
Ese camino a la modernidad en Chile ha sido más largo de lo esperado. El país mantiene una oficialidad formada a partir de una selección clasista y de dinero, mayormente en el Ejército, con escuelas matrices separadas para tropas y oficiales, con una organización de ramas que no apunta a la interoperabilidad y a la velocidad y precisión que requiere la guerra moderna y que demanda un territorio complejo como el de Chile. Ello, junto a una elite política perezosa y rentista en los temas difíciles del Estado, que se maneja en materia de seguridad y defensa como temas de iniciados y bajo moldes arcaicos de superstición administrativa, nos mantienen en esquemas periclitados. No otra cosa es la Ley Reservada del Cobre: una superstición.
La tendencia moderna es crear Fuerzas Armadas pequeñas, especializadas, de gran movilidad y flexibilidad, y con soldados profesionales de larga instrucción. Principalmente por el aumento de la logística y la administración, pues crece la cantidad y complejidad de los medios necesarios para poner a un soldado en situación de combate.
A Chile se le pierden los conscriptos ante un evento de montaña como ocurrió en Antuco, o los encargados de la logística (Comando de Apoyo a la Fuerza) se juegan en los casinos los recursos que defraudan. Y mientras los países se esfuerzan por despojar a sus Fuerzas Armadas de objetivos secundarios, que les son redundantes o para las que no están preparados, y las concentran en lo que les es propio, Chile se da el lujo de tener tres comandantes en Jefe con clara tendencia a la autonomía entre ellos.
La formulación de la Política de Defensa es responsabilidad de quien preside el Gobierno. En primer lugar como un consenso político. Luego como una planificación del uso de instituciones e instrumentos destinados a enfrentar con éxito amenazas y/o agresiones externas, que afecten la paz, la seguridad o la integridad del país. Y esa fuerza civil, ¿dónde está?
Es claro, entonces, que se requiere una reforma militar. Sin perjuicio de toda la investigación judicial que se lleva a cabo.
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