Por Felipe Reyes
Diversos sectores sociales piden que se esclarezcan las responsabilidades, y que la verdad finalmente se vuelva pública. Por el bien de la ciudadanía.
Las atrocidades que se cometieron durante los años de dictadura no han sido develadas del todo. Los pactos de silencio se mantienen y las Fuerzas Armadas no han quebrantado sus posturas. Sin embargo, en la actualidad una discusión se vuelve relevante.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech, conocida como Comisión Valech, fue un organismo creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas.
Además, busca develar los actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, durante la dictadura de la junta militar.
El 18 de agosto de 2011 la Comisión presentó un segundo informe por el que Chile reconoce oficialmente un total de 40.018 víctimas, cifrando en 3.065 los muertos y desaparecidos.
La relevancia del informe
El informe elaborado da cuenta del testimonio de más de 35.000 chilenos detenidos y sometidos a apremios ilegítimos tras el golpe de Estado. La nómina de víctimas ha servido de base a los beneficios determinados para los afectados.
A pesar de su relevancia, se mantienen en secreto los testimonios y los nombres de los principales afectados, torturadores y torturados, con un sentido de resguardo de la identidad, pero afectando sobremanera la transparencia y la verdad nacional.
Las agrupaciones de Derechos Humanos se han cuadrado con la apertura del informe, indicando que la relevancia y trascendencia es enorme para la memoria y la historia reciente del país.
La discusión se mantiene actualmente en el congreso, pues durante esta jornada se reunían con la comisión de Derechos Humanos los principales representantes de las asociaciones de Derechos Humanos para presentar sus miradas y propuestas, frente a un proyecto que busca abrir los archivos.
¿Es útil abrir los archivos de la Comisión?
Conversamos con algunos de quienes encarnan la voz de las diversas posturas que puede entregar esta discusión.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es de una postura bastante clara. "Esta demanda tiene dos direcciones super importantes. Una es que el país merece conocer, por el bien de la verdad, los nombres de los principales responsables de los alevosos daños ocasionados por los 17 años de dictadura. Es una relación directa con la memoria y con la información que maneja el poder judicial", comenta Lorena.
"Tiene relación directa con el fin de la impunidad y con el cumplimiento de las responsabilidades de todos aquellos que son cómplices de la dictadura. No podemos esperar que pasen los años y los torturadores mueran llevándose sus secretos. Este punto es sumamente urgente, considerando que esta ley nunca debió existir, comparándose con los pactos de silencio existentes al interior de las Fuerzas Armadas", explica.
"Al tratarse de los afectados, y que deseen que sus nombres y experiencias no se sepan, se encuentran en todo su derecho. Durante todos estos años, con nuestra organización lo que buscamos principalmente es que se sepa el nombre de los responsables del genocidio. Lo otro fue una excusa para asegurar la impunidad, pero no debe resguardarse el nombre de criminales", desarrolló Pizarro.
El destacado abogado Luciano Fouillioux, quien fue integrante de la Comisión Valech, tiene sus reservas frente a esta situación. "Aquí, en este caso, debemos observar que en la primera línea se encuentra el afectado, aquel que entregó información mediante su testimonio, sobre la base de que no sería violada esta información, por múltiples razones, pero especialmente cuando se trató de ofensas a la moral y de violaciones", ilustra el abogado.
"Son considerables los casos de personas, que bajo la confidencialidad del secreto, fueron a declarar y actualmente no se puede revertir esta confidencialidad, siendo un tema de carácter administrativo. Se estaría violentando el compromiso que el Estado tomó con las víctimas. Otra cosa distinta es cuando la víctima autoriza la liberación de la información, en ese caso se puede liberar, pero primeramente se debe consultar con la victima", relata Fouillioux.
"En la actualidad existe una ley que prohíbe develar el secreto del testimonio, y para revertir este secreto se requiere de otra ley. Sin embargo, insisto, se necesita del consentimiento de la víctima. Pero, francamente, la apertura de esta información no traería elementos distintos a la situación, a pesar de considerar personalmente que en materia de Derechos Humanos es importante que se conozcan las verdades, pero aquí estamos en el caso de que se necesita de la autorización de las víctimas", indicó.
Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, aboga por la completa transparencia. "Existe un derecho a la verdad, reconocido en tratados internacionales, y este derecho tiene relación con la verdad de los hechos históricos acontecidos en un país. Pues toda la información que esta relacionada con la memoria pertenece a la ciudadanía. Siguiendo este razonamiento, no pueden existir, así como lo hay, información confidencial o secreta que impida el completo conocimiento de la verdad de la historia de un país", analiza el abogado.
"Con el conocimiento de toda la información reciente se puede construir una sociedad más abierta, pensante y racional, para así poder transitar hacia un destino mejor. Indudablemente, personalmente considero que la información de los informes Valech sí debe hacerse pública, sin embargo, toda vez que no se presenten objeciones de algunos de los afectados. En ese caso, esos datos deben ser resguardados. Pues se deben resguardar los posibles temores de las personas, o en los casos de que se quiera resguardar a familiares. Aquí fundadamente se puede pedir por el secreto del testimonio, pues los pueblos merecen acceder a la verdad", revela.
"Como país tenemos solamente ideas, intuiciones y retazos del pasado, situación que no es justa para el país. Es necesario que se conozca todo lo que sucedió en esos años, pues la premisa de que la historia la construyen los vencedores me parece que no es justa. La memoria histórica tienen que construirla los pueblos en su conjunto", finaliza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario