A 29 años que Chile suscribiera la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la ONU, el 26 de junio en 1987, estas prácticas no han logrado ser erradicadas de nuestro país. Los chilenos seguimos enterándonos de nuevos episodios, que nos reviven imágenes, relatos y vivencias de la dictadura cívico-militar.
La recurrencia a estas prácticas y los intentos de excarcelar y criminales de lesa humanidad, confinado en el Penal de Punta Peuco, alarman a las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria. Desde Villa Grimaldi, su presidente, el ex preso político Higinio Espergue, hace un llamado a la unidad y a movilizarse para enfrentar esta nueva ofensiva de los partidarios de la impunidad.
El 17 de mayo recién pasado, una protesta pacífica de alumnos del Instituto Nacional fue enfrentada con violencia por la policía uniformada y terminó con el arresto del estudiante Roberto Zambrano, presidente del Centro de Alumnos del establecimiento. Tras ser puesto en libertad, el joven denunció haber sido golpeado y obligado a desnudarse al interior de la 3ra Comisaría, lo que se tradujo finalmente en una querella contra los uniformados.
Casi dos semanas después, el 5 de junio, en el marco del desalojo del Liceo de Niñas de Concepción, fue detenida la alumna Constanza Vargas, quien denunció maltratos y vejaciones al interior del recinto policial donde fue llevada. Carabineras de FFEE, tras golpearla procedieron a arrancarle un piercing metálico usando para ello un alicate.
Otro caso, aún más violento, afectó a la actriz María Paz Cajas, quien abortó un embrión de 5 semanas, luego que una carabinera le diera una patada en su entrepierna al intentar detenerla. Esta agresión se verificó cuando intentó defender a adolescentes que eran reprimidos por uniformados.
En tanto en la Araucanía, el 14 de junio recién pasado, fue secuestrado Víctor Queipul, lonko de la Comunidad Autónoma de Temuicuicui, por parte de un comando no identificado. Sus captores procedieron a interrogarlo bajo tortura, abandonándolo varias horas después a más de 60 kilómetros de su hogar. Este hecho coincidió con un operativo policial contra la comunidad, pero Carabineros niega alguna relación con los autores del secuestro.
Todos estos casos, son algunos ejemplos de lo que enfrentan en la actualidad, integrantes de movimientos sociales y comunidades en lucha, cuyas características en común son: la violencia desmedida y la impunidad. En el caso de los estudiantes secundarios, los hechos demuestran la intención intimidatoria de Carabineros contra menores de edad, quienes además son criminalizados y cuestionados ante la opinión pública.
Por otro lado, en el caso de María Paz Cajas se suma la arista de violencia de género. En estos años de crecientes movilizaciones sociales, en la cuales mujeres jóvenes y adolescentes participan con creciente protagonismo y liderazgo, han recrudecido las agresiones de connotación sexual por parte de la policía. Estas van desde desde insultos sexistas a manoseos, golpes y tratos vejatorios, como el obligarlas a desnudarse en los cuarteles. La lógica patriarcal y punitiva de estas prácticas es evidente y muy parecida a la que se verificaba en recintos de la DINA, como Villa Grimaldi, donde las prisioneras eran doblemente castigadas por su actividad política y por su condición de mujer.
A esto se suman, la golpiza recibida por Víctor Queipul, que tuvo como objetivo, obtener alguna información, además de la evidente discriminación por ser mapuche.
En todos estos ejemplos, el maltrato y sus efectos se extienden a los entornos familiares, sociales y políticos de las víctimas. Esta capacidad de irradiar sus efectos nocivos al conjunto del tejido social, hizo de la tortura, el resorte fundamental del terrorismo de Estado impulsado durante la dictadura cívico-militar.
Cifras y hechos preocupantes
El próximo 26 de junio se conmemorará un año más de la entrada en vigor de la Convención Internacional contra la Tortura y 29 años desde su suscripción y ratificación por parte de Chile. Curiosamente fue el general Pinochet quien estampó su firma en el decreto donde se “mandaba” a cumplir sus disposiciones, aunque en los hechos la CNI, organismo bajo su mando directo, continuara torturando y asesinando opositores.
En 2004, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, recibió los testimonios de más de 35 mil personas, a los cuales se sumaron, entre el 2010 y el 2011, casi diez mil más, conformando un total de 40.018 víctimas validadas. Una cifra que es considerada parcial por las organizaciones de ex prisioneros, quienes exigen abrir un nuevo período para recepción de testimonios para dar cuenta de la magnitud real de la práctica de la tortura bajo la dictadura cívico-militar.
Hoy ya no se tortura con la masividad de antaño, pero la vieja práctica persiste. El Informe de 2015 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señala que las denuncias por violencia contra detenidos al interior de recintos policiales se ha incrementado 14 veces, del 2006 en adelante, en circunstancias que las manifestaciones callejeras se han hecho más frecuentes. Es decir, a mayor conflicto social, mayor ha sido la represión.
Los 846 casos que se han denunciado desde el 2006, para quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos sigue siendo, no solo son un insulto, sino que también, una deuda moral con la sociedad chilena.
Seguridad ciudadana v/s derechos humanos
En septiembre de 2015, el actual alcalde de Barnechea, Felipe Guevara, defendiendo la instalación de globos de vigilancia en su comuna manifestó: “¡Qué derechos humanos, si aquí hay un bien mayor que es la seguridad“. Su frase es muy atingente a lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses, donde en aras de la lucha contra la delincuencia y el vandalismo, se están verificando retrocesos graves como la reposición de la denominada “detención por sospecha” y un nuevo intento de establecer una legislación especial para castigar a manifestantes encapuchados. A esto se suma el intento de silenciar las críticas a procedimientos policiales abusivos y violentos para evitar – supuestamente- que se inhiban en el control del orden público.
En esa misma linea, durante este año, se han emitido fuertes cuestionamientos al accionar fiscalizador del INDH sobre los procedimientos de la policía uniformada. A través de la prensa, políticos que promueven el populismo punitivo, empresarios y altos oficiales han abundado en críticas y descalificaciones en contra del organismo y en particular, contra su directora, Lorena Fries, tratando de inhibir su acción y la labor que ella comanda.
Unidad y movilización
En este nuevo aniversario de la Convención contra la Tortura el panorama no se ve muy promisorio y genera gran preocupación a las organizaciones de derechos humanos y sitos de memoria. Mas aún cuando deben enfrentar resoluciones judiciales e iniciativas políticas que buscan la excarcelación de torturadores y criminales de lesa humanidad, bajo el pretexto de su edad avanzada. Todo lo cual desafía a las organizaciones a redoblar esfuerzos para enfrentar esta nueva ofensiva a favor de la impunidad.
En ese sentido, Higinio Espergue, presidente de la Corporación Villa Grimaldi, califica el panorama como preocupante y hace notar la necesidad de rearticular al movimiento de derechos humanos y sitios de memoria en función de enfrentar estos retrocesos con movilizaciones amplias unitarias. “Es necesario que no solo se movilicen contra la impunidad algunos –enfatiza-, sino todos, y en especial los movimientos sociales que están en lucha. Los estudiantes que se salen a las calles deben entender que la liberación de torturadores y asesinos los afecta directamente, pues la señal de impunidad que esto significa, es un incentivo a la comisión de abusos en el presente. Las banderas de los derechos humanos fortalecen la capacidad de autoprotección de todos quienes se movilizan por sus demandas” culminó el ex prisionero político.
| Tipificación del delito de tortura
El 15 de diciembre de 2015, diputados de la coalición de gobierno, encabezados por el jurista Hugo Gutiérrez, lograron la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley donde se define el delito de tortura y se establece el castigo correspondiente, así como agravantes en caso de cometerlo en contra de menores de edad, o de personas en situación de vulnerabilidad por minusvalía o vejez.
En el proyecto se define tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en la raza o etnia, nacionalidad, ideología u opinión política, religión o creencia, u orientación sexual”.
Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución del Senado, donde se contempla llamar a consulta a diversos juristas y también a organizaciones de derechos humanos, que siguen exigiendo que dicha tipificación se materialice judicialmente, y se sancione y castigue a quienes han y siguen torturando en Chile.
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| MENSAJES AL POPULISMO PUNITIVO
Bajo la cohartada de luchar contra la delincuencia y el vandalismo, políticos y empresarios enarbolan las banderas del populismo punitivo, intentando contraponer la seguridad ciudadana a los derechos humanos. La ultima iniciativa al respecto, es la aprobación de una ley especial que castiga a los manifestantes con multas por el solo hecho de vestir una capucha, aunque no estén cometiendo desorden alguno.
  Performances burlescas como estas ya no serían posibles de entrar en vigencia la “ley antiencapuchados” |
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