Miércoles 01 de agosto 2018.
Señor Ministro Haroldo Brito Cruz.
Presidente.
Excelentísima Corte Suprema de justicia.
Presente.
Presidente.
Excelentísima Corte Suprema de justicia.
Presente.
Nos dirigimos a Usted para manifestar nuestro absoluto rechazo por la señal política que.
Ha dado el Poder judicial, en consonancia con este gobierno, en la línea de favorecer la.
Impunidad respecto a los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 tal como en los peores años
de la dictadura.
La decisión de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemller, Manuel Antonio Valderrama y de los abogados Ricardo Abuauad y Antonio Barra de conceder el beneficio de la libertad condicional a 5 presos condenados por violaciones a los derechos humanos, dando la espalda al derecho internacional, violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el nunca más.
Erran estos ministros al decir en su fallo que” las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”.
Permítanos recordarles que la legislación internacional de la que Chile es parte si fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficios que considere la libertad anticipada. Entre ellas: haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años en caso de cadena perpetua , haber manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la justicia, haber facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones de la justicia, que el condenado revele una autentica disociación de su crimen, que haya tomado medidas en beneficio de las víctimas, y los efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus familias.
El hecho de que a 28 años del fin de la dictadura sigamos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de ls perpetradores no hayan sido juzgados, o hayan sido condenados tardíamente a penas que no se condicen con el horror de sus crímenes, es prueba suficiente para demostrar que las condiciones para evaluar beneficios carcelarios en Chile no están dadas.
Esto no se trata del dolor de las víctimas ni de la vulneración permanente de nuestros derechos al negarnos la verdad, la justicia y la reparación. Se trata de como el Estado en general y el Poder Judicial en particular cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los Jueces debieran saberlo: la gravedad de estos crímenes ofenden a toda la humanidad y, por tanto, resulta impresentable la decisión de los ministros de la segunda Sala de la Corte Suprema de conceder la libertad de estos criminales de lesa humanidad como si se tratara de delincuentes comunes.
Es verdad que ningún gobierno, ni los pasados ni el actual, ha sido capaz de adecuar nuestra legislación interna a estos (y otros) estándares de derechos humanos. Pero es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Por tanto, el Poder judicial está obligado a aplicar los avances del derecho internacional de los derechos humanos, que ha sabido incorporar el aprendizaje colectivo de nuestra humanidad tras los horrorosos crímenes cometidos contra tantos seres humanos en distintos lugares del mundo, incluido nuestro país.
Llevamos años intentando que Chile, con su triste convicción de que los derechos deben avanzar en la medida de lo posible, se encuentre con su verdad, pero el silencio de los perpetradores con su operación de encubrimiento institucionalizada y la falla de decisión de un Estado que no ha querido avanzar en el esclarecimiento de estos crímenes ha devenido en una sociedad que corre el riesgo de repetir la historia. Porque aquí no luchamos solo por nosotras y nosotros. Luchamos para que las nuevas generaciones crezcan sobre un acuerdo social que no pueda ser rebatido por nadie: que los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y lugar. Para eso, debemos construir nuestro futuro sobre los firmes cimientos de la verdad, la justicia y la memoria, y terminar con la impunidad. Esa, Señor Presidente, es la labor de los tribunales de justicia, labor que hoy no están cumpliendo.
Ha dado el Poder judicial, en consonancia con este gobierno, en la línea de favorecer la.
Impunidad respecto a los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 tal como en los peores años
de la dictadura.
La decisión de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemller, Manuel Antonio Valderrama y de los abogados Ricardo Abuauad y Antonio Barra de conceder el beneficio de la libertad condicional a 5 presos condenados por violaciones a los derechos humanos, dando la espalda al derecho internacional, violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el nunca más.
Erran estos ministros al decir en su fallo que” las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”.
Permítanos recordarles que la legislación internacional de la que Chile es parte si fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficios que considere la libertad anticipada. Entre ellas: haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años en caso de cadena perpetua , haber manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la justicia, haber facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones de la justicia, que el condenado revele una autentica disociación de su crimen, que haya tomado medidas en beneficio de las víctimas, y los efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus familias.
El hecho de que a 28 años del fin de la dictadura sigamos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de ls perpetradores no hayan sido juzgados, o hayan sido condenados tardíamente a penas que no se condicen con el horror de sus crímenes, es prueba suficiente para demostrar que las condiciones para evaluar beneficios carcelarios en Chile no están dadas.
Esto no se trata del dolor de las víctimas ni de la vulneración permanente de nuestros derechos al negarnos la verdad, la justicia y la reparación. Se trata de como el Estado en general y el Poder Judicial en particular cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los Jueces debieran saberlo: la gravedad de estos crímenes ofenden a toda la humanidad y, por tanto, resulta impresentable la decisión de los ministros de la segunda Sala de la Corte Suprema de conceder la libertad de estos criminales de lesa humanidad como si se tratara de delincuentes comunes.
Es verdad que ningún gobierno, ni los pasados ni el actual, ha sido capaz de adecuar nuestra legislación interna a estos (y otros) estándares de derechos humanos. Pero es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Por tanto, el Poder judicial está obligado a aplicar los avances del derecho internacional de los derechos humanos, que ha sabido incorporar el aprendizaje colectivo de nuestra humanidad tras los horrorosos crímenes cometidos contra tantos seres humanos en distintos lugares del mundo, incluido nuestro país.
Llevamos años intentando que Chile, con su triste convicción de que los derechos deben avanzar en la medida de lo posible, se encuentre con su verdad, pero el silencio de los perpetradores con su operación de encubrimiento institucionalizada y la falla de decisión de un Estado que no ha querido avanzar en el esclarecimiento de estos crímenes ha devenido en una sociedad que corre el riesgo de repetir la historia. Porque aquí no luchamos solo por nosotras y nosotros. Luchamos para que las nuevas generaciones crezcan sobre un acuerdo social que no pueda ser rebatido por nadie: que los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y lugar. Para eso, debemos construir nuestro futuro sobre los firmes cimientos de la verdad, la justicia y la memoria, y terminar con la impunidad. Esa, Señor Presidente, es la labor de los tribunales de justicia, labor que hoy no están cumpliendo.
Lorena Pizarro Sierra
Presidenta.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Miércoles 01 de agosto 2018.
Presidenta.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Miércoles 01 de agosto 2018.
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