Nuestro derecho a convivir seguras y seguros
por Irací Hassler 29 noviembre, 2021
Vivir con seguridad se ha transformado en la primera demanda de las santiaguinas y los santiaguinos, como también del país. Algo tan básico y a la vez fundamental, para muchos termina siendo un privilegio. Lamentablemente hemos visto durante los últimos años y de forma más aguda desde el inicio de la pandemia, cómo los barrios han perdido la paz, a medida que la delincuencia y el crimen organizado avanzan. El narcotráfico incluso ha ganado presencia en nuestros espacios públicos, los homicidios aumentan de forma preocupante y el sonido de las balas se ha transformado en parte del día a día. El miedo se instala en el paisaje cotidiano. La lógica actual de la seguridad, aplicada por tanto tiempo, ha resultado ser un fracaso.
Pero más allá de los diagnósticos conocidos, lo que nos preocupa y ocupa es garantizar la convivencia y la seguridad en nuestra comuna. Nuestra labor, como la de todos los municipios, se basa en la coproducción de la seguridad desde las estrategias de prevención del delito. Si bien los municipios no cuentan con facultades ni recursos sobre el control y la investigación, como tampoco sobre las policías, nos sobra la disposición a trabajar colaborativamente. Todo lo que logramos en estos ámbitos depende exclusivamente de nuestras capacidades de articulación. Por lo mismo, esta nueva administración junto al Concejo Municipal ha destinado ya 130 millones para la compra de 3 retenes móviles de Carabineros en una estrategia preventiva para nuestros parques y 47 millones para el sistema de televigilancia en Parque Los Reyes, entre otros esfuerzos.
A diario nuestros inspectores municipales participan en acciones junto a las policías y colaboran con todos nuestros recursos. Solo durante este año hemos realizado un promedio de 313 procedimientos diarios, algunos de carácter preventivos y otros junto a Carabineros. Contamos con más de 160 funcionarios y funcionarias desplegadas en nuestros vehículos, en puntos fijos en nuestros barrios, salas de vigilancia y en relación con vecinos. Contamos además con la sala de televigilancia más grande de Chile, que se nutre de cerca de 400 puntos de cámaras operativas, las cuales día a día se encuentran a disposición de colaborar con el Ministerio Público y en un trabajo policial más efectivo. Estamos ejecutando 27 proyectos, muchos de ellos situacionales, de luminarias, labores en barrios comerciales, de violencia de género e intrafamiliar y televigilancia. Junto a la Fiscalía iniciamos una capacitación conjunta en violencia de género y junto al Senda realizamos otra para mejorar nuestras capacidades de fiscalización. Hemos generado 178 nuevas instancias de trabajo comunitario y participativo en seguridad, cambiando la lógica reactiva a una colaborativa. Pero, a pesar de todo, las acciones de las policías dependen del Gobierno, que tiene las facultades y la responsabilidad sobre la seguridad y el orden público. Por esto mismo, no hemos dudado en solicitar públicamente mayor proactividad a La Moneda.
Si bien es extremadamente irresponsable que las autoridades de Gobierno dediquen convenientemente su tiempo a acusar a los municipios que no son de su sector político de responsabilidades que ellos tienen, a nosotras nos sigue preocupando colaborar para encontrar soluciones. Entendemos que la seguridad depende de una serie de elementos y voluntades, y que solo puede ser efectiva bajo una lógica de cogestión.
No podemos seguir con la lógica efectista que nutre los discursos de mano dura que quedan solo en pautas de prensa, como las puestas en escena de operativos que se anuncian por los medios y que durante años solo han desplazado los problemas entre comunas vecinas. Necesitamos menos show y más acciones, mayor determinación a proteger a las personas. Como también se hace imposible continuar operando bajo las enormes disparidades territoriales y pensando solo a nivel comunal. Los problemas de Santiago, son los problemas de la región y el país. Ahí el rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito debe cambiar para contribuir a la prevención desde el prisma de la igualdad y la seguridad como un derecho.
Respecto a las policías, mantenemos una buena relación de coordinación y trabajo conjunto, pero todos sabemos que en la mayoría de las decisiones pasan por instrucciones desde el Ministerio del Interior. Por ello, urge que los acuerdos que se toman en espacios como los Consejos Comunales de Seguridad sean vinculantes o que, cuando nacen demandas comunales, las autoridades nos acompañen a dar respuestas. Por ejemplo, este mes presentaremos nuestro plan de fin de año en prevención y convivencia, el que esperamos cuente con el compromiso de las policías, pero también de actores como Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, y otros que también deben colaborar en la coproducción de la seguridad.
Con todo, también necesitamos renovar el compromiso del sector privado, para que, en su justa medida, se hagan parte de manera sistémica, especialmente cuando estos generan externalidades que terminan por impactar a nuestros barrios y reducen en ellos la presencia policial. Desde Santiago, reiteramos nuestro compromiso, sustentado en acciones y una nueva lógica de seguridad, con disponer de todos nuestros recursos para coparticipar en la recuperación de nuestros barrios, pero por sobre todo prevenir que nuestras vecinas y vecinos sean víctimas de la inseguridad y la delincuencia. Con toda la determinación y fuerza agotaremos los espacios y recursos para prevenir el delito, junto con generar las coordinaciones necesarias para unir a las diferentes instituciones y comunidades bajo un objetivo superior, como es la seguridad de nuestras vecinas y vecinos.
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